Los riesgos asociados al desplazamiento son mayores cuando las víctimas son personas jóvenes: niñas, niños y adolescentes que dejan de asistir al sistema educativo o lo hacen con temor debido a factores asociados a la violencia e inseguridad, como las amenazas de las pandillas.
La integridad física y patrimonial de la población migrante en Centroamérica, así como la tutela de sus derechos humanos, enfrentan riesgos crecientes ante las nuevas dinámicas migratorias, que a partir del año 2000 han estado determinadas por el aumento en los flujos de mujeres y menores no acompañados, el desplazamiento forzado, la movilidad en grupos masivos llamados “caravanas” y el incremento de personas que solicitan el estatus de refugiados.
De acuerdo con los principales hallazgos del proyecto de investigación “Migraciones internacionales, refugiados y desplazamientos internos en Centroamérica” auspiciado por la Panamerican Development Foundation (PADF), estas nuevas dinámicas han hecho que el fenómeno migratorio sea más complejo.
En el 2018, la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) registró 315.779 solicitudes de refugio de personas de Centroamérica. Un 38% de estas las hicieron personas de El Salvador, un 27% correspondieron a nicaragüenses y 24% a hondureños.
Salvo en el caso de los nicaragüenses, de los cuales el 73% se dirige a Costa Rica, los solicitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras tienen como primer destino los Estados Unidos, como segundo México y España ocupa el tercer lugar para los salvadoreños y Canadá para el caso de los guatemaltecos.
Las investigaciones señalan que la falta de información sistemática y el reconocimiento de algunos Estados, han limitado la toma de conciencia pública sobre la magnitud y características del desplazamiento forzado en la región.
De acuerdo con el “Centro de Monitoreo Internacional sobre Desplazamiento Interno”, El Salvador encabezaba la lista de países del hemisferio con la mayor cantidad de personas desplazadas: 246.000 nuevas víctimas en 2018. Aunque las cifras son menores para Honduras y no hay reportes para Guatemala, los problemas que origina el desplazamiento son comunes a los tres países: desarraigo, abandono de propiedades y pérdida de empleo e ingresos.
Una de las principales amenazas en contra de la niñez y adolescencia es el reclutamiento forzado por las pandillas, el acoso y las amenazas, con mayor intensidad en El Salvador. Para las niñas y jóvenes el riesgo es mayor, ya que además de ser reclutadas como integrantes, cuando un pandillero está interesado sexualmente en ellas, todo el grupo familiar se ve amenazado para presionar a los padres a entregarlas. Las llamadas “novias de la pandilla” corren el riesgo de convertirse en esclavas sexuales de los pandilleros. Dinámica que también se presenta en Honduras y Guatemala.
Con base en información recopilada por la Fundación Cristosal, en Guatemala, Honduras y El Salvador existe un creciente número de líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y dirigentes de organizaciones que han sido víctimas directas de situaciones de amenazas y atentados, siendo obligados a desplazarse.
Una investigación realizada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, señaló que entre 2017 y 2018 fueron asesinados 39 líderes sociales en ese país, y se ejecutaron unos 884 ataques contra líderes indígenas, mujeres defensoras de derechos humanos, activistas de colectivos LGBTI, periodistas, jueces, abogados, entre otros.
En Nicaragua, a partir de abril del 2018, se comenzó a generar desplazamiento interno y externo como consecuencia de la crisis política que vive ese país. De acuerdo con un estudio realizado en 2019, 75% de las personas nicaragüenses que llegaron a Costa Rica a partir de esa fecha abandonaron Nicaragua por razones políticas, y un 51% señalaron haber recibido amenazas.
Los riesgos y vulnerabilidad asociados al desplazamiento son mayores cuando las víctimas son personas jóvenes o menores de edad.
Un estudio realizado en 2018 por Save the Children en Guatemala, señaló que en 131 centros educativos se encontró que 817 estudiantes (57.5% del total) vivían con temor de ir a la escuela debido a factores externos a la institución, 23% del estudiantes y 28% del cuerpo docente han sido víctimas o conocen a alguien que ha sido acosado por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha a la llegada o salida de la escuela.
Además, desde el 2018 las caravanas improvisadas de migrantes que salieron de Honduras, Guatemala y El Salvador marcaron un hecho relevante en las dinámicas migratorias de Centroamérica. Muchas de estas personas dependen de la caridad de los habitantes locales o de la ayuda que prestan organizaciones humanitarias e iglesias para continuar su viaje, y para tener acceso a albergues o campamentos improvisados.
Los testimonios de la investigación de campo realizada por la Fundación Cristosal en El Salvador y Honduras en el año 2019, afirman que las víctimas del desplazamiento forzado no encuentran amparo en las instituciones policiales ni en el sistema judicial para la investigación de los casos, ni tampoco para beneficiarse de asistencia legal y de protección.
Por ejemplo, 7 de cada 10 personas atendidas por Cristosal en el 2018 por desplazamiento no presentaron ningún tipo de denuncia. Para las víctimas, interponer una denuncia supone un alto costo y el riesgo de sufrir represalias, lo que implica para ellas una situación de desamparo.
El relevante y a la vez controversial tema de los desafíos de la población migrante es uno de los tantos que están contemplados en las preguntas de una novedosa herramienta de investigación y análisis llamada Test Identidades.
Quienes respondan este test, pueden comparar su posición sobre diversos temas con otras personas de su país u otros países de Centroamérica. El test es gratuito, corto y sencillo y puede responderlo al ingresar a este enlace: www.testidentidades.com
En las escuelas improvisadas en las calles se les enseña a chicos centroamericanos que vivían en un campamento para personas que quieren asilarse en EEUU.
Todo empezó de una forma muy sencilla, con escuelas improvisadas en las calles, en las que se enseñaba a leer, escribir, matemáticas y arte a chicos centroamericanos que vivían en un campamento para personas que buscan asilarse en Estados Unidos, varadas en la frontera, en territorio mexicano.
Igual que tantas otras escuelas, esta “escuelita de la acera” tuvo que apelar a la internet al surgir la pandemia del coronavirus. En lugar de sufrir con el cambio, la escuela creció y contrató a una veintena de maestros —todas personas que buscan asilo— para dar clases vía Zoom a los niños centroamericanos del campamento y también a los de varios albergues y departamentos para migrantes de otras partes de México.
