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UNICEF: El racismo y la discriminación contra los niños abundan en países de todo el mundo

El racismo y la discriminación contra los niños abundan en países de todo el mundo

El nuevo informe describe cómo se discrimina a los niños en la salud, el acceso a los recursos gubernamentales y la educación; el análisis de 22 países de ingresos bajos y medianos muestra que los grupos favorecidos tienen el doble de probabilidades de tener habilidades básicas de lectura

NUEVA YORK, 18 de noviembre de 2022  – El racismo y la discriminación contra los niños por su origen étnico, idioma y religión son moneda corriente en países de todo el mundo, según un nuevo informe de UNICEF publicado antes del Día Mundial del Niño.

Derechos denegados: el impacto de la discriminación en los niños muestra hasta qué punto el racismo y la discriminación afectan la educación, la salud, el acceso a un nacimiento registrado y a un sistema de justicia justo e igualitario de los niños, y destaca las disparidades generalizadas entre las minorías y los grupos étnicos.

“La exclusión y la discriminación durante la niñez causan daños que pueden durar toda la vida”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. “Esto nos duele a todos. Proteger los derechos de todos los niños, sean quienes sean y vengan de donde vengan, es la forma más segura de construir un mundo más pacífico, próspero y justo para todos”.

Entre los nuevos hallazgos, el informe muestra que los niños de grupos étnicos, lingüísticos y religiosos marginados en un análisis de 22 países de bajos y medianos ingresos están muy por detrás de sus pares en habilidades de lectura. En promedio, los estudiantes de 7 a 14 años del grupo más favorecido tienen más del doble de probabilidades de tener habilidades de lectura básicas que los del grupo menos favorecido.

Un análisis de los datos sobre el nivel de niños registrados al nacer, un requisito previo para el acceso a los derechos básicos, encontró disparidades significativas entre los niños de diferentes grupos étnicos y religiosos. Por ejemplo, en la República Democrática Popular Lao, el nacimiento del 59% de los niños menores de 5 años del grupo étnico minoritario Mon-Khmer está registrado, en comparación con el 80% del grupo étnico Lao-Tai.

La discriminación y la exclusión profundizan las privaciones y la pobreza intergeneracionales y dan como resultado peores resultados de salud, nutrición y aprendizaje para los niños, mayor probabilidad de encarcelamiento, mayores tasas de embarazo entre las adolescentes y menores tasas de empleo e ingresos en la edad adulta.

Si bien el COVID-19 expuso profundas injusticias y discriminación en todo el mundo, y los impactos del cambio climático y los conflictos continúan revelando desigualdades en muchos países, el informe destaca cómo la discriminación y la exclusión han persistido durante mucho tiempo para millones de niños de grupos étnicos y minoritarios, incluidos acceso a inmunización, servicios de agua y saneamiento, y un sistema de justicia justo.

Por ejemplo, en las políticas disciplinarias en los Estados Unidos, los niños negros tienen casi cuatro veces más probabilidades de recibir suspensiones fuera de la escuela que los niños blancos, y más del doble de probabilidades de enfrentar arrestos relacionados con la escuela, señala el informe.

El informe también destaca cómo los niños y los jóvenes sienten la carga de la discriminación en su vida cotidiana. Una nueva encuesta de U-Report que generó más de 407 000 respuestas encontró que casi dos tercios sienten que la discriminación es común en sus entornos, mientras que casi la mitad siente que la discriminación ha afectado sus vidas o las de alguien que conocen de manera significativa.

“En el Día Mundial del Niño y todos los días, todos los niños tienen derecho a ser incluidos, a ser protegidos ya tener las mismas oportunidades de alcanzar su máximo potencial”, dijo Russell. “Todos nosotros tenemos el poder de luchar contra la discriminación contra los niños, en nuestros países, nuestras comunidades, nuestras escuelas, nuestros hogares y nuestros propios corazones. Necesitamos usar ese poder”. 

Fuente de la Información: https://www.unicef.org/press-releases/racism-and-discrimination-against-children-rife-countries-worldwide

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La OIT lanza iniciativas entre empresas y empleos verdes, ¿ilusiones, promesas, engaños?

Durante la primera semana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cop27) en Egipto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó una asociación para acelerar la creación de empleos verdes para los jóvenes, la Herramienta de Financiamiento para la Transición Justa sobre Actividades Bancarias y de Inversión, e inauguró el Pabellón de la Transición Justa.

El Pacto para la Juventud, en asociación con Naciones Unidas y otras agencias, tiene como objetivo cerrar la brecha de habilidades para los jóvenes en los países en desarrollo y dirigirse a los sectores vulnerables al clima. Sus objetivos incluyen la creación de un millón de empleos verdes, el apoyo a la ecologización de un millón de empleos existentes y la ayuda a 10.000 emprendedores verdes.

Moustapha Kamal Gueye, Coordinador Mundial de Empleos Verdes de la OIT, recordó a los participantes que «las inversiones en la economía verde, incluidas las energías limpias y renovables, la construcción y la agricultura sostenible, crearán 8,4 millones de empleos para los jóvenes de aquí a 2030».

La OIT, junto con el Instituto de Investigación de la London School of Economics Grantham para el Cambio Climático y el Medio Ambiente, lanzó la Herramienta de Financiación para la Transición Justa en Actividades Bancarias y de Inversión, con el objetivo de proporcionar a las instituciones financieras consejos prácticos, prácticas emergentes y enlaces a recursos relevantes sobre cómo incorporar una perspectiva de transición justa en sus operaciones, en consonancia con el Acuerdo de París.

En realidad se centra en las actividades bancarias y de inversión, y describe los puntos de entrada para una integración sistemática de las consideraciones sociales en el enfoque de las instituciones financieras para una transición justa.

En su intervención en la presentación, Vic Van Vuuren, Director del Departamento de Empresas de la OIT, dijo que «estamos viendo los primeros pasos, estamos viendo acciones concretas procedentes del sector financiero. Pero para pasar de la actual fase incipiente a la general, el sector puede beneficiarse de una mayor orientación. Confiamos en que la herramienta apoye la aplicación de medidas tangibles».

Algo similar sucedió en la Cumbre de Líderes del G20 que se celebró en Bali (Indonesia) una semana después, donde los líderes reafirmaron la importancia de crear un mercado laboral inclusivo, y «la necesidad de apoyar las transiciones justas». A la vez que reiteraron su apoyo al objetivo de la protección social universal para todos en 2030 y a los demás objetivos de la agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por  enésima vez, los líderes reiteraron sus compromisos anteriores para cerrar una vez más la brecha salarial de género y reducir el desempleo juvenil y además hasta aprobaron un Plan de Acción sobre la aceleración y el seguimiento de los Principios del G20 para la Integración de las Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral, junto con los otros anexos adoptados por los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 a principios de este año.

La estrategia de las distracciones del mundo verde

Es sin dudas a través de estas cumbres (borrascosas) entre la ilusión y las promesas, que se puede ejemplarizar el alcance de la imposición de una superioridad fomentada por la globalización sobre intereses contrarios, que, por razones de orden externos, actúan sobre nuestras vidas como una manifestación del ejercicio de la autoridad consentida en “acato y fidelidad”.

