Estigmatización, acoso permanente, manoseo durante detenciones ilegales, violaciones y hasta asesinatos son algunos de los vejámenes que sufren las mujeres que militan en defensa del medioambiente en América Latina. En la lucha por defender la tierra y la naturaleza, muchas veces las que resisten, acampan, hacen plantones, enfrentan en la primera línea a ejércitos, policías o retroexcavadoras, son mujeres. En algunos casos esta resistencia las ha transformado incluso en víctimas de asesinatos.
El caso más emblemático es el de la líder indígena hondureña Berta Cáceres (véase nota en página 17). Pero entre las ambientalistas que siguen vivas se destaca la peruana Máxima Acuña, agricultora que sigue siendo blanco de persecución por vivir en un terreno cerca de donde la minera Yanacocha quiere llevar adelante su emprendimiento extractivista. Hasta el día de hoy, funcionarios de la empresa continúan ingresando a su vivienda y rompiendo sus cultivos.
En sus cuerpos las defensoras del medioambiente encarnan a la Pachamama. Defender los territorios que habitan desde tiempos ancestrales, por pertenecer a comunidades indígenas y campesinas, es defender la vida. A quienes tienen el poder hegemónico, androcéntrico y masculinizante, por supuesto que les molesta que sus adversarias sean unas mujeres que se corren del rol tradicional de servidumbre y entrega para encabezar las luchas por la defensa del agua, del alimento, de lo comunal. Y por eso los métodos para intimidarlas son diferentes a los que se aplican contra los hombres.
La socióloga Jessenia Cassani, de la organización feminista peruana Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), señaló recientemente –a fines de octubre, en una de las sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo– que las militantes mujeres en conflictos socioambientales son acosadas y atacadas de manera diferente por ser mujeres, y que esta persecución se manifiesta en violencia física, psicológica y sexual, de la que son víctimas “de manera permanente y cotidiana”.
“La violencia sexual es un mecanismo que han utilizado los agresores para neutralizar la labor de defensa de estas mujeres”, agregó la activista. Los agresores suelen ser empleados de las trasnacionales, el propio Estado a través de sus fuerzas de seguridad, e integrantes del sistema judicial, haciendo un uso arbitrario del sistema penal.
Manoseo
La violencia sexual contra las mujeres es común en los contextos de protesta, explicó Cassani: “Los ataques represivos van dirigidos (con golpes) a sus senos y nalgas para neutralizarlas en ese momento de lucha y en el ejercicio de su derecho a la protesta. En las detenciones se producen amenazas de violación, inspecciones de genitales y pechos y exhibición de ropa interior”, agregó. Emperatriz Bolaños –de Defensores de Lagunas de Conga, en Perú– lo vivió en carne propia cuando el personal de la minera Yanacocha amenazó con violarla. También le mataron a sus dos perros, y las autoridades no le tomaron la denuncia. Bolaños denunció en la misma audiencia de la Cidh otras prácticas intimidatorias comunes: “Nos quieren reubicar, y en nuestra comunidad hay ancianos, hay discapacitados, gente que no está acostumbrada a la ciudad.
El gobierno no hace nada por nosotros, al contrario: manda a la policía a que nos reprima, manda a la policía a que mate, a que nos saquen, y eso no es justo”. Según Cassani, “el despojo, desalojo y desarraigo de sus tierras es otro impacto de género”, las mujeres son desplazadas “muchas veces a zonas urbanas donde están en mayor indefensión por las desigualdades económicas, el racismo y el machismo existentes en nuestras sociedades, sumado a la cultura de violación imperante en nuestro país”. Mientras no existan estadísticas oficiales sobre los múltiples ataques que sufren las mujeres, estas violencias seguirán invisibilizadas y no será posible generar “un diagnóstico claro y normativas y políticas públicas eficientes que puedan garantizar el derecho a una vida libre de violencia”, insistió.
Para la abogada peruana Mirtha Vásquez, que defiende a Máxima Acuña y participó en la misma audiencia, es un problema cuando estas agresiones no son juzgadas como actos de violencia basada en género. Aunque en Perú exista la ley 30.364 “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, el Ministerio Público suele definir la violencia contra las mujeres sólo como “aquella que se comete en el marco de las relaciones familiares, y que sólo se produce en el cuerpo de las mujeres, desconociendo los contextos y las características de las violencias”, afirmó la abogada. En las salas de audiencias de los tribunales, por ejemplo, a las mujeres que están brindando su testimonio no las dejan amamantar a sus bebés.
“Femicidio político”
La lucha que dio Berta Cáceres era a la vez anticapitalista, antirracista y antipatriarcal, señala Laura Zúñiga Cáceres, una de sus hijas, en diálogo con Brecha. Al asesinato de su madre lo califica como un “femicidio político”. “El asesinato de mi mami fue con saña, dirigida a ella porque lo que más generaba ruido era que fuera una mujer la que los desafiaba. En un contexto tan machista como el de Honduras, el papel de la mujer siempre está relegado a lo privado y a la servidumbre. Cuando alguien se rebela ante ese papel eso genera más odio”, señala Laura Zúñiga. A su madre “la describían como ‘bruja, puta, loca’”, recuerda. Y luego de muerta su condición de mujer también incidió en la caracterización del crimen que hicieron tanto las autoridades como la empresa: “A pesar de que su trabajo era peligroso, de que había tenido 33 amenazas de muerte entre 2013 y 2016, la primera hipótesis que presentó el Ministerio de Seguridad fue que había ocurrido un ‘crimen pasional’”.
