A través de un cuestionario, se realizó una evaluación médica a 70 privados de libertad que compartían módulo con Rafael Herrera, quien tenía 52 años y fue el primer fallecido por COVID-19 dentro de la cárcel de máxima seguridad El Pozo. La información sobre cómo se contagió y lo que pasa en todo el sistema penitenciario es incierta y está vedada. El Instituto Nacional Penitenciario pone en duda el diagnóstico, ya que la prueba confirmatoria de coronavirus se realizó tres días después de que él había muerto, el 23 de abril pasado.

Un mes después, en la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara, a 19 kilómetros de Tegucigalpa, se identificó otro caso positivo. Las autoridades aducen que fue una persona que ingresó el 30 de abril al recinto, quien fue puesta en cuarentena. Se ha oficializado un cierre temporal de esta prisión y no se admitirán nuevos reclusos, tal como ocurrió con las instalaciones donde falleció Herrera.

Honduras tiene una población penitenciaria de 22 007 personas, distribuida en 25 centros penales y tres anexos en sedes militares, con fallas de infraestructura y en condiciones de hacinamiento. Este es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 43,6 homicidios por cada 100 000 habitantes y con alta incidencia del delito de asociación ilícita, narcotráfico y extorsión. El Pozo, está destinado a recluir a los condenados por esos delitos.

El 17 de diciembre de 2019, el Ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, anunció que debido a la crisis que atravesaba el sistema penitenciario, este pasaría a ser administrado por las Fuerzas Armadas en coordinación con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina). Esta medida fue tomada después del asesinato del exdirector de El Pozo, Pedro Idelfonso Armas, quien había sido suspendido de su cargo luego de que el recluso Magdaleno Meza fuera asesinado dentro de ese penal.

Las junta interventora está a cargo del INP y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores. El coronel de infantería José A. González Maradiaga, es el nuevo director del INP, según el Decreto Ejecutivo PCM-068-2019.

El Pozo está ubicada en Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, a 241 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras y tiene capacidad para 1550 privados de libertad. En los últimos dos años, en esta cárcel se han registrado seis asesinatos de privados de libertad. En octubre de 2018 hubo un enfrentamiento en el módulo de mínima seguridad donde murieron dos reclusos. Y en junio de 2019, durante una protesta dentro de la cárcel, fueron ultimados dos miembros de la mara Salvatrucha. Ese mismo año, en octubre, un recluso fue encontrado asfixiado y el reconocido narcotraficante Magdaleno Funez fue asesinado. El video de este hecho se filtró a medios de comunicación.

Tres cosas destacan de la situación de la población penitenciaria hondureña: las condiciones de hacinamiento en la que viven, el poder que llegan a ejercer los grupos criminales desde su interior y el intento del Estado por recuperar el control.

La muerte de Herrera por COVID-19 en El Pozo debió poner en alerta a todo el sistema penitenciario, pero la información sobre lo que allí pasa es imprecisa. La Ministra de Salud, Alba Consuelo Soto, dijo a este medio que no sabía cuántas pruebas se hicieron, pero confirmó que sí se habían realizado PCR y que todas habían dado negativo hasta el momento.

Realizamos una solicitud de información en el sistema del Instituto de Acceso a la Información Pública para que la Secretaría de Salud respondiera con los datos exactos sobre las pruebas realizadas en las cárceles en alerta por COVID-19. La institución dijo que en Ilama se realizaron 9 pruebas PCR más la realizada al fallecido y que en la Penitenciaría Nacional de Támara han realizado 13. En el primer caso, 70 privados de libertad más compartían módulo con el fallecido por COVID-19 y, en el segundo caso, Támara cuenta con 7000 privados de libertad.

La vocera del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar, informó que los médicos del Sistema Nacional de Riesgo (Sinager) fueron a Ilama y que ellos diseñaron el protocolo de bioseguridad para el sistema penitenciario que se ha implementado en todos los centros. «Los privados de libertad no están teniendo contacto con personas externas, no están recibiendo visitas ni de familiares ni abogados, no se les está sacando a hospitales ni a juzgados, el personal de seguridad ha estado confinado allí, el personal administrativo no tiene contacto con ellos, por eso estamos pidiendo una investigación», afirma Aguilar.

