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Los Derechos Humanos, la Ética y los Bienes Comunes. Crítica del Individualismo Posesivo

Álvaro Ramis Olivos

Por Alvaro Ramis

Buscando comprender lo-común se descubre que todas las cosas tienen «la huella/de unos dedos,/ de una remota mano/ perdida/ en lo más olvidado del olvido» (Neruda 1971: 42). Por eso, lo específico en los bienes comunes no se encuentra en recursos, piezas o artefactos. Se ubica en las relaciones humanas, entretejidas por valores, reglas y criterios, que han dejado sus huellas en las cosas. Esas marcas comprueban que las personas poseen disposiciones insospechadas para cooperar y coordinarse en la acción colectiva. Pero esas potencialidades piden un contexto institucional facilitante y protector, que permita que se conviertan en capacidades efectivas. De allí que el estudio de los bienes comunes demande una polinización recíproca entre diversas perspectivas de análisis, que en su integración logren hacer posible el extenso programa teórico prefigurado por Elinor Ostrom:

Si la ciencia de la sostenibilidad va a crecer para transformarse en una ciencia aplicada madura, tenemos que usar el conocimiento científico adquirido por disciplinas como la antropología, biología, ecología, economía, ciencias ambientales, geografía, historia, derecho, ciencia política, psicología y sociología para construir el diagnóstico y las capacidades analíticas.  (Ostrom, Janssen y Anderies, 2007: 15177)

Creo necesario sumar a ese listado la contribución de la ética del discurso, entendida como el intento explícito por clarificar unos criterios de justicia que permitan la vida en común. Este programa puede arrancar desde los siguientes razonamientos:

  1. «Bienes comunes», como unidad de sentido, se puede interpretar desde dos paradigmas contradictorios entre sí: uno «dominante» y uno «residual» (Mattei, 2013: 109).
  1. El «paradigma dominante», que funda las ciencias económicas, los procesos jurídicos, las instituciones políticas y los pactos constitucionales contemporáneos, asocia esta noción con las instituciones históricas de las sociedades tradicionales y sus normas consuetudinarias. De esa forma, la interpreta como una anacronía.
  1. Contradictoriamente, ese mismo paradigma presupone su vigencia funcional en el contexto de la creación de valor económico, la racionalización sistémica y la integración societaria. Los entiende como terra nullius, bienes libres, trabajo doméstico, activos intangibles, capital social, simbólico, o cultural, pero sin reconocer su especificidad conceptual, ni garantizar su protección jurídica.
  1. El «paradigma residual», a pesar de su invisibilidad, ha logrado mantener su reproducción a partir de las estructuras simbólicas del mundo de la vida. En ese nivel los bienes comunes no se entienden desde una idea de la verdad como certeza, verosimilitud o exactitud. Se hacen evidentes, como verdad experiencial. Los bienes comunes se «muestran» en la cultura, en las instituciones de la sociedad civil y en los vínculos intersubjetivos. Se puede afirmar que los «comunes globales», los intercambios cualitativos, la economía del don y del cuidado, los lazos de reciprocidad y las instituciones del procomún soportan la convivencia real y cotidiana, operando por vínculos predominantemente no contractuales.
  1. El «paradigma dominante» se desplegó a partir del el siglo XVI, en paralelo al triunfo del absolutismo político-jurídico y al ciclo de la acumulación originaria. Se expresó fácticamente en la instauración de enclosures,esclavismo, colonialismo, y en la devaluación del trabajo femenino, en el marco de un nuevo «contrato sexual».
  1. Este nuevo modelo desconoció la legitimidad del sistema de cartas, fueros, y regulaciones medievales, que permitían que la tierra, el trabajo y el dinero permanecieran extra commercium. Se eliminaron así los mecanismos de protección de los bienes comunes, entendidos como recursos naturales (montes comunales, bosques, praderas, fuentes de agua, caza, pesca), herramientas y tecnologías (molinos, telares, bodegas, transportes) modelos de autogobierno (consejos de aldea) o instituciones económico-sociales (gremios artesanales y menestrales, gildas, hansas, beguinarios, cofradías, montepíos).
  1. El sistema medieval permitía la existencia de una «economía moral de la multitud», incrustada en reglas de uso. De esa forma se garantizaba el equivalente a un sistema de derechos económicos básicos, orientado a mantener unos medios de subsistencia y de preservación de la vida, mediante un sistema jurídico pluralista y una gobernanza policéntrica.
  1. El «paradigma dominante» se legitimó a partir de la teoría política del «individualismo posesivo», sistematizado en la obra de Hobbes y Locke. Ese giro conceptual asumió que los individuos establecen con su persona y sus capacidades una relación de dominio y control exclusivo. De esa manera, la propiedad se comprendió como una competencia exclusiva del propietario, que tiene el poder omnímodo sobre el objeto poseído. La libertad propietaria, considerada principio absoluto, se disoció de la función social inherente al bien poseído, que así pudo ser mercantilizado de forma incondicionada.
  1. El núcleo del razonamiento hobbesiano-lockeano negó la reciprocidad de las obligaciones sociales. Como criticará Kant, la propiedad no viene dada por naturaleza, ni por el trabajo, ni por la fuerza. Es fruto de un pacto político, sujeto y delimitado a las condiciones de la libertad, como principio trascendental. De allí que toda propiedad sea adquirida y demande el acuerdo social. El derecho de propiedad individual no puede desentenderse del derecho a la existencia de la humanidad.
  1. Desde el siglo XIX diversas teorías políticas se han reflejado en los atributos del «paradigma residual». Nostalgia romántica por el orden perdido, anhelo de liberación de la nación irredenta, pulsión anarquista contra toda forma de poder dominical, proyecto utopista de falansterios, mutuales o cooperativas, o un orden social cristiano orientado por los principios del destino universal de los bienes, solidaridad participación y subsidiariedad. Con todas sus diferencias, en estas propuestas se atisba una valoración del ámbito de lo-común, no estatal. El dilema, para estas propuestas y para otros comunitarismos similares, radica en su plasmación política. ¿Cómo universalizar y exigir unos determinados modelos de felicidad y vida buena, en sociedades democráticas y pluralistas?
  1. Esta tensión se refleja en la obra marxiana, que fluctúa entre la racionalidad productivista o desarrollista del «paradigma dominante» y la valorización de algunos rasgos del «paradigma residual». Para Marx la emancipación humana no puede renunciar a la autonomía del sujeto, para volver a la heteronomía de un orden estamental, coercitivo y constrictivo. Pero ese mismo criterio exige que la propiedad privada se despoje de su carácter privativo, en orden a una existencia humana socializada, que permita la apropiación por los productores de sus medios de producción. Una disyuntiva que Marx dejó abierta, al quedar inconclusa su «teoría de la transición».
  1. En la actualidad, un largo ciclo de privatizaciones y desregulaciones, acompañadas de políticas monetarias y fiscales restrictivas, ha mermado el rol del Estado. Los bienes públicos han cambiado su carácter o incluso han desaparecido. Esta ruptura ha supuesto un modo de presencia imprevista del «paradigma recesivo», en la medida en que se han evidenciado estas ausencias. Los bienes públicos, que sólo se captaban por el uso que se hacía de ellos, son ahora objeto de atención por sí mismos, ya que han dejado de estar a la mano. Son susceptibles de una nueva consideración, como expresión de «lo-común», o de «lo nuestro».
  1. Paralelamente, al alero de la «economía del conocimiento», germinan experiencias productivas que se apartan de la antinomia entre propiedad estatal y propiedad privada. En ellas, el «paradigma recesivo» se ha objetivado en la forma de economía crowd, producción P2P, Software libre, consumo colaborativo y otras dinámicas similares. Ellas utilizan los flujos espontáneos y autorregulados del mercado, pero no bajo la lógica del intercambio entre propietarios. Se trata de vínculos entre co-productores, co-extractores o co-usufructuarios de un bien o un servicio, que se valoriza en la medida en que se utiliza o se trabaja en él. 
  1. La discusión contemporánea respecto a los bienes comunes ha intentado superar las aporías de la teoría de los bienes públicos de P. Samuelson y la alegoría política de la «Tragedia de los Comunes», formulada por G. Hardin.
  1. E. Ostrom logró determinar, a partir de las mismas premisas de Samuelson, la singularidad de los bienes comunes, caracterizándolos como «recursos de uso común» (R.U.C.). Los singularizó bajo los atributos simultáneos de rivalidad y no excluibilidad. De esa forma corrigió las omisiones de la teoría de los bienes públicos.
  1. A la vez, refutó la hipótesis de Hardin al describir un conjunto de «Principios de Diseño», característicos de las instituciones de larga duración de los R.U.C., inferidos desde extensos estudios de campo. Para ello la obra de Ostrom vinculó el neo-institucionalismo, la perspectiva del capital social y teoría de la elección racional, para mostrar que los sistemas de «reglas de uso» logran regular las preferencias sociales y ampliar la información disponible para los participantes. De esa forma actúan como estrategias de resolución de conflictos, que fortalecen la reciprocidad. Relativizó así los enfoques deterministas, que subestiman las capacidades de los actores económicos para alcanzar acuerdos mutuamente vinculantes y mantenerlos en el tiempo.
