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Colombia ahora cuenta con su primera universidad pública indígena

América del sur/Colombia/30 Enero 2020/semana.com

El Ministerio de Educación y el Consejo Regional del Cauca suscribieron un acuerdo para que la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) reciba este año 11.600 millones de pesos para su funcionamiento. ¿Cuál es la historia de esta institución?

A raíz de las múltiples movilizaciones de estudiantes, maestros y ciudadanía en general en los últimos años, la educación ha obtenido una evidente prioridad en la agenda del país. Por ejemplo, en materia presupuestal, los recursos destinados a este sector (44,1 billones) ocupan el primer lugar, por encima ya de defensa (35,7 billones). No obstante, las necesidades en el sector son muchas, y en las recientes marchas, muchos de los manifestantes han reiterado un pedido, el fortalecimiento de la educación superior pública.

Antes de finalizar 2019, el 31 de diciembre, el Gobierno anunció que la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano (Unitrópico), en el Casanare, pasaría de ser privada a pública, con lo que el país inició el 2020 con 20 instituciones públicas pertenecientes al Sistema de Universidades del Estado (SUE).

Ahora, a esa lista del SUE, hay que sumarle una nueva universidad pública, que además se convierte en la primera institución de educación superior indígena del país, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), la cual funciona en el Cauca.

Este viernes, el Ministerio de Educación y la UAIIN suscribieron en Popayán un Convenio que asegura la financiación de la base presupuestal de la Institución, con lo que se le garantiza aportes de la Nación por un monto de 11.600 millones de pesos. De esta manera la Universidad se convierte oficialmente en parte del Sistema de Universidades del Estado.

Estos recursos serán destinados al financiamiento de los gastos de funcionamiento (pago de profesores, administrativos, adquisición de bienes y servicios y otros gastos generales). Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, precisó que en el primer trimestre del año se firmará un nuevo convenio para asignarle a la universidad recursos para inversión.

Con la firma del Convenio ahora queda habilitado, y de manera permanente, la transferencia de recursos de la Nación para la Universidad que antes funcionaba únicamente con recursos propios. Adicionalmente, se abre la posibilidad para que la Institución acceda a las demás fuentes de financiamiento para la educación superior pública.

La universidad fue concebida por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que tras consolidar el proyecto mediante sus proyecto de participación internos, adquirió su sede administrativa en el 2003; solo con recursos de las autoridades indígenas. Con la movilización indígena del 2013, fue firmado el decreto 1953, el cual reconoció los sistemas de gobierno propio de las comunidades indígenas; entre ellos el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), que dentro de sus componentes abrió el camino para el reconocimiento por parte del Gobierno a una universidad indígena.

A partir de ese momento, inició el camino hacia la acreditación de calidad, un filtro realizado por académicos nacionales e internacionales que verifican el estado de la universidad desde componentes administrativos y pedagógicos. De esa manera, es hasta finales de 2018 cuando la UAIIN adquiere el registro calificado para 10 programas de formación. Aunque durante 2019 funcionó solo con recursos propios, desde ahora la Universidad funcionará con los aportes del Gobierno.

Para este año la UAIIN tiene poco más de 1.000 estudiantes matriculados en los programas académicos que se construyeron conjuntamente con la Cric: Pedagogía Comunitaria, Administración y Gestión Propia, Buen Vivir Comunitario 6 , Lenguas Originarias, Derecho Propio Intercultural, Revitalización de la Madre Tierra, Salud Propia Intercultural, Comunicación Propia Intercultural, Pedagogía de las Artes Ancestrales.

Además de la Ministra de Educación, en el acto de firma del Convenio estuvieron presentes la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y el representante legal del Cric y de la UAIIN, Hermes Evelio Pete Vivas, quien estuvo acompañado por un grupo de autoridades indígenas.

Fuente e imagen tomadas de: https://www.semana.com/educacion/articulo/colombia-ahora-cuenta-con-su-primera-universidad-publica-indigena/649188

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Se realiza en Chile Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Se realiza en Chile Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Igualdad de género centra atención de foro regional de mujeres en Chile

Con el tema central autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, comienza hoy la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Este es considerado el principal foro intergubernamental sobre los derechos de la población femenina y la igualdad de género en la región.

Al evento, que sesionará hasta el próximo viernes en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en esta capital, reúne a una veintena de ministras de la Mujer y otras altas autoridades relacionadas con organizaciones e instituciones vinculadas al desarrollo y empoderamiento de la población femenina.

El encuentro, auspiciado por la CEPAL con el apoyo de ONU Mujeres contará además con la asistencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil, del sector académico, de organismos intergubernamentales y del sistema de las Naciones Unidas, entre otras personalidades.

La Conferencia regional es un órgano subsidiario de la CEPAL, convocado regularmente desde 1977 para identificar la situación en el área con respecto a la autonomía y los derechos de las mujeres, y presentar recomendaciones en materia de políticas públicas de igualdad de género.

También realiza evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos regionales e internacionales y sus últimas ediciones se realizaron en Montevideo (2016), Santo Domingo (2013), Brasilia (2010) y Quito (2007).

En esta cita la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presentará el documento central La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, que ser{a el fundamento para los debates de las delegaciones.

El programa del encuentro incluye seis paneles, una sesión especial, una mesa redonda y más de 30 eventos paralelos.

Entre otros, sobresale el panel de alto nivel sobre la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, adoptada en 2016 durante la XIII Conferencia Regional.

Asimismo la sesión especial estará dedicada al 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, mientras que la mesa redonda abordará los desafíos de las políticas integrales para la igualdad de género.

También habrá paneles temáticos sobre globalización e igualdad de género, revolución digital, economía del cuidado y cambio climático.

CEPAL llama a defender igualdad de género en América Latina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) llamó este lunes a los gobiernos de la región a cumplir sus compromisos respecto a la igualdad de género y la autonomía de las mujeres.

En el marco de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que iniciará el próximo martes en la capital de Chile, la organización presentará dicho planteamiento en el informe “La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes”.

A cargo de la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, el documento expresa la necesidad de garantizar los derechos de todas las personas sin excepción y el obstáculo que representan las desigualdades de género para el desarrollo sostenible de las naciones.

Video insertado

Asimismo, plantea los avances en la materia alcanzados en la región, sin embargo, insiste en que hay obstáculos que necesitan ser eliminados.

“Este encuentro será especialmente importante, ya que tiene tono de evaluación en un contexto claramente regresivo”, indicó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, quien asistirá a la Conferencia.

El evento regional reunirá a 20 ministras de la Mujer, catedráticos, representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como varias agrupaciones de la sociedad civil.

Comunicado CEPAL: Igualdad de género y autonomía de las mujeres deben estar en la base del nuevo modelo de desarrollo que requiere con urgencia la región

Los países de América Latina y el Caribe deben acelerar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Gobiernos para el logro de la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en la región, en el marco del complejo contexto económico actual y teniendo en cuenta los múltiples desafíos que plantean las transformaciones tecnológicas, demográficas y climáticas en curso, sostiene la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en una nueva publicación.

“Las desigualdades de género son un obstáculo para el desarrollo sostenible, y los cambios en el escenario que enfrenta la región son una manifestación de la urgencia de avanzar decididamente hacia estilos de desarrollo que contemplen en sus cimientos la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, así como la garantía de los derechos de todas las personas sin excepción”, señala la CEPAL en el documento La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes.

