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Canalizar la ira en los niños: la técnica del volcán

Laura Aguilera

05 de julio de 2017 / Fuente: http://blog.tiching.com

Por: Laura Aguilera

La ira es una emoción como cualquier otra, forma parte de nosotros, pero lo cierto es que es una emoción desagradable que puede conllevar consecuencias negativas. El niño puede mostrarse impulsivo ante su elevado enfado, lo que hará que se sienta aún peor emocionalmente.

Hay muchas técnicas para ayudar a los peques a gestionar el enfado y es importante ofrecer al niño herramientas para que pueda llevar de una forma más positiva estas emociones intensas que puede experimentar, ya que si no tiene las herramientas, puede dar lugar a problemas de conducta reiterados que los padres no son capaces de abordar.

Me enfado, ¿y ahora qué hago?

El conflicto empieza ante una discrepancia de opiniones o unas demandas no resueltas, es entonces cuando en el niño empieza a aflorar la emoción de la ira. El niño experimentará las siguientes sensaciones fisiológicas:

  • Aumento del ritmo en sus palpitaciones
  • Respiración acelerada
  • Tensión muscular
  • Calor o incluso sudor

Es necesario que el niño comprenda estas sensaciones y las tenga asimiladas en su registro de emociones, por ello, la educación emocional es tan esencial ante la gestión del enfado, la vergüenza, el miedo, etc. Si el niño entiende su cuerpo, prevé lo que puede pasar.

En el caso de la ira, si el niño empieza a experimentar estas sensaciones tras el conflicto y se le ha ayudado previamente mediante entrenamiento y concienciación sobre sus emociones, puede ser capaz de parar y reflexionar por un instante que hay dos caminos que puede tomar. Dependiendo del camino que el niño tome, el diálogo final entre padres e hijo será más o menos productivo y mejor o peor resuelto.

Es importante que el niño comprenda qué ha sucedido y cómo se ha resuelto para asimilar cómo se resuelven los conflictos de forma adecuada.

Los dos caminos ante la ira

El primero de ellos, es dejarse llevar por esta emoción, lo que le puede conllevar a desatarse en gritos, patadas, tirar cosas por el suelo, llantos desorbitados y con los respectivos castigos o consecuencias de su comportamiento por parte de sus padres.

Canalizar la ira en los niños

El segundo camino es el más acertado, y es que el niño sepa que enfadarse no es malo, pero puede gestionar esa emoción llevándola a un estado de calma, y una vez calmado, solucionarlo conjuntamente con sus padres. Éste es el más difícil, ya que no debemos olvidar que son niños y están aprendiendo. Con la ayuda de los padres, pueden tomar el segundo camino sintiéndose mucho más tranquilos y viendo el enfado como una forma de resolver discrepancias y no como si se acabara el mundo, un pensamiento que experimentan muchos niños cuando están en pleno apogeo de esta emoción.

La técnica del volcán

La técnica del volcán es una técnica utilizada en psicología para que los niños comprendan su cuerpo en los estados de ira y en los estados de calma, para que tomen conciencia de su cuerpo e intenten en el momento que experimentan estas sensaciones fisiológicas del enfado, gestionar la ira de forma positiva. Esta técnica se explica mediante un cuento infantil ilustrado llamado Mi volcán, actualmente en campaña de Crowdfunding para que todos los interesados e interesadas apoyen el cuento y se haga realidad. Un cuento con base en educación emocional escrito por servidora, Laura Aguilera, y recomendable para todos los papás.

Fuente artículo: http://blog.tiching.com/canalizar-la-ira-en-los-ninos-la-tecnica-del-volcan/

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UAM, cambio de rector y revoltijo

Carlos Ornelas

05 de julio de 2017 / Fuente: http://www.excelsior.com.mx

Por: Carlos Ornelas

Aunque las campañas comenzaron desde meses antes, la Junta Directiva (JD) de la Universidad Autónoma Metropolitana convocó el 5 de junio a la elección del rector para el periodo 2017-2021. Aclaro que hace cuatro años fui candidato a rector general. La JD designó a Salvador Vega y León; lo felicité en público y en privado e hice votos porque brillara su rectorado. No he recibido ningún agravio de él ni de su gente cercana; al contrario, agradecí el apoyo que me brindó en 2016 para mi participación en el Congreso Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Mis juicios no se basan en una venganza.

A pesar de que la indiferencia reina entre la mayoría de profesores, estudiantes y trabajadores, entre quienes se preocupan de la vida universitaria hay descontento con la administración del rector. Acusan que se rodeó de un equipo cerrado, hablan de corrupción y nepotismo, de él y sus allegados, además de mala conducción en el Colegio Académico. Juzgan que maniobra para que su secretario general, Norberto Manjarrez, lo suceda en el cargo.

Entre chismes que pululan en las redes, que pudieran ser fake news, sobresalen reportajes serios sobre malos manejos financieros. El portal SinEmbargo (5 de mayo), por ejemplo, reseña que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró evidencias de un posible desfalco. La ASF presume un daño o perjuicio o ambos a la Hacienda pública federal por más de 253 millones pesos, más los rendimientos financieros generados. La UAM reportó dicho monto como pagado en la Cuenta Pública 2015. La rectoría no acreditó en qué se usaron los recursos ni comprobó su destino final.

Los diarios del 19 de junio informaron del reclamo de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por no haber aplicado 20 millones de pesos que esa institución confirió a la UAM para la remodelación de la Casa de la Paz; trabajo que no se ha comenzado hasta la fecha.

No presumo, menos acuso, que el rector se haya embolsado el dinero; pero la falta de cuentas claras siembra desconfianza entre los universitarios. El nepotismo es un asunto que sí puede comprobarse. El año pasado, el rector forjó un puesto para su esposa y él y sus colaboradores acomodaron a parientes en la nómina.

En aras de mantener el control de la UAM, el grupo dirigente empezó a preparar la sucesión desde el año pasado. Recurrió a una maniobra leguleya que puede traer consecuencias nefastas a la universidad. Mediante una interpretación mañosa del artículo 8 de la Ley Orgánica, el rector se deshizo de cuatro miembros de la JD. Este artículo establece que, para ser miembro de ella, debe tener más de 30 y menos de 70. De fea manera, solicitó a las distinguidas académicas —externas a la UAM— Ana María Cetto y Patricia Galeana que abandonaran la Junta. Lo mismo hizo con Enrique de la Garza Toledo y Carlos Pallán Figueroa.

Los despedidos quizá se molestaron, pero no reclamaron nada, al menos no en público. Carlos Pallán, exrector de la Unidad Azcapotzalco y exsecretario general de la ANUIES, no se arredró. Interpuso un amparo, que un juez rechazó, pero en la apelación un tribunal colegiado le ordenó que lo revisara. La rectoría pidió al juez rechazar la queja alegando que no hay perjuicio, ya que no es empleado de la UAM. Pero Pallán promovió su amparo por violación a sus derechos humanos.

En la segunda vuelta, el tribunal sostuvo que durante el juicio de amparo se verificará si estos actos violan los derechos humanos del quejoso. El tribunal enfatizó que su sustitución como “miembro de la Junta Directiva no es un acto consumado”. En caso de que el juzgado falle en favor de Carlos Pallán, la UAM deberá restituirlo en el cargo (Reforma, 16 de junio). ¿Qué pasará con la persona que lo sustituyó? Aparte de la vergüenza, es posible que la designación del nuevo rector sea recusada por ilegalidad.

La sustitución de los miembros de la JD fue con el fin de allanar el camino a la rectoría para Norberto Manjarrez. Él ya fue candidato y la Junta lo rechazó porque compró un título de doctor de la Pacific Western University. Además, lo hizo cuando la UAM ya había desconocido a cuatro académicos que incurrieron en la misma falta de lesa academia, como diría Burton Clark.

Hoy, Manjarrez ya no usa el grado de doctor, sólo el de maestro en ciencias. Pero haber adquirido de manera fraudulenta un doctorado habla de su —falta de— ética. No reúne el requisito de honorabilidad que exige la ley. La Junta Directiva no debe equivocarse.

Fuente artículo: http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/06/28/1172384

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La tercera cultura o siniestro estrabismo

Educaweb

Por : Educaweb

Circula en libros y en Internet una plataforma en defensa y difusión de una Tercera Cultura, que, en principio, superaría la división entre humanistas y científicos. Pero, aparte de que se decide enseguida por lo empírico, quienes defienden esa presunta solución dan síntomas de una extraña miopía.

El declive de los intelectuales humanistas o, si se quiere, su traición, según Julien Benda, ha dado lugar a que algunos científicos con ínfulas intelectuales (no la mayoría de los científicos, pacíficamente dedicados a la propia especialidad) se crean capacitados para decidir, como última palabra, sobre lo humano y lo divino.

El conocido libro del novelista y científico C .P. Snow (1905-1980), Las dos culturas y la revolución científica, de 1959, con revisión en 1963, deploraba la falta de entendimiento entre intelectuales «literarios» e intelectuales «científicos», aunque inclinando la balanza a favor de estos últimos. Defendía una «tercera cultura» de síntesis…

Que es lo que promueve en Estados Unidos un editor científico, John Brockman, pero, una vez más, ninguneando a los «literarios» y fomentando que los «empíricos» escriban sus propios libros de divulgación, dando a conocer la verdadera visión del cosmos y del hombre. En una entrevista que se puede leer en Internet, dice Brockman: «La Tercera Cultura está formada por personas del mundo empírico que utilizan las herramientas y los desarrollos de la ciencia para explicar qué y quiénes somos. La ciencia es la única noticia» [1]. Así, sin más.

Una plataforma

En España se presentó en noviembre de 2008 una web con ese nombre de Tercera Cultura, para divulgar el gran mensaje. En ella se pueden leer cosas de este estilo: «Incluso las sociedades llamadas democráticas recuperan su compromiso con la fe revelada. Se habla, por ejemplo, de políticas basadas en la fe o de una laicidad positiva que desvirtúa el verdadero laicismo. (…) Líderes de la opinión pública, gobernantes e intelectuales llaman constantemente a prodigar un respeto por lo sagrado que a veces oculta miedo y servidumbre ante al terror»[2].

Se roza el ridículo cuando se afirma: «Auspiciados por líderes supuestamente progresistas, el Vaticano y Riad (Arabia Saudita) aúnan fuerzas en una nueva Santa Alianza contra el terrorismo, pero también contra el secularismo y los valores clásicos de la Ilustración. (…) Necesitamos liberar el proyecto de la Ilustración de la humillación teocrática»[3].

En la pomada española están, entre otros, Fernando Savater y Eduard Punset. No se acaba de aclarar si están a favor de ese humanismo secular[4] que terceracultura.net defiende de este modo: «El humanismo secular es una plataforma para desarrollar una ética sin ‘ganchos celestes’ que sepa incluir la razón, la compasión y la ciencia, con el objetivo de estimular la representación pública de los humanistas, los ateos, agnósticos y no creyentes»[5].

El humanismo secular se funda en un compromiso con la vida humana cuyo sentido no radique en un ilusorio «más allá», sino en el vínculo con las demás personas y en el conocimiento de la naturaleza».

Taxonomía compulsiva

De lo primero que hay que extrañarse es de la pervivencia de una antigua manía: la compulsión por clasificar y periodizar. Tiene eso una componente utópica, como en Gioacchino di Fiori (1132-1202), que dividió la historia en la edad del Padre, la del Hijo y, la futura y perfecta, la del Espíritu Santo. Cosa que se transforma, en el positivista siglo XIX, en la «ley de los tres estadios», de Auguste Comte (1798-1857): estadio teológico, estadio metafísico y estadio científico o perfecto. Estadio científico: no dicen más Snow ni Brockman ni los de la Tercera Cultura. La primera cultura, ya pasada, sería la religiosa, y mística; la segunda cultura, también ya depauperada, es la filosófica y literaria; pero la tercera cultura, radiante, definitiva y que todo lo explica, es la científica.