  1. La aplicación de estos «Principios de Diseño» colaboran a superar los problemas de acción colectiva, analizados tradicionalmente bajo el modelo del «dilema del prisionero». Muestra que los incentivos individuales y selectivos no son los únicos estímulos eficaces en la acción racional, abriendo de esa forma una vía sólida al estudio de la cooperación, orientada al beneficio recíproco. Para ello resulta fundamental el establecimiento de reglas concordadas por un conjunto de afectados claramente delimitados.
  1. Las propuestas de Ostrom se complementan con la hipótesis de la «tragedia de los anticomunes», formulada por Heller y Eisenberg. Estos autores hacen referencia a una circunstancia hipotética, en la cual un conjunto de personas, actuando de forma racional, individual y desarticulada, infrautilizan un bien o recurso que cumple una función o utilidad pública. Se cuestiona así la excesiva aplicación de derechos de propiedad o exclusión, especialmente en el ámbito de la propiedad intelectual, entendida desde los supuestos de individualismo posesivo.
  1. El giro conceptual de E. Ostrom permite articular un campo de aproximaciones teóricas y prácticas, que convergen desde distintas disciplinas en su interés por reinterpretar y revalorizar los bienes comunes. Se trata de un enfoque basado en los bienes comunes (Commons-Based Approach), cuyo estatuto teórico y práctico se debería analizar desde dos niveles.
  1. En un primer sentido, cabe pensarle como una «teoría procedimental de la justicia», que abre a una «tercera dimensión institucional», más allá de la lógica del Estado de bienestar o del Estado mínimo. Ofrece una crítica a la noción individualista y exclusivista de propiedad, para afirmar su función social. De esa manera aporta estrategias innovadoras para la cohesión de la Sociedad. El «enfoque basado en los bienes comunes» busca fortalecer los derechos civiles, que garantizan el libre acceso y la preservación de loscommons, frente a las normas legales y disposiciones contractuales vigentes, que tienden a restringirlos.
  1. En un segundo nivel, este enfoque constituye un planteamiento hermenéutico-crítico, que abre a «una forma diferente de racionalidad», capaz de valorizar aspectos de la relacionalidad humana que explican el funcionamiento de las economías colaborativas, del don y de la reciprocidad. Propicia una comprensión de lo-común, que evoluciona desde el plano experiencial, funcional y espontáneo, a su manifestación como realidad plenamente diferenciada.
  1. Se puede constatar la aplicación de este enfoque en filosofía del derecho y teoría constitucional (Rodotà, Mattei, Benkler, de Sousa Santos), filosofía política (Rancière, Subirats, Bensaïd, Himanen, Harvey, Negri y Hardt), ecología social (Gorz, Bollier, Linebaugh, Helfrich), economía feminista (Federici) y en especialmente en los estudios sociales y culturales sobre ciencia y tecnología, en el marco del capitalismo cognitivo (Lessig, Bauwens, Stallman, de Moor).
  1. Estos estudios coinciden en identificar dos tendencias antitéticas en la economía actual: una propensión a generar valor financiero, a partir de la apropiación de la producción inmaterial, que se crea fuera de los límites de la propiedad privada. Pero esa acumulación privada tendería a reducir la productividad de la cooperación social, basada en la racionalidad del procomún.
  1. De acuerdo a esa tesis, se abre un campo de investigación centrado en la necesidad de armonizar dos criterios: garantizar la tutela de los bienes comunes frente al Estado y al mercado, asignando a esta noción una función constitucional (Rodotà, 2013; Mattei, 2013). Y a la vez, favorecer que el valor creado a partir de la producción P2P, basada en bienes comunes, fluya de regreso a los co-productores o co-creadores, recompensando sus contribuciones al procomún (P2Pvalue, 2014).
  1. La aplicación del «enfoque basado en los bienes comunes» en sociedades democráticas y pluralistas debe atender a criterios que superen la «moral de las costumbres». Se debe precaver ante las argumentaciones basadas en el convencionalismo, el emotivismo o el contextualismo autocentrado. La cooperación y la producción entre pares no son unívocamente virtuosas, ya que pueden dar pie al pensamiento gregario y esencialista, o a formas de colectivismo identitario. También las redes criminales establecen acuerdos de cooperación y redes de pares. Y las contribuciones altruistas al dominio público pueden alimentar los dilemas asociados al dinero digital Bitcoin o la producción de armas por la vía de diseños 3D, disponibles gratuitamente en internet.
  1. Aunque los objetivos buscados mediante vínculos asociativos sean honestos y legítimos, es necesario evitar que la acción colectiva se oriente desde la lógica de la «falacia naturalista», que identifica lo fáctico con lo válido. Para ello es necesario un horizonte de legitimidad normativa que esté por sobre las conveniencias recíprocas de los directamente implicados. La valoración funcional de los sistemas de reglas, arraigadas en el mundo de la vida, no puede impedir que se les critique desde una perspectiva postconvencional.
  1. En los estudios de E. Ostrom y su escuela no se advierten con claridad estas distinciones. La conservación y acrecentamiento de un R.U.C. se analiza desde el punto de vista de la eficiencia paretiana. Pero ello no equivale a una distribución socialmente justa y deseable de los recursos. Ni se puede identificar con criterios de responsabilidad solidaria. De la misma manera, los sentimientos de pertenencia grupal y los compromisos recíprocos, útiles a la hora de resolver los dilemas colectivos, no garantizan que los resultados de su aplicación sean intersubjetivamente válidos.
  1. De ello se deduce que la gobernanza de los bienes comunes debe escapar del «solipsismo metodológico», que considera el juicio y la voluntad humana como producto exclusivo de la conciencia individual. En algunas prácticas, basadas en los bienes comunes, se pueden advertir tendencias solipsistas, en tanto predomina en ellas el criterio de «orientación al objetivo», una predisposición a fetichizar la racionalidad tecnológica o se imponen normas heterónomas o socionómicas. El propio interés, estratégicamente calculado, no puede fundar el cumplimiento de normas, contratos y convenios mutuos. Se requiere considerar las necesidades humanas de quienes no han sido incluidos en el pacto.
  1. Estas preocupaciones se pueden abordar desde la perspectiva la ética del discurso, que intenta fundamentar la convivencia pública en el contexto de las sociedades complejas y bajo condiciones postmetafísicas. El núcleo de su aproximación radica en el «Principio de Universalización», que de forma pragmático-trascendental permite adoptar normas basándose en el hecho de igualdad comunicativa radical. Este criterio se operativiza en la confrontación de todos los afectados, utilizando exclusivamente la razón discursiva, en condiciones que excluyen la represión y la desigualdad. De esa manera, la obligación moral nace del «reconocimiento lógico-formal de cualquier ser dotado de competencia comunicativa» (Cortina, 2013: 142).
  1. Este punto de vista permite superar la lógica del homo œconomicus, basada en la racionalidad objetual, instrumental y estratégica de la propiedad y los intercambios. Introduce un universalismo «trascendentalmente reflexivo», en la medida en que se orienta por el meta-criterio de la «comunidad ideal de comunicación». La verdad moral, bajo esta aproximación, ya no opera como la correspondencia con la naturaleza o como adecuación a una doctrina comprehensiva del bien. Se entiende como una exigencia de justicia, que arranca desde un proceso dialógico. Esto no implica desdeñar la función específica de la racionalidad estratégica o las propuestas morales teleológicas, sino que establece un marco para su interpretación e integración desde el punto de vista postconvencional de las sociedades plurales.
  1. De esta forma el proyecto de la ética del discurso entronca y vigoriza la idea de una «democracia del común». Si cada acto de habla implica una exigencia recíproca, quiere decir que la democracia es más que un conjunto de procedimientos neutrales, que se acatan por conveniencia. Es un proceso sustantivo, que exige el establecimiento de relaciones de corresponsabilidad y compromiso que tiendan al fortalecimiento de las capacidades de todos los afectados.

