La deriva autoritaria del presidente brasileño Jair Bolsonaro está llegando a las aulas. Su flamante ministro de educación es un pastor protestante, Milton Ribeiro, de un alto perfil reaccionario y conservador. Lo que se acaba de conocer es que también es un creyente en eso de que «la letra con sangre entra». La información surgió de un video publicado por la iglesia presbiteriana que Ribeiro preside en la ciudad paulista de Santos. En el sermón, defiende el uso de «la vara de la disciplina».
La filmación es de hace cuatro años y ahora está circulando por las redes sociales de Brasil. El tema es la disciplina y el estudio de los chicos, en la familia y en la escuela. «El castigo es necesario para la cura», dice Ribeiro. «Y no se puede obtener por medios justos y métodos suaves. Sólo un porcentaje muy pequeño de chicos, precoces y superdotados, pueden entender tu argumento. Debe haver rigor severidad. Y voy a ir un paso más adelante, aunque algunas madres hasta se enojen conmigo: el chico debe sentir dolor».
Ribeiro es abogado y estudió teología presbiteriana para recibirse de pastor. En el gobierno dijeron que entre otras razones para su nombramiento estaba su «aprecio a la familia y los valores» morales. En su primera declaración como ministro, el pastor dijo que «es hora de darle una atención especial a la educación básica y a la enseñanza profesional, de reforzar la enseñanza superior y la investigación científica». Ribeiro dijo que va a trabajar con los estados de la unión y con las municipalidades para «cambiar la historia de la educación en el país» y que es hora de «tener un verdadero pacto nacional para tener una educación de calidad en todos los niveles».
Hace unos meses finalicé una consultoría que realicé a la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) de la República Oriental del Uruguay.
El resultado de dicho trabajo consistió en una sistematización bastante exhaustiva del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, desarrollada por la Dirección Sectorial de Integración Educativa.
Quiero compartir con ustedes la publicación realizada por el programa Eurosocial y agradecer a todxs lxs que apoyaron y acompañaron esta iniciativa. En particular a todo el equipo de lal DSIE del Uruguay, liderado por Ana Verocai, y a Virginia Tedeschi y todo el equipo de Eusocial.
Se trata de una temática importantísima para pensar en cómo acompañar hoy a les estudiantes que habitan las escuelas secundarias.
Sistema de Protección de Trayectorias Educativas de Uruguay
La presente publicación es el producto de una acción de apoyo del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de Uruguay dirigida a fortalecer el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas. La política de protección de trayectorias se considera una de las políticas educativas prioritarias de Uruguay para el quinquenio 2015-2020; su implementación a partir de principios del año 2016 ha sido uno de los principales desafíos para el sistema educativo. La política se encuentra dirigida a todas/os las y los estudiantes de educación media, con el objetivo de garantizar las condiciones para el desarrollo de trayectorias continuas y completas y, en particular, el seguimiento de la trayectoria educativa de cada una y uno de los estudiantes con énfasis en aquellos que mantienen un vínculo educativo débil.
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Tipo de edición: Herramientas EUROsociAL+ Coordinador: EUROsociAL+ Idioma: Español ISBMN/ISSN: Sección: Documentos de Trabajo Serie: Cohesión social en la práctica Número: 36 Tipo de documento: Herramientas EUROsociAL+ Área: Políticas Sociales Palabra clave: Cohesión social; Desigualdades; Confianza;Equidad; Igualdad; Derechos; Integración; Agenda 2030; ODS; Políticas públicas; Cooperación; Desarrollo sostenible; Buenas prácticas; Experiencias destacadas ODS: Paz, justicia e instituciones sólidas
Según el Sistema Universitario Estatal, la matrícula de 621 mil estudiantes de pregrado de las 32 instituciones está garantizada para el segundo semestre.
El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, Jairo Torres Oviedo, destacó el esfuerzo que han hecho el Gobierno y los entes territoriales para garantizar la educación de los más de 621 mil estudiantes de pregrado de las 32 universidades públicas del país. No obstante, hizo un llamado a mantener esta política en el tiempo y no aplicarla solo por la pandemia.
SEMANA: ¿Cómo ha avanzado el semestre académico para las universidades públicas en medio de la pandemia?
Jairo Torres Oviedo (J.T.O.): Desde 2018, las universidades públicas hemos tenido anormalidad académica, el paro nacional, que tuvo como resultado unos acuerdos históricos por 4,5 billones de pesos para las universidades. Eso retrasó a algunas instituciones. En 2019, las marchas y movilizaciones también afectaron el calendario académico. Por esta razón, cuando empieza la pandemia, 12 de las 32 universidades públicas no habían terminado ni siquiera el segundo semestre académico de 2019. Todo el tema del coronavirus, como es bien conocido, cambia el panorama de la educación superior y nos enfrenta a unas realidades que en este país nos han significado un verdadero reto para dar continuidad a la educación; por ejemplo, el tema de la brecha tecnológica.
SEMANA: ¿Pudieron terminar el semestre las universidades públicas?
J.T.O.: Hubo plataformas estudiantiles pidiéndonos que suspendiéramos el semestre debido a todas las dificultades. Mantuvimos el pulso, cada una de las universidades hizo esfuerzos importantes y las 12 universidades que venían culminando el pasado semestre académico lo hicieron y se disponen a iniciar el primer semestre académico de 2020. En las otras universidades culminamos semestre a tiempo.
SEMANA: ¿Qué balance tienen las universidades públicas tras cuatro meses de pandemia?
J.T.O.: Es positivo haber acabado el semestre y también lo es el hecho de que pudimos recibir apoyos por $97.500 milones por parte del Gobierno, para garantizar la educación de estratos 1 y 2, que están en condición de vulnerabilidad en las universidades públicas. Hemos solicitado apoyo para superar las brechas en materia de conectividad y hemos conseguido recursos. Esa parte es positiva.
SEMANA: Muchas universidades prevén un desplome en las matrículas. ¿Cuál es la proyección en las públicas?
J.T.O.: Como SUE hicimos un sondeo y evidenciamos que la deserción para el próximo semestre sería muy compleja debido a la crisis económica que ha generado el coronavirus. Hay que tener en cuenta que el 70,9 % de los 621 mil estudiantes matriculados en las 32 universidades públicas son de estratos 1 y 2. Sin duda, la deserción nos preocupa porque, por la pandemia, las familias de esos estudiantes se han visto afectadas, han perdido sus empleos. Por esa razón, para evitar esa deserción que creemos podía ser del 50 %, propusimos el modelo de gratuidad en la educación para las universidades públicas.
SEMANA: ¿Qué le propusieron al Gobierno respecto a la gratuidad?
