Haití declara el estado de emergencia por tres meses, ante el deterioro de la seguridad
Según un comunicado de Gobierno esta medida permitirá a las autoridades competentes disponer de medios adecuados y eficaces para llevar a cabo sus intervenciones y operaciones en mejores condiciones
El Gobierno de Haití declaró este viernes el estado de emergencia en todo el territorio nacional durante tres meses, con el fin de facilitar las diversas intervenciones de las fuerzas del orden ante el deterioro de la seguridad por el avance de las sanguinarias bandas armadas en esta nación caribeña.
«Dada la magnitud de la situación, es imperativo decretar una gran movilización de los recursos y medios institucionales del Estado durante un período de tres meses consecutivos», señaló el Gobierno en un comunicado publicado en Facebook, en el que se recuerda que la situación de inseguridad tiene graves repercusiones en la vida de los ciudadanos y en los diferentes sectores de la economía nacional.
La adopción de estas medidas excepcionales «permitirá a las autoridades competentes disponer de medios adecuados y eficaces para llevar a cabo sus intervenciones y operaciones en mejores condiciones», prosiguió el comunicado.
Esta decisión forma parte de una serie de siete medidas adoptadas en el Consejo de Ministros el pasado miércoles, durante una sesión especial encabezada por el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Fritz Alphonse Jean, acompañado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aime.
Así mismo, en estas circunstancias, el Gobierno anunció la creación de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), cuya misión será aplicar la política del Gobierno en materia de inteligencia y contrainteligencia, así como el tratamiento, la centralización y la síntesis de la información estratégica relativa a la seguridad nacional y la protección de los intereses fundamentales de la nación.
Un informe publicado el miércoles en Puerto Príncipe por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, en francés) reveló que un total de 1.617 personas murieron y otras 580 resultaron heridas en los primeros tres meses del año en el país, a raíz de la violencia desatada por las bandas armadas, grupos de autodefensa, miembros no organizados de la población, así como por las operaciones de las fuerzas de seguridad.
El balance da cuenta también de que 161 personas fueron secuestradas entre enero y marzo pasados y alertó sobre los abusos de poder.
El organismo añadió que se produjeron 80 ejecuciones extrajudiciales entre enero-marzo, presuntamente cometidas por funcionarios de las fuerzas del orden.
Este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la coalición de bandas criminales Viv Ansanm y a la pandilla Gran Grif, ambas de Haití, como organizaciones terroristas.
«Son una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y a nuestros intereses en la región. Estas bandas han matado y continúan atacando a personas en Haití, a las fuerzas de seguridad haitianas y al personal de la misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS)», dijo en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio.
Viv Ansanm surgió en 2023 mediante una alianza entre G-9 y G-Pép, las dos principales bandas criminales que operan en la capital haitiana, Puerto Príncipe, casi totalmente en control de las pandillas en medio de la actual crisis que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Fuente de la Información: https://acento.com.do/internacional/haiti-declara-el-estado-de-emergencia-por-tres-meses-ante-el-deterioro-de-la-seguridad-9492561.html
La orden ejecutiva de Trump exige que se enseñe inteligencia artificial en las escuelas
Desde que la inteligencia artificial generativa irrumpió en escena hace unos años, escuelas y educadores se han enfrentado a la difícil cuestión de cómo abordar esta tecnología, poderosa pero experimental. ¿Prohibirla? ¿Aprobarla?
Una nueva orden ejecutiva coloca a la Casa Blanca firmemente en este último bando.
El 23 de abril, el presidente Donald Trump firmó la ordenanza para el Fomento de la Educación en Inteligencia Artificial para la Juventud Estadounidense . Esta orden promueve la integración adecuada de la IA en la educación para garantizar que Estados Unidos siga siendo un líder mundial en esta revolución tecnológica.
Los objetivos principales de la directiva son enseñar a los estudiantes y capacitar a los docentes para utilizar la IA con el fin de mejorar los resultados educativos.
El uso de IA en las escuelas, afirma la orden, “desmitifica esta poderosa tecnología pero también despierta la curiosidad y la creatividad, preparando a los estudiantes para convertirse en participantes activos y responsables en la fuerza laboral del futuro y nutriendo a la próxima generación de innovadores estadounidenses en IA para impulsar a nuestra nación a nuevas alturas de logros científicos y económicos”.
Para darle vida a esta visión, el anuncio pide la creación de un Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Educación en Inteligencia Artificial, integrado por miembros del gabinete y presidido por el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica.
Las órdenes del grupo de trabajo incluyen establecer y anunciar “rápidamente” asociaciones público-privadas con grupos de la industria de IA, organizaciones sin fines de lucro e instituciones académicas para desarrollar rápidamente recursos en línea para enseñar alfabetización en IA a estudiantes desde jardín de infantes hasta 12.º grado.
Mientras tanto, la orden ejecutiva encomienda al secretario de educación la tarea de identificar mecanismos de gasto federal para utilizar la IA con el fin de mejorar los resultados educativos mediante iniciativas federales, estatales y locales. Entre los ejemplos se incluyen la creación de recursos didácticos basados en IA, el apoyo a la asesoría en educación superior y el impulso de tutorías intensivas de alto impacto .
La orden también ordena al secretario priorizar el gasto federal en desarrollo profesional que ayudará a los docentes a instruir a los estudiantes sobre IA en clases independientes de informática, así como a integrar la tecnología en las clases de todas las áreas temáticas. Otra capacitación mencionó ayudar a los docentes a usar la tecnología para «reducir las tareas administrativas que requieren mucho tiempo «. Esta es una aplicación que ya entusiasma a muchos docentes, según Pete Just, director del proyecto de IA generativa del Consorcio para Redes Escolares, una asociación profesional para líderes en tecnología educativa desde primaria hasta secundaria.
