América del Sur/ Bolivia/ 23.06.2020/ Fuente: redclade.org.
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación difunde nota pública denunciando la falta de respuesta y la escasa pertinencia en el Ministerio de Educación del país para asegurar el derecho a la educación durante la pandemia COVID-19
“Considerando la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los más de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional y la respuesta insuficiente y de escasa pertinencia del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema”, afirmó la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) en pronunciamiento.
Según la CBDE, la suspensión de actividades educativas en Bolivia a causa de la pandemia ha generado la interrupción de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y, con esta, múltiples consecuencias que producen mayor desigualdad y vulneración del derecho a la educación. “La medida limita la alimentación escolar gratuita afectando la nutrición de los estudiantes, incrementa la brecha digital entre espacios urbanos y rurales y entre unidades educativas fiscales y privadas, desestructura organizaciones estudiantiles y de padres de familia y atenta contra el desarrollo humano de la población”, señala la Campaña en su comunicado.
Añade que la situación se agrava por la ausencia de un Plan de Emergencia para mitigar esos impactos y con el Decreto Supremo 4260 emitido por el gobierno el 6 de junio del 2020, que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa, especial y superior de Bolivia.
Según la Campaña Boliviana, el decreto no hace mención a aspectos específicos, como la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y tampoco presenta una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto COVID-19 para todos y todas los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, “sobretodo para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o en lugares alejados de nuestro territorio”. La Campaña también dice que dicho decreto carece de consenso porque no fue elaborado con la participación de los sujetos de la comunidad educativa.
En el pronunciamiento, además, exhorta al Ministerio de Educación para que tome una serie de medidas de manera inmediata, entre ellas el desarrollo de un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 (durante y después de la cuarentena) “con lineamientos y reglamentación clara y detallada, con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el Derecho a la Protección Social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del Derecho a la Educación”.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/bolivia-mas-de-2-9-millones-de-estudiantes-estan-en-vulnerabilidad-educacional/
Es difícil asimilar que de un momento a otro todo quede literalmente suspendido. Como si un río que siempre fluye naturalmente, se viera detenido de repente sin una explicación. Esa es la sensación que hemos tenido desde que se nos confinó a una cuarentena generalizada. De pronto, en el curso de dos días, se cerraron colegios y universidades, se detuvo el flujo de vehículos, dejaron de volar aviones, y conciertos y eventos deportivos fueron cancelados.
También quedaron en suspenso los proyectos de vida de miles y millones de personas. Muchos jóvenes vieron truncada su ilusión de una ceremonia de grado para celebrar años de esfuerzo con sus familias, otros quedaron atascados en países donde hacían una práctica profesional o acababan de iniciar un curso de idiomas. Hubo que cancelar matrimonios programados. La búsqueda de empleo quedó en el aire o la vinculación prometida fue pospuesta indefinidamente. Viajes, fiestas, paseos, cursos y planes alimentados por meses y por años desaparecieron como si hubieran sido hechos en mundos paralelos.
Aunque la crisis ha golpeado a todos sin distinción de edades, la situación para los jóvenes tiene una particularidad que tal vez radica en su percepción del tiempo. Quienes ya hemos cumplido más de seis décadas de vida solemos decir que el tiempo pasa volando, mientras para un niño o un joven dos meses son como la eternidad. Posponer el ingreso a la universidad un semestre, dadas las dificultades económicas de muchas familias, puede generar una tremenda frustración. Y se podrían enumerar una multitud de situaciones similares, pues la emergencia global ha traído con ella un frenazo económico con implicaciones inmediatas muy graves.
Seguro ha sido una situación extraña para los adolescentes, pues en esta etapa de la vida los amigos suelen ser mucho más importantes que la familia y no siempre las relaciones con los padres y hermanos son las mejores. Es el
momento en el que la vida social del colegio es prioritaria. Eso no significa que los adolescentes no tengan un enorme apetito intelectual. Lo que sucede, más bien, es que sus inquietudes y necesidades no suelen ir por el mismo camino que los currículos oficiales y cuando se logra es gracias a la cercanía e influencia positiva de sus maestros, ahora distantes.