Maestros y estudiantes recibieron más de 200 tabletas de Amazon que les entregó The Sidewalk School for Children Asylum Seekers. La organización fue fundada por Felicia Rangel-Samponaro, quien vive del otro lado de la frontera, en Brownsville, Texas, y la cruza constantemente para llevar comida y libros a las personas que buscan asilo.
Rangel-Samponaro, de 44 años, dijo que para comprar las tabletas usó dinero propio y recaudó fondos, incluso a través de una campaña de GoFundMe.
Muchos llevan más de un año esperando, con sus vidas en un limbo. Y las esperas se agravaron cuando el gobierno estadounidense suspendió las audiencias del servicio de inmigración relacionadas con los pedidos de asilo debido a la pandemia.
Las clases dan a los chicos no solo la oportunidad de no retrasarse sino también les permite distraerse, evitando el aburrimiento de los días inacabables en el campamento.
Un viernes reciente por la mañana, Gabriela Fajardo dictó una clase vía Zoom sentada en un balde invertido en un pasillo de un pequeño edificio de departamentos copado por personas que buscan asilo, que han conseguido trabajos que les permiten irse del campamento de Matamoros y pagar un alquiler. Se habían conectado varios niños centroamericanos que están viviendo en Ciudad Juárez, unos 1.315 kilómetros (830 millas) al oeste de la frontera con Texas.
La maestra hondureña de las escuelas Gabriela Fajardo dicta una clase de matemáticas vía Zoom a niños centroamericanos hijos de migrantes que viven en campamentos, albergues y departamentos de Matamoros, México, el 20 de noviembre del 2020. Igual que sus alumnos, Fajardo pidió asilo en EEUU y está varada en México, esperando que las autoridades estadounidenses procesen su solicitud.
AP/Eric Gay
“Recuerden, ‘hello’ quiere decir ‘hola’”, le dice en español a un chico llamado Jeremy, pronunciando las palabras cuidadosamente, con su tableta apoyada en una mesa de madera. “‘Good morning’ es ‘buenos días’. Tendrán que hablar inglés allí (en Estados Unidos) porque si no, nadie los va a entender en español, solo su madre”.
“Por eso comparto con ustedes lo poco que sé”, expresó esta mujer hondureña de 26 años, que está varada en México, lo mismo que sus alumnos.
El muchacho le dio una respuesta entusiasta. “OK, entonces aprenderé inglés. Tengo que halar en inglés”, le dijo, aunque todavía hablando en español.
Fajardo soltó una gran sonrisa y siguió con la clase.
La hondureña es una maestra de escuela primaria que se fue de su pueblo con su hijo después de recibir amenazas porque su hermano es un policía. Ya lleva un año y cuatro meses en México, esperando que Estados Unidos procese su solicitud de asilo.
El poder enseñar, que es su pasión, le hace sentirse útil. Dijo que le molesta ver que los niños no pueden estudiar.
“Noto que hay chicos ya creciditos que no saben nada”, comentó. “Un chico necesita empezar a aprender a leer y matemáticas a los seis años”.
Fajado se fue de su país en busca de una vida mejor para ella y su hijo.
Pero mientras espera en esta ciudad fronteriza plagada de delincuencia, se siente agradecida de poder dar clases a tantos niños cuyo futuro es incierto.
“En la universidad me enseñaron que la razón por la que hay que recibir una educación es para poder educar a otros”, expresó. “Eso me alienta”.
Este caso refleja de manera muy precisa la forma en que la tecnología de videovigilancia puede contribuir a las mejoras sociales en sectores vulnerables, a un bajo costo y con excelentes resultados: un verdadero ejemplo para los administradores estatales.
El reto
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico necesitaba implementar un sistema de seguridad perimetral centralizado y eficiente para todas las escuelas públicas de la isla.
Las intrusiones y agresiones en las instituciones educativas aumentaron, y el huracán María agudizó aún más los problemas, debido a la destrucción de la infraestructura.
La solución
La necesidad de restaurar los daños producidos por el huracán fue la oportunidad para invertir en mejoras y modernización.
La administración del Estado optó por la instalación de un sistema de videovigilancia con más de 10 000 cámaras, altavoces y otros dispositivos de seguridad en 856 escuelas.
También se estableció un centro de control centralizado, que usa la versión corporate del software de gestión de video (VMS) XProtect® de Milestone Systems.
Las ventajas
Con el mismo presupuesto anual con el que se vigilaban 256 instituciones, el nuevo sistema le permitió al Departamento de Educación de Puerto Rico cubrir la totalidad de sus escuelas públicas (856).
Desde que el sistema está en funcionamiento hubo una reducción del 97 % de las intrusiones dentro de las instituciones educativas.
Además de proteger el programa educativo, el material audiovisual captado por el sistema ayuda a otras dependencias gubernamentales a evaluar y administrar áreas de uso público e investigar incidentes.
Garantizar un ambiente seguro es un desafío cada vez mayor para los colegios y escuelas de hoy: hurtos, peleas y acoso escolar son algunos de los problemas que afectan tanto a estudiantes como a profesores, empleados y, en últimas, a las entidades que los subsidian.
En Puerto Rico, por ejemplo, el Departamento de Educación estaba preocupado por el incremento de intrusiones no autorizadas, robos y agresiones dentro de sus escuelas; índice que se disparó después del huracán María (2017) y que destruyó gran parte de la infraestructura de la isla.
Incluso, antes del paso del huracán, no había un sistema de seguridad centralizado que integrara una visión general de todas las escuelas.
Existían instalaciones dispares de equipos de videovigilancia (cámaras, alarmas, iluminación) pero solo en aproximadamente 250 de las escuelas.
Después del huracán, en vez de invertir en la reparación y compra de todos los sistemas separados, se dio la máxima prioridad a dotar de seguridad perimetral a todas las escuelas, con la consecuente necesidad de la creación de un centro de comando.
“El huracán perjudicó los sistemas de comunicación e iluminación de la isla, circunstancia que promovió las intrusiones en las escuelas y, posteriormente, el aumento del vandalismo; no teníamos visibilidad de lo que pasaba y no encontrábamos la manera de evitar esos escalamientos”, mencionó César González Cordero, comisionado de Seguridad del Departamento de Educación de Puerto Rico. “Sin embargo, no podíamos permitirnos comprar y reparar equipos individualmente para todas las escuelas, por lo que era necesario un esfuerzo centralizado y coordinado”.