“Esto les ha permitido disponer de más tiempo durante la semana”, afirma.
Además, la orden exige la creación de aprendizajes registrados relacionados con la IA, el establecimiento de un Desafío Presidencial de Inteligencia Artificial para estudiantes y la posibilidad de que los estudiantes de secundaria tomen cursos de inteligencia artificial, incluso mediante inscripción dual en universidades.
Si bien algunos componentes de la orden carecen de plazos para su finalización, otros objetivos se supone que se lograrán en el transcurso de varios meses.
Algunos líderes educativos expresaron su apoyo a los objetivos generales de la orden, aunque también plantearon preguntas sobre cómo lograrlos.
El nacimiento de la IA generativa es «un poco como la llegada de la electricidad», dice Beth Rabbitt, directora ejecutiva de The Learning Accelerator, una organización sin fines de lucro dedicada a la innovación educativa, y explica que la tecnología tiene el potencial de cambiar el mundo para mejor y, si no tenemos cuidado con ella, también de provocar «incendios».
«Es fundamental que, como educadores, ayudemos a los niños a comprender cómo funciona y a utilizarlo adecuadamente en sus vidas», afirma Rabbitt, «pero evitando los efectos nocivos».
Just, del Consorcio para Redes Escolares, tiene la esperanza de que la orden ejecutiva coloque la inteligencia artificial cerca del tope de la agenda de los superintendentes y otros líderes educativos, algunos de los cuales le han parecido reacios a priorizar la IA.
“Cada vez se hacen más los tontos”, dice Just. “Creo que esto sin duda reavivará el debate”.
Ofensiva y defensa
Hasta ahora, gran parte del discurso sobre la IA en la educación se ha centrado en la defensa : contra el uso de herramientas por parte de los estudiantes para hacer trampa , el uso de líderes para reemplazar al profesorado y las implementaciones que refuerzan las desigualdades raciales y económicas en el acceso a una educación de alta calidad . Además, existe la preocupación de que las empresas introduzcan productos a toda prisa en las aulas sin proteger adecuadamente a los estudiantes contra sesgos , desinformación , filtraciones de datos y alucinaciones inexactas .
La nueva orden ejecutiva se emitió durante un período de desmantelamiento de las regulaciones que rigen el mercado de la IA, señala Rabbitt, de The Learning Accelerator. Señala que la administración Trump revocó las normas de la administración Biden diseñadas para limitar las herramientas de inteligencia artificial, y que esta nueva orden ejecutiva sobre educación carece de los requisitos de mitigación de daños incluidos en otra orden ejecutiva de Trump que ordena a las agencias gubernamentales aumentar el uso de la IA.
“Parece que aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar que las herramientas que les brindamos a nuestros niños sean seguras, estén listas para usar y realmente puedan apoyar su aprendizaje de maneras que los mantengan sanos, completos y protegidos”, dice Rabbitt.
Pero muchos educadores ya han empezado a buscar maneras positivas de usar la inteligencia artificial. Un esfuerzo colectivo, respaldado por The Learning Accelerator, es School Teams AI Collaborative, que cuenta con decenas de educadores de escuelas de todo el país que experimentan y evalúan la instrucción con IA . Por ejemplo, utilizan la IA para ofrecer retroalimentación sobre la escritura y para enseñar a los estudiantes sobre educación cívica mediante el desarrollo de chatbots para el registro de votantes.
El uso de IA para mejorar la formación docente encaja con la visión que Cheryl Holcomb-McCoy aporta a su nuevo rol como presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Universidades para la Formación Docente, dijo a EdSurge, señalando que algunos programas de formación docente ya utilizan simulaciones de realidad mixta para preparar a los candidatos a docentes para sobresalir en el aula.
«¿Cómo podemos adaptar la herramienta de IA para ayudar a los docentes, especialmente a los nuevos, a recibir desarrollo profesional en el momento, cuando lo necesiten, en lugar de esperar las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece el sistema escolar, que podrían no tener ninguna relación con las necesidades del nuevo docente?», pregunta Holcomb-McCoy.
Le alegró ver que la orden ejecutiva indica que la administración invertirá recursos en la formación docente. Dada la persistente escasez de docentes y las dificultades de los estudiantes en matemáticas , Holcomb-McCoy afirma que le gustaría ver más apoyo federal para la formación de profesores de ciencias, matemáticas y tecnología de primer nivel que puedan preparar a los estudiantes de hoy para convertirse en los innovadores de la IA del mañana.
Y en lo que respecta a los recursos educativos de inteligencia artificial prometidos por la orden, pregunta: «¿Cómo garantizará el gobierno federal que cada niño y cada docente, sin importar su ubicación, tengan acceso igualitario a lo que están brindando?»
Para que sea más probable que la IA tenga resultados positivos en la educación, los responsables de las políticas y los educadores deberían planificar un ritmo de cambio realista en lo que respecta a la IA, dice Rabbitt, dejando tiempo suficiente para probar aplicaciones estratégicas y bien pensadas.
“Lo peor que podemos hacer es que la gente se sienta obligada y luego se les añadan herramientas a las aulas que no están preparadas para ellas”, afirma. “Durante la pandemia, vimos cómo era pedirle a un montón de educadores que cambiaran rápidamente sus prácticas, de una manera altamente dependiente de la tecnología, sin la preparación ni el apoyo adecuados”.