Para esta Tercera Cultura los verdaderos intelectuales son los científicos, que deben contribuir a alcanzar este modesto objetivo que figura en el frontispicio de la página web: «Llegar al borde del conocimiento del mundo, buscar las mentes más complejas y sofisticadas, ponerlas juntas en una habitación, y preguntarse unos a otros por los temas sobre los que se interrogan a sí mismos»[6].

Seguir preguntando

En todos estos planteamientos la primera pregunta que surge es: ¿y ahí se acaba todo? ¿qué pasa con la cuarta edad, el cuarto estadio, la cuarta cultura? ¿Por qué no la quinta, ya que «no hay quinto malo»? ¿Quién tiene la capacidad de situarse por encima de la historia y decir el resumen de lo ocurrido a la vez que se vaticina el futuro? ¿Cómo saben ustedes que aquí se termina la historia y que no habrá más «estadios»?

No hay duda de que la ciencia experimental, las ciencias naturales aportan mucho al conocimiento del mundo, y del hombre, y que, gracias a sus aplicaciones, la vida humana ha mejorado de forma asombrosa; pero, por ejemplo, esas ciencias no tienen nada que decir ante la pregunta de qué sentido tiene la vida humana, por qué el corazón humano, conociendo el bien, se inclina tantas veces por el mal, por qué son masacrados inocentes, por qué sigue habiendo esclavos… A lo más que llegan esas ciencias es a afirmar que la vida humana es algo accidental en el Universo, que se dio por azar, donde el azar no es más que el nombre que ponemos a la ignorancia.

Modestos ante la historia

Además, ¿por qué enfrentar? Si somos modestos ante la historia, ambiciosamente modestos en nuestras pretensiones de verdad, sabiendo que cada puerta que abre la ciencia da lugar a otros muchos desconocimientos, lo racional y lo moral, lo humano, es no oponer unos conocimientos a otros, sino manejar, si se puede, toda la gama de posibilidades, todos los métodos, todas las aproximaciones a la verdad, a la bondad y a la belleza.

Hay dos tipos de espíritus, decía ya Pascal: el espíritu de geometría y el espíritu de finesse, o finura de espíritu. Es el primero el que encasilla, clasifica, racionaliza y, si se desvirtúa, puede llegar hasta lo patológico, excluye, condena. El segundo se da cuenta, como en Shakespeare, de que «hay más cosas entre el cielo y la tierra de lo que enseña, Horacio, tu filosofía» (o tu ciencia). La realidad, que nunca podrá será estudiada hasta sus últimas implicaciones, no tiene aristas rectas y rígidas, sino flecos. El racionalista no sabe qué hacer con ellos, pero el que posee el espíritu de finura ve en ellos los símbolos de algo más que lo inmediato; un algo más que se expresa tanto en el arte como en los primeros atisbos de la religión.

Estos de la Tercera Cultura no tienen la ocurrencia de atacar al arte, o de decir que está superado, porque exista una ciencia avanzada. Pero la toman en especial contra la religión, porque es ahí donde está el secreto de su apenas disimulado odio.

Siempre es triste ver la miopía autoproclamarse como la más profunda visión. Pero no hay peligro de que la religión sufra por estos cortos de vista de la Tercera Cultura. Como ya señaló Henri Bergson, la religión es algo que permanece porque «pertenece a la misma estructura del ser humano».

Conclusión

Como ya advirtiera Husserl hace más de cincuenta años, la crisis de la humanidad moderna no se debe al ejercicio de la racionalidad, que acompaña desde su inicio al ideal filosófico europeo, sino a cierto tipo de racionalismo. La salida de esa crisis — cuya conciencia no ha hecho más que agudizarse desde entonces — no puede venir por una recaída en el irracionalismo sino por una superación del cientificismo objetivista. El objetivismo es la actitud que rompe la unidad cultural e histórica de la vida. Es un racionalismo formalista que establece primero el dualismo entre naturaleza y espíritu, para proceder después a la naturalización del espíritu. Si los tiempos modernos — a pesar de sus indudables éxitos científicos y técnicos — han caído en una insatisfacción creciente, que llega al borde de la angustia, es porque se han aferrado a la unilateralidad de un método incapaz de referir las idealidades de la ciencia a su fundamento en el mundo vital, que está constantemente presupuesto como el suelo, el campo de trabajo, sólo sobre el cual los temas y los métodos científicos tienen sentido[7].

Frente a la distorsionante Tercera cultura, parece mucho  acorde con la realidad de las cosas y su percepción en el momento actual eso que algunos autores denominan nueva sensibilidad: un pensar meditativo que se abre agradecidamente a lo real[8]. La racionalista y unidimensional actitud de dominio ha de ser sustituida por esa originaria unidad de consideración y de acción que es la epimeleia, el cuidado. Como dice Kuhn, el ánima cuida del cuerpo animado; el hombre cuida de sí mismo y de sus semejantes a través de la cultura, que es fomento de lo humano y de los medios para cultivarlo[9].

[6]https://www.edge.org/ La traducción es mía del siguiente texto: «To arrive at the edge of the world’s knowledge, seek out the most complex and sophisticated minds, put them in a room together, and have them ask each other the questions they are asking themselves».
[7] EDMUND HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. (Husserliana, VI), La Haya, Martinus Nijhoff, 1962, págs. 336-347.
[8] Véase BALLESTEROS. Sobre el sentido del derecho, Tecnos, 1984, páginas, pp. 71-83
[9] HELMUT KUHN, Die Kirche im Zeitalter der Kultur-Revolution, Graz, Styria, 1985, pp. 7-8.
Fuente:http://www.educaweb.com/noticia/2017/04/27/tercera-cultura-siniestro-estrabismo-13925/
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Vía libre para que mineras y agroquímicas generen contenidos educativos

Pablo Taranto

Por: Pablo Taranto

Un convenio firmado por los ministros de Educación y Agroindustria con transnacionales del sector y una cláusula del Acuerdo Nacional Minero abren la puerta a modificar la currícula

La aberrante concepción de la educación pública expresada en la ya célebre proclama de Esteban Bullrich en una conferencia de la UIA, cuando se presentó no como ministro de Educación sino como «gerente de recursos humanos», forma parte de un plan muy concreto: diseñar una escuela a imagen y semejanza del modelo de país que quiere Cambiemos, donde las palabras derecho o inclusión pierdan sentido, y el sistema educativo se convierta en un ancho campo de reclutamiento donde las empresas puedan elegir a los más capacitados. Y del mismo modo en que la historiografía oficial, mitrista, liberal, urdió la llamada «educación patriótica» y formateó luego los fundamentos doctrinarios y pedagógicos de la Argentina agroexportadora, «granero del mundo», el neoliberalismo del siglo XXI pretende avanzar en la construcción de nuevos contenidos curriculares, a tono con un modelo económico reprimarizado, extractivista, cuyos máximos beneficiarios son los agronegocios y la minería, los sectores concentrados a los que ya se les quitaron las retenciones a la exportación de sus productos, y que pasan a vertebrar el renovado axioma nacional. Repitan conmigo, chicos: «Somos el supermercado del mundo».

El 15 de junio pasado, el ahora saliente ministro a raíz de su precandidatura a senador por la alianza Cambiemos, firmó con su par de Agroindustria, Ricardo Buryaile, un convenio «para fortalecer la educación agraria», que incluyó un acta compromiso con más de 45 empresas de agronegocios y entidades del sector para que se constituyan en «fuente de capacitación» para escuelas rurales.

«Pensando en que debemos convertirnos en el supermercado del mundo, recorrimos todo un camino con el ministro Buryaile y hoy la agroindustria sabe que se puede apoyar en la educación», dijo Bullrich. Su colega, también próspero descendiente de una familia de productores agropecuarios, resaltó a su turno «la sinergia del sector público y el privado» que supone el convenio, apuntando a «la cantidad de empleo y oportunidades que generan estas empresas». El acuerdo descansa básicamente en otro convenio de cooperación, rubricado ese mismo día por ambos ministerios con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la UATRE y más de 45 organizaciones y empresas del agronegocio, con el objetivo de que aporten contenidos y generen acciones en pos de «una alta capacitación en docentes y directivos de las escuelas y una mejor inserción laboral de los alumnos».

Así, la educación agraria que postula Cambiemos no quedará en manos de académicos y universitarios, ni hablar de agricultores familiares o campesinos, sino de las grandes trasnacionales como Monsanto-Bayer, Syngenta o Dow-Dupont. Estas firmas –como bien explica el último informe de Greenpeace titulado «Ley de semillas: el lobby de las empresas químicas», que identifica los vínculos con estas de 30 funcionarios del actual gobierno– «apadrinan», a través de membresías y convenios de financiamiento, a las organizaciones que se presentan ante la sociedad como entidades «sin fines de lucro» pero que ocupan un rol clave en el lobby agrario: Aapresid y Aacrea, pero también Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas) o Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología).

El convenio firmado por Bullrich y Buryaile oficializa una práctica que en realidad ya existe. Por ejemplo, el proyecto bautizado Aula Aapresid lleva cinco años recorriendo escuelas para difundir los beneficios del modelo de siembra directa. Sus objetivos: corregir «la poca, y a veces errónea, información existente acerca de las consecuencias y efectos que genera la producción agropecuaria en nuestro país», y «concientizar sobre el rol central de la Argentina como productor mundial de alimentos y la necesidad de dar respuesta a una creciente demanda de los mismos». La última visita fue al Instituto Provincial de Enseñanza Media N° 151 «Ignacio Urbizu», de Camilo Aldao, departamento de Marcos Juárez, Córdoba, el 11 de junio. El año pasado, un amparo colectivo logró frenar el programa «Mi escuela saludable», que desde 2012 había funcionado en 176 escuelas primarias porteñas, supuestamente para la promoción de buenos hábitos de alimentación, monitoreado por el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI). Entre las «empresas que brindan valiosa colaboración a ILSI Argentina», su sitio web enumera a Basf, Bayer, Dow Agro Sciencies. Monsanto y Syngenta, el oligopolio mundial de la producción de agroquímicos.

Así, las graves consecuencias para la salud de los agrotóxicos o la incidencia del modelo a gran escala de siembra directa en las recurrentes inundaciones difícilmente formen parte de los contenidos escolares. El 13 de junio pasado, un centenar de asambleas, ONG, académicos y universidades nacionales volvieron a exigir la sanción de la Ley de Humedales. «Estas catástrofes, cada vez más frecuentes, están vinculadas con el desmonte de bosques nativos y el relleno de zonas inundables para emprendimientos agropecuarios», dice la carta enviada a los diputados, y señala los peligros de «un modelo de desarrollo que en su afán productivista omite las condiciones más elementales de sustentabilidad socioambiental». Una discusión que no debería llegar a las aulas.

Minas fieles de gran corazón

El lavado de cara educativo será más arduo en la otra gran actividad extractiva que impulsa el gobierno macrista: la minería. Pero ya se puso en marcha. El mismo día 13, Mauricio Macri firmó con 14 gobernadores el nuevo Acuerdo Federal Minero. «Esto no significa sacrificar el medio ambiente, sino abrirle puertas al desarrollo», observó el presidente. El sistema educativo tendrá la dura misión de convertir esa máxima en una verdad pedagógica. El punto 3 del acuerdo, titulado «Aspectos educativos y formativos», fue prolijamente elaborado entre la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y los ministerios que conducen Esteban Bullrich y Juan José Aranguren. Explica que «con el objetivo de que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera y estos tengan fundamento científico –lo que contribuirá a una mejor y certera información de la sociedad–, las Partes se comprometen a llevar adelante acciones con los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales para lograr la incorporación, dentro de la currícula de los niveles primario y secundario, de contenidos sobre: a) la constitución geológica del territorio nacional y provincial; b) los productos mineros que se generan en el país y en las provincias, su utilización en la vida cotidiana; c) la importancia del sector minero en la economía nacional y regional; y d) la regulación ambiental de la actividad minera.»

