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Estados Unidos: La prohibición de los teléfonos móviles en las escuelas: qué revelan las investigaciones más recientes

La prohibición de los teléfonos móviles en las escuelas: qué revelan las investigaciones más recientes?

En la última década, el rendimiento académico de los estudiantes se ha estancado o incluso disminuido en todo el mundo, a medida que los teléfonos móviles se han convertido en accesorios prácticamente omnipresentes para las generaciones Z y Alfa. Educadores de Florida, Suecia y Río de Janeiro están respondiendo con una táctica cada vez más popular: restringir o prohibir el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar.

Pero la primera oleada de investigaciones rigurosas sobre estas políticas —incluidos dos importantes estudios estadounidenses— no apunta claramente en una sola dirección. Algunos estudios han encontrado modestas mejoras académicas gracias a las restricciones al uso del teléfono móvil. Otros han encontrado poco o ningún efecto en las calificaciones de los exámenes, incluso cuando el uso del teléfono por parte de los estudiantes disminuyó drásticamente. Algunos estudios sugieren beneficios para los estudiantes con bajo rendimiento, otros para las niñas y otros para los niños. En algunos lugares, la asistencia o el bienestar estudiantil mejoraron. En otros, no.

El proceso científico puede ser complejo. Las diferencias culturales podrían explicar por qué las prohibiciones son más efectivas en algunos lugares que en otros. Sin embargo, casi cualquier reforma educativa arrojará resultados distintos en diferentes lugares, incluso dentro de un mismo país. Además, la confusión actual podría deberse a la dificultad de estudiar las prohibiciones de teléfonos móviles en la práctica.

Idealmente, los investigadores asignarían aleatoriamente a algunos estudiantes a entregar sus teléfonos mientras que otros los conservarían, y luego medirían el efecto en el rendimiento académico, lo que equivaldría a un ensayo clínico para una política educativa. Sin embargo, estos experimentos son difíciles de implementar en las escuelas, y hasta ahora solo un estudio , realizado entre estudiantes universitarios en la India, ha intentado un ensayo controlado aleatorio. Este estudio produjo una mejora notable en las calificaciones de los estudiantes con menor rendimiento.

En cambio, la mayoría de los estudios se basan en comparaciones menos precisas con el mundo real que solo capturan efectos parciales de las restricciones al uso de teléfonos móviles.

Un estudio nacional publicado este mes por investigadores de Stanford, Duke, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Michigan analizó más de 40.000 escuelas de todo el país utilizando datos de Yondr, una empresa que fabrica fundas con cierre magnético para teléfonos móviles de estudiantes.

Los investigadores descubrieron que la actividad de los teléfonos móviles en las escuelas disminuyó drásticamente después de que estas adoptaran las fundas. Las señales de los teléfonos móviles en las instalaciones escolares se redujeron en un 30 por ciento, y los profesores informaron de un uso mucho menor del teléfono para fines no académicos en clase.

Sin embargo, el estudio halló efectos prácticamente nulos en las calificaciones, la asistencia y el acoso cibernético, incluso tres años después de que las escuelas adoptaran las bolsas Yondr. Los investigadores compararon las escuelas que implementaron el sistema con escuelas que presentaban características demográficas y un rendimiento académico similares.

A primera vista, esos hallazgos parecían contradecir un estudio sobre escuelas en Florida publicado el año pasado, que encontró pequeñas mejoras académicas un año después de que las restricciones al uso de teléfonos celulares en todo el estado entraran en vigor en 2023.

Los investigadores responsables de ese estudio, de la Universidad de Rochester y RAND, compararon escuelas donde el uso de teléfonos móviles por parte de los estudiantes había sido históricamente alto con escuelas donde dicho uso ya era relativamente bajo antes de que comenzaran las restricciones estatales. Su razonamiento era que las escuelas con un mayor uso de teléfonos móviles antes de la prohibición deberían experimentar un mayor impacto por el cambio de política.

En cambio, el estudio nacional de Yondr comparó principalmente escuelas que aplicaban una medida de control particularmente estricta con escuelas que a menudo ya contaban con restricciones más flexibles sobre el uso de teléfonos móviles. Algunas escuelas del grupo de comparación aún exigían a los estudiantes que guardaran sus teléfonos en las mochilas o fuera de la vista durante la clase.

En otras palabras, el estudio nacional comparaba principalmente restricciones más estrictas con otras más laxas, mientras que el estudio de Florida comparaba escuelas con un alto y un bajo uso de teléfonos celulares antes de la prohibición.

A pesar de las diferentes metodologías y preguntas de investigación, los investigadores de ambos estudios estadounidenses destacaron en entrevistas la similitud de sus resultados. El estudio de Florida calculó que las mejoras académicas, que se materializaron el segundo año después de la prohibición, fueron inferiores a un punto porcentual, lo que equivale a que un estudiante pase del percentil 50, justo en el medio, al percentil 51. En la práctica, la diferencia entre una mejora mínima y efectos prácticamente nulos puede resultar irrelevante.

Ambos estudios también documentaron un aumento inicial de los incidentes disciplinarios antes de que el comportamiento se estabilizara, y ambos encontraron indicios de beneficios no académicos, incluidas mejoras en el clima escolar o el bienestar de los estudiantes.

Sin embargo, la investigación internacional en general sigue arrojando resultados realmente dispares.

El primer estudio cuantitativo sobre la prohibición de los teléfonos móviles, publicado en Inglaterra en 2016, concluyó que las restricciones al uso de estos dispositivos mejoraban las calificaciones en los exámenes, principalmente para los estudiantes con bajo rendimiento académico. Sin embargo, un estudio sueco de 2020 no halló beneficios académicos ni conductuales.