La región está creciendo menos, a la vez que se incrementan las desigualdades y la pobreza aumenta. Esto plantea una situación compleja en lo que respecta al gasto social y, sobre todo, a las políticas que repercuten en la vida de las mujeres, indica el informe que será presentado oficialmente por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional, durante la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebra del 27 al 31 de enero de 2020 en Santiago, Chile.

En el encuentro, organizado por la CEPAL con apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), participarán los Vicepresidentes de Colombia, Costa Rica y El Salvador y una veintena de ministras de la Mujer y altas autoridades de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de la región, además de representantes de organizaciones de la sociedad civil, del sector académico, de organismos intergubernamentales y del sistema de las Naciones Unidas.

En sus más de 200 páginas, el informe reconoce importantes avances en materia de igualdad de género y autonomía de las mujeres en la región. Se ha progresado especialmente en lo referente a los marcos normativos e institucionales para el diseño e implementación de políticas en las tres dimensiones de la autonomía de las mujeres: física, económica y en la toma de decisiones. Pero persisten diversos nudos estructurales que es necesario desatar, apunta la Comisión.

El número de mujeres sin ingresos propios se redujo del 41,0% en 2002 al 27,5% en 2018, sin embargo, este último porcentaje sigue siendo superior al de los hombres en la misma situación (13,1%). Esto implica que cerca de un tercio de las mujeres de la región depende totalmente de otros para su subsistencia, lo que se suma al hecho de que están sobrerrepresentadas en la población en situación de pobreza: el promedio regional del índice de feminidad de los hogares en situación de pobreza (que incluye a 18 países) subió de 105 mujeres por cada 100 hombres en 2002 a 113 mujeres por cada 100 hombres en 2018.

Por el contrario, el documento señala que las mujeres están subrepresentadas en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que limita sus posibilidades de una mejor inserción económica, y, en un contexto global de creciente expansión y volatilidad de los mercados financieros, persisten condiciones desfavorables de acceso al crédito para ellas. El monto total de crédito vigente de las mujeres equivale a un 57% del monto de los hombres en el caso de Chile, a un 67% en el caso de Costa Rica y a un 59% en el caso de Guatemala.

La automatización, apunta el estudio, traerá cambios en la organización del trabajo remunerado, afectando principalmente actividades que concentran tareas rutinarias. Se estima que un 50,1% de las mujeres de la región se desempeñan precisamente en trabajos no calificados o de servicios, ocupaciones con alta probabilidad de automatización.

Uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género en la región es la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado. Las mujeres de la región dedican diariamente el triple del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, plantea el documento.

El informe indica que en América Latina y el Caribe las mujeres son las principales responsables de cubrir las necesidades de cuidado de las personas adultas mayores, en un contexto, además, de feminización de la vejez: por cada 100 hombres de 60 años y más hay 123 mujeres en ese mismo tramo etario, mientras que para el caso de la población de 80 años y más la cifra alcanza 159 mujeres por cada 100 hombres.

Según la CEPAL, es preciso redoblar los esfuerzos para diseñar políticas públicas de igualdad que reconozcan el aporte de las mujeres a la economía a través del trabajo doméstico y de cuidado no remunerados, y que promuevan la corresponsabilidad y una distribución más justa de las cargas de trabajo. Si los Estados no brindan prestaciones y servicios públicos adecuados, las familias, y en particular las mujeres, tendrán que responder de forma individual, cada vez más, a las exigencias de cuidado de las personas mayores, muchas veces a expensas de su participación en el mercado laboral, su bienestar y su realización personal, dice la Comisión.

El informe denuncia, de igual forma, la invisibilización de las mujeres indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, la proporción de mujeres jóvenes afrodescendientes que no estudia ni trabaja de manera remunerada es 2,6 veces superior a la de los jóvenes no afrodescendientes ni indígenas.

“Para avanzar hacia el logro de la autonomía y los derechos de las mujeres en el contexto actual, es necesario un abordaje integral y transformador de la política pública. Debe analizarse la interacción entre las políticas macroeconómicas, productivas, de innovación, climáticas y de empleo con las políticas de cuidados, de educación, de migración, de salud y de erradicación de la violencia contra las mujeres, y avanzar para superar estos desafíos de forma conjunta”, propone la CEPAL.

Se invita a los medios de comunicación a cubrir esta Conferencia Regional, que se realizará en la sede de la CEPAL (Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago, Chile). Los periodistas deben portar la credencial de su medio o su credencial de identidad para tener acceso al recinto y acreditarse con anterioridad.

La Argentina llevará a la CEPAL un planteo sobre las tareas de cuidado

“Es la primera vez que el Estado pone en agenda pública y de una manera integral el aspecto desigual de las tareas de cuidado”. Quien asegura esto es la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a horas de participar de la decimocuarta edición de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que forma parte de la Cepal. Dedicado a evaluar, discutir y elaborar estrategias comunes de cara al cumplimiento y ampliación de los derechos de las mujeres, este encuentro tendrá lugar en Chile entre hoy y el viernes. Viene siendo pospuesto desde noviembre, debido a las protestas multitudinarias que llevó a cabo el pueblo de ese país contra el sistema político y que aún persisten, aunque con menos intensidad.

“Este encuentro será especialmente importante, ya que tiene tono de evaluación en un contexto claramente regresivo”, destacó Gómez Alcorta en diálogo con este diario. Las representantes de los países que integran la región de América Latina y el Caribe culminarán con dos documentos: uno de evaluación respecto de las esferas de acción demarcadas en la mítica Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, a cargo de la ONU, de la que se cumplen 25 años. Significó el consenso de 189 sobre “objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género” a nivel mundial. El otro pondrá en análisis lo hecho y lo adeudado en torno a la llamada “Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género”, a cargo de la última conferencia de la Cepal.

“Argentina y Uruguay históricamente fueron vanguardia en cuanto a derechos de las mujeres, incluso más que Europa. Uruguay tiene aborto, nosotros identidad de género, matrimonio igualitario. Ahora, no obstante, el balance es otro, nos encontramos con una región muy regresiva al respecto, con Brasil a la cabeza de ese retroceso. Tenemos que pensar juntas cómo recomponer y avanzar”, señaló la ministra. Durante la conferencia, Gómez Alcorta tendrá a su cargo una presentación especial sobre las tareas de cuidado, además de mantener reuniones bilaterales con la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, y con la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspang, entre otras.

–¿Qué lleva la Argentina a la conferencia regional?

–Por un lado, la decisión política de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, una decisión que implica el reconocimiento de parte del Estado de las desigualdades y de las violencias por razones de género, la decisión de jerarquizar las políticas públicas para abordar estas problemáticas, la claridad de que no hay posibilidad de achicar desigualdades si no se abordan las problemáticas de manera transversal a todo el Estado. Además, llevamos las políticas de cuidado como punto central a trabajar para empezar a mitigar desigualdades, algo que por primera vez en el país se abordará con una visión integral. Creemos que es imposible hacer frente a estas problemáticas con políticas neolioberales, con Estados que se achican y se limitan y con modelos de desarrollo excluyentes.

¿Qué problemáticas incluyen las tareas de cuidado y qué desigualdades revelan?