J.T.O.: Pusimos como ejemplo lo que hicimos en la Universidad de Córdoba y que se ha replicado en otras universidades públicas. Hay que tener en cuenta varios factores. El 48 % de los recursos de las 32 universidades del SUE son propios. Eso equivale a 3,5 billones de pesos al año. De esos 3,5 billones, 1,1 billones equivalen a las matrículas, que 677 mil millones son de matrículas de pregrados y el resto son de posgrados. En ese orden de ideas, si el Gobierno quisiera montar una política pública de gratuidad para los estratos 1 y 2, eso costaría 677 mil millones de pesos al año. Eso les planteamos.
SEMANA: ¿Es factible tener esos recursos?
J.T.O.: Lastimosamente, no es la realidad. Por esa razón, las universidades buscan otras fuentes de financiación. Primera fuente: las matrículas de pregrado. Por eso, las matrículas en universidades públicas tienen un valor que oscila entre 380 mil y un millón de pesos en las universidades regionales. Por ejemplo, en Córdoba una matrícula de pregrado cuesta 500 mil pesos. Además, están las matrículas de posgrado, venta de servicios, laboratorios, diplomados, seminarios y cursos, que nos ayudan a constituir los recursos de ese 48 %. El Gobierno nos dio la línea de crédito para solventar nómina y los 97.500 millones para repartir entre las 32 instituciones públicas. Algunas recibieron 3.000 millones pesos; otras más y otras menos.
SEMANA: ¿Alcanzaron los 97.500 millones para el modelo que proponen?
J.T.O.: En Córdoba, las matrículas de los 17 mil estudiantes nos cuestan 13 mil millones de pesos al año, es decir, por semestre son 6.500 millones. Una fuente fueron los $2.500 millones que nos tocaron del total que dio el Gobierno, la Gobernación nos dio 1.000 millones de pesos, la Alcaldía de Montería nos dio 600 millones, a lo que sumamos otros recursos que teníamos del monto que se consiguió durante el paro de 2018. Los teníamos destinados para otras cosas pero se usaron para la gratuidad. Ese mismo modelo lo hicieron Magdalena, Cartagena, Cundinamarca y la gran mayoría de instituciones. Pero es un modelo transitorio. El reto es volver este modelo permanente en el tiempo, porque después del segundo semestre la crisis no desaparecerá como si nada.
SEMANA: ¿Cómo establecer ese modelo de gratuidad de manera permanente?
J.T.O.: Proponemos al presidente Duque que se incrementen esos 97.500 millones a 200 mil millones en forma permanente para la gratuidad. En Córdoba, a través de ordenanza de la asamblea, se creó el Fondo de Educación Superior, que lo componen 15 % del impuesto de registro y 5 % de licores; es decir, que va a manejar 3.200 millones fijos que se actualiza año tras año. Nosotros con ese fondo, que va a perdurar, tendremos la fuente de recursos. Propusimos al alcalde de Montería que haga un fondo similar. Creemos que ese modelo se puede replicar en todo el país.
SEMANA: ¿Entonces está asegurada la educación de los 620 mil estudiantes de universidades públicas de cara al segundo semestre?
J.T.O.: La educación de nuestros estudiantes en las 32 universidades públicas está garantizada. Como digo, por la procedencia de nuestros estudiantes, esos estratos 1 y 2 tienen su gratuidad. Eso está garantizado. Hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno nacional y los entes territoriales.
SEMANA: ¿Qué pasa con el 30 % de otros estratos? La crisis ha tocado prácticamente a todos los sectores…
J.T.O.: La clase media está sin empleo. Sé que las prioridades de un padre de familia en esa situación no es el estudio para sus hijos. En las universidades públicas, al haber hecho el esfuerzo tan grande para la gratuidad en los estratos 1 y 2, también incluimos al resto de comunidad estudiantil. En Córdoba eran 350 muchachos. Los vinculamos en estos modelos de gratuidad y lo mismo se está aplicando en otras regiones. En un futuro se debe mirar el tema de esos sectores, teniendo en cuenta las posibilidades de cada estudiante y su familia. De eso se trata un modelo de gratuidad justo y equitativo: que cada quien aporte de acuerdo con sus posibilidades para garantizar la educación de los más vulnerables.
SEMANA: ¿En el segundo semestre del año volverán a la presencialidad?
J.T.O.: En el caso de las ocho universidades del Caribe, decidimos que no retomaremos la presencialidad, ya que esta región ha sido muy impactada por la pandemia. No queremos correr ningún riesgo con la alternancia. En las otras regiones cada universidad será autónoma, aunque otras se han sumado, como es el caso de la Universidad Nacional. Hay que tener en cuenta que adoptar los lineamientos del ministerio costaría a las universidades grandes inversiones, y en el momento no están los recursos.
Comúnmente julio es el mes de las vacaciones de invierno, sin embargo, hoy las comunidades educativas denuncian que no pueden tomarse ese tiempo y renovar energías para el segundo semestre. Esto debido a lo que señalan como una «decisión unilateral» que tomó el ministro de educación Raúl Figueroa. De acuerdo a lo señalado por el Ministerio, lo que por ningún motivo puede ocurrir es que el denominado «receso» se transforme en vacaciones, ya que eso, a juicio de la cartera, sería un incumplimiento del Calendario Escolar Regional.
El Mineduc ha propuesto que los colegios realicen un «cambio de actividades», lo cual significa modificar sus procesos actuales para que los y las estudiantes puedan ponerse al día en las materias, capacitaciones para las y los docentes, o jornadas para fortalecer el vínculo pedagógico. A juicio de las comunidades educativas, esto no sólo desconoce que dichas actividades han sido parte del agobio que ha significado para docentes y estudiantes este proceso, sino que además, «expresa la convicción de que estas actividades no forman parte del trabajo docente y que, además, son equivalentes a un descanso».
En este contexto de crisis, las comunidades exponen que la continuidad del proceso educativo ha dependido, en gran medida, de la salud mental de las y los docentes. «En lugar de proponer lineamientos claros que garanticen el bienestar de las comunidades, el Mineduc sólo ha propuesto ‘orientaciones’ que suman acciones a su situación actual de agobio, circunstancia que resulta especialmente crítica para las profesoras que cumplen doble o triple jornada laboral (labores domésticas, reproductivas y de cuidados). Esto último, adquiere especial relevancia, dado que el 74% del total del cuerpo docente son mujeres», señalan a través de una declaración pública.