Es cierto que hemos sido siempre en política víctimas necias del engaño, y lo seguiremos siendo mientras no aprendamos a discernir que detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales están los intereses de una u otra clase. En realidad, la época de la globalización burguesa, se distingue por haber simplificado las contradicciones de clase.

Recordamos que cuando los gobiernos se reunieron en Río de Janeiro (Brasil) en 1992 y alcanzaron un acuerdo sobre el vínculo fundamental entre asegurar la justicia social, proteger el medio ambiente y promover la seguridad económica en aquel momento nació la esperanza de que nuestras sociedades fueran capaces de transformarse a sí mismas y de orientarse hacia la sostenibilidad.

Sin embargo, treinta años después de aquellas promesas, lo único que hemos alcanzado son los límites de nuestro sistema económico, las desigualdades son mayores, y los recursos naturales del planeta desde hace mucho tiempo están mostrando señales de agotamiento. La constante avaricia, la piratería, la insensatez y la irresponsabilidad constituyen la señal inequívoca del estilo transnacional de crecimiento económico neoliberal. Su desenlace, si no se cambia el rumbo, es la extinción del Planeta.

El mundo científico nos advierte cada vez con mayor insistencia que el calentamiento global es real y aumenta la posibilidad de padecer ciertas enfermedades e incrementa además los déficits nutricionales, multiplica la exposición de la población a catástrofes ambientales y enfrenta a millones de seres humanos al desabastecimiento de agua y alimentos.

Aunque según aquellos defensores a ultranza del sistema, los negacionistas de turno insistan de que la degradación de la especie es en realidad pura ciencia ficción y no deberíamos preocuparnos: la vida seguirá existiendo bajo otras formas. Tal vez, bacterias y virus poblaran la faz de la Tierra.

Empresarios verdes una nueva visión con viejas prácticas capitalistas

Es en esta coyuntura que aparece la otra cara de la moneda fomentada por las investigaciones para el desarrollo de energías «limpias» adjetivadas alternativas o renovables, como respuesta dentro del marco de una economía social de mercado.  Las elites políticas y las empresas transnacionales, dueñas de la producción de energía, trasladan a las comunidades un discurso de responsabilidad y rigor ejemplar frente a los desafíos del cambio climático.

Su nuevo credo es producir artículos de todo tipo, poco contaminantes. Esta nueva visión de empresarios “verdes altruistas” nos llama la atención, de la noche a la mañana han dejado de ser capitalistas y buscan un mundo mejor con justicia social. Pero en definitiva la realidad es bien otra, ya que se han instrumentalizado las energías renovables para transformar una alternativa en mercancía.

La civilización actual, se mueve en un círculo vicioso de permanentes contradicciones, – que reproduce constantemente – sin acertar a superarlas, consiguiendo de continuo lo contrario precisamente de lo que se quiere o pretexta conseguir y así nos encontramos como decía el utopista Charles Fourier que “en la civilización, la pobreza brota de la misma abundancia”

Somos parte de un sistema que se fundamenta por el consumo ligado a la rentabilidad. Y estos “empresarios verdes” buscan obtener el máximo provecho de la energía sea solar, eólica, acuífera o proveniente de la biomasa.

Hoy contamos con múltiples empresas privadas que ven en el calentamiento del Planeta un gran negocio y por ello impulsan megaproyectos en el campo de las energías renovables en connivencia con el capital financiero. Y para ello cuentan con la complicidad de gobiernos neoliberales, presentes en los organismos internacionales.

La elite económica y la seudociencia como telón de fondo

En todos estos encuentros internacionales la elite económica, opera como un lobby más, un grupo de presión que instalan ciertos argumentos al borde del bulo, como, por ejemplo, que la demanda de empresas más ecológicas viene impulsada por los consumidores y los clientes, además de la normativa ambiental y factores culturales e institucionales.

La incidencia de los consumidores y los clientes en el argumento de las empresas en favor de la sostenibilidad, en realidad surge y se afianza a través de las búsquedas de productos sostenibles en Google, que entre 2016 y 2020 aumentaron un 71 por ciento. Es incongruente y peligrosa esta idea seudocientífica del progreso lineal, propio de la fase actual del capitalismo global en crisis. Esto debería ser profundamente cuestionado ya que sobre dicha base el actual (des)orden político y económico sostiene su mito de irreversibilidad histórica del sistema.

En realidad, su único afán sigue siendo obtener dinero a cambio de quemar energía, pero existe otra quema de energía; humana consumida bajo la forma de explotación más innoble.   Roto el vínculo entre naturaleza y producción, el modelo globalizador se alza dueño del mundo. Frente a este orden deshumanizador que obtiene su poder destruyendo el Planeta, despilfarrando las energías sean éstas renovables o no.

Seguimos enfrascados en una inercia discursiva cargada de pasividad, e impresa de declamaciones, en cada conferencia internacional, donde la aplicación fundamentalista y absolutista de las leyes de mercado nos lleva al desempleo, la precariedad, la crisis económica y a una regresión en las condiciones en la convivencia democrática, bajo el imperio absoluto de la ley económica auspiciada por el capitalismo salvaje.

*Periodista uruguayo residente en Ginebra, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: https://rebelion.org/la-oit-lanza-iniciativas-entre-empresas-y-empleos-verdes-ilusiones-promesas-enganos/

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Aptitudes sobresalientes: la otra cara de la exclusión

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz* 

Cuando en el ámbito escolar se habla de inequidad y exclusión generalmente se asocian situaciones como discapacidad, rezago académico, ausentismo y abandono. Se dice que una escuela excluye si sus instalaciones no cuentan con rampas o si algún maestro es incapaz de comunicarse con un estudiante sordo. La mirada se dirige, casi siempre, hacia quienes se quedan atrás en el ejercicio de su derecho a la educación y pocas hacia un segmento de la matrícula que presenta una capacidad superior a la media, pero que también requiere atención especial: los alumnos con aptitudes sobresalientes.

De acuerdo con la SEP (2022), los alumnos con aptitudes sobresalientes “son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o [… varios] campos del quehacer humano” (p. 12)., manifestando habilidades avanzadas en las áreas intelectual, artística, psicomotriz, socioafectiva y creativa. Generalmente, se caracterizan por una amplia capacidad de crítica, alta demanda de información, extenso vocabulario, etc. El modelo de atención para este alumnado contempla el enriquecimiento (en el aula, la escuela o fuera de la escuela), la aceleración (promoción anticipada de grados) y el agrupamiento (con alumnos con capacidades similares, en currículos específicos) (SEP, 2022).

No obstante que la Ley General de Educación establece que, para garantizar un servicio inclusivo, las autoridades educativas deberán “proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades” (Congreso de la Unión, 2019, p. 24), “las demandas educativas de estos alumnos no son suficientemente atendidas por los sistemas educativos, más preocupados por aquellos que tienen discapacidad o problemas de aprendizaje” (UNESCO, 2004, p. 49).

