Honduras se consolidó en el grupo de países que prohíbe el aborto en todas las circunstancias: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam.
El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla de Honduras expresó este viernes el “repudio total” a la aprobación por parte del Parlamento de un decreto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto al blindar el artículo 67 de la Constitución que ya rechazaba la interrupción del embarazo por cualquier causa.
En un comunicado, el movimiento feminista manifestó “su repudio total” al decreto 132 que “blinda toda posibilidad de despenalizar el aborto en Honduras”.
La ley aprobada este jueves por el Parlamento hondureño, añade, sentencia a “niñas, adolescentes y mujeres al aborto en condiciones de clandestinidad e inseguridad”.
El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, una organización con más de 30 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Honduras, indicó que rechaza la actitud del Congreso Nacional al aprobar el decreto y tildó de “enemigos” a los diputados que votaron a favor de la ley.
Los parlamentarios que aprobaron la ley son “enemigos” y “nos niegan la obligación estatal de respetar, proteger y hacer vigentes nuestros derechos sexuales y reproductivos”, añadió.
El colectivo también condenó que la despenalización del aborto en Honduras sea consultada a las iglesias, pues el Estado es laico.
“Repudiamos la manipulación por parte del oficialismo cachureco (Partido Nacional), ya que éste es un problema grave de salud pública que, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, solo en 2019 se dieron más de 1.000 egresos hospitalarios por aborto en el sistema de salud pública y se dieron 882 partos en niñas de entre 10 y 14 años producto de violencia sexual”, enfatizó.
“Adefesio legal”
Honduras se consolidó en el grupo de seis países de la región que prohíbe el aborto en todas las circunstancias y que completan El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam.
“Nos indigna la demagogia al utilizar un problema vital para las mujeres como distractor, en medio de los señalamientos que sufre el (poder) Ejecutivo en estos momentos por sus vínculos con el narcotráfico”, señaló el colectivo feminista.
Señaló además que el Código Penal de Honduras ya contempla la penalización del aborto. “Este adefesio legal sólo puede ser producto de mentes retorcidas que buscan blindar sus intereses, codicia y sed de poder”.
“¿Por qué no blindan la Constitución y ponen un escudo contra la corrupción?,¿íPor qué no modifican el Código Penal para asegurar cadena perpetua a los ladrones del erario público?”, agregó.
El movimiento indicó además que la “democracia como modo de vida y sistema que garantiza la pluralidad y goce de derechos ha sido eliminada, las mujeres solo significamos ÚTEROS para procrear la especia humana que luego nos apuñala por la espalda y nos pisotea a su libre antojo”.
Instó a las mujeres y a los hombres dignos “a no votar” en las elecciones generales de noviembre de 2021 por los diputados que apoyaron el decreto y “nos traicionan, asesinan y criminalizan”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) lamentó la víspera la aprobación de la reforma constitucional para la prohibición absoluta del aborto y recordó que “contraviene obligaciones internacionales y recomendaciones específicas al Estado de Honduras sobre los derechos de las mujeres”.
Fuente de la Información: https://www.vanguardia.com/mundo/honduras-prohibe-de-forma-absoluta-el-aborto-CJ3319271
América Central/Honduras/24-01-2021/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec
Las caravanas de migrantes evidencian que la migración es un fenómeno trasnacional que debe ser atendido con un enfoque de derechos humanos y requiere estrategias regionales para atacar sus causas estructurales, alertó este jueves la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Honduras.
El director de FLACSO Honduras, Rolando Sierra, dijo a Efe que las caravanas de migrantes, un hecho que comenzó en octubre de 2018 en el país centroamericano, refleja que la migración es «un fenómeno trasnacional».
La migración es un proceso «trasnacional», por lo que requiere de «estrategias regionales» de Centro y Norteamérica, pero «no bajo la lógica del únicamente del control (de los migrantes), sino bajo una lógica de desarrollo» de los países, subrayó el experto en temas migratorios.
Enfatizó que migrar es un «derecho de todas las personas», por lo que los países de Centroamérica, México y Estados Unidos deben garantizar un enfoque de derechos humanos sobre la migración y «no un enfoque de represión y de control» como ocurrió los últimos días en Guatemala contra miles de hondureños que intentan llegar a EE.UU. en una caravana.
Según autoridades guatemaltecas, más de 9.000 migrantes hondureños entraron en ese país en su camino para llegar a Estados Unidos, pero no pudieron avanzar del departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras, donde fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad de Guatemala.
Enfoque en Derechos Humanos
Sierra, de profesión sociólogo, llamó a ver y atender el fenómeno de la migración con un «enfoque de derechos humanos y no de represión».
«Uno de los principales retos es dar un enfoque de derechos humanos a todo el tratamiento del tema migratorio», subrayó Sierra, quien recordó que los países de Centroamérica han ratificado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU.
Pese a los obstáculos de la ruta, señaló el experto, cada vez son más las personas que deciden partir en caravanas, una modalidad que inició en octubre de 2018 en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, con la idea de llegar a Estados Unidos.
Sierra instó a los países centroamericanos, donde viven más de 45 millones de personas, casi la mitad de ellos pobres, a promover programas e iniciativas que generen oportunidades para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida y desistan de migrar ilegalmente.
Estos programas deben tener «un fuerte impacto» en la población y deben ser ejecutados «con transparencia, eficiencia y eficacia» para que las personas puedan «sentir que tienen una alternativa real en el país», subrayó Sierra Fenómeno de desplazamiento
La pobreza, el desempleo y la desigualdad, problemas que se han agudizado por la pandemia de la covid-19 y el paso devastador de las tormentas tropicales Eta e Iota por la región, figuran entre las causas que impulsan a la gente a dejar sus hogares para buscar el sueño americano, añadió.
Se suman la reunificación familiar, la violencia que afecta al país, que a diario registra entre nueve y diez muertes violentas, y los efectos del cambio climático, señaló Sierra, quien considera que atacar esas causas es «sumamente difícil».