–Todas las personas en algún momentos de nuestras vidas debemos ser cuidadas. Históricamente, por la división sexual del trabajo, estas tareas de cuidado quedaron en manos de las familias y, hacia el interior de esos grupos, de las mujeres. Esa distribución inequitativa es uno de los nudos centrales de las desigualdades entre las mujeres, disidencias y varones porque tiene implicancias directas en nuestra inserción en el mundo de trabajo, en el educativo, en el político. Es el Estado el que debe intervenir para que esas tareas se puedan distrubuir de un modo solidario entre su estructura, el sistema privado, las familias y la comunidad. Y dentro de las familias, para cambiar los estereotipos que llevan a naturalizar que somos las mujeres las que debemos hacernos cargo. Solo el Estado puede mirar esto integralmente y es este Ministerio el que puede coordinar políticas que que otros como Desarrollo Social, Trabajo, Educación, la agencia de discapacidad, el Anses, el Pami, puedan elaborar para empezar a ordenar esto.

-¿Hay líneas de trabajo que avancen en este sentido para presentar en la conferencia?

-Sí. El hecho de que por primera vez se ponga en agenda pública y de una manera integral el aspecto desigual de las tareas de cuidado, y se lo empiece a abordar desde políticas intersectoriales e interministeriales es un gran avance.

-¿Cuenta Argentina con estadísticas que permitan graficar la problemática sobre la distribución desigual de las prácticas de cuidado?

-No. Lo más cercano es la encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo que desarrolló el Indec en 2014. Allí se demuestra que nosotras, las mujeres, usamos seis horas de nuestro día para tareas de cuidado y los varones, dos. Pero también otra cosa: que el quintil más empobrecido de las mujeres dedican ocho horas diarias a las tareas de cuidado, mientras que el quintil más pudiente, tres. Las mujeres en mejor posición económica tercerizan las tareas de cuidado, porque pueden. Eso demuestra la variable socioeconómica, de clase, de esta veta desigual. En diciembre de 2019 se aprobó por ley la realización anual de esta encuesta. Desde el Ministerio, además, crearemos un mapeo federal de los servicios públicos y privados de cuidado: guarderías, geriátricos.

-A priori, ¿qué se sabe de los servicios de esta clase ofrecidos por el Estado?

-Para los bebés de 0 a 2 años, el Estado provee de guarderías y jardines maternales para tan solo el 6 % de la población de esa franja. Lo cual deja, en el 94 % restante, el cuidado en manos de la familia, que deben evaluar si cuentan con recursos para pagar un privado o no. En cuanto a geriátricos, el programa de cuidado público para tercera edad no cubre más del 5 % de los hogares que lo requieren. Eso hay que leerlo en clave de derechos de la persona que debe ser cuidada: el Estado no está velando por ellos. Pero también, y por otro lado, en términos de las obligaciones y los derechos de aquella persona que cuida, del trabajador o trabajadora, en su mayoría. Las trabajadoras de cuidado implican un sexto del empleo femenino en el país. Tienen los salarios más bajos de todos y la informalidad más alta. El 75 % de las mujeres de casa particulares no están registradas. Poner en agenda esto es difícil porque es todo nuevo el análisis que requiere.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/01/comienza-en-chile-la-xiv-conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe/

 

 

 

 

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Más de 50 muertos en Brasil: no son las lluvias, es la voracidad de las mineras y la precariedad habitacional

Más de 50 muertos en Brasil: no son las lluvias, es la voracidad de las mineras y la precariedad habitacional

Las lluvias torrenciales son un fenómeno meteorológico previsible, de hecho suelen ocurrir durante el verano. Sin embargo, se transforman en cataclismos debido a que la política de los gobernadores de turno están direccionadas hacia una porción de la población, los empresarios y los sectores pudientes.

BELO HORIZONTE (BRASIL), 27/01/2020.- Vecinos miran los daños causados por el desbordamiento del río Das Velhas este lunes, tras las lluvias torrenciales, en Sabara, en la región metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais (Brasil). EFE/ Yuri Edmundo

En la provincia de Minas Gerais más de 47 personas murieron tras los fuertes temporales que azotan la región. El boletín divulgado por Defensa Civil de la provincia reporta además 18 desaparecidos, 13.887 desalojados y 3.354 personas que fueron acomodadas en alojamientos improvisados en escuelas y gimnasios públicos. Más de 100 municipios fueron declarados en emergencia.

BELO HORIZONTE (BRASIL), 27/01/2020.- Ciudadanos trabajan para arreglar sus casas y calles este lunes, debido a los daños causados por el desbordamiento del río Das Velhas, tras las lluvias torrenciales, en Sabara, en la región metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais (Brasil). EFE/ Yuri Edmundo

En la provincia de Espírito Santo, que desde el 17 de enero también sufre el embate de las lluvias estivales, hubo 9 muertos, 8.777 personas desalojadas y hay 1.312 personas sin hogar. Según informa el diario Folha de S.Paulo, “20 municipios capixabas [de Espírito Santo] se encuentran en alerta máxima frente a posibles inundaciones y deslizamientos de tierra. En Colatina, ciudad de 120.000 habitantes a 130 km de [la capital del estado] Vitoria, el nivel del Rio Doce pasó la cota de inundación y el agua invadió la ciudad”.

Las ciudades de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta y Rio Novo do Sul están en estado de calamidad pública. Las nueve muertes ocurrieron en esas ciudades y más de 5.000 personas siguen desalojadas. Pero es el município de Alegre el que tiene más personas sin hogar: 2.300 habitantes no tienen condiciones de quedarse en sus casas y tampoco tienen adónde ir. Hay varios puntos cortados parcial y totalmente en las rutas que atraviesan Espírito Santo, lo que dificulta las tareas de rescate y las comunicaciones.

ALFREDO CHAVES (BRASIL), 18/01/2020.-Captura de televisión de las lluvias en el estado de Espirito Santo, en el sureste de Brasil. EFE/ Adriano Zucolotto/Governo ES

Las historias son desgarradoras. Gilberto do Carmo Silva, de 41 años, habló por última vez con su madre, Marlene do Carmo Silva, de 58 años, alrededor de las 20 horas del viernes. “Me dijo que estaba todo bien”, recordó el albañil. “Minutos después me llamó un amigo, diciendo que me necesitaban en el barrio, que había ocurrido una tragedia. No pasó por mi cabeza que era esto”, recordó conmocionado. Su madre y tres hermanos murieron en un deslizamiento de tierra en el barrio Vila Bernardete, en Barreiro, Belo Horizonte. El albañil, mientras recibía el consuelo de amigos, dijo que es difícil saber qué va hacer de acá en adelante. “No lo se. Mi madre era nuestro soporte. Todos nos ayudábamos. Solo Dios. Es un dolor que no va a pasar”.

En Pacotuba, tres pescadores fueron rescatados de un árbol frutal. Según un mayor de Núcleo de Operaciones y Transportes Aéreos (Notaer), órgano militar involucrado en los rescates, los hombres estaban aislados hace cuatro días, y en los últimos dos decidieron subir al pie de jamelão porque estaban sin comida. En el mismo municipio, un productor rural fue rescatado luego de estar cuatro días sin comer tras de quedar aislado en su casa.