En nuestro país, los esfuerzos de las instancias de educación especial se centran, casi por completo, en discapacidades, dificultades y trastornos: la UNESCO (2004) denomina a lo anterior como “nivelación por debajo” (p.181). Los alumnos con aptitudes sobresalientes representan “menos de 3.7% del total de quienes reciben atención de CAM [Centro de Atención Múltiple] o USAER [Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular]” (MEJOREDU, 2020, p. 102). Si bien se puede discutir que la cifra anterior responda a una proporción natural entre la población, las estadísticas oficiales indican que la atención otorgada a alumnos sobresalientes, a través de los servicios de educación especial, ha caído en los últimos años. La población atendida ha sufrido una drástica disminución del 73%, desde el ciclo escolar 2012-2013 hasta el 2021-2022, pasando de 53,672 estudiantes a 14,037 (SEP, 2022). Así, en los diez ciclos escolares más recientes, la atención a alumnos con aptitudes sobresalientes se contrajo casi a una cuarta parte respecto al inicio de tal lapso. Esa disminución no parece natural.

La atención a alumnos sobresalientes no sólo se da desde la educación especial, sino también desde el aula regular, sin embargo, este espacio tiene una serie de inconvenientes. A pesar de representar “la opción más inclusiva” (UNESCO, 2004, p. 52), conlleva al menos dos situaciones importantes: “las clases suelen ser muy numerosas y los docentes no están suficientemente preparados para atender las necesidades educativas de estos alumnos” (UNESCO, 2004, p. 52).

En nuestro país, la formación inicial de profesores regulares parece ser insuficiente para responder a las necesidades de alumnos sobresalientes. Sirve para ilustrar lo anterior el plan de estudios 2018 de la Licenciatura en Educación Primaria: incluye dos cursos (Atención a la diversidad y Educación inclusiva) que abordan generalidades conceptuales y metodológicas de la inclusión educativa. En ambas asignaturas el énfasis se pone en los problemas de aprendizaje y discapacidades. En los programas de estas materias aparece tímidamente, apenas dos o tres veces, la expresión “aptitud sobresaliente”. Si bien el propósito de la carrera mencionada no se centra en la formación de especialistas sobre condiciones específicas del alumnado, parece que hay una deuda respecto al reconocimiento de las aptitudes sobresalientes.

Aunado a la formación inicial insuficiente, ya en el aula los profesores regulares no cuentan con apoyo adecuado para enfrentar los desafíos que plantean los estudiantes sobresalientes: de acuerdo con el INEE (2014, p. 53), sólo 14.6% de docentes de educación básica con alumnos que requerían atención especial, entre ellos los que cuentan con una aptitud sobresaliente, han recibido apoyo o asesoría para atenderlos. Con una formación inicial insípida en términos de inclusión y poca orientación ya en el servicio, existen dudas sobre la calidad de atención que en el aula regular se brinda a los alumnos mencionados.

Se observa entonces que la atención de educandos con aptitudes sobresalientes implica repensar algunos aspectos de fondo de la vida escolar: la flexibilidad de los currículos, la edad como criterio único de los trayectos educativos, los conceptos de equidad e inclusión, el papel de la educación especial, etc. Desde luego que lo anterior conlleva implicaciones mayores en términos organizativos y políticos. Existen medidas muy evidentes que sin duda deben ser consideradas, como el fortalecimiento de la formación inicial del profesorado regular, la liberación de las instancias de educación especial de la sobrecarga administrativa en aras de promover su vinculación con el aula regular y la creación o ampliación de programas y espacios para la potencialización de las aptitudes.

Así pues, los niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes son, en muchos casos, víctimas de una exclusión silenciosa, al no recibir un servicio educativo acorde a sus necesidades. No basta a estos alumnos con aparecer frecuentemente en los cuadros de honor, ser el “caballito de batalla” del maestro cuando se trata de montar un número artístico o el as bajo la manga en la Olimpiada del Conocimiento.  La escuela debe brindarles oportunidades efectivas para potenciar sus de por sí notorias aptitudes. Eso, al igual que instalar una rampa en la entrada de la escuela, también es equidad e inclusión.

 

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85

 

REFERENCIAS

CONGRESO DE LA UNIÓN. (2019). Ley General de Educación. México: autor.

MEJOREDU. (2020). Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2020. Cifras del ciclo escolar 2018-2019. México: autor.

SEP. (2020). Atención educativa a estudiantes con aptitudes sobresalientes: preescolar, primaria y secundaria. México: autor.

SEP. (2022). Principales cifras del sistema educativo nacional. 2021-2022. México: autor.

UNESCO. (2004). La educación de niños con talento en Iberoamérica. Santiago: autor.

Fuente de la información e imagen: http://proferogelio.blogspot.com

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Otros mapas de conflictos sindicales: luchas feministas en los márgenes del trabajo

Los conflictos y las luchas que en los últimos años han protagonizado mujeres sometidas a formas extremas de discriminación y explotación laboral sitúan en las condiciones materiales para la vida un eje clave de su acción política. Los procesos que han puesto en pie para confrontar esa explotación forman parte del entramado de luchas que los feminismos han desplegado en este ciclo. Las aportaciones de estas mujeres en lucha desafían los enfoques feministas que no incorporan la interseccionalidad en sus análisis y muestran la existencia de otros sindicalismos posibles: aquellos que organizan a sectores laborales y productivos tradicionalmente excluidos, incorporando sus necesidades y demandas al análisis del mercado de trabajo y del modelo económico.

Lo que desde diferentes sectores del feminismo estamos denominando sindicalismo feminista-feminismo sindicalista (con este doble recorrido) no es una práctica puntual. Es la forma en la que muchas mujeres, en torno a la precariedad de sus vidas, se autoorganizan para garantizar sus condiciones materiales de existencia y las de sus familias. Muchas experiencias y conflictos colectivos protagonizados por mujeres organizadas amplían lo que entendemos por sindicalismo y cómo se practica. Ejemplos de ello son las trabajadoras agrupadas en la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha, las kellys, las trabajadoras sexuales, las riders, las trabajadoras domésticas o las trabajadoras a domicilio. Como señalan desde la asociación Territorio Doméstico: “Tal y como lo vamos construyendo entre nosotras (…) [este nuevo sindicalismo] aúna formas de organización colectiva del llamado sindicalismo social y del origen político del sindicalismo obrero”.

Por un trabajo con derechos, por vidas dignas más allá del trabajo
Todas las experiencias que podemos englobar bajo el paraguas del feminismo sindicalista tienen claro que la exigencia del reconocimiento pleno de derechos laborales, frente a la explotación a las que nos somete el capital, debe ir claramente ligada a la batalla por disociar la condición de ciudadanía (y las condiciones materiales que la posibilitan) de la tenencia o no de un empleo. A partir de este enfoque, se organizan e impulsan alianzas por la defensa de los servicios públicos, los sistemas de rentas garantizadas, el derecho a una vivienda, el fortalecimiento del tejido comunitario, las luchas contra las violencias o por el derecho al aborto. Si, como defienden los feminismos, hablamos de construir vidas dignas y sin precariedad, estas reivindicaciones están ligadas y son inseparables de la lucha por sus derechos laborales.