Varias provincias desistieron de firmar el acuerdo, sobre todo aquellas, como Chubut y La Rioja, donde la megaminería trasnacional generó importantes luchas sociales y fue prohibida por ley. Sería escandaloso que los alumnos de localidades como Famatina o Esquel –donde en 2002, el 82% de la población votó un concluyente «No a la mina»– recibieran manuales escolares laudatorios de la actividad minera.

Soslayando los pasivos ambientales que deja la actividad o repetidos incidentes como los de Veladero, Marcelo Álvarez, director de Asuntos Corporativos de la minera canadiense Goldcorp y titular de la Cámara, sintetizó las aspiraciones del sector: «Los manuales de educación de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante, cuando el país promueve su desarrollo. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minería. Se podría cambiar parte de la currícula de Ciencias Naturales. Si tenemos un desarrollo minero como lo tuvo Chile, no solo se cambiará la currícula, también buscaremos generar más espacios de estudio en las universidades. No tenemos la cantidad de recursos humanos capacitados para el desarrollo minero que esperamos».

Otra vez, el Acuerdo Minero generalizaría en la educación pública una estrategia que las empresas ya practican. Desde 2013, el proyecto educativo «Un mundo de minerales», que motoriza CAEM , ya visitó 180 escuelas de todo el país, alcanzando a más de 13 mil chicos de tercero a sexto grado. Entre sus objetivos manifiestos, cita el de «transmitir con claridad la noción de que todo lo que hacemos o necesitamos está vinculado a la minería». Entre los materiales que reparte a los alumnos, está la simpática colección titulada «¡Pucha, qué tesoro!», que cuenta, por ejemplo, la historia de dos novios que se regalan anillos de compromiso, para luego explicar qué es el oro y cómo se extrae. Omite mencionar el cianuro que se utiliza para separarlo de la roca. «

En San Juan, la piedra que no quería ser extraída

En 2011, un manual de Educación Ambiental publicado por el Ministerio de Educación que conducía Alberto Sileoni, con fuertes críticas a los procedimientos contaminantes de la minería a cielo abierto, jamás llegó a repartirse en las escuelas de San Juan. El año pasado, el Ministerio de Minería provincial puso las cosas en su lugar, y editó tres libros infantiles que destacan los beneficios de la actividad. Entre ellos, Piedra y Montaña cuenta la historia de una piedra (que evidentemente contiene oro) que tiene miedo de ser extraída. «Solo así podrás transformar al mundo y beneficiar a mucha gente, convirtiéndote en autos, casas, juguetes, medicamentos, aviones, celulares. Todo lo que rodea al hombre es minería, piedra amiga», dice Montaña.

Cobre, una apuesta del Grupo Macri

La participación del Grupo Macri en el sector minero siempre fue marginal, pero el nuevo auge que impulsa el gobierno para la actividad le da nuevas perspectivas. En 1997, Franco creó Minera Geometales, apuntando a tareas de relevamiento geológico para la exploración de cobre y oro. Hoy la compañía forma parte del grupo Obras, Desarrollos y Servicios (ODS)y opera yacimientos propios en el «Anillo de Cobre El Teniente», en 5000 hectáreas del sudoeste mendocino.

Marco jurídico

La Ley General del Ambiente Nº 25.675 prevé en su artículo 14º la implementación de la «educación ambiental» como «el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible». Será complejo vertebrar en este marco jurídico los contenidos proagronegocios y promegaminería que quiere impulsar el gobierno.

Los bancos también

El sector bancario tiene un viejo proyecto en carpeta: el de incorporar a las finanzas dentro de los planes de estudio de las escuelas primarias y secundarias. En el último tiempo hubo algunas reuniones entre representantes de las cámaras que reúnen a los bancos con funcionarios para tratar el tema. Un ejemplo que se usó en esos encuentros es el caso español, en donde la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España trabajan con los ministerios de Economía y Hacienda en acciones conjuntas para difundir la educación financiera en todos los ámbitos. En la educación formal esto se ve en el programa de la materia Economía de cuarto año de la secundaria. Los estudiantes de 15 años aprenden a «saber si llegaremos a fin de mes con nuestro sueldo y si vamos a necesitar un plan de pensiones privado». La forma que buscan los banqueros para ingresar a los planes de estudio recuerda a la que se empleó para meter contenidos contra el derecho de huelga y de protesta en un manual educativo que detallaba los componentes de una noticia. Casualmente, se empleó un editorial del diario Clarín que criticaba una movilización sindical al Congreso en el año 2004 con argumentos similares a los que se emplean hoy para criticar la lucha popular.

Vidal cedió con los docentes bonaerenses

En la reunión número 14, celebrada días atrás, el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal se movió del techo salarial fijado por la Nación y ofertó un 27,4% de incremento salarial a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente bonaerense que, en esta ocasión, resolvieron poner la propuesta a consideración de las bases. La respuesta llegará en unos días. Durante el encuentro en el Ministerio de Economía, los funcionarios de la gobernadora ofrecieron una recomposición global que incluye también parte de lo perdido por la inflación en 2016 y sumas en concepto de material didáctico pagado por la Nación. En concreto, la propuesta es 2,5% por 2016, lo que lleva el salario inicial de diciembre de 9800 a 10 mil pesos; más 21,5% por 2017 con cláusula gatillo; más un 3,4% conformado por los dos montos a cuenta que el gobierno pagó en marzo y en mayo –que no serán descontados sino que formarán parte de la recomposición 2016– y dos cuotas de 800 pesos en concepto de material didáctico, a pagar en septiembre y octubre, hasta dos cargos. La suba global, según estimaron los gremios, es del 27,4 por ciento.

Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/68698/va-a-libre-para-que-mineras-y-agroqua-micas-generen-contenidos-educativos

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El improbable retorno del «lulismo»

Raúl Zibechi

Por: Raúl Zibechi

Brecha (Uruguay)

 

Aunque gane las presidenciales en 2018, como lo indican las encuestas, y eluda el encierro en una celda, el expresidente Lula no tiene condiciones económicas y políticas para revivir el “milagro” que le permitió mejorar la situación de los pobres sin tocar a los ricos. Su hipotético gobierno no contaría con las bases empresariales, militares y sociales que dieron vida al proyecto Brasil-potencia.


 

Desde que Joesley Batista, Ceo del principal frigorífico del mundo (JBS), difundiera la grabación de una reunión que mantuvo con el presidente Michel Temer, el frágil gobierno brasileño entró en una pendiente que puede llevarlo a su destitución. Los niveles de aprobación del presidente son más bajos aun que los de Dilma Rousseff días antes de su caída, y se acercan a la nada: menos del 5 por ciento.

Lo que mantiene al gobierno de Temer es la respiración asistida de dos partidos: el suyo (PMDB), maestro en los malabares de una gobernabilidad trucha; y el socialdemócrata de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que, increíblemente, sostiene a un gobierno corrupto con el pésimo argumento de que si cae las cosas serían aun peores.

Sin embargo el propio Cardoso tomó distancia del gobierno, dando marcha atrás a declaraciones hechas apenas tres días antes, y le exigió “un gesto de grandeza” a Temer para que renuncie y anticipe las elecciones generales (Brasil 24/7, 17-VI-17).

Resulta evidente que la política brasileña atraviesa una situación sumamente compleja, y sobre todo imprevisible. Dos factores de poder, como la cadena Globo y el ex presidente Cardoso, demandan la salida del presidente que lucha denodadamente por permanecer en el cargo contra viento y marea. Lo peor es que puede conseguir llegar al fin de su mandato, algo que habla muy mal de la clase política norteña.

Tres son las razones que explican una crisis política que parece no tener fin: el pantano económico del que no se ve la salida, las continuas denuncias de corrupción que van a más, y el renovado activismo de la sociedad brasileña. En este panorama, las encuestan dicen –de forma consistente en los últimos meses– que Lula es el político más popular de Brasil, que ganaría la primera vuelta y aun el balotaje, contra todos los demás políticos.

Así las cosas, vale la pena indagar qué chances tiene Lula de repetir la presidencia y de hacerlo de forma más o menos exitosa, luego de los agudos cambios que ha experimentado la sociedad desde junio de 2013, cuando 20 millones de brasileños, en 353 ciudades del país, se lanzaron a las calles contra la represión policial y la desigualdad, bajo el último gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

La segunda cuestión es cómo podría un hipotético gobierno de Lula relanzar la economía, que bajo su mandato vivió un período de excepcionales precios de los commodities (soja, minerales y alimentos), que ahora se han hundido evaporando los anteriores superávits comerciales y los balances de cuentas de la federación.

¿Volver a 2003?

El gobierno inaugurado el 1 de enero de 2003 tuvo una fuerte base parlamentaria en la que, a lo largo de las dos presidencias de Lula, contó con más de 15 partidos a su favor. La habilidad política de Lula en un momento en el cual la sociedad pedía cambios en la aplicación de las recetas neoliberales privatizadoras, estuvo en la base de ese amplio respaldo parlamentario.

Era una base muy heterogénea, prendida con alfileres, ya que suponía entregar parcelas de poder a partidos esquivos y corruptos, como el Pmdb, de Temer. Esos barros trajeron lodos que fueron regados por la crisis económica de 2008, hasta convertir la gobernabilidad lulista en una ciénaga hedionda.

Pero lo principal del gobierno de Lula no giraba en torno a las alianzas parlamentarias, sino que se fundaba en un proyecto de largo aliento apoyado en un trípode que parecía sólido: alianza con la burguesía brasileña, desarrollo de un proyecto industrial-militar para garantizar la independencia de Estados Unidos, y una paz social asentada en políticas contra la pobreza que permitieron a 40 millones de brasileños su integración social a través del consumo.

La primera pata implicaba utilizar los cuantiosos fondos del banco estatal de desarrollo (BNDES) para seleccionar a las empresas que Lula llamó “campeonas nacionales” y lanzarlas al mercado mundial con la marca Brasil-potencia. Ellas fueron un puñado de firmas de la construcción (Camargo Correa, Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, entre las más conocidas), procesadoras de alimentos (como JBS), algunas grandes del acero (Gerdau), además de la petrolera estatal Petrobras, que llegó a figurar entre las primeras del mundo.

La palanca estatal (y de los fondos de pensiones controlados por sindicatos) lubricó fusiones, capitalizaciones y obras públicas (en Brasil y sobre todo en Sudamérica) que permitieron el despegue de estas “campeonas”. Los cientos de obras de infraestructura de la región (siguiendo los lineamientos del COSIPLAN, ex IIRSA), fueron financiadas por el BNDES con la condición de que se contratara a empresas brasileñas para su ejecución.

La segunda pata implicaba una alianza con las fuerzas armadas, que se consolidó en 2008 con la publicación de la “Estrategia nacional de defensa” –que propuso la creación de una potente industria militar–, y los acuerdos con Francia, también en 2008, para la construcción de submarinos convencionales y nucleares. Se trataba de modernizar a las tres armas para defender a la Amazonia verde y la azul –o sea los cuantiosos yacimientos petrolíferos off shore descubiertos por Petrobras en la década de 2000.

Poco importaba que la estrategia de defensa fuera una reedición apenas maquillada de los ambiciosos planes expansionistas de los militares conservadores liderados por el geoestratega Golbery do Couto e Silva, implementados por la dictadura militar instaurada con el golpe de 1964.

La empresa seleccionada por el Ejecutivo para construir los astilleros donde se harían los submarinos fue Odebrecht, sin que mediara licitación alguna. Se propuso también que creara un área militar para desarrollar otros proyectos, que iban desde cohetes hasta aviones de combate, ya que la ex estatal Embraer se mostraba remisa a colaborar con algunos proyectos que implicaban la cooperación con la fuerza aérea rusa.