En contraste con esa posición oficial, la directora del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Conaprev), Glenda Ayala, asegura que la Secretaría aplicó un cuestionario y que las pruebas realizadas en Ilama fueron a cuatro privados de libertad que compartían celda con el fallecido, a un policía militar, al médico, a la enfermera y a una persona de aseo de la clínica del centro penal, todas con resultado negativo.

A pesar de la emergencia sanitaria, y el muerto por coronavirus, la Junta Interventora militar no acata las disposiciones judiciales. El 30 de abril, el Poder Judicial publicó un comunicado en el que denunció que el INP no había acatado una resolución que ordenó la realización de pruebas a todos los privados de libertad para identificar casos de COVID-19.

Después de la muerte de Herrera, el Conaprev visitó El Pozo. Los funcionarios de este organismo estatal constataron con los privados de libertad que compartían módulo con el fallecido, que el personal de seguridad, los policías militares que vigilan los accesos, fueron cambiados 15 días antes. Según Ayala, esto pudo haber sido un factor de riesgo para que el virus llegara al recinto y aseguró que, diez días antes de morir, Herrera fue atendido por un médico que le dio tratamiento para una enfermedad respiratoria, pero éste no le dio mayor seguimiento.

El riesgo de contagio en las cárceles es un tema de preocupación para los expertos en América Latina. En las últimas semanas se han registrado incidentes en Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Según un estudio de Pedro Rodríguez y Patricia Domínguez, publicado el 22 de abril pasado, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay al menos 1,2 millones de personas que cumplen penas de prisión en la región: «la mayoría en cárceles sobrepobladas, donde las malas condiciones aumentan los riesgos de infección».

Lo anterior describe muy bien la situación de Honduras. En 2019, un informe de Conaprev, el Poder Judicial y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh), difundido por el Centro de estudios para la democracia (Cespad), reveló que en El Pozo habían 1804 privados de libertad y para resguardarlos se contaba con 140 miembros de la Policía Militar, 52 agentes penitenciarios y 20 de la Fuerza de Control Penitenciario. Solo el 37 % de la población carcelaria en este recinto tiene condenas y no hay una separación en las celdas que distinga a los procesados de los sentenciados y entre los que cometen delitos graves y los que ingresan por leves.

El Juzgado de Ejecución Penal informó que la población penal en este presidio es de 1400 personas, 150 menos que su capacidad física. A pesar de no estar sobrepasado en su capacidad, las condiciones carcelarias de este centro han causado reclamos de los familiares de los detenidos. En 2017 y 2018, algunos de ellos realizaron manifestaciones demandando una mejora en el trato a sus familiares y que los privados de libertad tuvieran acceso a la salud, ya que muchos padecían de tuberculosis y otras enfermedades.

En la última comunicación a inicios de mayo, la vocera del INP insistió, sobre el caso de El Pozo, que hasta el momento nadie ha presentado síntomas de gripe, tos o fiebre, que hagan suponer que se trata del coronavirus.

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Honduras lleva ya dos meses de estado de sitio por la emergencia sanitaria. Desde entonces hubo 300 nuevos ingresos a las cárceles en este país. A eso se suman los 2000 detenidos por violar el toque de queda que han sido recluidos durante 24 horas en postas policiales y centros temporales de detención, sin las condiciones ni controles adecuados.

El viernes 15 de mayo, se anunció el primer caso de coronavirus en la cárcel en Támara, razón por la cual la Junta Interventora del INP anunció el cierre temporal del centro para evitar la propagación del COVID-19.

Mediante comunicado en medios de comunicación, las autoridades penitenciarias reportaron que un privado de libertad con COVID-19 fue ingresado el 30 de abril al centro con medidas de cuarentena. Sin embargo, Conaprev, ha insistido en los últimos dos meses que las medidas de aislamiento para los nuevos ingresos son inútiles en centros con hacinamiento y sin las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio. La Penitenciaría Nacional es la prisión con mayor hacinamiento, con 7000 personas recluidas, a las cuales ahora se suman 190 personas que fueron recluidas durante la cuarentena.

Antes de que este caso fuera conocido, la Asociación de Familiares de Privados de Libertad publicó un comunicado expresando su preocupación por la amenaza que representa la pandemia en los centros penales.

