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Ecuador: Festejar la dolarización

Festejar la dolarización

Ecuador, lunes,  13 de Enero, 2020

Juan J. Paz y Miño C.

Como en ningún otro aniversario, al cumplirse 20 años de la adopción del dólar norteamericano como moneda nacional del Ecuador, intelectuales de la derecha universitaria, así como políticos, empresarios y medios de comunicación con iguales visiones, se dedicaron, en pasados días, no solo a defender la dolarización (pocos con algunas razones económicas bien argumentadas), sino a rescatarla como una decisión benéfica para el país, inevitable en las condiciones de los años 1999/2000, y como un régimen que ha traído estabilidad monetaria, seguridad, confianza y emprendimiento.

El expresidente Jamil Mahuad (1998-2000), quien decretó la dolarización violando la Constitución de 1998, conminando y amenazando al directorio del Banco Central para que la adoptara, sin los estudios técnicos que la justificaran e incluso sin conocimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), que era, por entonces, una institución de obligada consulta, fue ampliamente entrevistado y, además, destacado por haber asumido la decisión dolarizadora. Paralelamente también se lanzó la idea de “festejar” la dolarización, incluyendo para ello la presencia de Domingo Cavallo, “padre” del sistema de convertibilidad en Argentina durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999); y que en Ecuador vino a sostener, sin ningún fundamento histórico, que “sin dolarización Ecuador estaría como Venezuela”. Tampoco faltaron los académicos del “establishment” que, desde sus propias filas, igualmente festejaron los 20 años dolarizados y sus “logros”.

Toda esta campaña ideológica del presente oculta la historia, para salvar en ella a una serie de políticos y gobernantes, pero sobre todo a una elite social privada, que hegemonizó con sus intereses sobre la economía del país desde los años 80 del pasado siglo, y que fue la beneficiaria inmediata y directa de la dolarización, en perjuicio de los más amplios sectores sociales de la época.

Porque la dolarización fue un momento especial de la construcción del modelo neoliberal-empresarial, tibiamente iniciado por Osvaldo Hurtado (1981-1984) en sus dos últimos años de gobierno, definitivamente marcado por León Febres Cordero (1984-1988), consolidado por Sixto Durán Ballén (1992-1996), quien fue el continuador económico del febrescorderismo, y reproducido por todos los gobernantes posteriores hasta 2007. Ese modelo económico compaginó con la globalización transnacional de la época y recibió las guías conductoras del FMI a través de las 16 cartas de intención suscritas por el país entre 1983 y 2003. De este modo se caminó hacia la edificación de una especie de paraíso para las capas más ricas del Ecuador, que se apoyaron en tres consignas centrales: 1. reducir el Estado a sus mínimas capacidades económicas; 2. suprimir o reducir impuestos directos y particularmente los que afectan al empresariado; 3. flexibilizar las relaciones laborales para disminuir costos y maximizar las ganancias. Es la misma trilogía actualmente vigente, en el segundo momento del modelo neoliberal-empresarial revivido por el gobierno de Lenín Moreno.

En ese telón de fondo, quien puso los cimientos de la debacle bancaria que vendría a fines de los noventa y que condujo a la dolarización, fue el gobierno de Sixto Durán Ballén, con la Ley de Instituciones Financieras (1994), que introdujo el concepto de banca múltiple, permitió los créditos vinculados, maniató a la Superintendencia de Bancos y posibilitó los créditos de liquidez del Banco Central que sirvieron para “salvar” a los bancos privados, entre los cuales el Banco Continental fue el primero en “caer” (1996), seguido luego por otras 15 instituciones financieras. Los ciudadanos quedaron impotentes ante el cierre de los bancos, los “salvatajes”, la pérdida de sus ahorros, la fuga de los banqueros corruptos y el contubernio de los sucesivos gobiernos con la clase bancaria y los empresarios ligados a sus desafueros.

Después de la sucretización de las deudas privadas durante el gobierno de Hurtado (deudas empresariales en dólares transformadas a sucres, pero pagadas en dólares por el Estado), y de la resucretización efectuada por Febres Cordero, la debacle bancaria fue el tercer gran atraco privado al país y a sus habitantes. Porque el modelo neoliberal, que agravó las condiciones de vida y trabajo de la población, condujo al negociado con recursos del BCE, al feriado bancario de 1999 y a las pérdidas de recursos de los ahorristas, así como a la ruina de los pensionistas jubilados, que no solo lloraron y se quejaron a diario, sino que incluso acudieron al suicidio, como reportaron los mismos medios periodísticos de la época. Varios de los nombres de los defensores de aquel modelo y, sin duda, de la dolarización actual, fueron actores directos de las políticas seguidas en aquellos años, aunque hoy son presentados como personajes de criterios ejemplares.

Un libro que circuló en 1999, escrito por varios autores desde distintas ópticas, y con el título Bancos y banqueros, da cuenta de esos procesos que alarmaron al Ecuador y que hasta hoy siguen en la impunidad. Uno de los autores utilizó un título que retrata exactamente lo que sucedía: “Ratas, rateros y banqueros”.