El factor de las lluvias no es la causa determinante de la tragedia que azotó principalmente Minas Gerais, pero también Espírito Santo, otra provincia de la misma región sudeste. Las lluvias torrenciales son un fenómeno meteorológico previsible, de hecho suelen ocurrir durante el verano. Sin embargo, se transforman en cataclismos debido a que la política de los gobernadores de turno están direccionadas hacia una porción de la población, los empresarios y los sectores pudientes.

Recién cuando la tragedia anunciada se materializó en

enas de muertos, los gobiernos federal, provincial y municipal se mostraron prestos a resolver los problemas. El Ministerio de Desarrollo Regional (MDR) amplió en forma sumaria a 47 la cantidad de municipios mineros en situación de emergencia por los temporales, y dispuso más de 20 millones de dólares para acciones de socorro, asistencia y reconstrucción en todo el país.

Sin embargo, los muertos, los desaparecidos, las pérdidas irrecuperables de las familias, podía haber sido evitada. Todos los años las historias se repiten. Les trabajadores y el pueblo pobre son las mayores víctimas de las lluvias de verano. La acción de las empresas sobre los suelos y las barreras naturales de los caudales son impulsadas a lo largo de todo el años por los gobernadores de turno. La responsabilidad de que el aumento de las lluvias se transforme en un aluvión que barre las casas de la población es de ellos, gobernadores y empresarios, que viven bien resguardados. Los 20 millones de dólares, que salen del erario público, son una migaja al lado de las enormes ganancias que hacen las grandes mineras y constructoras.

ALFREDO CHAVES (BRASIL), 18/01/2020.-Captura de televisión de las lluvias en el estado de Espirito Santo, en el sureste de Brasil. EFE/ Adriano Zucolotto/Governo ES

Sigue viva en la memoria colectiva la tragedia de Brumadinho, que hace un año se cobró la vida de 259 personas y dejó 11 desaparecidos. Es un ejemplo gráfico de la terrible dinámica capitalista. Como expresaba el MRT, grupo que impulsa Esquerda Diário de Brasil, en aquel momento: “[el gobernador] Zema mantuvo en su gobierno al secretario de Medio Ambiente que fue responsable por reducir etapas de licenciamiento ambiental durante los años de Gobierno del PT, y el vicepresidente de su Partido Novo en Minas Gerais salió a defender a la gigante minera Vale en las redes sociales después del crimen social que provocó en Brumadinho.

En el Gobierno de Bolsonaro ingresaron representantes de las mineras, profundizando lo que ya venía ocurriendo en el gobierno golpista de Michel Temer, como Leonardo Quintão, exdiputado abiertamente financiado por las mineras y que hoy integra el Gabinete de Bolsonaro, dirigido por Onyx Lorenzoni, que por su parte declaró que “no habrá ningún tipo de intervención del Gobierno en la Vale”. El general Franklimberg Freitas, que era del consejo de la minera Belo Sun y reasumió en el gobierno de Bolsonaro el comando de la Fundación Nacional del Indio (Funai)”.

Año tras año las lluvias de verano provocan víctimas fatales e inmensos daños materiales precisamente en la vida de las personas más pobres, expuestas a los lugares más precarios de vivienda. Los trabajadores y el pueblo pobre tienen planteado poner sus organizaciones al servicio de la lucha contra la voracidad capitalista y por un plan de mejoramiento de sus condiciones de vivienda y de vida y de preservación del medioambiente.

 

Fuente de Imágenes: EFE

Fuente de la Información: https://www.laizquierdadiario.com/Mas-de-50-muertos-en-Brasil-no-son-las-lluvias-es-la-voracidad-de-las-mineras-y-la-precariedad

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Ecuador: Festejar la dolarización

Festejar la dolarización

Ecuador, lunes,  13 de Enero, 2020

Juan J. Paz y Miño C.

Como en ningún otro aniversario, al cumplirse 20 años de la adopción del dólar norteamericano como moneda nacional del Ecuador, intelectuales de la derecha universitaria, así como políticos, empresarios y medios de comunicación con iguales visiones, se dedicaron, en pasados días, no solo a defender la dolarización (pocos con algunas razones económicas bien argumentadas), sino a rescatarla como una decisión benéfica para el país, inevitable en las condiciones de los años 1999/2000, y como un régimen que ha traído estabilidad monetaria, seguridad, confianza y emprendimiento.

El expresidente Jamil Mahuad (1998-2000), quien decretó la dolarización violando la Constitución de 1998, conminando y amenazando al directorio del Banco Central para que la adoptara, sin los estudios técnicos que la justificaran e incluso sin conocimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), que era, por entonces, una institución de obligada consulta, fue ampliamente entrevistado y, además, destacado por haber asumido la decisión dolarizadora. Paralelamente también se lanzó la idea de “festejar” la dolarización, incluyendo para ello la presencia de Domingo Cavallo, “padre” del sistema de convertibilidad en Argentina durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999); y que en Ecuador vino a sostener, sin ningún fundamento histórico, que “sin dolarización Ecuador estaría como Venezuela”. Tampoco faltaron los académicos del “establishment” que, desde sus propias filas, igualmente festejaron los 20 años dolarizados y sus “logros”.

Toda esta campaña ideológica del presente oculta la historia, para salvar en ella a una serie de políticos y gobernantes, pero sobre todo a una elite social privada, que hegemonizó con sus intereses sobre la economía del país desde los años 80 del pasado siglo, y que fue la beneficiaria inmediata y directa de la dolarización, en perjuicio de los más amplios sectores sociales de la época.

Porque la dolarización fue un momento especial de la construcción del modelo neoliberal-empresarial, tibiamente iniciado por Osvaldo Hurtado (1981-1984) en sus dos últimos años de gobierno, definitivamente marcado por León Febres Cordero (1984-1988), consolidado por Sixto Durán Ballén (1992-1996), quien fue el continuador económico del febrescorderismo, y reproducido por todos los gobernantes posteriores hasta 2007. Ese modelo económico compaginó con la globalización transnacional de la época y recibió las guías conductoras del FMI a través de las 16 cartas de intención suscritas por el país entre 1983 y 2003. De este modo se caminó hacia la edificación de una especie de paraíso para las capas más ricas del Ecuador, que se apoyaron en tres consignas centrales: 1. reducir el Estado a sus mínimas capacidades económicas; 2. suprimir o reducir impuestos directos y particularmente los que afectan al empresariado; 3. flexibilizar las relaciones laborales para disminuir costos y maximizar las ganancias. Es la misma trilogía actualmente vigente, en el segundo momento del modelo neoliberal-empresarial revivido por el gobierno de Lenín Moreno.

En ese telón de fondo, quien puso los cimientos de la debacle bancaria que vendría a fines de los noventa y que condujo a la dolarización, fue el gobierno de Sixto Durán Ballén, con la Ley de Instituciones Financieras (1994), que introdujo el concepto de banca múltiple, permitió los créditos vinculados, maniató a la Superintendencia de Bancos y posibilitó los créditos de liquidez del Banco Central que sirvieron para “salvar” a los bancos privados, entre los cuales el Banco Continental fue el primero en “caer” (1996), seguido luego por otras 15 instituciones financieras. Los ciudadanos quedaron impotentes ante el cierre de los bancos, los “salvatajes”, la pérdida de sus ahorros, la fuga de los banqueros corruptos y el contubernio de los sucesivos gobiernos con la clase bancaria y los empresarios ligados a sus desafueros.

