Page 129 of 1231
1 127 128 129 130 131 1.231

Educación y energía solar: La energía fotovoltaica ilumina escuelas rurales en Nicaragua

Energía Limpia XXI. La energía solar sigue creciendo en comunidades rurales aisladas de toda Nicaragua, un claro ejemplo de esto es el Centro

Educativo San Jacinto Arriba del Municipio de Wiwili, Nueva Segovia, aquí los paneles solares garantizan la energía necesaria para los estudiantes. El sistema ayuda a generar la electriciad que se utiliza en el sistema eléctrico y en las aulas informáticas y laboratorios de inglés. Datos de la publicación especializada Energía Limpia XXI destacan que en los últimos 13 años el gobierno ha llevado el servicio eléctrico a más de 3 millones de nicarguenses. Hasta el año 2006, Nicaragua era el país que tenía el nivel más bajo de cobertura eléctrica en toda Centroamérica. En julio de 2020 la cobertura eléctrica fue del 98%, un hecho sin precedentes.

Los proyectos solares en Nicaragua no son extraños. En la última década casi todos los hospitales de Nicaragua cuentan con techos solares o pequeños calentadores solares que ayudan a garantizar el suministro eléctrico 24/7, gracias al uso de baterías y sistemas de almacenamiento.

Fortalecimiento de capacidades técnicas de la juventud.

Por otra parte el Instituto Nacional Tecnológico y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) han promovido en la última década la capacitación de miles de jóvenes a nivel medio, técnico y profesional, garantizando que nadie se quede fuera en esta revolución renovable.

Fuente: https://energialimpiaparatodos.com/2020/12/21/la-energia-solar-ilumina-escuelas-rurales-ennicaragua-hoy/

Comparte este contenido:

Mateo Crossa: Honduras, un valle de lágrimas y de resistencias

El Valle de Sula, actualmente arrasado por los huracanes Eta y Iota y fuertemente afectado por la pandemia de covid-19, ha sido históricamente el corazón de la ocupación trasnacional en Honduras. También ha sido el corazón de una resistencia vigorosa. Las estructuras para resistir la explotación laboral sirven hoy para organizar la solidaridad social.

El pueblo hondureño vive actualmente acechado por la pandemia y las catástrofes ambientales que han causado cientos de muertes y enormes pérdidas en el país. Pero también vive otra pandemia: la de la violencia de un Estado que no ha funcionado más que para profundizar las desigualdades, la pobreza y la migración. Una de las regiones de Honduras más lastimadas por el covid-19 y la destrucción causada por el paso del huracán Eta y la tormenta tropical Iota en menos de dos semanas ha sido el noroccidente del país, específicamente el Valle de Sula, que se ha visto devastado por las inundaciones causadas por la crecida de los ríos Ulúa y Chamelecón.

La magnitud de la destrucción hace imposible que hasta la fecha se tenga certeza de los desoladores efectos que estos fenómenos han tenido en la región y en el país, no solo por la destrucción que han causado en el Valle de Sula sino también por la adversidad que provocaron en el departamento de Santa Bárbara y en el amplio territorio históricamente agraviado de La Mosquitia. Al menos tres millones y medio de personas resultaron afectadas por estos fenómenos, mientras que por lo menos medio millón han sido desplazados internos por la misma causa. En este contexto, se ha señalado que los daños de los huracanes duplicarán el déficit habitacional del país, lo cual equivaldría a una necesidad aproximada de 2,5 millones de hogares. Algunos economistas han calculado que el impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021. A esto se suman las enfermedades que se puedan generar tras el paso de los huracanes y la vulnerabilidad de 1,5 millones de niñas y niños expuestos a los daños.

El impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021

El Valle de Sula, actualmente arrasado, ha sido históricamente el corazón de la ocupación transnacional en Honduras, desde la histórica presencia de grandes extensiones de plantíos de banano controlados por la United Fruit Company y Standard Fruit Company, hasta grandes terrenos ocupados actualmente por multinacionales de la industria maquiladora.

Desde hace un siglo, esta región de poco más de 6.000 kilómetros cuadrados fue apropiada por las empresas bananeras estadounidenses que se extendieron a través de miles de hectáreas de monocultivo Rcomunicadas por vías férreas que desembocaban en muelles y puertos de la costa para exportar a Estados Unidos. Ahí se produjeron las condiciones de mayor barbarie laboral, como bien lo demuestra la pluma de Ramón Amaya Amador en la novela Prisión verde, pero también los actos populares de mayor rebeldía, tal y como ocurrió con la histórica huelga bananera de 1954, que hizo temblar el poder del dinero frente a la inmensa insurrección obrera que sacudió al país entero, con epicentro en el municipio de La Lima, que actualmente se encuentra severamente dañado.

A partir de la década de 1980, cuando Honduras se convirtió en el apéndice del dominio económico y político estadounidense en América Central, en el contexto de la Revolución Sandinista en Nicaragua y del conflicto armado en El Salvador, grandes sumas provenientes del extranjero ingresaron en el Valle de Sula para ser invertidas en la industria maquiladora de exportación, aprovechando las precarias condiciones salariales que predominan en el país, además de la ubicación estratégica que tiene el Puerto Cortes para exportar bienes manufacturados hacia la Florida. Desde aquellas fechas hasta la actualidad, con el impulso de políticas económicas neoliberales que solo han garantizado la venta del territorio nacional a las grandes empresas, el Valle de Sula pasó a convertirse en el enclave manufacturero exportador sobre el cual recae el grueso de la economía nacional.

Un corredor industrial maquilador que abarca desde Choloma hasta El Progreso se ha formado a lo largo de los años para absorber un enorme ejército de trabajadoras y trabajadores que originalmente migraron desde regiones rurales para instalarse en las líneas de producción. Estos laboran día y noche, 12 horas diarias sin parar, cosiendo prendas básicas y ensamblando arneses exportados al mercado estadounidense. 150.000 trabajadores y trabajadoras de la maquila se han instalado en las diferentes colonias populares del Valle de Sula, enfrentándose y organizándose diariamente contra la permanente vejación y violación de derechos laborales. Este histórico espacio se ha convertido así en un territorio marcado no solo por la explotación de las grandes empresas, sino por la resistencia y la rebeldía que no dejan descansar a los dueños del dinero.