Una de las cosas que deben aprender es que la vida no sale como uno se la imagina. Quizá esa es la diferencia en la manera como esta situación se vive de acuerdo al momento de la vida. Los mayores saben que muchas veces hay que cambiar todo lo que se tenía proyectado para adaptarse a nuevas situaciones. Muchos terminaron trabajando en lo que menos imaginaban, viviendo en lugares que jamás habían previsto o disfrutando de cosas que alguna vez odiaron.
Ahora toda la sociedad tendrá que aprender a dar un viraje. Se habla por estos días de reinventarse, de reconocer cuáles son las nuevas condiciones en las que podemos avanzar. En estas oportunidades se descubre que existen opciones que antes no se habían explorado.
A lo largo de la historia los pueblos han encontrado dificultades, pero sin ellas no hubiera sido posible alcanzar los enormes avances que hoy nos dan seguridad. Por ejemplo, epidemias anteriores que cobraron millones de vidas permitieron aprender a controlar este tipo de catástrofes. Gracias a eso, y a pesar de la gravedad que el coronavirus representa, los países cuentan sus pérdidas apenas en miles de personas. Seguramente estaremos aprendiendo nuevas lecciones, que todavía es pronto para evaluar.
Lo más importante es reconocer todos juntos el valor de la solidaridad e individualmente el descubrimiento de nuevas fuerzas internas que nos permitirán retomar el viaje ya iniciado días, meses o años atrás, y tal vez comenzar uno completamente nuevo y apasionante. Al cabo de unos años, lo que estamos viviendo ahora nos parecerá lejano, pero sabremos que para cada quien hubo unos meses que cambiaron el rumbo de su vida.
El escenario actual de pandemia para Chile es complejo. El país ya cuenta con más casos de contagios que Italia y se sitúa en el octavo lugar a nivel mundial en ese ítem. No es todo. También destaca al posicionarse en el puesto número 15 del total de fallecidos nivel mundial.
¿Cuáles son los principales obstáculos para contener la crisis de salud? El 57,3% de la opinión pública apunta a que las personas no siguen las indicaciones de las autoridades sanitarias, seguido por la lentitud del actuar del Gobierno (45,4%) y la imposibilidad de dejar de trabajar (43,9%). Así lo concluyó el estudio Termómetro Social en pandemia, del Núcleo Milenio en Desarrollo Social (Desoc) junto al el Centro de Microdatos y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes).
A la hora de buscar causas sobre la situación actual que enfrenta en país, gran parte de los encuestados, dice el informe, coincidieron en señalar que los ciudadanos que no siguen las indicaciones.
Centro dela ciudad de Antofagasta. Foto: Agencia Uno
Fiestas clandestinas en comunas en cuarentena y en horario de toque de queda. Se han conocido no una, sino varias. Incluso algunas con cientos de personas como participantes, pese a los reiterados llamados a mantener el distanciamiento social para evitar que se expanda aún más la pandemia por coronavirus.
Ante eso, el presidente Sebastián Piñera anunció la promulgación de un proyecto que modificó el artículo 318 del Código Penal, para los que pongan en peligro la salud pública al no respetar la cuarentena, enfrenten penas que pueden llegar a los cinco años y multas de hasta $10 millones. También contempla agravantes, como convocar a “espectáculos o celebraciones” prohibidas.
Responsabilidad
Octavio Avendaño, sociólogo y académico de la Universidad de Chile, indica que, desde abril en comparación con otros países de Europa, gran parte de la población ha tenido un comportamiento responsable en el autocuidado frente al virus. “No es un fenómeno generalizado el no respetar la normal, sobre todo es la tercera edad es la que más ha asumido el autocuidado”.
La razón de que se nombre a la ciudadanía como principal responsable, dice el sociólogo, es porque “las autoridades les han traspasado esa responsabilidad a las personas, en vez de enrostrarle esa responsabilidad al gobierno, y da la impresión de que nadie estuviera respetando la cuarentena, cuando no es así”.
El informe también agrega que el 38,5% cree que entre las razones de la actual crisis sanitaria en el país está en que las personas no confían en las autoridades, 37,4% señala que la infraestructura pública de salud es insuficiente, el 30% considera que el Gobierno no ha escuchado a los expertos, el 18,7% que las personas están desinformadas y el 9,5% que es por el precio del examen de diagnóstico.
La explicación también se encuentra, agrega Avendaño, en un problema de confianza en la autoridad y contradicción de ésta en las normas. “El que se haya hablado de retornar las clases, de abrir los centros comerciales, de que se podía tomar café con amigos, contribuye en esa actitud. Si la autoridad no tiene claridad, difícilmente la tendrá el ciudadano común. Porque ya existía falta de confianza en la autoridad y las instituciones antes de la pandemia”, sostiene.