Los investigadores suecos especularon que sus resultados podrían reflejar la larga tradición del país en la integración de ordenadores en las aulas. En la década de 1970, Suecia fue uno de los primeros países europeos en adoptar la tecnología escolar, por lo que los alumnos ya dependían en gran medida de los ordenadores portátiles y otros dispositivos digitales durante las clases, incluso antes de la omnipresencia de los teléfonos móviles. Otro estudio de caso sueco también reveló que los alumnos solían usar sus teléfonos entre tareas, en lugar de durante el horario lectivo.

Desde entonces, estudios realizados en España , Noruega , Brasil e India han encontrado beneficios académicos derivados de las restricciones al uso de teléfonos móviles, aunque las ganancias variaron considerablemente. El ensayo aleatorio en India produjo algunas de las mayores mejoras académicas registradas en la literatura. Allí, los investigadores asignaron aleatoriamente a estudiantes universitarios, según su área de estudio, a guardar sus teléfonos en casilleros de madera antes de clase, mientras que otros los conservaron. A diferencia de muchas universidades estadounidenses, en estas aulas indias no había muchos portátiles ni tabletas. Eliminar los teléfonos, en efecto, pudo haber eliminado todas las distracciones digitales del aula.

Una posible explicación de los decepcionantes resultados en Estados Unidos es que los estudiantes siguen rodeados de distracciones digitales incluso cuando no tienen teléfonos. David Figlio, autor principal del estudio de Florida, afirmó que los estudiantes suelen recurrir a los mensajes de texto, los videojuegos o las redes sociales en las computadoras portátiles y las tabletas que aún están permitidas en la escuela.

Otra posibilidad es que los perjuicios académicos de la tecnología moderna no se deban principalmente a la distracción en el aula. Los teléfonos inteligentes pueden influir en el sueño, los hábitos de estudio, la atención sostenida y la capacidad de lectura fuera del horario escolar de maneras que una prohibición de siete horas de clase no puede revertir fácilmente.

“Los teléfonos móviles aún podrían estar influyendo significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, incluso si las prohibiciones no logran revertir esta situación de manera drástica”, afirmó Figlio. “Los estudiantes podrían estar descuidando sus estudios o trasnochando y durmiendo menos”.

Tom Dee, investigador educativo de Stanford que dirigió el estudio nacional, afirmó que los hallazgos «preocupantes» en este país no deberían desalentar a las escuelas a seguir experimentando con políticas sobre el uso de teléfonos móviles.

“Deberíamos seguir innovando, algo que hacemos con demasiada poca frecuencia en política educativa”, dijo Dee. “No nos dejemos llevar por la siguiente moda pasajera. Este tema es demasiado importante como para no seguir luchando por encontrar la manera de gestionar de forma responsable el uso que hacen nuestros hijos de los dispositivos digitales”.

Fuente: Jill Barshay / hechingerreport.or

Fuente de la Información: https://www.redem.org/la-prohibicion-de-los-telefonos-moviles-en-las-escuelas-que-revelan-las-investigaciones-mas-recientes/

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La derecha y los maestros

Por: Hugo Aboites
Estamos ante la resistencia del Estado a devolver a las maestras y maestros las pensiones que durante décadas ya les había otorgado. Esto es algo que puede verse en su justa dimensión si se considera la historia larga del magisterio mexicano. Luis Villoro dice que al final de la Colonia eran ellos los “depositarios de las semillas de cualquier cambio”. Porque “su mayor sensibilidad crítica ante las desigualdades e injusticias, los llevó a oponer al orden existente otro más justo” (pág. 497, Historia General de México).

Pusieron los docentes su esperanza en las ideas de libertad, y precisamente por eso impulsaron con gran fuerza la guerra de Independencia. Sin embargo, pronto se hizo evidente que las ideas del liberalismo no incluían romper las cadenas de la explotación y de la pobreza que sufría el grueso de la población, sino que, al contrario, en nombre de la libertad de comercio incluyó el inicio de lo que sería el Gran Despojo de territorios. Y de ahí que apenas dos décadas después de la Independencia, planteaban ya la necesidad de nuevas ideas para interpretar lo que veían y una educación distinta, libertaria y respetuosa de niñas y niños.

Guiados por esta visión, organizaron escuelas para “los hijos de las vendedoras de legumbres, curtidores, carniceros y gente dedicada a los oficios más humildes…” (Ávila, Enrique: Educación, rebeldía y resistencia. 22). Y pudieron presenciar e incorporar a su visión crítica no sólo hecho de que se arrebataba en nombre de la ley los territorios indígenas, sino también las hasta 20 rebeliones que en respuesta las comunidades organizan en la década de los años 1840 (Meyer en Warman).

Se fue creando así un sustrato de resistencia primero intelectual en el periodo posterior a Maximiliano, en contra de los 30 principales personajes liberales que se hicieron del país (12 militares y 18 intelectuales –entre ellos Justo Sierra que sería secretario de Educación y Bellas Artes), (Luis González, H istoria General…). Y resistencia también en contra el robo masivo del campo. Sólo en cuatro años del porfiriato, 1889-1893, “más de 10 millones de hectáreas pasaron de las comunidades indígenas a los latifundistas” (un millón de hectáreas equivale a todo el Edomex) y las “compañías deslindadoras”, en seis años, recibieron gratuitamente 12.7 millones de hectáreas con lo que sus terrenos sumaron 27.5 millones (Garmendia, 1990: Chapingo: pág. 23). Los liberales se enfrentaron a un magisterio cada vez más inquieto que demandaba justicia social… y pensiones. Nuevas ideas, más abiertamente sociales y campesinas crearon entre el magisterio la base intelectual de la Revolución de 1910.

Se entiende entonces que Zapata planeara con dos maestros (Montaño y Burgos) el comienzo de la rebelión en el Sur (Meneses) y que cientos de docentes se incorporan luego a la lucha armada (L.E. Galván).

