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Reforma educativa: implementación, implementación, implementación

Blanca Heredia

Elevar la calidad educativa es, sin duda, un propósito encomiable, además de indispensable para sobrevivir y prosperar como colectividad independiente. El problema es cómo hacerlo realidad. Cómo traducirlo, en suma, en decisiones puntuales y procesos política y administrativamente operables, capaces de detonar los cambios de conducta requeridos para que los niños y los jóvenes mexicanos consigan tener mejores vidas y contribuir a que todos tengamos un país más vivible y posibilitador.

El gobierno que actualmente dirige los destinos de los mexicanos fue capaz de sumar voluntades a favor de transformaciones constitucionales y legales encaminadas a lograr mejores aprendizajes para los alumnos.

A toro pasado se dice fácil, pero lograrlo requirió habilidades de negociación y convencimiento poco frecuentes. Ello, especialmente, si se toma en cuenta el costo político de desmontar la “simbiosis atípica” entre gobierno y sindicatos magisteriales que caracterizó durante largas décadas el régimen político-mexicano y el hecho de que el electorado nacional hace tiempo dejó de conceder mayorías absolutas que le permitiesen a una sola fuerza política decidir cursos de acción posibles sin negociar y ponerse de acuerdo con otros.

La cuestión, sin embargo, es que una cosa es conseguir acuerdos cupulares entre las principales fuerzas políticas del país en torno a un asunto políticamente rentable para todas ellas y otra, muy distinta, arremangarse, como gobierno, y hacer dichos acuerdos operables en la realidad concreta de burocracias mastodónticas y de intereses privados y de grupo, además muy poderosos, profundamente resistentes a los cambios acordados en la cima.

Para cambiar la forma en la que las escuelas de un país enseñan (qué enseñan, cómo lo hacen y qué tan efectivamente lo hacen) no bastan los acuerdos entre las elites políticas. Esos acuerdos resultan indispensables, pero no son suficientes para transformar el sistema educativo de un país. Para que los cambios ocurran en los hechos, hace falta que las miles de personas que integran ese sistema se comporten de forma distinta. Resulta clave para ello, en concreto, que a los burócratas educativos les importe y les vaya la vida en que los alumnos aprendan bien cosas significativas y distintas a las que han sido, históricamente, la norma; que a los maestros y directivos escolares les interese y los motive que sus estudiantes se empoderen; y que para los padres de familia tenga sentido involucrarse en lo que los ocurre a sus hijos en la escuela más allá de los diplomas conseguidos al final de un determinado ciclo escolar.

En el caso de la reforma educativa iniciada en México en el 2013 hay muchas cosas celebrables. Destaca, entre ellas, la intención clara y centralísima de re-alinear la estructura de incentivos que vincula la profesión docente con la tarea de ofrecer una educación de calidad para un país democrático en un mundo globalizado (hacer del mérito y no de la lealtad sindical el eje del acceso, la promoción y la permanencia en un cargo docente). El nudo gordiano, el problema clave no resuelto hasta el momento, ha sido la manera de traducir esa intención acertada en decisiones, procesos y rutinas capaces de aterrizar ese propósito en resultados concretos y sostenibles en el tiempo.

Destacan entre las fallas de instrumentación de esa reforma las siguientes.

En primerísimo lugar, la ausencia de una visión con la fuerza para darle contenido, forma, sentido y tracción emocional a la reforma. De una propuesta, en suma, capaz de sustituir la visión de Vasconcelos- útil por muchas décadas, pero hoy obsoleta- de mexicanos idénticos unos a los otros y sumisos frente a sus mandamases.

Segundo y absolutamente clave, la falta de un horizonte de crecimiento profesional concreto para los docentes mexicanos. De una trayectoria, esto es, distinta a la mera incertidumbre de la evaluación recurrente -frente a las viejas certezas de la lealtad, la herencia o la compra- y a la improvisación en materia de formación continua que es, hasta la fecha, lo que la reforma ha implicado para los maestros. Lo que se requiere, en concreto, son oportunidades de formación serias, en particular para maestros de educación básica y seguridad de mejores compensaciones salariales permanentes por buen desempeño en la función docente.

Tercero, las deficiencias en la comunicación relativas a la reforma, así como en los incentivos asociados con su instrumentación efectiva de parte de las autoridades federales a las autoridades educativas estatales. Los cambios han sido muchos, muy grandes y demasiado frecuentes y abultados. Si se quiere avanzar de veras, haría falta menos prisa, menos iniciativas al vapor, más tiempo y recursos para lograr que la reforma educativa cuaje.