Desde la década de 1990, cuando la maquila se encontraba en pleno apogeo, organizaciones obreras desarrollaron huelgas históricas a lo largo y ancho del Valle de Sula para denunciar bajos salarios, despidos, jornadas extenuantes y trabajo infantil. Desde allí se organizaron campañas globales de denuncia que han puesto en jaque a las marcas de ropa por su responsabilidad y total impunidad en la precarización del trabajo. Además, esta rebeldía también ha sido fundamental para establecer lazos de solidaridad con la organización laboral de otras actividades económicas, en la formación del movimiento sindical de la industria melonera, en el apoyo a las demandas obreras del sector del banano, en la lucha feminista contra la violencia patriarcal, en la rebelión contra los fraudes electorales y contra las políticas neoliberales de privatización de la educación y la salud pública.

Las colonias obreras devastadas por el paso de los huracanes Eta y Iota se fueron construyendo y ampliando con los años a medida que trabajadoras y trabajadores fueron erigiendo sus hogares sin la ayuda de nadie más que su fuerza de trabajo. Por más que los medios de comunicación empresariales y la clase política busquen presentar el actual desastre como una causa ajena y externa, la devastación causada por estos fenómenos meteorológicos (producidos por efectos del calentamiento global) evidencia un robo histórico e institucionalizado de riqueza que, en lugar de quedar en manos de la población que diariamente la crea con su trabajo, ha sido expoliada para quedar en las arcas de las grandes corporaciones maquiladoras y bananeras que por años han ampliado su acumulación a costa de la vida obrera. Este robo institucionalizado ha provocado una escasez generalizada que se refleja en falta de vivienda digna y de seguridad en la reproducción de la vida obrera del Valle de Sula.

El problema no radica únicamente en la fuerza de los huracanes Eta y Iota en Honduras y en el Valle de Sula, sino en las décadas de expoliación de riqueza que han dejado a la población trabajadora del campo y la ciudad al límite de la vida, sin garantías de seguridad, vivienda y trabajo digno. Esta larga historia de explotación y despojo de una economía de enclave como la hondureña es la mayor responsable de las consecuencias catastróficas que ha generado el paso de los huracanes por Honduras. La ausencia de políticas de Estado para la ciudadanía ha quedado, además, al descubierto con la pandemia. El país tiene hoy un sistema de salud público quebrado.

El Estado hondureño brilla por su ausencia a la hora de promover una seria política de prevención y emergencia que sirva para la población damnificada que ha perdido sus hogares y sus trabajos, mientras que muchas corporaciones maquiladoras obligan a su mano de obra a trabajar mientras se anuncian con bombos y platillos «ayudas» a los empleados afectados, cuando estos han dedicado sus vidas a producirles sus ganancias y sus riquezas monopólicas.

Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada, además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas

Pero Honduras y el Valle de Sula también brillan por una inmensa e incalculable solidaridad popular que se puede ver en las calles, con brigadas de limpieza, recaudación y distribución de víveres y apoyos que sí alcanzan a lapoblación damnificada. Organizaciones de pueblos originarios, así como movimientos barriales y sindicales, responden al escenario adverso, movilizándose y solidarizándose con la población lastimada. Así como han construido sus vidas en la región dañada con su propio esfuerzo colectivo, a contracorriente y con un Estado que históricamente les ha dado la espalda, hoy enfrentan el desastre causado por el paso de huracanes con un sentido de autoorganización para la supervivencia que busca poner la vida por delante.

Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada (no solo a los agremiados), además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas –muchas de ellas obligan a los trabajadores y trabajadoras a presentarse a la fábrica para trabajar pese a las condiciones adversas–. A pie, en carros y en lanchas, las mismas estructuras organizativas que se han creado en estas industrias para resistir frente a la constante vejación laboral y solidarizarse con otras luchas en el país ahora sirven como sostén de apoyo para la población damnificada.

De esta manera se demuestra, una vez más, que frente a un Estado indolente que se sostiene a punta de fraudes, corrupción y pólvora, y que da la espalda al dolor y las necesidades apremiantes, han sido la autogestión, la autodeterminación y la organización de los trabajadores y trabajadoras la mayor herramienta para enfrentar las consecuencias catastróficas generadas por los huracanes y la pandemia en Honduras, especialmente en su memorable Valle de Sula.

Fuente: https://www.cadtm.org/Honduras-un-valle-de-lagrimas-y-de-resistencias

Comparte este contenido:

Cuba destinará más del 50% del presupuesto a la educación y salud en 2021

El parlamento cubano aprobó el presupuesto nacional para 2021, que incluye en sus gastos el 24% destinado a la educación en todos sus niveles, y el 28% a garantizar la salud pública y la asistencia social.

Según la ministra cubana de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, el presupuesto nacional para el 2021 «se sustenta en su carácter eminentemente social, al financiar los programas sociales y los servicios básicos de la población que constituyen conquistas de la Revolución, subsidiar productos y servicios altamente sensibles para la población».

Durante su intervención en el VI período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), en su IX Legislatura, Bolaños agregó que el plan presupuestario también incluye el apoyo financiero al sistema empresarial y la continuidad de programas de productivos en sectores estratégicos, fundamentalmente en la producción de alimentos.

La funcionaria explicó que el presupuesto planifica gastos en el orden de los 374.846 millones de pesos (unos 15.618 millones de dólares), de ellos 243.788 millones de pesos (10.158 millones de dólares) estarán destinados a la actividad presupuestada.

Dentro de estos gastos, el 24% estará destinado la educación, el 28% a la salud pública y la asistencia social, y además recibirán financiamiento estatal la cultura, el deporte, las transmisiones por radio y televisión, y la ciencia y la innovación.

La ministra explicó que el presupuesto también refleja los niveles de actividad del plan de economía, que mantiene restricciones en algunos sectores, pero aspira a una recuperación gradual a partir de la implementación de la estrategia económica y social del país.

Los ingresos brutos planificados alcanzarán los 291.259 millones de pesos, el 39% de ellos provenientes de los impuestos.

Por su parte, el diputado Marino Murillo especificó que el déficit fiscal supera los 86.744 millones de pesos, un renglón que dependerá de una ejecución económica eficiente y un riguroso control del gasto público, para impedir un mayor deterioro de las relaciones financieras.

Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/cuba-destinara-mas-del-50-del-presupuesto-a-la-educacion-y-salud-en-2021/

Comparte este contenido:

Activistas denuncian violencia contra mujeres por motivos políticos en Cuba: “Sufren mayores niveles de represión que los hombres”

América Central/Cuba/21-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.cibercuba.com

Activistas cubanos publicaron una declaración en que alertan sobre la violencia desatada por el Estado y sus aparatos represivos contra las mujeres, particularmente aquellas que se oponen de alguna forma a la ideología gubernamental en la Isla.

En un largo texto, destacan las acciones que durante estas últimas semanas se han producido a raíz de los sucesos de San Isidro y la protesta pacífica del 27 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana.

Seguidamente, reproducimos de manera íntegra la declaración en defensa de las mujeres cubanas, vulneradas con la anuencia del Estado y las instituciones gubernamentales que, en teoría, deberían ampararlas.

Feministas cubanas y aliades pretendemos con esta carta contextualizar y pronunciarnos en contra de recientes y reiterados episodios de discriminación, exclusión y violencia promovida y/o ejercida por el Estado contra las mujeres cubanas.

Señalando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (1994) define que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia, comunidad, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, en cualquier lugar donde ocurra.

Partiendo de la Convención sobre la eliminación de todo tipo de violencias contra la mujer, presentada en las Naciones Unidas y en vigor desde el 3 de septiembre de 1981, que Cuba se precia de ser el primer país en ratificar. Según el Artículo 7 de este documento de carácter internacional: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a (…) participar en organizaciones y en asociaciones NO GUBERNAMENTALES que se ocupen de la vida pública y política del país.”

Recordando que la sociedad civil cubana no puede articularse de manera orgánica en sus propias asociaciones que representen otros modelos de pensamiento de naturaleza diversa, pues estas no son reconocidas legalmente.

Reconociendo que estamos en un momento en que la solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, impulsada por activistas feministas, luego de ser discutida con miembros del Parlamento cubano no fue incluida en el Cronograma  Legislativo a ejecutarse hasta 2022.

Activistas feministas y antirracistas, así como del colectivo LGBTIQ+, son víctimas de ciberacoso desde cuentas falsas que responden a lógicas de vigilancia y deslegitimación, un comportamiento que es frecuentemente utilizado por cuentas anónimas presuntamente asociadas al Estado cubano. A feministas cubanas se les disminuye y minimiza abiertamente desde publicaciones oficiales. La criminalización del activismo feminista es de larga data en el período llamado revolucionario, que comenzó con el ostracismo y desconocimiento de feministas de la etapa anterior como Mariblanca Sabás Alomá (1901-1983), continuó con la desactivación de la Asociación de Mujeres Comunicadoras Magin en 1996 y se ha mantenido con escarnios públicos, desconocimientos y amenazas a feministas que han mantenido una postura crítica hacia las autoridades cubanas sobre la defensa de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, hoy vivimos en un escenario diferente porque el acceso a internet permite mayor visibilidad de los problemas y causas pendientes que urge abordar: acoso y violencia machista en la calle, en centros laborales y de estudio, en la intimidad; feminicidios; necesidad de refugios; violencia obstétrica; violencia institucional y política. Los datos acerca de feminicidios y hechos de violencia machista son conocidos gracias a medios independientes y activistas que mantienen una red transparente y efectiva de observación y estadística, y no a una labor estatal implicada o interesada por estos procesos.

Se dispone de varios informes preparados por la organización no gubernamental Cubalex, incluyendo el informe sombra a la CEDAW presentado en 2013, que alerta que la violencia institucionalizada contra la mujer en Cuba es ejercida por el Estado de diferentes formas y con manifestaciones que los hombres que participan en activismo político no padecen. Este sesgo de género se evidencia en el intento de descrédito a través de la exposición de su vida íntima; el uso de expresiones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas; en la instrumentalización de la seguridad de las y los integrantes más vulnerables de su familia para presionarlas; e incluso en violencia sexual. Cubalex ha documentado también varios casos de amenazas por parte del Estado de quitarles a madres activistas las custodias de sus hijes. Estas violencias sistemáticas se ven muchas veces atravesadas por otras formas de discriminación: racial, religiosa, económica, etc.

La brutalidad de los agentes policiales y de la Seguridad del Estado, incluidas las mujeres integrantes de estos órganos, contra las mujeres disidentes, es avalada por el Estado. Las mujeres que disienten con el sistema político en Cuba sufren mayores niveles de represión que los hombres. A pesar de que la cantidad de mujeres activistas es menor, ellas denuncian mayor cantidad de actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias, así como eventos de vigilancia policial fuera del domicilio para restringir su derecho a la movilidad: estos son métodos recurrentes para impedir el ejercicio de sus derechos a expresarse, asociarse y manifestarse. En los centros de detención los agentes utilizan la violencia física y psicológica, la ofensa y el agravio sexual como medios de represión. Se registran testimonios de encierros en calabozos sin condiciones higiénicas, con servicios sanitarios sin privacidad o sin condiciones apropiadas para las mujeres, llegando incluso a compartir celdas con hombres. Algunas denuncian haber sido forzadas a desnudarse, a hacer cuclillas para verificar si tienen objetos en sus genitales, e incluso que les han introducido un bolígrafo en la vagina, a pesar de tener en ese momento su período, bajo la justificación de la búsqueda de objetos de grabación.

Entre las prácticas represivas más comunes que afectan especialmente a las mujeres migrantes internas está la expulsión de las casas donde se encuentran alquiladas a través de la presión policial sobre los dueños de la vivienda, con argumentos fabricados por agentes de la Seguridad del Estado que equiparan el hecho de alojar a activistas políticos con ser cómplices de mercenarismo y “contrarrevolución”. El Decreto Ley 217 restringe la libertad de circulación a cubanos entre La Habana y otras provincias y les exige solicitar permiso a autoridades administrativas para residir en la capital. Aunque no es delito la estancia en la capital, la policía arresta y “deporta” a su lugar de origen a quienes incumplen el decreto.

Además, el Estado cubano ha impedido a mujeres, por causa de su actividad política, el acceso al mercado laboral. Igualmente,  ha expulsado a estudiantes y a profesoras de centros de estudios superiores.

El Estado organiza en centros laborales las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) con la misión de participar de actos de repudio que atentan contra el orden público y promueven el odio entre cubanes. Las mujeres cubanas disidentes han sido víctimas de estos eventos. Esta violencia ha sido ejercida recientemente incluso a través de la Federación de Mujeres Cubanas, organización a la cual todas las mujeres cubanas pertenecemos por mandato del Estado desde los 14 años de edad y a la cual cotizamos, por lo que rechazamos la participación de la organización y el uso de su estandarte en estas acciones violentas.

