El gobierno de México también informó sobre la devolución de piezas de contrabando cultural a naciones como Nigeria, Guatemala, España, Colombia y Cuba.
México ha padecido un despojo constante de su patrimonio cultural desde la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, por lo que en los últimos años, el Gobierno de ese país ha intensificado sus esfuerzos para recuperar miles de piezas arqueológicas pertenecientes a civilizaciones como la olmeca, maya, azteca y zapoteca, entre otras.
«Estamos trabajando para erradicar esta práctica colonialista e ilegal. Cuando nos arrebatan elementos de este patrimonio, están dañando nuestra identidad; por ello, recuperar este legado sin duda contribuye a fortalecer nuestro sentido de pertenencia, el orgullo cultural y también la educación», declaró Diego Prieto, actual director del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En menos de un año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han recuperado más de dos mil piezas, y la tendencia es creciente. Este gobierno ha mostrado un notable impulso en la recuperación de bienes culturales, logrando en solo ocho meses la restitución de 2.082 objetos. Así, se observa que la curva de recuperación es mucho más pronunciada. En los últimos siete años, han regresado a México 16.240 piezas arqueológicas.
«La restitución de estos grandes símbolos de nuestra cultura nos proporciona un sentido de pertenencia y una reconexión», afirmó Quetzalli Blanco, miembro del Calpulli Movimiento Sexto Sol. Resaltó que es fundamental reconocer que se está redecubriendo y apreciando la cultura, desde la perspectiva de apropiación de la historia.
Los bienes culturales que regresan a México son esenciales para el autodescubrimiento de una gran civilización que ha sido silenciada durante siglos de colonización, explicó la especialista.
«Autodescolonizarnos es crucial para liberarnos de la forma en que se nos ha forzado a vernos a nosotros mismos como indios, como los otros, como ignorantes. Necesitamos entender que esa es nuestra identidad. Otros países admiran profundamente la cultura mexicana, pero en realidad es nuestra y no deberían venir a apropiársela», añadió.
El Gobierno de México también informó sobre la devolución de piezas de contrabando cultural a naciones como Nigeria, Guatemala, España, Colombia y Cuba. Para combatir el tráfico de piezas arqueológicas, el gobierno ha mantenido desde diciembre de 2018 la campaña «Mi patrimonio no se vende», cuyo objetivo es prevenir su comercialización en el extranjero.
Autor: teleSUR – ems – JGN
Fuente: Multimedia del SUR
Fuente de la Información: https://www.telesurtv.net/mexico-recupera-mas-de-16-000-piezas-de-su-patrimonio-en-ultimos-siete-anos/
Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.
Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.
En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).
La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.
El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.
Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.
Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.
“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.
Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.
¿Acuerdo o intervención?
El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.
“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.
Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.
A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.
La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.
Reactivación minera
A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.
Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.
Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.
El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.
“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.
Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.
Saúl Méndez confirma que fue allanada la sede del Suntracs en David
Por Bernabé Yangüez
La sede del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) en la ciudad de David, Chiriquí, fue allanada este martes, así lo conformó el secretario general del sindicato, Saúl Méndez.
”La persecución llegó al edificio del Suntracs, en David, allí se está allando nuestra sede sindical, por parte del fiscal que lleva la causa de Jaime Caballero”, detalló.
Méndez definió el proceso legal que atraviesa Caballero como una causa “política” y su detención preventiva como propia de un “preso polítca”.
A Caballero se le siguen dos procesos, uno en David, por el cual tiene la medida cautelar de reportarse los 15 y 30 de cada mes por supuestamente atentar contra la personalidad interna del Estado y otro en Panamá por un presunto blanqueo de capitales, por la cual se le ordenó detención provisional por seis meses.
Este 16 de mayo la audiencia de control de garantías realizada en la sede del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora, la jueza legalizó la aprehensión de Caballero, formalizó la imputación de cargos por delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales y se concedió al Ministerio Público seis meses para llevar adelante la investigación.
La jueza de garantía también aplicó la medida cautelar de detención preventiva y la defensa apeló la medida, por lo que la audiencia de apelación será este 30 de mayo.