Un sociedad diferente

La tercera pata de la gobernabilidad lulista estaba lubricada por el plan Bolsa Familia, que llegaba a 50 millones de personas y fomentaba el consumo de los sectores populares. La pobreza cayó más aun que durante el período de Cardoso, pero las familias se endeudaron: en 2015 su endeudamiento con la banca consumía el 48 por ciento de sus ingresos, más del doble que en 2006.

La crisis hizo que buena parte de esas familias volvieran a caer en la pobreza, y la ilusión del consumo se desvaneció, dejando un reguero de resentimientos que fue aprovechado, inicialmente, por las derechas.

Percibiendo que la desigualdad seguía creciendo y que no tenían futuro en un país que se desindustrializaba para exportar soja, carne y minerales, millones de jóvenes se lanzaron a las calles en el invierno de 2013, en plena Copa de las Confederaciones que debía colocar al país en la vidriera exitosa de la globalización. La represión fue la única respuesta del PT, justificada con el peregrino argumento de que “le hacen el juego a la derecha”.

En los años siguientes quedó en evidencia que junio de 2013 no era apenas una despistada golondrina. En ese año se registró el récord de huelgas, superando incluso los guarismos de 1989 y 1990, cuando el movimiento obrero tuvo su pico de activismo, a la salida de la dictadura. Pero ahora eran las capas más pobres de los asalariados las que irrumpían en la vida colectiva, como los recogedores de basura de Rio de Janeiro, casi todos negros y favelados.

La pregunta del millón

¿Cómo podría Lula reconstruir un proyecto de gobierno cuando las tres patas que sostuvieron su anterior gestión se vinieron abajo? Las denuncias de corrupción despatarraron a sus “campeonas nacionales”, que se encuentran a la defensiva, en particular Odebrecht, que era, a la vez, el sostén de su proyecto industrial-militar. El daño infligido torna imposible que vuelva sobre sus pasos en ambos casos.

Pero lo más significativo es que la paz social que había conseguido con sus políticas sociales la han quebrado los beneficiarios de éstas al comprobar que aquello era insuficiente si no se atacaba la brutal concentración de riqueza en uno de los países más desiguales del mundo. El “milagro lulista” consistió en mejorar la situación de los pobres sin tocar los privilegios de los ricos. Apenas desvanecido, los de abajo salieron de sus barrios para comprobar la mala calidad de la educación y los servicios de salud, el pésimo transporte público y el racismo imperante en la sociedad que se revitalizaba apenas “invadían” espacios nuevos, como las salas de espera de los aeropuertos.

Al quiebre de las tres patas de la gobernabilidad petista habría que sumar otros tres hechos: la economía atraviesa su peor momento en un siglo, con tres años seguidos de recesión; no hay recursos para sostener una nueva onda de ascenso social de los más pobres, sumado al hecho de que las familias sufren un fuerte endeudamiento.

La tercera es la brutal polarización social. El racismo, que es una marca fundacional e institucional de Brasil, se ha intensificado hasta extremos inimaginables años atrás. Las principales víctimas son las mujeres y los jóvenes negros y, por lo tanto, pobres.

El lema de la campaña electoral de 2002, “Lula paz y amor”, sonaría como una burla grotesca en estos momentos. Ya no hay margen político para atender la pobreza sin realizar reformas estructurales. Gobernar para los de abajo supone, en las condiciones actuales, pelear contra los de arriba. ¿Será Lula capaz de tomar el camino de la lucha de clases, que no transitó ni siquiera cuando era sindicalista?

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Ecuador: La necesidad de pasar del discurso a la práctica

Decio Machado

Por: Decio Machado

 Ecuador, durante estos últimos años, se ha dotado de una interesante legislación respecto al uso de Software Libre en la Administración Pública y el sector Conocimiento, sin embargo diferentes obstáculos alineados a los intereses de transnacionales tecnológicas están bloqueado la puesta en marcha de una política coherente con el marco legal vigente.

El presente documento hace un recorrido sobre los avances normativos en esta materia, indicando también los obstáculos y actores que protagonizan la ofensiva que en estos momentos sufre cualquier propuesta de política pública que tenga como enfoque, dentro del Buen Vivir, el Buen Conocer.

Es responsabilidad del nuevo Gobierno Nacional ponerle la valentia necesaria para darle cumplimiento a las políticas públicas destinadas al desarrollo del Software Libre al interior de la administración del Estado, dándole sentido a la legislación vigente y poniendo coherencia entre el discurso gubernamental y su praxis.

Quiero agradecer a los distintos colaboradores anónimos que han prestado su ayuda en la recolección de datos y su correspondiente análisis, sin su ayuda -esa que presta por el bien del país- este trabajo no habría sido posible.

Antecedentes

El personaje más representativo del Software Libre (1) a nivel mundial, Richard Stallman (2) , visitó por primera vez Ecuador en diciembre del 2006. Mediante el impulso de distintas comunidades de Software Libre nacionales se organizaron eventos en la Universidad Católica de Guayaquil y Quito, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), en la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) y en la Universidad Central del Ecuador. En aquel momento el objetivo de este gurú de la informática fue informar a la sociedad ecuatoriana sobre las ventajas del uso de Software Libre, virtudes entre las que destacan:

1. Uso de programas con propósitos comerciales o educativos.

2. Estudiar y modificar el código de estos programas libres de patentes de marca.

3. Distribuir copias de dichos programas sin ninguna limitación.

4. Mejorar los programas y hacer públicas las mejoras a las y los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie sin que se requiera el pago de dinero por su licencia.

Cabe aclarar ante los lectores poco conocedores de este tema, que Software Libre no significa que “no es comercial”. Un programa libre debe estar disponible para el uso comercial, la programación comercial y la distribución comercial. La programación comercial de Software Libre ya no es inusual y su uso comercial se cataloga en la actualidad como muy importante. Un usuario puede haber pagado dinero para obtener copias de Software Libre o puede haber obtenido copias sin costo, pero más allá de cómo se obtuvieron las copias, siempre tendrá la libertad de copiar y modificar el software, incluso de vender copias de este.

Respecto a lo anterior cabe señalar entonces tres cuestiones:

a) El software de código abierto (open source), refiere a todo software cuyo código fuente está disponible para cualquier persona que necesite su acceso. Su definición involucra un movimiento contemporáneo que se centra en que al compartir el código, el programa resultante tiende a ser de calidad superior al software propietario. Parte de una visión basada en beneficios técnicos y económicos del código abierto y libre desarrollado bajo la idea pragmática en la que “se considera un éxito que las grandes compañías adopten el código abierto” (3).

b) Tomando en cuenta lo anterior, el Software Libre guarda similitud con la dinámica de código abierto, pues “no implica el pago de licencias de uso y permite obtener los códigos fuentes, con lo cual las instituciones pueden adaptar los sistemas a sus requerimientos específicos” (4). Citando a Stallman, “el software libre es una cuestión de libertad, no de precio” (5). En este sentido, el término “libre” guarda similitud con el concepto de “libertad de expresión” y no como un producto libre de costo. En su definición clásica respecto al Software Libre, Stallman habla de cuatro libertades definidas y promulgadas: “Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro propósito; Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al código fuente es condición indispensable para esto; Libertad 2: la libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu vecino; Libertad 3: la libertad para mejorar el programa y luego publicitarlo para el bien de toda la comunidad. El acceso al código fuente es condición indispensable para esto” (6).

c) Una de las mayores experiencias en el concepto de software público en la región se encuentra en el gobierno de Brasil, donde se destacan los resultados en la gestión de tecnologías de la información y comunicación en la administración pública. De acuerdo a su legislación, el software desarrollado por instituciones públicas es por naturaleza un bien público, premisa que fue estableciendo la base para el concepto de software público (7).

Volviendo a Richard Stallman, durante su primera estancia en el país se desarrolló una reunión con el entonces presidente electo Rafael Correa, la cual daría sus frutos meses después.

Foto: Reunión de Rafael Correa con Richard Stallman en diciembre de 2006

En abril del 2007, el presidente Rafael Correa sorprendería a las comunidades internacionales del Software Libre grabando un mensaje de video (8) dirigido a las delegaciones de los países presentes en el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL). En él se invitaba a todos los participantes del FLISOL a desarrollar el Software Libre de manera masiva. Justo un año después, en abril de 2008, el Gobierno Nacional emitiría el Decreto Presidencia 1014 (9) mediante el cual se adopta el Software Libre como política de Estado, pasando Ecuador a ser el tercer Estado latinoamericano –tras Brasil y Venezuela- en adoptar dicha modalidad software como política de Estado.

Marco legal desarrollado durante los últimos años

En el Decreto 1014 se indica:

Art. 1. Establecer como política pública para las Entidades de la Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamiento informáticos.

(…)

Art. 4. Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. (…) Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.

Art. 5. Tanto para Software Libre como software propietario, siempre y cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.

b) Regionales con componente nacional.

c) Regionales con proveedores nacionales.

d) Internacional con componente nacional.

e) Internacionales con proveedores nacionales.

f) Internacionales.

Art. 6. La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.

El Decreto 1014 supuso una ruptura con las lógicas heredadas de las licencias de software, donde sin un permiso explícito del fabricante no se puede hacer prácticamente nada con un programa de software, así se haya realizado la compra del mismo por valores desorbitados.

En el mundo del Software Libre para contrarrestar esta práctica insana para ciertos sectores como la educación, la investigación y desarrollo, la innovación, la inclusión o el Estado, entre otros, se utiliza un sistema de licencias muy diseminado en los instrumentos legales internacionales, pero contemplando cierto giro en beneficio de la sociedad. Es en este contexto donde surgen una amplia variedad de licencias libres y semilibres para fines múltiples, desde las más libres hasta otras más laxas que en un acto de practicismo congenian las libertades y el procomún con el mundo comercial.

Con base en lo anterior, en diciembre del 2008 el gobierno de Ecuador -a través de la Subsecretaría de Informática- suspendería una licitación de software privativo para la adquisición por subasta inversa electrónica de 206 licencias antivirus, 206 licencias de Microsoft Office 2007 Professional OEM, 83 licencias de Windows XP Professional y una licencia Microsoft Exchange 2008, las cuales habían sido cuestionadas por la comunidad y miembros de la Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE).

Tras cumplirse el primer año desde que el presidente Correa decretase el uso de Software Libre en las Instituciones Públicas del Estado, una noticia del periódico El Comercio (10) indicaba que los ahorros para las arcas públicas por el uso de esta modalidad de software abierto se cuantificaban a enero del 2009 en unos USD 15 millones. En esta misma nota se hacía referencia también a que la Subsecretaría de Informática liberaría el código fuente del sistema de Gestión Documental llamado “Quipux” (un sistema que es basado en proyecto colombiano Orfeo (11)) para beneficio común.

La Secretaría de la Administración Pública publicaría en aquel momento las alternativas de Software Libre para el software privativo (ver Anexo I) en base a los criterios contemplados por la importación de Software Libre para el Ecuador (ver Anexo II).

El 12 de octubre de 2010 entrará en vigencia la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), mediante la cual se dispone el uso obligatorio de Software Libre en las universidad ecuatorianas. Adicionalmente, dicha ley especifica que la contratación de licencias de software privativo se realizará solo para fines académicos y a precios preferenciales. Tal disposición se enfocaba a apuntalar el esfuerzo del país para la adopción y migración de programas de software privativos a Software Libre y también la adopción de estándares abiertos (12).

Más allá de otros cuestionamientos que pudieran hacerse a la LOES, cierto es que la ley entendió que con el uso y desarrollo de Software Libre en las universidades se abría una oportunidad concreta para que la comunidad participara en el esfuerzo de construcción colectiva del software nacional. El resultado debería ser más soberanía para el país y protagonismo de la sociedad en el desarrollo de programas de computación de diverso orden. Evidentemente lo anterior, supone disputarle los espacios a empresas transnacionales que en la actualidad controlan dicho mercado a nivel nacional y global; pero su sentido esta en dotar a futuros profesionales nacionales de mayores alternativas tecnológicas para que desarrollen sus actividades en las empresas y minimizar la dependencia tecnológica. Todo ello además de generar un sustancial ahorro en inversión en software tanto para la Academia como para el país en general.