Después de la sucretización de las deudas privadas durante el gobierno de Hurtado (deudas empresariales en dólares transformadas a sucres, pero pagadas en dólares por el Estado), y de la resucretización efectuada por Febres Cordero, la debacle bancaria fue el tercer gran atraco privado al país y a sus habitantes. Porque el modelo neoliberal, que agravó las condiciones de vida y trabajo de la población, condujo al negociado con recursos del BCE, al feriado bancario de 1999 y a las pérdidas de recursos de los ahorristas, así como a la ruina de los pensionistas jubilados, que no solo lloraron y se quejaron a diario, sino que incluso acudieron al suicidio, como reportaron los mismos medios periodísticos de la época. Varios de los nombres de los defensores de aquel modelo y, sin duda, de la dolarización actual, fueron actores directos de las políticas seguidas en aquellos años, aunque hoy son presentados como personajes de criterios ejemplares.

Un libro que circuló en 1999, escrito por varios autores desde distintas ópticas, y con el título Bancos y banqueros, da cuenta de esos procesos que alarmaron al Ecuador y que hasta hoy siguen en la impunidad. Uno de los autores utilizó un título que retrata exactamente lo que sucedía: “Ratas, rateros y banqueros”.

La dolarización fue el resultado de esa debacle económica e institucional (entre 1996-2006 hubo 7 gobiernos, 1 dictadura nocturna y tres presidentes derrocados: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez). Cuando se implantó el sucre como unidad monetaria del país (1884), la paridad del dólar fue de 1 sucre; cuando se creó el Banco Central (1927) fue de 5 sucres; al iniciarse la fase democrática (1979) tras las dictaduras petroleras de los setentas, el dólar equivalía a 25 sucres; pero la dolarización se adoptó con 25 mil sucres por dólar. Ese momento quedaron pulverizados los salarios de los ecuatorianos, porque el salario mínimo pasó a equivaler 4 dólares, mientras fugaban capitales, se sobre-enriquecía una elite que había acumulado en dólares y la impotencia social movilizada en protestas en las calles, apenas logró la caída de Mahuad, porque el sucesor, Gustavo Noboa (2000-2003) fue quien efectivamente dolarizó la economía y apuntaló, aún más, el modelo neoliberal-empresarial. El estudio de las consecuencias previsibles de la dolarización ecuatoriana, quedó en otro libro colectivo, titulado Dolarización. Informe urgente (2000).

No es cierto que la dolarización permitió estabilizar al país. Así lo demuestran varios artículos del reciente libro Dolarización: dos décadas después (1999). Pero, además, no puede olvidarse que quienes la sostuvieron fueron los miles de migrantes que, ante el derrumbe de la vida y el trabajo, salieron a España, Italia y los EEUU. Las remesas enviadas por esos migrantes a sus familias representaron, casi durante una década posterior, el segundo rubro de ingresos para el país después de las exportaciones de petróleo. Según el Banco Mundial (BM), en 2006 Ecuador recibió 2.922 millones de dólares por remesas, las que llegaron a representar el 6% del PIB. Y, de otra parte, a pesar de la dolarización, fue la población ecuatoriana la que aprendió a sobrevivir con la extraña moneda, la que tuvo que sufrir no solo por los desafueros bancarios sino por la arremetida contra sus derechos laborales, y la que experimentó el abismo entre sus ingresos y el de las elites económicas enriquecidas a costa de todo el país.

Hay responsables históricos del modelo neoliberal-empresarial y de la dolarización, aunque se trate de que hoy aparezcan como referentes académicos, periodísticos y políticos. Se argumenta, como en efecto es así, que hoy los ecuatorianos no quieren salir de la dolarización. No es porque el sistema sea “bueno”, sino porque históricamente se recuerda el manejo de las elites con el sucre, las devaluaciones, los intereses usureros, los salvatajes. Al menos la población experimenta que puede conservar su poder adquisitivo y que ya no existe el riesgo descontrolado de la inflación.

Sin embargo, celebrar la dolarización es como celebrar la conquista española: se olvidan los acontecimientos de inicio, para sostener, a estas alturas, que “gracias” a la conquista española hoy tenemos religión católica, idioma castellano, ciudades de origen colonial y cultura occidental. Ya no se ve la destrucción ocasionada por la conquista, la subordinación de las poblaciones indígenas, la introducción de las formas más agudas de explotación de la fuerza de trabajo, el inicio del subdesarrollo y de la acumulación originaria. La dolarización parece lucir hoy un beneficio económico, porque se silencia a la población que sufrió, que perdió patrimonios, que cayó en sus niveles de ingresos, de vida y de trabajo.

El Ecuador salió adelante por su gente y no por la elite que continúa con su atrasada visión económica para completar el cuadro de beneficios exclusivos mediante las políticas que todavía faltan profundizar, de la mano de los compromisos con el FMI: flexibilizar el trabajo y privatizar bienes y servicios del Estado.

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/festejar-la-dolarizacion/

Autor: Juan J. Paz y Miño C.

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Bolivia: nace organismo para la defensa de los derechos humanos de los trabajadores y el pueblo

Bolivia: nace organismo para la defensa de los derechos humanos de los trabajadores y el pueblo

En un escenario de crecientes y brutales tendencias represivas, de persecución política y donde los derechos a la libertad de prensa y de expresión son coartados, trabajadoras, trabajadores, profesionales independientes, estudiantes y activistas por los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa dimos inicio al lanzamiento de un organismo de “Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal” (ProDHCre).

Estuvieron presentes tomando la palabra, familiares de presos políticos de El Alto, denunciando el calvario que vienen pasando para liberar a sus familiares, desde hace más de dos meses atrás. Se trata incluso de personas con discapacidad, menores de edad y mujeres que están separadas de sus hijos, que han sido detenidas de manera irregular y arbitraria. «Nadie habla de lo que está pasando con nosotros, es terrible está situación», señala María P., expresando la falta de acceso a justicia, el montaje por supuesta sedición, así como la situación política que ha puesto estos casos debajo de las piedras, mientras se habla de «Democracia».

Conferencia de prensa de lanzamiento del ProDHCre:

https://www.facebook.com/lid.bolivia/videos/471765720156230/

«Quienes impulsamos este centro ya venimos desarrollando acciones por la defensa de los derechos humanos de las y los trabajadores y del pueblo pobre que ha venido resistiendo al golpe de Estado», afirmaron voceros del ProDHCre.

Miembros de la LOR-CI, grupo que impulsa La Izquierda Diario en Bolivia, declararon que «hemos realizado junto con otras organizaciones actividades de solidaridad con familiares de las víctimas de Senkata, como fue la exitosa Kermés solidaria del pasado 8 de diciembre. Luego de estas experiencias y frente al creciente escenario de persecución política y de vulneración de derechos y libertades democráticas básicas, con detenciones arbitrarias, silenciamiento a radios comunitarias, entre otros atropellos, vimos la urgente necesidad de impulsar un organismo, con principios claros de independencia política de los partidos del régimen y del Estado, que defienda los Derechos Humanos y contra la represión estatal».