Honduras tiene «problemas estructurales de fondo (…), pero hay que decir que este no es un fenómeno migratorio, sino de desplazamiento, la migración es cuando las personas deciden trasladarse de un lugar por su propia decisión, pero estas personas (de las caravanas), por la situación estructural y falta de oportunidades y la violencia, se ven obligadas a salir», explicó.
Otra causa de la migración de hondureños que destacó el experto es la «inestabilidad sociopolítica» que vive Honduras desde 2009, cuando fue derrocado el entonces presidente de Honduras Manuel, cuando promovía una consulta popular para reformas constitucionales que la ley le impedía.
«La mayoría de personas solicitando refugio en México son hondureños, solo en 2019 fueron 26.000 solicitudes, y esto tiene que ver principalmente por la crisis socio política del país y la violencia», enfatizó.
Honduras, así como El Salvador y Guatemala, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, es considerado uno de los países más violentos del mundo, pese a que no se desarrolla una guerra convencional, lo que alienta a muchos a migrar.
Estados Unidos firmó en 2019 con el Triángulo Norte de Centroamérica acuerdos de cooperación de asilo migratorio, con los que se busca desalentar la inmigración de personas que pagan a traficantes, pero según expertos hasta ahora no se ha logrado parar la salida de miles de centroamericanos.
Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102338842/caravana-de-migrantes-un-fenomeno-trasnacional-que-requiere-una-estrategia-regional
Los motores fundamentales de la migración en los países del norte de América Central, como la pobreza, la falta de empleo y la violencia, no son nuevos, pero se han visto exacerbados por acontecimientos recientes, en particular la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota. La ONU se moviliza para ayudar a los migrantes retornados y a aquellos estancados en Guatemala y llama a las autoridades a que no empleen la fuerza injustificada o excesiva contra ningún migrante.
Las agencias de la ONU están atendiendo a los hondureños que han abandonado la caravana de migrantes y han retornado a su país. UNICEF ha asistido a más de 100 niños, el 80% de los cuales viajaban solos.
Algunos de los menores están heridos, extremadamente cansados o con traumas psicológicos, informó el sistema de la ONU en Honduras.
Se calcula que unos 3000 hondureños han regresado y en Guatemala aún hay pequeños grupos dispersos.
Según informaciones de prensa, unos 7000 hondureños partieron hace una semana hacia el norte huyendo de la violencia, la pobreza y los estragos causados por los huracanes Eta e Iota.
IOM Guatemala/Jonathan Mazariegos
Caravana migrante en Guatemala.
Ayuda para los migrantes
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desplegó dos equipos para brindar asistencia humanitaria y monitorear la situación de las aproximadamente 7500 personas migrantes que decidieron migrar en una caravana desde Honduras hacia México y los Estados Unidos.
La OIM informó en un comunicado difundido este jueves que ha entregado 1000 kits de asistencia humanitaria a la Casa del Migrante de ciudad de Guatemala. “Estos elementos servirán para atender las necesidades básicas de agua y saneamiento, higiene y abrigo de migrantes vulnerables que acuden a esta institución en búsqueda de asistencia”, afirma la declaración.
La agencia también ha puesto a disposición de las personas migrantes su programa de Retorno Voluntario Asistido para aquellos que han quedado varados en Guatemala y desean retornar a su país de origen. Este programa brinda ayuda humanitaria, atención médica y psicosocial, albergue, y transporte para quienes libremente toman la decisión de regresar y solicitan personalmente el apoyo de la Organización.
“Nos hemos acercado a las personas migrantes que se encuentran en Guatemala para brindarles información sobre opciones de migración regular, y asistencia humanitaria inmediata. Preliminarmente podemos atestiguar que la mayoría de las personas migrantes lamentablemente no considera que migrar en caravana represente riesgos adicionales a su salud física o mental”, indicó Ugo Ramos, experto en salud de la Misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras.
Asimismo, esta agencia de la ONU ha coordinado con las autoridades del gobierno la atención en salud y asistencia psicosocial a las personas migrantes, en el contexto de la pandemia por la COVID-19.
“Hemos observado que hay un significativo número de personas migrantes en situación de vulnerabilidad ante grupos criminales que pudieran estar aprovechando la coyuntura para el tráfico ilícito de migrantes o para la trata. Es muy importante que la población tenga acceso a fuentes de información verificada sobre los requisitos para migrar, sobre la protección contra la COVID-19, y que puedan acceder a las instituciones que pueden proveer asistencia humanitaria. Por ello, la OIM ha reforzado su estrategia de comunicación para prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como para facilitar el acceso de las personas migrantes a servicios de protección apropiada”, indicó Jorge Peraza, jefe de la misión de la OIM.
IOM Guatemala/Jonathan Mazariegos
Caravana de migrantes hondureños en Guatemala.
De Honduras a Guatemala
Numerosos migrantes, especialmente provenientes de Honduras, entraron a Guatemala en forma masiva durante los días 15 y 16 de enero. El avance de unas 5000 personas fue detenido en un punto de control en Chiquimula (Guatemala) desde el día 16.
Al verse imposibilitado continuar con su trayecto, el contingente de las personas migrantes que conformaban la caravana se disgregó en este punto el pasado 19 como consecuencia de las medidas tomadas por las autoridades guatemaltecas, que incluyeron el uso de la fuerza.
“La OIM, en coordinación con el Sistema de las Naciones Unidas en la región, hace un llamado para que no se emplee fuerza injustificada o excesiva contra ningún migrante, solicitante de asilo o refugiado durante las acciones de control migratorio, policial o sanitario, y que los Estados se adhieran a los instrumentos internacionales aplicables. Al mismo tiempo, pedimos a los migrantes que hagan todo lo posible por respetar y cumplir las leyes de migración, así como las órdenes legales del personal encargado de hacer cumplir la ley”, pidió Michele Klein Solomon, directora regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.