Esta forma de plantear los conflictos sindicales más allá de lo laboral y desde una perspectiva interseccional se enmarca en un amplio y sólido enfoque teórico y crítico, generado desde las propias luchas y prácticas. Además, la economía feminista ha profundizado mucho sobre estas cuestiones a través de experiencias de investigación-acción militante como Precarias a la Deriva, La Laboratoria y el trabajo de otras muchas compañeras como Cristina CarrascoAmaia Pérez OrozcoSilvia FedericiSigrid Bazán o Luci Cavalleropor nombrar solo algunas.

Los análisis críticos desde el feminismo incorporan la dimensión de la reproducción social a los análisis sobre el neoliberalismo, llaman la atención sobre la necesidad de articular todo lo relativo a las condiciones para una vida digna, no solo el empleo. Conectan la precariedad laboral con cuestiones como la flexibilización de los tiempos y espacios del trabajo; el recorte de los salarios o la ausencia del mismo; la pérdida de derechos y la ausencia de regulación en algunos sectores (de la que se desprende, por ejemplo, la ambigüedad del vínculo entre quienes emplean y quienes son empleadas) o la racialización del trabajo, entendida como la relación de las condiciones laborales con la situación administrativa de la persona trabajadora, como sucede en el caso de las trabajadoras de hogar y de las jornaleras contratadas en Marruecos que trabajan en los campos de Huelva.

El desarrollo del neoliberalismo y el proceso de acumulación de riqueza necesario para ello han convertido en un elemento estructural la precarización del empleo, particularmente de las mujeres, jóvenes y personas migrantes, reduciendo muchos trabajos esenciales para la reproducción de la vida a nichos de trabajos sin derechos. Cuando un trabajo se feminiza y se racializa, se normaliza la degradación de sus condiciones laborales, su reconocimiento social y la devaluación de sus salarios. Este proceso se origina en la división sexual del trabajo y en las lógicas coloniales y extractivistas, tan imbricadas en los mecanismos de explotación capitalista. Se asienta sobre los roles y estereotipos de género que históricamente se asocian a las mujeres, como cuidar, sanar, alimentar, limpiar o ejercer tareas de sostén emocional y relacional. De esta manera, la economía se construye sobre la explotación y, a la vez, sobre la negación de la relevancia económica y social del trabajo de las mujeres y de todas las tareas asociadas a lo femenino, utilizando como patrón de normalidad económica lo masculino, blanco y eurocéntrico. A estos elementos podemos sumar los procesos de privatización de los servicios públicos y la pérdida de derechos sociales.

Cuando el trabajo no se considera trabajo
En general, el trabajo que no parece trabajo es aquel que llevan a cabo las mujeres, mujeres racializadas y disidencias. Las formas de explotación en tiempos de neoliberalismo nos muestran un nuevo mapa de los conflictos abiertos y nos plantean algunas preguntas para las que aún no tenemos respuestas completas. ¿Qué pasa cuando el jefe no es visible o es una aplicación, como en el caso de las riders? ¿Cómo organizarse cuando no hay centro de trabajo? ¿O cuando tu puesto de trabajo es un domicilio particular, como les sucede a las trabajadoras del hogar? ¿Cómo defender derechos cuando ni siquiera se nos reconoce como trabajadoras, como reclaman las trabajadoras sexuales y las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular?

Las trabajadoras del hogar ponen voz a un aspecto común: la falta de reconocimiento social de su trabajo y la ausencia de derechos que eso implica. Las cadenas globales de cuidados, apuntaladas por la ley de extranjería, que lleva a que la mayoría de las trabajadoras del hogar sean mujeres migrantes sin derechos, son un elemento estructural para entender el engranaje del trabajo de hogar y de cuidados. Amaia Pérez Orozco las define como “cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida y en las que en los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder” 1/. Este sector de trabajadoras está sujeto a un régimen especial dentro del régimen general de la Seguridad Social y vienen protagonizando una lucha tenaz para lograr los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras. Junto con las kellys, las trabajadoras de residencias o el Servicio de Ayuda a Domicilio pelean por el reconocimiento de la dignidad de su trabajo.

Las y los riders extienden su lucha más allá de lo sectorial planteando la necesidad de un cambio de modelo económico 

Otro grupo de trabajadoras sin plenos derechos y la correspondiente ausencia de reconocimiento son las trabajadoras sexuales. De hecho, a las mujeres que ejercen la prostitución se les ha privado, en plena pandemia, de la posibilidad de acogerse al Ingreso Mínimo Vital. Más allá de lo que esto supone en la lucha por la supervivencia, es un ejemplo más de la imposibilidad de acceder a derechos de ciudadanía si no hay un reconocimiento de su condición de trabajadoras.

La Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha (2022), ejemplo de lucha y de puesta en práctica de otras formas de sindicalismo feminista, antirracista y ecologista, plantea lo siguiente: 

Los tiempos han cambiado y en los sectores más empobrecidos, cada día más precarizados, en los que tenemos compañerxs que ni siquiera son reconocidxs como ciudadanxs, resulta imposible organizarse a través de afiliaciones (cuotas de las propias personas trabajadoras), por lo que reinventar el sindicalismo se hace prioritario. Reinventarlo de arriba abajo o, mejor dicho, desde abajo hacia arriba.

Podemos extraer muchos aprendizajes y claves de estas luchas. Una muy relevante surge de la denuncia que las riders hacen del proceso de uberización de la fuerza de trabajo en el marco de la economía de plataforma, maquillado a través de un lenguaje neoliberal que encubre la verdadera relación laboral con discursos de libertad, flexibilidad y sé tu propio jefe. La inexistencia de centros de trabajo (llamados centroides en esta neolengua), que al despido se le llame desconexión o la organización de los tiempos de trabajo a través de algoritmos que, al mismo tiempo, no se registran e impiden garantizar el cumplimiento del convenio, son elementos que complejizan la organización de las trabajadoras. Las y los riders extienden su lucha más allá de lo sectorial planteando la necesidad de un cambio de modelo económico que garantice derechos a todas las personas.

Juntas y diversas: el enfoque y la práctica feminista para cambiarlo todo
Sabemos que nuestras vidas y problemáticas son diversas. Las violencias se superponen y, por lo tanto, es absolutamente imprescindible una mirada interseccional para generar transformaciones reales y hacer propuestas útiles para la vida de las mujeres y del conjunto de la población. La interseccionalidad de opresiones, como herramienta de análisis que desarrolla el feminismo, permite ampliar y complejizar la realidad concreta de las mujeres, generar transformaciones reales y hacer propuestas útiles para el conjunto de la población. El género, pero también el color de nuestra piel, nuestra situación administrativa, el número de ceros en nuestra nómina (si es que tenemos), nuestra orientación sexual o identidad, si tenemos una vivienda o no, determinan las condiciones del acceso al empleo y a derechos y, por lo tanto, jerarquizan unas vidas sobre otras. Por eso, estamos fuertemente convencidas de que las prácticas feministas y sindicalistas deben adaptarse al contexto, apostar por la construcción de alianzas y entender que los sujetos que protagonizan las luchas no se delimitan en un congreso o un paper académico. Se construyen en los procesos que ponemos en pie a través de la práctica, con diálogo y debate. Estando juntas y siendo cada vez más.