 

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/reforma-educativa-implementacion-implementacion-implementacion.html

Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2014/02/07/52f4ab3444e69.jpg

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Derechos Humanos

Eco Portal

En la cultura Economicista que nos impone el Neoliberalismo y que ha predominado durante las últimas décadas, es muy común tender a acotar las necesidades humanas a la mera satisfacción de carencias, como el abrigo, la salud o el alimento. Sin embargo, esa es solo una parte de nuestras necesidades y si bien son muy importantes, sería muy perjudicial que no tuviéramos en cuenta la existencia de las demás.

Los Seres Humanos necesitamos contar con los alimentos, el abrigo y las medicinas que aseguren nuestra Subsistencia; con la educación y el cuidado que aseguren el desarrollo del Entendimiento en un entorno de Protección y Afecto. Pero allí solo comienzan nuestras necesidades. Para realizarnos como personas y para que nuestro paso por esta vida no se limite a una cuestión de supervivencia, debemos satisfacer muchas otras que el poder trata por todos los medios que olvidemos, releguemos o subestimemos.

Las personas tenemos necesidad de Participar, porque somos seres sociales y participando se potencian nuestras posibilidades de lograr objetivos comunes.

También necesitamos tener una Identidad propia, con nuestros propios símbolos, lenguajes, nuestras propias costumbres y culturas; que se van creando a lo largo de los años con la historia de cada pueblo.

Además precisamos Crear, utilizando nuestra imaginación e inteligencia para inventar, construir y diseñar nuevas formas de satisfacer nuestras necesidades para que aun creciendo nuestra población de la forma en que lo está haciendo, podamos enmarcar la vida en un desarrollo ambientalmente sustentable en lugar de mantener este desarrollo insostenible en el que gran parte de la población «está de mas» y que está devastando el Planeta llevándolo a la destrucción.

Son muchos otros los Derechos Humanos que hacen a la Calidad de Vida y que aquí nos quedarán sin mencionar, pero hay uno muy importante y que pocas veces se tiene en cuenta en toda su magnitud, es la Libertad. Libertad significa poder elegir lo que haremos con nuestras vidas y las de nuestros hijos hasta que estos tengan la posibilidad de tomar sus propias decisiones.

Significa nacer y crecer todos con los mismos derechos y las mismas posibilidades ante la vida que nos espera. No con las capacidades disminuidas por no haber recibido los alimentos mínimos necesarios, los cuidados a nuestra salud y el afecto que necesitamos en los primeros años de vida, o por no haber tenido acceso a la educación.

De esa Libertad, la mayoría de los que habitamos en pueblos del Tercer Mundo no gozamos ni gozaremos hasta que comprendamos que debemos abandonar la racionalidad económica y enfocar el desarrollo humano teniendo en cuenta todos nuestros Derechos y no solo los que tratan de imponernos como «básicos» para que nos ocupemos después o nunca de los demás.

 

Fuente del articulo: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Derechos-Humanos

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Niñas y niños presentes desde 1º de preescolar

Julieta Guzmán

La educación preescolar tiene el potencial de reducir la brecha de habilidades cognitivas y lingüísticas que se observan entre las niñas y niños provenientes de contextos de bajos recursos y los que crecen con menos carencias (Jarillo, 2014). La falta de atención o la atención con baja calidad durante esta etapa tiene consecuencias difíciles de redimir en años posteriores.

En México, desde el ciclo escolar 2008-2009, son obligatorios tres años de educación preescolar, de los tres hasta los seis años de edad.

Después de ocho años, los resultados nos muestran que todavía sólo tres de cada diez niños de tres años llegan a los jardines de niños a nivel nacional (ICRE, 2016). Existe una gran área de oportunidad aún con respecto a la atención; las entidades deben esforzarse más en entender por qué las niñas y los niños no están llegando a las escuelas preescolares.

Es necesario que las entidades redoblen esfuerzos para incrementar la cobertura, pero esto es sólo un primer paso. Las entidades tienen la responsabilidad de asegurar la calidad del servicio que brindan a las niñas y niños en preescolar. Un sistema educativo de calidad se caracteriza por tener como eje de todos sus esfuerzos el derecho a aprender.

El derecho a aprender es un derecho habilitante: abre la posibilidad de aprender y de seguir aprendiendo, de ser y crecer y de ejercer otros derechos. El derecho a aprender exige que la educación sea doblemente incluyente. La primera inclusión se refiere a lograr trayectorias completas: que niñas, niños y jóvenes permanezcan más horas, más días y años en la escuela para que todos alcancen por lo menos el bachillerato. La segunda inclusión requiere que dicha trayectoria sea exitosa, de manera que todas y todos logren un aprendizaje integral, adecuado y suficiente para poder participar como ciudadanos globales y continuar aprendiendo a lo largo de su vida.