«En Támara están sin agua, las personas que atienden son médicos generales, cuando van a consultas no hay medicamentos, ni siquiera acetaminofén, no se pueden tomar las medidas de higiene. Además, están proporcionando la cantidad de comida como si hubiera 6000 reos y son 7072. Y aunque se suspendieron las visitas, el riesgo está porque el personal que trabaja entra y sale de los centros penales y no sabemos qué tipo de control se está llevando con estas personas», explica Delma Carolina Rubí, presidenta de la asociación de familiares.

El 31 de marzo, siguiendo las recomendaciones del Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, el Conaprev presentó un recurso de habeas corpus humanitario para pedir la liberación de 6243 personas vulnerables ante el coronavirus. La Sala de lo Constitucional no ha respondido, pero el organismo supo extraoficialmente que se ha declarado sin lugar. Según el organismo de derechos humanos para la investigación de este recurso, el Poder Judicial nombró a jueces ejecutores y defensores públicos, quienes en sus informes expusieron que las personas se encontraban en perfectas condiciones en las prisiones y que no ameritaban su egreso.

Hasta el cinco de mayo, el Poder Judicial había emitido resoluciones de preliberación para 1087 personas, 593 que ya gozaban de ese beneficio, 212 con libertad condicional, 185 conmutaciones, 64 que ya habían cumplido su pena, 32 menores con revisión de medida y una persona con enfermedad terminal. Si bien las órdenes fueron dadas al INP, eso no significa que las personas fueron liberadas.

En general, la situación de salud de la población penitenciaria es otro foco de preocupación. Durante una inspección que realizó Conaprev a nivel nacional, se determinó que 2424 presos tienen padecimientos o enfermedades crónicas y 756 son ancianos. Para estas personas, la privación de libertad ya quedó sin efecto y podrían ser liberadas para descongestionar los centros penales, sobre todo el de Támara, explica Ayala. Conaprev solicitó también que las personas que ya cumplan con los requisitos para gozar del beneficio de preliberación o libertad condicional, que ya suman 797, sean evaluadas por consejos técnicos para dar trámite a esos beneficios. También identificaron 696 personas condenadas a penas menores de cinco años, quienes podrían sustituir la prisión con trabajo comunitario o pago de multa, según el mismo organismo de defensa de derechos humanos.

La vocera del INP asegura que «las excarcelaciones no dependen del Instituto, es el Poder Judicial el que debe emitir una resolución ya sea cambio de medidas, sobreseimientos o arrestos domiciliarios. El Poder Judicial hace una resolución, la envía al centro penitencial y se libera la persona. El INP no puede liberar a nadie».

La abogada Glenda Ayala, de Conaprev, explica que en su inspección por los centros penales, los directores desconocían la resolución judicial: «Todavía el miércoles 29 de abril que estuve en Ilama, no se habían ido los de preliberación porque el director se había negado a cumplir esto. Prácticamente se le coaccionó y se le dijo que si no lo hacía lo denunciaríamos por violación de los deberes de los funcionarios por desobedecer una orden judicial ¿cuál sería la actitud correcta de una comisión interventora? Si hay una orden de un juez, acatarla, si no lo hace no podemos avanzar».

Mientras esa resolución no fue acatada, el Poder Judicial ha trabajado durante la cuarentena, realizando audiencias a puerta cerrada o por videoconferencia para avanzar en el proceso de sentencia y preliberación y reducir la mora judicial. Ha identificado a 1240 personas con prisiones preventivas vencidas, que superan los dos años y seis meses de estar recluidas y que no han ido a juicio o que ya fueron pero que no se ha dictado su sentencia.

Uno de los casos más destacados en ese sentido es el del ambientalista Jeremías Martínez, judicializado por tentativa de usurpación de espacios públicos y daños en perjuicio de Inversiones Los Pinares, una empresa instalada en un área protegida en el norte.

Por ese conflicto, 31 defensores han sido procesados, 8 de ellos actualmente encarcelados. El caso de Martínez constituye una pena anticipada por haber cumplido su tiempo de prisión preventiva sin sentencia. En las condiciones actuales, diversos organismos internacionales han pedido su liberación.En los últimos 10 años, en Honduras se registraron 424 casos de acoso judicial contra defensores en medio de conflictos medioambientales.