A todo lo anterior, se suman los medios de comunicación, con campañas para desacreditar a estas mujeres, que no tienen oportunidad para ejercer su derecho a réplica. Los medios estatales han lanzado hacia estas personas acusaciones graves, sin respaldo, de mercenarismo, penado con las penas más graves bajo la Ley No. 88 “Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”.

Afirmamos que existe actualmente en Cuba un clima de evidente hostilidad hacia un segmento amplio y diverso de la ciudadanía que se encuentra en disenso con el estatus quo, y demanda un proceso de revisión y restauración de daños ocasionados. En este sentido, advertimos sobre importantes eventos recientes de discriminacion, violencia y exclusión protagonizados por instituciones estatales, fuerzas policiales y militares, y servidores públicos, motivados especialmente por las acciones más recientes de protesta pacífica del Movimiento San Isidro (MSI), creado en 2018 en respuesta al Decreto Ley 349, que institucionaliza la censura a la creación artística en Cuba.

Feministas cubanas y aliades denunciamos públicamente la situación de varias mujeres, que han padecido, documentado o dado testimonio de acciones violentas por parte del Estado cubano en los últimos tres meses en La Habana:

– Anamely Ramos, curadora, crítica de arte y miembro del MSI: Acto de repudio y detención arbitraria el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias los días 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Detención arbitraria durante todo el día 27 de noviembre, luego de ser desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Vigilancia policial desde el día 28 de noviembre hasta la fecha en la casa de Omara Ruiz Urquiola, a excepción del día 3 de diciembre. Detención arbitraria el 15 de diciembre. Previo a esta ola de represión, Anamely fue expulsada de su puesto como profesora del Instituto Superior de Arte, expulsada del apartamento donde estaba alquilada y se vio obligada a separarse de su hijo para evitar que fuese constantemente expuesto al acoso policial.

– Omara Ruiz Urquiola, historiadora de arte: Detención arbitraria con agresión física el 13 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Vigilancia policial desde el día 28 de noviembre hasta la fecha en su casa, a excepción del día 3 de diciembre cuando fue al hospital a recibir tratamiento. Difamación en la TV nacional. En 2019 fue expulsada de su puesto como profesora del Instituto Superior de Diseño y desde entonces sufre fuerte acoso policial.

– Iliana Hernández, activista y reportera de CiberCuba: Detenciones arbitrarias los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Su madre fue detenida el 19 de noviembre mientras intentaba visitarla en la sede del MSI. Desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26. Vigilancia policial fuera de su casa desde el 28 de noviembre hasta la fecha. Detención arbitraria el 2 de diciembre. Acto de repudio encabezado por la Federación de Mujeres Cubanas el 8 de diciembre luego de ser difamada en la TV nacional. Detención arbitraria el 15 de diciembre cuando se dirigía a una cita en la Embajada de España en La Habana (Iliana es ciudadana española).

– Daylys Bandera, vecina de la sede del MSI: El 18 de noviembre agentes de la Seguridad del Estado le decomisaron suministros de comida y dinero que llevaba a Damas 955. Este evento motivó el inicio de las huelgas de hambre de algunos integrantes del MSI.

– Rosmelis Hernández y Jade Castillo, pareja e hija de Maykel (Osorbo) Castillo: La hija de 4 años del rapero fue agredida físicamente por supuestos agentes de la Seguridad del Estado el 21 de noviembre mientras accedía junto a su madre a Damas 955. Rosmelis ha recibido amenazas de retirarle la custodia de su hija, por parte de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior, con los argumentos de que no le enseña “los conceptos reales de la Revolución” lo cual puede derivar en “un trastorno en la conducta”.

– Tania Bruguera, artista y fundadora del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR): Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias e interrogatorios el 2, 4 y 6 de diciembre. Vigilancia policial desde el día 6 de diciembre hasta la fecha frente a su casa. Desde el 15 de noviembre tiene deshabilitado el servicio de telefonía móvil y el acceso a internet por datos.

– Katherine Bisquet, escritora: Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias los días 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Sacada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Detención arbitraria el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Castillo. Vigilancia policial desde el 2 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde reside. A pesar de que amenazaron al propietario de la vivienda para que fuera desalojada, la policía le impidió efectuar la mudanza. Katherine ha tenido que cambiar de sitio por el mismo motivo en diez ocasiones anteriores.

– Camila Ramírez Lobón, artista visual: Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27, vigilancia policial desde el 4 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde reside Katherine Bisquet, a donde se trasladó para ayudar con la mudanza que nunca ocurrió.

– Claudia Genlui, curadora de arte y miembro de MSI: Detención arbitraria el 25 de noviembre por intentar acceder a la sede del MSI. Acto de repudio fuera de INSTAR durante reunión de la plataforma 27N y detención arbitraria el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Castillo. Detención arbitraria el 2 de diciembre junto a Luis Manuel Otero Alcántara (su pareja sentimental), cuando intentaba reunirse con él luego de ser dado de alta del hospital. Inhabilitación de servicio de telefonía móvil  el 11 de diciembre.

– Aminta De Cárdenas, productora: Detención arbitraria el 10 de octubre. Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27, vigilancia policial el día 5 de diciembre y desde el día 10 hasta la fecha, fuera de su casa.

– Luz Escobar, periodista de 14yMedio: Detención arbitraria el 22 de noviembre por intentar cubrir la protesta convocada en el Parque Central de La Habana. Vigilancia policial y arresto domiciliario arbitrario el 25 de noviembre y desde el 4 al 10 de diciembre, impidiéndole recoger a sus dos hijas de la escuela.

– Yoani Sanchez, bloguera y directora de 14yMedio: Inhabilitación de servicio de telefonía móvil y vigilancia policial los días 11 y 12 de diciembre.

– Anyell Valdés, trabajadora en el hogar y activista: Sacada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26. Su papel durante las huelgas fue de cuidados. Recibió una visita de agentes de la Seguridad del Estado el 2 de diciembre y fue detenida arbitrariamente el día 5 y nuevamente el día 10, en la vía pública cuando llevaba a sus hijos a la escuela.

– Iris Ruiz, actriz y coordinadora del MSI: Detención arbitraria el 10 de octubre, y el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Osorbo. Inhabilitación de servicio de telefonía móvil y vigilancia policial desde el día 10 de diciembre hasta la fecha fuera de su casa, donde viven también sus 6 hijes.