Histórico reconocimiento del lago Titicaca como sujeto de derechos
La Región de Puno (Perú) aprobó una ordenanza que declara como sujeto de derechos al Lago Titicaca y estableció la participación indígena en el organismo nacional de gestión de la cuenca. La medida fue impulsada por mujeres aymaras y quechuas ante el avance de la contaminación de las aguas y el perjuicio que esto genera para su cosmovisión y la producción campesina indígena.
El Consejo Regional de Puno (Perú) reconoció al Lago Titicaca como «sujeto de derechos», estableció el derecho a la participación indígena en la gestión de esa cuenca hídrica y el valor espiritual del lago. El Titicaca es el espejo de agua dulce más grande de Sudamérica y el más alto de los grandes lagos del mundo. La resolución que declara sus derechos fue impulsada por la Organización de Mujeres Aymaras y Quechuas Unidas por la Defensa del Agua y del Lago Titicaca de Puno. Su presidenta, Soraya Poma Cotrado, explica: “Como mujeres indígenas y campesinas el lago es nuestra ‘Qhuta mamá’ (madre lago), es vida y por eso hemos luchado”.
El Titicaca se ubica a 3810 metros sobre el nivel del mar, entre Perú y Bolivia, y cuenta con una superficie de 3300 kilómetros cuadrados. Es una enorme reserva de abastecimiento hídrico y cuna de saberes ancestrales de los pueblos indígenas andinos. Forma parte del sistema hídrico más grande de la región, conformado por el Titicaca y los ríos Desaguadero, Poopó y Salares. Poma Cotrado relata que la sanción de la ordenanza no fue fácil. El punto que generó más controversia fue el Artículo 5.
“Ese artículo indicaba que las organizaciones y comunidades campesinas e indígenas íbamos a estar integradas en la participación. Fue una lucha, hemos tenido varias reuniones con las autoridades. Hemos hecho entender cuán importante es el Lago Titicaca, cómo deberíamos valorarlo y protegerlo”, puntualiza. La agrupación tiene bases en las trece provincias de la región Puno. En 2024 comenzaron el proceso de elaboración de la ordenanza y de incidencia política para su aprobación.
El 24 de abril, el órgano legislativo de Puno resolvió declarar “de preferente interés regional el reconocimiento del Lago Titicaca y sus afluentes como sujeto de derecho, con personalidad jurídica propia, garantizando su protección integral para la preservación de su equilibrio ecológico, biodiversidad y valores culturales, sociales y espirituales de los pueblos indígenas circundantes, comunidades locales y organizaciones vinculadas a su gestión y conservación en la región”.
Puno, la región que tiene jurisdicción sobre el Titicaca, reconoció también con la ordenanza que el lago tiene derecho a su existenciay al mantenimiento de su integridad ecológica, a la regeneración natural de sus ciclos hidrológicos y biodiversidad, a estar libre de contaminación y de actividades que alteren su estado natural, a ser restaurado en caso de afectación ambiental y a ser representado por entidades que velen por su protección y conservación.
La ordenanza reconoce al Gobierno Regional de Puno, a los pueblos indígenas circundantes y comunidades locales como guardianes y representantes del lago, asegurando un mecanismo de representación equitativo y con enfoque de género. Establece que las decisiones administrativas que afecten al Lago deberán someterse a consulta previa a los pueblos originarios, según lo establece el Convenio 169 de la OIT. La misma norma admite que “el reconocimiento de estos derechos se basa en el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y en los principios de la justicia ambiental”.
Saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas
Julio César Mejía Tapia es director del Instituto de Derecho, Participación Social y Medioambiente en Puno y asesor jurídico de la organización de mujeres indígenas que impulsó la ordenanza. Explicó a Tierra Viva que, tras la sanción, resta que el gobierno de Puno promulgue la ordenanza. Luego, tendrán 120 días para elaborar el reglamento que haga operativos los derechos reconocidos.
Sobre los aspectos técnicos, detalló: “Hemos hecho un diagnóstico y establecido los derechos que le corresponden al lago Titicaca, con la idea de descontaminarlo, conservarlo, protegerlo e involucrar a los pueblos originarios circundantes y a las organizaciones representativas que tengan como finalidad, protegerlo y cuidarlo”. Con esta ordenanza, la Región Puno se compromete a incorporar los valores y conocimientos ancestrales en las políticas y estrategias de conservación.
“En la fase de reglamentación se establecerán cuáles serán las sanciones para quienes contaminen y la participación de los pueblos originarios en el Consejo de Cuenca de la región Puno, dependiente de la Autoridad Nacional del Agua”, precisó.
Informó que en el lado boliviano también se está tramitando una ordenanza similar. Poma Cotrado comentó que, como mujeres indígenas peruanas, se encuentran trabajando con lideresas bolivianas en ese sentido.
Para Mejía Tapia este paso significa pagar “la deuda histórica que tienen los Estados latinoamericanos, como el peruano, con sus pueblos originarios porque está recogiendo o pretende recoger sus saberes ancestrales. Los pueblos originarios tienen una relación espiritual y cultural con la Pachamama y con las fuentes de agua. Esta ordenanza es parte de esto: de intentar saldar esta deuda histórica a través de recoger su sabiduría y su participación en la gestión estatal. Recoge otra forma de pensar, otra forma de hacer la gestión, otra mirada que es la que siempre han tenido los pueblos indígenas, tener una relación no solo económica, sino una relación más cercana con la naturaleza”.
Agua contaminada y salud en peligro
Estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizados en los últimos años concluyeron que existe una alta contaminación en el río Torococha, al contener sustancias tóxicas que sobrepasan los valores regulados por los estándares de calidad ambiental para el agua. Esto convierte al río, cuyas corrientes se unen con el Coata y desemboca en el lago Titicaca, en un peligro para la salud de las personas que habitan en las riberas.