Con la pandemia, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras, una organización de sociedad civil que promueve y defiende los derechos humanos localmente, presentó un habeas corpus correctivo con la finalidad de lograr la excarcelación de personas consideradas presos políticos, entre ellas aquellas por conflictos ambientales, pero no hubo respuesta por parte de las instancias jurisdiccionales.

Juana Zúniga, familiar de uno de los defensores recluidos y miembro de la resistencia a la minera, asegura que, aunque no se han dado cuenta de que alguno de sus compañeros esté enfermo en la cárcel, están preocupados por lo que les pueda pasar. Después de dos meses sin visitas es poco lo que saben de las condiciones en las que están. «La situación es cada vez más difícil: siete meses con los compañeros presos, tenemos hijos pequeños y no tenemos una respuesta para saber cómo va el caso. Ellos estaban acostumbrados a que cada domingo los visitáramos, solo les queda ahora adaptarse a la comida que les proporcionan allí en la cárcel. Solo hemos sabido que les visitó un doctor y ha estado pendiente de ellos», cuenta Zúniga.

El poder de los militares

A pesar de estar demostrado que es erróneo medir la seguridad a través del número de personas encarceladas, se siguen llenando las prisiones de personas para demostrar el éxito de una política de seguridad. Los gobiernos han sabido justificar sus políticas de «mano dura» y de encarcelación masiva, aunque el sistema de justicia sea ineficaz. En plena pandemia, los arrestos han continuado.

La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), creada en 2013 dentro de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina), es una estructura con la que se le dio potestad a las Fuerzas Armadas para combatir el delito, investigarlo y juzgarlo, con jueces especiales dentro del recinto militar. Esta es una de las acciones más agresivas de militarización que el gobierno del nacionalista Juan Orlando Hernández impulsó al inicio de su primer mandato en 2013. Ellos son los responsables de que las cárceles de máxima seguridad estén llenas.

El jefe de la FNAMP es el teniente coronel Amílcar Hernández, quien en comparecencia de prensa junto al gobernante, detalló las operaciones que han realizado durante la emergencia por coronavirus en el país, en las cuales uno de los resultados son las capturas. El alto oficial dijo que «hubo 144 detenidos, de los cuales el 100 % son personas que han quedado presas porque han sido judicializados de manera correcta cada una».

Las consecuencias de la militarización, además del incumplimiento de las resoluciones judiciales, pueden verse en que la Junta Interventora del INP no ha presentado informes mensuales sobre el proceso de reestructuración del sistema penitenciario. Esta época de pandemia y el caso específico de las cárceles muestran a la sociedad que no hay nada encima del poderío militar.

Ayala tiene cuatro años en la dirección del Conaprev que, desde su creación en 2008, ha visto cuesta arriba la defensa de los derechos de los privados de libertad y la lucha por la no militarización del sistema penitenciario. «Hoy recibí un audio de una doctora de medicina forense donde dice que fue al centro penal a evaluar a la persona para emitir el dictamen, pero resulta que la doctora del centro no le dio acceso a la información que hay en el expediente clínico del centro. Para cumplir esto necesitamos una voluntad desde arriba. No hay voluntad ni de cumplir la resolución judicial. Las Fuerzas Armadas son un organismo jerarquizado. Al ser él (el director de la junta interventora) notificado sobre esto, inmediatamente debía enviar una circular a toda su gente para cumplirlo, pero no lo hizo. Desde allí partimos de la voluntad que denota para cumplir la ley y los reglamentos en el ámbito penitenciario», explica Ayala.

Las Fuerzas Armadas, tras la transición de la época de golpes de Estado militares en la década de los 80, volvieron a sus cuarteles. Durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, en 1994, se abolió el servicio militar obligatorio pero fue en 2002 cuando salieron de nuevo a las calles.

Las políticas de «mano dura» han marcado la agenda de los gobiernos del Partido Nacional, el mismo que ahora está en el poder. En 2003, el presidente Ricardo Maduro aprobó una reforma al Código Penal que aumentaba las penas por el delito de asociación ilícita, además que incluía descripciones de los miembros de maras y pandillas. La portación de tatuajes era una de ellas. A esto se le llamó Ley Antimaras y fue en esa época en la que los militares comenzaron a hacer labores policiales en el cuidado de los buses de transporte público. En 2010, el gobernante era Porfirio Lobo Sosa quien llegó al poder con una campaña que se titulaba «Puño firme», por estar dirigida a tener «cero tolerancia» a delitos como el de asociación ilícita. En 2013 Hernández asumió la presidencia del país y entregó la seguridad pública al Ejército.