Según datos oficiales, con informes de la propia CIDH, el nuevo régimen de Áñez en poco tiempo tiene un saldo de casi 40 asesinados de los que no se dice nada. Fueron más de mil detenidos durante las movilizaciones de noviembre. Hoy continúan como presos políticos más de un centenar de personas. Luego del acuerdo de “pacificación del país” firmado entre el llamado “régimen de transición” y los parlamentarios del MAS que negociaron sobre la sangre derramada de los asesinados en las masacres de Sacaba, Senkata y Ovejuyo y que les sirvió como moneda de cambio para hacerlo en mejores términos, para el pueblo trabajador y los sectores populares empobrecidos nada ha cambiado, solo un aumento exponencial de la represión.

«Hemos visto de manera pregnante cómo los organismos de derechos humanos han tomado partido por el campo golpista o los que estaban con el MAS pasaron a la inacción. Creemos que hoy más que nunca es fundamental contar con un organismo al servicio de la lucha del pueblo trabajador del campo y de la ciudad, de las mujeres, de las diversidades sexuales, contra la represión estatal y por la defensa de los derechos humanos. Quiénes conformamos este centro hemos peleado durante el gobierno del MAS contra sus medidas cada vez más autoritarias y de judicialización de la protesta», afirmaron desde el flamante organismo.

Hoy esta pelea sigue en pie ya que los métodos de persecución y amedrentamiento utilizados por el MAS han venido siendo implementados a escala “industrial” por el régimen de Áñez, impuesto por la movilización cívica, clerical, empresarial, policial y militar que consumó el golpe de Estado y del que también es responsable el MAS que traicionó la lucha de los sectores campesinos, de los vecinos y del pueblo de Sacaba y Senkata que se organizaron de manera independiente para resistir al golpe mientras el cerco mediático denigraba esta lucha calificándola de vandálica.

El MAS es responsable de haber entregado a la derecha, en bandeja, las banderas democráticas luego de haber vulnerado el resultado del 21F y la seguidilla de recursos que optó para ir por una cuarta reelección. Todo esto lo utilizó la derecha golpista para ser hoy quiénes administran el Estado imponiendo medidas que van en contra del pueblo trabajador. Nada se puede esperar del MAS que hoy sólo elige candidatos y nada hace por defender a los cientos de presos y perseguidos sólo por pensar diferente al nuevo régimen menos aún luego de que con los 2/3 que tienen en el Parlamento solo se han encargado de negociar con Áñez y su gabinete dándole legitimidad al golpe de Estado que ellos mismos denunciaron.

Desde el ProDHCre afirmaron que «somos conscientes que la justicia ha sido formada para defender los intereses de unos cuantos que viven del poder mientras el pueblo se encuentra en indefensión, más aún con el golpe que más que ser contra el gobierno del MAS, fue contra el pueblo. Estos sectores empobrecidos, de trabajadores y trabajadoras que para sostener la defensa de sus familiares se ven en la necesidad de pagar sumas exorbitantes, quedándose sin dinero hasta para pagar su comida, demostrando que esta justicia es para los ricos», e invitaron a sumar fuerzas en el organismo.

Fuente de la Información: https://www.laizquierdadiario.com/Bolivia-nace-organismo-para-la-defensa-de-los-derechos-humanos-de-los-trabajadores-y-el-pueblo

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Chilapa, narcoparamilitarismo y resistencia

Chilapa, narcoparamilitarismo y resistencia

Luis Hernández Navarro

Alta, morena, delgada, doña Escolástica Luna porta un fusil con cargador adaptado. Nahua, de 71 años, vive en la comunidad Rincón de Chautla, Chilapa. Es parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

Durante dos años y 10 meses, doña Es­colástica luchó por la liberación de sus hijos Bernardino y David Sánchez Luna, injustamente presos junto a otros seis indígenas, acusados de delitos que no cometieron. Fueron detenidos en ma­yo de 2006, por negarse a entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, pues abría las puertas a la privatización del ejido y provocaba la división del pueblo.

Con los hombres presos, doña Escolástica fue nombrada comisaria del pueblo. Comenzó entonces una labor para que sus hijos fueran liberados, mientras gestionaba mejoras para la comunidad y sus habitantes. Incansable, recorrió caminos y ciudades para abrir puertas de oficinas gubernamentales y en solidaridad con otras luchas campesinas. Más adelante, cuando arreció la represión, aprendió, junto a otras mujeres, a manejar armas y se incorporó a la CRAC-PF.

Doña Escolástica participa en la misma organización de autodefensa comunitaria de la que forman parte los 19 niños varones de Ayahualtempa, de entre seis y 15 años, que aparecieron en un video el pasado 22 de enero, portando uniformes de guardias comunitarios, armados y efectuando ejercicios militares.

¿Qué sucede en Chilapa que obliga a mujeres y niños a tomar las armas para defenderse? Hay una larga historia tras ello, pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato, mutilación y calcinamiento de 10 músicos nahuas ligados a la CRAC-PF por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos, el pasado 17 de enero. Los criminales mandaron así un mensaje macabro a quienes desafían su control territorial: ellos pueden matar y quemar cuerpos sin temor alguno.

La emboscada de Los Ardillos contra los músicos fue la última agresión de una serie de violentos ataques contra las 16 comunidades organizadas en la CRAC-PF. Su objetivo: conquistar a sangre y fuego el control de la ruta que va de la cabecera municipal de Chilapa a la comunidad Tula, en la parte alta de la Montaña. Como la resistencia y autonomía de Rincón de Chau­tla y los otros poblados les estorban para transportar droga hacia Acapulco, Chilpancingo o la Ciudad de México, les hacen la guerra para expulsarlos de sus territorios. En el último año, 26 miembros de la organización fueron asesinados y dos desaparecidos. Por eso hasta los niños deben ir armados.

Empotrados en un conflicto de tierras, Los Ardillos utilizan a las autoridades agrarias de Zolocotitlán, núcleo agrario al que el anexo Rincón de Chau­tla pertenece. Así, disfrazan su disputa por una ruta segura para su trasiego de drogas de conflicto agrario.

Han tejido una intrincada red de poder en la política estatal, que les permite actuar con absoluta impunidad. Observadores han señalado su cercanía con el ex gobernador Ángel Aguirre, mientras a sus rivales, Los Rojos, se les asocia con Rubén Figueroa. Pese a ser responsables de más de mil 500 asesinatos y 500 desapariciones en la región durante los últimos seis años, imponen su voluntad sin autoridad que lo impida. Su negocio criminal florece de la mano de la eliminación de líderes sociales, en el más puro estilo contrainsurgente.

El 17 de marzo pasado, el gobierno de Guerrero se comprometió a garantizar seguridad e investigar los crímenes en Rincón de Chautla. No lo hizo. Puso un retén del Ejército que no sirvió. Los homicidios no se esclarecieron y los asesinos están libres.

Chilapa es el segundo municipio más violento del país. Durante la gestión de la 4T han sido asesinadas allí más de 100 personas. Esa violencia, y las operaciones de la industria criminal que la provocan, se expande a pesar de la presencia del Ejército. Los grupos armados imponen la ley a punta de metralleta.

Chilapa es un municipio abiertamente racista. El presidente municipal, Jesús Parra García, perteneciente al PRI, relegido en dos ocasiones y señalado como amigo de Los Rojos, concentra los recursos en la cabecera municipal y deja en el abandono a las comunidades indígenas.

Integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), con larga trayectoria de lucha que data, al menos de 1992, la CRAC-PF fue fundada en la comunidad de El Potrerillo, municipio de Malinaltepec el 23 de febrero de 2014, en el marco de una profunda crisis de la CRAC-PC. Asistieron más de 23 autoridades agrarias y civiles, consejeros, policías y comandantes regionales. Establecieron 11 principios, entre ellos, el respeto a la voluntad del pueblo y no a la del gobierno; la asamblea como máxima autoridad de toma de decisiones; aplicación de la justicia a través de la reducación: trabajo comunitario, servicio al pueblo y consejo de los ancianos. De inmediato se convirtieron en un contrapeso de los grupos criminales.

En Chilapa, la magnitud y naturaleza de la violencia narcoparamilitar desborda cualquier discurso oficial de pacificación. Los ejemplos de doña Escolástica Luna y de los niños armados para defenderse son un dramático grito contra la impunidad y la justicia.

Twitter: @lhan55

Fuente de la Información: https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/opinion/013a2pol
Autor: Luis Hernández Navarro
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¿Sobrevivirá la ciencia de Brasil a Bolsonaro? Recortes, contaminación ideológica y analogías con España

Por:

«It was the best of times, it was the worst of times,

it was the age of wisdom, it was the age of foolishness,

it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity,

it was the season of light, it was the season of darkness, (…)»

Apertura de Historia de Dos Ciudades (Charles Dickens, 1859)

La ciencia brasileña se encuentra en uno de sus peores momentos. Las posiciones frecuentemente incomprensibles del presidente Bolsonaro auguraban cambios drásticos en 2019. El gobierno ultraconservador ha mostrado una capacidad inesperada de infligir grandes daños al sistema científico y académico del país, y de infligirlos en muy poco tiempo y en muchas áreas diferentes. Sería tedioso enumerar todas las declaraciones, decisiones y políticas reaccionarias del primer año del gobierno de Bolsonaro, pero presentaremos una síntesis de sus acciones sobre los servicios públicos de investigación en general, y en concreto sobre aspectos relacionados con el sistema de universidades públicas federales, la financiación de la investigación y la formación de postgrado. Una síntesis que nos permitirá observar los paralelismos con las políticas de otros gobiernos neoconservadores como los de Trump, Orban o Putin, y las que promueve en nuestro país el tándem Abascal-Casado.

La política neoliberal del gobierno de Bolsonaro, reforzada por sus correligionarios en los gobiernos de cerca de la mitad de los estados brasileños, afecta directamente a los funcionarios públicos de varias maneras. En primer lugar, hay una campaña activa de desmoralización y acoso contra los servidores públicos en todas las esferas de la administración pública. Esta campaña utiliza datos parciales, engañosos e incluso falsos para difundir que hay demasiados servidores públicos y que estos tienen salarios muy elevados, presentándolos como un grupo de privilegiados con bajo rendimiento profesional que hacen que el sistema público sea extremadamente ineficiente, llevando al colapso de las cuentas públicas.

Esta campaña está siendo utilizada por el gobierno brasileño para legitimar ante la sociedad la suspensión de nuevos concursos públicos, recortar los derechos y beneficios de los funcionarios en activo, y desmoralizarlos hasta el punto de conseguir que renuncien a defender sus derechos, a ejercer la libertad de cátedra o a replicar con evidencias a la cascada continuada de ‘fake news’ y pseudoverdades. Aunque en Brasil los funcionarios públicos están mejor pagados que en España –en relación al salario medio de cada país-, estas afirmaciones son, en la forma en la que se presentan, abiertamente falsas.

Tras estos ataques hay una discusión económica y social más profunda sobre el gasto público y el tamaño del estado, cuál es la cantidad idónea de servidores públicos y cuál debe ser su eficiencia. Esta podría ser una discusión importante para la economía brasileña, en la que el análisis del funcionamiento de las administraciones federales y estatales en el pasado y en la actualidad por economistas, sociólogos y politólogos permitiría identificar qué tramo dentro del gradiente de incremento del gasto público conduciría a un mayor desarrollo y bienestar de la población de manera más eficiente.

Teóricamente, quizás sea posible que una sociedad ideal formada por ciudadanos altamente preparados y que se rijan por un elevado código moral pueda controlar la codicia inherente al capitalismo y funcionar de manera eficiente con un estado de pequeño tamaño, bajos impuestos y poco control macroeconómico. Sin embargo, Brasil tiene todavía una estructura económica claramente postcolonial, muy dependiente del sector primario y organizado alrededor de un puñado de grandes propietarios, unas clases medias acomodadas relativamente pequeñas, grandes sectores de la población con bajos niveles educativos y rentas bajas, e importantes bolsas de pobreza. No olvidemos que el gran logro de los gobiernos de Lula da Silva fue elevar por encima del umbral de la pobreza a alrededor de 30 millones de brasileños.

Pero el gobierno Bolsonaro no está planteando un debate acerca de cuál sería la configuración más adecuada de un estado federal que controle los vaivenes del mercado y garantice la justicia social teniendo en cuenta las particularidades de Brasil dentro de los límites de una economía global fundamentalmente capitalista. En lugar de afrontar esta discusión de manera seria y profunda, a partir de información y análisis comparativos honestos, el núcleo duro del gobierno ultraconservador brasileño ha puesto su empeño en una campaña sistemática de ataques y desmoralización de los funcionarios públicos.

La universidad pública en general, y el sistema federal de educación superior en particular, han sufrido una sucesión de feroces recortes desde el comienzo del gobierno de Bolsonaro. Este sistema público ya arrastraba una situación de precariedad creciente, con recortes y suspensión del salario de profesores que comenzaron durante los gobiernos progresistas de Dilma Rouseff, y que dieron lugar a grandes movilizaciones. Esa precarización dio paso, con la llegada de Bolsonaro, a una política de desmantelamiento planificado, ejecutado desde el propio Ministerio de Educación, al que pertenecen las universidades federales y del que dependen sus presupuestos. Estos ataques están afectando directamente al funcionamiento de las universidades, con recortes y paralización de recursos básicos en gastos como energía, agua, limpieza, seguridad, transporte, etc. Pero también afectan indirectamente a sus profesores y alumnos a través de una intensa campaña de difamación.

Los ataques se intensificaron aún más con la toma de posesión del nuevo ministro de educación en abril de 2019. Abraham Weintraub, un economista proveniente del sector financiero y conocido por su afición a los tweets incendiarios, comenzó su mandato con un recorte del 30% de los recursos destinados a las universidades federales – que, según él, promueven la «balburdia» (alboroto, confusión) en sus campus. Su campaña de difamación alcanzó el punto álgido (hasta la fecha) a final de 2019, cuando declaró en la televisión y redes sociales que las universidades federales tienen extensas plantaciones de marihuana y laboratorios de química involucrados en la producción de drogas – una afirmación que reiteró en una audiencia pública en el Congreso Nacional y que le ha hecho acreedor de demandas por parte la Asociación de Directores de las Instituciones Federales de Educación Superior y otras instituciones.