«Sabemos que los y las docentes, desde sus hogares, han hecho muchísimos esfuerzos que no corresponden a su área de trabajo para garantizar la continuidad del proceso educativo. Por ejemplo, se han auto capacitado en diversos aspectos, han creado nuevos recursos para apoyar a sus estudiantes (distribución de material impreso, cooperación socioeconómica, programas de radio o transmisiones en vivo, etc.). Han proporcionado sus números personales de celular para recibir y contestar mensajes en cualquier horario, además de llevar a cabo los procedimientos técnicos y burocráticos propios de las escuelas y sus estructuras. Ante la falta de plataformas educativas o de un acceso a internet garantizado para las familias, todo el costo económico, familiar y personal ha sido asumido por el profesorado», añaden los docentes.
Por su parte, dicen, niñas, niños, jóvenes y sus familias, han debido enfrentar este nuevo escenario con mucho esfuerzo, sin ningún derecho o garantía, dependiendo de la condición socioeconómica y el capital cultural de sus familias, en medio de una crisis sanitaria que ha traído consigo empobrecimiento, desempleo, e incluso el fallecimiento de sus seres queridos. Por esto, creen que el receso pedagógico debe ser pensado como una necesidad y un derecho para garantizar la integridad y sostenibilidad de los procesos educativos, no como una alternativa o intercambio, cuyo costo pueden asumirlo solo establecimientos particulares o la voluntad de algunos municipios.
La declaración es firmada por la Red Docente Feminista junto a distintas organizaciones que suscriben a esta demanda, entre ellas la FECH, FENATED, MUD: Movimiento por la Unidad Docente, MED: Movimiento Educación Diferencial, Colectiva Pizarra Chueca de Profesorxs de la diversidad y disidencia sexual, Campaña Alto al SIMCE, REPROFICH Red de Profesores y Profesoras de Filosofía de Chile y distintos sindicatos docentes.
«Llamamos a establecer un receso pedagógico que permita a las y los profesores, estudiantes y familias, a hacer una pausa, evitando el colapso que el mal manejo de la crisis ha propiciado y que, sumado al agobio y las malas decisiones desde el Mineduc, llevaron a adelantar las vacaciones en abril, las que no implicaron, debido al contexto actual, ningún descanso efectivo para la comunidad», concluyeron.
Respuesta del Mineduc
El Ministerio de Educación respondió para «clarificar algunas ideas» referidas al denominado «receso» que las comunidades escolares y equipos directivos han consultado y que, en general, aseguran, «también hemos conversado».
Primero, desde el Ministerio de Educación aseguran que «no ha entregado ningún pronunciamiento oficial con respecto a los denominados recesos, razón por la que este tema no ha sido propiciado ni orientado por el Mineduc».
«En todo el tiempo de prolongación de la crisis sanitaria y de la respectiva suspensión de clases presencial, el Ministerio de Educación ha propiciado y fomentado la continuidad del proceso educativo, tanto en lo referido a los aprendizajes a distancia, como en las temáticas de apoyo y contención socio y psicoemocional a estudiantes y familias, entregando orientaciones, materiales y dispositivos de apoyo a las comunidades escolares: Priorización Curricular, plataforma aprendo en línea, Material Aprendo en Casa, Bitácora para el Autocuidado Docente, videoconferencias varias, entre otros»; aseguran desde la cartera dirigida por Raúl Figueroa.
Sin perjuicio de lo señalado, agrega el Ministerio de Educación, «es perfectamente posible que las comunidades escolares puedan reorientar el proceso educativo, ya sea disminuyendo las actividades académicas, en los tiempos que consideren, y priorizando temáticas de apoyo y contención socioemocional y autocuidado para, de esa manera, ir compatibilizando los dos pilares fundamentales del proceso educativo en contexto Covid: Aprendizaje a Distancia y Apoyo y Contención Socioemocional a estudiantes y familias».
De acuerdo a lo señalado por el Ministerio, lo que por ningún motivo puede ocurrir es que el denominado «receso» se transforme en vacaciones, ya que eso, a juicio de la cartera, sería un incumplimiento del Calendario Escolar Regional.
«En ese sentido, todas las reuniones y/o actividades convocadas por las instituciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y que vinculan a equipos directivos y docentes debieran mantenerse y no alterarse por los denominados «recesos», ya que, como se ha señalado, el proceso educativo no debe ser interrumpido sino reorientado», cerraron.
La escolaridad, si no es crítica y liberadora, es domesticación. ¿Para qué sirven los profesionistas?
1. No confundo educación con escolaridad, aunque en la sociedad capitalista muy poco se valora la educación -que es espontánea- para otorgarle un papel preponderante a la escolaridad que se justifica con papeles, certificados, calificaciones, títulos, todo para demostrar hasta qué grado hemos sido domesticados para tener derecho a formar parte del sistema. Hoy en México hay profesionistas en todos los campos, obedientes de las órdenes de quien manda en el sistema de explotación y opresión. Se propaga que a mayores estudios mayor capacidad de liberación; pero no, al contrario, a mayores títulos más grandes privilegios y mayor subordinación.
2. Lo visto en más en 50 años es el crecimiento de la escolaridad con millones de estudiantes, decenas de miles de escuelas y maestros, la multiplicación de las clases medias en medio de su pobreza económica; pero también el agigantado crecimiento de una economía que sólo ha beneficiado a un millar de familias propietarias de todo. La sociedad mexicana, en vez de caminar hacia el igualitarismo, producto del enorme crecimiento de la educación escolarizada, ha seguido sufriendo la extrema e injusta desigualdad. La escolaridad para la domesticación, en vez de indignarse y protestar ante esa realidad, ha preferido adaptarse a la clase dominante.
3. Sí, es indudable, para que un pueblo sea libre necesita educación. Espero que López Obrador, su secretario de Educación: Moctezuma, los maestros de la CNTE, el SNTE y seguidores de la Gordillo, entiendan que el “Plan Educativo” no puede consistir en enterrar la vieja reforma peñanietistas o hacerle algunos cambios para que todo siga igual. Se necesita una reforma liberadora, libertaria, que enseñe a los alumnos a investigar y criticar todo, en primer lugar –“con todo respeto”-, todo autoritarismo del maestro, de los padres, del cura, gobierno, patrones, de los textos. Que maestros y estudiantes investiguen antes de adoptar un juicio o una posición.
4. Los estudiantes y sus maestros, aparte de aprender a pensar y planear, tienen que salir de su salón de clases, de sus escuelas, de su comunidad, para estar en contacto con otras personas, otras cosas, con la vida. ¿Para qué carajos sirven a la sociedad estudiantes, profesionistas, que no difunden sus pensamientos, sus experiencias, sus necesidades, sus demandas, creciendo con temores y miedos a la autoridad y el poder? Conozco más de 100 títulos sobre educación y libertad, pero por su sencillez y claridad he recomendado mucho leer a Ivan Illich sobre la escolaridad, a S. Neill sobre la libertad y a Paulo Freire sobre educación y poder.