Otro Informe técnico de la ANA advirtió la presencia de 15 fuentes contaminantes en el río Coata. Cuatro de ellas son aguas residuales de la minería y las demás son puntos de aguas servidas. El documento, además, indica altas concentraciones de metales, como manganeso, plomo, talio y zinc, y la presencia de coliformes fecales, provenientes del vertimiento de aguas residuales en las ciudades de Vilavila y Juliaca.
“En Perú, aunque existen normas contra la contaminación, el Titicaca sigue recibiendo desechos mineros e industriales porque, jurídicamente, no tiene quién lo defienda”, sostuvo Mejía Tapia. Además, precisó: “Hay presencia de minería artesanal no identificada y actividad minera que debe inventariar la contaminación. Está probado que la contaminación existe pero hay un déficit de parte del Estado de identificar las fuentes contaminantes”.En 2024, la Sala Civil de Juliaca ratificó el fallo del Segundo Juzgado Civil de Juliaca (emitido en setiembre de 2023), que responsabiliza al gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, la Municipalidad Provincial de San Román, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del distrito de Juliaca (SEDA-Juliaca) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por las condiciones insalubres e indignas que viven los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, al estar expuestos a la contaminación ambiental del río Torococha, la cuenca Coata y el lago Titicaca.
“La Qhuta mamá es nuestra doncellita y está muy enferma”, dice Poma Cotrado. En la cosmovisión indígena el lago se comunica con los cerros y en sus riberas crece “qhuta t’aurapa” (lana del lago) que les indica cuándo habrá buena cosecha. Cuando sus aguas se oscurecen, indica que habrá lluvia.
Las familias de la zona cultivan papa, cebada, quinoa y trigo. “Por la contaminación, el sabor de lo que cultivamos ya no es el mismo. Hay personas enfermas con metales pesados en su sangre. Esperamos que las autoridades competentes tomen conciencia. La isla de Uros, que está en medio del lago se ve para el turismo, pero desde allí tiran afluentes al lago”, lamenta la presidenta de la agrupación.
Precedentes jurídicos
En Perú, debido al reclamo de las mujeres del Pueblo Kukama, el Juzgado Mixto de Nauta marcó un precedente en 2022 al reconocer la importancia de los cuerpos de agua y la necesidad de mecanismos de protección efectiva, en ese caso para el río Marañón. Este reconocimiento fue un precedente significativo, en tanto adoptó un paradigma ecocéntrico en la gestión de la cuenca, garantizando su preservación a largo plazo y su restauración frente a amenazas ambientales. Además incluye la participación de las comunidades locales.
En 2008, Ecuador reconoció en su Constitución (artículo 71) que la “Pachamama” —la Madre Tierra— tiene derecho a existir, mantenerse y regenerarse. En 2010 Bolivia aprobó la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, declarando a la naturaleza como “sujeto colectivo de interés público”. Esta ley no protege ríos y bosques por su valor económico, sino por su valor sagrado en las cosmovisiones indígenas.
En 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció al Río Atrato como sujeto de derechos, en respuesta a la minería ilegal que lo devastaba. Un paso similar dio Ecuador en 2024 con el Río Machángara. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-23, afirmó que el medio ambiente es un derecho autónomo, que merece protección por sí mismo, no solo por su utilidad para los humanos.
Civiles atrapados y niños en riesgo en medio de la creciente violencia en Darfur
Declaración del Representante de UNICEF en Sudán, Sheldon Yett
A medida que se intensifican los combates en Darfur, los niños sufren las consecuencias de una catástrofe humanitaria cada vez más profunda. En las últimas tres semanas, miles de niños y familias se han visto obligados a huir de sus hogares, muchos por segunda o tercera vez, en busca de una esquiva sensación de seguridad.
Según informes, la escalada de los combates desde el 11 de abril ha causado cientos de muertos y ha provocado un éxodo masivo de civiles de los campamentos de Al Fasher, Abu Shouk y Zamzam. Aproximadamente 150.000 personas han buscado refugio en Al Fasher, hacinadas en edificios inacabados, escuelas o bajo los árboles, pero aún expuestas a los bombardeos constantes y sin acceso a agua potable, alimentos ni atención médica. Tawila ha recibido a otras 180.000 personas, lo que eleva el número total de desplazados en la ciudad a más de 300.000 y sobrecarga aún más los ya frágiles servicios y sistemas de apoyo.
“Estamos increíblemente preocupados por la situación del número desconocido de civiles que permanecen atrapados en Zamzam, ya sea sin medios para irse o impedidos de hacerlo por la fuerza por grupos armados.
Para quienes han escapado, las condiciones siguen siendo desesperadas. En Al Fasher, los continuos combates han restringido gravemente la circulación e interrumpido las operaciones humanitarias. Los hospitales apenas funcionan, se prevé que los suministros médicos se agoten en cuestión de semanas y la escasez de agua y combustible para generadores es cada vez mayor.
Los brotes de enfermedades prevenibles están aumentando. En Tawila, se han reportado más de 800 casos sospechosos de sarampión, mientras que los servicios de nutrición esenciales se han suspendido tras los ataques a instalaciones en Zamzam.
A pesar de la inseguridad y las dificultades de acceso, UNICEF permanece y presta asistencia a los niños de Darfur. En abril, nuestros equipos lograron enviar cinco camiones con suministros vitales de salud, nutrición y agua, saneamiento e higiene (WASH) a Tawila, Zaleingei y Jebel Marra, apoyando así a casi 250.000 desplazados internos.