Uno de los factores más importantes para el logro de los aprendizajes –por ende para el ejercicio del derecho a aprender- son los docentes. En preescolar, de los maestros que se presentaron a la evaluación de permanencia, sólo uno de cada cien se ubica en el nivel destacado (CNSPD, 2015). Este dato señala las deficiencias del sistema de formación docente. Es obligación URGENTE de las entidades ofrecer programas y oportunidades de aprendizaje profesional docente.

Cuando hablamos de oportunidades de formación docente, hablamos de una oferta dirigida a las habilidades y competencias que cada profesional debe desarrollar para seguir aprendiendo y mejorar cada vez su trabajo cotidiano. Las entidades deben acercarse a los docentes, observar su práctica, y de manera conjunta, definir cuál es la mejor propuesta para su formación.

El ejercicio del derecho a aprender requiere también de condiciones dignas. La existencia de servicios básicos como agua, luz eléctrica y drenaje son imprescindibles en un inmueble escolar porque, además de apoyar al derecho a aprender, protegen otros, como el derecho al bienestar, la seguridad y la protección, y la salud. A nivel nacional nueve de cada diez preescolares cuentan con sanitarios, sin embargo existen entidades como Chiapas en las que cuatro de cada diez escuelas no cuentan con este servicio básico (CEMABE, 2013).

Además de excelencia en la formación de las personas que acompañan su aprendizaje y condiciones dignas, los niños necesitan libertad y tiempo para jugar como bien señala Kay Redfield Jamison. El juego es la mejor manera para aprender; sin embargo, en México sólo seis de cada diez preescolares cuentan con espacios recreativos (CEMABE, 2013). Este dato es relevante, pero insuficiente para saber si las niñas y niños de tres a cinco años están aprendiendo a través del juego.

Necesitamos saber más sobre cómo están aprendiendo las niñas y niños. Es tarea no sólo de las autoridades, sino también de los investigadores y de la sociedad civil organizada trabajar en generar indicadores suficientes para saber si las niñas y niños están aprendiendo y cómo lo están haciendo. El derecho a aprender desde la temprana edad es responsabilidad de todos.

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ninas-y-ninos-presentes-desde-de-preescolar.html

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La importancia de los espacios verdes en las ciudades

Cristián Frers

Los parques  son elementos claves para mantener una buena calidad de vida y favorecer el placer de las personas: una  ciudad que no pueda ofrecer suficiente cantidad de  estos espacios públicos  homogéneos -proporcional al número de personas- se convierte en un hábitat que conspira contra su bienestar.

Construir una ciudad que merezca vivirse y lograr una forma de vida  confortable debe tener entre sus ejes estratégicos esas áreas  verdes. Algunas  se desarrollan por acción natural; otras son creadas por el hombre que impulsa el cultivo de las plantas con un fin. El ser humano  incide en el desarrollo o el declive  de ellas,  que surgieron naturalmente y no fueron plantadas.

Si se compara la cantidad de plazas públicas respecto a  otras  de América latina, nuestra capital  sale perdiendo: en un ranking de diez ciudades, elaborado por la ONU, incluidas México DF, San Pablo y Santiago, de Chile, quedó en penúltimo lugar, con 6 mts2 por habitante. Sólo Lima queda detrás, con dos mts2. La proporción bajó de 6 mts2 en el 2006 a 5,9 mts2  en el 2014. Parece  poca la diferencia pero, como el número ya es muy bajo es importante para prestarle atención.

En un año perdió 26.5 hectáreas mientras  sumó 1.8 hectáreas en plazas . Los barrios con más parques son: Puerto Madero, San Nicolás, Retiro, Montserrat, San Telmo y Constitución. Los barrios con menos áreas plantadas son Almagro y Boedo.

En el gobierno, el Ministro de Ambiente Eduardo Macchiavelli, admitió la falta de espacios verdes pero destacó que sería uno de los aspectos por mejorar durante su gestión.

La importancia de contar con la suficiente cantidad recae en cumplir, para así cuantificar y valorar las bondades ecológicas de la existencia  de árboles y de plazas   conocer la calidad ambiental de un área urbana.

El déficit  que presentan tantas ciudades argentinas obedece a no  haber acompañado el desarrollo urbano. La falta de inversión en espacios verdes se ve  en destinar menos sitios para aumentarlos.

A algunos gobiernos municipales les cuesta concebir esta sencilla regla: al aumentar la densidad de la población,  las plazas  ven desbordada en su capacidad, lo cual requiere la necesidad de construir otras. La importancia de  ellas en las urbes radica en los efectos positivos que tienen sobre la población, efectos que pueden manifestarse en el ámbito social: en la conciencia ambiental, en el  bienestar sociocultural y  en la salud psíquica y física de los ciudadanos.