– Camila Acosta, periodista de Cubanet: Detención arbitraria el 10 de octubre, durante la cual tuvo que orinar dentro de la patrulla de policía porque le impidieron ir al baño. Participó del diálogo en el MINCULT la noche del 27 de noviembre. Vigilancia policial desde el día 5 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde ha sido acogida temporalmente. Entre marzo y octubre de este año, ha sido detenida en cuatro ocasiones, ha tenido que mudarse 10 veces y reponer tres veces su teléfono celular, que han roto agentes de la Seguridad del Estado. Ha sido amenazada con ser procesada por presunta “usurpación de funciones públicas” y multada bajo el decreto Ley 370 por sus publicaciones en redes sociales.

– Miryorly García Prieto, historiadora de arte: Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27 de noviembre, ha sufrido detención domiciliaria arbitraria y vigilancia policial los días 4 y 5 de diciembre.

– Solveig Font, curadora de arte independiente: Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27 de noviembre, ha sufrido vigilancia desde el 4 hasta el 6 de diciembre fuera de su casa, por hombres vestidos de civil. Inhabilitación del servicio de telefonía móvil el 10 de diciembre.

– Marthadela Tamayo, activista antirracista y por los derechos de la mujer: Detención arbitraria el 19 de noviembre, y el 22 de noviembre por asistir a la protesta convocada en el Parque Central de La Habana, donde fue agredida físicamente durante el acto de repudio permitido por el Estado. Vigilancia policial el 10 de diciembre fuera de su casa.

– Kirenia Yalit, psicóloga y activista: Acto de repudio y detención arbitraria el 10 de octubre. Vigilancia policial entre el 18 y el 22 de noviembre fuera de su casa.

– María Matienzo, periodista de Cubanet: Vigilancia policial entre el 18 y el 22 de noviembre fuera de su casa.

– Maylin Alonso, periodista de Agence France-Presse (AFP): Agredida durante el acto de repudio permitido por el Estado el 22 de noviembre, mientras cubría como parte de su trabajo la protesta convocada en el Parque Central de La Habana.

– Diasniurka Salcedo, activista del proyecto comunitario Casa a Casa: Detención arbitraria el 20 de noviembre por sospechas de que intentaba acercarse a San Isidro, durante la cual asegura que sufrió abusos sexuales por parte de los oficiales. Detención arbitraria el 28 de noviembre en los alrededores del Hospital Manuel Fajardo, donde se encontraba retenido Luis Manuel Otero. Fue liberada en horas de la madrugada en una zona desierta a 14 kilómetros de su casa. Vigilancia y arresto domiciliario arbitrario los días 4, 5 y 10 de diciembre fuera de su casa.

– Bertha Soler, coordinadora de las Damas de Blanco y Premio Sárajov del Parlamento Europeo: Detención arbitraria el 22 de noviembre por intentar asistir a la protesta convocada en el Parque Central de La Habana en apoyo al MSI. Detención arbitraria el 6 de diciembre cuando salía de la sede de la UNPACU. Vigilancia policial los días 9 y 10 de diciembre a la sede nacional de las Damas de Blanco. Detención arbitraria el 10 de diciembre antes de participar en una Reunión Extraordinaria del Parlamento Europeo. Inhabilitación de servicio telefónico los días 11 y 12 de diciembre.

– Lourdes Esquivel, integrante de las Damas de Blanco: Detenciones arbitrarias los días 6 y 10 de diciembre.

– Dayana Zerquera: Detención arbitraria el 28 de noviembre durante una protesta por el cierre de las tiendas en MLC (monedas libremente convertibles) frente a la sede del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), convocada por madres cubanas. Estas tiendas, donde se venden productos de primera necesidad en una moneda con que no se remunera a trabajadores cubanes, generan segregación económica y exclusión social violando derechos consagrados en la Constitución de la República de Cuba. También asistió a la sentada fuera del MINCULT.

– Rossane Carmona, estudiante de Comunicación Social y activista feminista: Detención arbitraria el 29 de noviembre en camino a una manifestación pacífica convocada en el Capitolio de La Habana.

– Yeilis Torres, ex fiscal e integrante de UNPACU: Detención arbitraria el 10 de diciembre.

– Ketty Méndez, activista: Secuestrada por agentes vestidos de civil el 14 de diciembre, en presencia de su hija menor, mientras se dirigía a una manifestación pacífica por el cierre de las tiendas en MLC y en contra de las medidas económicas anunciadas recientemente. Se ha manifestado en las redes sociales por el desamparo que sufre su hija de 22 años, que padece autismo y desnutrición.

Esta lista incluye solamente a quienes han hecho pública su denuncia y autorizado su divulgación. Además nos consta que al menos una mujer que se acercó a llevar comida a las personas sitiadas en San Isidro, ha recibido citaciones y amenazas de la policía. Tenemos conocimiento de que varias mujeres que participaron de la sentada fuera del MINCULT han recibido amenazas directas o a través de familiares, pero no están preparadas para denunciar públicamente. Algunas fueron gaseadas con spray pimienta por la policía cuando trataban de acercarse a la sentada frente a esta institución la noche del 27 de noviembre. La firma de peticiones o la adhesión a declaraciones como esta, en apoyo a quienes han sido víctimas de estas formas de violencia recientemente, ha sido también causa de acoso y amenazas por parte de autoridades.

La mayoría de estas mujeres lleva meses o incluso años sufriendo estas formas de persecución, acoso y represión. Las parejas, madres, hermanas, hijes de los activistas, artistas, o periodistas hombres vinculados a estos eventos también son víctimas secundarias de la violencia ejercida por el Estado.

La organización Human Rights Watch advirtió recientemente que el gobierno ha usado normas relativas a la covid-19 para intensificar la represión, en forma de detenciones, multas y acoso a disidentes, incluso antes de los hechos de las últimas semanas.