Pero la magnitud de la necesidad es mucho mayor, y el acceso sigue siendo peligrosamente limitado. En Tawila, por ejemplo, aunque los aliados apoyados por UNICEF están sobre el terreno, los servicios no pueden satisfacer la abrumadora demanda, y existe una necesidad urgente de ampliar la cobertura móvil para la salud y la nutrición.
Cada día sin asistencia ni protección se ponen en peligro más vidas. Los niños deben estar protegidos, dondequiera que estén. La ayuda humanitaria debe llegarles sin demoras, obstrucciones ni ningún otro impedimento.
“Los niños se están quedando sin alimentos, sin medicinas y sin tiempo.
“UNICEF hace un llamamiento urgente al Gobierno y a todas las partes en el conflicto para que faciliten un acceso humanitario rápido, seguro y sin obstáculos, a través de las líneas de conflicto, y garanticen corredores humanitarios seguros para facilitar la entrega de ayuda y el movimiento de población.
Se debe respetar el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. Se debe proteger a los civiles y sus bienes. Y, sobre todo, los combates deben cesar. Esta es la mejor manera de proteger a los niños y devolverles la esperanza.
Fuente de la Información: https://www.unicef.org/press-releases/civilians-trapped-children-risk-amid-escalating-violence-darfur
Del 28 de abril al 5 de mayo se celebra la Semana de Acción Mundial por la Educación, se conoce por sus siglas: SAME. Durante estos días, personas de más de 124 países piden que se cumpla el derecho a la educación para todas las personas.
Este abril, nos movilizamos bajo el lema: «¡La educación salva vidas: Protejamos la educación en situaciones de emergencia!»
En pleno siglo XXI, la educación —un derecho humano fundamental— sigue siendo un privilegio para millones. La SAME, expone las graves falencias de un sistema educativo global que perpetúa desigualdades, mientras los gobiernos incumplen sus promesas. Los datos no mienten: estamos ante una crisis sin precedentes, agravada por la inacción política, los recortes presupuestarios y la privatización encubierta de la enseñanza.
1. La hipocresía de los gobiernos: promesas incumplidas
El 80% de los países no destinan el 6% del PIB a educación (meta establecida por la ONU).
64 naciones recortaron su gasto educativo desde 2022 (Global Campaign for Education, 2024), mientras aumentaban presupuestos militares.
Los fondos para educación en emergencias (como guerras o desastres climáticos) solo cubren el 30% de lo necesario (Education Cannot Wait, 2024).
¿Dónde está la prioridad? Mientras las élites políticas envían a sus hijos a escuelas privadas, 244 millones de niñ@s (UNESCO) siguen excluid@s del sistema, condenad@s a un futuro de pobreza.
2. Privatización y segregación: la educación como negocio
Las corporaciones educativas y los bancos multinacionales promueven escuelas privadas en África y Latinoamérica, mientras los Estados abandonan la educación pública.
En Kenia y Uganda, el 60% de las «escuelas privadas para pobres» no cumplen estándares básicos de calidad (Oxfam, 2023).
En América Latina, el negocio de la educación charter (como en Chile) profundiza la segregación: l2s ricos acceden a educación de calidad; l@s pobres, a aulas sin recursos.
La educación se ha convertido en un mercado, no en un derecho.
3. L@s excluid@s del sistema: niñas, migrantes y niños en guerra
Afganistán: Más de 1 millón de niñas prohibidas de estudiar bajo el régimen talibán (HRW, 2024).
Migrantes: En México y EE.UU., el 50% de los niñ@s refugiad@s no van a la escuela (SAME 2024).
África Subsahariana: 1 de cada 3 escuelas no tiene agua potable (Save the Children).
Mientras, la ONU advierte que, al ritmo actual, no se alcanzará la educación universal ni en 2084.
4. Falta de docentes calificados
Se necesitan 69 millones de maestr@s más para alcanzar la educación universal (ONU, 2024).
En África Subsahariana, el 70% de las escuelas tienen una grave escasez de profesores.
5. Crisis de financiamiento educativo
Solo el 15% de los países destinan el 20% de su presupuesto nacional a educación (recomendación de la ONU).
Se estima que harían falta $200 mil millones anuales para garantizar una educación de calidad en países en desarrollo (Global Partnership for Education, 2024).
6. Se exige acciones reales (no más discursos)
✅ Aumentar impuestos a las grandes fortunas para financiar escuelas públicas.
✅ Prohibir la privatización encubierta de la educación (vía vouchers o alianzas público-privadas).
✅ Garantizar educación en crisis: 224 millones de niños en zonas de guerra la necesitan (ECW).
Pero los líderes mundiales siguen en deuda. Mientras las multinacionales evaden billones en impuestos, los Estados alegan «no hay dinero» para contratar maestr@s o construir aulas.
¿Hasta cuándo?
La crisis educativa no es natural: es el resultado de un sistema económico que prioriza el lucro sobre los derechos humanos. Sin movilización social, los gobiernos no actuarán. La educación no es un gasto, es una inversión en dignidad. Si no hay cambios radicales, seguiremos condenando a generaciones enteras a la exclusión.
Donde acentuamos que el derecho a la educación, como estrategia de transformación social, está conformado por el conjunto de iniciativas, acuerdos, legislaciones y políticas públicas que garantizan que todos somos iguales ante los procesos de enseñanza y aprendizaje. Igualdad que se fundamenta en el respeto y encuentro con las diversidades, el pensamiento crítico y la creatividad.
Garantizar el derecho a la educación es una responsabilidad indeclinable de los Estados Nacionales y la idea de “Bien Común” de la educación, en ningún momento puede ser usado como pretexto para transferir a los y las ciudadanas las obligaciones que le son inherentes en esta materia.