5. ¿Para qué se requieren más días y más horas de clase a la semana o al mes si se busca solamente adaptar a los estudiantes al sistema autoritario de explotación capitalista? Necesitamos otra educación; no más conocimientos inútiles que no ayuden a pensar, a investigar, analizar. ¿Para qué carajos nos sirve la historia, biología o matemáticas como enseñanzas memorísticas o repetitivas sino es para transformar el mundo? Pienso que de por sí hay personajes pusilánimes, pero hasta estos entran en movimiento y acción cuando se apropian del pensamiento crítico y libertario. ¿Para qué más profesionistas con pensamientos y acciones acomodaticias?
6. Pienso que el gobierno lópezobradorista debe ser vigilado para que no sea más de lo mismo. La CNTE ha demostrado durante casi 40 años que está muy lejos de cualquier oportunismo, que lo ha combatido de manera consecuente; pero puede caer en el sectarismo al tomar de antemano el rechazo a otras posiciones que podrían romper con el estancamiento tan dañino a casi 4 décadas de lucha permanente. Por allí tiene que trabajar para discutir y analizar propuestas que podrían ayudar a fortalecer las batallas magisteriales. Para alcanzar la libertad, también los maestros sindicalistas debemos batallar contra el autoritarismo externo e interno. (8/VIII/18)
Las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador viven una doble pandemia: la del coronavirus y la del abandono.
La crisis sanitaria ha evidenciado las difíciles condiciones en las que viven los indígenas. Sus reclamos siguen siendo los mismos que los de hace años: educación digna para sus hijos, salud y alimentación —con la llegada del coronavirus, se han agravado aún más.
Muchas de las nacionalidades indígenas no conocen con exactitud o desconocen por completo el número de casos positivos para coronavirus. Algunos de ellos cuentan que el Ministerio de Salud va a sus territorios, les hace las pruebas pero no les comparte los resultados, y en otros casos como el de los waorani solo se limita a realizarles pruebas rápidas sin comunicarles los resultados. El Ministerio de Salud no clasifica por etnias a los contagiados por eso es imposible saber cuántos son. Pero según la Confederación de Nacionalidades Indigenas de la Amazonía (Confeniae), en las once nacionalidades amazónicas se han hecho 2.673 pruebas de detección. “Más de un 60% corresponde a pruebas PCR”, dice Andrés Tapia, uno de sus dirigentes. 1.276 han dado positivo y 37 personas han muerto, dice Tapia.
En Ecuador hay 15 nacionalidades indígenas y 18 pueblos. Una nacionalidad es un conjunto de pueblos milenarios, anteriores y constitutivos del pueblo ecuatoriano. Tienen una identidad histórica, idioma, cultura común y viven en un territorio con sus propias formas de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. Los pueblos están conformados por comunidades regidas por sus propios sistemas de organización social, económica, política y legal.
De las 15 nacionalidades, 11 viven en la Amazonía. Siete —Shuar, Achuar, Shiwiar, Andwa, Secoya, Sapara y Kichwa— son transfronterizas. Todas viven en zonas donde el extractivismo minero y petrolero pone en riesgo sus formas de vida y los ecosistemas locales. Todas han sido históricamente abandonadas por el Estado. A esos peligros se suma ahora el covid-19.
Kichwa: la más golpeada por el coronavirus
La nacionalidad kichwa amazónica es una de las más numerosas del Ecuador, pero también es una de las que más estragos ha sufrido por el contacto con el mundo no indígena. En la pandemia del coronavirus, no ha sido distinto: es la que más contagios registra. La Confeniae estima que son cerca de 699 casos positivos en toda la nacionalidad. Carlos Antonio Vargas, dirigente del consejo de coordinación de la nacionalidad, cuenta que “el covid-19 está en todas las comunidades”. Tampoco tiene cifra exacta de cuántas comunidades son pero calcula que poco más de 500. Vargas dice que el verdadero problema es que el Estado se ha dedicado a atender más a la ciudad que al campo. “Estamos aislados, las comunidades están enfermas, han pasado la enfermedad y para la recuperación hay que darles vitaminas, y estamos aislados”, dice el dirigente.
La asistencia del Ministerio de Salud es una realidad lejana para muchas comunidades kichwa. “Solo nos han dicho que no hay recursos económicos para comprar medicamentos y no sabemos qué hacer”, dice Vargas. La única solución que han encontrado las comunidades kichwa es la medicina ancestral. Vargas dice que las personas contagiadas han pasado hasta un mes recuperándose con plantas medicinales: lianas, cortezas, hojas, raíces de plantas medicinales para hervir y hacer una infusión concentrada. “Eso están tomando y sí ha ayudado, sobre todo a la gente más joven, a salir más rápido, pero hay complicaciones en las personas mayores”, dice Vargas. [/fusion_text]
Fotografía de Heriberto Gualinga.
Patricia Gualinga, lideresa del pueblo kichwa de Sarayaku, dice que las personas de su comunidad suponían que era una gripe común. “Pensaban que aquí en Sarayaku no había nada, pero nosotros sospechamos que algo estaba pasando porque esta era una gripe muy extraña”, dice la lideresa.
En ese momento comenzaron a gestionar pruebas rápidas para covid-19 con ayuda de organizaciones no gubernamentales. El Ministerio de Salud “no ha hecho mayor presencia”, dice Gualinga. Cuando hicieron las primeras pruebas rápidas, 25 de las 80 muestras tomadas, dieron positivo.
Después de conocer los resultados, llamaron al Ministerio de Salud para informarse de los protocolos que debían seguir. Sin embargo, recuerda Gualinga, la respuesta no fue la esperada. Dice que les dijeron que se laven bien las manos, que se abastezcan de jabón y que se mantengan distantes. Estas recomendaciones resultan complicadas de aplicar en comunidades que viven en medio de la selva.
La emergencia sanitaria no es la única que se vive en Sarayaku. Gualinga dice que también han tenido que pasar por inundaciones muy severas, que han arrasado con viviendas y con más del 80% de los cultivos. Con los caminos cerrados por la crisis sanitaria, esto ha hecho que mucha gente pase hambre por la falta de alimentos cosechados en el territorio y la imposibilidad de traerlo desde fuera. Se estima que cerca de 20 kichwa han fallecido por coronavirus.