También es responsabilidad de las autoridades al no tener un lenguaje coherente, indica Méndez, eso generó visiones erróneas. “El lenguaje de guerra, de buenos y malos, también es complejo, porque hay gente que no tiene más alternativa que trabajar. En vez de eso hoy tenemos que ver y aceptar el país que somos y desde ahí intervenir”.
Algo que debería cambiar con la nueva autoridad de salud, que según Méndez, tiene una posición dialogante y acompañada de actores claves, lo que le da coherencia en el mensaje más colectivo. “Eso es fundamental para ser más convincente”, explica la investigadora.
La encuesta rescata que el Colegio Médico tiene alta valoración en la ciudadanía “y considera que sus intervenciones pueden tener mayor efecto y ser un referente valioso para que los mensajes lleguen”, añade Méndez.
A la hora de evaluar a distintos actores, el estudio arroja que la confianza en los trabajadores de la salud llega a 95,6%, seguidos por el Colegio Médico con un 72,5%. Las FFAA y Carabineros junto a los alcaldes bordean el 50%. En cambio, la confianza en el Presidente de la República y el exministro de Salud, Jaime Mañalich, se ubicaba alrededor del 15%, mientras el Congreso no llega al 5%.
Desigualdad
Simplificar el asunto a buenos, quienes cumplen cuarentena, y malos, quienes la desobedecen, es muy simple, critica Méndez. Porque el fenómeno es muy complejo, añade. Como sociedad enfrentamos una crisis en salud en momento en que hay varios problemas de fondo de cohesión, apunta. “La crisis demostró que Chile tiene una fractura en términos de desigualdad de oportunidades, somos una sociedad que ha cambiado muchísimo con procesos de estructuración, con más diversidad por la llegada de los migrantes y una gran transformación de los espacios urbanos”.
Existe la complejidad de quienes, pese a la cuarentena, tienen que seguir trabajando. Un fenómeno que no es solo falta de voluntad, sino parte de la desigualdad y segregación social. Algo que se aprecia, dice Méndez, en la segregación espacial de Santiago, “una ciudad en donde la residencia para los sectores populares se llevó a la periferia y lejos de los lugares de trabajo. Entonces, quienes están más lejos de sus trabajos, son personas con menos educación, con baja calificación y labores manuales, que hoy no pueden dejar de trabajar. Esa es una gran explicación estructural que nos hace pensar en el modelo que tenemos y que ha ido escalando durante décadas”.
El estudio muestra que ante la posibilidad de enfrentar cuarentena obligatoria casi la mitad de las personas (49,2%) teme enfrentar falta de ingresos, sobre todo en hogares con ingresos bajo $940.000. Mientras el 31,8% cree que afrontaría dificultades para comprar alimentos e insumos básicos; la falta de espacio preocupa al 12,5% y los conflictos en el hogar al 9,7%. Entre los ingresos más altos, el 42,5% señala que no tendría ninguna dificultad.
Existen además otras condiciones estructurales que generan aumento del contagio que tiene que ver con el modo de vida de algunos sectores de la población chilena. Como la población migrante, dice Avendaño, “pero eso no se menciona, solo se dice que las personas no usan mascarillas o no cumplen las reglas”
Vínculos precarios
Ya el año 2017 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), a través del informe Desiguales, orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile, advertía que los buenos indicadores socioeconómicos del país esconden una realidad menos auspiciosa: los frutos y las oportunidades del progreso no alcanzan a todos por igual en el país.
“Hemos ido construyendo una sociedad con vínculos precarios entre los individuos y la sociedad. Hay dificultad para pensar en términos de un vinculo con una unidad mayor que resulta abstracta con la que no se tiene una experiencia directa. Hemos construido una sociedad desigual que no provee experiencias de ciudadanía temprana. Y se da en todos los grupos sociales”, indica Méndez.
Esa empatía hay que pensarla más sociológica e históricamente. “Hoy corresponde mirar al futuro y cómo pensar esa experiencia más tempranamente de derechos y deberes, es decir, cómo nos responsabilizamos del vínculo social y cómo lo social se responsabiliza con nosotros. Porque esto es una falta de experiencia de una vida social, de una sociedad que no se preocupa por las personas, donde cada individuo se ocupa de sí mismo”.