Sin embargo, Zapata y Villa perdieron frente a Obregón y Carranza, ambos terratenientes, y eso marcó el futuro. Se vieron obligados a incorporar las demandas de tierra y derechos laborales, pero no tenían desde donde pensar la educación distinta a la liberal, porfirista y decimonónica (autoritarismo, orden, centralización, homogeneidad, fragmentación, diferenciación social, separación de la comunidad, predominio ciencia occidental).

A pesar de esto las y los maestros sí pensaron una educación distinta a la del porfiriato, y en su apogeo (1920-1940) con la alianza implícita y fuerte con el cardenismo (“educación socialista”), pudieron generar la Casa del Pueblo, Misiones Culturales, como alternativa o complemento comunitario a la escuela, y crearon la educación y el normalismo rural, para construir la nación desde abajo y desde el conocimiento. Sin embargo, comenzando con Ávila Camacho y Torres Bodet se impuso luego la educación ajena, centralizada y autoritaria, los bajos salarios, el control del SNTE, la indiferencia y represión a los proyectos alternativos y la represión permanente a las protestas y, más recientemente, la eliminación de las pensiones solidarias. Todo esto fortaleció a la derecha y creó un clima de tensión. Desde entonces en México no hay una sola década sin maestros o estudiantes reprimidos, encarcelados o muertos, y hoy hasta crean símbolos poderosos: un Zócalo cerrado, un maestro ciego por un disparo en la cara.

Calderón entregó la riqueza pensionaria del magisterio a la administración de los banqueros y a pesar de las diez promesas de la 4T en Guelatao (“ninguna reforma más sin los maestros”) la modificación constitucional y las leyes de 2018-2021 se redactaron sin los maestros, pero sí con el PAN: Romero Hicks, Corral, Delgado. Incluir a la derecha en la educación, y al mismo tiempo castigar al magisterio, despojándolo de un derecho es doblemente regresivo y es una ecuación que no suma fuerza para el país. Al contrario, es una herida decisiva al lado progresista de su propia historia. Y más tensión y conflicto.

https://www.jornada.com.mx/2026/06/06/opinion/015a1pol

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A 11 años de Ni Una Menos, la marea feminista que convirtió el dolor en una fuerza política continental

Por Alejandra Rizzo*

El 3 de junio de 2015 una multitud desbordó las plazas argentinas bajo una consigna que nació en las redes sociales y se volvió un grito colectivo: “Ni Una Menos, vivas nos queremos”. Aquella movilización, convocada luego de cuantiosos femicidios que conmocionaron al país, marcó un punto de inflexión en la historia política y social de Argentina y de América Latina. A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, las cifras siguen evidenciando la persistencia de las violencias por motivos de género. Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina. En estos once años ocurrió, en promedio, un femicidio cada 31 horas, una realidad que da cuenta de la vigencia de una lucha que transformó para siempre la agenda política y social del país.

El reciente femicidio de Agostina, en la provincia de Córdoba, irrumpe como un recordatorio brutal de la vigencia de las demandas que dieron origen a Ni Una Menos. En un contexto de retroceso de políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar las violencias de género, y de discursos que buscan relativizar las desigualdades estructurales que atraviesan a mujeres y diversidades, su asesinato vuelve a interpelar a toda la sociedad. Once años después de aquella movilización histórica, la pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las mujeres seguirán siendo asesinadas por el solo hecho de ser mujeres? El nombre de Agostina se suma a una larga lista de vidas arrebatadas por la violencia patriarcal y a una memoria colectiva que el movimiento feminista transformó en organización, lucha y exigencia permanente de justicia. Su historia reafirma que Ni Una Menos sigue siendo una urgencia política y social de nuestro presente.

El 3J no fue solamente una movilización multitudinaria o un fenómeno viral, la marea feminista logró instalar en el centro de la discusión pública problemáticas históricamente invisibilizadas y construir una nueva gramática política para pensar la violencia, los cuidados, las desigualdades y las condiciones materiales de la vida. Once años después, su potencia sigue vigente no sólo en las calles, sino también en la memoria colectiva de una generación que entendió que lo personal también es político y que la organización popular podía transformar el miedo y la bronca en una fuerza capaz de disputar el sentido del sistema, y que la heterogeneidad puede organizarse en torno a un enemigo común, el capitalismo patriarcal.

La magnitud de aquella convocatoria no puede comprenderse sin el papel central que tuvieron las redes sociales. Facebook, Twitter y otras plataformas digitales funcionaron como espacios de encuentro, difusión y planificación que permitieron amplificar rápidamente el reclamo y conectar experiencias atravesadas por una misma violencia sistemática. En muy pocos días, y disputando el territorio virtual, una consigna impulsada inicialmente por periodistas, escritoras, artistas y activistas feministas se volvió un fenómeno social de calle. Según relevamientos de aquel momento, más del 60% de quienes participaron de la movilización se enteraron de la convocatoria a través de redes sociales, mostrando cómo la disputa del territorio virtual se convirtió en una herramienta decisiva para producir poder y disputar sentidos en el espacio público.

De Ciudad Juárez a Buenos Aires, los antecedentes de una consigna

La consigna “Ni Una Menos” tiene una genealogía latinoamericana. Fue inspirada en la frase “Ni una menos, ni una muerte más”, utilizada por la poeta y activista mexicana Susana Chávez Castillo para denunciar los feminicidios en Ciudad Juárez. Chávez fue asesinada en 2011.

En Argentina, el proceso comenzó a consolidarse en marzo de 2015, tras el asesinato de Daiana García. Periodistas, escritoras y activistas organizaron una maratón de lectura en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires para visibilizar la violencia patriarcal. Entre las organizadoras estaba Vanina Escales, quien propuso utilizar el nombre “Ni Una Menos” para la convocatoria.

Ese mismo año, otros casos de femicidio atravesaron al país, como los casos de Melina Romero que apareció asesinada tras haber desaparecido luego de festejar su cumpleaños, el de Katherine Moscoso que fue enterrada viva en un médano, y en mayo el caso de Chiara Páez, asesinada a golpes a los 14 años, el cual terminó de detonar la indignación social.