La dolarización fue el resultado de esa debacle económica e institucional (entre 1996-2006 hubo 7 gobiernos, 1 dictadura nocturna y tres presidentes derrocados: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez). Cuando se implantó el sucre como unidad monetaria del país (1884), la paridad del dólar fue de 1 sucre; cuando se creó el Banco Central (1927) fue de 5 sucres; al iniciarse la fase democrática (1979) tras las dictaduras petroleras de los setentas, el dólar equivalía a 25 sucres; pero la dolarización se adoptó con 25 mil sucres por dólar. Ese momento quedaron pulverizados los salarios de los ecuatorianos, porque el salario mínimo pasó a equivaler 4 dólares, mientras fugaban capitales, se sobre-enriquecía una elite que había acumulado en dólares y la impotencia social movilizada en protestas en las calles, apenas logró la caída de Mahuad, porque el sucesor, Gustavo Noboa (2000-2003) fue quien efectivamente dolarizó la economía y apuntaló, aún más, el modelo neoliberal-empresarial. El estudio de las consecuencias previsibles de la dolarización ecuatoriana, quedó en otro libro colectivo, titulado Dolarización. Informe urgente (2000).

No es cierto que la dolarización permitió estabilizar al país. Así lo demuestran varios artículos del reciente libro Dolarización: dos décadas después (1999). Pero, además, no puede olvidarse que quienes la sostuvieron fueron los miles de migrantes que, ante el derrumbe de la vida y el trabajo, salieron a España, Italia y los EEUU. Las remesas enviadas por esos migrantes a sus familias representaron, casi durante una década posterior, el segundo rubro de ingresos para el país después de las exportaciones de petróleo. Según el Banco Mundial (BM), en 2006 Ecuador recibió 2.922 millones de dólares por remesas, las que llegaron a representar el 6% del PIB. Y, de otra parte, a pesar de la dolarización, fue la población ecuatoriana la que aprendió a sobrevivir con la extraña moneda, la que tuvo que sufrir no solo por los desafueros bancarios sino por la arremetida contra sus derechos laborales, y la que experimentó el abismo entre sus ingresos y el de las elites económicas enriquecidas a costa de todo el país.

Hay responsables históricos del modelo neoliberal-empresarial y de la dolarización, aunque se trate de que hoy aparezcan como referentes académicos, periodísticos y políticos. Se argumenta, como en efecto es así, que hoy los ecuatorianos no quieren salir de la dolarización. No es porque el sistema sea “bueno”, sino porque históricamente se recuerda el manejo de las elites con el sucre, las devaluaciones, los intereses usureros, los salvatajes. Al menos la población experimenta que puede conservar su poder adquisitivo y que ya no existe el riesgo descontrolado de la inflación.

Sin embargo, celebrar la dolarización es como celebrar la conquista española: se olvidan los acontecimientos de inicio, para sostener, a estas alturas, que “gracias” a la conquista española hoy tenemos religión católica, idioma castellano, ciudades de origen colonial y cultura occidental. Ya no se ve la destrucción ocasionada por la conquista, la subordinación de las poblaciones indígenas, la introducción de las formas más agudas de explotación de la fuerza de trabajo, el inicio del subdesarrollo y de la acumulación originaria. La dolarización parece lucir hoy un beneficio económico, porque se silencia a la población que sufrió, que perdió patrimonios, que cayó en sus niveles de ingresos, de vida y de trabajo.

El Ecuador salió adelante por su gente y no por la elite que continúa con su atrasada visión económica para completar el cuadro de beneficios exclusivos mediante las políticas que todavía faltan profundizar, de la mano de los compromisos con el FMI: flexibilizar el trabajo y privatizar bienes y servicios del Estado.

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/festejar-la-dolarizacion/

Autor: Juan J. Paz y Miño C.

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Bolivia: nace organismo para la defensa de los derechos humanos de los trabajadores y el pueblo

Bolivia: nace organismo para la defensa de los derechos humanos de los trabajadores y el pueblo

En un escenario de crecientes y brutales tendencias represivas, de persecución política y donde los derechos a la libertad de prensa y de expresión son coartados, trabajadoras, trabajadores, profesionales independientes, estudiantes y activistas por los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa dimos inicio al lanzamiento de un organismo de “Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal” (ProDHCre).

Estuvieron presentes tomando la palabra, familiares de presos políticos de El Alto, denunciando el calvario que vienen pasando para liberar a sus familiares, desde hace más de dos meses atrás. Se trata incluso de personas con discapacidad, menores de edad y mujeres que están separadas de sus hijos, que han sido detenidas de manera irregular y arbitraria. «Nadie habla de lo que está pasando con nosotros, es terrible está situación», señala María P., expresando la falta de acceso a justicia, el montaje por supuesta sedición, así como la situación política que ha puesto estos casos debajo de las piedras, mientras se habla de «Democracia».