Establecer los buenos y malos es una trampa, indica Méndez. Con eso no se reconstruye un vínculo social, “porque el modelo de sociedad de consumo era donde generamos el vínculo y eso hizo agua”.
Fuente del artículo: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/el-57-de-la-opinion-publica-apunta-a-personas-como-principal-obstaculo-en-superar-la-crisis-sanitaria-por-que-no-se-acatan-las-cuarentenas/ZANCKFOIIZF7ROXR74GIPEWRS4/
América del Sur/ Brasil/ 22.06.2020/ Fuente: diarioelsol.com.ar.
Abraham Weintraub presentó su dimisión al ser investigado por la justicia, aunque Bolsonaro ya dijo que ocupará un puesto en el Banco Mundial, en representación de Brasil.
El ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, anunció este jueves su renuncia al cargo, en medio de una serie de investigaciones judiciales que lo involucran luego de haber dicho en una reunión de gabinete que los 11 miembros de la corte suprema debían ir presos.
Lo hizo a través de un vídeo en el cual aparece al lado del presidente Jair Bolsonaro y en el que anunció que trabajará en un cargo del gobierno brasileño en el Banco Mundial.
Weintraub, uno de los líderes de la extrema derecha brasileña que responde políticamente al gurú de este sector, el astrólogo Olavo de Carvalho, renunció tras 14 meses en el cargo en el que acumuló polémicas en el sector educativo, político, diplomático y judicial.
«Voy a seguir luchando por la libertad y por los valores del presidente Bolsonaro, el mejor presidente de Brasil», dijo Weintraub, un economista que había sido vicejefe de gabinete en los primeros tres meses.
El último acto de gobierno en Educación de Weintraub fue revocar una resolución del gobierno de Dilma Rousseff, del hoy opositor Partido de los Trabajadores (PT) que asegura cupos y acciones afirmativas (incentivos) en cursos de posgrado en las universidades federales brasileñas a negros, indígenas y discapacitados.
En un vídeo de la reunión de gabinete del 22 de abril que fue revelado por la justicia para investigar a Bolsonaro por obstrucción de investigaciones, Weintraubdice que los poderes de Brasilia «son el cáncer del país» y que si fuera por él «encarcelaría a los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal».
Durante la pandemia, Bolsonaro perdió ya cuatro ministros, dos de Salud (Luiz Mandetta y Nelson Teich), uno de Justicia (Sérgio Moro) y Weintraub.
La renuncia del ministro ocurre luego de que el lunes el Supremo Tribunal Federal lo incluyera en una investigación sobre supuesta financiación ilegal y lavado de dinero para montar medios que arquitectan campañas de odio en las redes sociales.
El ministro perdió la mayor parte de las reformas que impulsó en el Congreso e intentó la semana pasada tener autoridad especial en la pandemia para nombrar nuevos rectores, contra los procedimientos de autonomía universitaria.
También Weintraub, un defensor del gobierno estadounidense, causó problemas diplomáticos con China, principal socio comercial de Brasil desde 2009.
Es por eso que responde a acusaciones de racismo, por comentarios que hizo precisamente en las redes sociales y en los que se burló de los chinos y sus dificultades para pronunciar la letra erre, usando la famosa historieta brasileña «A Turma da Mónica», conocida en la Argentina como «Mónica y sus Amigos».
Además, insinuó -al igual que el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente- que la pandemia de Covid-19 sería parte de unos supuestos planes de China para «dominar el mundo».
Fuente de la noticia: https://diarioelsol.com.ar/2020/06/18/renuncia-ministro-de-educacion-de-bolsonaro-que-pidio-encarcelar-a-los-jueces-de-la-corte/
A las y los líderes sociales de Colombia nos siguen matando durante la cuarentena
De Danelly Estupiñán
Para mucha gente, la cuarentena representa la primera vez en la vida que su movilidad ha sido restringida. Pero yo ya tengo cuatro años que soy incapaz de caminar a la tienda de mi barrio sola, porque siento que si lo hago me van a matar. Tampoco puedo ir al campo, ni salir a divertirme, pues esto es arriesgar la vida.