Referencias

Cortina, Adela (2013): «Ética del discurso: ¿un marco filosófico para la neuroética?», en Isegoría, 48, pp. 127-148.

Mattei, UGO, (2013) Bienes comunes. Un manifiesto. Traducción de Gerardo Pisarello. Trotta, Madrid.

Neruda, Pablo (1971): «Oda a las cosas», en Navegaciones y regresos, Losada, Buenos Aires, pp. 41-42

P2Pvalue Project (2014): Techno-social platform for sustainable models and value generation in commons-based peer production in the Future Internet. [en línea] <http://www.p2pvalue.eu/&gt; [consulta: 22/01/2014].

Ostrom E., Janssen M. A., Anderies J. M. (2007): «Going beyond panaceas», enProceedings of the National Academy of Sciences, 25, 104, nº 39. pp. 15176-15178

Fuente: https://alvaroramis.wordpress.com/2015/05/16/los-derechos-humanos-la-etica-y-los-bienes-comunes-critica-del-individualismo-posesivo/

Imagen tomada de: http://www.periodicodelbiencomun.com/wp-content/uploads/2014/03/bienes-comunes-1.jpg

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¿Qué puede hacer el municipio frente al acoso escolar?

Pablo Gutiérrez del Álamo

Pablo Gutiérrez del Álamo

Creación de espacios seguros y de colaboración, mejorar las condiciones de vida (sanidad, educación, empleo…), así como políticas de diálogo y mejora de la convivencia son clave.

El papel de la municipalidad, de los ayuntamientos, en la mejora de las condiciones de convivencia de los centros educativos podría parecer tangencial, a no ser que se pensara que el mejoramiento de la situación vital, de los servicios o de los trabajos de la población en general podría repercutir, y repercute en las situaciones que se viven en colegios e institutos.

Sobre ello y sobre acoso escolar hablaron Philippe Rio, alcalde de Grigny; Ary José Vanazzi, prefeito de Sao Leopoldo y María Gladys Valero, directora del Instituto para la Economía Social- IPES, Alcaldía Mayor de Bogotá. Junto a ellos, Pedro Uruñuela, presidente honorífico de la Asociación Convives y Matthieu Damian, director de Ecole de la Paix, Grenoble. Lo hicieron en el marco del I Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y educación para la paz y la convivencia organizado por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración también con el de París. Un evento que ha traído personas de los cinco continentes que han hablado en la ciudad sobre diferentes formas de violencia relacionadas con la xenofobia, el machismo, el urbanismo, el sistema educativo…

El establecimiento de diálogos entre los centros educativos y los poderes públicos para conocerse y reconocerse es uno de los pasos importantes que pueden darse. Como decía Matthieu Damian, no hay una escuela de paz aislada, es necesaria la colaboración de agentes externos a los centros.

Más si se tiene en cuenta la influencia de lo externo a lo escolar. Como explicaba Philippe Rio, Grigny es un suburbio de París, atravesado por diferentes violencias (desempleo, tasas altas de abandono escolar temprano, droga…) que afectan, claro, a sus centros educativos. Para él, es básico crear “ciudades benévolas, integradoras”. En su municipio han puesto el foco en tres pilares para mejorar estas condiciones de vida: igualdad de acceso y reconquista de los derechos humanos (educación, empleo, sanidad, cultura…); una puestas por la educación como columna de la justicia social, y por último, el trabajo sobre la cultura de paz.

Una cultura de paz a la que podría sumarse una necesidad de recuperar espacios de convivencia ante un aumento del individualismo. Para Ary José Vanazzi, las municipalidades deben “recuperar el sentido de convivencia en las plazas, en las calles”; hacer posible que las personas se encuentren y compartan en ellos. Algo en relación con lo explicaba María Gladys Valero sobre la importancia de crear ciudades en las que se viva sin miedo, en las que se pueda caminar o coger un transporte público de forma segura o la creación de consejos locales con jóvenes para que se impliquen en la población, creando sentimiento de ciudadanía.

Un conocimiento y reconocimiento que pasa porque las distintas partes asuman sus responsabilidades en la educación. Vanazzi lo encarnaba explicando cómo en Brasil en muchos lugares las familias simplemente dejan a sus hijos en los centros educativos y se desentienden de la educación, no forman un movimiento de padres y madres que establezca diálogos con los centros y esto es importante para que tanto los centros, como la infancia y las poblaciones vivan en contextos más cooperativos.

El diálogo, que abordó otras cuestiones como los planes de convivencia escolar en los centros, o algunas experiencias sobre mediación, contra el bullying, terminaba con un mensaje de mayor participación para la consecución de territorios de paz. “Sentar a todos, incluidos los abuelos, no solo en los barios pobres, si no crear estructuras mixtas con asociaciones, vecinos, administración educativa. Tenemos que acompañarnos mutuamente”.
Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/04/21/que-puede-hacer-el-municipio-frente-al-acoso-escolar/
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Los niños con los niños

Pilar Galán Rodríguez

Pilar Galán Rodríguez

Hace años escribí una columna titulada Los niños con los niños, una reflexión sobre la educación separada por sexos, una crítica a una segregación que yo suponía pasada de moda. Pero no.

En Madrid, un colegio concertado, además de separar a los niños de las niñas en las aulas, siguiendo criterios ignotos, solo conocidos por la inspección educativa que les deja continuar con su proyecto, separa también a los alumnos en las actividades extraescolares.

Este colegio (financiado con fondos públicos, no se nos olvide) ofrece talleres de ganchillo y visitas a comedores sociales solo para las niñas, y visitas al Bernabéu solo para los niños.

No hace falta ser un lince para sacar conclusiones. Labores para ellas, deporte para ellos. La polémica no resulta nueva para el director del centro, sancionado hace poco por comparar la ley contra la homofobia con el fanatismo terrorista.

Ahí es nada.

Lo preocupante no es que este señor campe a sus anchas por nuestro sistema educativo. Haberlos, haylos, como en todas partes.

Lo vergonzoso es que se haga con mi dinero y que en pleno siglo XXI haya padres que piensen aún como en las canciones antiguas que los niños con los niños deben estar, no vaya a ser que se maleen, se vuelvan blandos y no sirvan como tiburones para los negocios.

Y al revés, que a las niñas, pobres, les dé por pensar, o por ponerse a trabajar, y el orden establecido se resienta.

En la página web del centro se pide respeto para quien ha elegido este ideario con libertad, palabra que el director parece desconocer cuando se trata de educar niños, no estereotipos.