La periodista Marcela Ojeda escribió entonces en Twitter: “Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… mujeres, todas, ¿no vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN MATANDO”. Ese tuit funcionó como disparador de una articulación profunda entre periodistas, escritoras, activistas y usuarias de redes sociales.

Cuando las redes hicieron posible la masividad

Ni Una Menos nació primero como un poema y luego como un hashtag, antes que como organización formal. Las plataformas digitales permitieron transformar experiencias individuales de violencia en una narrativa colectiva capaz de construir legitimidad política y movilización territorial, como herramientas de realización del poder popular.

El territorio virtual funcionó, y funciona, como una herramienta donde el feminismo y el transfeminismo global se encuentran, planifican y difunden consignas y actividades para luego ser realizadas en las calles de cada provincia, estado, ciudad o municipio. Twitter y Facebook funcionaron como aquella infraestructura organizativa, donde se compartieron convocatorias, materiales gráficos, testimonios y consignas.

Durante el 3 de junio de 2015 el hashtag #NiUnaMenos fue mencionado más de 516 mil veces. Según L’Internationale, el fenómeno se define como una experiencia de “tecnopolítica feminista, capaz de producir comunidad, identidad afectiva y presión pública sostenida’’.

El movimiento también desarrolló consignas virtuales propias: hashtags como #VivasNosQueremos, #NosMueveElDeseo y #ParoDeMujeres, transmisiones en vivo, coberturas colaborativas; ilustraciones feministas y el pañuelo verde se convirtieron en símbolos de un movimiento feminista que comenzaba a fortalecer su legitimidad.

La potencia de esa articulación virtual permitió sostener la continuidad organizativa entre movilizaciones, internacionalizar las consignas y universalizar las luchas, las cuales incorporaron demandas vinculadas al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, la feminización de la pobreza, la brecha salarial, la precarización laboral y el endeudamiento, además de denunciar la violencia institucional, la criminalización de la protesta social y el vaciamiento de políticas públicas.

La masividad de Ni Una Menos también permitió construir una genealogía política que enlazó al movimiento con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, los Encuentros Nacionales de Mujeres y las luchas LGBTIQ+, sindicales, indígenas, migrantes y piqueteras.

Una región atravesada por la violencia machista

La experiencia argentina se expandió rápidamente por América Latina y Europa. Chile, Bolivia, Perú, Uruguay, México, Colombia, Ecuador, Guatemala y El Salvador replicaron movilizaciones, articulaciones feministas y estrategias de ciberactivismo.

En Perú, la movilización de agosto de 2016 fue considerada la protesta más grande de la historia del país. En México, la consigna retomó la lucha de Susana Chávez y denunció los femicidios sistemáticos y la impunidad estatal. En Italia, el movimiento transfeminista Non Una Di Meno se convirtió en una de las expresiones feministas más importantes de Europa y en Estados Unidos y Francia impulsó los movimientos como el #MeToo.

La lucha continúa. América Latina continúa siendo una de las regiones más peligrosas para las mujeres y diversidades. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, al menos 19.254 feminicidios fueron registrados en América Latina y el Caribe en los últimos cinco años. Entre seis y ocho de cada diez mujeres de la región atravesaron algún episodio de violencia física, sexual, económica o psicológica a lo largo de sus vidas.

La violencia se profundiza en contextos de pobreza, ruralidad y discriminación étnica. Las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas enfrentan mayores obstáculos para denunciar y acceder a protección estatal. A nivel global, ONU Mujeres advierte que menos del 40% de las víctimas busca ayuda institucional y que menos del 10% recurre a la policía. Solo el 55% de los países penaliza integralmente la violencia doméstica y más del 60% carece de leyes de violación basadas en el consentimiento.

La violencia digital también se convirtió en una dimensión central del problema. El auge de discursos misóginos en redes sociales y comunidades virtuales, como la llamada “manósfera”, amplifica el acoso y las amenazas contra mujeres periodistas, activistas y dirigentes políticas.

En Argentina, los datos económicos muestran cómo las desigualdades de género siguen estructurando el acceso al trabajo y a los ingresos. Según datos de CEPA y relevamientos publicados en 2026, las mujeres representan el 64,2% del sector con menores ingresos. La brecha salarial ronda el 27% y alcanza el 40% entre trabajadoras informales. La tasa de actividad femenina es del 52,6%, muy por debajo del 70,1% registrado entre los varones.

La informalidad también golpea más fuerte a las mujeres: el 38% trabaja en condiciones precarias. Además, destinan en promedio tres horas más por día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Los sectores más feminizados son, a su vez, los peores remunerados: el 98,8% del trabajo doméstico registrado es realizado por mujeres.

En un escenario atravesado por el ajuste, el avance de discursos antifeministas y el debilitamiento de políticas públicas destinadas a garantizar derechos, el 3 de junio vuelve a funcionar como una fecha de memoria, protesta y articulación política continental.

El movimiento continúa recordando que la lucha por una vida libre de violencias está inseparablemente ligada a la disputa por condiciones materiales dignas para vivir. Por eso, cada 3 de junio no solo se exige justicia para quienes ya no están también se reafirma la necesidad de construir sociedades más humanas, democráticas y solidarias. Porque si algo nos deja la lucha feminista es la certeza de que frente al miedo, la indiferencia y la violencia de este sistema capitalista y patriarcal, la organización popular sigue siendo una de las herramientas más poderosas para imaginar y construir otros futuros posibles.

Porque, once años después, la consigna sigue condensando una urgencia que atraviesa fronteras: ni una menos, vivas y libres nos queremos.