Consideramos importante llamar la atención sobre el caso de Keilylli de la Mora Valle, del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, detenida por la policía el 12 de abril en la ciudad de Cienfuegos por el uso incorrecto de la mascarilla. En la estación de policía, De la Mora Valle comenzó a quitarse la ropa a modo de protesta. Un policía la tomó del cuello, la llevó a una celda y comenzó a darle puntapiés en el muslo y en la rodilla. Después de un juicio que tuvo lugar el 7 de mayo, en el cual no contó con representación legal, De la Mora Valle fue condenada a un año y medio de prisión por “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”. Hasta la fecha continúa detenida. De la Mora Valle ha intentado quitarse la vida en dos oportunidades a causa de amenazas y acoso por parte de guardias carcelarios. Estos cargos han sido utilizados para juzgar a otras mujeres integrantes de la UNPACU y de las Damas de Blanco, de las que al menos dos continúan en prisión a pesar de la crisis de la Covid-19, durante la cual el Estado cubano ha excarcelado a más de 10 mil personas bajo las figuras de ‘libertad condicional’ y ‘licencia extrapenal’. Las activistas políticas Aymara Nieto Muñoz y Martha Sánchez González han denunciado maltratos físicos, incomunicación y privación de atención o tratamiento médico dentro de los centros penitenciarios.

Considerando todo lo cual, feministas cubanas y aliades nos sentimos compelidas a manifestar nuestro desacuerdo con las prácticas discriminatorias, excluyentes y violentas que el Estado cubano ejerce, estimula y normaliza, en contra de mujeres y ciudadanxs en general, cuyo pensamiento y actuar cívico o político disienta de las formas de ordenamiento social admitidas según el discurso ideológico promovido por el Partido Comunista de Cuba, único e inapelable órgano rector de las políticas públicas e institucionales del país. Las violencias ejercidas desde el Estado cubano son una manifestación de un orden patriarcal político que busca perpetuarse en el poder por todas las vías. La supuestamente alta representatividad de las mujeres en cargos públicos se ve anulada por el mandato de tipo patriarcal que ellas representan y reproducen. El Estado ha vaciado de significado las instituciones cubanas, que reproducen los valores ideológicos del Partido Comunista de Cuba y son inflexibles e inoperantes en su capacidad para representar la pluralidad de la sociedad civil cubana, cada vez con más actores.

Solicitamos apoyo internacional de colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a la vez que insistimos en posicionarnos en contra de la injerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos de Cuba, y ratificamos nuestro interés en que estos conflictos sean resueltos de una manera justa para todos sus implicados, incluyendo a cubanes que residen fuera del país. Nos pronunciamos en contra del uso de expresiones y de acciones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas, independientemente de quien las utilice, así como de señalamientos a cubanos de “marginales”, “enemigos al servicio de entidades mercenarias”, “alienados”, “manipulados” o “confundidos”, inmerecedores de la condición de ciudadanos. No admitiremos, como ha venido aconteciendo recientemente, que el Estado desplace el diferendo interno con una parte de la sociedad cubana hacia el conflicto con los Estados Unidos, haciendo uso de un ejercicio retórico reductivista y arbitrario.

Desde nuestras prácticas feministas diversas promovemos el activismo pacífico y decimos NO A LA VIOLENCIA en todas sus manifestaciones. El Estado cubano debe cumplir con las convenciones internacionales de las que es signatario, y comprometerse con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en especial en lo concerniente a la participación en la vida política y pública del país independientemente de nuestra orientación política o ideológica. El Estado debe permitir nuestra organización al margen del Estado mismo, sin ser por causa de ello víctimas de acoso policial o violencia institucional.

Convocamos a las autoridades a entablar un diálogo nacional, sin discriminación de actores o posturas, sin represalias para quienes participen, y del cual emerjan acuerdos vinculantes que permitan la implementación de soluciones a los reclamos urgentes de la sociedad civil y a la actual crisis política que atraviesa el país.

A los 15 días del mes de diciembre.

Firman,

Salomé García Bacallao, conservadora de arte e investigadora

Anaeli Ibarra Caceres, investigadora

Marta María Ramírez, periodista y feminista autónoma. Coordinadora del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR)

Juliana Rabelo, coordinadora de INSTAR

Camila Ramírez Lobón, artista visual y coordinadora de INSTAR

Kirenia Yalit Núñez Perez, psicóloga y activista

María Matienzo Puerto, narradora y periodista

Simone García Bacallao, artista

Laura Rodríguez Arango, creadora escénica

Ana Victoria Pérez, cineasta

María Gabriela Sánchez Álvarez, diseñadora de vestuario

Fernanda Montalvo, creadoræ escénico independiente y acompañante corporal holístico

Katia Gato Rimbau, abogada

Lisandra Castro López, filóloga

Ena Lucía Portela, escritora

Frida Alejandra Lobaina Pérez, teatróloga

Yanelys Nuñez Leyva, activista y productora cultural

Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas

Danae Diéguez, investigadora y experta en temas de género

Hector Luis Valdés Cocho, periodista independiente

Ricardo Sarmiento Ramírez, dramaturgo

Mara Karla Sanchez, psicóloga

Karla Perdomo, psicóloga

Laura Verdecia, Marketing Manager

Geisy Guia Delis, periodista independiente

Elaine Díaz Rodríguez, directora de Periodismo de Barrio

Ismario Rodríguez Pérez, periodista en Periodismo de Barrio

Yasmín S. Portales Machado, escritora, crítica literaria y activista LGBTIQ+

Maykel González Vivero, director de Tremenda Nota

Laritza Diversent, abogada

Adria Valdés Peyrellade, arquitecta

Thais Milanés, autónoma

Liz Peláez, archivista

María de los Ángeles Bonet Hevia, asistente

Lia Villares, artista

Aminta de Cárdenas Soroa, productora

Karla María Pérez González, periodista y editora en la revista ADN Cuba

Claudia Genlui Hidalgo, curadora de arte

Fabiana Salgado Bernal, realizadora audiovisual

Ariadna Del Carmen Kott, actriz y músico

Virginia Ramírez Abreu (LA POLAKA), Directora/fundadora y profesora titular de Antropología de la Cultura e Historia del Arte de la Escuela Superior de Artes Cinematográficas de Galicia. Guionista, productora y directora audiovisual.