Conferencia de prensa de lanzamiento del ProDHCre:

https://www.facebook.com/lid.bolivia/videos/471765720156230/

«Quienes impulsamos este centro ya venimos desarrollando acciones por la defensa de los derechos humanos de las y los trabajadores y del pueblo pobre que ha venido resistiendo al golpe de Estado», afirmaron voceros del ProDHCre.

Miembros de la LOR-CI, grupo que impulsa La Izquierda Diario en Bolivia, declararon que «hemos realizado junto con otras organizaciones actividades de solidaridad con familiares de las víctimas de Senkata, como fue la exitosa Kermés solidaria del pasado 8 de diciembre. Luego de estas experiencias y frente al creciente escenario de persecución política y de vulneración de derechos y libertades democráticas básicas, con detenciones arbitrarias, silenciamiento a radios comunitarias, entre otros atropellos, vimos la urgente necesidad de impulsar un organismo, con principios claros de independencia política de los partidos del régimen y del Estado, que defienda los Derechos Humanos y contra la represión estatal».

Según datos oficiales, con informes de la propia CIDH, el nuevo régimen de Áñez en poco tiempo tiene un saldo de casi 40 asesinados de los que no se dice nada. Fueron más de mil detenidos durante las movilizaciones de noviembre. Hoy continúan como presos políticos más de un centenar de personas. Luego del acuerdo de “pacificación del país” firmado entre el llamado “régimen de transición” y los parlamentarios del MAS que negociaron sobre la sangre derramada de los asesinados en las masacres de Sacaba, Senkata y Ovejuyo y que les sirvió como moneda de cambio para hacerlo en mejores términos, para el pueblo trabajador y los sectores populares empobrecidos nada ha cambiado, solo un aumento exponencial de la represión.

«Hemos visto de manera pregnante cómo los organismos de derechos humanos han tomado partido por el campo golpista o los que estaban con el MAS pasaron a la inacción. Creemos que hoy más que nunca es fundamental contar con un organismo al servicio de la lucha del pueblo trabajador del campo y de la ciudad, de las mujeres, de las diversidades sexuales, contra la represión estatal y por la defensa de los derechos humanos. Quiénes conformamos este centro hemos peleado durante el gobierno del MAS contra sus medidas cada vez más autoritarias y de judicialización de la protesta», afirmaron desde el flamante organismo.

Hoy esta pelea sigue en pie ya que los métodos de persecución y amedrentamiento utilizados por el MAS han venido siendo implementados a escala “industrial” por el régimen de Áñez, impuesto por la movilización cívica, clerical, empresarial, policial y militar que consumó el golpe de Estado y del que también es responsable el MAS que traicionó la lucha de los sectores campesinos, de los vecinos y del pueblo de Sacaba y Senkata que se organizaron de manera independiente para resistir al golpe mientras el cerco mediático denigraba esta lucha calificándola de vandálica.

El MAS es responsable de haber entregado a la derecha, en bandeja, las banderas democráticas luego de haber vulnerado el resultado del 21F y la seguidilla de recursos que optó para ir por una cuarta reelección. Todo esto lo utilizó la derecha golpista para ser hoy quiénes administran el Estado imponiendo medidas que van en contra del pueblo trabajador. Nada se puede esperar del MAS que hoy sólo elige candidatos y nada hace por defender a los cientos de presos y perseguidos sólo por pensar diferente al nuevo régimen menos aún luego de que con los 2/3 que tienen en el Parlamento solo se han encargado de negociar con Áñez y su gabinete dándole legitimidad al golpe de Estado que ellos mismos denunciaron.

Desde el ProDHCre afirmaron que «somos conscientes que la justicia ha sido formada para defender los intereses de unos cuantos que viven del poder mientras el pueblo se encuentra en indefensión, más aún con el golpe que más que ser contra el gobierno del MAS, fue contra el pueblo. Estos sectores empobrecidos, de trabajadores y trabajadoras que para sostener la defensa de sus familiares se ven en la necesidad de pagar sumas exorbitantes, quedándose sin dinero hasta para pagar su comida, demostrando que esta justicia es para los ricos», e invitaron a sumar fuerzas en el organismo.

Fuente de la Información: https://www.laizquierdadiario.com/Bolivia-nace-organismo-para-la-defensa-de-los-derechos-humanos-de-los-trabajadores-y-el-pueblo

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Chilapa, narcoparamilitarismo y resistencia

Chilapa, narcoparamilitarismo y resistencia

Luis Hernández Navarro

Alta, morena, delgada, doña Escolástica Luna porta un fusil con cargador adaptado. Nahua, de 71 años, vive en la comunidad Rincón de Chautla, Chilapa. Es parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

Durante dos años y 10 meses, doña Es­colástica luchó por la liberación de sus hijos Bernardino y David Sánchez Luna, injustamente presos junto a otros seis indígenas, acusados de delitos que no cometieron. Fueron detenidos en ma­yo de 2006, por negarse a entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, pues abría las puertas a la privatización del ejido y provocaba la división del pueblo.

