Siria

Por: Alberto Rodríguez García

Con el país destruido, millones de desplazados, gran parte del tejido industrial desmantelado por los rebeldes y enviado a Turquía, con el territorio fragmentado, los recursos saqueados por fuerzas invasoras e inseguridad alimentaria, sanciones asfixiantes y la economía libanesa en la ruina, el futuro de Siria es complicado para los civiles.

Para hacernos una idea de lo dañada que está la economía siria, su PIB pasó de 61.000 millones de dólares antes de la guerra a 10.000 millones en 2019, según la Oficina Central de Estadísticas de Siria. Este año el paro y la pobreza se han disparado hasta superar el 80%. En este escenario, la apuesta de EE.UU. y la Unión Europea pasa por más sanciones contra la república árabe.

Líbano ha sido durante años el patio trasero de Siria para poder seguir saliendo hacia adelante a pesar de las sanciones. Se estima que en 2019 había más de un centenar de rutas de contrabando entre ambos países y unos 50.000 millones de dólares de sirios en bancos libaneses, según el Observatorio Laboral de Estudios e Investigación de Siria (LORS), lo que supone el 28% de todos los depósitos de la banca libanesa. Sin embargo, esta relación de dependencia mutua está arrastrando a Siria a un desastre mayor que el que ya atraviesa. Las sanciones y la corrupción, pero sobre todo la crisis de Líbano, han forzado un colapso económico en Siria que no se dio ni en los peores años de guerra, provocando una hiperinflación y devaluación de la moneda récord en el país. En Siria, otrora uno de los países con futuro más prometedor de la región, los trabajadores cobran de media poco más de 20 dólares al mes.

El paso fronterizo del sur con Jordania es prácticamente la única válvula de escape que le queda a Siria. Y es una vía en peligro de desaparecer porque este 17 de junio EE.UU. empezó aplicar la ‘Ley César’, que representa la más salvaje de las guerras económicas, pudiendo el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionar a cualquier empresa o institución que comercie con el Estado sirio… sin la necesidad de que sean estadounidenses. Se trata de unas sanciones que innegablemente van a impedir la reconstrucción de Siria y el desarrollo de su sector energético, muy dañado por el conflicto. En la práctica, con la Ley César, las empresas y organizaciones de ayuda humanitaria no podrán seguir rehabilitando los edificios residenciales destruidos, ni podrán ayudar a reconstruir las redes de agua potable, ni podrán participar en la reactivación de la red eléctrica, porque todas son obras públicas o semi-públicas en las que participa el Estado sirio. Y eso, si bien en la teoría solo afecta al Estado sirio, en la práctica lo sufren los ciudadanos.

Estas sanciones ponen en una situación muy complicada a la cámara de comercio jordana que, con la amenaza de Israel expandiéndose por el Valle del Jordán, podría entrar «en la lista negra» si permite las relaciones comerciales con Damasco. Que las empresas y las instituciones puedan seguir realizando transacciones con la economía privada siria demuestra que las sanciones no buscan derrocar al gobierno sirio, sino castigar colectivamente a la población por negarse a aceptar una «revolución» importada. Debilitar al Estado y fortalecer las fortunas privadas no acaba con el gobierno sirio, sino que mata de hambre a los ciudadanos de un país en el que la clase media prácticamente ha desaparecido en 9 años de guerra. Si el Estado se debilita, lo que se pierden son los subsidios, las obras públicas de reconstrucción, la estabilidad… pero la élite vive igual o incluso mejor que antes monopolizando la economía.

Aunque las sanciones contra Siria se dirijan al Estado y empresarios ligados al Estado, en la realidad suponen que el país pierda divisas, que los inversores ni se planteen hacer negocios en territorio sirio y que las empresas no quieran abrir sus comercios en el país. Sin divisas, el Estado tiene problemas para entregar subsidios a las farmacias con los que poder importar medicamentos, lo que ahora mismo vemos, hace que las medicinas empiecen a escasear y la gente tenga que organizarse en internet, por ejemplo, para ayudarse con los fármacos que le sobran a cada uno. Y esto sucede en un país que antes de la guerra era autosuficiente y producía más del 90% de sus medicinas.