Achuar: el coronavirus llega por la carretera
Los achuar, que viven en la Amazonía centro sur del Ecuador, registran cerca de 500 casos confirmados de covid-19. Domingo Peas dice que la cifra es mayor solo que la falta de recursos económicos para poder trasladarse en avionetas a comunidades más alejadas les ha impedido a las autoridades tanto del Ministerio de Salud como de las organizaciones indígenas ir a hacer más pruebas.
Peas dice que una de las comunidades más afectadas es Popataza, por su cercanía a la carretera y porque iban comerciantes de Guayaquil a comprar balsa. Cuando aparecieron los primeros síntomas, dice Peas, la gente pensaba que “era un trancazo y casi no decían nada”. Después de realizarse los primeros exámenes se dieron cuenta que se trataba del nuevo coronavirus.
Otra de las posibles causas de la llegada de la pandemia a la nacionalidad achuar, dice Domingo Peas, fue la necesidad de los más jóvenes de salir en busca de Internet. “Usted sabrá que todos los estudiantes ya no reciben clases y para poder cumplir su rol de deber tenían que ir de diferentes comunidades, como Popatazam porque ahí había internet. Esa fue otra de las razones por las que algunas comunidades ya están infectadas”, dice Peas.
Un grupo de achuar recibe una dosis de vitamina C y complejo B. Fotografía de Tiyua Yunkar, presidente de la nacionalidad achuar.
“Los indígenas están prácticamente abandonados”, dice Peas con resignación. Están preocupados por la falta de apoyo y atención. Las pruebas para detectar el coronavirus se han hecho gracias al apoyo de la Universidad San Francisco y la de las Américas y por la gestión de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae). Lo único que el Ministerio de Salud ha puesto ha sido el personal que las ha hecho. Peas dice que para contrarrestar la enfermedad, han recurrido a su medicina natural.
Para los achuar, la alimentación también fue crítica. Muchos viven de la caza y pesca, pero los síntomas de coronavirus ha hecho que muchos no puedan salir a hacerlo. Si a esto se le suma lo difícil que se vuelve enviar kits alimenticios a las comunidades más alejadas, la emergencia se duplica. “Lo único que yo he sugerido es que haya solidaridad entre las familias de los que están contagiados y los que no están contagiados porque así lo hicimos aquí en mi casa”, dice Peas.
Siona: sin pruebas hechas pero con casos sospechosos
En la nacionalidad Siona, cuyo territorio traspasa la frontera colombo ecuatoriana, no hay casos confirmados. Pero, en realidad no es una buena noticia. Lo que pasa es que aún no se han realizado testeos PCR ni pruebas rápidas. Lo que se conoce, según la experta María Espinoza, es que hay “casos sospechosos con sintomatología asociada”.
Fotografía de Fundación Alianza Ceibo.
Hay también entre los Siona otro problema muy grave: un brote de dengue, una enfermedad tropical que tiene una sintomatología muy similar al covid-19, como fiebre y dolor corporal. Podría ser cualquiera de las dos enfermedades. Para Espinoza es necesario que los “Estados ecuatoriano y colombiano, porque los Siona son un pueblo transfronterizo, realicen procesos de diagnóstico urgentemente”. Hasta ahora, han tratado esos síntomas con medicina tradicional.
Como en otras nacionalidades, la ausencia de la autoridad sanitaria estatal es una constante. Eso no es todo: la falta de alimentos en las comunidades sionas es otro grave problema. Ser una nacionalidad transfronteriza no es una ventaja —es más, parece que esa condición los deja aún más relegados. Las cerca de 42 familias sionas que están en territorio ecuatoriano han recibido apenas en dos ocasiones raciones alimenticias. La primera fue entregada por el gobierno, duró solo tres días. y una segunda ocasión fue un kit de Alianza Ceibo, una organización que trabaja por las comunidades amazónicas. Hasta el momento, los siona no cuentan fallecidos entre su gente.
Waorani: el miedo de perder a sus mayores
El 14 de mayo de 2020, la nacionalidad waorani confirmó su primer caso de coronavirus, en la comunidad Miguaguno de la provincia de Orellana. Ha pasado poco más de un mes y los contagios han aumentado exponencialmente en sus comunidades. La presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador en Pastaza (Conconawep), Nemonte Nenquimo, dice que “hay bastantes contagios” en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana donde vive la nacionalidad.
Según Nenquimo, el contagio ya está dentro en el Yasuní. En la comunidad de Teweno hay 39 casos positivos, en Tiwino 27, Diapare 29, Toñampari 72, Quenahueno 20, Nemonpare 26 y Damoitaro 3. Nenquimo dice que el primer contagio fue en un lugar donde los pueblos waorani tienen más cercanía con la carretera y petroleras.
Cuando alertaron que había síntomas sospechosos, según la lideresa, las autoridades “fueron a las comunidades, fueron a medir con termómetro y dijeron “ahh, está resfriado, no pasa nada”. Al no haber una alerta, los waorani pensaron que era una simple gripe “y empezaron a jugar, a hacer mingas, a comer, ir de cacería juntos y visitarse entre comunidades”, dice Nenquimo. Así se habría propagado el virus.
Líderes waorani se alistan para llevar a cabo una rueda de prensa virtual el 21 de mayo 2020, para informar sobre la emergencia covid-19 en territorio y las acciones legales que están tomando, Shell, Pastaza, Amazonía ecuatoriana. Fotografía de Mitch Anderson / Amazon Frontlines.
A pesar de que el 17 de junio, se aceptó la solicitud de medidas cautelares contra el Estado planteada por la nacionalidad Waorani por la falta de atención para controlar la pandemia en territorio waorani, no se ha hecho nada. Nenquimo dice que el “Ministerio de Salud Pública no ha respondido”. Dice que hace poco más de dos semanas, el personal médico del Ministerio ingresó al territorio waorani a hacer pruebas rápidas. Pero no informaron cuántos contagios había: “para poder ayudar y comunicar a nuestras comunidades para decir que cuántos hay positivos, cuánto no, para que puedan prevenir eso”, dice Nenquimo.
La falta de ayuda ha hecho que los waorani impongan su propia cuarentena. Nadie entra, nadie sale. Para tratar a los contagiados, los waorani han usado su medicina ancestral. Nenquimo dice que gracias al conocimiento de los abuelos de las comunidades han podido aliviar los síntomas. Para eso han usado bejuco, con raíces, con ortiga, con muchas cosas que hay dentro de la selva.
Su pedido es uno solo: que los traten como personas. “Nosotros como pueblo waorani ¿qué somos? ¿Somos animales o qué? Nosotros waorani somos humanos también y necesitamos que nos respeten nuestro derecho de la vida”, dice la lideresa. Su mayor temor es que los abuelos mueran por covid-19, pues son los guardianes de la cultura waorani.