*Alejandra Rizzo, militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Aquelarre Feminista en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de NODAL

A 11 años de Ni Una Menos, la marea feminista que convirtió el dolor en una fuerza política continental – Por Alejandra Rizzo

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África: Las guerras y muertes olvidadas

Por: Fernando Ayala

El continente africano con sus 1.550 millones de habitantes repartidos en 54 estados soberanos más la República Saharaui que busca su independencia, se extiende en una superficie de 30.3 millones de kilómetros cuadrados y es considerado por los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) como el más pobre del planeta.

Cinco países ocupan los peores indicadores de ingreso y desarrollo humano: Burundi, Sudán del Sur, la República Centroafricana, Malawi y Mozambique. Trabajadores en una mina de Sudáfrica. África es una tierra de enormes riquezas naturales cuya historia reciente sigue marcada por la explotación, los conflictos y las profundas desigualdades sociales

Es la paradoja del continente más rico en recursos naturales, donde hay desde oro, diamantes, petróleo, cobre y todo tipo de minerales estratégicos como tierras raras, cobalto y uranio, entre otros muchos. Ha sido víctima de la depredación de sus recursos humanos y naturales durante siglos, especialmente por parte de las potencias europeas que lo esclavizaron, lo dividieron y lo han explotado. Hoy se libran guerras en Sudán, el Congo, en el Sahel, Somalia, Mozambique, Nigeria y Libia, que en su mayoría son conflictos civiles entre grupos étnicos en algunos casos, religiosos en otros, o luchas de poder por el control de territorios y recursos.

Se estima que las víctimas fatales desde 2020 a la fecha se acercan al medio millón de personas, ya sea por combates, hambrunas, asesinatos masivos o actos de terrorismo.

En la llamada “Era de los descubrimientos”, iniciada en el siglo XV con la llegada de los primeros portugueses a las costas africanas, marcó trágicamente el destino del continente. A partir de la instalación de las primeras colonias en las islas de Madeira, Cabo Verde y la costa atlántica, se dio el inicio al comercio del oro, marfil, azúcar hasta el más rentable de todos: la caza y venta de seres humanos. Portugal abrió las rutas marítimas para el transporte de esclavos y puso las bases para los imperios coloniales que ahí se desarrollaron. Se estima que los navíos portugueses transportaron casi cinco millones de esclavos a Brasil y otros lugares.

Rápidamente el negocio se extendió a Inglaterra que llevó algo más de tres millones a Estados Unidos y el Caribe; España lo sigue en esta estadística macabra con el transporte de alrededor de 1.5 millones de esclavos a Sudamérica, Cuba y otros lugares. Francia registró 1.2 millones llevados a Haití y otras islas, tal como lo hicieron los comerciantes holandeses. La mayor parte del comercio de seres humanos se efectuaba en barcos ingleses, especialmente a partir del siglo XVII, cuando la flota británica controlaba los océanos.

Las consecuencias de la esclavitud y la explotación de los recursos naturales africanos por parte de las potencias coloniales dejaron una huella profunda. Culturas y lenguas divididas por el poder colonialista ávido de sus riquezas, donde el ser humano era una variable exclusivamente comercial, una mercancía. Así, durante la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, miles y miles de africanos vistieron los uniformes de las potencias coloniales y muchos fueron a morir en territorio europeo no sabiendo bien porqué peleaban. Hoy, en los conflictos civiles que desangran al continente no es ajena la mano de las antiguas y nuevas potencias neocoloniales.

La venta de armas, el adiestramiento militar y los intereses geopolíticos están presente en prácticamente todos ellos. En Sudán, el conflicto lleva ya tres años disputándose el poder para controlar la economía y las riquezas naturales en un país donde abunda el oro y el petróleo. Una situación similar ocurre en el Congo donde se enfrentan desde hace cuatro años facciones rivales para controlar las riquezas en un país rico en oro, cobalto, otros minerales y las maderas de la selva tropical, explotada por compañías europeas. Las raíces aquí son más profundas por los intereses neocoloniales vigentes.

El Congo obtuvo su independencia de Bélgica en 1960, donde Patrice Lumumba, un líder nacionalista, ganó las elecciones y fue nombrado primer ministro para luego de tres meses ser arrestado, torturado y asesinado en una operación coordinada por el gobierno belga y la CIA por representar una amenaza al pretender tomar el control de sus recursos naturales. Hoy están presentes los intereses extranjeros, las rivalidades étnicas y la lucha por el poder.La región del Sahel que abarca 10 países tiene a tres: Mali, Níger y Burkina Faso, en conflicto desde 2012 por una multiplicidad de factores donde la presencia yihadista es uno de ellos y el uranio, litio y oro, otro. A estos conflictos se suman los desplazamientos humanos forzados por la violencia y también por la sequía, el cambio climático y la hambruna. En Nigeria, el país más poblado de áfrica y multiétnico, fuerzas de Estados Unidos bombardearon hace unos meses en el noroeste, a bases del estado islámico del ISIS que se han asentado en esa región. Las luchas multiétnicas y el terrorismo han profundizado las diferencias entre cristianos y musulmanes dejando más de 50 mil muertos en los últimos 15 años.

El mundo real es brutal para entregar informaciones. Se calcula que las noticias sobre los conflictos en África no llegan al 5% de la prensa mundial, comparado con casi el 80% destinado a la guerra de Estados Unidos con Irán, la de Rusia con Ucrania y la de Israel contra el pueblo palestino y el Líbano. Así las cosas, es muy difícil que la realidad africana vaya a a cambiar en el corto ni mediano plazo. Las proyecciones de crecimiento demográfico de Naciones Unidas estiman que para el año 2050 la población africana pasará de 1.550 millones de hoy a 2.500 millones de habitantes.

Si la crisis climática, alimenticia y conflictos armados se mantienen o acentúan, la única alternativa que les queda para comer y salvar sus vidas, al igual que lo hicieron hace más de dos millones de años los primeros seres humanos que se pusieron en pie en ese continente, es caminar. ¿Hacia dónde? Hacia Europa, que es lo más cercano y en gran parte responsable del estado actual.