Maielis González Fernández, escritora e investigadora literaria

Janet Batet, curadora independiente, crítica de arte y ensayista

Lynn Cruz, actriz y productora independiente

Daleysi Moya, curadora y crítica de arte

Diana Carmenate Castellano, comunicadora visual y docente

Claudia Padrón Cueto, periodista en Tremenda Nota

Laura N. Díaz Ravelo, diseño escénico

Maria Carla Rodríguez, vedette

Laura Kaila López Duarte, historiadora del arte

Clara González, feminista

Hilda Landrove Torres, investigadora

Iris Ruiz Hernández, actriz y coordinadora del MSI

Elena Larrinaga de Luis, Presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Directora Ejecutiva de la Red Femenina de Cuba

Dunia Medina Moreno, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

María Elena Mir Marrero, Secretaria General de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) e integrante de la Red Femenina de Cuba

Yanela Reyes, activista por los Derechos Humanos, Red Femenina de Cuba

Marthadela Tamayo, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

Lázara Eumilla Ayllon  Reyes, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

Tania García Hernández, Red Femenina de Cuba

Zelanda de la Caridad Perez Abreu, Red Femenina de Cuba

Yacqueline Madrazo Luna, Red Femenina de Cuba

Mileisis Vigoa Marrero, Centro Democracia Proactiva y Derechos Humanos “José de la Luz y Caballero”

Maribel Isidra Hernández, Mujeres Democristianas Cuba

Rocinante Sotolongo Cruz, Mujeres Democristianas Cuba

Maritza Concepción Sarmiento, Mujeres Democristianas Cuba

Lázara María Dorrego, Mujeres Democristianas Cuba

Evelyn Pineda Concepción, Mujeres Democristianas Cuba

Yusleidy Valero Concepción, Mujeres Democristianas Cuba

Anai Penalba Subit, Mujeres Democristianas Cuba

Delices González Dorrego, Mujeres Democristianas Cuba

Mimi Onel, Mujeres Democristianas Cuba

Sara Cuba Delgado, Alianza Cubana por la Inclusión

Aimara Peña González, Directora de Somos Nueva Cuba, activista feminista y YouTuber

María Cristina Labrada Varona, Consejo de Dirección de las Damas de Blanco

Marisel Nápoles González, periodista de Diario de Cuba y coordinadora del grupo Mujeres Esperanza

Adriana González Téllez

Olivia Blanco Martín, psicóloga forense (España)

Roberto Garcés Marrero, investigador

Luis Alberto Dieguez Albelo, informático de Habana Verde

Yudith Vargas Riverón, curadora e historiadora de arte

Linet Cums Yumar, editora de Rialta

Ibrahim Hernández, editor de Rialta

Carlos Aníbal Alonso, director de Rialta

Camila Cabrera Rodríguez, investigadora y gestora cultural

Leticia Ramos Herrería, activista por los Derechos humanos

Miriam Herrera Calvo, Licenciada en Enfermería

Sheyla Pool, cineasta

Lidia M Romero Moreno, jurista y activista por los derechos humanos de las personas LGBTIQ y de las mujeres

Organizaciones, colectivos y medios que se adhieren a esta carta:

Revista Alas Tensas

Cubalex

ONG de Derechos Humanos José de la Luz y Caballero

Candela Review

Mujeres Democristianas Cuba

Red Femenina de Cuba

Habana Verde

Alianza Cubana por la Inclusión (ACI)

YoSíTeCreo en Cuba

Fuente e Imagen: https://www.cibercuba.com/noticias/2020-12-16-u1-e185759-s27061-activistas-denuncian-violencia-contra-mujeres-motivos

Comparte este contenido:

A pesar de represión, prosiguen protestas juveniles en Panamá

América Central/Panamá21-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Las manifestaciones juveniles se producen en contra del retiro gubernamental a la ayuda para personas menores de 25 años.

Diversas organizaciones y personalidades panameñas calificaron este jueves de «violencia policial» las acciones contra jóvenes universitarios que protestaron frente al parlamento local en contra de la eliminación gubernamental a la ayuda solidaria para personas menores de 25 años.

Las reacciones llegaron tras un mensaje publicado en Twitter por parte de la Policía Nacional mediante el cual informó que «por alteración de la convivencia pacífica, 27 personas, entre ellas cuatro menores de edad, serán remitidas al Juzgado de Paz, por nuestras unidades policiales. Los mismos se mantienen en la subestación policial de San Miguel en el corregimiento de Calidonia».

Poco después, sin embargo, uno de los oficiales mostró a la prensa un listado con 23 personas, entre las cuales aparece una estudiante acusada por «agredir a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones», pero un vídeo difundido por medios de prensa locales muestra a la detenida cuando recibe una golpiza de un policía.

Sobre el tema se pronunció el rector de la Universidad de Panamá (UP), donde estudia la joven, quien repudió «la agresión física por parte de la policía antimotines contra la estudiante Ileana Correa; y exijo que se retire el absurdo cargo que le hacen a la estudiante de agresión física contra la policía».

Varias organizaciones civiles y gremios estudiantiles exigieron, de igual manera, la liberación inmediata de los 27 detenidos, incluidos cuatro menores de edad, una de las cuales, gritó ante las cámaras que en el registro personal fue abusada sexualmente.

Este jueves fue el segundo día de protestas juveniles contra el Decreto Ejecutivo que elimina la ayuda financiera por el equivalente de 100 dólares mensuales durante la pandemia de Covid-19 a los menores de 25 años dependientes económicos de la familia.

Tags

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/protestas-panama-jovenes-represion-20201217-0022.html

Comparte este contenido:

Incierto regreso a clases en las aulas en El Salvador, dicen profesores

América Central/El Salvador/20-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com

En las escuelas públicas no solo están preocupados por el nivel de contagios sino por la disponibilidad de recursos.-

Gremiales y especialistas del sector educativo apuntan que, frente a la debilidad del sistema educativo nacional y el actual comportamiento de la pandemia, es poco probable que la totalidad de escuelas estén listas para retomar la actividad académica semipresencial durante las primeras semanas del primer trimestre 2021; tampoco lo ve como algo conveniente.

Daniel Rodríguez, secretario general de Simeduco, explica que si bien el Ministerio de Educación (MINED) abrió el 7 de diciembre el portal en línea “Crecer Juntos”, para que todas las instituciones educativas se registren, de cara a obtener aval de regreso a clases presenciales, es un hecho que la mayoría no tiene instalaciones ni recursos adecuados.

“Yo estoy seguro que muchos centros escolares no calificarían (a los requisitos establecidos) por las condiciones que tienen, pero como usted sabe que en nuestro país siempre han utilizado los datos solo para llenar requisitos, posiblemente para no recibir críticas como gobierno, como lo han hecho otros gobiernos de turno, pues muchas veces pasan los procesos”, matizó.

Ante esto considera que el MINED debe valorar muy bien el regreso, sobre todo ante los reportes de que los casos de COVID-19 van a la alza.