En este contexto, cuenta González, nació la propuesta de adquirir un sistema de videovigilancia para las escuelas públicas de Puerto Rico enfocado en la seguridad perimetral.
Seguridad perimetral para todas las escuelas
La empresa seleccionada para desarrollar el proyecto de seguridad perimetral para las 856 escuelas públicas de la isla fue Genesis Security Services, de Puerto Rico, una corporación fundada en 1997 por los hermanos Roberto y Emilio Morales de Yabucoa, líderes en servicios de seguridad a nivel gubernamental.
“Llevamos más de 15 años brindándole seguridad al Departamento de Educación por medio de nuestro servicio de guardias presenciales, por eso conocíamos el diseño, la ubicación, los activos y las vulnerabilidades de varios planteles educativos, lo que representó una gran ventaja a la hora de ejecutar el proyecto”, mencionó Yasel Morales, directora de Tecnología de Genesis.
En octubre de 2018, comenzó la instalación de cámaras y otros dispositivos en todas las escuelas.
El control de la misión del sistema de video se construyó dentro de la Estación Central Génesis, ubicada en el municipio de Carolina (en la región noreste de la isla). Los datos de video de todas las escuelas se devuelven allí y se administran con la plataforma abierta VMS de Milestone Systems XProtect Corporate.
Por su carácter de plataforma abierta, el software de gestión de video, Milestone XProtect, es compatible con más de 8.500 dispositivos de seguridad y vigilancia, y más de 450 integraciones de software de más de 3.500 socios tecnológicos.
Dentro de los socios de la alianza se incluyen proveedores de cámaras de video en red, soluciones en la nube, DVR y NVR, servidores y equipos de almacenamiento, sistemas de alarma y detección, análisis de video, tecnología GPS, escáneres láser y de radar, cajas de llamadas de emergencia y más.
“En la Estación Central disponemos de ocho estaciones de trabajo, con la misma cantidad de operadores por turno; allí tenemos un videowall de ocho monitores distribuidos entre las estaciones. Así mismo, contamos con dos centros de despacho que nos sirven como backup: uno el municipio de Yauco y otro en el barrio Hato Rey de San Juan”, explicó Morales.
Como parte del proyecto, se instalaron aproximadamente 10.000 cámaras Uniview DH-Vision de 4 megapíxeles en las 856 escuelas (un promedio de 12 cámaras por campus).
También se integraron altavoces de audio de Axis Communications y una gama de sensores de Optex. La combinación de estas tecnologías hizo posible que cada escuela tuviera un sistema anti-intrusión con sus propias alertas, todas retroalimentadas a la Estación Central.
Cada plantel tiene un servidor marca Seneca con el software XProtect Express+ instalado, que se comunica con la versión Corporate de la Estación Central a través de Interconect, una plataforma de licenciamientos que permite abrir un canal de comunicación entre diferentes equipos que en su forma nativa no se pueden comunicar entre sí.
Milestone Interconnect ™ conecta sitios remotos para una solución de videovigilancia a bajo costo. Es la vigilancia ideal para una amplia variedad de industrias que buscan una forma económica de tener supervisión centralizada de múltiples ubicaciones repartidas en una región.
Con Milestone Interconnect, ingenieros y gerentes pueden monitorear fácilmente áreas críticas y remotas desde una ubicación central. Esto significa un manejo de intrusiones más rápido porque los operadores en el sistema central pueden acceder al video y recibir alarmas de los sitios remotos conectados.
Esto reduce la necesidad de tener personal de seguridad local, mantenimiento, operación y otros costos, incluidas las visitas in situ.
Genesis creó unas verjas virtuales con las cámaras que, además de proteger los espacios de las escuelas, también velan por la seguridad de las subestaciones y de las placas solares, considerados activos importantes para las instituciones.
Si alguien cruza la verja virtual, se genera una alerta local que pasa a la Estación Central con Interconect, en donde los operadores hacen una confirmación visual y, si es el caso, activan el protocolo de emergencia.
“El protocolo de emergencia consiste en comunicarse con el comisionado de seguridad y con el Departamento de Operación. Para ese enlace designamos internamente a un inspector; una vez informados, ellos ya activan a los guardias en los sitios, quienes están entrenados para dar respuestas rápidas o informar a la policía”, aclaró Morales.
Gracias al software de gestión, Genesis puede encontrar cualquier grabación de las escuelas fácilmente y enviársela al comisionado, quien también puede recibir las alertas directamente a través de una aplicación en su celular.
Cabe anotar que todo el personal que manipula el sistema, tanto operadores como técnicos, cuenta con las certificaciones de Milestone Systems, obtenidas en el sitio web del fabricante.
González explicó que los directores y vecinos de las escuelas pueden contactar a la Estación Central si necesitan reportar actividad sospechosa dentro de una escuela después de las horas regulares.
El comisionado González también aclara que “si por algún motivo un director de escuela necesita una grabación, se debe comunicar con nosotros y le solicitamos la información al centro de operaciones de Genesis; este protocolo está diseñado para respetar el derecho de estar en un lugar sin sentirse vigilado en todo momento, como lo estipulan las políticas públicas de Puerto Rico. En total, este sistema beneficia directamente a casi 400.000 personas”.
Más seguridad a un costo más bajo
Según el comisionado, desde que se instaló la primera cámara pasaron de dos o tres intrusiones por día a una o cero. En octubre pasado no tuvieron ningún registro de intrusiones.
Genesis Security Services confirmó que desde que el sistema esté en funcionamiento ha habido una reducción del 97 % en las intrusiones escolares.
La tecnología de video ha ayudado a disipar problemas como el robo de bienes por parte de los empleados y, lo que es más importante, ha contribuido a reducir las tasas de agresión física y acoso entre los estudiantes.
Estos resultados, además, han ayudado a generar confianza entre las familias puertorriqueñas cuando inscriben a sus hijos en las escuelas.
“El sistema es ágil y preciso. Es más eficiente e inmediato que comunicarse con un guardia que tiene que entrar a una instalación para verificar lo que está sucediendo. Es genial trabajar con un sistema que tiene visibilidad 24/7 de todos los planteles”, aseguró González.