De acuerdo con las últimas cifras disponibles del Instituto Guatemalteco de Migración, al 20 de enero el gobierno de ese país había realizado el retorno de 3962 personas procedentes principalmente de Honduras, e incluyendo grupos más pequeños de salvadoreños y nicaragüenses.
Mientras tanto, se estima que pequeños grupos de migrantes hondureños que hacían parte de la caravana han llegado hasta la localidad guatemalteca de Tecún Umán, fronteriza con México.
“Los motores fundamentales de la migración desde los países del norte de América Central, como la pobreza, la falta de empleo y la violencia, no son nuevos, pero se han visto exacerbados por acontecimientos recientes, en particular la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota”, explicó Klein Solomon. “En este contexto, la desesperación combinada con información falsa y engañosa, incluso sobre posibles cambios en las políticas migratorias, a menudo difundidos intencionalmente por contrabandistas de personas y otras organizaciones delictivas, alimenta grandes movimientos irregulares de personas en caravanas que buscan acceso a la seguridad y a las oportunidades en el extranjero”.
Energía Limpia XXI. La energía solar sigue creciendo en comunidades rurales aisladas de toda Nicaragua, un claro ejemplo de esto es el Centro
Educativo San Jacinto Arriba del Municipio de Wiwili, Nueva Segovia, aquí los paneles solares garantizan la energía necesaria para los estudiantes. El sistema ayuda a generar la electriciad que se utiliza en el sistema eléctrico y en las aulas informáticas y laboratorios de inglés. Datos de la publicación especializada Energía Limpia XXI destacan que en los últimos 13 años el gobierno ha llevado el servicio eléctrico a más de 3 millones de nicarguenses. Hasta el año 2006, Nicaragua era el país que tenía el nivel más bajo de cobertura eléctrica en toda Centroamérica. En julio de 2020 la cobertura eléctrica fue del 98%, un hecho sin precedentes.
Los proyectos solares en Nicaragua no son extraños. En la última década casi todos los hospitales de Nicaragua cuentan con techos solares o pequeños calentadores solares que ayudan a garantizar el suministro eléctrico 24/7, gracias al uso de baterías y sistemas de almacenamiento.
Fortalecimiento de capacidades técnicas de la juventud.
Por otra parte el Instituto Nacional Tecnológico y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) han promovido en la última década la capacitación de miles de jóvenes a nivel medio, técnico y profesional, garantizando que nadie se quede fuera en esta revolución renovable.
El Valle de Sula, actualmente arrasado por los huracanes Eta y Iota y fuertemente afectado por la pandemia de covid-19, ha sido históricamente el corazón de la ocupación trasnacional en Honduras. También ha sido el corazón de una resistencia vigorosa. Las estructuras para resistir la explotación laboral sirven hoy para organizar la solidaridad social.
El pueblo hondureño vive actualmente acechado por la pandemia y las catástrofes ambientales que han causado cientos de muertes y enormes pérdidas en el país. Pero también vive otra pandemia: la de la violencia de un Estado que no ha funcionado más que para profundizar las desigualdades, la pobreza y la migración. Una de las regiones de Honduras más lastimadas por el covid-19 y la destrucción causada por el paso del huracán Eta y la tormenta tropical Iota en menos de dos semanas ha sido el noroccidente del país, específicamente el Valle de Sula, que se ha visto devastado por las inundaciones causadas por la crecida de los ríos Ulúa y Chamelecón.
La magnitud de la destrucción hace imposible que hasta la fecha se tenga certeza de los desoladores efectos que estos fenómenos han tenido en la región y en el país, no solo por la destrucción que han causado en el Valle de Sula sino también por la adversidad que provocaron en el departamento de Santa Bárbara y en el amplio territorio históricamente agraviado de La Mosquitia. Al menos tres millones y medio de personas resultaron afectadas por estos fenómenos, mientras que por lo menos medio millón han sido desplazados internos por la misma causa. En este contexto, se ha señalado que los daños de los huracanes duplicarán el déficit habitacional del país, lo cual equivaldría a una necesidad aproximada de 2,5 millones de hogares. Algunos economistas han calculado que el impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021. A esto se suman las enfermedades que se puedan generar tras el paso de los huracanes y la vulnerabilidad de 1,5 millones de niñas y niños expuestos a los daños.
El impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021
El Valle de Sula, actualmente arrasado, ha sido históricamente el corazón de la ocupación transnacional en Honduras, desde la histórica presencia de grandes extensiones de plantíos de banano controlados por la United Fruit Company y Standard Fruit Company, hasta grandes terrenos ocupados actualmente por multinacionales de la industria maquiladora.
Desde hace un siglo, esta región de poco más de 6.000 kilómetros cuadrados fue apropiada por las empresas bananeras estadounidenses que se extendieron a través de miles de hectáreas de monocultivo Rcomunicadas por vías férreas que desembocaban en muelles y puertos de la costa para exportar a Estados Unidos. Ahí se produjeron las condiciones de mayor barbarie laboral, como bien lo demuestra la pluma de Ramón Amaya Amador en la novela Prisión verde, pero también los actos populares de mayor rebeldía, tal y como ocurrió con la histórica huelga bananera de 1954, que hizo temblar el poder del dinero frente a la inmensa insurrección obrera que sacudió al país entero, con epicentro en el municipio de La Lima, que actualmente se encuentra severamente dañado.
A partir de la década de 1980, cuando Honduras se convirtió en el apéndice del dominio económico y político estadounidense en América Central, en el contexto de la Revolución Sandinista en Nicaragua y del conflicto armado en El Salvador, grandes sumas provenientes del extranjero ingresaron en el Valle de Sula para ser invertidas en la industria maquiladora de exportación, aprovechando las precarias condiciones salariales que predominan en el país, además de la ubicación estratégica que tiene el Puerto Cortes para exportar bienes manufacturados hacia la Florida. Desde aquellas fechas hasta la actualidad, con el impulso de políticas económicas neoliberales que solo han garantizado la venta del territorio nacional a las grandes empresas, el Valle de Sula pasó a convertirse en el enclave manufacturero exportador sobre el cual recae el grueso de la economía nacional.