Con los hombres presos, doña Escolástica fue nombrada comisaria del pueblo. Comenzó entonces una labor para que sus hijos fueran liberados, mientras gestionaba mejoras para la comunidad y sus habitantes. Incansable, recorrió caminos y ciudades para abrir puertas de oficinas gubernamentales y en solidaridad con otras luchas campesinas. Más adelante, cuando arreció la represión, aprendió, junto a otras mujeres, a manejar armas y se incorporó a la CRAC-PF.

Doña Escolástica participa en la misma organización de autodefensa comunitaria de la que forman parte los 19 niños varones de Ayahualtempa, de entre seis y 15 años, que aparecieron en un video el pasado 22 de enero, portando uniformes de guardias comunitarios, armados y efectuando ejercicios militares.

¿Qué sucede en Chilapa que obliga a mujeres y niños a tomar las armas para defenderse? Hay una larga historia tras ello, pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato, mutilación y calcinamiento de 10 músicos nahuas ligados a la CRAC-PF por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos, el pasado 17 de enero. Los criminales mandaron así un mensaje macabro a quienes desafían su control territorial: ellos pueden matar y quemar cuerpos sin temor alguno.

La emboscada de Los Ardillos contra los músicos fue la última agresión de una serie de violentos ataques contra las 16 comunidades organizadas en la CRAC-PF. Su objetivo: conquistar a sangre y fuego el control de la ruta que va de la cabecera municipal de Chilapa a la comunidad Tula, en la parte alta de la Montaña. Como la resistencia y autonomía de Rincón de Chau­tla y los otros poblados les estorban para transportar droga hacia Acapulco, Chilpancingo o la Ciudad de México, les hacen la guerra para expulsarlos de sus territorios. En el último año, 26 miembros de la organización fueron asesinados y dos desaparecidos. Por eso hasta los niños deben ir armados.

Empotrados en un conflicto de tierras, Los Ardillos utilizan a las autoridades agrarias de Zolocotitlán, núcleo agrario al que el anexo Rincón de Chau­tla pertenece. Así, disfrazan su disputa por una ruta segura para su trasiego de drogas de conflicto agrario.

Han tejido una intrincada red de poder en la política estatal, que les permite actuar con absoluta impunidad. Observadores han señalado su cercanía con el ex gobernador Ángel Aguirre, mientras a sus rivales, Los Rojos, se les asocia con Rubén Figueroa. Pese a ser responsables de más de mil 500 asesinatos y 500 desapariciones en la región durante los últimos seis años, imponen su voluntad sin autoridad que lo impida. Su negocio criminal florece de la mano de la eliminación de líderes sociales, en el más puro estilo contrainsurgente.

El 17 de marzo pasado, el gobierno de Guerrero se comprometió a garantizar seguridad e investigar los crímenes en Rincón de Chautla. No lo hizo. Puso un retén del Ejército que no sirvió. Los homicidios no se esclarecieron y los asesinos están libres.

Chilapa es el segundo municipio más violento del país. Durante la gestión de la 4T han sido asesinadas allí más de 100 personas. Esa violencia, y las operaciones de la industria criminal que la provocan, se expande a pesar de la presencia del Ejército. Los grupos armados imponen la ley a punta de metralleta.

Chilapa es un municipio abiertamente racista. El presidente municipal, Jesús Parra García, perteneciente al PRI, relegido en dos ocasiones y señalado como amigo de Los Rojos, concentra los recursos en la cabecera municipal y deja en el abandono a las comunidades indígenas.

Integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), con larga trayectoria de lucha que data, al menos de 1992, la CRAC-PF fue fundada en la comunidad de El Potrerillo, municipio de Malinaltepec el 23 de febrero de 2014, en el marco de una profunda crisis de la CRAC-PC. Asistieron más de 23 autoridades agrarias y civiles, consejeros, policías y comandantes regionales. Establecieron 11 principios, entre ellos, el respeto a la voluntad del pueblo y no a la del gobierno; la asamblea como máxima autoridad de toma de decisiones; aplicación de la justicia a través de la reducación: trabajo comunitario, servicio al pueblo y consejo de los ancianos. De inmediato se convirtieron en un contrapeso de los grupos criminales.

En Chilapa, la magnitud y naturaleza de la violencia narcoparamilitar desborda cualquier discurso oficial de pacificación. Los ejemplos de doña Escolástica Luna y de los niños armados para defenderse son un dramático grito contra la impunidad y la justicia.