De otro lado, gracias a este proyecto tecnológico se redujo el costo de seguridad en las escuelas, uno de los principales objetivos del Departamento de Educación al comienzo.
“Anualmente nos gastábamos alrededor de 25 millones de dólares cubriendo solo 256 escuelas con el sistema de guardias y nos quedaban casi 600 planteles desatendidos. Este proyecto nos dio la posibilidad de cubrir el 100 % de las escuelas públicas de Puerto Rico con el mismo presupuesto”, informó González.
Finalmente, es importante señalar que muchas de estas escuelas se ubican en sitios vulnerables de la isla, por lo que el sistema también está ayudando a la Policía y a la Fiscalía a resolver casos ocurridos en los alrededores de los recintos educativos y, en general, contribuye al bienestar de la comunidad.
Proyectos a futuro
Desde el Departamento de Educación, el Gobierno puertorriqueño está buscando la manera de integrar este tipo de sistemas de videoanalítica con los programas y bases de datos de los defensores de los derechos sexuales.
“A futuro queremos tener un sistema que sea capaz de identificar si un delincuente sexual cruza el perímetro en las zonas escolares para poder alertar con tiempo”, dijo González.
Por el lado de Genesis, Morales asegura que el siguiente paso con este proyecto será comenzar a agregar analíticos para el VMS, para no solo garantizar seguridad perimetral sino también estadísticas como conteo de personas, vehículos e integrar también los sistemas de control de acceso en la totalidad de las escuelas.
El 79 por ciento de los niños haitianos en edad escolar carecen hoy de acceso a internet en sus casas, lo que limita su aprendizaje en tiempos de pandemia, advirtió la Unicef.
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La brecha digital impide a los niños y jóvenes acceder a la educación de calidad y a oportunidades en línea, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia junto a la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
A nivel mundial, dos tercios de los infantes no cuentan con conexión en sus viviendas, mientras que 759 millones de jóvenes entre 15 y 24 años corren con la misma suerte.
En Haití, el azote de la Covid-19 negó el derecho a la educación durante cuatro meses, por lo que un acceso más equitativo a la red de redes es una alternativa viable para el aprendizaje a distancia, señaló Raoul de Torcy, representante de la Unicef.
Destacó, además, que la brecha digital perpetúa las desigualdades existentes, en especial para quienes provienen de hogares pobres y comunidades rurales, quienes casi no tienen forma de ponerse al día.
El panorama es aún más complejo en la nación caribeña, donde los disturbios sociales y el descontento con el gobierno en 2019 privaron a los estudiantes de al menos dos meses de clases.
Se suma el creciente clima de inseguridad y la multiplicación de secuestros, particularmente en esta capital y otras ciudades departamentales.
A mediados septiembre la ONU expresó su preocupación por el impacto de la inseguridad y la crisis sanitaria en el sistema educativo nacional, además de las huelgas de los profesores.
También insistieron en el derecho a una educación con calidad, inclusiva y equitativa, que priorice a quienes se encuentran en situaciones vulnerables.
Estos participantes fueron becados por Inafocam para fortalecer su formación en la Especialidad en Educación Inicial y la Especialidad en Acompañamiento Pedagógico. Ambos programas se desarrollan de manera virtual por causa de la pandemia del Covid-19.
El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) llevaron a cabo un acto de firma contrato compromiso en el que 152 docentes del área metropolitana se comprometen a cumplir con los deberes del proceso de formación que se desarrolla en la citada institución de educación superior.
Estuvieron presentes coordinadores docentes y técnicos docentes que laboran en los niveles de Inicial y de Primaria del sistema educativo dominicano de las regionales 04 (de San Cristóbal), 10 y 15 (de Santo Domingo) y 17 (de Monte Plata).
Estos participantes fueron becados por Inafocam para fortalecer su formación en la Especialidad en Educación Inicial y la Especialidad en Acompañamiento Pedagógico. Ambos programas se desarrollan de manera virtual por causa de la pandemia del Covid-19.
La actividad se desarrolló este miércoles en el Salón Osvaldo García de la Concha de INTEC bajo la coordinación de Pascuala Matos coordinadora de programas de posgrados del Inafocam. El acto de firma del documento legal estuvo dirigido por Raquel Liriano y Ángela Acosta del Departamento Jurídico de este instituto.
Los representantes del Inafocam exhortaron a los becarios a comprometerse con el proceso de formación docente que se desarrolla en el INTEC. Dijeron que estos programas forman parte de los planes de la institución que representan para la creación de una masa crítica de especialistas en las diferentes áreas curriculares y transversales del currículo educativo por competencia.
Se les recordó la importancia que tienen los docentes y los técnicos docentes en la calidad de los aprendizajes escolares y que por esto el Inafocam compromete a los participantes en los programas que desarrolla a nivel nacional para que asuman con rigor el proceso formativo universitario.
En el documento entregado por los técnicos jurídicos del Inafocam se informó a los participantes de los programas de posgrado de los compromisos y responsabilidades que asumen como becarios de la institución responsable de la formación y capacitación de los maestros del sector educativo público.
Fuente e imagen: https://acento.com.do/actualidad/becarios-de-inafocam-e-intec-daran-inicio-a-especialidades-en-educacion-inicial-y-acompanamiento-pedagogico-8888276.html
El Gobierno de Honduras benefició a la industria maquiladora con contratos para material sanitario al inicio de la pandemia de la Covid-19. Pero los trabajadores tenían prohibido usar transporte público. La agresión policial a un autobús privado con más de treinta empleadas de una fábrica textil obligó al Estado a admitir que los agentes aplicaron un procedimiento inadecuado.
El Enano discutió con un policía. El chofer, conocido por su apodo, acababa de intentar una maniobra prohibida. Todo para entrar con su precario autobús al principal parque industrial del municipio de Choloma, al norte de Honduras. Era 12 de agosto y pasaban las seis de la mañana. El conductor trasladaba a 31 obreras y 9 obreros a la maquila Jerzees Nuevo Día, una de las siete empresas en Honduras que fabrican ropa para la marca estadounidense Fruit of the Loom. El oficial retuvo el bus por unos minutos. Pero lo dejó pasar.