Un corredor industrial maquilador que abarca desde Choloma hasta El Progreso se ha formado a lo largo de los años para absorber un enorme ejército de trabajadoras y trabajadores que originalmente migraron desde regiones rurales para instalarse en las líneas de producción. Estos laboran día y noche, 12 horas diarias sin parar, cosiendo prendas básicas y ensamblando arneses exportados al mercado estadounidense. 150.000 trabajadores y trabajadoras de la maquila se han instalado en las diferentes colonias populares del Valle de Sula, enfrentándose y organizándose diariamente contra la permanente vejación y violación de derechos laborales. Este histórico espacio se ha convertido así en un territorio marcado no solo por la explotación de las grandes empresas, sino por la resistencia y la rebeldía que no dejan descansar a los dueños del dinero.
Desde la década de 1990, cuando la maquila se encontraba en pleno apogeo, organizaciones obreras desarrollaron huelgas históricas a lo largo y ancho del Valle de Sula para denunciar bajos salarios, despidos, jornadas extenuantes y trabajo infantil. Desde allí se organizaron campañas globales de denuncia que han puesto en jaque a las marcas de ropa por su responsabilidad y total impunidad en la precarización del trabajo. Además, esta rebeldía también ha sido fundamental para establecer lazos de solidaridad con la organización laboral de otras actividades económicas, en la formación del movimiento sindical de la industria melonera, en el apoyo a las demandas obreras del sector del banano, en la lucha feminista contra la violencia patriarcal, en la rebelión contra los fraudes electorales y contra las políticas neoliberales de privatización de la educación y la salud pública.
Las colonias obreras devastadas por el paso de los huracanes Eta y Iota se fueron construyendo y ampliando con los años a medida que trabajadoras y trabajadores fueron erigiendo sus hogares sin la ayuda de nadie más que su fuerza de trabajo. Por más que los medios de comunicación empresariales y la clase política busquen presentar el actual desastre como una causa ajena y externa, la devastación causada por estos fenómenos meteorológicos (producidos por efectos del calentamiento global) evidencia un robo histórico e institucionalizado de riqueza que, en lugar de quedar en manos de la población que diariamente la crea con su trabajo, ha sido expoliada para quedar en las arcas de las grandes corporaciones maquiladoras y bananeras que por años han ampliado su acumulación a costa de la vida obrera. Este robo institucionalizado ha provocado una escasez generalizada que se refleja en falta de vivienda digna y de seguridad en la reproducción de la vida obrera del Valle de Sula.
El problema no radica únicamente en la fuerza de los huracanes Eta y Iota en Honduras y en el Valle de Sula, sino en las décadas de expoliación de riqueza que han dejado a la población trabajadora del campo y la ciudad al límite de la vida, sin garantías de seguridad, vivienda y trabajo digno. Esta larga historia de explotación y despojo de una economía de enclave como la hondureña es la mayor responsable de las consecuencias catastróficas que ha generado el paso de los huracanes por Honduras. La ausencia de políticas de Estado para la ciudadanía ha quedado, además, al descubierto con la pandemia. El país tiene hoy un sistema de salud público quebrado.
El Estado hondureño brilla por su ausencia a la hora de promover una seria política de prevención y emergencia que sirva para la población damnificada que ha perdido sus hogares y sus trabajos, mientras que muchas corporaciones maquiladoras obligan a su mano de obra a trabajar mientras se anuncian con bombos y platillos «ayudas» a los empleados afectados, cuando estos han dedicado sus vidas a producirles sus ganancias y sus riquezas monopólicas.
Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada, además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas
Pero Honduras y el Valle de Sula también brillan por una inmensa e incalculable solidaridad popular que se puede ver en las calles, con brigadas de limpieza, recaudación y distribución de víveres y apoyos que sí alcanzan a lapoblación damnificada. Organizaciones de pueblos originarios, así como movimientos barriales y sindicales, responden al escenario adverso, movilizándose y solidarizándose con la población lastimada. Así como han construido sus vidas en la región dañada con su propio esfuerzo colectivo, a contracorriente y con un Estado que históricamente les ha dado la espalda, hoy enfrentan el desastre causado por el paso de huracanes con un sentido de autoorganización para la supervivencia que busca poner la vida por delante.
Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada (no solo a los agremiados), además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas –muchas de ellas obligan a los trabajadores y trabajadoras a presentarse a la fábrica para trabajar pese a las condiciones adversas–. A pie, en carros y en lanchas, las mismas estructuras organizativas que se han creado en estas industrias para resistir frente a la constante vejación laboral y solidarizarse con otras luchas en el país ahora sirven como sostén de apoyo para la población damnificada.
De esta manera se demuestra, una vez más, que frente a un Estado indolente que se sostiene a punta de fraudes, corrupción y pólvora, y que da la espalda al dolor y las necesidades apremiantes, han sido la autogestión, la autodeterminación y la organización de los trabajadores y trabajadoras la mayor herramienta para enfrentar las consecuencias catastróficas generadas por los huracanes y la pandemia en Honduras, especialmente en su memorable Valle de Sula.
Tras huracanes, Honduras pide ayuda urgente en Washington
Por CLAUDIA TORRENS
NUEVA YORK
Agencia AP
Honduras lanzó un llamado de ayuda internacional para enfrentar los efectos devastadores del paso de dos huracanes por Centroamérica y advirtió que podrían provocar una nueva oleada migratoria hacia Estados Unidos.
Desde Washington, el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, dijo a The Associated Press que una migración masiva tras la devastación de los huracanes Eta e Iota es “una amenaza que existe” y que por ese motivo su país necesita urgente cooperación internacional.