Entre los servicios ambientales que estas áreas verdes urbanas prestan a la ciudad tenemos: la captación de agua pluvial, la generación de oxígeno, la disminución de los niveles de contaminantes en el aire; la disminución de los efectos de las llamadas “islas de calor”; el amortiguamiento de los niveles de ruido; la disminución de la erosión del suelo, además de representar sitios de refugio, protección y alimentación de la fauna silvestre.

El centros de recreo al aire libre debe encontrarse en relación con  otros elementos construidos de tal forma que un individuo pueda desplazarse dentro de una ciudad trasladándose de un punto al otro en ómnibus, subte, en bicicleta, a pié o corriendo, gozando de la vida al aire libre, lejos de los ruidos, de la  polución, donde se escuche los sonidos de la naturaleza, en la medida que avanza la formación de microclimas y ecosistemas que limpien nuestra alma.

 

Fuente del articulo: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Habitat-Urbano/La-importancia-de-los-espacios-verdes-en-las-ciudades

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Y los estudiantes ¿cuándo?

Mayra Castañeda

Se dice que la educación es el motor de la transformación social, pero en realidad esta frase abarca un sinfín de procesos, espacios, instituciones y actores. La educación no sólo es tarea de la escuela y eso lo debemos dejar muy claro. Cuando un niño nace está al cuidado de sus padres. No podemos seguir pensando, como se hacía en los siglos XVIII y XIX que un niño es un recipiente vacío. Cada pequeño ser que nace en nuestro planeta ya viene con una importante carga genética, viene con ciertos rasgos de carácter, con intereses, con habilidades y aptitudes. Cuando sus padres lo empiezan a formar lo introducen en un mundo cultural y social. Los niños tienen los primeros acercamientos con su futuro, o lo que se espera de ellos, a través de su círculo social más íntimo.

“Estamos hechos de educación” dice Villarini y si volteamos a nuestro alrededor nos podremos dar cuenta que todo lo que está aquí, todo lo creado por el hombre, las sillas, las mesas, los edificios, la televisión, la ropa que traemos puesta, fue, en principio una idea, ya después de materializó. Los seres humanos creamos nuestro mundo en base a ideas y estas ideas entran, en su mayoría, por lo menos las fundamentales, las que nos darán los cimientos de nuestra vida futura, en la primera infancia.  Así pues, los autores principales de esas ideas son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos, hermanos, gente que conocemos antes de entrar a la escuela.

Hoy en día ese círculo cercano también está constituido por los medios de comunicación. Un niño reconoce primero una marca en televisión que una de las letras del abecedario, ya sabe qué refresco le gusta, que marca de  alimento para bebé prefiere, que tipo de pañales usa antes de haber pisado una escuela. Así reproducimos y transmitimos nuestra cultura, como una construcción colectiva en la que los primeros aportes se dan en el hogar o con quienes se conforma el primer círculo social del infante.

No podemos perder de vista este elemento, la familia y los medios de comunicación, no sólo la televisión, ahora también el internet y los teléfonos celulares o móviles, entran en la vida de nuestros niños y niñas mucho antes de conocer a su primer maestro o maestra.

La escolarización no debería ser confundida entonces con la educación como un proceso formativo integral donde tienen que ver los padres, los medios de comunicación, los gobiernos, los pares (compañeros), los propios sujetos de este proceso y desde luego las instituciones educativas en su conjunto (que están conformadas por maestros, autoridades, directivos, administrativos, etc.). ¿En qué momento comenzamos a confundir estos términos?

En México el estado se hace responsable de la educación pública con una visión y una fuerza inusitadas,  posteriormente a la revolución, en la gran cruzada alfabetizadora, nombrada por José Vasconcelos como las “misiones culturales” el organismo que ejerce el control de la política educativa hasta ese momento se llama Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes; el 3 de octubre de 1921 nace la Secretaría de Educación Pública, con el afán de extender sus funciones a todo el territorio nacional, pues, hasta el momento, sólo tenía acción en la Ciudad de México. En esta intención de abarcar un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, en una naciente federación, se empieza a diluir el término y las responsabilidades.

Los campesinos y obreros envían a sus hijos a las instituciones públicas en el ánimo de sumarse al inflamado nacionalismo y construir patria para todos. En ese momento no se podía prever que esta tendencia terminaría por tergiversar las funciones y desaparecer prácticamente la corresponsabilidad en el desarrollo de niños y  jóvenes.