Twitter: @lhan55

Fuente de la Información: https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/opinion/013a2pol
Autor: Luis Hernández Navarro
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¿Sobrevivirá la ciencia de Brasil a Bolsonaro? Recortes, contaminación ideológica y analogías con España

Por:

«It was the best of times, it was the worst of times,

it was the age of wisdom, it was the age of foolishness,

it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity,

it was the season of light, it was the season of darkness, (…)»

Apertura de Historia de Dos Ciudades (Charles Dickens, 1859)

La ciencia brasileña se encuentra en uno de sus peores momentos. Las posiciones frecuentemente incomprensibles del presidente Bolsonaro auguraban cambios drásticos en 2019. El gobierno ultraconservador ha mostrado una capacidad inesperada de infligir grandes daños al sistema científico y académico del país, y de infligirlos en muy poco tiempo y en muchas áreas diferentes. Sería tedioso enumerar todas las declaraciones, decisiones y políticas reaccionarias del primer año del gobierno de Bolsonaro, pero presentaremos una síntesis de sus acciones sobre los servicios públicos de investigación en general, y en concreto sobre aspectos relacionados con el sistema de universidades públicas federales, la financiación de la investigación y la formación de postgrado. Una síntesis que nos permitirá observar los paralelismos con las políticas de otros gobiernos neoconservadores como los de Trump, Orban o Putin, y las que promueve en nuestro país el tándem Abascal-Casado.

La política neoliberal del gobierno de Bolsonaro, reforzada por sus correligionarios en los gobiernos de cerca de la mitad de los estados brasileños, afecta directamente a los funcionarios públicos de varias maneras. En primer lugar, hay una campaña activa de desmoralización y acoso contra los servidores públicos en todas las esferas de la administración pública. Esta campaña utiliza datos parciales, engañosos e incluso falsos para difundir que hay demasiados servidores públicos y que estos tienen salarios muy elevados, presentándolos como un grupo de privilegiados con bajo rendimiento profesional que hacen que el sistema público sea extremadamente ineficiente, llevando al colapso de las cuentas públicas.

Esta campaña está siendo utilizada por el gobierno brasileño para legitimar ante la sociedad la suspensión de nuevos concursos públicos, recortar los derechos y beneficios de los funcionarios en activo, y desmoralizarlos hasta el punto de conseguir que renuncien a defender sus derechos, a ejercer la libertad de cátedra o a replicar con evidencias a la cascada continuada de ‘fake news’ y pseudoverdades. Aunque en Brasil los funcionarios públicos están mejor pagados que en España –en relación al salario medio de cada país-, estas afirmaciones son, en la forma en la que se presentan, abiertamente falsas.

Tras estos ataques hay una discusión económica y social más profunda sobre el gasto público y el tamaño del estado, cuál es la cantidad idónea de servidores públicos y cuál debe ser su eficiencia. Esta podría ser una discusión importante para la economía brasileña, en la que el análisis del funcionamiento de las administraciones federales y estatales en el pasado y en la actualidad por economistas, sociólogos y politólogos permitiría identificar qué tramo dentro del gradiente de incremento del gasto público conduciría a un mayor desarrollo y bienestar de la población de manera más eficiente.

Teóricamente, quizás sea posible que una sociedad ideal formada por ciudadanos altamente preparados y que se rijan por un elevado código moral pueda controlar la codicia inherente al capitalismo y funcionar de manera eficiente con un estado de pequeño tamaño, bajos impuestos y poco control macroeconómico. Sin embargo, Brasil tiene todavía una estructura económica claramente postcolonial, muy dependiente del sector primario y organizado alrededor de un puñado de grandes propietarios, unas clases medias acomodadas relativamente pequeñas, grandes sectores de la población con bajos niveles educativos y rentas bajas, e importantes bolsas de pobreza. No olvidemos que el gran logro de los gobiernos de Lula da Silva fue elevar por encima del umbral de la pobreza a alrededor de 30 millones de brasileños.

Pero el gobierno Bolsonaro no está planteando un debate acerca de cuál sería la configuración más adecuada de un estado federal que controle los vaivenes del mercado y garantice la justicia social teniendo en cuenta las particularidades de Brasil dentro de los límites de una economía global fundamentalmente capitalista. En lugar de afrontar esta discusión de manera seria y profunda, a partir de información y análisis comparativos honestos, el núcleo duro del gobierno ultraconservador brasileño ha puesto su empeño en una campaña sistemática de ataques y desmoralización de los funcionarios públicos.

La universidad pública en general, y el sistema federal de educación superior en particular, han sufrido una sucesión de feroces recortes desde el comienzo del gobierno de Bolsonaro. Este sistema público ya arrastraba una situación de precariedad creciente, con recortes y suspensión del salario de profesores que comenzaron durante los gobiernos progresistas de Dilma Rouseff, y que dieron lugar a grandes movilizaciones. Esa precarización dio paso, con la llegada de Bolsonaro, a una política de desmantelamiento planificado, ejecutado desde el propio Ministerio de Educación, al que pertenecen las universidades federales y del que dependen sus presupuestos. Estos ataques están afectando directamente al funcionamiento de las universidades, con recortes y paralización de recursos básicos en gastos como energía, agua, limpieza, seguridad, transporte, etc. Pero también afectan indirectamente a sus profesores y alumnos a través de una intensa campaña de difamación.