“Es algo que puede ser potencial”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en referencia a esa migración masiva que podría ocurrir.
“Estamos por eso buscando los mecanismos para una reconstrucción social y económica sostenible, para que evitemos esa migración que muchas veces pone en riesgo a las personas que lo hacen”, indicó Rosales.
El ministro se encuentra en Estados Unidos con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidiendo ayuda económica a bancos multilaterales y agencias estadounidenses. Rosales dijo que habló de esa posible oleada migratoria en una reunión que mantuvo con altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Los huracanes “Eta” e “Iota” devastaron el mes pasado zonas de Nicaragua, Honduras y Guatemala, forzando el traslado de miles a refugios. Rosales dijo que en Honduras el efecto está siendo “catastrófico” ya que el área más afectada ha sido el Valle de Sula, donde se produce prácticamente el 45% de los ingresos del país, al ser una zona industrial y agrícola. El canciller dijo que 99 personas murieron debido a las tormentas en Honduras.
Rosales explicó que la pandemia de COVID-19 provocó un déficit de 7% en el país, y que los huracanes sumaron otro 3,5% de impacto negativo, lo que supone un total de 10,5% en déficit.
“Esto nos ha obligado a hacer un replanteamiento con las instituciones multilaterales”, señaló.
El presidente Hernández y su delegación se ha reunido desde el jueves en Washington con Alejandro Werner, representante para Latinoamérica del Fondo Monetario Internacional y, de forma virtual, con Felipe Jaramillo, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial.
También estuvo en contacto con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro; con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, y con varios congresistas y agencias estadounidenses, además de representantes de embajadas como la de los Emiratos Árabes, Kuwait, Taiwán y España, entre otras.
“Necesitamos que se tomen todas las medidas para la actuación rápida de la cooperación internacional, de los países amigos”, dijo Rosales. “Es un momento donde la solidaridad debe quedar plasmada”.
El canciller dijo que el Banco Mundial agilizará un préstamo de emergencia de 250 millones de dólares para Honduras.
Los migrantes centroamericanos comenzaron a viajar en grandes grupos hacia el norte en los últimos años, buscando seguridad en los números y, en algunos casos, evitando pagar a los traficantes. Los llamados para formar caravanas de migrantes suelen circular en las redes sociales.
La última caravana salió de Honduras en octubre pero ni siquiera pudo llegar a México porque el ejército y la policía guatemalteca le bloqueó el paso e hizo regresar a sus integrantes.
Rosales dijo que los huracanes recientes afectaron de forma directa a más de 120.000 personas en Honduras.
“Lamentablemente los huracanes llegaron en momentos en que la atención mundial estaba puesta en otros lados y realmente esta afectación ha dejado a más de la mitad del pueblo hondureño afectado en alguna medida”, dijo.
Rosales también destacó que se reunió con Chad Wolf, director interino del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, para pedir que se extienda el TPS, un alivio migratorio temporal para ciudadanos de ciertos países, como Honduras, que sufrieron desastres naturales.
Unos 44.000 hondureños viven en Estados Unidos con TPS —Temporary Protected Status en inglés— desde hace décadas, pero el gobierno del presidente Donald Trump quiso poner fin al programa y se supone que el alivio expirará para los hondureños en enero.
Rosales dijo que pidió a Wolf extender el TPS seis meses más e hizo una nueva solicitud para incluir a más personas en el programa. La solicitud implica un nuevo TPS que duraría varios años, aunque el canciller no dio detalles sobre el plan.
Rosales dijo que los estadounidenses le respondieron que tomarán un tiempo para analizar la propuesta.
Fuente de la Información: https://lahora.gt/tras-huracanes-honduras-pide-ayuda-urgente-en-washington/
El Gobierno de Honduras benefició a la industria maquiladora con contratos para material sanitario al inicio de la pandemia de la Covid-19. Pero los trabajadores tenían prohibido usar transporte público. La agresión policial a un autobús privado con más de treinta empleadas de una fábrica textil obligó al Estado a admitir que los agentes aplicaron un procedimiento inadecuado.
El Enano discutió con un policía. El chofer, conocido por su apodo, acababa de intentar una maniobra prohibida. Todo para entrar con su precario autobús al principal parque industrial del municipio de Choloma, al norte de Honduras. Era 12 de agosto y pasaban las seis de la mañana. El conductor trasladaba a 31 obreras y 9 obreros a la maquila Jerzees Nuevo Día, una de las siete empresas en Honduras que fabrican ropa para la marca estadounidense Fruit of the Loom. El oficial retuvo el bus por unos minutos. Pero lo dejó pasar.
Temprano por la mañana, varias maquileras se dirigen a la entrada del parque industrial Zip Choloma, las medidas de distanciamiento social no se cumplen en los portones de acceso del parque
Cindy, una de las pasajeras y empleada de la fábrica textil, observó el incidente sorprendida desde su asiento. Recuerda al Enano como un hombre con sobrepeso. Le vio bastantes veces, pero no solía fijarse en él. Ese día, iba pensando en regresar bien a su casa, cuando acabara su jornada. El miedo al contagio le generaba mucho estrés. Cindy escuchó cuando el conductor se defendió del policía: “Viejo ¿por qué estás dejando pasar otros buses y a mí, no?”.
Al día siguiente, lo primero que Cindy hizo al subir al bus fue pensar que quizá el incidente se repetiría. La mujer que elige llamarse Cindy sin apellido por seguridad, saludó al Enano. “Buenos días, a ver cómo nos va hoy”, le dijo antes de acomodarse en un asiento intermedio de la unidad. Por residir en el sector López Arellano en Choloma, Cortés —el departamento con más casos detectados de Covid-19 a nivel nacional—, Cindy prefería salir de casa con la mascarilla puesta y la careta plástica que le dan en el trabajo.