A lo largo de su mandato, el actual mandatario ha impulsado un creciente involucramiento de los militares en su proyecto político, lo que contribuyó a su reelección en 2017, a pesar de existir una prohibición constitucional. Él mismo estudió en el Liceo Militar, y sus hermanos, legal o ilegalmente, han estado vinculados a las fuerzas armadas. Su hermano José Amílcar Hernández, actual asesor de seguridad, es un coronel retirado que participó activamente en el golpe de Estado que derribó a Manuel Zelaya en 2009. Su otro hermano, «Tony» Hernández, fue sentenciado por una corte en Nueva York por traficar drogas a los EE. UU., usando, entre otras entidades públicas, a la institución militar.

Hernández intentó, en su primer mandato, elevar la Policía Militar del Orden Público a rango constitucional, violando los artículos constitucionales que hablan sobre las funciones de las Fuerzas Armadas, entre las cuales no está incluida la de policía. La reforma no pasó, pero la Policía Militar y otras fuerzas especiales militarizadas tienen el control de la seguridad pública y de algunas áreas del sistema de justicia como las prisiones.

«El que le demos potestades al Ejército para que detenga, investigue y cuide, eso es definitivamente catastrófico y contrario a la convención contra la tortura y protocolos facultativos. Una de las cuestiones que hemos visto con preocupación es el tema de la criminalización inclusive como institución defensora de derechos humanos porque el personal que está dirigiendo lo mira a uno como el enemigo (…) En las últimas intervenciones que he tenido con el señor responsable de la Fuerza Antimaras y Pandillas le digo: prácticamente usted me está diciendo que soy parte de la organización delictiva por preguntar qué trato le está dando al detenido», explica Ayala, directora del Conaprev.

Los abusos de derechos humanos están entre los principales cuestionamientos. «¿Hay tortura en Honduras? Sí hay. Legitimamos a fuerzas militares como la Fuerza Antimaras y Pandillas a que se lleven a los detenidos a oficinas clandestinas que no son postas, no tienen ni rótulos y que allí se llevan a las personas para interrogar y después se presentan ante un juez. La detención se vuelve arbitraria cuando una persona es conducida o llevada a un lugar no autorizado en la ley. Pero ¿qué dice el comisionado por los derechos humanos o la Fiscalía de derechos humanos? brillan por su ausencia», concluyó la defensora.

Tragedias y políticas de seguridad

La tragedia carcelaria más grande de América Latina ocurrió en Honduras. En 2012, un incendio en la granja penal de Comayagua cobró la vida de 361 privados de libertad y una mujer que estaba en visita conyugal. Pero esta no fue la primera vez que una cárcel se quemó y cobró cientos de vidas. En 2003 y 2004 ocurrieron incendios en cárceles del norte de Honduras. En La Ceiba murieron 68 y en el centro penal de San Pedro Sula 107 privados de libertad. Por este último caso, Honduras fue condenado en la CIDH en abril de 2012 en la sentencia del caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Otros motines en ese mismo período dejaron más muertos.

El 29 de marzo de 2012 fue decapitado en un motín el jefe de presos Mario Henríquez. Don Mario y los doce presos de su círculo más cercano fueron asesinados. Fue un cambio de liderazgo que terminó de manera violenta. Luego, un grupo de 18 expandilleros que estuvo en ese motín fue trasladado a Támara, donde fueron asesinados. Don Mario representaba el poder que tenían los presos en los centros penales. En 2017, la cárcel de San Pedro Sula fue cerrada. Según el presidente Hernández, entre 2016 y 2017 cada vez que se trasladaron reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad, los índices de muertes diarias se redujeron hasta en cinco puntos.

El abogado Carlos Paz, de la organización Cáritas Honduras ―una de las partes demandantes en el caso Pacheco Teruel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)―, asegura que no hubo un cambio sustancial en las históricas violaciones a los derechos humanos en los penitenciarios desde el incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula. Según el jurista, hay 8761 reos por encima de la máxima capacidad de los penales. «Algunos establecimientos como los de Puerto Cortés o Támara, el hacinamiento supera el 200 por ciento. Esto nos da una idea de lo que puede significar si el COVID-19 llega a uno de los centros penitenciarios. El 9 de abril, la propia Corte IDH emitió una declaración en la cual urge a los Estados a manejar esta crisis desde la óptica de los derechos humanos. Desgraciadamente, en nuestro país, la óptica desde donde se acentúan las acciones es desde la corrupción e impunidad», explica Paz.