Lástima que haya columnas que nunca pasen de moda.

 Fuente:http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/ninos-ninos_1011659.html
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Reforma educativa,¿con qué cara?

Manuel Gil Antón

Por: Manuel Gil Anton

Lo que expresa el discurso de la reforma educativa, en cuanto a la formación en valores cívicos, lo contradice, de manera contumaz y cotidiana, la acción, palabra y silencio de quienes la proponen e impulsan: el gobierno actual carece de la legitimidad ética e intelectual para sostenerlo. Se solía armar, hace tiempo, que lo que la escuela hace en la mañana, en la tarde la televisión lo desmorona: se procura una formación basada en el conocimiento racional y riguroso, ajeno a dogmas y supersticiones, y en la tele (casi) no falta, digamos, el horóscopo.

De forma más aguda, lo que en las aulas se trata de aprender, y en el espacio escolar vivir en materia de honradez, cumplimiento de la ley, respeto por, y cuidado de, las instituciones democráticas y el lenguaje, la administración que padecemos lo destroza con ahínco y sin pudor. Lo que se advierte en el caso del ex gobernador Duarte, abrumador en cuanto a cinismo y la magnitud del atropello, es solo un botón de muestra que contradice el propósito fundamental de todo proceso educativo: adherirnos a los valores de la responsabilidad con los otros y la honradez.

Ofende, aún más, el uso mediático de su detención. Los cómplices que voltearon para otro lado, los beneficiarios del desvío de los dineros públicos para fines personales o de coalición delictiva (en buena medida arrebatados a los fondos para la educación); esas autoridades que durante 6 años solaparon y permitieron la corrupción gigantesca de ese supuesto servidor público, con alarde inaudito, arman que la detención es una muestra de su compromiso con la legalidad y la transparencia. Los rateros, por su cuenta, y socios de los hurtos del ahora procesado al que, a todas luces —¿o sombras?— dejaron escapar, ahora piden que se le aplique todo el peso de la ley.

Solo hay una palabra que los describe: hipócritas; si sabían lo que sucedía y lo consintieron, mal; y si no lo sabían, peor. Duarte es, nada más, uno de tantos casos. Impune y buen amigo de los ahora indignados, dizque representante de un nuevo tipo de funcionario eficiente y honrado, es parte de una élite política a la que zurce la complicidad.

En otra forma de la misma erosión ética, no hay reparo ni explicación cuando, con pruebas irrefutables, se da a conocer (EL UNIVERSAL, 4/04/ 2017) que la SEP entregó al SNTE, cuando menos, 550 millones de pesos para “promover la reforma educativa”. Dinero de todos que debería destinarse a la educación en serio, se entrega al sindicato —proveniente de la partida de Prestaciones— para hacer propaganda al gobierno en turno.

Roban sin límite dinero, pero hurtan también algo más caro: el esfuerzo educativo cotidiano, ético, que descansa en el patrimonio común. Lo desmienten a pesar de mentarlo como raíz de su aparente proyecto reformista.

Y en la premura de justificar lo educativo de una reforma que no es tal, plagian y hasta la correcta forma de escribir nos escatiman: “El número de horas cuyos contenidos serán determinados con autonomía curricular varían del nivel y modalidad educativos. Por ejemplo, una primaria de ‘joornada’ (sic) regular puede tener desde 2.5 horas lectivas de 50 a 60 ‘minútos’ (sic) de autonomía curricular a la semana, pero si es de jornada de tiempo completo ‘éstas’ (sic) pueden ascender hasta a 20”, (p. 76 del Nuevo Modelo Educativo). Sin palabras. Escribir con tal sintaxis y descuido los desnuda. Y el colmo: frente a la crítica, el Presidente, molesto, dice: “No hay chile que les enchufe”. ¿Eso es propio de un jefe de Estado al que interesa lo educativo? De ninguna manera.

Es preciso repetirlo: en materia educativa, nadie da lo que no tiene. Y estos señores, gerentes mediocres y usufructuarios inmorales de los bienes públicos, carecen de lo elemental a pesar de sus poses, trajes y corbatas: dignidad. Descarados y enmascarados.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/reforma-educativacon-que-cara/

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No es posible recuperar la memoria histórica a través de la Ley de la Memoria Histórica

Vicenç Navarro

Por: Vincec Navarro

Las campañas de recuperación de la memoria histórica han centrado sus actividades en el reconocimiento de las víctimas de la enorme represión que caracterizó a aquel régimen dictatorial, uno de los más represivos de los que hayan existido en Europa en el siglo XX. Nunca debe dejar de enfatizarse que, según estudiosos de los regímenes fascistas y nazis en Europa, como el recientemente fallecido profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia de Nueva York, por cada asesinato político que cometió el régimen fascista liderado por Mussolini, el liderado por el General Franco cometió 10.000. Consciente de que tenía a la mayoría de las clases populares en contra, el régimen dictatorial español utilizó el terror para mantenerse en el poder, estableciendo un miedo generalizado sobre el cual, y a través del control de todas las instituciones generadoras de valores (desde los medios de información hasta el sistema educativo) se estableció una cultura profundamente antidemocrática que incluso persiste hoy en España, y que explica que el Estado español haya condenado a una persona a un año de cárcel por haber insultado la memoria del Almirante Carrero Blanco, segundo en la jerarquía en el Estado dictatorial, después del propio dictador.

¿Cómo puede ser que esa cultura heredada del régimen dictatorial todavía exista? 