He tenido la oportunidad de conocer diferentes sistemas educativos de Latinoamérica y puedo decir que en la mayoría se manifiesta este mismo desafío ¿quién es responsable de la educación? En Colciencias, durante un conversatorio, en la ciudad de Medellín, Colombia, me manifestaban alarmados los investigadores: “la escuela se ha convertido en el gran vertedero, todo lo que la autoridad requiere tiene que caer en la escuela, los padres sólo ven una forma de tener a sus hijos contenidos durante varias horas al día”. Esta misma inquietud me la han compartido maestros de Chile, de Panamá, de Puerto Rico, de Durango, de Nuevo León, de Yucatán, de Sonora, de Guerrero, quienes tienen la visión muy clara de que a la escuela se le ve sólo como la guardería, el lugar donde se encuentran los hijos mientras los padres trabajan, ¿quién es el responsable del proceso educativo?

Todos sabemos, y los medios de comunicación se han encargado de magnificarlo, del llamado “desastre educativo”, la escuela pareciera una institución a punto de colapsar, los “maestros no sirven” ¿es esto cierto? Cuando algo va mal, como una tendencia natural, buscamos culpables y en la escuela el actor más visible es el docente porque no podríamos culpar a los estudiantes ¿verdad? Nos gusta imaginar que nuestros niños y jóvenes no tienen ninguna responsabilidad, que son sujetos vacíos, vulnerables, expuestos a los designios de los mayores, de hecho nos gusta nombrarlos con una palabra que los desposee totalmente de control sobre los sucesos que acontecen en el espacio escolar “alumnos” (de la raíz griega luminis, a-luminis, sin luz).

Parecieran, o nos gustaría creer, que ellos no cuentan con la suficiente capacidad para incidir en su propia formación. Las autoridades (a través de un grupo de “expertos”) determinan cuáles serán los currículos que se manejarán, los contenidos y los modelos educativos a emplear, los maestros, quienes damos por sentado tienen la suficiente capacidad y preparación para ello, deberán implementar esos currículos, utilizando diversas metodologías y didácticas pero siempre de acuerdo a un gran plan nacional educativo. Hasta ahí las funciones parecen clara y los actores bien delimitados, pero esta es una visión simplista de un tema muy complejo.

¿Qué de todo esto es cierto? ¿Los estudiantes llegan “vacíos” a la institución educativa? ¿No tienen intereses, preferencias y derechos que ejercen cotidianamente?¿Es cierto, como damos por sentado, que tienen la disposición para colaborar con su propia formación? Y aquí me gustaría hacer mención de los “Derechos imprescriptibles del estudiante” de Pennac (1991):

“El derecho de no estar atento constantemente.
El derecho a su conciencia.
El derecho a no aprender lo que tiene sentido.
El derecho a no obedecer entre seis y ocho horas al día.
El derecho a moverse.
El derecho a no cumplir todas sus promesas.
El derecho a no gustarle la escuela y a decirlo.
El derecho a elegir con quien quiere trabajar.
El derecho a no cooperar en su propio proceso.
El derecho a existir como persona. “

Este manifiesto tiene mucho más que ver con la realidad que con el mundo idílico que construimos en el que todas las condiciones son ideales y nuestros estudiantes responden a los lineamientos en los que se basan la mayoría de las políticas educativas.

Y hablando de políticas educativas ¿Las autoridades educativas realmente estructuran los programas educativos nacionales en base al beneficio común y a las necesidades de la nación o responden a otros intereses?, tampoco hay que dejar de lado otros aspectos ¿Los maestros cuentan realmente con la preparación, profesionalismo, condiciones materiales y laborales  para ejercer sus funciones de manera adecuada? Y en todo este complejo sistema ¿las condiciones del contexto (económicas, familiares, sociales, culturales) son las adecuadas para que esta intencionalidad de una educación de calidad pueda ser puesta en marcha en un país como el nuestro?

Cualquiera que haya estado en un aula, ya sea de alguna institución pública o privada, sabrá que las cosas no son tan simples. Que cuando llega una orden “de arriba”, una nueva reforma, la aplicación de un acuerdo o peor aún, un cambio de modelo educativo, viene un fuerte desequilibrio.  Tal vez estamos sobrevalorando a la escuela como institución, quizá funcionamos con una imagen infantil de ese mundo ideal, quizá no todas las respuestas deban venir del sistema educativo. La escuela no está en posibilidades, en este momento, de garantizar el futuro de un niño que ingresa en ella, no puede asegurarle a sus padres que ese niño, por cursar, 9, 12, 15 o 20 años de escolarización llegue a tener un buen trabajo, no puede aventurarse a afirmar que ese niño, al cabo de su proceso y al llegar a la edad adulta se sienta pleno y feliz aún cuando haya tenido una trayectoria exitosa en su interior; entonces ¿qué podemos ofrecer?