Los ataques se intensificaron aún más con la toma de posesión del nuevo ministro de educación en abril de 2019. Abraham Weintraub, un economista proveniente del sector financiero y conocido por su afición a los tweets incendiarios, comenzó su mandato con un recorte del 30% de los recursos destinados a las universidades federales – que, según él, promueven la «balburdia» (alboroto, confusión) en sus campus. Su campaña de difamación alcanzó el punto álgido (hasta la fecha) a final de 2019, cuando declaró en la televisión y redes sociales que las universidades federales tienen extensas plantaciones de marihuana y laboratorios de química involucrados en la producción de drogas – una afirmación que reiteró en una audiencia pública en el Congreso Nacional y que le ha hecho acreedor de demandas por parte la Asociación de Directores de las Instituciones Federales de Educación Superior y otras instituciones.

Los ataques del ministro Weintraub buscan criminalizar la fuerte respuesta de la comunidad educativa ante la sucesión de brutales recortes (especialmente la reducción del 42% del presupuesto del ministerio, el más bajo de los últimos 14 años ya antes de aplicarle ese recorte), que representaban las primeras grandes movilizaciones contra el gobierno de Bolsonaro. El carácter autoritario del ministro quedó claro cuando, el 30 de mayo, alentó denuncias contra «los profesores, funcionarios, alumnos, padres y responsables que divulgaran y promocionaran protestas dentro de escuelas y facultades». Lejos de corregirle o llamarle al orden, el propio presidente Bolsonaro calificó como «idiotas útiles» a los manifestantes dos semanas después, durante una visita a EE.UU.

El objetivo último es, según sus propias declaraciones, reducir el gasto público y desmantelar el sistema federal de educación superior. Según el ministro, el sistema de universidades federales es «costoso e ineficiente». Eso a pesar de su elevada calidad, sobre todo en comparación con el sistema privado de educación superior brasileño, y su hegemonía en la práctica en términos de la investigación científica que se realiza en Brasil. De hecho, la investigación científica en el país y la capacitación de recursos humanos altamente cualificados a nivel de master y doctorado se realiza casi exclusivamente en universidades públicas.

¿Cómo propone el gobierno mantener el nivel formativo e investigador del país con menos de la mitad de los recursos públicos destinados a financiarlos? La solución del gobierno de Bolsonaro ha sido el programa Future-up, dedicado a «…promover una mayor autonomía financiera en las universidades e institutos federales, por medio del incentivo a la captación de recursos propios y al emprendimiento». Un programa que muchos expertos consideran mal enfocado, y que ha sido fuertemente criticado por la gran mayoría de la comunidad académica. Es interesante señalar los paralelismos con la política de I+D+i de los gobiernos de Rajoy, con Wert al frente del Ministerio de Educación: los ambiciosos objetivos de sustituir la inversión pública por inversión privada entre 2013 y 2020 se quedaron en nada, y los fuertes recortes en la primera no solo no fueron compensados por la segunda, sino que la arrastraron a descensos aún más pronunciados – dejando al sistema científico en la situación de colapso actual.

Mientras tanto, las iniciativas científicas a largo plazo se priorizan exclusivamente en función de los intereses geopolíticos o macroeconómicos del país, como ha ocurrido con la reciente renovación de la financiación para la nueva base Antártica brasileña. Subyacente tanto a estas prioridades como a los ataques descritos hay un fuerte componente ideológico liderado por el «gurú» intelectual del gobierno de Bolsonaro, Olavo de Carvalho. De Carvalho ha declarado, por ejemplo, que la ultraderecha ha logrado el poder en Brasil, «pero no domina la estructura cultural», por lo que el siguiente paso del proceso debe ser «conquistar las universidades y el pensamiento», lograr la «hegemonía cultural» y «acabar» con la «dictadura mediática» dominada por la izquierda.

Y la cosa no acaba aquí. En paralelo al desmantelamiento y la persecución de las universidades, el gobierno de Bolsonaro está atacando también a las principales instituciones de apoyo a la investigación en Brasil – especialmente CNPq y CAPES, que se ocupan de financiar, respectivamente, la investigación y la formación de postgrado. De nuevo, mediante fuertes recortes económicos y paralizando ejecuciones presupuestarias y de becas que afectan a miles de estudiantes. Y, lo que es todavía más preocupante, introduciendo una serie de medidas, como las repetidas amenazas de fusión entre CNPq y CAPES, que no persiguen ninguna mejora de gestión y sólo buscan desmantelar la estructura actual, reducir el presupuesto total de investigación y, en definitiva, promover la inestabilidad y la falta de confianza en el sistema. La contestación a estas reformas ha llevado a la destitución de Anderson Correia como presidente de CAPES tras un año de mandato. Pero en lugar de enmendar la plana, el ministro Weintraub ha colocado al frente de la institución a Aguiar Neto, un rector evangélico defensor de la enseñanza del creacionismo en lugar de la teoría evolutiva.

