www.nytimes.com/16-03-2016/Alberto Arce
El presidente de El Salvador ha dicho esta semana que pedirá al congreso la aplicación de medidas excepcionales, entre las que se incluye algún tipo de estado de emergencia e incluso la movilización de la reserva del ejército para enfrentarse al problema de las pandillas.
La violencia ha colocado al país como el de mayor número de homicidios del mundo sin guerra declarada, con cifras que no cesan de aumentar cada mes. En 2015 en El Salvador murieron asesinadas 6657 personas, un índice de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Según las autoridades de seguridad pública del país, el 70 por ciento de los homicidios se atribuye a las pandillas y un 49 por ciento de las víctimas son miembros de esas estructuras criminales. Las pandillas más importantes del país son la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, escindido en dos organizaciones, el Barrio 18 y el Barrio 18-revolucionarios.
El Presidente Salvador Sánchez Cerén, que durante la guerra civil que vivió el país fue líder de la guerrilla, hoy convertida en partido político (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), ha dicho que planea aprobar alguna forma de estado de excepción y liberar hasta a 5000 presos no pandilleros de las cárceles para eximir a los policías penitenciarios de sus tareas y enviarlos a las calles. También contempla la “limitación de algunos derechos” en las zonas controladas por las pandillas. Las medidas podrían ser aprobadas por la asamblea legislativa esta semana.
El ministro de defensa, David Munguía Payés, dijo que las fuerzas armadas están preparadas por si el presidente “pudiera en el futuro darnos la orden de movilizar algunas reservas, y estamos haciendo un trabajo de localización de reservas activas y pasivas para convocarlas”.
Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, anunció un aumento de 1000 policías este año, y la “masificación de fuerza en 81 sectores del país con el envío de más policías y el apoyo de la fuerza armada”, que ya da seguridad, por ejemplo, a 627 centros educativos de El Salvador. Las escuelas se encuentran entre los lugares más afectados por el control territorial que ejercen las pandillas.
La media de asesinatos al día en el país se ha cuadruplicado en tres años. En los dos primeros meses de este año, han muerto asesinadas más de 1500 personas en el país. El 11 de marzo se registraba una media de 22,6 asesinatos al día en esa pequeña nación de poco más de seis millones de habitantes, frente a los 15,6 homicidios diarios en marzo de 2015, 10 en 2014 y 5,6 en 2013.
Se calcula que en el país hay más de 70.000 pandilleros. El ministro de defensa ha llegado a reconocer que hay más pandilleros que miembros de las fuerzas de seguridad. Las pandillas se instalaron en El Salvador y el resto de América Central cuando en los años 90 Estados Unidos decidió deportar a sus países de origen a miles de jóvenes. Muchos de ellos habían aprendido las reglas de las pandillas en el sur de California y las extendieron por toda la región.
En marzo de 2012, El Faro, un periódico local, informó que las pandillas habían acordado una tregua con conocimiento del gobierno, que participó en actos públicos con líderes de los grupos, facilitó proyectos de desarrollo y recibió armas de las pandillas en entregas públicas. Durante los aproximadamente 17 meses que duró esa tregua —no se sabe a ciencia cierta en qué fecha terminó— el índice de homicidios cayó hasta en un 70 por ciento. Se supone que, a cambio, los pandilleros recibieron beneficios penitenciarios y que al mismo tiempo que disminuían los homicidios, las estructuras criminales se reforzaron.
El ejército ha formado y entrenado batallones de reacción inmediata. Siete mil militares ya patrullan las calles del país. La policía nacional civil y las fuerzas armadas han sido atacadas por miembros de las pandillas. En lo que va de 2016 han muerto asesinados 10 policías y cuatro militares; en 2015 murieron 63 policías, casi todos cuando estaban fuera de servicio.
Muchos temen que las nuevas medidas podrían generar más zozobra en un conflicto que pareciera estar fuera de control. Medios locales como El Faro y Prensa Gráfica han denunciado que la policía comete serios abusos. Hasta el exdirector del departamento de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia José Miguel Fortín Magaña ha dicho: “Todo nos indica que las autoridades están cometiendo asesinatos extrajudiciales”.
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