Desde el pasado 23 de abril, los docentes del sector público comenzaron una huelga indefinida y exigen la derogación de la norma, que estiman afecta a los trabajadores y sus familiares, privatiza los servicios de la CSS y entrega sus fondos a los bancos, mientras augura pensiones de miseria, algo inadmisible.
El comunicado del Meduca insiste en que “se ha procedido a realizar la retención del pago de aquellos educadores que no hayan prestado el servicio correspondiente al cargo».
También hicieron un llamado a los protestantes a que regresen a sus aulas, que estarán abiertas, y es algo que necesitan los estudiantes, según la misiva.
El contralor general de la República, Anel Flores, precisó al canal de noticias TVN que cerca de dos mil pedagogos no cobrarán su salario, de una nómina estatal de 51 mil 600 docentes.
De acuerdo con el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, el paro continuará pese a todas las acciones de intimidación y represalias del Gobierno de José Raúl Mulino y adelantó que demandarán además la renuncia de la titular del Meduca, Lucy Molinar.
Mientras, el dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), Luis Sánchez, comentó que el Ejecutivo trata de medir fuerzas con la retención de salarios y además rechazó que Mulino se oponga a establecer un diálogo con los gremios beligerantes para resolver el conflicto, aspectos que denunciarán ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia ( CSJ).
La víspera, también obreros de la construcción señalaron que mantendrán la paralización de labores en todos los proyectos de obra en rechazo a la Ley 462 y el pacto suscrito con Estados Unidos que pone en juego la autodeterminación del pueblo.
En una alocución al país por redes sociales, el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, convocó a todos los afiliados a amanecer este lunes en los proyectos y respaldar el paro, pese a la persecución y acciones represivas de la policía.
De su parte, continúan acciones de protesta en diversas regiones del país para exigir también que liberen a líderes del Suntracs, agregó.
La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá anunció además que desde este lunes los originarios se sumarán a la huelga nacional indefinida.
La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, según precisó su presidenta, Elidya Espinosa, comenzará por su parte una paralización escalonada de labores en los centros asistenciales a partir del próximo 19 de mayo.
La falta de continuidad también afecta la autoestima de los estudiantes, quienes perciben que no están cumpliendo con las expectativas educativas y, por lo tanto, incrementan sus niveles de frustración, antesala de las salidas prematuras del sistema educativo.
Recientemente, el viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad de la Educación del Ministerio de Educación de la República Dominicana compartió en la comunidad educativa un informe preliminar sobre el cumplimiento del calendario escolar, cuando ya se ha cumplido cuatro quintas partes y maestros, estudiantes y familias se preparan para iniciar su recta final.
Los datos que han sido recabados y presentados por los técnicos distritales y regionales de cada localidad son preocupantes respecto del número de jornadas de no docencia. Las constantes interrupciones en los sucesivos calendarios escolares y, por tanto, la afectación de los procesos educativos, tienen efectos devastadores sobre la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Esta situación me llevó a recordar la extraordinaria novela 1984 de George Orwell, en la que la existencia de ese Gran Hermano que gobierna y rige la sociedad interrumpe sistemáticamente la percepción de los ciudadanos mediante la manipulación del tiempo. Con ello, redefine las rutas de la memoria y relativiza la verdad. En la novela se describe de manera impactante cómo la manipulación constante deja secuelas profundas en los individuos, que poco a poco se ven privados de su capacidad de pensamiento crítico autónomo y se convierten en un eslabón más de un sistema que los oprime. De manera similar, en la República Dominicana, la constante interrupción del calendario escolar, principalmente a través de huelgas, a las cuales se acude como medida recurrente, le arrebata el tiempo a estudiantes y familias, hipotecando su presente y futuro educativo.
En este informe, que generosamente y con profesionalismo las dependencias técnicas del Ministerio de Educación ponen a consideración de las autoridades del Ministerio y del Consejo Nacional de Educación para orientar la toma de decisiones, se deja claro cómo, de las 2,528 jornadas teóricas en 16 regionales (de las 18 que tiene el sistema educativo dominicano), ya se han perdido 254. Es decir, en todo el país se pierde algo más del 10% del total de jornadas previstas. Esto es particularmente relevante, dado que el calendario escolar dominicano presenta un menor número de día de clases que otros sistemas educativos de mejor desempeño como Israel, Japón, Australia, Brasil, Colombia, por mencionar algunos.