Cáritas de Honduras, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y la Pastoral Penitenciaria demandaron al Estado por las violaciones de derechos humanos en el incendio de la cárcel de San Pedro Sula. La sentencia de abril de 2012 establece medidas de reparación a las víctimas. En su Informe de Fondo, la Corte IDH señaló como presuntas víctimas a 107 reclusos, 22 de los cuales estarían detenidos preventivamente con base únicamente en el delito de asociación ilícita. Se identificó como víctimas por su propio derecho a 83 familiares de 18 reclusos fallecidos.

La garantía de no repetición es una de las partes esenciales del fallo, así como el compromiso del Estado de tomar medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de los reclusos. Antes de que la pandemia paralizara el país, varias organizaciones de sociedad civil iban a reunirse para solicitar una audiencia, en vista de la falta de cumplimiento de Honduras. La Corte IDH comenzó el procedimiento interno pidiendo la anuencia del Estado, pero luego vino la emergencia. Según Paz, tampoco se ha cumplido el compromiso ante el Comité contra la Tortura de que un proceso de desmilitarización se iniciaría en 2016, tanto del sistema penitenciario como la sociedad en general.

El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó cinco instalaciones penitenciarias y advirtió en un informe que «el hacinamiento, la falta de higiene e inadecuada ventilación, constituyen una seria amenaza para la salud de las personas detenidas. Lo anterior, debido al incremento del riesgo de contagio de enfermedades de tipo infeccioso, tales como la tuberculosis».

Ahora en plena emergencia, algunas mujeres recluidas en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (PNFAS) lograron enviarnos mensajes pidiendo ayuda en que contaban sobre la escasez de agua y el trato a sus compañeras enfermas con diabetes y tuberculosis, además de las carencias tras la cancelación de visitas. «Antes nosotras sobrevivimos porque venían nuestros familiares. Ahora no vienen a dejarnos nada porque está con esa cosa de que no pueden salir a ningún lado, viven largo. No hay medicamentos, no hay papel higiénico, sobrevivimos porque nos ayudamos unas a otras. Aquí hay un montón de enfermas, diabéticas, hipertensas, gente que padece del pecho, tuberculosis. El agua nos la tiran solo una hora al día, a veces nos bañamos con eso. Aquí no ha venido nadie de la secretaría de salud, es la misma doctora y la misma enfermera de aquí, pero sigue sin haber medicina», dicen los mensajes.

Para Paz, en Honduras ya hubo intentos de amotinamientos durante este tiempo de pandemia y la respuesta ha sido represión. El abogado estima que si el COVID-19 llega a las cárceles, «sería catastrófico».

El INP rechaza los cuestionamientos. La versión oficial es que en Ilama hay diez médicos asignados que han estado trabajando por turnos durante la emergencia y que ahora, por esta situación, están permanentes.

«En todos los centros penitenciarios hay personal médico para cubrir las 24 horas del día. También se ha contratado personal de enfermería. Es falso que no hay agua en Támara, en PNFAS hay agua potable todos los días. Si no hubiera, esas mujeres no tendrían llenos los tendederos de ropa. Los privados de libertad están conscientes de que las medidas que se han implementado son para su bien y el de sus familiares», expresó la vocera del sistema carcelario.

Tocar la puerta del INP para hablar con el director de la junta interventora, puede llegar a ser humillante. Aunque tenían mascarillas, pude notar la risa de los policías en la entrada del Instituto Penitenciario cuando pedí ver al jefe militar después de haber intentado programar una entrevista por medio de la vocera . «El coronel no tiene tiempo», me dijo un oficial. Me prometieron que la vocera respondería a mis preguntas sobre el funcionamiento de la junta interventora y el manejo del Sistema Penitenciario. Eso no pasó.

Fuente: https://confidencial.com.ni/prisiones-de-honduras-el-reino-de-precariedad-violencia-y-militarismo-al-que-llego-la-pandemia/