El proceso de descolonización de los años 60 del siglo pasado, no fueron acompañados de una suerte de Plan Marshall, que hubiese contribuido a generar estructuras sólidas, a fortalecer los estados y desarrollar instituciones que hubiesen permitido la utilización racional de sus riquezas. Por el contrario, la explotación de sus recursos se mantuvo bajo otras formas y nadie hoy se siente responsable ni existe un plan para efectuar un cambio real de la situación que sería -como todos los saben- el principal freno a la inmigración.

Las agencias de Naciones Unidas efectúan una labor esencialmente paliativa, acuden a las emergencias, pero ello no basta, solo alivia momentos críticos. Finalmente, un indicador que refleja la dramática realidad: la mortalidad infantil hasta los cinco años alcanza hoy en la Unión Europea a 4 niños por cada mil de nacidos vivos. En África, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para 2025, por cada mil fueron 71,6 los que murieron antes de los cinco años, mayoritariamente en el primer mes de vida, representando el 58% de la mortalidad infantil a nivel mundial, es decir algo más de 2.8 millones de niños.

Fernando Ayala, embajador, economista de la Universidad de Zagreb, Croacia, y Máster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Ex Subdirector de asuntos estratégicos de la Universidad de Chile y ex Subsecretario de Defensa..

Fuente: https://estrategia.la/2026/06/04/africa-las-guerras-y-muertes-olvidadas/

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La porfiada defensa de la vida en tiempos oscuros

Por Eduardo Gudynas

El Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio, debería ser una celebración de la vida. Un encuentro con todas sus expresiones: la belleza de los paisajes, la variedad de animales y plantas que albergan las selvas, las llanuras y los mares, cada uno de ellos con sus peculiares modos de existencia. Es encontrarse con todas esas vidas porque de ellas también dependen las nuestras propias como humanos.

Sin embargo, el Día Mundial del Ambiente de 2026 es particularmente difícil. Se siguen talando las selvas, el cambio climático no se detiene, los mineros taladran y los petroleros perforan. Una vez más, como viene sucediendo año a año, la problemática ecológica se agrava, en unos asuntos a un ritmo acelerado, como ocurre con la pérdida de biodiversidad, y en otros más pausadamente, como son las alteraciones en ciclos biogeoquímicos. Pero nada se detiene. Las medidas para evitar esos problemas siguen siendo inefectivas, y apenas se logran algunos éxitos puntuales, como crear una nueva área protegida o controlar algún agroquímico que dadas esas circunstancias se celebran como enormes victorias.

Teorías y prácticas entrampadas

El balance de lo que podría resumirse como la teoría y la práctica, que mutuamente se potencian, no es auspicioso. De un lado la información, los argumentos y los debates progresan a tropezones. Del otro lado las acciones que realmente se implementan están muy lejos de las medidas que son necesarias.

En el primer ámbito, todos los años deben repetirse las evidencias de los problemas ambientales, tanto los que se sufren dentro de cada país como los que padece la biósfera. Se vuelven a publicar indicadores tales como las hectáreas de bosques talados o el número de especies amenazadas. Cada 5 de junio es necesario defender la relación entre emisiones de gases invernadero y el cambio climático, ante la avalancha de negacionistas. Ante medios de prensa convencionales, refractarios a estos temas, es comprensible que se disfrute que, al menos en el Día Mundial del Ambiente, se pueda hablar de la debacle ecológica. Pero, al mismo tiempo, es como si nada se aprendiera de año en año, lo que obliga a repetir las evidencias.

También debe reconocerse que hay disputas conceptuales que no se han saldado, y que eso, en parte, contribuye a los estancamientos. La más evidente se observa en la academia, y junto a ella en organizaciones ciudadanas y gobiernos, donde muchos creen que incluyendo los recursos naturales como mercancías dentro de los mercados, surgirían milagrosamente bienes y servicios ambientales que resolverían esta problemática. Son reflexiones que pueden ser valiosas como exploración de ideas, que sin duda nutren los papers en los journals, pero han sido inefectivas en impedir el colapso ambiental. Lo son precisamente porque la mercantilización de la naturaleza es una de las causas básicas de los problemas actuales, y no una solución.

También se enfrentan dificultades en los vínculos entre las teorías y las prácticas. El mejor ejemplo es que aun reconociéndose que deben detenerse las emisiones de gases invernadero, la mayor parte de las propuestas de cambio que emplean la etiqueta de “transiciones” quedan empantanadas en no terminar de romper con el carbón o los hidrocarburos, o en promover nuevos extractivismos que necesitan del litio para el mundo eléctrico que imaginan.

Otro ejemplo lo ilustra la reciente conferencia internacional sobre la transición para dejar los combustibles fósiles, convocada por los gobiernos de Colombia y Países Bajos, que se reunió en la ciudad de Santa Marta. Sin duda fue muy bueno que la administración de Gustavo Petro lo hubiese logrado. Pero si somos sinceros, y aunque sea doloroso indicarlo, no se consiguieron resultados concretos y solo se puede celebrar que algunos gobiernos testarudos aceptaran, por fin, al menos hablar en público sobre la posibilidad de abandonar sus adicciones al petróleo y el carbón, lo que se les reclama desde hace casi treinta años.

En el campo de la práctica, las medidas concretas son limitadas, indefinidas o ineficientes. En todos los países persisten vacíos normativos y frecuentemente los incumplimientos, desde la caza furtiva a los derrames de tóxicos, no son detectados ni castigados. Es más, han alcanzado los gobiernos actores de la extrema derecha que lanzan medidas para desmantelar las normas y controles ambientales. Ese camino, iniciado por Donald Trump en Estados Unidos, ahora es imitado en nuestro continente, tal como hacen las administraciones Noboa en Ecuador, la de Milei en Argentina, Kast en Chile o Paz en Bolivia. Esto se ilustra con un ejemplo reciente que acaba de ocurrir en Bolivia donde, con la aprobación de un nuevo “Reglamento de adecuación de derechos mineros simplificado”, se elimina la licencia ambiental y la consulta previa para las cooperativas mineras.