En estos momentos 9,3 millones de sirios padecen de inseguridad alimentaria. La crisis humanitaria es una realidad, y aunque la FAO, con ayuda de la Embajada Rusa, ha brindado apoyo a 200 agricultores en Alepo, en un momento en el que cientos de hectáreas de cultivo están ardiendo y en el que la Administración Autónoma del Norte de Siria limita el comercio de grano con la parte gubernamental –llevando a cabo una guerra económica, especulando con el precio, mientras acumulan toneladas de trigo–, esta ayuda es insuficiente y mínima frente a lo que le espera a los sirios.

Y es que la Ley César no busca justicia, sino castigo. Las condiciones que pone Washington para levantar estas sanciones antes de 2025 (por lo menos) son, sencillamente, incumplibles. Exige la liberación de todos los prisioneros políticos, aunque a lo largo de la guerra hayamos visto que EE.UU. considera preso político o disidente hasta a miembros de al-Qaeda en Siria, los Hermanos Musulmanes o milicias extremistas como Ahrar al-Sham, ahora integrados en los rebeldes proturcos (en esencia, el FSA original). Hemos visto cómo se ha considerado disidente a Bilal Abdul Kareem; el monigote de al-Qaeda en Siria que se dedica a blanquear a la organización antes en la CNN y ahora en Youtube. O dicho de otro modo, piden lo imposible porque Siria, que está volviendo al legado de Hafez al-Assad, antepondrá la seguridad y el control a la economía.

La guerra económica se torna además especialmente ridícula viendo que ni sus propulsores cumplen con lo que exigen. Donald Trump ha reconocido más de una vez orgulloso que ha hecho suyo el petróleo sirio. No oculta que tanto los EE.UU. como sus títeres, las YPG, comercian con el petróleo sirio. Lo que tiende a omitir es que el petróleo sirio está sancionado por la Unión Europea desde 2012. No sobra tampoco recordar que Francia mantiene relaciones con el brazo político de las YPG, el PYD, a pesar de que recientemente la Unión Europea haya renovado las sanciones contra Siria. A esta poca vergüenza hay que sumarle que mientras el gobierno estadounidense pide más democracia para Siria, no duda en desplegar a la Guardia Nacional contra sus ciudadanos. Sin valorar positiva o negativamente esto, hay que reconocer que es de una hipocresía tremenda.

Y mientras EE.UU. y la UE apuestan por el terrorismo económico en nombre de la libertad, son los rusos los únicos que brindan una ayuda real a los sirios –no libre de intereses, por supuesto, seamos realistas–. El enviado especial de Moscú en Damasco, Alexander Yevimov, ha declarado que «no abandonarán a Siria». Y de hecho estos días ante la debacle de la moneda siria, Rusia ha inyectado divisas a la República Árabe para revalorizar un 20% aunque sea momentáneamente la libra siria. Cómo reaccione Rusia ante este reto determinará en gran medida el futuro de Siria y sus políticas.

El gobierno sirio no está exento de responsabilidad en la situación actual, aunque gran parte de los problemas se deben a factores en los que no pueden mediar: la crisis en Líbano y las sanciones. Ello no impide que en el Consejo Popular varios diputados criticasen la incapacidad de reaccionar rápido. La prohibición de comerciar con dólares dentro de Siria, si bien se hizo con el objetivo de evitar la acumulación de divisas por parte de especuladores, ha sido una torpeza que ha provocado el cierre de pequeños negocios locales frente a la incertidumbre de qué pasará el próximo mes, ya con las sanciones más duras hasta la fecha en vigor.

La guerra económica no derrocó a Saddam Hussein que solo fue depuesto por una invasión militar. Ello no libró a los iraquíes de padecer malnutrición, enfermedades y mortalidad infantil. La guerra económica no ha funcionado contra Cuba. No ha funcionado contra Rusia. No ha funcionado contra China. No ha funcionado contra Irán. No ha funcionado contra Venezuela. No ha funcionado en ningún lado. Y en Siria no funcionará. La guerra económica solo provocará malnutrición, enfermedades, mortalidad infantil y el sufrimiento innecesario en los civiles. Porque la guerra económica es el más inhumano de los castigos colectivos.

Fuente e imagen: https://actualidad.rt.com/opinion/alberto-rodriguez-garcia/356638-ley-cesar-sanciones-eeuu-poblacion-siria