El bus salió de la López Arellano, a 7 kilómetros del casco urbano de Choloma. Empezó a circular por una de las principales vías de la zona metropolitana del valle de Sula, que concentra el 80% de la zona manufacturera y textil de Honduras. Mientras el viejo vehículo amarillo avanzaba por el concurrido bulevar, Cindy se entretenía con el reguetón que retumbaba en los parlantes. No vio cómo el bus estaba a punto de ser detenido por la policía.
En Honduras, las fábricas de ropa textil de exportación, conocidas como maquilas, permanecieron cerradas solo del 10 de marzo al 22 de abril para reducir el contagio por la Covid-19. Reabrieron porque fueron consideradas por el gobierno como sector esencial para fabricar material sanitario a cambio de contratos. Equiparadas a los supermercados, farmacias, bancos y gasolineras. Desde entonces, no pararon.
Fue el caso de Jerzees, que empezó a fabricar mascarillas. Aunque su principal cliente siempre fue Fruit of the loom, de la corporación Berkshire Hathaway Group, un imperio que tiene unos 270 mil empleados y es propiedad del magnate Warren Buffett.
El bus de El Enano circula por las calles aledañas a la zona manufacturera de Choloma, al norte de Honduras
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández había prometido entregar una mascarilla a cada habitante del país, que ronda los nueve millones. Las 122 maquilas del sector textil fueron beneficiadas por el gobierno para hacer mascarillas a cambio de US$128,000 y batas quirúrgicas, por US$443,944. Las maquilas las fabricarían. Solamente en Choloma hay 78 maquilas, así que la demanda de transporte fue grande.
El transporte público estaba prohibido. Muchas maquilas contrataron transporte privado. Jerzees, desde antes de la pandemia, tenía un servicio privado en cumplimiento de un acuerdo sindical. Pero la reactivación de un sector con más de 160,000 empleados tuvo complicaciones.
El toque de queda absoluto que se decretó desde marzo, fue cambiando cada semana. En los primeros meses, hubo más de 54,000 detenciones policiales por presunto salto del toque de queda y un centenar de denuncias ciudadanas por abuso de autoridad.
El saludo que Cindy le hizo al Enano, dirá ella después, fue un presagio.
El bus amarillo estaba a cinco minutos de llegar a la fábrica textil. Eran las 6:30 AM del 13 de agosto, cuando dos oficiales de la Policía Nacional lo detuvieron. Estaban esperando al Enano, en un semáforo, justo antes de llegar al parque industrial. Los agentes acusaron al conductor de que el día anterior había intentado agredir a uno de sus compañeros, según el testimonio posterior de dos pasajeras.
Uno de los policías anunció que el vehículo estaba decomisado. Pidió la licencia al conductor y éste se negó a entregarla, recuerda Cindy. El Enano sugirió que uno de los agentes lo acompañara a dejar a las obreras. Dijeron que no. Las trabajadoras protestaron. No se querían bajar. Una de las operarias grabó un video con su celular.
Aquel 13 de agosto, la detención policial escaló de nivel. “Miren, jóvenes, yo voy a tirar gas ahorita, si nadie se quiere bajar”, amenazó uno de los policías. Un par de jóvenes en el interior del vehículo lo retaron: “Tírelo”. Cindy escuchó un chasquido y la unidad se inundó de humo. Las cuarenta pasajeras empezaron a gritar.
Algunos saltaron por las ventanas. Pero la mayoría en esta asfixiante carrera salió por la puerta del bus. Lloraron y maldijeron. Cindy observó cómo un trabajador era pateado por sus compañeros mientras intentaba salir del bus. Otro cayó sobre un vehículo.
Minutos después del ataque, las víctimas fueron atendidas por personal de la maquila donde trabajaban: 16 sufrieron algún trauma, 4 fueron trasladadas al Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS) y 12 fueron incapacitadas temporalmente por efectos del gas lacrimógeno. Una de las incapacitadas fue Cindy. Cuando intentaba escapar del gas, escuchó gritos en el suelo. Intentó no pisar a su compañero. El salto salvador le costó un esguince en el pie izquierdo. Permaneció 21 días sin trabajar.
La noticia del bus gaseado fue viral en Honduras el 13 de agosto de 2020, luego se olvidó.
El Enano desapareció de Champerío, la comunidad de la colonia López Arellano donde vivía. A algunos conocidos les dijo que al estar involucrado en un tema con la policía prefería irse de su casa.
Un policía a juicio
La brutalidad policial y militar en Honduras ha sido evidente en los momentos de crisis política. Durante el golpe de Estado de 2009, las fuerzas policiales y militares reprimieron las manifestaciones con un saldo de 20 asesinatos. Pero dos años después, la Policía Nacional entró en crisis por una serie de asesinatos cometidos por sus miembros y por sus vínculos con el crimen organizado. La depuración policial comenzó en ese entonces y se destapó el problema estructural en esa institución.
Para las elecciones del 2017, la Policía Nacional y el Ejército reprimieron las protestas de fraude electoral. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) identificó un patrón común en 22 muertes producidas por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los culpables de esta violencia no han sido juzgados. En enero del 2020, Leonel Sauceda, uno de los altos jerarcas de la Policía, fue encarcelado luego que no pudiese justificar 14 millones de lempiras (US$560.000).
Un día después de que la policía gaseara el bus del Enano, la Policía Nacional reconoció que los dos oficiales aplicaron un procedimiento “inadecuado” al discutir con los pasajeros y detonar una bomba de gas lacrimógeno. Inadecuado, pero no excesivo. Condenó el hecho con un comunicado y suspendió temporalmente de labores en la calle a los dos agentes involucrados.