Los padres se han convertido en un censor, en un patrón tirano que espera resultados sin la más mínima disposición (no en todos los casos pero si en muchos) a colaborar en el proceso de sus propios hijos; exigen que la escuela cumpla con mantenerlos seguros, que los prepare para el futuro, que los forme y que los mantenga alejados de la “contaminación ambiental”; pero por más que la escuela ha intentado convertirse en una burbuja lo cierto es que no puede actuar de manera aislada, nuestros niños y jóvenes de esta era de la información se encuentran expuestos constantemente a estímulos electrónicos, a una inmensa cantidad de información que no alcanzan a procesar y que no podemos controlar. Sumado a esto está esa parte del imaginario social que se ha construido a fuerza de la intervención de los medios de comunicación masiva y que simplifica la ecuación: educación=escuela; escuela=maestros.

El resultado es: si la escuela ha fracaso es responsabilidad de los maestros. Pero ¿Quién forma a los maestros? ¿Quién los elige? ¿Quién cedió espacios de decisión a los organismos sindicales docentes a cambio de control electoral?

Este es un buen momento para que cada quien asuma sus responsabilidades y ponga en orden su espacio, la autoridad educativa, al parecer, eso intenta, habrá que ver en la práctica que sucede; los maestros, por lo menos los comprometidos, día a día han intentado enfrentar una batalla que no es sólo de ellos pero en la que han quedado abandonados ¿y los padres de familia, los medios de comunicación, la sociedad en su conjunto, qué están haciendo?

Es momento de empezar a asumir compromisos y reinventar una escuela que, aclarémoslo, no ha sido fallida, sino que ya no responde a las necesidades para las que fue creada porque nuestra sociedad, nosotros, los seres humanos, hemos cambiado, no podemos seguir dejando de lado a los actores principales de este proceso: los niños, niñas y jóvenes también deben asumir sus compromisos y debemos reconocerlos como agentes fundamentales si es que realmente queremos construir una mejor educación para ellos y, como menciona Larez Romero* “La educación debe propiciar un sentimiento de pertenencia social que se nutrirá de sólidas referencias colectivas, de signos de identidad compartidas, de superación del aislamiento social y de seguridad y comunicación espiritual interpersonal y social. Debe estimular la capacidad del ser humano para tomar decisiones oportunas, seleccionar opciones, adoptar estrategias y efectuar tareas con el propósito de integrarse a la sociedad definiendo un orden social, económico y cultural que sea compatible con las necesidades fundamentales de la dignidad humana”.

Bibliografía:
Villarini, Angel R. “Refundar la escuela ¿por qué? Perspectiva, raíces, circunstancias y proyecto para refundar la escuela”, pag. 63. A refundar la escuela. Ediciones Barandal. México 2013.
Secretaría de Educación Pública. Página web:       http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Historia_de_la_SEP#.U3-RcPl5Pec
Castañeda, Mayra. El docente extraordinario, pag. 44. Editorial Descubriendo. México 2011.
Larez, Romero Ronald. “Una reflexión sobre la educación y la praxis del saber social en el porvenir” pag. 102. A refundar la escuela. Ediciones Barandal. México 2013

Fuente del articulo: http://mayracastaneda.org/blog_60923_Y-los-estudiantes–cuando-.html

Fuente de la imagen: http://mayracastaneda.org/images/14445/Estudiantes-3.jpg

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La universidad en la encrucijada

Por: 

En medio de la campaña de “la segunda vuelta”, en estos tiempos acelerados, he conseguido sacar unas horas por la tarde y volver a la Facultad de Filosofía de la Complutense, la facultad en la que me formé académica y políticamente. Allí aprendí casi todo. Me he reencontrado con profesores y alumnos, con los que me enfrenté en el pasado al enorme proceso de descomposición de la universidad pública, que aún hoy sigue en marcha . Ese proceso de descomposición consiste en la colonización de la universidad por parte de los intereses económicos y la introducción de criterios de mercados en un ámbito que debiera, en buena medida, quedar protegido de ellos. Nos hemos vuelto a encontrar en un nuevo episodio de esa larga serie de acontecimientos, aunque ya en una situación política y social bien diferente. De aquella lejana huelga a la japonesa en primer año de licenciatura a este junio de 2016, han ocurrido demasiadas cosas en la universidad, pero, sobre todo, fuera de ella.