Esta es la realidad que las y los líderes sociales amenazados llevamos años viviendo en Colombia. Por defender la vida de todas las personas, no podemos disfrutar de la nuestra. Estamos encerrados, moviéndonos de una casa a otra para escondernos, y solo salimos por lo necesario. Sin embargo, en el actual contexto, estar en casa 24 horas todos los días es una sentencia de muerte, ya que los sicarios saben donde encontrarnos. Ahora somos un blanco aún más fácil para quienes quieren silenciarnos.
La violencia sistemática que enfrentamos no ha disminuido este año, a pesar de la pandemia. Más de 100 líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2020, incluyendo al menos 28 asesinatos desde que se decretó la cuarentena obligatoria el 25 de marzo para prevenir el contagio del COVID-19.
Durante los últimos años he sufrido amenazas de muerte, seguimiento constante y allanamientos. He sido fotografiada en la calle y el año pasado tuve que salir del país por un tiempo cuando se dio a conocer un complot para asesinarme. La violencia que sufro la relaciono con mi labor defendiendo el territorio y los derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes de Buenaventura y las denuncias que he hecho a nivel local, nacional e internacional sobre los efectos negativos de la ampliación portuaria en la ciudad.
«Nos siguen matando con mucha facilidad durante la pandemia porque todos estamos en casa cumpliendo con la cuarentena obligatoria «
Unos meses antes de la pandemia tuve que abandonar el sitio donde estaba viviendo porque registramos seguimientos que vulneraban mi seguridad. Por eso, me ha tocado estar en una ciudad que no es la mía durante la cuarentena. Estar en un sitio donde no conozco a nadie me genera incertidumbre y una angustia muy grande. No estoy tranquila, sigo muy preocupada por mi situación y la de otros líderes y lideresas sociales que también están muy expuestos en sus territorios.
Nos siguen matando con mucha facilidad durante la pandemia porque todos estamos en casa cumpliendo con la cuarentena obligatoria y nadie se puede mover. Pero resulta que las personas que quieren acallarnos sí se están moviendo sin problema. Estamos observando un patrón donde los grupos armados al margen de la ley llegan a las casas de las y los líderes sociales y les asesinan frente a sus familias. Incluso, en algunos casos, matan a sus familiares también.
Además, las comunidades han empezado a ver grupos armados repartiendo panfletos con amenazas manifestando que están asesinando a las personas que no acojan la cuarentena y las que supuestamente tienen COVID-19. Están sentenciando a las y los líderes sociales de que no están acogiendo la cuarentena para distraer del real motivo político de los asesinatos. Es como si ahora tuvieran una razón de salud pública para matarnos. En marzo, por ejemplo, la lideresa Yina Paola Sánchez Rodríguez denunció que grupos armados le habían declarado objetivo militar por supuestamente estar contagiando a miembros de su comunidad en el municipio de Montelíbano, Córdoba. La lideresa, quien manifestó estar en perfecto estado de salud, tuvo que huirse del territorio debido a las amenazas.
Lamentablemente, ser líder o lideresa social se ha convertido en una de las labores de más alto riesgo hoy en Colombia. Esta situación no solo pone en peligro nuestras vidas, sino también al sistema democrático y participativo del país, porque jugamos un rol importante en el ejercicio de gobernanza y la promoción y defensa del derecho a la participación, y en promover los derechos constitucionales y defender los derechos humanos.
Pero en vez de reconocer la importancia de nuestra labor y ver una oportunidad de colaboración, el gobierno nos da la espalda, nos vigila como si fuéramos una amenaza al sistema, y nos trata como criminales. No estamos vinculados a grupos armados, pero tratan de relacionarnos con ellos, generando falsos positivos judiciales. La única arma que usamos es nuestra voz, y nuestra voluntad para aportar en la consolidación de los sueños colectivos de nuestras comunidades. Solo estamos defendiendo nuestros derechos y nos preocupa profundamente que en Colombia se tome nuestro trabajo como si fuera un delito.
«No podemos seguir ahogándonos en un océano de impunidad. Cada día trae nuevas amenazas y ataques, y se profundizan los riesgos que estamos viviendo»
El gobierno debe tomar medidas urgentes y definitivas para garantizar nuestra seguridad, y llevar a cabo una campaña de no estigmatización a la labor de las y los líderes sociales. La gente debe ser consciente que cada vez que compre comida en un supermercado está siendo beneficiaria directa de nuestra lucha. Las comunidades étnicas ponemos los muertos por proteger un derecho colectivo como es la tierra y el territorio, pero todo el pueblo colombiano goza de los frutos del territorio gracias a nuestra sangre.