¡Basta de excusas! ¡Educación pública y de calidad YA!
Por: María Guadalupe Mendoza Ramírez, Patricia Delgado Monroy. Miembros de las Comisiones Organizadoras de las Unidades 151 Toluca y 152 Atizapán, Estado de México
Antecedentes
La Universidad Pedagógica Nacional presente en el Estado de México ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo de sus 45 años de historia, la cual puede ser referidas en dos etapas: la primera, inicia en el año 1979 con la creación de las 74 Unidades UPN dependiendo administrativamente de la SEP y académicamente de la rectoría de la Unidad Ajusco; esto permitió el desarrollo de las funciones sustantivas y el crecimiento académico de las Unidades. La segunda inicia en 1992, derivada de la imposición gubernamental del Acuerdo Nacional de Modernización Educativa, por el que se transfirieron todas las Unidades UPN estatales, con sus Sedes y Subsedes, a los gobiernos de las Entidades Federativas, cambiando sus condiciones de operación, al pasar repentinamente a depender administrativamente de los gobiernos estatales y académicamente de la Unidad Ajusco de la Ciudad de México; de manera particular en el Estado de México las Unidades fueron transferidas a los Sistemas Educativos Integrados al Estado de México[1] (SEIEM), asimismo se creó la llamada Junta de Gobierno de Educación Superior y Educación Continua conformada por el Director de los SEIEM y los Secretarios Generales de la Sección 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), desde este momento las condiciones administrativas y académicas de las Unidades UPN estatales cambiaron, ya que las políticas que emanaban de los SEIEM estaban más asociadas a las problemáticas específicas de la Educación Básica, por lo que perdimos la relativa autonomía académica como Universidad al implantarse una lógica burocrática de control vertical y corporativo, derivado de lo anterior, el presupuesto para las Unidades dejó de llegar directamente a las mismas y por decisión gubernamental fue entregado a los SEIEM, incluyendo los recursos propios de cada Unidad derivados del pago de cuotas escolares y servicios, lo que generó a partir de ese momento severas limitaciones y la pauperización de las tres Unidades estatales y sus respectivas subsedes.
En este contexto, el 20 de abril del 2021 el Presidente Andrés Manuel López Obrador expidió la Ley General de Educación Superior, la cual representa una esperanza de cambio para las Unidades de la UPN, ya que en su artículo vigésimo primero transitorio da pie a considerar la autonomía por Ley de la UPN. Previamente, el Maestro Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, comprometió públicamente a la Rectoría de la UPN a convocar a un Congreso Nacional Universitario (CNU), para determinar la nueva figura jurídica de la universidad.[2] Al finalizar la primera fase del Congreso (celebrado en el periodo 2019-2021), los documentos resolutivos del mismo se entregaron al Senado de la República -como mandato de la misma Ley General de Educación Superior-, uno referido al Diagnóstico de las Unidades UPN, otro sobre el Modelo Educativo y el referido a la figura jurídica, en este último se presenta de manera mayoritaria la Autonomía por Ley.
Se dice fácil, pero en realidad ser una institución autónoma implica tener personalidad jurídica, autogobierno y patrimonio propio, lo que haría posible que la Universidad Pedagógica Nacional remontara los periodos críticos que ha tenido en el pasado, reconstituir su identidad y renovar a fondo su Proyecto Académico en beneficio de la educación nacional y la sociedad mexicana. Se pretende que la Universidad Pedagógica Nacional Autónoma de México se convierta en la primera institución mexicana orientada a la formación de profesionales de la educación, maestros, administradores educativos e investigadores educativos, fortaleciendo con ello la formación de sus alumnos y la educación en México. Las Unidades UPN en el Estado de México[3] plantean que para desarrollar un proyecto académico en dónde se recuperen las funciones sustantivas de nuestra Universidad, es necesaria la autonomía plena. Sin autonomía plena pueden fenecer las unidades[4].
Desarrollo del Congreso Nacional Universitario
El Congreso Nacional Universitario de la UPN, llevado a cabo en 2021 (año de la pandemia por COVID-19), en su primera fase, recupera la experiencia de un ejercicio democrático y horizontal que se logró al combinar tres aspectos centrales: 1) La amplia participación de estudiantes y docentes de las Unidades Pedagógicas del Estado de México: Toluca, Ecatepec y Atizapán, con un registro de más de 500 estudiantes en la plataforma del CNU -lo que se puede consultar en las páginas oficiales del CNU.[5] 2) La organización y participación horizontal de voceros en el Estado de México, lo cual permitió ampliar la cobertura y la discusión en los foros y reuniones locales y estatales 3) El diagnóstico de las necesidades de infraestructura, condiciones de trabajo académico, organización, etc. fue un trabajo colaborativo de los tres sectores: estudiantil, académico y administrativo, que tuvo como resultado un documento que puso el acento en el grave deterioro de las condiciones en las que estaban operando y operan las Unidades del Estado de México. Se hizo evidente que compartimos los mismos problemas en todas las Unidades del Estado y las graves consecuencias de la fatídica transferencia derivada del Acuerdo de Modernización neoliberal de 1992.
Durante el desarrollo del segundo gran tema de la agenda del CNU sobre El modelo educativo de la UPN a debate ¿qué universidad queremos para estos nuevos escenarios sociales, políticos y educativos?, las unidades UPN del Estado de México tuvieron una amplia participación de estudiantes de licenciatura de pedagogía, psicología educativa y de la maestría en Educación Básica y académicos de las unidades Toluca (y de sus subsedes) y Atizapán, en los foros y las mesas de discusión y propuestas sobre el modelo educativo y el proyecto académico universitario. Ejemplo de ello es una base de datos con 504 respuestas a un formulario cuyos elementos sirvieron para organizar los debates y las participaciones en las plenarias, mecanismo que formó parte de la estrategia central de discusión, y la identificación de los consensos y disensos.
