Centro América/Puerto Rico/10.07.18/Fuente: www.elnuevodia.com.
Los cambios impuestos por la Junta Fiscal preocupan a diversos sectores del principal centro docente del país
Con un presupuesto menor al anticipado, un aumento en los costos de matrícula que entrará en vigor para el próximo mes y la incertidumbre sobre el futuro de sus más de 600 programas académicos, la Universidad de Puerto Rico (UPR) se apresta a dar comienzo a un período de transición administrativa que culminará en septiembre con la entrada en funciones del nuevo presidente, Jorge Haddock Acevedo.
Por un lado, la centenaria institución deberá operar con un presupuesto impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que es menor a lo que contemplaba la institución e implementar un plan fiscal repleto de recortes en sus gastos de operación y aumentos para los alumnos. La acreditación de ocho de sus 11 recintos ha estado en probatoria por más de un año –aunque todavía vigente–, en momentos en que la Middle States Commission on Higher Education aún cuestiona su estabilidad financiera y si cuentan con los recursos y estructuras para cumplir con su misión educativa.
En medio de todo, tras más de un año y medio de búsqueda, la Junta de Gobierno seleccionó al doctor en ingeniería industrial Haddock Acevedo como el próximo presidente en propiedad de la UPR.
“Tratar de mantener los servicios como institución educativa superior a la vez que tienes el recorte presupuestario y que tienes que reducir la operación es uno de los retos más grandes”, indicó una de las representantes estudiantiles ante la Junta de Gobierno, Marysel Pagán.
La Junta de Gobierno de la institución aprobó la semana pasada un presupuesto consolidado de $1,397 millones para el año fiscal que comenzó el domingo, de los cuales $589.9 millones provienen del Fondo General.
No obstante, la JSF concluyó que el cuerpo rector falló en entregar un presupuesto que cumpliera con los criterios establecidos, por lo cual el sábado avaló su propia versión. El documento presentado por el organismo fiscal dispone que el sistema universitario operará con un presupuesto consolidado de $1,364 millones, de los cuales $587 millones provienen de los fondos que se asignan mediante fórmula del Fondo General y otros $29.3 millones a través de asignaciones legislativas.
La UPR ha dejado de recibir más de $592 millones en fondos del gobierno central desde 2014, cuando se congeló por primera vez la cantidad de dinero que recibe anualmente por concepto de una fórmula que toma en cuenta los ingresos de años previos del Fondo General, según se detalla en el documento de presupuesto trabajado por la administración universitaria.
“Esta reducción presupuestaria ha implicado que la Junta de Gobierno haya propuesto una transformación que va en contra de las condiciones de trabajo de todos los empleados y en contra de la accesibilidad de los estudiantes a estudios universitarios”, expresó el portavoz nacional de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Javier Córdova.
El presupuesto de la JSF va de la mano con el plan fiscal para la universidad que el ente creado mediante la ley federal Promesa revisó el viernes pasado. El documento reafirma que los costos del crédito de estudios de bachillerato se duplicarán para el próximo año académico y aumentarán hasta $157 por crédito para el 2023, un incremento que fue aprobado ya por la Junta de Gobierno de la UPR. No obstante, el plan fiscal incrementa los costos de los estudios de maestría y doctorado más de lo contemplado por la administración universitaria.
El impacto de las medidas tomadas por la JSF, así como evidencia sobre la estabilidad financiera de la institución, son datos que deberán estar plasmados en los informes que ocho de los 11 recintos tienen que entregar 1 de septiembre a la Middle States, entidad que acredita a instituciones de educación superior en Estados Unidos y Puerto Rico.
Middle States colocó en probatoria a los recintos de Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, Río Piedras y Utuado en mayo del año pasado, y la decisión final sobre si se levanta la probatoria o se toman medidas adicionales se ha pospuesto en varias ocasiones. Esta determinación no implica que la UPR perdió su acreditación.
“Esto preocupa porque lo que conocemos es que van a continuar disminuyendo el presupuesto y la incertidumbre continúa para la universidad”, señaló Pagán.
Al cierre de esta edición, ningún funcionario de la administración universitaria estuvo disponible para entrevista.
Un ambiente complicado
Han sido añostumultuosos para la universidad del Estado.
La semana pasada se cumplieron dos años de la destitución del pasado presidente en propiedad, Uroyoán Walker Ramos, quien fue removido del puesto en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de Becas Presidenciales en 2015. Tanto Walker Ramos como el exrector del Recinto de Río Piedras Carlos Severino enfrentan cargos por estos hechos. Desde 2016, la UPR fue dirigida por tres presidentes interinos: las primeras dos presidentas interinas, Celeste Freytes y Nivia Fernández, salieron del cargo en medio de exigencias para implementar severos recortes presupuestarios para la institución y durante la huelga estudiantil del 2017, respectivamente. El actual presidente interino, Darrel Hillman, fue nombrado en julio de 2017 y se prevé que continuará en el puesto hasta el 3 de septiembre.
En los recintos, la tranquilidad no es mayor.
En el Recinto de Río Piedras, los cambios al calendario académico, la disminución en la cantidad de cursos y las presuntas intenciones de eliminar programas académicos han provocado disgusto entre sectores de la comunidad universitaria. Grupos estudiantiles han solicitado la renuncia del rector interino, Luis Ferrao, particularmente luego que ordenó el cierre de la residencia Torre del Norte mientras se realizan labores de reparación, lo que dejó a unos 300 estudiantes en incertidumbre sobre dónde residirán el próximo año académico.
Mientras, el rector interino de Humacao, Héctor Ríos Maury, ha sido señalado por presuntamente nombrar personas a puestos para los cuales no están cualificados, no cumplir con las horas de clases de los cursos que tiene asignados y utilizar su vehículo oficial para gestiones personales, entre otras irregularidades. Estas denuncias fueron publicadas en primera instancia por Diálogo, el periódico de la UPR, una semana antes que la administración de Hillman despidiera al director del medio de comunicación, sus reporteros y bloquearan su acceso a su portal cibernético.
El presidente electo de la UPR dio a entender que los rectores interinos de los 11 recintos están bajo evaluación y no descartó cambios.
“Los rectores y muchos de los demás administradores están en un proceso que ya comenzó, en un proceso muy inclusivo y que entiendo que ya está en camino. Ese proceso lo seguiremos según fue diseñado y esas recomendaciones, una vez lleguen a la presidencia y la Administración Central, entonces se tomarán en cuenta las recomendaciones que surjan”, expresó tras su designación el martes.
Fuente de la Noticia: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lauprvivetiemposderetospormillonariorecorteensupresupuesto-2433564/
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