En el articulado de dicha LOES se contemplaría esta redacción:

Art. 32. Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines académicos.

Y en su Disposición General Cuarta se indicaría:

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con Software Libre en los casos que las funcionalidades de estos programas sean similares al software propietario. Las universidades y escuelas politécnicas serán responsables por la aplicación de este artículo.

La apuesta de Ecuador parecía tan clara que la asociación Iniciativa Focus, en el marco de la Conferencia Internacional de Software Libre 2012, premiaría al presidente Rafael Correa con las distinción al político referente anual del Conocimiento Libre por su labor en la promoción del Software Libre. Unos meses más tarde, en el transcurso del Campus Party 2012, el presidente Correa seguiría planteando las virtudes del Software Libre y su lógica antagónica respecto a las tecnologías creadas por las transnacionales tecnológicas. Por último, al cerrar ese mismo año, los responsables de la elaboración del Programa de Gobierno 2013-2017 de Alianza PAIS asumirían como compromiso electoral el desarrollar la industria local de las Tecnologías de Información y Comunicación mediante el uso del Software Libre.

En paralelo y con la participación del Ecuador como “Estado Asociado”, a nivel regional también se darían avances importantes en el reconocimiento de la industria del Software Libre en lo referente a la soberanía regional y la ruptura con anteriores dependencias.

En la XLV Reunión Ordinaria del Consejo del MERCOSUR realizada en 2013 en Montevideo, en su documento titulado “Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur” se indica:

“45. Apoyaron el desarrollo de Software Libre, que permitirá potencial el desarrollo regional de soluciones en materia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TICs), a fin de lograr una verdadera apropiación, promoción del libre conocimiento y transferencia tecnológica, reduciendo la dependencia de soluciones provistas por transnacionales del sector o por empresas no dispuestas a respectar las industrias nacientes de la región.

Afirmaron el interés de promover el uso de Software Libre en los programas nacionales destinados a la inclusión digital.

Ratificaron la necesidad de impulsar y fomentar la concreción de normas a nivel del MERCOSUR para la efectiva implementación de políticas de fomento de uso, desarrollo, implementación, investigación y transferencia tecnológica basados en el modelo de Software Libre”.

Un año después, en la Declaración de la 16va Cumbre Social del MERCOSUR, titulada “Articulando Luchas, Cultivando Resistencias” –Caracas, julio de 2014- también se indicaría a su vez:

“Instamos a profundizar las políticas públicas orientadas a usar Software Libre y estándares abiertos (tecnologías libres), para construir una plataforma e infraestructura con soberanía e independencia tecnológica, que permita el control de su informática, que evite entre otras cosas el espionaje y la intrusión de los sistemas informáticos.

(…)

Articular iniciativas y planes regionales en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) con Software Libre, estándares abiertos y de gobierno electrónico, entre los países miembros y asociados del MERCOSUR, que implique la formación para el desarrollo de aplicaciones que atienda la infraestructura crítica de nuestros países aún bajo software y tecnologías privativas.”

Volviendo al ámbito nacional, en diciembre de 2016 entraría en vigor el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COES), conocido popularmente como Código Ingenios. En la práctica esta nueva normativa sustituyó a la antigua Ley de Propiedad Intelectual y en materia de software permite al autor elegir el tipo de licencia con que quiere proteger su creación: licencias cerradas o licencias abiertas; describe qué es el Software Libre: aquel que no sólo permite usar un programa, sino también estudiar como funciona, compartirlo, mejorarlo y compartir sus mejoras; dispone usar Software Libre en la educación y el sector público; y dispone también que el usuario pueda elegir aparatos con cualquier software.

El Código Ingenios vino a significar un paso más dentro del sistema de Propiedad Intelectual debido a que promueve el uso del Software Libre. Es así que la ley se presentó como una propuesta revolucionaria en la medida que prioriza el beneficio ciudadano y el procomún, pasando a considerarse el Internet como un servicio básico y proponiendo el impulso de la tecnología nativa a través del uso del Software Libre.

Migraciones a Software Libre

Intentando ser consecuentes con los planes estratégicos del Gobierno Nacional -Decreto 1014, LOES y COES- y los acuerdos adoptados a nivel regional, el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) planteó en 2016 un Plan de Actualización a Software Libre, es decir la migración de escritorios (sistemas operativos, ofimática y demás aplicativos de escritorios) del software privativo al Software Libre. Su objetivo era establecer una guía de trabajo para que el proceso de implementación de Software Libre en dicho ministerio fuese exitoso, optimizando los recursos hardware, software y talento humano.

Siguiendo directrices del Plan Nacional del Buen Vivir, donde se hace referencia a “la transformación del sistema económico para que efectivamente se convierta en un sistema social y solidario, en el que converjan la economía de mercado, la economía pública y la economía popular y solidaria” (13); se buscó dar sentido a objetivos comprendidos entre el número 8 y 12 del plan nacional de desarrollo, entre los cuales destacan el Objetivo Núm. 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, y el Objetivo Núm. 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica que guardan estrecha relación con el impulso al Software Libre”.

Al menos sobre el papel se entendió que el software es un bien intangible asociado directamente al conocimiento y que su modelo de desarrollo libre es una alternativa de producción “incluyente que permite el aprendizaje y posibilita la creatividad individual y de grupo” (14).

Es así que desde el ya extinto MCCTH se plantearon cinco ejes estratégicos: soberanía, sostenibilidad, transparencia, inclusión y desarrollo.

Fuente: Cuadro extraído del Plan de Migraciones del MCCTH

El MCCTH, ocho años después de su promulgación, fue la primera y única Institución Pública que cumplió con el mandato del Decreto 1014. En tan solo tres meses ejecutó el 98% de la migración de datos desde software privativo a Software Libre, lo cual demuestra que dicha transferencia es más una cuestión de decisión política que de superación de obstáculos de índole técnico. Con el uso del Software Libre, en dicha institución se redujeron problemáticas tales como los virus informáticos y la dotación presupuestaria para pago anual de licencias, pudiéndose canalizar así recursos para la capacitación del personal TIC en tecnologías libres.

Fruto de lo anterior, el mismo equipo de coordinación organizó las migraciones de 17 instituciones más del sector conocimiento para el proceso de actualización a Software Libre de escritorios y ofimática. En entidades como Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional (SETEC), el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), la SENESCYT, el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), el Instituto Nacional en Investigación en Salud Pública (INSPI), el INAMHI, el Instituto Nacional de Energías Renovables (INER), el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero y Metalúrgico (INIGEMM), el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), el Ministerio de Educación y el Instituto Geográfico Militar (IGM), se pretendió repetir la experiencia exitosa del MCCTH. Pasado el tiempo, fruto de las resistencias internas donde se combinan la comodidad funcionarial y presiones del sector transnacional sobre responsables de grado medio en la administración pública, el proceso de migraciones no ha avanzado más del 15% promedio.

Pasados diez años de la visita de Richard Stallman y nueve de la entrada en vigor del Decreto Presidencial 1014, los resultados reales de la implementación de migraciones de escritorios de software propietario a Software Libre en el Ecuador son más que cuestionables.

La industria nacional de software y las compras públicas

La falta de rigurosidad por parte de consultores nacionales y extranjeros ha conllevado a que existan discrepancias respecto al número de empresas que componen el sector de la industria nacional de software. La consultora Stratega DBS, quien realizó una investigación para la Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT (15)) en 2011, indicaría en aquel momento que la industria de software en Ecuador se compone de 651 empresas. Un año más tarde, en 2012, la Revista Computer World volvería a dar el dato de 651 vinculadas a actividades de consultoría y desarrollo de software en el mercado nacional; sin embargo, un trabajo de CEPAL realizado en 2013 por consultores vinculados a su División de Desarrollo Productivo y Empresarias (DDPE) bajo la denominación de “La cadena de software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política” indicaría que el sector se limita a 480 empresas, las cuales alcanzan un total de U$D 500 millones en ventas de las cuales el 10% son exportaciones. Recientemente apareció lo que posiblemente sea el informe más fiable al respecto, titulado “Estudios Industriales. Orientación Estratégica para la toma de decisiones. Industria del Software” y realizado por la ESPOL, donde se indica que esta industria está en crecimiento a nivel nacional –promedio del 17% en los últimos siete años- y representa el 0.5% del PIB ecuatoriano; sin embargo, ocupa el penúltimo lugar en la región en términos de exportaciones de servicios de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). Según la ESPOL, la industria local, integrada por alrededor de 700 empresas, está conformada mayormente por Pymes, mostrando además una fuerte concentración de ingresos en las empresas de mayor tamaño. En 2015 proporcionó empleo a más de 10 mil personas, principalmente desarrolladores (35%) e implementadores (24%).

Número de empresas de la industria de software en Ecuador

                             Fuente: INEC; Elaboración: ESPA-ESPE

Distribución del empleo en la industria del software, año 2015

Fuente: AESOFT; Elaboración: ESPA-ESPOL

En general, la industria nacional presenta dos grandes segmentos: productos (paquetes) y servicios de software. Siendo sus tres principales modelos de ingresos los siguientes: 1) productos y licencias de software, 2) servicios asociados a tecnologías de la información, 3) Modelos de pago basados en la red (computación en la nube). Según el informe de CEPAL, la relevancia de la industria de software ecuatoriana puede llegar a ser competitiva a nivel regional, aunque para ello requiere se requiere de un desarrollo del ecosistema digital a través de una política de tecnologías de la información y la comunicación para el cambio estructural. Hay que desarrollar a nivel nacional talento humano, financiamiento y mejor ambiente de negocios; mientras que en el ámbito empresarial es necesario superar debilidades como el limitado alcance y ejecución de su planificación estratégica, el escaso número de empresas con certificaciones de calidad con reconocimiento internacional, la escasez de centros de transferencia tecnológicas, las mínimas experiencias de cooperación y asociación –tanto entre empresas como con universidades y gobierno-, la fuga de personal calificado, el escaso nivel de capacidades gerenciales, la falta de capacidad para participar en grandes proyectos y los elevados índices de informalidad laboral en el sector.

De la información existente en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), podemos extraer que en el año 2015 las actividades relacionadas con la industria de software en Ecuador registraron un nivel combinado de ventas de USD 489.6 millones, con un crecimiento estimado del 17% para el año 2016.

Ventas por Actividad en la industria de software en Ecuador

Fuente: INEC y AESOFT Elaboración: ESPA-ESPE

Mientras que respecto a los ingresos, la cifras de AESOFT muestran que más de la mitad de estos provienen de actividades de servicios.

Distribución de ventas de software en el ejercicio 2015

Fuente: AESOFT; Elaboración: ESPA-ESPE

El informe de CEPAL (2013) ya alertaba sobre el alto nivel de concentración existente en el sector, señalando a un 11% de estas empresas como referenciales y entre estas al 1% más grande e influyente. Este 1% de empresas concentran el 75% de las ventas y “sólo 3 empresas facturan más de USD 50 millones, y sólo 10 firmas superan ventas de USD 10 millones” (16), lo que implica que menos del 1% de estas firmas concentran la riqueza que se genera en todo el mercado de software ecuatoriano.

Empresas representativas de TICs y software en Ecuador

Fuente: Ranking Empresarial EKOS y Superintendencia de Compañías

Según indica un vocero de la AESOFT, el sector público representa cerca del 35% de los ingresos de la industria de software (17), lo que viene a implicar que es precisamente ese 1% más poderoso de la industria del software nacional quienes le facturan al Estado concentrándose aún más la riqueza derivada de este gremio asociativo.