Primero, los hechos del nuevo capítulo en cuestión. Se ha convocado una asamblea de facultad para informar a la comunidad universitaria de la “propuesta” del rectorado de reestructuración de la universidad, debatir posibles escenarios y plantear una respuesta organizada. Ese plan del actual rectorado, dirigido por Carlos Andradas, pretende reducir los actuales 185 departamentos en un 60% y las 26 facultades existentes en 17 en aras de la eficiencia económica en la Universidad pública y, en último extremo, en la sociedad, se entiende. El vicerrector de estudiantes, Julio Contreras, ha tenido el valor de acudir a la asamblea a tratar de explicar la propuesta del rectorado y dar su particular punto de vista.

A pesar de su mejor voluntad, las explicaciones han sido completamente insuficientes por diferentes motivos. En primer lugar, no ha sido capaz de hacer entender la jugada maestra del rectorado de dar a conocer un plan con repercusiones tan grandes – en términos de imprevisibilidad – en pleno período de exámenes, matriculaciones y a las puertas del verano. No era, desde luego, la mejor idea de fomentar el diálogo y un debate razonado dentro de la comunidad educativa. Y siempre lanzan sospechas sobre uno mismo estas casualidades del calendario. En segundo lugar, tampoco ha dado una sola razón por la cual el plan de organización pretendidamente “eficiente”, presentado en un triste power point sin memoria jurídica, ni económica, era un “buen plan”. Más allá de la sugerencia banal de que era posible encontrar una unidad con mayor grado de funcionalidad en la universidad que la facultad y tratar de dibujar insatisfactoriamente la oposición a la propuesta como una panda de inmovilistas y autocomplacientes con la actual universidad pública en ruinas, no se podían rastrear más argumentos.

Sin embargo, ha dicho una frase, después de recordar su recorrido desde 2008 en defensa de la universidad pública, con la que estoy completamente de acuerdo y que, creo, merece la pena destacar: “la defensa de la universidad pública es poliédrica, se hace desde diferentes lugares”. Es un buen punto de partida el hecho de compartir una convicción fundamental: por supuesto, la Universidad pública se defiende desde sus instituciones, desde las aulas, desde las calles y desde el Estado. Dicho así, no se entiende por qué el equipo rectoral no ha decidido abrir un debate entre los diferentes agentes de la comunidad universitaria y plantarse juntos ante la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, que le debe dinero a la Universidad Complutense como han establecido los tribunales y la mantiene en unas condiciones de infrafinanciación, que sólo la dejan elegir entre el mal y el mal menor. Quizás, en 2008, el argumento de Contreras de hacer lo que se pueda en este momento, plegándose a la eficiencia económica como un tótem de nuestra tribu, tenía más peso y eco social. A estas alturas de 2016, cuando quedan menos de dos semanas para unas elecciones decisivas, en las que se dirime una encrucijada histórica, el rectorado debería dedicarse a poner la cuestión universitaria en el foco mediático alineado con la comunidad educativa.

Por último y sin dejar de decir que es un orgullo haber estudiado, aprendido y militado tanto en esa facultad, creo que es importante una cosa más. La filosofía es una disciplina única, que creo que debe ser conservada por ser un bien en sí mismo, y nuestra facultad es un reducto a conservar, donde se imparte este saber de segundo grado, pero no es lo único, ni lo más importante en juego. La Complutense, una vez más, puede servir de laboratorio para unas “reformas” que posteriormente se extiendan a otros lugares de nuestro país. Lo que está en juego es la dirección de esas reformas. Éstas pueden profundizar la descomposición de la universidad pública y herir de muerte a una disciplina como la filosofía, que no puede plegarse, como muchas otras realidades de la civilización, a un criterio puramente abstracto como es el de eficiencia económica. O pueden reforzar el carácter público de la universidad así como su calidad y convertirla en un pilar de una sociedad, que respete la ciencia, la filosofía, sus saberes históricos y no renuncie a competir en términos de conocimiento. Pongamos la cuestión universitaria en el primer plano mediático, convirtámoslo en un tema decisivo del panorama político español, utilizando la campaña electoral, organicemos a los y las estudiantes junto al profesorado precario de las diferentes facultades para empujar a la comunidad educativa a su defensa. Planteemos una reforma para dar solución a la cuestión universitaria y pueda estar a la altura del nuevo país que viene. No es cuestión de una asamblea de facultad por muy numerosa que sea, es cuestión de un país.