Las pérdidas de días de clases varían considerablemente entre las regiones, con algunas enfrentando interrupciones más prolongadas que otras. La región La Vega, presenta el mayor porcentaje de días perdidos, con un 30.03% de clases no impartidas. Es decir, de los 158 días de clases que se debieron haber logrado hasta finales de abril, ya se habían perdido 47 jornadas. En San Francisco de Macorís también se experimenta una alta interrupción, superando el 26% de días perdidos, con 43 no dictados. Por su parte, la región 15 de Santo Domingo y la región 8 de Santiago son las que más días de clases han registrado hasta el momento, superando el 90%.
Los efectos de la interrupción de los procesos educativos en niños y adolescentes están ampliamente estudiados en la literatura a nivel global y en la región latinoamericana. Un estudio realizado por Alvarado, Soler y González (2021) analizó el impacto de las huelgas de profesores en Colombia entre los años 2000 y 2016, donde se perdieron en promedio 78 días de clase por cada año. Los resultados mostraron que los estudiantes expuestos a más huelgas durante sus estudios obtenían, en promedio, puntajes más bajos en matemáticas y lectura: un 26% y 36% de una desviación estándar, respectivamente. En Argentina, Jaume y Willen (2017) examinaron el efecto de las huelgas de profesores en los logros educativos a largo plazo de los estudiantes y en sus resultados laborales. Utilizando el método de diferencias en diferencias entre cohortes, estimaron que la incidencia media de las huelgas de profesores durante la escuela primaria tenía un impacto negativo en los logros educativos y en los resultados laborales de los adultos afectados. Por su parte, en Sudáfrica, Wills (2014) investigó si las huelgas de profesores afectan el rendimiento de los estudiantes en escuelas primarias. Mediante un modelo de efectos fijos, determinó que la participación de los docentes en las huelgas afecta negativamente el aprendizaje de los estudiantes de las tres cuartas partes más pobres de las escuelas de Sudáfrica, estimando un efecto negativo de hasta 0.1 desviaciones estándar. Mientras tanto, en Ontario, Canadá, Johnson (2011) realizó un análisis a nivel escolar y encontró que las huelgas de profesores en Ontario se asociaron con menores resultados en pruebas estandarizadas de lectura y matemáticas en 3er grado, así como un menor desempeño en matemáticas en 6to grado.
Estos estudios confirman que las huelgas no solo afectan el presente académico de los estudiantes, sino que también tienen consecuencias a largo plazo en sus oportunidades laborales y su futuro profesional. La pérdida de días de clases interrumpe el proceso de aprendizaje y genera rezagos en el dominio de contenidos clave, lo que puede limitar las oportunidades de los estudiantes para alcanzar su máximo potencial.
La continuidad en el proceso educativo es esencial para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. La interrupción de este proceso, especialmente cuando se prolonga en el tiempo, tiene efectos nocivos para los estudiantes. La pérdida de días de clases interrumpe el aprendizaje de conceptos clave y afecta el dominio de habilidades esenciales como la lectura, las matemáticas y las ciencias, cuyos efectos se reflejan medición tras medición, tanto en pruebas diagnósticas locales como en las globales pruebas PISA. Esto tiene un impacto directo en el rendimiento académico, especialmente cuando los estudiantes carecen de los recursos necesarios para ponerse al día con el material perdido. Adicionalmente, la falta de continuidad y sistematicidad, como efecto de las pérdidas de días de clases, incrementa la desmotivación. Xavier Sala-i-Martin, en De la Sabana a Marte (2024), demuestra cómo la motivación es uno de los principales ingredientes para que se produzca el milagro del aprendizaje. En efecto, los estudiantes que experimentan interrupciones frecuentes en su educación suelen sentirse desconectados de su entorno escolar y pueden perder el interés en aprender. Esta desmotivación, a su vez, puede traducirse en un bajo rendimiento académico y en una menor preparación para los exámenes nacionales e internacionales, justo cuando el país se encuentra insertado en un nuevo proceso de medición de PISA. La falta de continuidad también afecta la autoestima de los estudiantes, quienes perciben que no están cumpliendo con las expectativas educativas.