El policía implicado en el caso fue llevado al edificio judicial donde se realizaron las audiencias. Al terminar, fue custodiado y sacado por la puerta trasera para que la prensa no pudiera fotografiarlo
El portavoz nacional de la Policía, Jair Meza, aseguró semanas después a Contracorriente que el incidente con el Enano fue consecuencia del día anterior. Porque padecían “estrés laboral”. El alto oficial redujo el incidente a una falta y excusó a los agentes que atacaron el bus. “Hay muchas personas que no quieren hacer caso”, justificó ignorando que los empleados de la maquila no desobedecían, solo iban a trabajar en bus.
Tras dos meses de investigaciones, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) recomendó el despido para el oficial que lanzó la bomba. Pero consideró que el otro agente no tuvo participación activa en los hechos. Fue una recomendación, la decisión final corresponde a la Secretaría de Seguridad.
El caso está en los tribunales. La Fiscalía acusa al oficial de delimitación e impedimento de derechos fundamentales de las pasajeras del bus. El delito se produce cuando los funcionarios de gobierno violan derechos garantizados por la Constitución. El acusado irá a juicio, pero podrá defenderse en libertad.
Jerzees Nuevo Día lamentó el atentado mediante un comunicado. “Investigaremos este incidente y se procederá a realizar las gestiones pertinentes para evitar que este tipo de acontecimientos se repita”, reza el comunicado. No fue posible contactar con la empresa para obtener declaraciones sobre el día que la policía tiró gas pimienta a un bus privado contratado por Jerzees para llevar operarias.
Aquel 13 de agosto, a las seis de la mañana, había unos 815 empleados de Jerzees yendo a trabajar en 13 autobuses privados. Reciben un salario mínimo mensual de 8,226.39 lempiras (370.45 dólares). Para preservar el empleo y obtener una bonificación extra deben superar el 100% de la meta de producción diaria. Es lo que se llama un récord de alta productividad.
Cindy lo tiene muy presente cada día al salir caminando de su casa hacia uno de esos buses. Aquel 13 de agosto, quería llegar al 110%. Ahorra para apoyar a su hija de 17 años a estudiar en la universidad.
Muchas empresas maquiladoras, como Jerzees, obligaron a las obreras a regresar al trabajo sin garantizar un transporte que las recogiera en su casa para llevarlas a las fábricas. Cindy, cada día, bajaba —y lo sigue haciendo— a las 6:10 de la mañana por la empinada calle que la lleva de su pequeña casa al punto de buses donde esperaba al Enano para trasladarse a Jerzees.
La pasajera del asiento intermedio
Cindy, 34 años, la trabajadora que se hizo un esguince en el incidente del bus, comenzó a trabajar en la maquila a los 18 años. Es mestiza, ojos grandes, pelo lacio y de voz fuerte. Durante la conversación, está muy seria. De cómo huyó del asiento intermedio del bus, sobre todo recuerda la urgencia.
Cindy en su casa en la colonia López Arellano, donde viven la mayoría de trabajadoras de maquilas
Vive en la colonia López Arellano, donde habita casi la mitad de la población de Choloma y uno de los lugares más poblados del país. De allí es la mayoría de la plantilla de Jerzees que viajaba en el bus del Enano. Su nombre se lo debe a Oswaldo López Arellano, un militar que gobernó Honduras por ocho años tras un golpe de Estado en 1963.
En el sector López Arellano viven unas 132,000 personas diseminadas en unas 40 colonias, según datos gubernamentales. Este sector es caliente, expresión que refleja su alto índice de criminalidad. Solo por debajo de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Una banda denominada La Rumba le disputa esta plaza a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Pelean territorios para vender droga y extorsionar a los negocios grandes de esta zona. La población sobrevive mayoritariamente del trabajo en la maquila, las remesas y el empleo informal.
Cindy es una mujer de pocas palabras. Actualmente vive en un pequeño cuarto que alquila por 1200 lempiras (US$48) mensuales. En la casa funciona también una pequeña tienda, donde se vende arroz, frijoles, azúcar y refrescos de cola. En esa pequeña pieza vive con sus dos hijas. La que cumplirá 17 años, estudia la secundaria. “Quiere ser psicóloga o abogada, será lo que a ella le guste”, dice Cindy ilusionada. Su otra niña tiene nueve años y está en la escuela primaria.
Cindy pide anonimato porque siente temor. No aclara si a las represalias en su empleo o por haber estado involucrada en una escena donde aparece la Policía Nacional. Mientras conversamos hace gestos de dolor. Después de 15 días del incidente en el bus, su pie izquierdo aún sigue inflamado por la contusión producida al escapar del gas lacrimógeno.
Cindy muestra su tobillo hinchado después del golpe que sufrió al tratar de huir del gas lacrimógeno
“Pensábamos que nos íbamos a ahogar”, arranca Cindy. En medio de aquella nube negra, mientras buscaba con desesperación respirar algo que no fuese humo, escuchó la voz de un hombre que pedía a gritos no ser pateado. Ella intentó no golpearlo y saltó. Caminó y vomitó. Desorientada se sentó a la orilla de la carretera. Cuando se quiso levantar, no pudo. Su pie izquierdo se había hinchado y estaba morado. También se golpeó la mano.
Fue trasladada al IHSS donde le indicaron que tenía un esguince en el tobillo y le dieron una incapacidad por 21 días. Durante este tiempo solo recibiría de Jerzees el 25% del salario mínimo. El IHSS no cubrió sus medicamentos y tuvo que comprar un analgésico inyectable que cuesta US$8. Cindy se colocó más de 10 dosis. Tuvo que regresar a trabajar con dolores por el esguince. Al menos, dice con alivio, no se contagió en esa ida y venida al hospital.
En seis meses de pandemia seis trabajadores del sector maquilero fallecieron por el virus —cuatro hombres y dos mujeres— y 151 más recibieron atención por contagiarse en las fábricas hondureñas, según datos oficiales del IHSS.