Esta situación está llevando a una gran cantidad de académicos brasileños a tomar el camino del exilio para continuar con su investigación, con la esperanza de que sea un paréntesis temporal hasta que la situación mejore con un nuevo gobierno. Aunque enraizada en las carencias históricas del sistema académico y de I+D del país, en la crisis económica de los últimos años y en un lustro de recortes presupuestarios a la investigación, el primer año del gobierno Bolsonaro podría estar disparado esta fuga de cerebros.  Una vez más, las analogías con las peores fases de la crisis del sistema español de I+D son espeluznantes. La fuga de cerebros en nuestro país (que ha bajado de ritmo en la actualidad pero que no ha llegado a desaparecer ni mucho menos) llenó de titulares y preocupación a la comunidad científica internacional y a la sociedad española en su conjunto.

Si juntamos este panorama con los constantes ataques negacionistas de la evidencia científica del gobierno Bolsonaro en temas como salud, sexualidad, cambio climático o conservación de la naturaleza, el panorama actual de la ciencia y la educación superior en Brasil es desolador. Tan sólo en el ámbito del gobierno federal, la comunidad académica sufre el acoso prácticamente continuo de los ministros de Economía, Educación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Agricultura, y Mujer, Familia y Derechos Humanos, al que se suma el propio Presidente de la República. Un ensañamiento con la ciencia y la cultura que solo amaina puntualmente con la sustitución del secretario de cultura por sus claras tendencias pro-nazis. No es difícil imaginar que el camino de ideologización cultural que iniciaría la imposición del pin parental en las comunidades gobernadas por las políticas de Vox en nuestro país desemboque en el fomento de ideas contrarias a la evidencia científica.

Dentro de esta coyuntura, el papel del Ministro de Ciencia y Tecnología (+ Innovación y Comunicación), el ex-astronauta Marcos Pontes, resulta contradictorio. Por un lado, no participa en el juego del acoso, las noticias falsas y las declaraciones absurdas; por otro, sin embargo, resulta difícil entender cómo alguien con un mínimo de conocimiento científico puede convivir con semejantes compañeros en el Consejo de Ministros. Algunas fuentes sugieren que el sistema de I+D brasileño aún no se ha derrumbado por completo porque el ministro ha sido capaz de defender la importancia de la ciencia y la tecnología a puerta cerrada. Sin embargo, y a falta de más datos, casos como el de la destitución de Ricardo Galvão como director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por divulgar datos sobre la deforestación en la Amazonia, colocando un militar en su lugar, indican que las políticas dictadas por el ministro Pontes van a seguir las líneas fundamentales de sus compañeros del gobierno, alejándose de la gestión basada en datos y evidencias.

La crisis económica de Brasil que comenzó en 2015 se ha utilizado para justificar la demonización del servicio público y el acoso y derribo de las instituciones académicas a través de recortes presupuestarios de universidades y agencias de financiación de la investigación. Sin embargo, las actuaciones y declaraciones del gobierno de Bolsonaro dejan claro que tan sólo una pequeña parte de los problemas que está experimentando la ciencia brasileña se deben al ciclo económico desfavorable. El problema más grave al que se enfrenta es la adopción, por parte del gobierno brasileño, de una visión claramente ultraconservadora, anticuada, anticientífica y antieducativa. Una visión incompatible con la educación y la ciencia modernas, que acabará lastrando gravemente tanto el desarrollo económico y social de Brasil como el bienestar de su población.

Fuente del artículo: https://www.eldiario.es/cienciacritica/Sobrevivira-Brasil-Bolsonaro-Recortes-Espana_6_989411072.html

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Paraguay: En mesas temáticas iniciaron diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa 2030

América del Sur/ Paraguay/ 28.01.2020/ Fuente: www.ip.gov.py.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) inició las jornadas de recopilación de datos y diagnóstico exhaustivo de la realidad educativa del país, trabajo que será abordado mediante las mesas temáticas que integran diferentes grupos y referentes del sector educativo nacional con el fin de diseñar el Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 y la Hoja de Ruta 2020-2030.

En la sede del Banco Central del Paraguay inició desde hoy martes las reuniones de las mesas técnicas con expertos nacionales e internacionales que impulsarán el proceso de diálogo y participación ciudadana en el marco del Proyecto de “Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa 2030”.

En ese sentido el viceministro de Culto, Fernando Griffith informó que las mesas técnicas son necesarias ya que mediante ellas se puede llegar a recopilar datos y contar con diagnóstico fundamental sobre la situación actual de la educación en el Paraguay.

«Se deben recoger y profundizar en el análisis y a partir de ellos reconocer todo lo que ha sido publicado en los últimos años y ver todo el proceso educativo del Paraguay y todas sus reformas, sus éxitos y fracasos, aspectos que aparentemente son menos relevantes, y que sin embargo no lo son, cómo la infraestructura, la provisión de materiales y la formación docente», refirió en contacto con Radio Nacional del Paraguay.

En ese sentido dijo que todos esos puntos serán analizados en estas mesas técnicas para después proseguir con las mesas temáticas. «En estas últimas los gremios, los sindicatos, las asociaciones y los ciudadanos podrán emitir sus opiniones y van a poder sugerir y criticar los procesos ya que este es un proceso participativo amplio democrático y transparente», resaltó.