Sin las violencias que genera la ley de extranjería, no se puede entender hoy una gran parte de las dinámicas de exclusión y explotación provocadas por sectores económicos que asientan sus beneficios en las condiciones de semiesclavitud que, fruto de las políticas de fronteras, deben aceptar las personas que migran. Entender cómo el racismo institucional atraviesa la vida y las condiciones de empleo de muchas trabajadoras y cómo distribuye el mercado laboral es fundamental para construir feminismos y sindicalismos que pretendan ser verdaderamente transformadores y emancipadores. Como señala Pastora Filigrana: “Mientras haya bolsa de personas en pobreza sin papeles ninguna lucha sindical va a llegar a buen puerto porque siempre tendrán una mano de obra barata y con miedo y explotable con la que intercambiarnos si protestamos”.

Las denuncias de abusos sexuales en Huelva en 2018, interpuestas por un grupo de jornaleras del campo, marroquíes en su gran mayoría, son otro ejemplo de lucha interseccional. Interpelaron directamente a la Administración y a los sindicatos ante el abandono e invisibilización de su proceso, así como al movimiento feminista que había clamado en las calles contra la justicia patriarcal frente a la sentencia del juicio de la manada. Nuevamente recurrimos a la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha para entender cómo actúa la dimensión de clase, de género y de raza en la violencia que se ejerce contra ellas. Ana Pinto, trabajadora del campo y activista de esta asociación, señala: “En Huelva se da toda la explotación posible: racismo (con la explotación de personas migrantes), machismo y destrucción del medio ambiente”. “Todas las vertientes del sistema neoliberal en una comarca”, dice la abogada Pastora Filigrana.

La condición de trabajos esenciales (aquellos sin los cuales es imposible el funcionamiento de la sociedad y la vida de las personas) ha sido un tema recurrente al calor de la crisis generada por la covid-19. Aunque las trabajadoras del sector del hogar y los cuidados llevan años “politizando las ollas, las calles y los delantales”, como señalan nuestras compañeras de Territorio Doméstico (Pimentel et al., 2021), y poniendo encima de la mesa la necesidad de reconocimiento y de derechos laborales, la escasa cobertura social durante la crisis de la pandemia en muchos sectores laborales feminizados demostró los límites de muchas de las llamadas políticas públicas de igualdad. Muchas mujeres, como las trabajadoras domésticas o las trabajadoras sexuales, quedaron fuera de los sistemas de protección que se desplegaron.

Como apuntó Kathi Weeks (2022), así como el marxismo concibió al proletariado industrial como clase revolucionaria capaz de crear un mundo nuevo, los feminismos entienden que, en las formas feminizadas de trabajo (y racializadas, añadimos nosotras), marginadas a la vez que fundamentales para los procesos de valorización capitalista, hay muchas claves para generar experiencias de organización que construyan una colectividad política feminista y anticapitalista, cuyo fin último sea la transformación radical, entre otras, de las instituciones del trabajo y de la familia, como elementos que estructuran el actual orden económico y social.

Si nosotras paramos, se para el mundo. Lo que las huelgas feministas nos enseñaron
Las huelgas feministas internacionales de 2018 y 2019, articuladas en torno a cuatro dimensiones de la actividad y la vida de las mujeres –laboral, estudiantil, cuidados y consumo– son un hito importantísimo para entender el desarrollo de estas formas de hacer y de luchar por los derechos a las que nos venimos refiriendo. En el proceso se elaboró un potente argumentario que ha construido la base de todo el histórico ciclo de movilizaciones feministas de los últimos años. Se asentaron marcos políticos y discursivos que venían de lejos y que impulsaron, en el plano estratégico y organizativo, los movimientos feministas.

Los procesos colectivos de las huelgas fueron un catalizador del hartazgo de muchas mujeres y una propuesta renovadora sobre dos conceptos claves del sindicalismo: trabajo y huelga. El feminismo siempre ha denunciado las limitaciones de la idea tradicional de trabajo porque deja fuera muchas actividades centrales para la economía y la vida que realizan mayoritariamente las mujeres. Las huelgas visibilizaron la necesidad de dinamitar la distinción, en cuanto a reconocimiento y derechos, entre lo que se ha considerado la esfera pública, la de la producción, y la privada, de la reproducción. Si se diferencia trabajo de empleo, el trabajo deja de ser algo específico del ámbito de la producción y se amplía al ámbito de la reproducción social (que incluye los trabajos de cuidados). Estos procesos de movilizaciones feministas pusieron sobre el tapete la realidad de las condiciones laborales y vitales de muchas mujeres, construyendo un mapa propio de conflictos y luchas. La ampliación del concepto de huelga contribuyó a visibilizar algunas de las cuestiones que se venían señalando desde hacía tiempo, recalcando la centralidad de los cuidados y la dimensión económica y social de los mismos.

La ampliación del concepto de huelga contribuyó a visibilizar la centralidad de los cuidados y la dimensión económica y social de los mismos

Las huelgas feministas, que tuvieron un rico recorrido, un contenido trabajado y que dibujaron el horizonte transformador más potente de los últimos años, también nos señalaron algunas paradojas que han abierto importantes y fructíferos debates. Un ejemplo muy evidente fue la dificultad de muchas mujeres que, sintiéndose interpeladas y habiendo participado del proceso, no pudieron secundar la huelga. Cuando cada vez necesitamos hacer más cosas para cobrar lo mismo, cuando de tu puesto de trabajo depende que una persona mayor o una menor sea atendida, cuando no tienes papeles y trabajas sin contrato, el derecho a la huelga, una histórica conquista que le debemos al movimiento obrero, se convierte en un imposible.

Las huelgas fueron sin embargo una experiencia de todas, de las que pararon todo el día o de las que se sumaron desde sus puestos a la manifestación, de las que estaban internas y de las que salían a aplaudir el paso de las compañeras desde sus puestos precarios. Fueron muchas luchas que se articularon bajo una idea potente: si las mujeres paramos, se para el mundo. Con esta idea, las feministas visibilizamos que hay trabajos que no se pueden detener incluso cuando todo lo demás para. Así se ha evidenciado durante la pandemia. La mayoría de estos trabajos y los más precarios los realizan mujeres, especialmente aquellas con menos derechos reconocidos, como son las migrantes y racializadas. Son las últimas de una cadena en la que todas las demás estamos insertas.