Ventas de software al sector público en Ecuador

Fuente: AESOFT; Elaboración: ESPA-ESPOL

Como ya se indicaba con anterioridad, un elemento estratégico de alta importancia para el crecimiento de la industria nacional de software es el diseño del plan de desarrollo nacional realizado por las autoridades gubernamentales. Este tiene como uno de sus componentes principales a la transformación de la matriz productiva del país. Es en base a la propuesta estratégica nacional, donde se plantea “la transformación de la matriz productiva del país de ser exportador de productos primarios basado en un modelo extractivista a otro basado en la economía del conocimiento” (18), que el software pasó a ser considerado como un sector estratégico que permitiría acelerar el pretendido cambio hacia el futuro. Sin embargo, la incidencia de las empresas estrictamente nacionales –no contemplando filiales o asociados a corporaciones tecnológicas transnacionales- en el sistemas de compras públicas es relativamente escaso.

Esta claro que el software es un intangible y un elemento indispensable para la productividad, pues su implementación y uso permite la competitividad en las empresas ecuatorianas. Además, el sector del software perteneciente al sector servicios influye de forma transversal en los otros sectores productivos del país.

Si analizamos los datos del Sistema de Compras Públicas en implementación tecnológica software y discriminamos selectivamente sus datos, veremos que entre los años 2009 y 2016 el Estado invirtió su presupuesto de la siguiente manera:

Compras estimadas de software 2009-2016

Fuente: SERCOP, 2017; Elaboración Propia

Sobre el cuadro anterior cabe indicar la carencia de rigurosidad en la clasificación de los datos estadísticos de SERCOP antes del 2010, lo cual implica que posiblemente el nivel de gasto pueda ser aun mayor del referenciado.

La disputa -amparada en el marco legal normativo ecuatoriano- puesta en marcha por la comunidad nacional de Software Libre contra la calamidad global que supone el capitalismo cognitivo (prácticas económicas sobre las producciones de conocimiento enmarcadas en el capitalismo globalizado) ni es una pelea menor ni mantiene las más mínimas simetrías entre rivales. Es una pelea entre David y Goliat, donde no es casualidad que tres transnacionales tecnológicas (Apple Inc., Alphabet -cuya principal subsidiaria es Google Inc.- y Microsoft Corp.) ocupen en ese mismo orden los tres primeros puestos del ranking mundial de empresas por capital bursátil (Ver Anexo III).

Analizando estos datos comparativos podemos apreciar como el 73% de los gastos del Gobierno Nacional en software corresponden al valor de las licencias (casi 600 millones de dólares), un montante que hubiese permitido multiplicar por tres el número de Unidades Educativas del Milenio ahora mismo existentes en el país. Por otro lado, el nivel de concentración es enorme dado que de las 1723 empresas –nacionales y extranjeras- que proveyeron los 802.5 millones de dólares invertidos por el Estado en los últimos ocho años, tan sólo el 6.09% de esos proveedores –los más poderosos del sector- se repartieron más de 683 millones de dólares (84.77% del total de compras en software del Estado), destacando entre estas 12 principales empresas.

La combinación del costo de licencias software al Estado sumado a la hiperconcentración de la riqueza en pocas manos entre los suministradores de software a las instituciones públicas componen un cóctel explosivo del que derivan datos preocupantes. Por ejemplo, menos del 8% de proveedores que vendieron licencias o servicios Microsoft al Estado concentran aproximadamente el 90% de las ventas totales bajo este concepto. En el caso de las licencias ORACLE la situación es similar, concentrando el 13.95% de proveedores dedicados a esta labor el 92,48% del volumen total de ventas.

Lo anterior desvela la falta de coherencia entre los enunciados de política pública y la praxis cotidiana desarrollada por el Gobierno Nacional durante la gestión del presidente Correa también en esta materia.

Por otro lado, el discurso puesto en marcha para la defensa de sus licencias de software (patentes) por estas transnacionales globales de la tecnología informática suelen buscar con éxito aliados locales en cada uno de los países en los que sus políticas corporativas se ven paulatinamente cuestionadas, teniendo a sectores de la industria del software privativo local como uno de sus habituales aliados. Es así que construyó el mito de que el Software Libre como política pública conlleva la destrucción de la industria nacional de software, un argumento usualmente utilizado por la patronal del sector aunque carente de solidez demostrativa.

Basta con comparar datos entre Ecuador y Brasil, país de la región con el mayor desarrollo de la industria de software y con ventas superiores a los $40.000 millones anuales, para ver que ha sido gracias a la implementación de programas de desarrollo e innovación productiva como se ha potenciado el sector, articulándose un ecosistema tecnológico constituido por empresas, instituciones públicas, universidades y una clara política estatal de impulso al Software Libre como política de Estado. De hecho, ya en un informe de Gartner en el año 2012 (19) se preveía que al cierre del año 2016 el 95% de todo software comercial incluiría componentes de Software Libre. Ha sido la corporación IBM la que desde el año 2004 se convirtió en un referente al respecto. Incluso la AESOFT reconoce que el 76% de las empresas del sector utilizan en Ecuador Software Libre como componente de sus productos.

En todo caso llama la atención que AESOFT, la voz más beligerante contra el Software Libre en el país, se arrogue la portavocía del sector dado que apenas representa al 20% de las empresas nacionales y menos aún, el 5%, respecto al conjunto de empresas que suministraron en los últimos ocho años software al Estado. De igual manera que se produce hiperconcentración de la riqueza en pocas manos sobre las empresas suministradoras de software al Estado ecuatoriano, se reproduce dicha situación al interior de AESOFT, donde menos del 7% de sus afiliados concentra el 80% de las ventas totales de miembros de AESOFT al Estado. Sin embargo, basta visualizar la composición actual del directorio de AESOFT para detectar «casuísticamente» los encuentros en su staff gerencial y los intereses transnacionales en el sector: su presidente, el Sr. Andrés Burbano de Lara, es CEO de la empresa NOUX que es a su vez es distribuidora de Business Intelligence que opera con SAP (ORACLE y SAP se reparten el 70% del mercado mundial de los ERP (20)); su vicepresidente, el Sr. Richard Moss, es el CEO de la firma CobisCorp, quienes desarrollan un Core Bancario que en el caso de BanEcuador genera una dependencia de casi un millón de dólares en licencias vinculadas a Microsoft; su Secretaría y Tesorero, Paulina Arias -CEO de nDveloper- y José Villarreal –CEO de Pactisis-, aunque desarrolladores de software libre también trabajan mucho con SaaS (software como servicio); que su Contralor, Edgar Sánchez, CEO de LogicStudio, es partner de Microsoft; y algunos vocales de la asociación como Guadalupe Durán o Luís Adriano, son respectivamente Gerente General de Microsoft Ecuador y CEO de Red Partner (ORACLE). No es casualidad entonces que entre unos pocos asociados de AESOFT se haya concentrado aproximadamente el 45% de las operaciones de venta de licencias/servicios Microsoft o el 80% de estas en el caso de ORACLE.

Queda para la especulación si el posicionamiento público crítico respecto al Software Libre del presidente de AESOFT, el Sr. Burbano de Lara, se enmarca en lo que pretende posicionarse como una defensa general del gremio, en los intereses del pequeño grupo de empresas que controlan AESOFT y suministran licencias al Estado  o deriva de su lineamiento político con el principal partido de oposición. Esta posición pública que quedó expresa en su artículo «Si todo ha mejorado en estos diez años, ¿por qué Lasso?» (21) publicado en la web Gkillcity.com durante la última campaña electoral.

Software Libre como un reto de futuro para el actual Gobierno Nacional

Es fundamental que más allá de la incoherente propaganda esbozada durante la gestión anterior, el nuevo gobierno aborde con seriedad los retos y ventajas que supone llevar a la práctica las normativas en torno al Software Libre desarrolladas durante estos años. En ello, la Subsecretaría de Gobierno Electrónico tiene un rol fundamental para coordinar y llevar a cabo un proceso de migración de sistemas y escritorios efectivo hacia el Software Libre. La complejidad de este proceso es menor, pues apenas implica la incorporación de uno o dos SysAdmin (administrador del sistema) en Linux por institución para formar a los equipos tecnológicos y coordinar el proceso. Es más, incluso estas migraciones podrían implicar un lógica de prácticas preprofesionales en universidades varias que conllevarían la implicación de nuevos talentos y jóvenes profesionales en una estrategia de recuperación de soberanía nacional en cuanto a información y comunicación se refiere. Genera cierta sonrisa que siendo precisamente la SENESCYT quien dispone de una Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, en dicho ministerio no se haya desarrollado de forma eficiente el proceso migratorio de escritorios.

La propia SENESCYT debería ser de hecho la institución más interesada en que se desarrollase en el país un sistema homogéneo de software para la gestión académica. ¿Imaginemos una plataforma común a todas las universidades que desarrollada con Software Libre permitiera una gestión ágil y estandarizada para la gestión de evaluaciones de alumnos, sistemas contables, registros de matriculación, etc? En Argentina hay avances en este sentido. Al mismo tiempo, la SENESCYT está obligada a buscar una solución a medio millón de estudiantes que quedan excluidos del sistema de educación superior, lo cual pasa, entre otras cuestiones, por conformar una universidad nacional a distancia que sin perder la calidad se apoye en herramientas como las plataformas MOOC, ideales para masificar la formación y transformar la enseñanza en línea.

Es más, SENESCYT debería impulsar el desarrollo de las MOOC para institutos tecnológicos y asignaturas transversales a diferentes carreras superiores, con el consiguiente abaratamiento de costos y ahorro en inversión tecnológica mediante simuladores que sustituirían la incapacidad económica para proveerse de equipos tecnológicos avanzados. Las MOOC deberían forma parte de la formación continua de los docentes y de hecho ya en el IAEN, aunque con una limitada capacidad de gestión por parte de sus equipos dirigentes, se implementaron estas plataformas con Software Libre adaptando las plataformas MOOC compartidas por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) con otras universidades del planeta.

Cuesta pensar que en un país con serios problemas para mantener el equilibrio entre la entrada y salida de dólares, tan solo en mantenimiento de un ERP como Educa Ecuador -la que sufre en diferentes momentos caídas por colapso- el Ministerio de Educación gaste mensualmente más de un cuarto de millón de dólares que recibe una empresa mexicana que maneja la plataforma ATHENEA (22) y por la cual ya cobró una importante cantidad por su adaptación e instalación y entre cuyos partners aparece la multinacional estadounidense Amazon suministrando los espacios en nube y el servicio.

Nota: pantallas de la plataforma virtual Educa Ecuador del Min. de Educación

El Gobierno Nacional debe apostar por la generación de comunidades nacionales de Software Libre, generando ampliamente desarrolladores que vayan dándole valor agregado a la producción nacional. Lo anterior implicaría que las universidades entiendan y la SENESCYT impulse asignaturas para la formación en Software Libre de forma transversal en distintas carreras técnicas. En la práctica se estaría dando pie a la creación de espacios de innovación libres que articulados desde las bases de la sociedad serían una contundente respuesta a las lógicas derivadas de la propiedad intelectual en el capitalismo cognitivo.

Para ello, SENESCYT debe apostar por los planteamientos del conocimiento libre y por el uso de tecnologías libres dentro de los programas universitarios. Siendo coherentes con lo anterior, habría que comenzar por eliminar la norma que da puntos a las universidades que pagan acceso a las revistas indexadas. A estas alturas, cuando el acceso libre al conocimiento ya tiene mártires como Aaron Swartz (23) por poner tan solo un ejemplo, la universidad ecuatoriana sigue desperdiciando sus recursos en este concepto. Experiencias como las desarrolladas por la investigadora de Kazajistán Alexandra Elbakyan deberían ser analizadas en Ecuador. Elbakyan conformó una web en Rusia, conocida como Sci-Hub, que se ha convertido en el mayor centro de documentación científico de acceso libre. De hecho, ya hay universidades como Cornell o Harvard que están anunciando que no podrán permitirse seguir sosteniendo los costes derivados de las diferentes editoriales científicas. Tan sólo en 2016 a Harvard este concepto le supuso el gasto de USD 3.5 millones.