Las brechas persistentes

Se mantienen enormes brechas entre las medidas ambientales que serían necesarias y el apego de políticos, empresarios y buena parte de la sociedad a estilos de desarrollo que, al final de cuentas, son responsables de lo que padecemos. Inevitablemente surgen múltiples interrogantes.

¿Cómo discutir las vías para abandonar los combustibles fósiles, cuando los gobiernos, empresas y amplios sectores ciudadanos ponen toda su atención en los aumentos de los precios de los combustibles en América Latina por el bloqueo del estrecho de Ormuz?

¿Cómo reclamar la defensa de la Amazonia en Perú, si miles de personas acosadas por la pobreza y falta de opciones se lanzan a la minería de oro aluvial para poder ganar unos dólares?

¿Cómo alzar la voz en Bolivia para evitar que los salares andinos sean devorados por la minería de litio si el país está colapsado por bloqueos carreteros y demandas cruzadas?

¿Cómo llamar a la defensa de la vida si mueren miles de personas por los misiles que unos países lanzan contra otros o llevan adelante impunemente un genocidio?

¿Cómo señalar que se pierde la biodiversidad mientras la violencia urbana y rural se mantiene en muchas regiones, y la muerte de las personas se vuelve una cotidianidad, como si fuera una desgracia inevitable a las que todos deben resignarse?

No tengo una respuesta mágica para esas preguntas, pero eso no implica, de ningún modo, una renuncia a seguir insistiendo en los llamados y reclamos a defender todas las formas de vida. El silencio no es una solución a esta problemática. Desentenderse de ese esfuerzo nos haría cómplices de la destrucción que denunciamos e intentamos revertir.

La política de la crisis ambiental

Al mismo tiempo, plantear interrogantes como las que se acaban de enumerar, es un paso fundamental para comprender que la problemática ambiental es inseparable de las circunstancias políticas. Precisamente, una de las razones de las inacciones actuales, es que se presentan reclamos o se intentan medidas desconectadas de los contextos políticos, económicos o sociales.

Eso nos lleva a reconocer que somos testigos del deterioro de la calidad de la política, entendida en su clásico sentido de servir a la justicia, la virtud y el bienestar de las personas. A medida que esos ideales se abandonan, las democracias enflaquecen bajo distintos autoritarismos, las opciones y oportunidades para informar y debatir sobre la problemática ambiental se acotan, y se generan vacíos que son ocupados por las lógicas mercantiles. Es una época de oscuridad, para retomar un calificativo de Hannah Arendt, empleado para los momentos de crisis y autoritarismo, que afectan las capacidades de pensar y derrumban los compromisos morales.

Bajo esa dinámica es difícil enarbolar los reclamos ambientales. No solamente se cierran espacios, sino que quienes insisten, por ejemplo, en denunciar los impactos de los extractivismos o el tráfico ilegal de maderas, son perseguidos por el Estado y por los grupos económicos que se benefician de la destrucción de la naturaleza. Entre los ejemplos más recientes se cuentan las medidas del Gobierno Noboa en Ecuador lanzando investigaciones judiciales contra defensores ambientales, o la imposición de controles en la gestión y las finanzas de las organizaciones ciudadanas, como ocurre en Perú.

El deterioro de la justicia y las salvaguardas de los derechos dentro de cada país se da la mano con los embates contra los acuerdos multilaterales que ofrecían esas coberturas, ya que gobiernos como los de Estados Unidos, China o Rusia los atacan. Entretanto, bandas criminales toman el control de la explotación de recursos naturales, como ocurre con la minería de oro aluvial, y la violencia se multiplica hasta alcanzar los asesinatos.

Desembocamos en la necropolítica: una política donde se tolera la muerte de las personas y de la naturaleza para mantener vivas las economías. La necropolítica es una consecuencia de estos tiempos oscuros. En esas condiciones, los países caen en sucesivas crisis, que pueden ser políticas, económicas o de otros tipos, las que, al mismo tiempo, agravan la problemática ambiental y suman impedimentos para poder resolverla. Esto permite abordar una condición clave: los temas del Día Mundial del Ambiente son inseparables de otras dimensiones, todas ellas enmarcadas en estilos de desarrollo que sueñan con seguir creciendo explotando tanto a las personas como a la naturaleza. Se desatiende o reniega de la crisis ambiental precisamente porque se interpreta que cualquier medida es un obstáculo al funcionamiento de las economías. De un modo análogo, se recortan las salvaguardas de los derechos humanos porque también son concebidas como trabas para un buen desempeño económico. Y, a su turno, se produce una política raquítica que permite seguir destruyendo la naturaleza y tolera la pobreza y la muerte de las personas.

Es por esas razones que en el Día Mundial del Ambiente, como en los demás días del año, no es posible celebrar medidas que apenas son actos cosméticos como las campañas de publicidad de empresas o gobiernos, es pertinente reconocer acciones valiosas, pero no contentarse con ellas si sabemos que no detendrán la avalancha de destrucciones que cotidianamente presenciamos. Asumir las dificultades que imponen los actuales contextos políticos lleva, por el contrario, a persistir porfiadamente en reclamar y actuar en defensa de todas las formas de vida. Estos tiempos oscuros se enfrentan iluminando con alternativas, luchando contra la contaminación, la extinción de especies o la desaparición de paisajes, con mejores teorías y prácticas, al mismo tiempo que se milita por la democracia y los derechos. Son tareas inseparables entre sí y para todos los días del año.

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Datos inertes o saberes vivos: Una mirada a la gestión del conocimiento científico

Por: Prof. Hayah García

Como en todo el mundo material, hay un punto de partida. Es ese algo que sirve de origen y desde el cual surgen una o muchas interrogantes que, dependiendo de la óptica, tendrán respuestas o al menos datos que permitirán realizar algún tipo de interpretación.