Temprano por la mañana, varias maquileras se dirigen a la entrada del parque industrial Zip Choloma, las medidas de distanciamiento social no se cumplen en los portones de acceso del parque
Cindy, una de las pasajeras y empleada de la fábrica textil, observó el incidente sorprendida desde su asiento. Recuerda al Enano como un hombre con sobrepeso. Le vio bastantes veces, pero no solía fijarse en él. Ese día, iba pensando en regresar bien a su casa, cuando acabara su jornada. El miedo al contagio le generaba mucho estrés. Cindy escuchó cuando el conductor se defendió del policía: “Viejo ¿por qué estás dejando pasar otros buses y a mí, no?”.
Al día siguiente, lo primero que Cindy hizo al subir al bus fue pensar que quizá el incidente se repetiría. La mujer que elige llamarse Cindy sin apellido por seguridad, saludó al Enano. “Buenos días, a ver cómo nos va hoy”, le dijo antes de acomodarse en un asiento intermedio de la unidad. Por residir en el sector López Arellano en Choloma, Cortés —el departamento con más casos detectados de Covid-19 a nivel nacional—, Cindy prefería salir de casa con la mascarilla puesta y la careta plástica que le dan en el trabajo.
El bus salió de la López Arellano, a 7 kilómetros del casco urbano de Choloma. Empezó a circular por una de las principales vías de la zona metropolitana del valle de Sula, que concentra el 80% de la zona manufacturera y textil de Honduras. Mientras el viejo vehículo amarillo avanzaba por el concurrido bulevar, Cindy se entretenía con el reguetón que retumbaba en los parlantes. No vio cómo el bus estaba a punto de ser detenido por la policía.
En Honduras, las fábricas de ropa textil de exportación, conocidas como maquilas, permanecieron cerradas solo del 10 de marzo al 22 de abril para reducir el contagio por la Covid-19. Reabrieron porque fueron consideradas por el gobierno como sector esencial para fabricar material sanitario a cambio de contratos. Equiparadas a los supermercados, farmacias, bancos y gasolineras. Desde entonces, no pararon.
Fue el caso de Jerzees, que empezó a fabricar mascarillas. Aunque su principal cliente siempre fue Fruit of the loom, de la corporación Berkshire Hathaway Group, un imperio que tiene unos 270 mil empleados y es propiedad del magnate Warren Buffett.
El bus de El Enano circula por las calles aledañas a la zona manufacturera de Choloma, al norte de Honduras
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández había prometido entregar una mascarilla a cada habitante del país, que ronda los nueve millones. Las 122 maquilas del sector textil fueron beneficiadas por el gobierno para hacer mascarillas a cambio de US$128,000 y batas quirúrgicas, por US$443,944. Las maquilas las fabricarían. Solamente en Choloma hay 78 maquilas, así que la demanda de transporte fue grande.
El transporte público estaba prohibido. Muchas maquilas contrataron transporte privado. Jerzees, desde antes de la pandemia, tenía un servicio privado en cumplimiento de un acuerdo sindical. Pero la reactivación de un sector con más de 160,000 empleados tuvo complicaciones.
El toque de queda absoluto que se decretó desde marzo, fue cambiando cada semana. En los primeros meses, hubo más de 54,000 detenciones policiales por presunto salto del toque de queda y un centenar de denuncias ciudadanas por abuso de autoridad.
El saludo que Cindy le hizo al Enano, dirá ella después, fue un presagio.
El bus amarillo estaba a cinco minutos de llegar a la fábrica textil. Eran las 6:30 AM del 13 de agosto, cuando dos oficiales de la Policía Nacional lo detuvieron. Estaban esperando al Enano, en un semáforo, justo antes de llegar al parque industrial. Los agentes acusaron al conductor de que el día anterior había intentado agredir a uno de sus compañeros, según el testimonio posterior de dos pasajeras.
Uno de los policías anunció que el vehículo estaba decomisado. Pidió la licencia al conductor y éste se negó a entregarla, recuerda Cindy. El Enano sugirió que uno de los agentes lo acompañara a dejar a las obreras. Dijeron que no. Las trabajadoras protestaron. No se querían bajar. Una de las operarias grabó un video con su celular.
Aquel 13 de agosto, la detención policial escaló de nivel. “Miren, jóvenes, yo voy a tirar gas ahorita, si nadie se quiere bajar”, amenazó uno de los policías. Un par de jóvenes en el interior del vehículo lo retaron: “Tírelo”. Cindy escuchó un chasquido y la unidad se inundó de humo. Las cuarenta pasajeras empezaron a gritar.
Algunos saltaron por las ventanas. Pero la mayoría en esta asfixiante carrera salió por la puerta del bus. Lloraron y maldijeron. Cindy observó cómo un trabajador era pateado por sus compañeros mientras intentaba salir del bus. Otro cayó sobre un vehículo.
Minutos después del ataque, las víctimas fueron atendidas por personal de la maquila donde trabajaban: 16 sufrieron algún trauma, 4 fueron trasladadas al Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS) y 12 fueron incapacitadas temporalmente por efectos del gas lacrimógeno. Una de las incapacitadas fue Cindy. Cuando intentaba escapar del gas, escuchó gritos en el suelo. Intentó no pisar a su compañero. El salto salvador le costó un esguince en el pie izquierdo. Permaneció 21 días sin trabajar.
La noticia del bus gaseado fue viral en Honduras el 13 de agosto de 2020, luego se olvidó.
El Enano desapareció de Champerío, la comunidad de la colonia López Arellano donde vivía. A algunos conocidos les dijo que al estar involucrado en un tema con la policía prefería irse de su casa.
Un policía a juicio
La brutalidad policial y militar en Honduras ha sido evidente en los momentos de crisis política. Durante el golpe de Estado de 2009, las fuerzas policiales y militares reprimieron las manifestaciones con un saldo de 20 asesinatos. Pero dos años después, la Policía Nacional entró en crisis por una serie de asesinatos cometidos por sus miembros y por sus vínculos con el crimen organizado. La depuración policial comenzó en ese entonces y se destapó el problema estructural en esa institución.