En la actualidad, la web Sci-Hub ofrece acceso público a millones de trabajos de investigación sin ningún tipo de coste, entendiendo que el conocimiento no puede ser limitado. El mecanismo de funcionamiento de Sci-Hub es sencillo, cuando alguien hace una búsqueda en dicha web lo primero que hace es mirar si el contenido está en LibGen (library génesis), si allí lo encuentra todo bien, de no ser así el sistema salta los paywalls de los servicios de suscripción de artículos científicos o editoriales que los distribuyen, usando las claves de acceso de otros académicos anónimos que han decidido colaborar con el proyecto desinteresadamente. De esta forma, Sci-Hub mete las claves en editoriales como JSTOR, Springer, Sage o Elsevier para encontrar lo que el usuario está buscando. Tras enviar un PDF al usuario, el sistema añade el documento encontrado a la base del LibGen para que quede almacenado para siempre. Ya hay 47 millones de artículos científicos colgados en la web y vulnerando uno de los tentáculos del business académico.

La SENESCYT dispone del Banco de Ideas (incubadora de proyectos start-up) impulsado por el equipo de gestión anterior y mediante el cual se ofrecen hasta USD 50.000 por proyecto, se debería estar ya impulsando la creación de un laboratorio de Software Libre al servicio del procomún.

Pese a la falta de apuesta real por parte del Gobierno Nacional y las manipulaciones de las corporaciones transnacionales de tecnología que operan en el mercado nacional, en Ecuador se ha creado una Cámara de Comercio de Software Libre y Tecnologías Libres que sin querer erigirse en voceros de nadie ya articula en sus primeros pasos a una veintena de empresas.

En resumidas cuentas, Internet no es un territorio a conquistar, sino vida que debe preservarse y evolucionar con libertad. Y es en este sentido, donde el Estado tiene como rol generar los cauces oportunos para la articulación del Buen Vivir, asegurando -entre otras cosas- el libre acceso ciudadano a la información pública, la perennidad de los datos públicos, la seguridad del Estado y sus ciudadanos.

Aquí toman valor las letras escritas en el año 2002 por el congresista peruano Edgar Villanueva Nuñez en su misiva de respuesta a Microsoft Perú, tras manifestar la transnacional sus objeciones a un proyecto de ley que se debatía en el Legislativo sobre Software Libre en la administración pública del Perú.

Villanueva manifiesta en su carta a Microsoft:

«Para garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública, resulta indispensable que la codificación de los datos no esté ligada a un único proveedor. El uso de formatos estándar y abiertos permite garantizar este libre acceso, logran si fuera necesario la creación de software libre compatible.

Para garantizar la perennidad de los datos públicos, es indispensable que la utilización y el mantenimiento del software no dependan de la buena voluntad de los proveedores, ni de las condiciones monopólicas impuestas por éstos. Por ello el Estado necesita sistemas cuya evolución pueda ser garantizada gracias a la disponibildiad del código fuente.

Para garantizar la seguridad del Estado o seguridad nacional, resulta indispensable contar con sistemas desprovistos de elementos que permitan el control a distancia o la transmisión no deseada de información a terceros. Por lo tanto, se requieren sistemas cuyo código fuente sea libremente accesible al público para permitir su examen por el propio Estado, los ciudadanos, y un gran número de expertos independientes en el mundo. Nuestra propuesta aporta mayor seguridad, pues el conocimiento del código fuente eliminará el creciente número de programas con «código espía».

 Asimismo, nuestra propuesta refuerza la seguridad de los ciudadanos, tanto en su condición de titulares legítimos de la información manejada por el Estado, cuanto en su condición de consumidores. En este último caso, al permitir el surgimiento de un oferta extensa de software libre desprovisto de potencial «código» espía susceptible de poner en riesgo la vida privada y las libertades individuales.» (24)

En definitiva, para que un software sea aceptable por el Estado, más allá de su desarrollo técnico se deben cumplir ciertos requisitos en materia de licencia, sin los cuales el Estado no puede garantizar a la sociedad el procesamiento adecuado de sus datos, velando por su integridad, confidencialidad y accesibilidad a lo largo del tiempo, porque son aspectos muy críticos para su norma desempeño.

Es por ello Estado ecuatoriano debe comenzar a proceder, sin más demora, con el cumplimiento de las normativas actualmente vigentes de las cuales nos dotamos durante los últimos años.

Anexo I

Software Libre sustitutorio de software privativo

Anexo II

Importancia del Software Libre para un país

El uso de Software Libre asegura la soberanía tecnológica, impulsa la innovación nacional, optimiza el gasto estatal fortaleciendo el desarrollo local y facilita la inclusión digital.

A nivel de la Administración Pública, el uso de Software Libre permite autonomía tecnológica, estandarización e integración, seguridad, independencia de proveedores, democratización de la información y ahorro de recursos.

Autonomía tecnológica: Adoptando Software Libre y con las posibilidades que éste ofrece de acceder al código fuente, muchos usuarios pasarán de ser consumidores a ser desarrolladores de software. Esto significa que se podrán adaptar los programas a las necesidades específicas de las distintas dependencias, y todas esas modificaciones deberán realizarse siguiendo los requisitos exigidos por el modelo del Software Libre.

Estandarización e Integración: El Software Libre es producido utilizando especificaciones y estándares tecnológicos libres y públicos, también denominados “estándares abiertos”. Esto beneficia la integración de sistemas y el intercambio de información, de forma que se garantiza la accesibilidad sin restricciones por parte de la ciudadanía.

Seguridad: El hecho de hacer públicos los códigos de los programas favorece a la seguridad de los mismos. Utilizando Software Libre se puede saber qué está haciendo realmente un programa, qué tipo de información maneja y cómo lo hace. Una buena seguridad debe basarse en la transparencia. El software privativo oculta estos aspectos y muchas veces no se conoce si la información está siendo enviada a otras computadoras remotas.

Independencia de proveedores: Adquiriendo un software privativo se genera una relación de dependencia con respecto a un fabricante. Una vez que se instala dicho software, se dependerá del fabricante para obtener actualizaciones. En muchos casos, el fabricante obligará a actualizar a nuevas versiones aunque no se desee.

Democratización de la información: Las tecnologías de la información han pasado a ocupar un lugar central en la sociedad. Si bien cada vez son más los usuarios que acceden a dichas tecnologías, la “brecha tecnológica” todavía es grande y es un factor más de exclusión social. El Software Libre favorece la democratización de la información permitiendo la utilización de protocolos, formatos y lenguajes.

Economía: Se estima que la compra de un sistema operativo más un paquete de suite de oficina, ambos con una licencia comercial, cuestan entre 300 y 600 dólares por cada computadora, y ese gasto debe renovarse cada dos o tres años debido a la dependencia hacia el fabricante en que se incurre. Los países en vías de desarrollo, con las carencias de recursos que cuentan, pueden ahorrar una gran cantidad de recursos económicos.

Anexo III

Las empresas más grandes del mundo 2016

Con un valor de más de 488 mil millones de euros y con clientes en casi cualquier rincón del planeta, Apple se coloca de nuevo en la primera posición, además de haber sido su mejor año fiscal de la historia. Muy de cerca le sigue Alphabet, cuya principal subsidiaria es Google con 448 mil millones de euros. En tercer lugar, y bajando un puesto respecto al ranking de 2015, se sitúa Microsoft. El podio lo compleja la empresa petrolera norteamericana Exxon Mobil. Por países, el dominio de Estados Unidos sigue siendo aplastante, con 54 empresas incluidas dentro de las 100 empresas más grandes del mundo. De hecho, las 11 empresas más grandes del mundo tienen sello estadounidense. En segundo lugar se encuentra China con un total de 10 empresas y en tercer lugar Gran Bretaña con un total de 8 empresas. Si nos fijamos en los sectores que componen la lista, dominan las empresas tecnológicas, bancos y petroleras, además de empresas de moda y farmacéuticas. A continuación exponemos las empresas más grandes del mundo, por capitalización bursátil en 2016, en miles de millones de euros.

NOTAS:

  1. Hacemos referencia al “Software Libre” cuando hablamos del software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.
  2. Richard Stallman es un programador estadounidense cuyo origen profesional se remonta a sus actividades en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), siendo hoy reconocido como el fundador del movimiento por el Software Libre en el mundo. Entre sus logros destacados se incluye la realización del editor de texto GNU Emacs, el compilador GCC y el depurador DGB, todo ello bajo la rúbrica del Proyecto GNU (sistema operativo de tipo Unix desarrollo por y para el Proyecto GNU y auspiciado por la Free Software Foundation). Sin embargo, Stallman es principalmente conocido por el establecimiento de un marco de referencia moral, político y legal para el Software Libre, un modelo de desarrollo y distribución alternativo al software propietario. Es también inventor del concepto de copyleft (aunque no del término), un método para licenciar software de tal forma que su uso y modificación permanezcan siempre libres y queden en la comunidad de usuarios y desarrolladores.
  3. Puelles, Adoni Alonso, “Acerca del software y del conocimiento libre: una guía para filósofos, 2007. Pag. 181-97.
  4. Meffe, Corinto, Fausto Alvim & Johanan Pacheco. “Modelo Iberoamericano de Software Público para el Gobierno Electrónico” CLAD, 2010.
  5. Stallman, Richard M. “Software Libre para una Sociedad Libre, 2004”.
  6. Ibid anterior.
  7. Plan de Actualización a Software Libre del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, 2016
  8. Dicho video que se mantenía alojado en la web de la Presidencia de la República bajo la dirección http://www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=9267&hl=true ha sido eliminado. Aún así, se mantiene una versión de dicho video en el buscador youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lwX2_VNcquk
  9. El Decreto 1014 puede verse en su integridad en la siguiente dirección web: https://softwarelibre.conocimiento.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/Decreto_1014_software_libre_Ecuador_c2d0b.pdf
  10. La noticia de El Comercio que hacía referencia a los ahorros producidos para el Estado ecuatoriano por la implementación del software libre como política de Estado ha sido borrada de esta dirección web: http://www2.elcomercio.com/EC_Failover.html?id_noticia=250952&id_seccion=12
  11. http://orfeogpl.org/ata/
  12. Un estándar, según IBM, es “una especificación que ha sido acordada por la comunidad, a través del uso o una declaración. Una vez establecida, pueden hacerse cualquier número de duplicados o variantes, mientras se mantenga la estructura o funcionalidad básica intacta”. Al ser abierto, el estándar está disponible para ser incorporado de manera universal. Todo Software Libre hace uso de este tipo de estándares como requisito fundamental que facilita la interoperatividad entre sistemas distintos, incluso con sistemas propietarios. Sin embargo, muchos sistemas cierran sus definiciones, formatos de datos, haciéndolos exclusivos y generando dependencia. Para la ITU los estándares abiertos “son estándares disponibles al público general, desarrollados (o aprobados) y mantenidos por medio de procesos consensuados y colaborativos. Los estándares abiertos facilitan la interoperatividad y el intercambio de datos entre los diferentes productos o servicios y están destinados para su amplia adopción”.
  13. SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017).
  14. Citado en: Turner Sen, Tania Elizabeth. “Software Libre y abierto: comunidades y redes de producción digital de bienes comunes”. Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.
  15. La Asociación Ecuatoriana de Software, AESOFT, es una agremiación empresarial que en el presente ejercicio cumple 22 años de vigencia. Durante estas algo más de dos décadas ha trabajado por las empresas miembros de la asociación –un total en la actualidad de 144 empresas- y goza de cierta legitimidad ante el Estado como un organismo que apoya y fortalece el sector de software ecuatoriano.
  16. CEPAL (2013). “La cadena del software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política”
  17. «Twit @BurbanoDeLara sobre porcentaje de venta de la industria del software al sector público», s. f., http://archive.is/5A845
  18. SENPLADES (2013). “Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017”.
  19. M. Driver. “Drivers and Incentives for the Wide Adoption of Open Source Software”, Gartner Report, September 13, 2012
  20. ERP (por sus siglas en inglés, entreprise resource planning) son los sistemas de planificación de recursos empresariales, también llamados sistemas de información generenciales, que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes y servicios.
  21. El artículo se encuentra colgado en la dirección http://elecciones2017.gkillcity.com/2017/03/26/porque-votar-por-un-nuevo-partido-ecuador/
  22. Más información en www.athenea.com.mx
  23. Aaron Swartz (1986-2013) fue un programador y hackeractivista estadounidense arrestado por el Departamento de Policía del Instituto Tecnológico de Massachussetts por descargar publicaciones académicas automáticamente desde JSTOR, usando una cuenta de invitado que el mismo MIT le había proporcionado. Ante una amenaza de condena que conllevaba 35 años de prisión y una multa de 1 millón de dólares, Swartz se suicidó en calidad de acusado por la Magistratura Federal de los EEUU, tras sufrir una persecución fruto de un sistema criminal-judicial plagado de intimidación y enjuiciamientos excesivos.
  24. Ver respuesta completa en http://arriate.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=9

Decio Machado / Director de la Fundación ALDHEA y Consultor especializado en análisis estratégico, comunicación y políticas públicas

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228629

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Cuba: PYMES estatales

Joaquín Benavides Rodríguez

Por: Joaquín Benavides Rodríguez

No estoy seguro de llamarlas así. Más bien son empresas pequeñas, medianas y grandes de propiedad del estado.