En las reuniones del CNU, durante la fase local por Unidades y la fase Estatal, se presentaron ponencias de estudiantes y académicos cuyo contenido fue presentado en las reuniones virtuales y que ayudaron a ubicar algunas de las propuestas centrales en torno al nuevo modelo educativo de la UPN: “Aprendiendo desde las redes de bibliotecas”, “Las artes como parte fundamental del modelo educativo”, “La creación de comunidades emergentes de investigación interdisciplinaria”, “ La importancia de las lenguas indígenas en la formación del profesional de la educación”, entre muchos otros temas a debatir, aquí presentamos algunos extractos de esas profundas y riquísimas reflexiones educativas de la comunidad universitaria:
Sobre la visión. La UPN debe continuar siendo la universidad especializada en el ámbito educativo con un enfoque de responsabilidad social, como lo sugiere el movimiento de la responsabilidad social universitaria (URSULA) que forma redes entre las universidades, organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, las empresas, para promover el aprendizaje mutuo.
Respecto a la Investigación. La sugerencia es no perder la oportunidad de documentar las experiencias docentes en este tiempo de la pandemia. Investigaciones para realizar entre docentes, alumnos y profesores para conocer las nuevas condiciones del proceso de enseñanza aprendizaje de modo virtual, y las implicaciones cognitivas, emocionales, actitudinales que han incorporado a la práctica educativa en todos los niveles de educación.
En relación a los proyectos. Considerar la pertinencia y factibilidad de desarrollar proyectos educativos en coordinación con la red de bibliotecas del Estado de México, en particular con la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura estatal, instancia responsable de las 667 bibliotecas existentes en el estado. El alumnado de la Universidad Pedagógica Nacional puede diseñar proyectos de intervención para promover la lectura a partir del conocimiento de las bibliotecas presentes en cada municipio. Estos proyectos servirán para justificar prácticas y servicio social y pueden derivar en proyectos para presentar como documento final de titulación. Retomando experiencias exitosas como la de la Biblioteca Cervantes que en este periodo de pandemia continúa ofertando sus servicios de manera diferente con excelentes resultados, en cuanto al número de libros requeridos para lectura en casa.Los proyectos desde la biblioteca de manera virtual pueden incorporar todos los ámbitos educativos, las disciplinas consideradas en el currículo, como las emergentes, caso de la educación financiera, la educación emocional, la alfabetización digital, la educación científica toda, entre otras. (Ponencia presentada en la fase estatal del CNU)
Hablar de tiempos actuales es poner sobre la mesa las experiencias que está dejando la Pandemia mundial por el (COVID-19) y no solamente en el ámbito de la salud, es una lista grande de experiencias y estragos; entre ellas, el dejar al descubierto la fragilidad humana, las brechas de desigualdad social y económica, en donde miles de estudiantes de todos los niveles educativos, se han visto excluidos por no contar con las herramientas tecnológicas para continuar estudiando con la modalidad en línea, problemas de sustentabilidad alimentaria, etc., por ello, se proponen como alternativas:
Un currículum que prepare para la vida actual y futura, asumiendo que la recuperación de la normalidad educativa no será tan rápida y quizá tampoco lleguemos a los tiempos acostumbrados, por ello es momento de hacer un alto y una reflexión crítica hacia la función social de la universidad, la noción de currículum y las formas predominantes de la práctica docente, y buscar otras vías para avanzar hacia modelos educativos cuya prioridad sea formar personas para la vida.
Desarrollar un sistema educativo con enfoque híbrido, abierto y flexible, haciendo uso de la educación a distancia con el apoyo en las tecnologías digitales, una educación menos académica, menos centrada en las disciplinas y más práctica, más enfocada hacia la comprensión del mundo que nos rodea, con flexibilidad de ser ajustada a las necesidades locales, bajo una perspectiva de resolución de necesidades y problemas de la vida social, política, económica y del ambiente natural. (Ponencia presentada en la fase estatal del CNU)
Finalmente, queremos documentar las voces de nuestros estudiantes del Estado de México, que se hicieron presentes en todos los foros: de unidad, estatal, regional y nacional del CNU y cuya participación marcó un hito de una generación que con entusiasmo y compromiso, puso las bases para pensar que la autonomía universitaria era una posibilidad real. [6]
LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS. LAS VOCES DE NUESTRA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN FAVOR DE LA AUTONOMÍA PLENA POR LEY:
Porque la universidad necesita urgentemente ese cambio, pues de otra forma sería condenarnos.
Una escuela autónoma es una escuela libre de prejuicios y malas administraciones burocráticas.
Porque merecemos una buena educación y debe ser más reconocida y apoyada.
Creo que ha llegado el momento de que la UPN tome otro rumbo, no podemos estar estancados en una Universidad carente de recursos en lo que respecta a todos los ámbitos, tenemos que ser una Universidad transformada para poder transformar, no ser estudiantes conformistas con el sistema que se nos ha brindado, un sistema carente de criterio, carente de recursos, carente de personas verdaderamente interesadas en cambiar el rumbo de la educación, ya basta de ser una Universidad estática y comenzar a avanzar como se debe y en el nivel que afuera se nos demanda.
Considero nuestra universidad cuenta con todos los recursos y oportunidades de ser autónoma.
Las universidades del siglo XXI deben tener democracia y un desarrollo horizontal que contemple a la comunidad estudiantil en su diseño y estructura.
