Caribe Insular/Puerto Rico/claridadpuertorico.com
A raíz de la demanda que la Asociación de Maestros de Puerto Rico sometió contra el Departamento de Educación en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desde la semana pasada se discute mediáticamente el tema de la inconstitucionalidad de las escuelas Chárter –Escuelas Públicas Alianza, según las nombra la Ley 85 del 2018– y del programa de vales educativos.
Luego de que el pasado 5 de julio la jueza superior Iris Cancio González determinara que tanto las escuelas chárter como los vales educativos, principales programas de la Reforma Educativa propuesta por el Gobierno actual, son contrarios a la Cláusula de Sostenimiento de la Constitución de Puerto Rico, la administración de Ricardo Rosselló Nevares recurrió el miércoles 11 al Tribunal Supremo para solicitar que se revierta la decisión de Cancio González.
Ante eso, el máximo foro judicial paralizó el viernes 13 la sentencia que declara inconstitucionales las chárter y, antes de emitir la determinación final, otorgó cinco días laborales a ambas partes para que argumenten a favor o en contra.
El presidente del gremio magisterial ÚNETE, Emilio Nieves, expresó a este medio que “si el Tribunal Supremo decide algo contrario a lo que decidió el Tribunal de Primera Instancia, sería utilizando criterios que no están conformes a un análisis jurídico constitucional, sino ideológicos”.
La postura del Gobierno de turno, por otro lado, es ampararse en el éxito de las alianzas en este ámbito educativo para justificar la instauración del modelo chárter y de los vales educativos en Puerto Rico.
Sin embargo, para Nieves, hablar de alianzas es parte de la “estrategia” o “truco” que utilizó el gobierno para redactar la Ley 85 o Reforma Educativa: “No aparece el concepto ‘escuelas Chárter’, sino el de Escuelas Públicas Alianza”. De hecho, la jueza Cancio González destacó que el Tribunal ha reiterado que “el nombre no hace la cosa”. Por lo tanto, denominar las escuelas chárter como Escuelas Públicas Alianza no las hace menos susceptibles del veto constitucional.
Al revisar el caso, la jueza identificó unos elementos que evidencian que la Escuela Pública Alianza es una modalidad de privatización. Según enumeró Emilio Nieves, la jueza argumentó que se trata de una privatización porque quienes dirigirán las escuelas no son funcionarios públicos, porque los maestros no serán servidores públicos, además, porque las escuelas tendrán facultad para expulsar estudiantes, limitar la matricula y modificar los currículos de enseñanza.
Pese a la determinación del Tribunal de Primera Instancia, el Gobierno aún queda facultado para crear escuelas chárter en alianza con municipios o con la Universidad de Puerto Rico, por ser estas entidades públicas. La jueza fundamenta este punto en que ambos sectores son una extensión del servicio público. Sin embargo, la posición de ÚNETE en ese sentido es que “no validamos el modelo de escuela chárter bajo los municipios o la Universidad porque son dos instancias que actualmente tienen un tipo de alianza con las escuelas publicas que sí es válido y que sí ha funcionado”.
“Sin tener la autonomía administrativa ni otro manejo de fondos, en estos momentos, los municipios apoyan servicios de transportación y de mantenimiento de los planteles escolares, por ejemplo. Con las universidades existen alianzas de adiestramientos a los maestros, de parte del profesorado. Es una alianza de apoyo al servicio educativo, no de administración”, especificó Nieves.
Señaló Emilio Nieves que el Gobierno tiene razones políticas y económicas para impulsar la implementación de la privatización de escuelas. En términos económicos, se justifica “porque este [es] el último paso en el proceso de federalización del sistema público…El Estado ya agotó todas las propuestas federales sometidas (tutorías para estudiantes y desarrollo profesional para maestros). Esta es una búsqueda de fondos federales”.
Del lado político, éste considera que, en la medida en que el Gobierno valida las escuelas chárter, auspicia más de cerca la ideología estadista. “Aunque en los Estados Unidos solo un 6 por ciento de escuelas son chárter, luego de 25 años de implantación del modelo, el gobierno de Rosselló lo ve como una herramienta adicional para promover la estadidad en Puerto Rico y el proceso de americanización y federalización del sistema educativo”.
Por otro lado, el cierre de escuelas que se ha visto en los últimos meses favorece que, aquellas entidades que tengan la oportunidad de administrar planteles cuenten con más fondos del Estado. El nombre del sistema universitario Ana G. Méndez ha sonado como posible administración para las escuelas chárter. Asimismo, el Departamento de Educación no ha descartado la posibilidad de la intervención estadounidense en la fase administrativa si se implanta este modelo en Puerto Rico.
Fuente:http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=CE8C7A209AC9A802B774E1818563576C
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