*Articulo tomado de: https://instituto25m.info/la-universidad-en-la-encrucijada/

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Por un orgullo también en la política exterior

Por: Pablo Bustinduy y Raúl Rojas 

Hace 40 años la gente LGBT+ de este país salió a la calle a decir bien alto que estaban muy orgullosos y orgullosas de ser quienes eran. Entonces tenían en contra una ley que les amenazaba con penas de cárcel, con el manicomio, y que inclusive les tildaba de ser un peligro social; la policía disolvió aquella primera manifestación a palos. Al año siguiente, sin embargo, volvieron a salir a la calle. Y en el 79, también. Y cada año después de aquél, peleando metro a metro hasta conseguir que hoy seamos, según el Pew Research Center, la sociedad más tolerante y concienciada en derechos LGBT+. Aquellos pioneros y pioneras levantaron un país que despertaba de la dictadura y, en cuatro décadas, nos han legado este Orgullo. Eso no significa una fiesta o una manifestación. Significa un derecho para todos y todas, independientemente de nuestra identidad de género o inclinación afectivo-sexual. Es el derecho de estar orgullosos y orgullosas de nuestro país, de nuestra sociedad. De quienes consiguieron esto. De que ellos y ellas mismas sean nuestro país.

Viene a cuento este ejercicio de memoria porque aún queda mucho trabajo por hacer. Hoy en día la homosexualidad es un delito en 75 países del planeta, y en 13 de ellos, en  lugares como Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Iraq, Mauritania, Pakistán, Somalia, Sudán o Yemen, se castiga con la pena de muerte. Amnistía Internacional ha documentado hasta 1.731 crímenes de odio contra la comunidad entre el año 2008 y el 2014. Pocos países, sin embargo, cuentan con legislación adecuada contra dichos crímenes. Sin ir más lejos, en 20 países europeos se obliga a las personas transgénero a someterse a tratamiento quirúrgico para obtener el reconocimiento legal de su identidad.

Ante esto, el Congreso de los Diputados aprobó en 2014 una PNL que pedía al Gobierno «promover activamente la derogación de las leyes que en numerosos países penalizan a homosexuales y transexuales». El Gobierno no ha cumplido con este mandato. Además, nos «indigna» el abismo que existe entre los discursos y la realidad de la política exterior española donde los derechos de este colectivo han estado totalmente ausentes. Sobre el papel, la Estrategia de Acción Exterior aprobada por este Gobierno en 2014 recoge como prioridad en DDHH la «lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género», y el pasado 17 de mayo -día internacional contra la LGBTfobia- el Consejo de Ministros aprobaba una declaración institucional en las que reafirmaba su defensa de los colectivos LGTB. En la práctica las acciones concretas de nuestro Gobierno contradicen su propia voluntad. Valgan algunos ejemplos: la pertenencia de España al Consejo de Seguridad de la ONU (2015-2016) estará marcada por la ausencia de iniciativas para la protección de los LGBT+; España fue el primer país en julio 2014 que firmó un convenio de adopción con Rusia que vetaba expresamente a las parejas homosexuales. En Marruecos, el 1 de febrero condenaron a dos homosexuales a 18 meses de prisión. El ministro García-Margallo realizó una visita oficial tres días más tarde en la que -huelga decir- no mostró rechazo por las condenas. El agravante se constata cuando miramos hacia nuestros gobiernos europeos más cercanos: Francia sí emitió un comunicado de condena cuando en abril Egipto (cuyo Presidente nos visitó el año pasado) condenó a once homosexuales a penas de prisión de entre 3 y 12 años. La pregunta, no por obvia deja de ser menos contundente: ¿por qué España no?

Ocurre a menudo que la gente va por delante de las instituciones. Pero esto debe dejar de ser un halago para convertirse en un revulsivo para esas instituciones perezosas y apoltronadas. Como también debe ser un revulsivo y una responsabilidad eso de que la sociedad española sea la más tolerante del mundo. Más aún: un mandato. Un mandato ciudadano que la sociedad le da a su gobierno por medio del ejemplo continuo y cotidiano.

Por eso desde Podemos hemos decidido proponer que, desde el gobierno, España lidere una iniciativa internacional para crear una Convención similar a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial (CEDR, 1965) o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDEAW, 1979). Un Tratado que proteja los derechos de las personas LGBT+ y rechace la criminalización o discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género. Este Tratado serviría para dar visibilidad a la persecución que sufre el colectivo en muchos lugares del mundo y constituiría una señal política y pedagógica clara de que la comunidad internacional no va a consentir esa persecución. Acabaría por convertirse en un instrumento para que países y organizaciones internacionales aumenten su presión sobre los Estados que penalizan o ejercen discriminaciones sobre los LGBT+. Independientemente del color que tenga el próximo gobierno, llamamos a todas las fuerzas políticas a sumarse a este esfuerzo para que, por encima de diferencias partidistas, esta iniciativa de Estado constituya una aportación decisiva de nuestra política exterior a la protección de los derechos humanos, y el mejor homenaje a las generaciones de luchadores y luchadoras que nos precedieron.

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