Además, la interrupción del calendario escolar aumenta las desigualdades educativas entre las regiones. Los estudiantes de las regiones con mayores pérdidas de días de clases, como se ha observado en zonas de la República Dominicana y otros países, tienen menos oportunidades de acceder a una educación de calidad. Esto perpetúa las brechas de inequidad, limitando las posibilidades de los estudiantes más vulnerables para alcanzar el éxito académico y profesional.
Reflexiones finales y exhortación a la familia y a los sindicatos
La continuidad en el proceso educativo es esencial para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. La interrupción de este proceso tiene efectos nocivos para los estudiantes. La literatura es tan abundante como contundente respecto del impacto negativo de las interrupciones en el rendimiento académico, especialmente cuando los estudiantes carecen de los recursos necesarios para ponerse al día con el material perdido o suplir esa desventaja con clases particulares fuera del sistema educativo. Uno de los efectos más destacados de la pérdida de días de clases es la desmotivación. Los estudiantes que experimentan interrupciones frecuentes en su educación suelen sentirse desconectados de su entorno escolar y pueden perder el interés en aprender. Esta desmotivación, a su vez, es predictora de un bajo rendimiento académico y una menor preparación para los exámenes nacionales e internacionales. La falta de continuidad también afecta la autoestima de los estudiantes, quienes perciben que no están cumpliendo con las expectativas educativas y, por lo tanto, incrementan sus niveles de frustración, antesala de las salidas prematuras del sistema educativo.
Fuente de la Información: https://acento.com.do/opinion/un-gran-hermano-en-la-educacion-dominicana-las-jornadas-perdidas-en-lo-que-va-del-calendario-escolar-2024-2025-9496213.html
Haití declara el estado de emergencia por tres meses, ante el deterioro de la seguridad
Según un comunicado de Gobierno esta medida permitirá a las autoridades competentes disponer de medios adecuados y eficaces para llevar a cabo sus intervenciones y operaciones en mejores condiciones
El Gobierno de Haití declaró este viernes el estado de emergencia en todo el territorio nacional durante tres meses, con el fin de facilitar las diversas intervenciones de las fuerzas del orden ante el deterioro de la seguridad por el avance de las sanguinarias bandas armadas en esta nación caribeña.
«Dada la magnitud de la situación, es imperativo decretar una gran movilización de los recursos y medios institucionales del Estado durante un período de tres meses consecutivos», señaló el Gobierno en un comunicado publicado en Facebook, en el que se recuerda que la situación de inseguridad tiene graves repercusiones en la vida de los ciudadanos y en los diferentes sectores de la economía nacional.
La adopción de estas medidas excepcionales «permitirá a las autoridades competentes disponer de medios adecuados y eficaces para llevar a cabo sus intervenciones y operaciones en mejores condiciones», prosiguió el comunicado.
Esta decisión forma parte de una serie de siete medidas adoptadas en el Consejo de Ministros el pasado miércoles, durante una sesión especial encabezada por el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Fritz Alphonse Jean, acompañado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aime.
Así mismo, en estas circunstancias, el Gobierno anunció la creación de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), cuya misión será aplicar la política del Gobierno en materia de inteligencia y contrainteligencia, así como el tratamiento, la centralización y la síntesis de la información estratégica relativa a la seguridad nacional y la protección de los intereses fundamentales de la nación.
Un informe publicado el miércoles en Puerto Príncipe por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, en francés) reveló que un total de 1.617 personas murieron y otras 580 resultaron heridas en los primeros tres meses del año en el país, a raíz de la violencia desatada por las bandas armadas, grupos de autodefensa, miembros no organizados de la población, así como por las operaciones de las fuerzas de seguridad.
El balance da cuenta también de que 161 personas fueron secuestradas entre enero y marzo pasados y alertó sobre los abusos de poder.