En la circular No. 23, la última emitida por el MINED, la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, deja claro que aunque los centros de enseñanza oficiales logren permiso para retornar siempre deberán esperar el llamado que hagan los titulares.

“En las escuelas lo que vamos a hacer es digamos la separación de pupitres (como parte del protocolo) pero eso no genera condiciones (suficientes), como en otros países en donde para recibir a los estudiantes han puesto separadores de acrílico con la finalidad de que no haya contagio del COVID”, explica.

Rodríguez, quien funge como director en un centro escolar de Panchimalco, San Salvador, destaca que incluso hay escuelas que no calificarían no solo porque no tienen infraestructura adecuada, sino porque además carecen de acceso a agua potable y el equipo necesario para evitar contagios masivos.

El docente afirma que en su escuela están haciendo todo hasta lo imposible para cubrir lo que se les está pidiendo en la plataforma, de ahí que esperan que no haya retraso y en enero tengan claro si cumplen los requisitos y cómo va a ser el proceso, sobre todo porque eso implicará una inversión.

Según explica, en su escuela solo han podido destinar $350.00 para comprar insumos que se requieren para poner en marcha los protocolos de bioseguridad, pero han tenido que asignar menos fondos para otras necesidades de mejora de las instalaciones, así como la compra de material didáctico.

Óscar Martínez, secretario general de la gremial SEDESA, sostiene que el punto clave está en que les depositen a las escuelas el bono de operación y funcionamiento en tiempo.

Martínez, también director del Centro Escolar Anselma Sánchez de Mancía, de El Congo, Santa Ana, subraya que ellos han recibido ya el segundo depósito de presupuesto de operación de este año pero de ahí tendrán que comprar recursos para 22 secciones, entre alcohol gel, mascarillas por aquello de que algún estudiante no lleve, lejía, bandeja con alfombra, termómetros.

“No considero oportuno que vuelvan en enero los niños, ni en grupos, ni divididos, ni semipresencial y virtual, que un grupo va a ir un mes, que un grupo otro mes”, señala el representante de SEDESA.

El profesor Hugo Canjura, director del Instituto Nacional Francisco Menéndez (Inframen), manifestó que en esa institución, con la asistencia de una enfermera y cinco médicos que laboran como docentes del bachillerato en salud ya elaboraron el protocolo para cuando el MINED de aval para retornar a clases, pero están esperando el presupuesto para la adquisición de los recursos, en lo que han calculado tendrán que invertir cerca de $500.00 mensuales.

En el caso del Inframen ya tienen planificado que 50 % de la atención de los alumnos será virtual y el otro 50 % presencial, pero están a la expectativa de cómo se comporte la pandemia.

“Nosotros les dijimos a los compañeros dependiendo cómo se comporta la pandemia, así es como vamos a actuar”, añadió Canjura. Eso, según indicó, implica que si ven incremento y ven que Educación no reacciona pronto le pedirán la autorización para trabajar totalmente virtual.

Paz Zetino Gutiérrez, secretario general de Bases Magisteriales, señaló que como no se puede tener certeza si todas las escuelas públicas cuentan con los recursos necesarios y suficientes, es necesario que el MINED y el Ministerio de Salud suscriban un mecanismo de colaboración para que este último se los provea, especialmente los aparatos para la toma de temperatura, alcohol gel y desinfectantes que requerirán en grandes cantidades.

El especialista educativo, Óscar Picardo Joao, ve poco probable que las escuelas estén listas para un temprano retorno a clases en el 2021, ni tampoco que la situación de contagios esté controlada como para que eso pueda suceder.

“Ni están preparados y el contagio será significativo en enero” apunta Picardo Joao, en alusión a que en la actualidad hay una sobre exposición de la gente en centros comerciales, reuniones de todo tipo, eventos masivos.

Javier Hernández Amaya, presidente de la Asociación de Colegios Privados (Acpes) no descarta que el regreso a clases semipresenciales se vea dificultado por el aumento de casos: “Ya hemos previsto que esto pueda suceder, por lo cual hemos promovido que los padres de familia acepten el inicio de las primeras diez semanas del año escolar 100 % virtual; es la oferta que le estamos haciendo al matricular al estudiante”.

Hernández Amaya, quien también se desempeña en el sector público, sostiene que de igual forma ve complicado el retorno en las escuelas oficiales, porque eso depende del tema financiero y del hecho que la curva epidemiológica de contagios sigue subiendo.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/regreso-a-clases-ministerio-de-educacion/786993/2020/

Comparte este contenido:

Organizaciones sociales dominicanas exigen despenalizar aborto

Organizaciones sociales dominicanas exigen despenalizar aborto

Las organizaciones sociales también convocaron a un Pañuelazo de Esperanza virtual.

El Foro Feminista de República Dominicana, junto a otras organizaciones sociales del país caribeño ha lanzado este miércoles una jornada verde por la vida, la salud  y la dignidad de las mujeres, demandando a su vez un código penal que tipifique violencia contra las mujeres,  feminicidio y que incluya las tres causales del aborto violencia.

Los movimientos feministas dominicanos convocaron además a un Pañuelazo de Esperanza virtual, en el cual plantearán como tres causales para ejercer el aborto cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, cuando hay malformación del feto que impide la vida después del nacimiento o cuando el embarazo es producto de una violación sexual o incesto.

A través de diferentes estudios publicados con anterioridad, el Centro de Investigación para la Acción Feminista (Cipaf) ha respaldado la petición de las féminas. De ese modo el Cipaf expresó  su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres en el país.

Por ello, esta organización de la sociedad civil, inició el pasado noviembre una campaña de concientización dirigida a la ciudadanía, actividades las cuales tendrán promoverán la despenalización del aborto.

República Dominicana es uno de los cinco países que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, incluidos los casos de menores abusadas. Por ello la entidad defensora de los derechos de la mujer considera que el tema pone en evidencia la falta de protección y garantías por parte del estado a incluir derechos que respeten y valoren a las mujeres.

A su vez, el senado de la República Domincana aprobó este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley del código civil dominicano que elimina el matrimonio infantil y que llevaba varios años siendo discutido en el Congreso Nacional. La moción formaba parte de las luchas consecutivas de los grupos sociales que se han manifestado este día.

Fuente de la Información: https://www.telesurtv.net/news/organizaciones-sociales-dominicanas-exigen-despenalizar-aborto-20201216-0051.html

 

Comparte este contenido:
Page 129 of 1231
1 127 128 129 130 131 1.231