No podemos seguir ahogándonos en un océano de impunidad. Cada día trae nuevas amenazas y ataques, y se profundizan los riesgos que estamos viviendo. Las medidas de protección implementadas por el Estado no desatiban los riesgos, las autoridades no resuelven los casos y no hacen el seguimiento debido a nuestras denuncias. Parece que son intocables las personas que cometen estos delitos que vulneran nuestras vidas y nuestros derechos a la libertad de expresión, participación y organización, tanto en Buenaventura como en otros territorios estratégicos del país.
Las autoridades colombianas también tienen la obligación de garantizar nuestro acceso a la justicia. Deben determinar quiénes son los autores de la violencia que afrontamos y la relación que tienen con el rol político que jugamos las y los líderes sociales. ¿A quién le molesta o a quien le puede perjudicar la labor que hacemos para defender nuestros territorios y los derechos humanos? ¿Quién se beneficia con nuestras muertes?
Danelly Estupiñán es lideresa social y miembro del Proceso de Comunidades Negros (PCN) en Buenaventura
Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/06/lideres-sociales-nos-siguen-matando-durante-cuarentena/
a experiencia indica que todas las catástrofes, tanto las naturales, como las sociales ( el Covid-19 combina ambos factores) perjudica más a los desposeídos. Eso sucede con los terremotos, las inundaciones, las sequías o las crisis económicas y financieras. Los que más pierden son los que menos tienen. Esto pasa en el caso de la suspensión generalizada del servicio educativo en casi todo el mundo.
Esta experiencia inédita hace evidente realidades que en tiempos normales no se ven a primera vista:
En la escuela las nuevas generaciones aprenden cosas que la familia no puede enseñar, porque no tiene los recursos necesarios para hacerlo, en primer lugar la competencia pedagógico/profesional y en segundo lugar el tiempo y otros recursos didácticos. Ojalá que la emergencia nos recuerde que hay cosas importantes que solo se pueden aprender en esas instituciones especializadas que llamamos escuelas, colegios o universidades.
La emergencia también permite tomar conciencia que la escuela no solo enseña, sino que también cuida de los niños y adolescentes, función que en una etapa anterior del desarrollo de nuestras sociedades correspondía a la familia y en especial a las madres. Cuando la escuela suspende su funcionamiento, la mayoría los niños quedan «abandonados a su suerte», ya que la mayoría de las madres se han incorporado al mercado de trabajo. Este fenómeno es particularmente relevante en las familias de los sectores populares. Esta constatación debería servir para valorizar el papel multifuncional de la escuela en los procesos de reproducción social.
El reconocimiento social del valor de la escuela debería favorecer un plan de inversión en su estructura física con el fin de garantizar un piso común de calidad e higiene del edificio escolar, objetivo pendiente en el sistema educativo nacional. Al mismo tiempo habrá que aprovechar la ocasión para mejorar los mecanismos de comunicación entre los ministerios, las instituciones escolares y las familias para potenciar el diálogo y la interacción entre estas instancias. Lo que se tuvo que hacer por necesidad deberá potenciarse y mejorarse en tiempos normales.
La situación excepcional que vive el mundo obligó a las instituciones y agentes escolares a desarrollar una oferta de educación a distancia, la mayoría de las veces en forma apresurada y con recursos insuficientes e inadecuados. El Estado argentino, en sus diversas instancias, desde los ministerios de educación a las propias instituciones desplegó una serie de iniciativas tendientes a ofrecer oportunidades de aprendizaje a través del uso de las nuevas tecnologías de enseñanza con el fin de garantizar una cierta continuidad en el trabajo escolar.
La necesidad de actuar en forma rápida obligó a utilizar diversos recursos disponibles (plataformas, medios masivos de comunicación, interacción directa de los docentes con sus alumnos usando distintos dispositivos, etc.). En muchos casos las circunstancias obligaron a improvisar, ya que no había tiempo para programar, desarrollar y luego implementar programas específicos. Más allá de estos esfuerzos dignos de apreciación, las condiciones objetivas conspiran contra los intereses de aprendizaje de los sectores sociales más desfavorecidos.