El organismo añadió que se produjeron 80 ejecuciones extrajudiciales entre enero-marzo, presuntamente cometidas por funcionarios de las fuerzas del orden.
Este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la coalición de bandas criminales Viv Ansanm y a la pandilla Gran Grif, ambas de Haití, como organizaciones terroristas.
«Son una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y a nuestros intereses en la región. Estas bandas han matado y continúan atacando a personas en Haití, a las fuerzas de seguridad haitianas y al personal de la misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS)», dijo en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio.
Viv Ansanm surgió en 2023 mediante una alianza entre G-9 y G-Pép, las dos principales bandas criminales que operan en la capital haitiana, Puerto Príncipe, casi totalmente en control de las pandillas en medio de la actual crisis que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Fuente de la Información: https://acento.com.do/internacional/haiti-declara-el-estado-de-emergencia-por-tres-meses-ante-el-deterioro-de-la-seguridad-9492561.html
Hubo protestas en al menos siete provincias del país e incidentes de represión policial. Gobierno y empresarios rechazan el paro; gremios exigen derogar Ley 462 de la CSS y repudia memorándum con EE. UU.
Entre consignas y pancartas, distintos grupos expresaron su desacuerdo con la administración de José Raúl Mulino en diferentes aristas, incluyendo su rechazo a la Ley 462 que, denuncian, “privatiza” la Caja de Seguro Social, y el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, que tachan de ceder soberanía y la construcción de bases militares extranjeras.
Fue así como sindicatos y gremios docentes se tomaron la calles con marchas y concentraciones en distintos puntos del país.
Desde horas de la mañana, distintos lugares de la ciudad de Panamá como vía Israel, vía Cincuentenario, el corredor Sur, vía Centenario, Transístmica y calle 50, tenían presencia de miembros de organizaciones populares, que en algunos casos hicieron marchas y en otros cierres de calles.
En vía Israel hubo enfrentamientos entre trabajadores del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y miembros de la Policía.
Se registraron protestas de docentes en la provincia de Coclé, con cierres a la altura de Penonomé, e intervención policial.
También en Colón, a la altura de los Cuatro Altos, hubo concentraciones y choques con la Policía. En tanto que en Chiriquí, las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes.
En Veraguas hubo reporte de una importante concentración de la Asociación de Educadores Veragüenses, que terminó en enfrentamientos con la Policía y algunos detenidos.
Igualmente hubo manifestaciones en Herrera y en la provincia de Darién.
“El gobierno en 10 meses ha llevado a una incertidumbre y cada vez que el presidente habla es para querer meter miedo a la población”, dijo Yamir Córdoba, vocero del Suntracs.
Respuesta del Gobierno
Por su parte, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, rechazó el llamado a huelga del Suntracs, calificándola de “ilegal” y advirtiendo que el Mitradel “no permitirá” lo que denominaron acciones que amenacen la “estabilidad económica”.
En cuanto al Ministerio de Educación, la ministra Lucy Molinar anunció que hoy se reanudarán las clases y advirtió que podría haber retención de salarios a los docentes.
El contralor Anel Flores también se pronunció y dijo que aplicará la entrega de cheques y su retención si los directores no entregan las listas de los docentes que están en huelga.
Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), también cuestionaron la huelga y sus efectos en el “crecimiento económico”.
“No podemos tolerar más cierres de calles ni colegios cerrados. No podemos aceptar que unos pocos condenen a nuestros jóvenes”, declaró Gabriel Diez, presidente del Conep.
Disparos a comunicadores
Grupos de estudiantiles y administrativos de la Universidad de Panamá protestaron en los predios de esta casa de estudios y denunciaron violencia policial desmedida
“En estos momentos están reprimiendo excesivamente al campus de la Universidad de Panamá, afectando a estudiantes, profesores y administrativos. Condenamos estos hechos que solo evidencian una forma dictatorial y autoritaria de mandar del actual presidente”, dijeron.
En horas de la mañana, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá y otros grupos marcharon en los predios del campus central, pero pasada la tarde hubo choques con la Policía, incluyendo disparos de gases por control de multitudes contra comunicadores y estudiantes.
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