La respuesta a esta pregunta se encuentra en gran parte en la manera como se realizó la transición de la dictadura a la democracia, proceso que no significó una ruptura con el Estado que rigió España durante casi cuarenta años, sino una apertura para incorporar elementos de democracia. Las fuerzas conservadoras que controlaban el Estado dictatorial y los medios de información dominaron el proceso de transición, dominio que explica la baja calidad de la democracia española, el escaso desarrollo de su Estado del Bienestar y la persistencia de la cultura franquista. Tal dominio es lo que también explica la resistencia a la recuperación de la memoria histórica, incluyendo la demanda de rehabilitación y homenaje a las víctimas del régimen terrorista anterior. Tal resistencia se basa, por una parte, en la clara oposición de las fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado dictatorial y de sus herederos (que continúan ejerciendo una enorme influencia sobre el Estado actual), así como, por otra parte, en el limitadísimo compromiso con tal recuperación de la memoria histórica por parte de los líderes del PSOE, cuya integración en el nuevo Estado, a través del bipartidismo, se basó en una serie de renuncias y adaptaciones a ese nuevo Estado y a la cultura que transmitió. Y dicha oposición y/o limitadísimo compromiso en recuperar la memoria histórica (en su labor de rehabilitar y homenajear a las víctimas del franquismo) es el resultado de la toma de conciencia de que la demanda de reconocimiento de tales víctimas abre la posibilidad de que se genere otra demanda, parecida, pero distinta, de que se redefina la historia de España, corrigiendo la tergiversada historia que se continúa presentando en las instituciones reproductoras de valores del país, a fin de poder establecer una cultura opuesta a la actual, que sea continuadora de la cultura republicana que la franquista sustituyó. Este es el gran temor de las fuerzas bipartidistas de recuperar la memoria histórica.

El constante argumento que utilizaron las derechas en España en contra de aprobar una ley de memoria histórica fue que “abriría heridas” que se asume (erróneamente) que están cerradas. Pero tal argumento oculta el hecho de que la oposición a la recuperación de la memoria histórica tiene poco que ver con el estado de las heridas, y mucho que ver, por el contrario, con el deseo de evitar que se conozca la historia real de los distintos pueblos y naciones de España. Con ello se evita también que se cuestione la cultura franquista que persiste, impidiendo que reaparezca la cultura republicana. Ahí está el meollo de la cuestión.

La labor de ocultación de los medios de información y persuasión en España. El caso de El País 

Durante muchísimos años, los medios de información han promovido y continúan promoviendo las instituciones monárquico-borbónicas, tergiversando tanto su pasado como su presente, ocultando realidades que pudieran dañarlas. Las grandes limitaciones de la libertad de prensa (un indicador más del enorme poder de las fuerzas conservadoras) aparecieron con toda claridad en esta protección de la Monarquía por parte de los medios, confundiendo persuasión y promoción con información. Un caso claro es el de El País. Este rotativo fue fundado por dirigentes del régimen anterior, y en su nacimiento intervinieron personajes como Fraga Iribarne, tal como reconoció recientemente el presidente del Grupo Prisa (al que pertenece este rotativo), Juan Luis Cebrián. En realidad, Cebrián proviene de una familia fascista, siendo su padre uno de los directores del diario Arriba, del partido fascista La Falange. Siguiendo los pasos de su padre, fue periodista y trabajó en periódicos del aparato fascista, como Pueblo (que era el diario propiedad de los sindicatos verticales). Más tarde fue uno de los directores de RTVE (concretamente, jefe del servicio de informativos) durante el último periodo de la dictadura, el máximo instrumento mediático el régimen.

Colaboró con otros elementos del Estado dictatorial para favorecer una apertura, presionando para que hubiera un cambio significativo en el Estado que facilitara el establecimiento del juego democrático, labor meritoria pero también limitada, pues estaba claro desde el principio que los límites de la apertura estaban fijados, permitiendo el debate dentro de unos parámetros sumamente limitados. Una consecuencia de ello fue que El País fue siempre hostil a fuerzas y personalidades de izquierda que pudieran cuestionar el Estado monárquico actual y que pudieran significar una amenaza para la continuación de las relaciones de poder dentro de tal Estado, resultado del maridaje entre el poder económico y financiero, por un lado, y el poder político y mediático por el otro. Ello explica su clara oposición a figuras como Alfonso Guerra y más tarde Josep Borrell en el PSOE, a Gerardo Iglesias y Julio Anguita en el PCE, y ahora a Pablo Iglesias en Podemos.

Las declaraciones de Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa, sobre la memoria histórica 

Tal oposición de El País a las izquierdas se extiende a la Ley de la Recuperación de la Memoria Histórica. En una entrevista reciente en El Mundo (20.02.17), Cebrián expresa su oposición a la Ley de la Memoria Histórica, pues “genera conflictos y problemas”. Considera que el Estado no debería inmiscuirse en esta labor. Tras reconocer que “la mayoría de impulsores del periódico (El País) fueron personas vinculadas con el franquismo” añade, sin embargo, que él, en realidad, nunca fue franquista (sí, léalo y lo verá, dicho por el mismo individuo que dirigió los mayores medios de propaganda y persuasión de tal régimen). También cuestiona en esa entrevista que el régimen que él llama franquista fuera terrorista, criticando al Presidente Zapatero por haber éste indicado que su abuelo, asesinado por los golpistas, fue víctima del terrorismo, señalando Cebrián que ello no es cierto, pues no fue una víctima del régimen, sino una víctima de la guerra entre dos bandos, asumiendo (erróneamente) que los Estados de los dos bandos intentaron dominar a la población mediante el ejercicio del terror. Predeciblemente, niega también la plurinacionalidad de España, y considera que la ley está por encima de todo y de todos, ley que ha sido acordada en unas coordenadas de poder heredadas de la inmodélica Transición, muy desigual y poco equilibrada. Cebrián está en contra de la redefinición de España que reconozca su plurinacionalidad, y se muestra dispuesto a enviar a la Guardia Civil a Catalunya para poner orden, asegurándose de que la ley se respeta, exigiendo que los representantes parlamentarios que actúan para realizar un referéndum vayan a la cárcel, tal como el yerno del Rey Juan Carlos I debería hacer, poniendo un tema profundamente político (la relación de Catalunya con España) al mismo nivel que si fuera un caso de fraude y corrupción fiscal. No deja de ser paradójico que este personaje, que con su silencio a través de su diario cubrió en su día la enorme corrupción de Jordi Pujol, a fin de protegerlo, ahora exija la prisión para aquellos que piden la secesión. La doble moralidad de este personaje y el oportunismo mostrado a lo largo de su vida son un buen reflejo de la reproducción de la cultura y el comportamiento franquistas que continúa dándose en grandes secciones de tal rotativo. Ni que decir tiene que El País tiene profesionales de gran valor cuya credibilidad e integridad, sin embargo, debe cuestionarse por su silencio ensordecedor frente a los comportamientos sectarios, abusivos y claramente antidemocráticos de tal rotativo que se han ido acentuando en los últimos años en contra de las voces que exigen un cambio profundo para establecer una España más democrática, más justa, más plurinacional y con muchísima más pluralidad en sus medios. Tal silencio debe también denunciarse.