Para las elecciones del 2017, la Policía Nacional y el Ejército reprimieron las protestas de fraude electoral. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) identificó un patrón común en 22 muertes producidas por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los culpables de esta violencia no han sido juzgados. En enero del 2020, Leonel Sauceda, uno de los altos jerarcas de la Policía, fue encarcelado luego que no pudiese justificar 14 millones de lempiras (US$560.000).
Un día después de que la policía gaseara el bus del Enano, la Policía Nacional reconoció que los dos oficiales aplicaron un procedimiento “inadecuado” al discutir con los pasajeros y detonar una bomba de gas lacrimógeno. Inadecuado, pero no excesivo. Condenó el hecho con un comunicado y suspendió temporalmente de labores en la calle a los dos agentes involucrados.
El policía implicado en el caso fue llevado al edificio judicial donde se realizaron las audiencias. Al terminar, fue custodiado y sacado por la puerta trasera para que la prensa no pudiera fotografiarlo
El portavoz nacional de la Policía, Jair Meza, aseguró semanas después a Contracorriente que el incidente con el Enano fue consecuencia del día anterior. Porque padecían “estrés laboral”. El alto oficial redujo el incidente a una falta y excusó a los agentes que atacaron el bus. “Hay muchas personas que no quieren hacer caso”, justificó ignorando que los empleados de la maquila no desobedecían, solo iban a trabajar en bus.
Tras dos meses de investigaciones, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) recomendó el despido para el oficial que lanzó la bomba. Pero consideró que el otro agente no tuvo participación activa en los hechos. Fue una recomendación, la decisión final corresponde a la Secretaría de Seguridad.
El caso está en los tribunales. La Fiscalía acusa al oficial de delimitación e impedimento de derechos fundamentales de las pasajeras del bus. El delito se produce cuando los funcionarios de gobierno violan derechos garantizados por la Constitución. El acusado irá a juicio, pero podrá defenderse en libertad.
Jerzees Nuevo Día lamentó el atentado mediante un comunicado. “Investigaremos este incidente y se procederá a realizar las gestiones pertinentes para evitar que este tipo de acontecimientos se repita”, reza el comunicado. No fue posible contactar con la empresa para obtener declaraciones sobre el día que la policía tiró gas pimienta a un bus privado contratado por Jerzees para llevar operarias.
Aquel 13 de agosto, a las seis de la mañana, había unos 815 empleados de Jerzees yendo a trabajar en 13 autobuses privados. Reciben un salario mínimo mensual de 8,226.39 lempiras (370.45 dólares). Para preservar el empleo y obtener una bonificación extra deben superar el 100% de la meta de producción diaria. Es lo que se llama un récord de alta productividad.
Cindy lo tiene muy presente cada día al salir caminando de su casa hacia uno de esos buses. Aquel 13 de agosto, quería llegar al 110%. Ahorra para apoyar a su hija de 17 años a estudiar en la universidad.
Muchas empresas maquiladoras, como Jerzees, obligaron a las obreras a regresar al trabajo sin garantizar un transporte que las recogiera en su casa para llevarlas a las fábricas. Cindy, cada día, bajaba —y lo sigue haciendo— a las 6:10 de la mañana por la empinada calle que la lleva de su pequeña casa al punto de buses donde esperaba al Enano para trasladarse a Jerzees.
La pasajera del asiento intermedio
Cindy, 34 años, la trabajadora que se hizo un esguince en el incidente del bus, comenzó a trabajar en la maquila a los 18 años. Es mestiza, ojos grandes, pelo lacio y de voz fuerte. Durante la conversación, está muy seria. De cómo huyó del asiento intermedio del bus, sobre todo recuerda la urgencia.
Cindy en su casa en la colonia López Arellano, donde viven la mayoría de trabajadoras de maquilas
Vive en la colonia López Arellano, donde habita casi la mitad de la población de Choloma y uno de los lugares más poblados del país. De allí es la mayoría de la plantilla de Jerzees que viajaba en el bus del Enano. Su nombre se lo debe a Oswaldo López Arellano, un militar que gobernó Honduras por ocho años tras un golpe de Estado en 1963.
En el sector López Arellano viven unas 132,000 personas diseminadas en unas 40 colonias, según datos gubernamentales. Este sector es caliente, expresión que refleja su alto índice de criminalidad. Solo por debajo de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Una banda denominada La Rumba le disputa esta plaza a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Pelean territorios para vender droga y extorsionar a los negocios grandes de esta zona. La población sobrevive mayoritariamente del trabajo en la maquila, las remesas y el empleo informal.
Cindy es una mujer de pocas palabras. Actualmente vive en un pequeño cuarto que alquila por 1200 lempiras (US$48) mensuales. En la casa funciona también una pequeña tienda, donde se vende arroz, frijoles, azúcar y refrescos de cola. En esa pequeña pieza vive con sus dos hijas. La que cumplirá 17 años, estudia la secundaria. “Quiere ser psicóloga o abogada, será lo que a ella le guste”, dice Cindy ilusionada. Su otra niña tiene nueve años y está en la escuela primaria.
Cindy pide anonimato porque siente temor. No aclara si a las represalias en su empleo o por haber estado involucrada en una escena donde aparece la Policía Nacional. Mientras conversamos hace gestos de dolor. Después de 15 días del incidente en el bus, su pie izquierdo aún sigue inflamado por la contusión producida al escapar del gas lacrimógeno.
Cindy muestra su tobillo hinchado después del golpe que sufrió al tratar de huir del gas lacrimógeno
“Pensábamos que nos íbamos a ahogar”, arranca Cindy. En medio de aquella nube negra, mientras buscaba con desesperación respirar algo que no fuese humo, escuchó la voz de un hombre que pedía a gritos no ser pateado. Ella intentó no golpearlo y saltó. Caminó y vomitó. Desorientada se sentó a la orilla de la carretera. Cuando se quiso levantar, no pudo. Su pie izquierdo se había hinchado y estaba morado. También se golpeó la mano.
Fue trasladada al IHSS donde le indicaron que tenía un esguince en el tobillo y le dieron una incapacidad por 21 días. Durante este tiempo solo recibiría de Jerzees el 25% del salario mínimo. El IHSS no cubrió sus medicamentos y tuvo que comprar un analgésico inyectable que cuesta US$8. Cindy se colocó más de 10 dosis. Tuvo que regresar a trabajar con dolores por el esguince. Al menos, dice con alivio, no se contagió en esa ida y venida al hospital.