María Medina, sindicalista de Jerzees, asegura que hubo contagios de trabajadores en su maquila y que dos compañeros murieron de la Covid-19. Aunque no determinó si estos se contagiaron en el trabajo. Esto no detuvo la operación de la fábrica, advierte la mujer cuya victoria más recordada fue lograr la reapertura de Jerzees Honduras en septiembre de 2009, después de que esta cerró operaciones como medida de presión por la creación del sindicato. En enero de 2008, 1,300 trabajadoras y trabajadores fueron despedidos.
En Jerzees, como en la mayoría de fábricas, los trabajadores fueron enviados por decreto de vacaciones obligatorias. Patrono y trabajador debían conciliar. La realidad es que los trabajadores fueron enviados de vacaciones sin su consentimiento.
María Medina cuenta que en la maquila Jerzees hubo varios contagiados por COVID-19 e incluso fallecidos; sin embargo, las operaciones de trabajo nunca se detuvieron.
Representantes de trabajadores, patronos y gobierno acordaron apoyar a los trabajadores suspendidos con una aportación solidaria de 6,000 lempiras (US$240). El gobierno aportó la mitad para cada empleado.
El Estado invirtió más de US$23 millones en los empleados del sector maquilador. Solo a Jerzees Nuevo Día, le dio 5,358,000 lempiras (US$218,000) para 892 obreras y obreros suspendidos. Esto alcanzó para pagar un bono de US$122 a cada trabajador por dos meses. Con este acuerdo la industria maquilera no tuvo que destinar grandes cantidades para cubrir los salarios de sus empleados suspendidos, quienes sí tuvieron que acomodarse a un recorte en sus ingresos.
Maritza iba en el asiento de atrás del bus amarillo el 13 de agosto. Como su compañera Cindy. Con 41 años, es una mujer alegre de voz suave y pausada. Mientras hablamos con ella en su casa, su perro Oso, merodea y nos vigila.
Maritza prefiere hablar desde el anonimato, su historia no es fácil. No se llama así, así que tampoco elige un apellido falso. Llegó a trabajar en una fábrica de capital chino cuando solo tenía 15 años. Era menor de edad, por lo que usó documentos prestados de otra persona. Así funcionaba antes, dice ella, que llegó de un pueblo en el occidente del país.
Desde entonces han pasado 26 años. Es madre soltera desde que su pareja la abandonó. «Nunca quise ponerle padrastro a mis hijos”, dice esta mujer de tez blanca y que usa iluminaciones en su cabello castaño. Trabajando en la maquila, Maritza pudo criar a sus hijos. La mayor, de 24 años, es secretaria bilingüe. Su hijo, de 21, es mecánico automotriz. Ambos también se dedican a trasladar personal de empresas en un microbús que Maritza les compró.
Maritza recuerda, mientras ve los buses pasar, como pensó que iba a morir en el bus tras la detonación de esa bomba lacrimógena
Hace cinco años, Maritza compró una casa. Lo hizo con prestaciones laborales que recibió cuando Jerzees cerró en 2008 y con ayuda del abuelo paterno de sus hijos. “Si me voy por bajo rendimiento, no me iré avergonzada porque un día fui estrella (tuvo alta productividad)”, dice con un brillo especial en los ojos.
Maritza cuenta que en la calle donde vive en la López Arellano, es la única que utiliza mascarilla. En Jerzees sí hubo contagios, añade. Pero a su juicio hay poca responsabilidad de la empresa en esto. Durante la jornada laboral la empresa emite recordatorios a través de altoparlantes. A cada momento, se repite que no está permitido platicar y que las mascarillas y caretas son obligatorias. Hay abundante gel de alcohol, pero dice que muchos están cansados de los protocolos de seguridad. Algunos los ignoran en espacios no supervisados.
Aquel jueves 13 de agosto, Maritza abordó la unidad y se fue a los asientos traseros. Confirma que parecía que los policías estaban esperando el bus. Escuchó la conversación entre el piloto y los policías. Al Enano le dijeron que había tenido un problema el día anterior cuando intentó atropellar a otro agente de policía. Ella sostiene que no fue así. «El conductor nunca tuvo intenciones de dañar a nadie», asegura.
«Hubo un chispazo. Tronó el bus. Sentí que saldríamos volando en pedazos», dice mientras hace ademanes y eleva la voz.
«Pensé que me iba a morir. No podía respirar y pedía agua, pero a señas. Sentía una gran picazón en la garganta». Entre empujones y gritos, salió por la puerta. Al recuperar el aliento, comenzó a llorar. Entró en un colapso nervioso. «Gritaba que nos iban a matar». Necesitó media hora para recuperar la calma. Su hijo, el mecánico, pasó por ella.
Su ceño se frunce cuando le preguntamos qué siente ahora al mirar a un agente de seguridad pública. «Ellos (la policía) no tienen piedad para quererlo matar a uno», dice.
La maquila sigue operando. En la carretera principal, cerca de donde ocurrió el ataque al bus de las obreras de la maquila, se pueden ver decenas de personas, familias enteras pidiendo dinero. El largo confinamiento ha convertido en mendigos a miles. Cindy, Maritza y María, que no pararon de trabajar, agradecen mantener su empleo.
El bus de El Enano se mantiene decomisado como evidencia para el seguimiento del caso en las dependencias policiales de Choloma
La vetusta unidad, con placa A-AE-4688, permanece en la Unidad Metropolitana Policial # 10. Está ubicada en la comunidad de Río Nance, a nueve kilómetros de donde ocurrió la agresión policial. En la parte frontal del vehículo decomisado aún resiste el rótulo con la leyenda Jerzees Nuevo Día. Después de la huida del Enano, el dueño del bus ha intentado recuperar su vehículo sin suerte.
Edición de fotografía: Oliver de Ros/El Intercambio
Diseño: Pablo J. Alvárez/El Intercambio
Coordinación y datos: Ximena Villagrán/El Intercambio
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-gobierno-de-honduras-subsidia-el-trabajo-de-fabricas-de-ropa-mientras-su-policia-ataca-a-31-trabajadoras-durante-la-pandemia/
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