Sápara: un contagio podría acabar con toda una nacionalidad
Los sápara son una de nacionalidad indígena en riesgo de desaparecer. Para Belén Páez, directora de la fundación Pachamama, como son tan pocos, “les ha hecho que tomen medidas bastante estrictas” para que la gente se quede en el territorio. Otras de las razones por las que no ha entrado el virus del covid- 19, dice Páez, es porque no hay una conexión del territorio con vías terrestres: hay que usar aviones para salir. Los sápara que están en el Puyo, la ciudad más cercana al territorio, sí se han contagiado.
Según Páez, quienes se quedaron en la ciudad se contagiaron y no recibieron asistencia inmediata en los hospitales urbanos. Quienes están contagiados, que son dos o tres personas, se están recuperando con plantas medicinales, dice Páez.
Fotografía de Diego Ayala para GK.
A pesar de que en territorio sápara no hay contagios confirmados, el Ministerio de Salud no lo ha visitado. Belén Páez dice que las pruebas que se han hecho son “más un proceso de autogestión y de trabajo interno”. Su llamado es el mismo que otras nacionalidades: ayuda urgente para lugares que son muy lejanos y que solo se puede entrar en avioneta. Para Páez, ahí hay gente que por no contar con un respirador o atención básica están en riesgo de morir. Y como solo quedan cerca de 559 sápara en todo el mundo, esas muertes podrían ser el fin de una cultura entera.
Shuar: sobrevivir sin recursos, una misión casi imposible
Federico Katán, el presidente de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (Fenaship), dice que no conoce de una cifra exacta de contagiados en su nacionalidad. Estima que cerca del 70% de los shuar ya están contagiados.
Sobrevivir durante la pandemia sin recursos ha sido una misión casi imposible. “Estamos prácticamente abandonados por el Ministerio de Salud. Tampoco ha llegado apoyo de los gobiernos seccionales”, dice Katan resignado. Muchas de las personas de las comunidades se las han ingeniado para conseguir ayuda de organizaciones de la sociedad civil.
La única ocasión que llegó el Ministerio de Salud fue cuando las personas de la comunidad les pidieron que realicen pruebas rápidas, meses atrás. “Desde ahí no hemos visto el ingreso de una brigada médica por parte del Ministerio de Salud”. Con ayuda de organizaciones no gubernamentales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) han logrado comprar pruebas rápidas. Lo único que hizo el Ministerio de Salud, según Katán, fue poner el personal médico para realizarlas.
Fotografía de Federico Katán, presidente de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza.
Combatir la enfermedad sin recursos es la historia de las comunidades indígenas. Los pocos subcentros de salud que hay en la región están desabastecidos. La razón que les dan a las personas de la comunidad es que no ingresan los medicamentos por las restricciones de movilidad que hay en el país.
Lo que han podido hacer es recolectar plantas y preparar medicinas naturales para los enfermos. Katán explica que las preparaciones que han hecho las han compartido a través de la radio. “Les decimos, tal planta es buena para esto, tal planta mezclarla y apliquen”, dice. Aunque el conocimiento ancestral les ha ayudado, reconoce que la “medicina occidental” es también necesaria y pide apoyo para llevarla hasta sus territorios.
Hasta el momento, hay cuatro shuar muertos por covid-19. Uno de ellos fue llevado a un hospital, donde murió a la espera de ser atendido. Katan dice que a ninguno de los fallecidos les hicieron pruebas PCR o pruebas rápidas para poder confirmar la enfermedad.
Cofán: sin contagios pero sobreviviendo a la falta de alimentos
Hasta el momento, las comunidades cofán no registran casos confirmados de coronavirus. Nixon Narváez, parte de la nacionalidad, dice que ha sido muy importante que las familias “no tengan que salir, evitando que se puedan contagiar”. Lo han logrado gracias al trabajo de todos los cofán, dice.
Las visitas del Ministerio de Salud han sido pocas. Apenas dos veces fueron sus brigadas a las comunidades cofán. al inicio de la pandemia. Desde ese momento, como es de costumbre, ha sido más notoria su ausencia.
Para los cofán es una buena noticia que no haya contagios, pero Narváez reconoce que lo más duro ha sido sobrevivir durante la pandemia. “Ha sido difícil el acceso a la alimentación”, dice. Pero con el apoyo de organizaciones y fundaciones han podido conseguir raciones alimenticias.
Shiwiar: agobiados por la incertidumbre
La nacionalidad shiwiar registra 15 personas con coronavirus. Los principales síntomas que presentaron fueron dolor de cabeza, fiebre, tos y dolor corporal. Edison Gualinga, presidente de la nacionalidad, dice que no tienen atención médica para poder ayudar a las personas contagiadas a recuperarse.
Fotografía de Edison Gualinga.
La incertidumbre es una constante. Gualinga dice que el Ministerio de Salud fue dos veces a las comunidades shiwiar. Una de ellas fue a Juyuintza, donde hicieron pruebas rápidas. Todas salieron negativas. Según Gualinga, hay varias personas que tuvieron un resultado negativo en las pruebas pero tienen síntomas asociados al covid-19. Como muchas otras nacionalidades, los shiwiar han coordinado con organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) para realizar exámenes.
Awá: los más afectados en la Costa
La nacionalidad awá sospecha que hay posibles casos de coronavirus entre sus comunidades. No tienen ninguna certeza porque todavía no les han realizado prueba alguna para confirmarlo. “No puedo indicarle un número de contagios, porque primero que no hemos tenido ninguna prueba realizada, entonces por el momento en la Nacionalidad Awá, no podríamos indicarle si es que hay contagios”, dice Jairo Cantincuz, presidente de la Federación de los Centros Awá del Ecuador. Además, cree que en el centro Awá del Baboso en Carchi hubo una familia de la comunidad que estuvo contagiada, pero ya se recuperó. “No es confirmado que tengan covid-19 porque no hay pruebas pero por los síntomas lo pensamos”, explica Cantincuz.
Las comunidades Awá en la costa han sido las más afectadas. Una de ellas es la comunidad de Mataje, en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Ahí, cerca de 40 personas han tenido síntomas propios del covid-19. Los ruegos para que llegue el Ministerio de Salud han sido infructuosos “si les dicen que visiten ellos te dicen que no tienen autorización, entonces es un protocolo tenaz”, dice Cantincuz.
Fotografía de Jairo Cantincuz.
Insistir ha sido lo único que han podido hacer frente a los contagios. Cantincuz dice que están coordinando con el Ministerio de Salud para que se haga una visita a todas las comunidades Awá.