En seis meses de pandemia seis trabajadores del sector maquilero fallecieron por el virus —cuatro hombres y dos mujeres— y 151 más recibieron atención por contagiarse en las fábricas hondureñas, según datos oficiales del IHSS.
María Medina, sindicalista de Jerzees, asegura que hubo contagios de trabajadores en su maquila y que dos compañeros murieron de la Covid-19. Aunque no determinó si estos se contagiaron en el trabajo. Esto no detuvo la operación de la fábrica, advierte la mujer cuya victoria más recordada fue lograr la reapertura de Jerzees Honduras en septiembre de 2009, después de que esta cerró operaciones como medida de presión por la creación del sindicato. En enero de 2008, 1,300 trabajadoras y trabajadores fueron despedidos.
En Jerzees, como en la mayoría de fábricas, los trabajadores fueron enviados por decreto de vacaciones obligatorias. Patrono y trabajador debían conciliar. La realidad es que los trabajadores fueron enviados de vacaciones sin su consentimiento.
María Medina cuenta que en la maquila Jerzees hubo varios contagiados por COVID-19 e incluso fallecidos; sin embargo, las operaciones de trabajo nunca se detuvieron.
Representantes de trabajadores, patronos y gobierno acordaron apoyar a los trabajadores suspendidos con una aportación solidaria de 6,000 lempiras (US$240). El gobierno aportó la mitad para cada empleado.
El Estado invirtió más de US$23 millones en los empleados del sector maquilador. Solo a Jerzees Nuevo Día, le dio 5,358,000 lempiras (US$218,000) para 892 obreras y obreros suspendidos. Esto alcanzó para pagar un bono de US$122 a cada trabajador por dos meses. Con este acuerdo la industria maquilera no tuvo que destinar grandes cantidades para cubrir los salarios de sus empleados suspendidos, quienes sí tuvieron que acomodarse a un recorte en sus ingresos.
Maritza iba en el asiento de atrás del bus amarillo el 13 de agosto. Como su compañera Cindy. Con 41 años, es una mujer alegre de voz suave y pausada. Mientras hablamos con ella en su casa, su perro Oso, merodea y nos vigila.
Maritza prefiere hablar desde el anonimato, su historia no es fácil. No se llama así, así que tampoco elige un apellido falso. Llegó a trabajar en una fábrica de capital chino cuando solo tenía 15 años. Era menor de edad, por lo que usó documentos prestados de otra persona. Así funcionaba antes, dice ella, que llegó de un pueblo en el occidente del país.
Desde entonces han pasado 26 años. Es madre soltera desde que su pareja la abandonó. «Nunca quise ponerle padrastro a mis hijos”, dice esta mujer de tez blanca y que usa iluminaciones en su cabello castaño. Trabajando en la maquila, Maritza pudo criar a sus hijos. La mayor, de 24 años, es secretaria bilingüe. Su hijo, de 21, es mecánico automotriz. Ambos también se dedican a trasladar personal de empresas en un microbús que Maritza les compró.
Maritza recuerda, mientras ve los buses pasar, como pensó que iba a morir en el bus tras la detonación de esa bomba lacrimógena
Hace cinco años, Maritza compró una casa. Lo hizo con prestaciones laborales que recibió cuando Jerzees cerró en 2008 y con ayuda del abuelo paterno de sus hijos. “Si me voy por bajo rendimiento, no me iré avergonzada porque un día fui estrella (tuvo alta productividad)”, dice con un brillo especial en los ojos.
Maritza cuenta que en la calle donde vive en la López Arellano, es la única que utiliza mascarilla. En Jerzees sí hubo contagios, añade. Pero a su juicio hay poca responsabilidad de la empresa en esto. Durante la jornada laboral la empresa emite recordatorios a través de altoparlantes. A cada momento, se repite que no está permitido platicar y que las mascarillas y caretas son obligatorias. Hay abundante gel de alcohol, pero dice que muchos están cansados de los protocolos de seguridad. Algunos los ignoran en espacios no supervisados.
Aquel jueves 13 de agosto, Maritza abordó la unidad y se fue a los asientos traseros. Confirma que parecía que los policías estaban esperando el bus. Escuchó la conversación entre el piloto y los policías. Al Enano le dijeron que había tenido un problema el día anterior cuando intentó atropellar a otro agente de policía. Ella sostiene que no fue así. «El conductor nunca tuvo intenciones de dañar a nadie», asegura.
«Hubo un chispazo. Tronó el bus. Sentí que saldríamos volando en pedazos», dice mientras hace ademanes y eleva la voz.
«Pensé que me iba a morir. No podía respirar y pedía agua, pero a señas. Sentía una gran picazón en la garganta». Entre empujones y gritos, salió por la puerta. Al recuperar el aliento, comenzó a llorar. Entró en un colapso nervioso. «Gritaba que nos iban a matar». Necesitó media hora para recuperar la calma. Su hijo, el mecánico, pasó por ella.
Su ceño se frunce cuando le preguntamos qué siente ahora al mirar a un agente de seguridad pública. «Ellos (la policía) no tienen piedad para quererlo matar a uno», dice.
La maquila sigue operando. En la carretera principal, cerca de donde ocurrió el ataque al bus de las obreras de la maquila, se pueden ver decenas de personas, familias enteras pidiendo dinero. El largo confinamiento ha convertido en mendigos a miles. Cindy, Maritza y María, que no pararon de trabajar, agradecen mantener su empleo.
El bus de El Enano se mantiene decomisado como evidencia para el seguimiento del caso en las dependencias policiales de Choloma
La vetusta unidad, con placa A-AE-4688, permanece en la Unidad Metropolitana Policial # 10. Está ubicada en la comunidad de Río Nance, a nueve kilómetros de donde ocurrió la agresión policial. En la parte frontal del vehículo decomisado aún resiste el rótulo con la leyenda Jerzees Nuevo Día. Después de la huida del Enano, el dueño del bus ha intentado recuperar su vehículo sin suerte.