Quisiera añadir una nota personal. Procedo de una familia represaliada por el fascismo, por el mismo régimen al que sirvieron el padre y el hijo Cebrián. No podemos estar más lejos en cuanto a biografía y vida profesional. Que tal individuo presente mi deseo de desenmascarar tanta mentira y tanto cinismo como “un intento de abrir las heridas” es una muestra más, como mínimo, de la incomprensión que los hijos e hijas de los vencedores del golpe fascista militar muestran hacia el enorme mal que han hecho y continúan haciendo a España. Ahora bien, es probable que en lugar de incomprensión sea un caso más del cinismo y caradura (no hay otra manera de definirlo) que ha caracterizado a los oportunistas que han estado gobernando España durante tanto tiempo en defensa de sus intereses, reproduciendo la cultura franquista que está asfixiando al país.

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/19703/no-es-posible-recuperar-la-memoria-historica-a-traves-de-la-ley-de-la-memoria-historica/

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La patología del odio

Adela Cortina

Por: Adela Cortina

Hacia 1944 vio la luz el libro autobiográfico de Stefan Zweig El mundo de ayer. Memorias de un europeo.En él recordaba el comienzo del siglo XX desde el peculiar observatorio en el que había vivido como austríaco, judío, escritor, humanista y pacifista. Y consideraba un deber moral contar ese relato para aviso de navegantes, porque nada podía llevar a pensar en los umbrales del nuevo siglo que ya en su primera mitad se iban a producir dos guerras salvajes en suelo europeo. Los jóvenes educados en la Austria imperial, en un ambiente seguro y estable, creían periclitado cualquier episodio de barbarie y no veían en el futuro sino signos de progreso. No podían sospechar que ya se estaba incubando el huevo de la serpiente.

Ese relato resulta familiar a quienes hemos vivido la experiencia de la transición española a la democracia. En los años setenta del siglo pasado creíamos haber ingresado en la senda del progreso social y político, quedaban atrás los conflictos bélicos, propiciados por ideologías enfrentadas, por la desigualdad en oportunidades y riqueza, y se abría un camino de cambios a mejor. Hoy, sin embargo, es urgente aprender de europeos como Zweig para tomar conciencia de que las semillas del retroceso pueden estar puestas y es necesario frenar su crecimiento destructivo. Como bien dice Federico Mayor Zaragoza, la Unión Europea debería ser el catalizador de la unión mundial. Una de esas semillas destructivas, como en el tiempo de Hitler y Stalin, es el triunfo de los discursos del odio.

Se entiende por discurso del odio cualquier forma de expresión cuya finalidad consiste en propagar, incitar, promover o justificar el odio, el desprecio o la aversión hacia determinados grupos sociales, desde una posición de intolerancia. Quien recurre a ese tipo de discursos pretende estigmatizar a determinados grupos y abrir la veda para que puedan ser tratados con hostilidad, disuelve a las personas en el colectivo al que se agrede y lanza contra el conjunto su mensaje destructivo.

Tal vez el rótulo “odio” no sea el más adecuado para referirse a las emociones que se expresan en esos discursos, como la aversión, el desprecio y el rechazo, pero se trata en cualquier caso de ese amplio mundo de las fobias sociales, que son en buena medida patologías sociales que se deben superar. Se incluyen entre ellas el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la misoginia, la homofobia, la aversión a los miembros de determinadas confesiones religiosas, o la forma más común de todas, la aporofobia, el rechazo al pobre. Y es que las emociones, a las que tan poca atención se ha prestado en la vida pública, sin embargo la impregnan y son especialmente manipulables por los secuaces del flautista de Hamelín. Así fue en la primera mitad del pasado siglo y está siéndolo ahora cuando los discursos fóbicos proliferan en la vida compartida.

Desde un punto de vista jurídico, el principal problema estriba en el conflicto entre la libertad de expresión, que es un bien preciado en cualquier sociedad abierta, y la defensa de los derechos de los colectivos, objeto del odio, tanto a su supervivencia como al respeto de su identidad, a su autoestima. El problema es sumamente grave, porque ninguno de los dos lados puede quedar eliminado.

En principio, por decirlo con Amartya Sen, la libertad es el único camino hacia la libertad y extirparla es el sueño de todos los totalitarismos, lleven el ropaje del populismo o cualquier otro. La experiencia de países como China, Corea del Norte o Venezuela no puede ser más negativa.

Pero igualmente el derecho al reconocimiento de la propia dignidad es un bien innegociable en cualquier sociedad que sea lo bastante inteligente como para percatarse de que el núcleo de la vida social no lo forman individuos aislados, sino personas en relación, en vínculo de reconocimiento mutuo. Personas que cobran su autoestima desde el respeto que los demás les demuestran. Y, desde esta perspectiva, los discursos intolerantes que proliferan en países de Europa y en Estados Unidos están causando un daño irreparable. Por sus consecuencias, porque incitan al maltrato de los colectivos despreciados, y por sí mismos, porque abren un abismo entre el “nosotros” de los que están convencidos equivocadamente de su estúpida superioridad, y el “ellos” de aquellos a los que, con la misma estupidez, consideran inferiores.