Es probable que para estos sectores lo más oportuno sea ofrecer materiales (audiovisuales, impresos, etc.) de interés para adultos, niños y adolescentes con el fin de fomentar la lectura recreativa, desarrollar el gusto por la misma, así como la realización de juegos. En relación con esto, sería bueno divulgar las 10 cosas que el pedagogo italiano Francesco Tonucci sugiere hacer a los padres con sus hijos. Cosas simples (como cocinar juntos, explicar cómo funciona el sistema eléctrico de la casa, construir muñecas o pelotas de trapo, reconstruir la historia familiar revisando un álbum de fotografías, leer juntos un periódico o un cuento, etc.) que «educan» más allá del curriculum escolar cuyo cumplimiento tanto desvela a muchos pedagogos formalistas. La emergencia obliga a utilizar la imaginación para darle una dimensión educativa a múltiples objetos, procesos y experiencias que se pueden vivir en el interior del hogar o en el barrio (allí donde en verdad no existe una vivienda digna de ese nombre).
El tiempo que vivimos nos debe inducir a reflexionar porqué las nuevas generaciones se sienten más atraídas por los ambientes virtuales que por los reales. ¿Por qué nos cuesta tanto que nos atiendan en la casa y en las aulas y dejen de lado su celular? La actual obligación de recurrir a la realidad virtual debería convertirse en una oportunidad para aprovechar sus potencialidades en el plano de la realidad, tan propicia para la creación, la modelación, la transformación, capacidad que muchas veces no tiene la realidad escolar preacondicionada, regulada, programada para recorrer un camino con etapas preestablecidas de desarrollo de determinadas competencias evaluables. En este sentido la emergencia puede ser una oportunidad para repensar la realidad escolar con sus tiempos y espacios fragmentados entre aulas, grados, materias, horarios preestablecidos, etc. etc. Estos son momentos en que ciertas transformaciones que en tiempos normales tardan mucho tiempo en concretarse, se pueden precipitar por la fuerza de la necesidad. Pasada la emergencia, habrá que analizar qué pudimos aprender de la improvisación, qué cosas debemos perfeccionar, qué cosas retener, qué cosas rescatar y cómo articular la realidad espacio-temporal de la escuela con las posibilidades que ofrece la realidad virtual.
Más allá de lo que se hace y pueda hacer en estas circunstancias y la creatividad desplegada por padres de familia, maestros y niños, es preciso ser realistas. Una vez más, los más perjudicados son los sectores desposeídos, ya que en su caso se conjugan dos pobrezas, la pobreza de la oferta de educación a distancia y la pobreza de los necesarios recursos familiares, de diverso tipo como el espacio habitacional precario, el hacinamiento, los ambientes insalubres e inseguros, la pobreza o ausencia de equipamientos tecnológicos, la conectividad a internet, el nivel clima educativo del hogar, la presencia de los adultos y su disponibilidad de tiempo para acompañar las actividades escolares de los niños y adolescentes, etc.
El sistema escolar también tiene sus amplias zonas de pobreza. Según un informe reciente del Banco Mundial que usa datos del programa PISA (2018), poco más de la mitad de los sistemas educativos encuestados dijeron que la mayoría de los estudiantes de 15 años están en una escuela sin una plataforma efectiva de apoyo de aprendizaje en línea. Este es el caso en todos los países participantes de América Latina y el Caribe. Por otra parte también existen limitaciones por parte de los docentes, ya que en la Argentina en opinión de los directores sólo el 55% de los docentes tienen «recursos profesionales efectivos para aprender cómo usar dispositivos digitales».
El mismo informe del Banco Mundial reconoce que existe una fuerte asociación entre los recursos tecnológicos y humanos del sistema escolar y el nivel socioeconómico de los alumnos. Esto implica que quienes más perderán en materia de aprendizaje serán los que ocupan las posiciones más desfavorecidas en las distribuciones de recursos sociales estratégicos tales como la propiedad, el ingreso, el poder y el conocimiento. Desde ya habrá reflexionar sobre el tiempo de post-emergencia y redefinir las políticas educativas tendientes a fortalecer la escuela pública para dejarla en mejores condiciones para contrarrestar la fuerza de las inercias que tienden a reproducir las desigualdades sociales de todo tipo que presenta la sociedad argentina actual.
Fuente del artículo: https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-escuela-cerrada-costos-pedagogicos-desiguales-nid2358685
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