El feminismo sindicalista como lugar de resistencia y transformación
Las experiencias del sindicalismo feminista de los últimos años han tenido y tienen un papel inspirador y central en las luchas que los feminismos autónomos y populares han desplegado en este ciclo histórico de movilizaciones feministas. Componen nuevas formas de organización sindical y feminista, cuyas expresiones van mucho más allá de las que hemos podido referenciar en este artículo. No son solo prácticas puntuales, sino también propuestas de autoorganización, de un sindicalismo de base con tramas de apoyo mutuo.

Estas experiencias de feminismo sindicalista están impregnadas de los lenguajes y los modos de hacer de los feminismos de base y de otros movimientos populares (el asamblearismo, la construcción de consensos, el apoyo mutuo). Se nutren también de herramientas tradicionalmente asociadas al sindicalismo, como las huelgas o las cajas de resistencia. Haciendo honor a la mejor tradición disidente de la que forma parte el feminismo autónomo, las hacen suyas, las modifican, las amplían, las reinventan. Articulan un espacio de lucha y de pensamiento que pone el foco en las costuras del sistema económico y productivo, encarnadas en los cuerpos y las vidas de las mujeres, especialmente de las migrantes y racializadas.

Las resistencias primero, y las reticencias después, de los sindicatos mayoritarios frente a la propuesta de huelga feminista evidenciaron en gran medida su incomprensión del alcance de la propuesta feminista y las dificultades que arrastran para incorporar a diversos sectores laborales feminizados y precarios. Esto se debe, por una parte, al concepto de trabajo en el contexto histórico actual: las relaciones productivas, quién o quiénes componen el sujeto de la clase obrera, cómo se construye este y qué validez se da a ciertos conflictos. Pero, por otra parte, se debe a su incapacidad o falta de voluntad para atender las exigencias que expresan algunos colectivos de trabajadoras y para abrir la participación en estructuras que están fuertemente jerarquizadas. Esto ha hecho que tanto las jornaleras como las trabajadoras de hogar hayan expuesto la urgencia por establecer nuevas formas de participación y diálogo en los procesos de negociación de convenios, ya que por ley son los sindicatos los que se sientan en las mesas de negociación. En ocasiones, la confrontación con algunos sindicatos ha sido manifiesta, como lo ha sido también el apoyo de organizaciones sindicales de base con protagonismo femenino y feminista que llevan esto a la práctica. Como dice Ana Pinto, de la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha:

Hemos tenido que aprender sindicalismo sobre la marcha y crear muchas redes para lograr condiciones de vida y trabajo dignas para la clase jornalera (…). Luchamos por cambiar las condiciones de trabajo y de vida de todas las temporeras, para conseguir derechos para todas porque es de justicia y para enfrentar la estrategia patronal del divide y vencerás.

Como se señala desde el colectivo La Laboratoria, que organizó las jornadas “El feminismo sindicalista que viene” (2022): 

Las mujeres, las lesbianas, las trans y todas las que desacatan los ordenamientos patriarcales del género sabemos bien que violencia, extractivismo y explotación no pueden leerse por separado, se anudan siempre de modos complejos, colocándonos una y otra vez al límite, usurpando nuestras energías vitales. Un sindicalismo de nuevo tipo, con claro protagonismo femenino, está emergiendo en estos anudamientos, mezclándolo todo e inventando nuevos modos de plantear el conflicto, pero también nuevas estrategias de autoprotección entre nosotras.

Los feminismos sindicalistas son lugares de resistencia y contestación. Espacios desde los que se van construyendo alternativas a través de sujetos políticos que no siempre han sido reconocidos y nuevas formas de organización sindical. Abren también nuevas preguntas y provocan una rica deliberación sobre las posibilidades y límites de la actual organización y ética del trabajo. 

Vivimos un momento de fragmentación y creciente desánimo, pero creemos que el feminismo, en alianza con otras luchas y movimientos, sigue siendo nuestra mejor herramienta para cambiarlo todo. Como señala Ángela Davis 2/: “El feminismo no es solo una estrategia para superar la opresión basada en el género, sino también contra el racismo, el fascismo, el materialismo o la opresión económica”.

Julia Tabernero Sierra es socióloga y forma parte, entre otros espacios, del movimiento de vivienda y del colectivo Feministas en Acción.
Justa Montero Corominas pertenece a la Asamblea Feminista, Feministas en Acción y La Laboratoria, forma parte del Consejo Asesor de viento surEva Muñoz Moreno es activista feminista y participa en varios colectivos como Feministas en Acción, la Asamblea feminista por un Empleo de Hogar con Derechos y la Comisión 8 de Marzo de Madrid

Notas:

1/https://trainingcenter.unwomen.org/instraw-library/2009-R-MIG-GLO-GLO-SP.pdf

2/ Davis, Angela (2018). Intervención en las jornadas “Mujeres contra la impunidad”, Asociación de Mujeres de Guatemala, 10/2018 (accesible en https://www.publico.es/sociedad/angela-davis-feminismo-arma-potente-luchar-racismo-fascismo.html )

Referencias

Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha (2022) “Informe Jurídico Brigada de Observación” (accesible en -https://jornalerasenlucha.org/wp-content/uploads/2021/02/InformeJuridicoBrigadaDeObservacion-JornalerasDeHuelvaEnLucha.pdf).

La Laboratoria (2022) “El feminismo sindicalista que viene” (accesible en https://m.facebook.com/La-Laboratoria-103301798092312/videos/nuria-soto-el-feminismosindicalista-que-viene/411876339918767/?__so__=permalink&__rv__=related_videos&locale=ne_NP ).

Pimentel Lara, Rafaela; Cisneros Sánchez, Constanza; Caballero Richard, Amelia; Rojo Delgado, Ana (2021) Biosindicalismo desde los territorios domésticos. Nuestros reclamos y nuestra manera de hacer (accesible en Laboratoria.red/publicación/biosindicalismo-desde-los-territorios-domésticos ).

Weeks, Kathi (2020) El problema del trabajo. Madrid: Traficantes de Sueños.

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Qatar-2022: fútbol y esclavismo en un emirato absolutista

Entre el próximo 20 de noviembre y el 18 de diciembre se celebrará el Mundial de fútbol de Qatar, con 64 partidos, el primero de ellos entre la selección del país organizador y Ecuador.

Pero más allá del espectáculo y los negocios, una investigación del periódico británico The Guardian –publicada en febrero de 2021- reveló que más de 6.500 trabajadores migrantes murieron en Qatar desde que –en 2010- logró la concesión para organizar la Copa del Mundo; la mayor parte de los obreros fallecidos procedían de India, Pakistán, Nepal, Bangladés y Sri Lanka.

El informe subraya que en la última década el país árabe impulsó un programa de grandes construcciones, en buena medida destinadas al mundial. Entre las nuevas infraestructuras destacan los estadios de fútbol, aeropuertos, carreteras, hoteles o sistemas de transporte público.