Los ataques del ministro Weintraub buscan criminalizar la fuerte respuesta de la comunidad educativa ante la sucesión de brutales recortes (especialmente la reducción del 42% del presupuesto del ministerio, el más bajo de los últimos 14 años ya antes de aplicarle ese recorte), que representaban las primeras grandes movilizaciones contra el gobierno de Bolsonaro. El carácter autoritario del ministro quedó claro cuando, el 30 de mayo, alentó denuncias contra «los profesores, funcionarios, alumnos, padres y responsables que divulgaran y promocionaran protestas dentro de escuelas y facultades». Lejos de corregirle o llamarle al orden, el propio presidente Bolsonaro calificó como «idiotas útiles» a los manifestantes dos semanas después, durante una visita a EE.UU.

El objetivo último es, según sus propias declaraciones, reducir el gasto público y desmantelar el sistema federal de educación superior. Según el ministro, el sistema de universidades federales es «costoso e ineficiente». Eso a pesar de su elevada calidad, sobre todo en comparación con el sistema privado de educación superior brasileño, y su hegemonía en la práctica en términos de la investigación científica que se realiza en Brasil. De hecho, la investigación científica en el país y la capacitación de recursos humanos altamente cualificados a nivel de master y doctorado se realiza casi exclusivamente en universidades públicas.

¿Cómo propone el gobierno mantener el nivel formativo e investigador del país con menos de la mitad de los recursos públicos destinados a financiarlos? La solución del gobierno de Bolsonaro ha sido el programa Future-up, dedicado a «…promover una mayor autonomía financiera en las universidades e institutos federales, por medio del incentivo a la captación de recursos propios y al emprendimiento». Un programa que muchos expertos consideran mal enfocado, y que ha sido fuertemente criticado por la gran mayoría de la comunidad académica. Es interesante señalar los paralelismos con la política de I+D+i de los gobiernos de Rajoy, con Wert al frente del Ministerio de Educación: los ambiciosos objetivos de sustituir la inversión pública por inversión privada entre 2013 y 2020 se quedaron en nada, y los fuertes recortes en la primera no solo no fueron compensados por la segunda, sino que la arrastraron a descensos aún más pronunciados – dejando al sistema científico en la situación de colapso actual.

Mientras tanto, las iniciativas científicas a largo plazo se priorizan exclusivamente en función de los intereses geopolíticos o macroeconómicos del país, como ha ocurrido con la reciente renovación de la financiación para la nueva base Antártica brasileña. Subyacente tanto a estas prioridades como a los ataques descritos hay un fuerte componente ideológico liderado por el «gurú» intelectual del gobierno de Bolsonaro, Olavo de Carvalho. De Carvalho ha declarado, por ejemplo, que la ultraderecha ha logrado el poder en Brasil, «pero no domina la estructura cultural», por lo que el siguiente paso del proceso debe ser «conquistar las universidades y el pensamiento», lograr la «hegemonía cultural» y «acabar» con la «dictadura mediática» dominada por la izquierda.

Y la cosa no acaba aquí. En paralelo al desmantelamiento y la persecución de las universidades, el gobierno de Bolsonaro está atacando también a las principales instituciones de apoyo a la investigación en Brasil – especialmente CNPq y CAPES, que se ocupan de financiar, respectivamente, la investigación y la formación de postgrado. De nuevo, mediante fuertes recortes económicos y paralizando ejecuciones presupuestarias y de becas que afectan a miles de estudiantes. Y, lo que es todavía más preocupante, introduciendo una serie de medidas, como las repetidas amenazas de fusión entre CNPq y CAPES, que no persiguen ninguna mejora de gestión y sólo buscan desmantelar la estructura actual, reducir el presupuesto total de investigación y, en definitiva, promover la inestabilidad y la falta de confianza en el sistema. La contestación a estas reformas ha llevado a la destitución de Anderson Correia como presidente de CAPES tras un año de mandato. Pero en lugar de enmendar la plana, el ministro Weintraub ha colocado al frente de la institución a Aguiar Neto, un rector evangélico defensor de la enseñanza del creacionismo en lugar de la teoría evolutiva.

Esta situación está llevando a una gran cantidad de académicos brasileños a tomar el camino del exilio para continuar con su investigación, con la esperanza de que sea un paréntesis temporal hasta que la situación mejore con un nuevo gobierno. Aunque enraizada en las carencias históricas del sistema académico y de I+D del país, en la crisis económica de los últimos años y en un lustro de recortes presupuestarios a la investigación, el primer año del gobierno Bolsonaro podría estar disparado esta fuga de cerebros.  Una vez más, las analogías con las peores fases de la crisis del sistema español de I+D son espeluznantes. La fuga de cerebros en nuestro país (que ha bajado de ritmo en la actualidad pero que no ha llegado a desaparecer ni mucho menos) llenó de titulares y preocupación a la comunidad científica internacional y a la sociedad española en su conjunto.

Si juntamos este panorama con los constantes ataques negacionistas de la evidencia científica del gobierno Bolsonaro en temas como salud, sexualidad, cambio climático o conservación de la naturaleza, el panorama actual de la ciencia y la educación superior en Brasil es desolador. Tan sólo en el ámbito del gobierno federal, la comunidad académica sufre el acoso prácticamente continuo de los ministros de Economía, Educación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Agricultura, y Mujer, Familia y Derechos Humanos, al que se suma el propio Presidente de la República. Un ensañamiento con la ciencia y la cultura que solo amaina puntualmente con la sustitución del secretario de cultura por sus claras tendencias pro-nazis. No es difícil imaginar que el camino de ideologización cultural que iniciaría la imposición del pin parental en las comunidades gobernadas por las políticas de Vox en nuestro país desemboque en el fomento de ideas contrarias a la evidencia científica.

Dentro de esta coyuntura, el papel del Ministro de Ciencia y Tecnología (+ Innovación y Comunicación), el ex-astronauta Marcos Pontes, resulta contradictorio. Por un lado, no participa en el juego del acoso, las noticias falsas y las declaraciones absurdas; por otro, sin embargo, resulta difícil entender cómo alguien con un mínimo de conocimiento científico puede convivir con semejantes compañeros en el Consejo de Ministros. Algunas fuentes sugieren que el sistema de I+D brasileño aún no se ha derrumbado por completo porque el ministro ha sido capaz de defender la importancia de la ciencia y la tecnología a puerta cerrada. Sin embargo, y a falta de más datos, casos como el de la destitución de Ricardo Galvão como director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por divulgar datos sobre la deforestación en la Amazonia, colocando un militar en su lugar, indican que las políticas dictadas por el ministro Pontes van a seguir las líneas fundamentales de sus compañeros del gobierno, alejándose de la gestión basada en datos y evidencias.

La crisis económica de Brasil que comenzó en 2015 se ha utilizado para justificar la demonización del servicio público y el acoso y derribo de las instituciones académicas a través de recortes presupuestarios de universidades y agencias de financiación de la investigación. Sin embargo, las actuaciones y declaraciones del gobierno de Bolsonaro dejan claro que tan sólo una pequeña parte de los problemas que está experimentando la ciencia brasileña se deben al ciclo económico desfavorable. El problema más grave al que se enfrenta es la adopción, por parte del gobierno brasileño, de una visión claramente ultraconservadora, anticuada, anticientífica y antieducativa. Una visión incompatible con la educación y la ciencia modernas, que acabará lastrando gravemente tanto el desarrollo económico y social de Brasil como el bienestar de su población.

Fuente del artículo: https://www.eldiario.es/cienciacritica/Sobrevivira-Brasil-Bolsonaro-Recortes-Espana_6_989411072.html

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