Edición de fotografía: Oliver de Ros/El Intercambio
Diseño: Pablo J. Alvárez/El Intercambio
Coordinación y datos: Ximena Villagrán/El Intercambio
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-gobierno-de-honduras-subsidia-el-trabajo-de-fabricas-de-ropa-mientras-su-policia-ataca-a-31-trabajadoras-durante-la-pandemia/
Entrevistamos a Francisco García Ucha, psicólogo, Dr. en Ciencias Psicológicas. Fundador de la Psicología del Deporte en Cuba. Se desempeña como Profesor Titular del Instituto Superior de Cultura Física “Manuel Fajardo” perteneciente a la Universidad del Deporte de Cuba. Además es Investigador Titular del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.
Sus líneas de investigación se desarrollan en torno a la esfera de motivación del deportista, estrés y ansiedad, entrenamiento psicológico del deportista, comunicación entrenador-deportista y psicología experimental en el deporte. Autor de los Libros: Las emociones en el deporte, Fundamentos de la Psicología del deporte. Aspectos Históricos, Teóricos, Metodológicos y Aplicativos, Motivaciones Superiores en Deportistas Peruanos, Fundamentos de la Psicología del Deporte de Alta Competencia, Psicología de las Emociones en el Deporte, Herramientas psicológicas en el deporte.
Entrevista al Dr. Francisco García Ucha
¿Cuál fue la motivación que lo llevó a estudiar psicología y de alguna manera especializarse en la psicología del deporte?
Me relacionaba con el padre de un amigo que era psiquiatra, este me comentaba acerca de la importancia de la Psicología, en esos momentos en especial del psicoanálisis. Me incliné a la lectura de libros relacionado con el tema, los cuales dieron lugar a encontrar un sentido de vida junto a la Psicología.
Al culminar la Universidad fui ubicado en el Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación, donde encontré un grupo de colegas que ya trabajaban en la Psicología del Deporte y sostuvimos diferentes intercambios y las experiencias vividas por ello me fascinaron por la importancia social del deporte, por el carácter aplicado de la especialidad, por el hecho que se trabajaba con personas sanas que deseaban alcanzar metas elevadas, además de que la Psicología del Deporte se integra a toda la Psicología en especial la general.
¿Qué opinión le merece el desarrollo que ha alcanzado la Psicología del Deporte a nivel internacional?
La Psicología del Deporte ocupa un lugar de importancia en el área del deporte tanto, en la práctica profesional como en el área de la investigación y en el desarrollo de conocimientos novedosos para todo lo relacionado con el ejercicio físico. Uno de los problemas más complejos está relacionado con el vencimiento de los récords en muchas modalidades deportivas y conocer hasta dónde pueden ser mejorados gracias a la preparación psicológica.
Hay regiones donde existe una alta demanda de los psicólogos del deporte y en el plano de la formación profesional se abren cada día diferentes modalidades de preparación y formación en la especialidad. También es proclive el número de publicaciones, tanto en revistas como en libros, sitios web, consultoras sobre la especialidad, lo que brinda una imagen de la trascendencia de la Psicología de Deporte.
¿Se encuentra Cuba en el momento actual a tono con las visiones más contemporáneas y formas de hacer de la psicología deportiva en el mundo? ¿Por qué?
Cuba se encuentra a tono con las visiones más contemporáneas aunque contamos con determinadas limitaciones debido, en primer lugar al bloqueo impuesto a nuestro país por Estados Unidos que afecta la participación en las publicaciones de algunas de las revistas y los medios que posee este país. También, en la falta de financiamiento para hacer uso de los recursos en internet y en general informática. A pesar de estas circunstancias se avanza en resolver las limitaciones y ampliar el área de intercambio con los especialistas en diferentes regiones.
Los psicólogos cubanos, en ocasiones logran participar en los eventos científicos de mayor importancia en el exterior, ocupan cargos internacionales en organizaciones y sociedades en Psicología del Deporte lo que permite a grande rasgos una visión de los trabajos más novedosos de las investigaciones y los proyectos más avanzados.
En el ámbito mundial hay una gran consideración a los logros y resultados de los deportistas cubanos lo que se enlaza también a la consideración del impacto de la Psicología del Deporte por contribuir a alcanzar esos resultados.
¿Podemos hablar entonces de una crisis en la Psicología del Deporte cubana?
No hay una crisis, cada vez se avanza más en la actualización y en la participación de los programas de investigación, formación académica y aplicación en la práctica.
¿Podemos decir entonces, que la psicología del deporte cubana está en un momento de máximo esplendor?
Si bien no podemos decir que se encuentra en el máximo esplendor se encuentra en una etapa de perfeccionamiento y actualización que va a permitir alcanzar grados superiores de excelencia en la aplicación de la especialidad.
Como mismo se habla en el ballet de la presencia de una escuela Rusa, Danesa, Italiana, Francesa y Cubana a partir de la forma de asumir y hacer suyos los presupuestos teóricos y metodológicos de la enseñanza del ballet. En su opinión ¿podríamos hablar de una escuela cubana de psicología del deporte?
En realidad las experiencias y logros de la Psicología del Deporte permiten hablar de un conjunto de supuestos y resultados fruto de su práctica profesional, en el campo de la investigación y la docencia que darían lugar a denominarla como Escuela Cubana de Psicología del Deporte. Esta se ha desarrollado desde 1966 y en realidad el asunto transita por llegar a elaborar los supuestos que amparan esta denominación.
Si tuviera la oportunidad de cambiar algo en la forma actual de enseñar la psicología, ¿qué cambiaría?
Toda la enseñanza de la Psicología del Deporte depende del conocimiento vivencial. Quienes enseñan la Psicología del Deporte deben tener experiencias prácticas asimiladas en la práctica. Es el principio martiano de que las universidades deben estar situadas en las fábricas, lo que quiere decir situadas donde se ejerce la práctica. En este caso sería en los centros de entrenamiento y competencias, con los deportistas y su equipo.
¿La forma de hacer psicología en Cuba, de manera general, se acerca a la psicología que como psicólogo usted soñó?
Si podemos decir que hay un acercamiento y una intención real de mejorarla sobre todo en los jóvenes psicólogos que con entusiasmo enfrentan tareas cada vez más complejas.
Fuente e imagen: https://www.sicologiasinp.com/entrevistas/la-ensenanza-la-psicologia-del-deporte-depende-del-conocimiento-vivencial-entrevista-al-dr-francisco-garcia-ucha/
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