A pesar de estas informaciones, el pasado 14 de noviembre Televisión Española (TVE) anunció que retransmitirá, “con la máxima calidad de imagen”, cerca de una veintena de partidos; se incluye la final, las dos semifinales y aquellos en los que participe la selección española (el programa de TVE Informe Semanal emitió el 5 de noviembre el reportaje Balones fuera, que documentaba “la explotación de miles de migrantes que han construido, por ejemplo, los ocho estadios donde se celebrarán los encuentros”.

Un actor relevante en las denuncias ha sido Amnistía Internacional. Así, el director de Justicia Económica y Social de esta organización, Steve Cockburn, ha pedido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se comprometa a constituir un fondo para la indemnización de obreros migrantes, y “se asegure” de que las personas LGTB no son objeto de acoso ni discriminación; “cientos de miles de trabajadores y trabajadoras han sufrido abusos para hacer posible este torneo”, añadió Cockburn.

Otra fuente de interés es el libro Qatar. Sangre, dinero y fútbol, del Periodista Fonsi Loiza, publicado este mes de noviembre por Akal. El también autor de Florentino Pérez, el poder del palco (Akal, 2022) dedica un apartado del ensayo a los patrocinadores del mundial “de la vergüenza”; detalla que la FIFA espera lograr más de 1.400 millones de euros por patrocinios en Qatar.

Entre los sponsor de la Copa del Mundo se hallan firmas como Crypto.com; las estatales Qatar Energy y Qatar Airway; McDonald’s; la tecnológica china Vivo; la cervecera Budweiser; Visa; Adidas; Coca-Cola; Hyundai y Kia (surcoreanas de automóviles); y la multinacional china Wanda.

El texto de 138 páginas, editado en la colección A Fondo que coordina el periodista Pascual Serrano, subraya la doble moral tanto del país organizador como de las empresas financiadoras; según el autor, “Qatar, donde el azar y el alcohol están prohibidos por temas religiosos, permite patrocinadores de cervezas y criptomonedas; a la vez que despedía a 260 trabajadores de su plantilla por la caída del mercado de la estafa piramidal de las criptomonedas, el portal Crypto.com de Singapur se convertía en patrocinador oficial del mundial”.

En la liga de fútbol qatarí (club Al Rayyan), disputó  19 partidos en la temporada 2003-2004 el exdefensa del Real Madrid Fernando Hierro; el expresidente del Fútbol Club Barcelona (2010-2014), Sandro Rossell, llegó a cobrar 2.000 euros diarios en concepto de asesoramiento al mundial de Qatar, detalla Fonsi Loaiza; el exentrenador del Real Madrid e internacional francés, Zinedine Zidane también cobró por ejercer como embajador del mundial de 2022; asimismo se desempeñaron como futbolistas en este país los actuales técnicos del F.C. Barcelona y Manchester City, Xavi Hernández y Pep Guardiola.

Un planteamiento diferente es el del exinternacional francés y futbolista del Manchester United entre 1992 y 1997, Éric Cantona, quien afirmó: “Han muerto miles de trabajadores construyendo los estadios. Es horrible. Y a pesar de ello vamos a celebrar el mundial allí”.

O del actualmente centrocampista titular del Real Madrid, Toni Kroos, quien realizó la siguiente síntesis: “Están sometidos a jornadas sin descanso a 50 grados sin agua potable ni alimentación. No tienen cobertura médica y existe violencia contra ellos (…); hay cosas inaceptables como que se persiga la homosexualidad penalmente”.

Basándose en un informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas (2020), Tendayi Achiume, el autor de Qatar. Sangre, dinero y fútbol señala que puede constatarse en este país un sistema de castas y racismo estructural; de hecho, añade Fonsi Loaiza, la protección de los derechos humanos se limita a los ciudadanos occidentales y nacionales de Qatar, frente a los trabajadores explotados del sudeste asiático o africanos.

Otro aspecto relevante es que en el emirato absolutista los obreros no tienen derecho a la huelga, ni a la afiliación en sindicatos, y a los trabajadores migrantes “se les exige una sumisión absoluta al patrón”, subraya el doctor en Medios de Comunicación, que cuenta con cerca de 182.000 seguidores en la red social Twitter; se da la circunstancia que muchos de estos trabajadores han tenido que abonar entre 400 y 1.500 dólares a agencias de contratación de Estados Unidos e India, que se lucran con el mercadeo.

Además en el texto de Akal se hace mención a la kafala (“patrocinio” en lengua árabe), por el que un obrero ha de contar, para cambiar de empleo, con el permiso del contratador; el emirato regido por la dinastía Al Thani, que se independizó del Reino Unido en 1971, alardea de la abolición de la kafala, pero Loaiza recuerda –a partir de las denuncias de Amnistía Internacional- que la explotación laboral y los abusos continúan vigentes en Qatar.

En un país de 11.600 kilómetros cuadrados (dimensiones similares a la región se Murcia), y con una población de cerca de tres millones de habitantes -de los que más del 80% son inmigrantes-, el incremento de la población extranjera ha dado lugar a un acusado cambio demográfico (Qatar es el único país del mundo en que la inmigración alcanza estas proporciones).

Ejemplo de la situación en la que viven estos “esclavos del siglo XXI” es que el patrón les puede confiscar el pasaporte, y no dejarles que retornen a su país. En condiciones similares trabajan las empleadas inmigrantes domésticas, “que sufren todo tipo de explotación” (cerca 175.000 mujeres desarrollan esta labor en el estado qatarí); “pese a las reformas introducidas, se incumplen los contratos y estas criadas trabajan una media de 16 horas al días todos los días de la semana”, concluye el autor del texto.

Fuente: https://rebelion.org/qatar-2022-futbol-y-esclavismo-en-un-emirato-absolutista/

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La evaluación interna en la escuela: ¿está bien enfocada?

Por: Albano De Alonso Paz

Es necesario repensar los planes de evaluación y mejora hacia la reflexión interna basada en la escucha, a la búsqueda de soluciones contextualizadas y a la identificación de los signos de marginación y vulnerabilidad en el origen, con el fin de detectar esos factores endógenos y exógenos que inciden en la merma del aprendizaje y que deterioran la convivencia escolar

En el sistema educativo, a veces siento que se planifican y se gestionan determinadas cosas al revés. Una de ellas es el proceso de evaluación institucional dentro de la propia escuela, de lo que se habla muy poco. De hecho, cuando se construyen los planes de mejora o las evaluaciones internas, casi siempre queda fuera el análisis del grado de marginación que viven determinados estudiantes en los centros escolares, que tanto afecta al rendimiento. Y eso me lleva a pensar: ¿Son realmente útiles estos planes tal y como están enfocados?

Cuando se elaboran estos documentos se toman como base pautas ofrecidas desde fuera, por las administraciones, y están construidos, de esa manera, con criterios hegemónicos de normalización o estandarización: “Quien no se adecua a la identidad normalizadora institucional es excluido, no es reconocido como sujeto” (Calderón, Calderón y Rascón, 2016, p. 54).