Griffith explicó que en la jornada se dio apertura a las mesas temáticas de gestión educativa, de desarrollo profesional del educador, de financiamiento educativo, entre otros; que cuentan con el acompañamiento de técnicos extranjeros de la Universidad Columbia de Nueva York y de la Universidad Pontificia de Chile, además de expertos paraguayos egresados de universidades privadas y nacionales.

El ministro dijo que el proceso de las mesas técnicas y temáticas tiene sus etapas y que las mismas culminarían a finales de este año. «Desde el año 1904 el Paraguay cada 30 años el país tuvo una reforma y en esta oportunidad será la primera vez en lo que se hará un proceso participativo y amplio»,  concluyó el viceministro.

Datos proporcionados por la cartera Educativa detalla que el evento es organizado por el MEC, el Ministerio de Hacienda (MH), y la Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República (UGPR), entidades que conforman el Comité Estratégico de Transformación Educativa, conjuntamente con representantes de la sociedad civil de destacada trayectoria, en calidad de miembros titulares y suplentes.

El mismo cuenta con apoyo y el financiamiento del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), con el apoyo de la Unión Europea, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Fuente de la noticia: https://www.ip.gov.py/ip/mediante-mesas-tematicas-iniciaron-diseno-del-plan-nacional-de-transformacion-educativa-2030/

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Alberto Fernández lanzó el programa nacional Argentina Unida por Educación y Trabajo

América del Sur/ Argentina/ 28.01.2020/ Fuente: www.perfil.com.

Se lanzó este lunes el Programa Nacional Argentina Unida por Educación y Trabajo, por el cual titulares de programas sociales refaccionarán escuelas públicas durante el receso de verano. La presentación se realiza en el Club Recreativo Los Indios de Moreno, ubicado en avenida Piovano 2969. Mediante esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Social busca redirigir los programas sociales al trabajo. Se implementará en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, La Rioja, Misiones, Chaco, Santa Fe, Catamarca, Chubut, Salta y Córdoba. También se firmarán convenios con los municipios de Rosario y Córdoba Capital.

«La reconversión de programas sociales al trabajo y la refacción de escuelas para que los niños y niñas puedan comenzar el calendario escolar en mejores condiciones edilicias se logra a partir de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Economía Social de la Nación, que garantiza el incentivo adicional, y las provincias, que aportan los materiales y herramientas para llevar a cabo las tareas de refacción. Asimismo, la UOCRA llevará adelante el control de asistencia y la supervisión de las obras», consignaron desde el Gobierno.

Fuente de la noticia: https://www.perfil.com/noticias/politica/alberto-fernandez-lanza-el-programa-nacional-argentina-unida-por-educacion-y-trabajo.phtml

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Bolivia: Gobierno y maestros urbanos firman acuerdo que garantiza el inicio de labores educativas

América del Sur/ Bolivia/ 28.01.2020/ Fuente: www.la-razon.com.

También se acordó que el Ministerio de Educación trabajará con las normales del país para la formación de maestros del nivel inicial, además que junto al Ministerio de Economía se buscará un incremento del presupuesto destinado a ese sector, pero con la participación de la CTEUB.

El Ministerio de Educación y la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) firmaron un acuerdo que garantiza el inicio de las labores educativas en el país el próximo 3 de febrero.

Según el documento que fue consensuado por las 31 federaciones del país aglutinadas en la CTEUB y el Gobierno, se determina trabajar de manera coordinada en busca de los mecanismos para incrementar auxiliares para el nivel inicial de manera progresiva.

También se acordó que el Ministerio de Educación trabajará con las normales del país para la formación de maestros del nivel inicial, además que junto al Ministerio de Economía se buscará un incremento del presupuesto destinado a ese sector, pero con la participación de la CTEUB.

Asimismo, desde la gestión 2021 el número de estudiantes del nivel inicial en aula será de 25, mientras que otro punto que acordaron es que esa cartera de Estado emitirá un comunicado que señala la suspensión de la aplicación del reordenamiento, y se instalarán mesas de trabajo para su aplicación.

Otra determinación es flexibilizar la hora pedagógica de 35 minutos en el nivel inicial, debiendo respetarse el trabajo de los cinco días hábiles.

Otro punto tiene que ver con las horas de Física y Química y las gestiones que se realizarán para su pago respectivo.

La ministra de Educación, Virginia Patty, aseguró que su despacho se encuentra en constante diálogo con el sector del magisterio urbano, por lo que garantizó el inicio de las labores educativas para el 3 de febrero.

Por su parte, el ejecutivo nacional de los Maestros Urbanos de Bolivia, Ludbin Salazar, aseguró que sus demandas fueron atendidas en un 95%, y que cualquier manifiesto de alguna federación en contra de lo acordado no es «legítimo».

Fuente de la noticia: http://www.la-razon.com/sociedad/Gobierno-maestros-garantiza-labores-educativas_0_3300869901.html

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