El acceso a la alimentación y educación son problemas sin resolver. A pesar de que varias instituciones han entregando raciones alimenticias, no alcanzó para todos. La comunicación dentro del territorio es muy complicada porque no tienen señal de teléfono o Internet. “Es una situación compleja”, dice Cantincuz.
Quijos: el principal desafío ha sido económico
Sin ayuda y sin dinero, la nacionalidad Quijos hace cuentas propias estimadas. Marcos Tanguila, Presidente de la nacionalidad, dice que no cuentan con cifras oficiales exactas, pero que los contagiados “no pasarán de más de 40”. Al no haberse realizado pruebas, Tanguila dice han tratado los síntomas asociados al covid-19 con saberes ancestrales.
Se han curado con plantas medicinales. Dicen que en su tierra están tranquilos y que se han curado por sus autodefensas. Pero el Estado no ha llegado hasta allá. “Las autoridades nos han tomado en cuenta, ni se han acercado a las comunidades” dice Tanguila.
El principal desafío para los quijos ha sido económico. Ministerios y gobiernos locales han ofrecido kits alimentación. “Se la han dado a ciertas personas políticamente conocidas o que han trabajado políticamente”, dice Tanguila. “De ahí a otras personas casi nada. Tienen hambre pero no duramente porque nuestra gente tiene yuca, tiene plátano, tienen chonta entonces estamos tranquilos y no ha pasado casi nada”, dice el dirigente.
Tanguila dice que los que están tranquilos son los que viven aún en el campo. “Pero nuestros hermanos que viven en la parte urbana, sí han tenido problemas de alimentación y económicos”, dice el dirigente.
Tsáchila: A falta de medicamento, medicina natural
El primer caso de coronavirus en la nacionalidad Tsáchila ocurrió en la comuna Colorados del Búa. Después del primer brote, la comuna registra alrededor de 40 casos positivos y un fallecido. Las comunidades de Otongo Mapalí, Los Naranjos y El Poste no tienen contagiados. Según Javier Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), hasta el momento hay entre 50 y 60 casos confirmados de covid-19 en cuatro comunidades Tsáchila.
En el caso de la nacionalidad Tsáchila, el Ministerio de Salud sí ha ido a realizar pruebas. Aguavil dice que hubo falencias, sobre todo porque al inicio de la pandemia no se hicieron pruebas rápidas. Pero gracias a la presión de las personas se ha logrado una intervención en de las comunidades. Aguavil cuenta que además de la ayuda del Ministerio, han gestionado más pruebas y ayuda a través de universidades y fundaciones.
A falta de medicamentos, los tsáchilas que tienen coronavirus han sobrellevado la enfermedad con medicina natural. Aguavil explicó que ha notado mejoría de las personas gracias a bebidas y vaporizaciones con plantas amargas.
La parte económica es la más difícil para las comunidades Tsáchila. Para Aguavil, las personas que viven de la venta de sus productos han pasado momentos muy duros porque no han tenido dinero para comprar implementos de aseo. Gracias a las parcelas que tienen han podido sobrevivir durante la pandemia.
También les preocupa el dengue y los problemas psicológicos que están comenzando a aparecer. Aguavil dice que hay “ciertas personas que estando sanas sienten que tienen el covid sin tenerlo, esos son los problemas y ese es el miedo que está atacando”.
Kichwa de la Sierra: sin cifras exactas
Nayra Chalán, Vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), dice que no tienen una estadística exacta de cuántos casos confirmados hay entre los kichwa de la Sierra. En el caso del pueblo kichwa de Saraguro, hasta el momento no se ha reportado ningún caso de covid-19. Chalán explica que una de las razones de la ausencia de contagios son las estrictas medidas de aislamiento que han tomado y, además, apunta a su economía como un factor de prevención. “Nosotros no somos grandes productores. Eso nos ha permitido mantenernos en casa, sin tener que salir”. Otras comunidades indígenas de la Sierra viven de su producción agraria, por lo que han tenido que moverse desde sus comunidades, volviendo el contagio más posible.
Fotografía de Nayra Chalán.
Para Chalán, la situación de los kichwa de la Sierra no es la mejor, pero dice que la de los kichwa de la Amazonía es peor. “Si de alguna manera nosotros tenemos aquí un hospital básico, en los cantones amazónicos en serio es bastante penoso el sistema de salud que se tiene”, dice.
Al igual que el resto de nacionalidades han logrado afrontar el virus con medicina ancestral, aunque reconoce que hay un límite en el que se necesita de tratamientos específicos e incluso cuidados intensivos.
Épera: reglas propias
La nacionalidad épera no ha registrado contagios en ninguna de sus cuatro comunidades––Santa Rosa, Bella Aurora, Borbón y Las Palmas. Oscar Chiripua es un profesor épera que dice que el Ministerio de Salud sí ha ido a las comunidades a realizarles pruebas para detectar el coronavirus. Hasta el momento, no hay resultados positivos. Sin embargo, no descartan que en el caso de existir casos positivos los traten con medicina casera o ancestral.
Los épera han puesto sus propias reglas para evitar los contagios. “Nosotros en la nacionalidad tenemos una resolución que nosotros no podemos estar permanentemente viajando”, dice Chiripua. Las personas de la comunidad no pueden ir diariamente a otras comunidades, explica, por lo que hay días estipulados para que hagan compras.
Fotografía de Óscar Chiripua.
Si bien los problemas relacionados al coronavirus no están presentes en la nacionalidad, hay otras dificultades. Uno de ellos es la educación: la falta de acceso a Internet para muchos niños ha hecho que no puedan seguir sus estudios y la guía impresa del Ministerio de Educación sobre xxx que están utilizando tiene sus limitaciones. Sin buena conectividad en línea, los adultos que trabajan no lo han podido hacer remotamente.
Pueblo Manta: podrían ser cerca de 600 contagiados
Cirilo Macías es Presidente del Pueblo Manta, ubicado en la provincia de Manabí en el cantón Puerto López. Está conformado por cuatro comunas: Salango y Las Tunas en la parroquia de Salango, el Pital en la parroquia Daniel López y Agua Blanca en la parroquia Machalilla.
La historia se repite al igual que en otros pueblos indígenas. Dice que los contagiados son cerca de 600 personas en toda la nacionalidad, pero no están confirmados por el Ministerio de Salud porque no ha ido a realizarles exámenes. Macías dice que a pesar de no tener pruebas que confirmen, las “personas tienen los síntomas del coronavirus y se les está tratando con medicina ancestral”.