Regulación autónoma de la universidad a favor de los intereses y necesidades reales de los agentes universitarios.
Laica y gratuita. Que tomen en cuenta las decisiones de los estudiantes.
En conclusión, los protagonistas del Congreso Nacional Universitario tenemos un diagnóstico profundo para seguir luchando hasta lograr la autonomía por ley y la recuperación del carácter nacional de la institución, para que la Universidad Pedagógica Nacional Autónoma de México sea ya una realidad. Las nuevas generaciones de profesionales de la educación de nuestro país así lo demandan.
Fotografía: Crónica
[1] Organismo burocrático descentralizado del Gobierno del Estado de México, creado en mayo de 1992 para mantener el control vertical de las instituciones educativas transferidas por el gobierno federal al gobierno estatal. Ver: http://www.seiem.edu.mx/web/inicio
[3] En el 2021 la Unidad UPN Toluca contaba con: 1,946 estudiantes en un 90% de licenciatura, 145 docentes en su mayoría comisionados y de contrato y 37 trabajadores administrativos.
[4] En 2006 se firma el Acuerdo que crea la Junta de Gobierno de Educación Superior y Educación Continua, como órgano rector de las Unidades Académicas de Educación Superior y Educación Continua, en las que se forma, actualiza y capacita al personal docente que labora en los niveles de Educación Básica del Subsistema Educativo Federalizado, perteneciente al Sistema Educativo Estatal (Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM)), y la representación sindical de las Secciones 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Valle de Toluca y Valle de México). En este sistema se integraron la Unidades UPN de Toluca, Atizapán y Ecatepec y sus subsedes. Actualmente las Unidades tienen que responder a las políticas educativas de los SEIEM, quienes determinan los proyectos académicos, de investigación y la administración de las mismas (Junta de Gobierno).
[6] En el documento de Consensos y Disensos del CNU las unidades de Estado de México participaron activamente teniendo como consenso la propuesta de la autonomía por ley. Ver documento oficial.
En el corazón verde de Chiapas, rodeados de montañas, ríos y cafetales, los campesinos y campesinas de Ocosingo han sembrado más que maíz. Han sembrado historia, resistencia y dignidad. Esas manos curtidas, que han trabajado la tierra por generaciones, también han levantado la voz, empuñado el machete y organizado a su gente cuando ha sido necesario.
Actualmente, los campesinos de Chiapas enfrentan nuevos retos. Proyectos extractivos, crimen organizado, y un Estado que parece no escuchar. Pero no están solos. Su historia es como un faro que inspira a otros pueblos de México y del mundo que luchan por la tierra, por la vida y por el derecho a decidir su propio destino.
Con el avance desmesurado de las grandes corporaciones que saquean nuestros recursos y destruyen nuestras comunidades, defender la producción local no es solo una elección, es una trinchera. En esta lucha se encuentra la dignidad de nuestros pueblos, la soberanía alimentaria y el derecho a decidir qué producimos y consumimos.
Las transnacionales no llegan como ángeles, sino como conquistadores. Nos repiten, como un canto monótono, que traen inversión, generan empleo y promueven el desarrollo. ¡Qué desvarío! Lo que realmente traen es extractivismo, precariedad y miseria. Se instalan con subsidios del Estado, exprimen la tierra, pagan sueldos de hambre, y cuando ya no les conviene, se marchan dejando solo contaminación y despojo. No crean riqueza para el pueblo; solo sacan lo que pueden para sus accionistas.
Nos reducen a simples consumidores, dependiendo de lo que podríamos producir por nosotros mismos. Nos imponen sus productos, sus marcas y sus reglas, y cada peso que va a sus bolsillos es un peso que no circula en nuestras comunidades.
Producir local es resistir
Cada pequeño productor, cada campesino, cada cooperativa, cada proyecto de nuestro barrio se convierte en una manifestación viva de resistencia. Producir local es un rotundo “no” a la dependencia, es afirmar que no necesitamos sus cadenas, ni su propaganda para vivir con dignidad.
Es devolverle valor a lo nuestro: la tierra, el trabajo en conjunto, el conocimiento que nos han legado nuestros ancestros y la solidaridad. Es reconstruir el tejido comunitario que el mercado ha intentado deshacer.
Por una economía al servicio del pueblo
No queremos limosnas de inversión extranjera. Anhelamos políticas públicas que protejan a quienes siembran, fabrican, crean y luchan desde abajo. Queremos mercados populares, ferias libres, monedas comunitarias y soberanía económica. Queremos decidir qué producimos, cómo lo hacemos y para quién.
Las corporaciones transnacionales deben ser reguladas, contenidas o, si es necesario, expulsadas cuando pongan en riesgo la vida y el bienestar de nuestros pueblos. Por ejemplo, “Desde 1995, la empresa FEMSA – Coca Cola tiene concesiones de agua autorizadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para extraer 419.7 millones de metros cúbicos de agua al año, en el municipio de San Cristobal de las Casas, Chiapas” […]” (Environmental Justice Atlas, 2023, párr. 1). No se puede construir justicia social con esquemas económicos que vienen del capricho del capital financiero global.
Defender la producción local es una misión urgente. No es solo un acto económico; es una lucha por el poder, por la cultura, por la tierra. O recuperamos nuestras economías, o continuaremos como esclavos modernos de un sistema sin patria, pero con dueños que marcan el rumbo.
Cada vez que elegimos un producto hecho por manos locales, estamos desafiando el modelo que nos quiere invisibles, sumisos y sin raíces. ¡Producir local es luchar! ¡Consumir de manera consciente es rebelarse! ¡Organizarnos es vencer!
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
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