Naturalmente, el derecho está abordando desde hace tiempo estas cuestiones, preguntándose por los criterios para distinguir entre el discurso procaz y molesto, pero protegido por la libertad de expresión, y los discursos que atentan contra bienes constitucionales. Como se pregunta también por las políticas de reconocimiento desde el marco de las instituciones.

Sin embargo, el derecho, con ser imprescindible, no basta. Porque el conflicto entre libertad de expresión y discurso del odio no se supera solo intentando averiguar hasta dónde es posible dañar a otros sin incurrir en delito, hasta dónde es posible humillar su imagen sin llegar a merecer sanciones penales o administrativas. En realidad, las libertades personales, también la libertad de expresión, se construyen dialógicamente, el reconocimiento recíproco de la igual dignidad es el auténtico cemento de una sociedad democrática. Tomando de Ortega la distinción entre ideas y creencias, que consiste en reconocer que las ideas las tenemos, y en las creencias somos y estamos, podríamos decir que convertir en creencia la idea de la igual dignidad es el modo ético de superar los conflictos entre los discursos del odio y la libertad de expresión, porque quien respeta activamente la dignidad de la otra persona difícilmente se permitirá dañarla.

En su libro El discurso del odio se preguntaba Glucksmann si el odio merece odio y respondía que para combatirlo basta con sonreír ante su ridículo. Sin embargo, y regresando al comienzo de este artículo, no creo que haya que sonreír ante el odio, ni siquiera con desprecio. Porque es destructor y corrosivo, quiebra el vínculo humano y provoca un retroceso de siglos.

Cultivar un êthos democrático es el modo de superar los conflictos entre la libertad de expresión y los derechos de los más vulnerables. Porque de eso se trata en cada caso: de defender los derechos de quienes son socialmente más vulnerables y por eso se encuentran a merced de los socialmente más poderosos.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/03/16/opinion/1489679112_916493.html

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El Curriculum no lo es todo

Maria Victoria Peralta

Por: María Victoria Peralta

En el presente Gobierno, son tres las principales iniciativas en el campo del curriculum impulsadas desde el Ministerio de Educación: las Bases Curriculares de 7° básico a 2° medio, la actualización de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, y las de 3ero y 4to medio, que fueron consultadas recientemente.

Siendo siempre importante revisar y actualizar el curriculum escolar, ya que los contextos, el conocimiento, las demandas y los mismos estudiantes van cambiando, todos quienes trabajamos en la disciplina del Curriculum tenemos un defecto habitualmente compartido: pensamos que este documento técnico por si solo va a cambiar el mundo, o al menos, el escolar. Ello en función a los grandes propósitos que esperamos que se favorezcan en la educación formal. Sin embargo, ello no es así.

En efecto, si se revisan algunos de los planteamientos principales de estos currículos oficiales nacionales, todos coinciden con la necesidad de favorecer una mayor vinculación con la realidad actual, desarrollar actitudes reflexivo-críticas, abordar los temas valóricos, ambientales y de ciudadanía, por nombrar algunos contenidos importantes desde educación parvularia a 4to medio. A la par, si analizamos las facilidades para posibilitar estos propósitos, en especial, las condiciones presupuestarias, de gestión, asesoramiento y dotación docente y/o auxiliar, observamos las grandes carencias que hay en el sistema para implementarlos.

Uno de los aspectos que más incide es el ratio o coeficiente adulto-niños; mientras los cursos desde 2do nivel de transición hacia arriba sigan siendo de 40 a 45 niños, no hay mayores posibilidades de interacciones de calidad entre educadores y estudiantes. Así, se fomenta el trabajo verticalista, poco constructivista y descontextualizado.

Por otra parte, está la necesaria alineación de los currículos nacionales con otros instrumentos técnicos que realiza el propio Ministerio o sus diversas instituciones vinculadas: C.P.E.I.P., Superintendencia de Educación, Agencia de Calidad, los que no siempre se suman o facilitan lo que plantean los primeros. Hacemos mención entre otros, a los Marcos de la Buena Enseñanza, los diversos instrumentos de evaluación y fiscalización existentes y en especial, a los mapas de progreso.

Analicemos este último caso a modo de ejemplo. Se definen como que: “describen la secuencia típica en que progresa el aprendizaje, en determinadas áreas o dominios que se consideran fundamentales en la formación de los estudiantes, en los distintos sectores curriculares” (Pág. 3 Mapas de Progreso Historia, Mineduc), frente a lo cual surge la pregunta: ¿hay realmente secuencias ‘típicas’ para pensar y aprender? La sicología constructivista y las neurociencias, nos enseñan que el aprendizaje es en espiral –no lineal- y que tiene diversas ‘entradas’, caminos o interconexiones y ‘salidas’ dependiendo de los niveles de desarrollo de los niños y niñas, de sus intereses y experiencias anteriores.

Esta tensión libertad-control, es la gran contradicción de nuestro sistema educacional. Los currículos nacionales por lo general, la otorgan; los Marcos, reglamentos, estándares de desempeño, mapas de progreso, instrumentos de evaluación homogéneos, tratan por otra parte, de controlar casi todo y así se acaba la escasa libertad del profesional de la educación y la adaptación a las diversas realidades contextuales de las comunidades educativas.

Aprendamos algo de las experiencias tan miradas del exterior: Finlandia no tiene nada de ello, sólo un curriculum nacional bastante abierto, una muy buena formación de docentes y mucha confianza en ellos, como lo señaló su Ministra de Educación cuando vino a Chile. Sobre esta base funcionan los Currículos Nacionales en cuanto a sus intenciones y florecen diversas formas de llevarlos a cabo atendiendo las diversas necesidades y características de las comunidades educativas, a lo que se deben sumar condiciones administrativas y de apoyo que las faciliten. Sin ello, los currículos son solo bonitas palabras, aunque nos duela.

Fuente: http://www.cronicadigital.cl/2017/04/22/maria-victoria-peralta-el-curriculum-no-lo-es-todo/

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