El covid-19 ha matado a más de 30 personas del Pueblo Manta. Las comunas más afectadas son Las Tunas y Salango. Macías dice que han muerto adultos de edad avanzada y “personas con otras enfermedades que por no salir a hacerse atender han fallecido en sus casas”, dice. Hasta ahora, no han fallecido niños, solo ancianos.
Fotografía de Cirilo Macías.
La presencia del Ministerio de Salud “no ha sido visible”, dice Macías. En una ocasión, la comuna de Las Tunas recibió la visita de brigadas médicas de la Prefectura de Manabí y con ellas llegó una del Ministerio de Salud. Pero, según Macías, solo aparecieron tras la presión de las personas. “El Pueblo Manta es uno de los más vulnerables porque estamos en las zonas rurales y estamos en un cantón que no tiene un subcentro que abastezca nuestras necesidades”, dice Macías. Por el momento se hacen pruebas rápidas en el centro de salud de Puerto López pero, dice Macías, son pruebas donadas por el municipio local y no aportadas por el Ministerio de Salud.
El pueblo Manta se enfrenta a la pandemia sin recursos. No les han entregado insumos de protección. El Ministerio de Salud no ha ido para realizarles pruebas rápidas. Lo que es peor, cada vez hay menos alimentos. “Del Estado, no hemos recibido coordinación para la dotación de algún beneficio en nuestras comunidades”, dice Macías.
Además de la alimentación, una de sus principales preocupaciones es la educación de los más jóvenes. “Los niños no saben cómo recibir clases, algunos tienen que subir a las lomas pero el saldo se les acaba, no tienen cobertura normal, adecuada de internet entonces se les complica el acceso a la educación”. Al encontrarse en zonas rurales, muchas veces no tienen Internet por lo que los niños no pueden recibir clases.
Pueblo Huancavilca: apegados a sus tradiciones
Las últimas semanas de los meses de marzo y abril de 2020 fueron las más difíciles para el pueblo Huancavilca ubicado en las provincias de Guayas y Santa Elena. Más de la mitad de las familias del pueblo tenían contagiados de coronavirus. La comuna de San Rafael en la parroquia de Chanduy fue donde hubo más contagios.
Durante el pico de pandemia, la presencia del Ministerio de Salud fue nula. Vicente Quimi, dirigente Wankavilka de Santa Elena, dice que “no se pudo ver la intervención del Ministerio y es por eso que la comunidad se apegó a sus propias tradiciones y costumbres”. Recién en la tercera semana de abril recibieron ayuda, dice Quimi. El Municipio de Santa Elena comenzó a atender a las personas que tenían los síntomas del covid-19 con el programa Amigo Doctor.
Fotografía de Vicente Quimi.
Mientras duró la ausencia estatal, las familias huancavilca usaron su medicina tradicional: vaporizaciones de eucalipto, gárgaras de sal, té caliente y baños con plantas del sector. “Otros se resignaron a morir en casa porque por lo menos en nuestras comunidades cada comuna tiene sus propios cementerios”, dice Quimi. La decisión, dice, era no morir en los hospitales por el riesgo de que los cuerpos no regresen.
Chachi: sin servicios básicos
Santiago Cruz, presidente de la Federación del Centro Chachi en Esmeraldas, dice que registraron 36 casos positivos para coronavirus en 10 de las 40 comunidades chachi en las que se realizaron pruebas. Sin embargo, por la falta de pruebas PCR no conocen de más casos en el resto de comunidades. Aunque piensan que por los síntomas presentados se trata de coronavirus. Cruz dice que los síntomas están relacionados porque “todos presentan dolor de cabeza, fiebre alta, malestar en la garganta, dolor corporal. En raras ocasiones aparece que es dengue, en la mayoría de los casos ha sido covid-19”.
La educación es un derecho pero durante la pandemia se ha demostrado que solo es un derecho por alcanzar y aún más para los pueblos y nacionalidades indígenas. En el caso de los chachi, tienen problemas para aplicar la modalidad virtual porque la población no tiene computadoras en sus casas y en las escuelas de la comunidad no hay Internet. Según Cruz, tampoco hay electricidad en un 30% de las comunidades. “Realmente nuestro caso es muy deprimente en cuanto el acceso de esto”, dice Cruz
Pero la falta de educación y servicios no son sus únicos problemas. Las actividades extractivas como la minería no han parado en sus territorios. Cruz dice que las personas que trabajan en minería han aprovecharon para continuar con sus actividades y seguir contaminando los ríos. Incluso, dice, “algunos están invadiendo de manera irrespetuosa el territorio Chachi porque por esto del covid no hemos podido monitorear adecuadamente”.
El pedido sigue siendo el mismo de hace años: atención de las autoridades. Solo que ahora es mucho más urgente. Los chachi, como otras nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, necesitan que el Ministerio de Salud vaya a las comunidades. “Sobre todo, para determinar con un diagnóstico si es que es covid, si es dengue, malaria o tifoidea. Para que se pueda generar el examen y tratamiento correspondiente”, dice Cruz.
El MPF advierte que Salles aplica una lógica contraria al deber estatal de implementar los derechos ambientales.
El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil pidió este lunes que el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, sea apartado de su cargo por ser considerado directamente responsable del desmantelamiento del sistema de protección ambiental del país.
Durante esta jornada, el MPF presentó una acción de mala conducta administrativa, formulada por 12 fiscales, en la que se le acusa a Salles de alterar intencionalmente las estructuras de protección ambiental, y en consecuencia solicitan su destitución.
La solicitud se realiza con carácter preliminar (urgente) y a la vez se le piden sanciones previstas por la ley de improbabilidad administrativa, como la pérdida del servicio público, la suspensión de los derechos políticos, el pago de una multa, entre otras.
Para MPF, Ricardo Salles promovió la violación de las políticas ambientales, irrespetando preceptos legales dispuestos, para de esta forma favorecer intereses que no tienen relación con el propósito de la cartera que ocupa.
«Es posible identificar, en las medidas adoptadas, la alineación con un conjunto de actos que cumplen, sin ninguna justificación, una lógica totalmente contraria al deber estatal de implementar los derechos ambientales», expresa la demanda.
El MPF relata que a finales de abril de 2020, Salles despidió a tres coordinadores del monitoreo ambiental del Instituto Brasileño del Medio Ambiente, cuyo trabajo logró reducir drásticamente la deforestación en tierras indígenas de la Amazonía.
«En lugar de reconocer la efectividad del trabajo, perdió puestos , en lo que el MPF considera una represalia evidente», advierte la entidad, la cual reconoce que el proceso de desestructuración del sistema brasileño de protección del medio ambiente se llevó a cabo mediante actos, omisiones y discursos de Salles, en una conducta intencional por debilitar el papel del Estado en la protección del medio ambiente.
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