De esta situación surge la necesidad de repensar estos procesos, que los equipo pedagógicos ven también como una carga burocrática más que no conduce a nada. Así, un paso interesante podría esbozar en dichos planes indicadores no desde la perspectiva del éxito que hay que alcanzar para la rendición de cuentas ante jerarquías superiores como, por ejemplo, la inspección (las tasas de éxito, de idoneidad, etc.), sino desde la mirada de los alumnos que son clasificados a causa de su diversidad en categorías prefijadas por una institución que sigue aferrándose a modelos hegemónicos. Se trata de reconstruir, así, un modelo que también vuelva la atención hacia quienes transitan casi invisibles a través de su recorrido educativo, a causa de la presión que ejercen sobre ellos distintos mecanismos del sistema, muchas veces en forma de barreras simbólicas, y a pesar de todo lo cual solo hacen acto de presencia para perpetuar a su alrededor la visión negativista que se tiene de su aportación al sistema educativo.

El debate público alrededor de la ESO en los últimos años se lleva a cabo con gran desconocimiento de las situaciones particulares de muchos de sus principales actores: ese alumnado de la educación básica que aparece como convidado de piedra o como pretexto para un debate siempre instrumentalizado políticamente. También hay una construcción mediática de este alumnado que se dibuja de forma fatalista, con una profecía en negativo que forzosamente se ha de cumplir: sus déficits como algo generalizable e inmutable. (Hernández y Tort, 2009, p. 8)

Estos, de forma habitual, se pierden una vez salen de la escuela, ya sea tras haber finalizado los estudios o cuando se ven obligados a marcharse sin obtener el título de la ESO; se difuminan tras haber visto transcurrir a su alrededor una maraña de medidas y acciones físicas, materiales y humanas que tratan de derribar –muchas veces de manera estéril y ante la incapacidad de una escuela desbordada y sin apoyos– todo signo de desigualdad, pero que se quedan en el intento: los esfuerzos se destinan al afán por detectar barreras en donde docentes, estudiantes y familias tienen casi imposible intervenir (Booth y Ainscow, 2015), ya que muchas de ellas pertenecen al aparato estructural.

La presencia, por lo tanto, en los mecanismos de evaluación periódica de las escuelas, de procesos de evaluación entendidos de otra manera (no desde la culminación estandarizada del éxito sino a partir de la identificación precoz de las señales de marginación o vulnerabilidad) puede servir de aliciente renovador para animar a las comunidades educativas, a través de la cooperación entre todos sus componentes, a explorar a través de una práctica reflexiva esa precariedad oculta que no se presenta en cifras o en un análisis simplista que defienda intereses partidistas, sino en la narración de cualquier persona con vinculación a este entorno y que de una manera u otra forman parte de la educación.

Para ello, tiene que prestarse especial atención al relato de las propias vivencias de los afectados que además cargan con el sentimiento de culpa al sentirse fracasados o inadaptados, lo cual marca muchas veces su progreso en los programas compensatorios para los que son propuestos (Escudero y Martínez, 2012), decisiones que hasta cierto punto pudieran ser justificables ya que, como expresa Seibold, “algunos de estos métodos permitirán conocer mejor las experiencias de los alumnos, que son la base de la adquisición de nuevos saberes realmente significativos en la escuela.” (2000, p. 231): al fin y al cabo, una propuesta más flexibilizada de los currículos y una atención escolar con unas ratios más reducidas favorecen las estrategias de trabajo colaborativo y un aprendizaje dialógico y más interactivo. Sin embargo, esto muchas veces no es suficiente: falta revisar esos procesos de evaluación institucional de los que hablo.

Para su eficacia, una propuesta de indicadores que oriente el trabajo de los centros a través de la ruptura de métodos de estudio tradicionales y contribuya a rescatar del abandono a este alumnado, no solo tiene que ser adaptable a los contextos en los que vayan a llevarse a cabo, sino que tiene que germinar de estos, ya que esas personas y esas acciones pedagógicas forman parte de ese ecosistema escolar y social que siempre será particular y diferenciado.

Ese debate, que debe darse en los claustros, comisiones de coordinación pedagógica, equipos de ciclos, etc., tiene que representar un primer paso en el diseño de una educación contra el abandono que nazca desde dentro del centro educativo, y no porque nos lo pidan desde fuera: la definición de los signos contextualizados de marginación escolar que forman parte del día a día de la escuelas, debe empezar, así, en la experiencia de cada centro, de sus aciertos y errores en la práctica cotidiana. La costumbre de importar modelos o acciones de mejora de un contexto a otro, por lo tanto, tampoco será válida a la hora de esbozar indicadores para identificar la marginación educativa.

Esto tiene consecuencias importantes, porque invalida la pretensión de implantar en un determinado contexto de “paquetes de reformas o medidas”, importadas de un modelo educativo y de un contexto diferente, sin tener en cuenta las condiciones locales, o trasplantar sin más los modelos de eficacia y mejora generados en otros sistemas educativos totalmente diferentes.

Esos indicadores, además, tendrían que formalizarse -a través de niveles o grados de consecución si se quiere- en una mirada compartida que se realice en diferentes momentos de una etapa o curso escolar (por ejemplo, al principio de curso, en las memorias finales o cada vez que se hagan los correspondientes análisis del rendimiento por parte de los diferentes órganos o colectivos), ya que, como afirma Bolívar, “el rendimiento de cuentas por niveles de consecución requiere el desarrollo de una práctica de mejora escolar continua, un cuerpo de conocimientos acerca de cómo incrementar la calidad de la práctica docente y estimular el aprendizaje de los alumnos”. (2003, p. 8).

En definitiva, se trata de repensar los planes de evaluación y mejora, dejándolos de concebir como procesos fiscalizados destinados a esa rendición de cuentas, y dirigirlos, en cambio, hacia la reflexión interna basada en la escucha, a la búsqueda de soluciones contextualizadas y a la identificación de los signos de marginación y vulnerabilidad en el origen, con el fin de detectar esos factores endógenos y exógenos que inciden en la merma del aprendizaje y que deterioran la convivencia escolar, hasta el punto de convertir el periplo escolar de muchos estudiantes en un tortuoso camino hacia la exclusión social.


Referencias

Bolívar, A. (2003). «Si quiere mejorar las escuelas, preocúpese por capacitarlas». El papel del rendimiento de cuentas por estándares en la mejora. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 7 (1-2). Recuperado de http://www.ugr.es/~recfpro/rev71ART4.pdf

Booth, T.; Ainscow, M. (2015). Guía para la Educación Inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares. Madrid: FUHEM.

Calderón, I., Calderón, J.M. y Rascón, Mª T. (2016). De la identidad del ser a la pedagogía de la diferencia. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 28 (1). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Escudero, J. M. y Martínez, B. (2012). Las políticas de lucha contra el fracaso escolar: ¿programas especiales o cambios profundos del sistema y la educación? Revista de Educación, número extraordinario 2012, 174-193.

Hernández, F. y Tort, A. (2009). Cambiar la mirada sobre el fracaso escolar desde la relación de los jóvenes con el saber. Revista Iberoamericana de Educación, 49 (8). Recuperado de http://www.rieoei.org/deloslectores/3109Hernandez.pdf.

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