Ahora, como yo lo veo, antes de poderlas clasificar habría que resolver un problema: el de la tasa de cambio de las empresas estatales.

Si para la población y el sector privado, la tasa de cambio en CADECA es de 24-25 CUP x1 CUC, la de las empresas del estado debe ser la misma: 24-25×1. Hay que poner a los dos sectores en las mismas condiciones ante el mercado externo en divisas. En mi opinión no hay otra alternativa que permita comenzar a poner en su lugar a la economía cubana.

Esta decisión nos llevará: 1ro, a poder conocer el nivel real de inflación que tiene la economía. 2do: determinar cuáles empresas, por ser exportadoras, aportan utilidades reales en términos internacionales y 3ro. la situación del resto de las empresas, que por ser importadoras tendrán una situación financiera desfavorable. Las que tengan más dependencia de las importaciones, tendrán más dificultades; las que dependan menos de las importaciones y puedan abastecerse más con la producción nacional, tendrán menos dificultades.

El primer problema que aparecerá es el exceso de trabajadores en cada una de las empresas y las dificultades para pagar el salario a todos los ocupados en la plantilla. Por ahí es por donde hay que comenzar el trabajo de racionalización.

El objetivo es que las empresas que queden sean capaces de pagar sus salarios. Para ello tendrán que aplicar todos los mecanismos y fórmulas para incrementar la productividad. En la economía cubana, la productividad que dan las máquinas y la técnica moderna se “diluye” en el exceso de personal y la baja calificación. Además, hay que garantizarle a las máquinas y a los hombres la materia prima necesaria para que puedan producir con la capacidad diseñada. Hay que garantizar la materia prima para que las máquinas no dejen de producir ni un minuto por esa causa y a los obreros, en especial a los ingenieros y obreros especializados, un salario suficiente para que no les pase por la cabeza irse a trabajar a una empresa privada.

Con un millón de trabajadores sobrantes en las plantillas de las empresas, hay que crear las condiciones para que encuentren empleo en las PYMES. Y mientras tanto, subsidiar a los trabajadores sobrantes durante un tiempo, no mayor de un año, con el salario que han venido ganando. Teniendo aprobadas las PYMES, sin que sientan temores los inversores privados de que la política va a cambiar, en un período relativamente corto de tiempo pueden absorber el personal sobrante y comenzar a producir bienes y servicios.

Esta sería la condición necesaria para que la empresa propiedad del estado comience a renacer, pero no es suficiente.

Otras Condiciones:

Determinación de la capacidad real de producción en base a la tecnología con que cuenta.

  1. Determinar los costos materiales para cada producto, utilizando para los bienes importados los precios internacionales a la tasa de cambio oficial (25×1)
  2. Aplicación de nuevas tarifas salariales oficiales. Determinación de los costos salariales para cada producto.
  3. Determinar el tamaño de mercado
  4. Estado financiero estimado utilizando los precios oficiales y los costos laborales con las nuevas tarifas y los costos materiales con las importaciones a precios internacionales utilizando la tasa de cambio oficial.
  5. Determinar la utilidad y/o la pérdida de cada producto.
  6. Determinar el capital de trabajo necesario
  7. Determinar el financiamiento requerido.

La distorsión que se ha producido durante años, y sobre todo después del período especial, con la utilización de una tasa oficial de cambio para las empresas estatales de 1USD=1CUP no permite determinar a priori el tamaño económico de las empresas, su rentabilidad. etc. Si a ello se añade que los salarios se han mantenido prácticamente inmóviles durante casi 30 años, la dificultad es mayor.

Todas las actuales empresas estatales, serían consideradas empresas públicas cuyo propietario es el Estado cubano. A partir de ello sanear su contabilidad. Las pérdidas, de haberlas, tendrían que ser asumidas por una sola vez por el Presupuesto. Ningún Ministerio tendría facultades para intervenir en su funcionamiento.

La función principal de los Ministerios sería presentar al Gobierno la política de desarrollo de las ramas asignadas a los mismos y la evaluación periódica de la ejecución de la política y las inversiones relacionadas con la política aprobada. Ello facilitaría disminuir significativamente el número de Ministerios, así como la plantilla de los mismos, lo que permitiría que una buena cantidad del personal técnico y administrativo de experiencia pasase a trabajar en las grandes empresas que definen el desarrollo de las ramas fundamentales de la producción del país.

Las empresas tendrían autonomía para la administración corriente de las mismas. Los Directores de las empresas y sus Consejos de Administración responderían personalmente por las decisiones que adopten para el cumplimiento de los planes productivos, financieros y fiscales. Tendrían facultades para negociar y acordar con los bancos el financiamiento de sus operaciones corrientes, así como el de las inversiones que les hayan sido aprobadas por las instancias del Gobierno que correspondan. Importarían todo lo necesario para sus planes corrientes y para la ejecución de las inversiones que les hayan sido aprobadas. Responderían administrativa y penalmente por la legalidad de sus decisiones.

Al ser empresas públicas, el Órgano correspondiente del Estado, le aprobaría a cada empresa su capital de trabajo y el monto de las inversiones y el destino de ellas, cuyo financiamiento debe ser gestionado y negociado por ellas con la banca inversionista nacional y extranjera y aprobado por el Banco Central y el Ministerio de Economía. La obtención de los recursos financieros corrientes por encima del capital de trabajo aprobado, deben ser obtenidos por las empresas a través del crédito bancario y de organizaciones financieras autorizadas a operar en el país. La tasa de interés para el crédito corriente será aprobada por el Banco Central y se revisará una vez al año.

En resumen, una vez reestructuradas las empresas, valorar sus activos y convertirlos en acciones. El depositario de esas acciones seria el Consejo de Estado. Anualmente habría que actualizar el valor de las acciones.

En el caso del sector agropecuario, salvo las grandes empresas pecuarias, arroceras y forestales y alguna que otra que haya demostrado su eficiencia productiva y económica, transformarlas todas en verdaderas cooperativas. El resto de los pequeños agricultores que posean tierras de su propiedad o en usufructo, convertirlos en pequeños empresarios agrícolas. Todas tendrían facultades de negociar entre sí y con las empresas de los demás sectores, incluyendo las comerciales mayoristas. Habría un Banco de Fomento Agrícola con unidades bancarias en todos los municipios del país, donde todas las empresas y cooperativas abrirían cuentas y que se encargaría de financiarles mediante crédito las cosechas y además las inversiones vinculadas a las producciones a las que se dedican.

El sistema bancario tiene que desarrollarse. Una cosa es la sucursal bancaria que cobra impuestos, paga la seguridad social a jubilados y participa en la compra venta de viviendas y otra cosa es la banca comercial que atiende a las empresas, sean estatales o privadas, negocia los créditos corrientes con ellas y les controla el pago; que negocia garantías para importaciones y que le financia inversiones a mediano plazo, con la garantía de sus fondos propios. No se puede pensar en empresas estatales con autonomía, ni con empresas privadas que funcionen sin trampas, sin un sistema bancario que funcione como en cualquier parte. Los bancos son indispensables para que un sistema empresarial funcione eficientemente. Pero este es otro tema al que habría que dedicarle unas cuartillas. Aunque no soy bancario tengo alguna experiencia de cómo deben funcionar.

No soy enemigo de las OSDE, pero por supuesto no estoy de acuerdo con las que se han creado, que en la práctica son pequeños ministerios para dirigir las empresas. Un ejemplo de lo que no debería ocurrir es lo que ha sucedido con COPEXTEL. Esa es una gran empresa fundada desde finales de los 80. Pasó todo el periodo especial y creció. Cuando a su fundador y Director lo nombraron Ministro de Comunicaciones la empresa pasó a ese Ministerio, aunque conservó su autonomía. Ahora la han incluido en una OSDE. ¿Por qué no la han dejado como la empresa que era desde su fundación?

Sin embargo, para las empresas estatales medianas y pequeñas quizás harían falta OSDEs que actuaran sobre bases autofinanciadas a nombre del Estado como dueño.

En la década del 90, en respuesta al Período especial, el Ministerio del Transporte se racionalizó y de 750 trabajadores que tenía en el Organismo Central, quedó en 150 trabajadores. Todas las grandes empresas excepto el ferrocarril, se convirtieron en pequeñas y medianas empresas. El Gobierno autorizó que los ingresos que obtenía en divisas la flota fueran administrados por el Ministerio y que le entregara un aporte en esa moneda a la Salud Pública. El Ministro de Transporte decidió separar la administración de las empresas del Organismo Central y creó una entidad que se llamó CADE, para que se ocupara de aprobarles los planes a las empresas y controlar el cumplimiento de ellos. Designó al Viceministro de Economía para que en su nombre atendiera el sistema empresarial, sin que por ello tuviera facultades de intervenir en las decisiones de los directores de las empresas. El Presidente del Banco Nacional aprobó constituir una entidad financiera que se llamó TRANSFIN que se convirtió en la financiera en moneda extranjera de todo el sistema empresarial del MITRANS.

El CADE tenía en su plantilla 15 trabajadores y 12 en TRANSFIN. Con eso se le aprobaban los planes y se controlaba todo el sistema empresarial del Ministerio del Transporte y se presentaba a la JUCEPLAN de aquella época todos los planes consolidados. Además, el Ministerio de Transporte tenía a ACEMEX que todavía existe como una entidad extranjera de capital cubano que administraba una parte importante de la flota que se le transfirió al comienzo del periodo especial para burlar el bloqueo, que en buena medida se consiguió. En aquellos años, en medio del feroz bloqueo, con ACEMEX, se consiguió constituir una empresa mixta entre los Astilleros de la Habana y los de Curazao, construir la Terminal de Cruceros con participación de capital extranjero y crear el banco Netherland Caribbean con participación del 50% con Curazao, que nos facilitó obtener financiamientos para pequeñas inversiones y vías para burlar el bloqueo financiero.

En la misma época, el MINFAR creó el GAE, con funciones similares con respecto a sus empresas civiles agrícolas, industriales y del turismo. También con una financiera RAFIN, que todavía existe.

No tengo dudas de que es posible concebir y lograr un esquema de empresas estatales pequeñas, medianas y grandes, que actúen con autonomía comercial y financiera y donde organizaciones dependientes de la Dirección del Estado les aprueben las inversiones propias y con capital extranjero, así como les controlen el desempeño, sin que por ello puedan intervenir en las decisiones corrientes. No deben tener limitaciones para crecer ni para relacionarse con el comercio exterior, siempre que cuenten con el financiamiento requerido.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228683

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