Además, subraya, la empresa Desa –que estaba detrás del proyecto hidroeléctrico contra el que luchó Berta Cáceres– intentó deslindarse del asesinato argumentando públicamente que se trataba de un crimen “de faldas”. “Siendo ella defensora, lo primero que hay que buscar en estos hechos son las causas relacionadas con su trabajo, con la persecución que ha sufrido. A través de una lucha muy fuerte de organismos internacionales se logró desmontar esa intencionalidad de vincular (el asesinato) a su intimidad, de investigar a su ex pareja y deslegitimar su lucha por ser mujer. Por eso decimos que es un femicidio político: porque el crimen ha tenido motivaciones de odio por ser mujer”, asevera.
Zúñiga dice que su madre “fomentaba y demostraba que las mujeres podemos liderar y que los hombres pueden ser liderados por una mujer. Hizo que las comunidades comenzaran a pensar en la posibilidad de tener un liderazgo femenino”. Es precisamente el caso de Elvia Dagua, referente ecuatoriana en lucha contra la instalación del proyecto Mirador, de minería a cielo abierto, que se desarrolla en la zona sur de la Cordillera del Cóndor, en Ecuador. En 2015 el gobierno ecuatoriano le dio a la minera china Ecuacorriente SA (Ecsa) una concesión por 30 años.
Y en diciembre de 2016 la empresa logró desplazar a la comunidad shuar Nakints para imponer su proyecto de extracción de cobre, contando con el aval del gobierno. Con la mano represiva del Ejército destruyó casas, expulsó a más de 500 indígenas a la selva, los dejó sin alimentación ni escuelas y alambró el terreno para montar el campamento minero. Tras semanas en la selva y luego de la muerte de una bebé de tres meses por enfermedad, las mujeres y niños shuar se refugiaron en un pueblo vecino que, el 22 de octubre pasado, fue militarizado como forma de presionar y detener a quienes resistían. Los hombres permanecen clandestinos y pasan hambre.
La representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) no duda en responsabilizar al gobierno de Rafael Correa: “Hacia el exterior él habla del buen vivir, pero a las comunidades indígenas nos dividió y sólo produjo el mal vivir. Para hacer negociados con empresas mineras y petroleras él trataba de comprar la conciencia de los líderes más débiles de las comunidades indígenas, y nosotros, desde las bases, somos la mayoría, y nos opusimos al Estado ecuatoriano porque los territorios son nuestros”, dijo a Brecha.
Hostigamiento
Las amenazas y campañas de difamación en las redes sociales, medios de comunicación y en las comunidades son otra forma de violencia machista que sufren militantes como Máxima Acuña, a quien suelen calificar como “Máxima Farsa” o “Máxima Estafa”. Acuña es objeto de insultos y difamación, de incitaciones al odio y de amenazas de atentados contra su vida, por ejemplo con mensajes como “Minera Yanacocha. La bala cuesta un sol. Muerto el perro se acabó la rabia”.
La activista, quien lucha desde 2011, ha sido declarada inocente de los delitos por los que la minera la había acusado, como la usurpación del terreno en el que ella vivió toda su vida. Hace 15 días la justicia civil peruana declaró improcedente la medida cautelar que la empresa había solicitado para impedir que trabajara en su tierra. Sin embargo, relató su abogada, “está agotada en su esfuerzo” contra el proyecto minero. Según Vásquez, Acuña le expresó: “La vida se me está yendo en defender esto y ya ni la justicia nos defiende”, porque no actúa ante las denuncias que ha presentado por hostigamiento constante en su finca.
“Además de haber sido atacada físicamente años atrás, Máxima no puede volver a vender sus productos porque la propia gente de la comunidad la ataca, como consecuencia de las campañas de desprestigio de las que es objeto”, comentó a Brecha su abogada. Y sin embargo, relató recientemente Vásquez en una carta pública en NoticiasSer.pe, cuando le ha preguntado si quiere dejarlo todo y bajar los brazos después de haber sufrido tanto y logrado mucho, la activista le respondió: “No importa ya el terreno ni el daño que me siguen haciendo; a ellos se les sigue yendo el alma por quitarme Tragadero, tal vez lo logren alguna vez. Recibir dinero a cambio de dejarlo, a cambio de mis derechos, para olvidar mi sufrimiento, eso jamás.
Tal vez decida irme cuando mi cuerpo ya no aguante. Yo he ganado, yo demostré que las lagunas, que la tierra, que la dignidad del pobre no tienen precio, su oro no ha podido comprarme”. Para Laura Zúñiga “el sistema capitalista sigue necesitando energía y avanza sobre (…) los territorios indígenas preservados. La batalla de estos pueblos es por la vida, y vemos formas repetidas de criminalización en su contra, campañas de desprestigio, asesinatos”. En este contexto, dice, el desafío es “definir en conjunto cómo vamos a enfrentar estos ataques”.
Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=234876
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