Al católico, por ejemplo, se le dice que hubo una génesis, el principio del mundo y la vida, una mano divina que construyó en tan solo siete días todo lo que conocemos . Sea cierto o falso, es la forma de explicar el origen del mundo desde un sistema de creencias que busca instaurarse como universal, pero que, a lo largo de más de cuatro milenios, ha visto surgir detractores como también otras interpretaciones y creencias, sin dejar de lado quienes piensan en la existencia de inteligencias provenientes de otros mundos, cuestión que no está negada ni comprobada.

El ser humano es único en el universo, hasta ahora, y posee la capacidad de razonar, discernir, reflexionar y andar por caminos propios que le permiten generar experiencias que no todos logran convertir en algo más aprovechable o en conocimiento formal.

Es así como el investigador social en su medio se plantea un problema, un conjunto de interrogantes y dependiendo de la naturaleza del mismo opta por tomar una perspectiva u otras para tratarlo. En medio de todo este proceso, a veces repetitivo, él obtiene datos, que son información inerte y desde los cuales posteriormente podrá elaborar reflexiones que se transforman en conocimiento. Cabe aquí la pregunta: si el mismo problema lo plantea otro investigador, ¿llegará a resultados o reflexiones iguales, similares o distintas? La respuesta es bien conocida, dado que el investigador social no escapa a su propio entorno y a la no neutralidad del conocimiento, pues como refiere Lev Vygotsky el conocimiento individual se construye desde la interacción social, el contexto cultural y de los cristales con los que se observe.

Se trata en sí de una construcción social y reflexiva que no solo requiere ser administrada, sino vivida y compartida para recibir la realimentación y darle otra mirada a lo ya encontrado.

Surge así lo que en algún momento se denominó gestión del conocimiento, dado que gestionamos lo que conocemos, las experiencias que pasaron a ser conocimiento, lo que percibimos desde cada uno de los sentidos, es un todo que de alguna manera va moldeando la perspectiva y cosmovisión a lo largo de la senda que se transita desde la reflexión y el discernimiento.

Es un proceso altamente complejo, refinado, crítico, transversalizado y multidimensional precisamente porque el ser humano es como un diamante en bruto, inacabado, imperfecto y en constante aprendizaje.

Esta articulación muestra que el conocimiento es un hilo infinito, que permite ser mejorado con el pasar del tiempo.

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El presente no da lugar al futuro en América Latina

Por Aram Aharonian 

América Latina se encuentra en un momento de transición y cambio, cuando las decisiones tomadas hoy tendrán repercusiones a largo plazo. La región enfrenta desafíos como las migraciones masivas, el desempleo juvenil y la polarización política. Pero también tiene fortalezas como la estabilidad macroeconómica y la abundancia de recursos mineros y de energías renovables, tan apetecidos por las grandes potencias .

Es una estupidez perder el presente solo por el miedo de no llegar a ganar el futuro, señaló José Saramago.  El pánico a la inestabilidad suele empujar a las sociedades hacia una parálisis emocional. Sobre esta premisa, el Premio Nobel de Literatura  recuerda en La Caverna que el costo de protegerse contra la incertidumbre es, casi siempre, la renuncia a la propia vida. Esa fijación con el mañana anula la capacidad de acción y confina al individuo a la pasividad, en una espera eterna.

Saramago deja en claro que el capitalismo y el consumo masivo devoran la identidad de los ciudadanos, que la alienación progresiva hace que los habitantes del complejo pierdan su condición humana, que la comodidad de una ilusión confortable sustituye el contacto con la realidad, emulando a los prisioneros mitológicos.

El desasosiego que genera la transformación del entorno empuja a los personajes a mudarse al corazón de esa urbe artificial, en donde la búsqueda de una falsa estabilidad dentro del engranaje consumista despoja a las personas de su autonomía. El temor a la exclusión económica obliga a aceptar una supervivencia deshumanizada, alerta el intelectual portugués.

El presidente estadounidense Donald Trump ha dejado muy claro que quiere controlar el continente, y ha declarado explícitamente que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a cuestionarse”. Las tres naciones más grandes de la región —Brasil, México y Colombia, dirigidas por políticos progresistas— criticaron la captura estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro con distintos grados de indignación y diplomacia.

Las reacciones divergentes muestran cómo el gobierno de Trump, cada vez más agresivo, está alterando la política de América Latina. Aunque sus respuestas públicas puedan ser diferentes, todos parecen compartir un objetivo común en una nueva era de intervencionismo estadounidense, dadas las experiencias recientes en Venezuela (ataque y secuestro del presidente Nicolás Maduro) y en el  bloqueo criminal a Cuba: la autopreservación.

“Por supuesto que queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos. Es un país muy importante en todos los sentidos. Pero no hay forma de evitar condenar esta acción”, dijo Celso Amorim, principal asesor de política exterior del presidente brasileño  Lula da Silva. Añadió que antes del ataque a Venezuela, “las cosas avanzaban de forma positiva”, en referencia a la relación entre EEUU y Brasil. “Todavía espero que eso sea posible”.

Poco duró el optimismo: El gobierno de Donald Trump a través del Departamento de Estado dirigido por Marco Rubio anunció la designación de las bandas Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) como «Organizaciones Terroristas Extranjeras», lo que habilita sanciones financieras severas y amplía las herramientas legales de Washington. La medida fue rechazada por el gobierno de Lula, que la considera una intromisión en la soberanía brasileña.

En casa ¿cómo andamos?

La crisis actual de América Latina es similar a las de los años 1930, con síntomas que se repiten: disputa hegemónica, ascenso de derechas autoritarias proestadounidenses, fragilidad institucional, guerras latentes. No se trata de una crisis económica ni política: es una crisis civilizatoria. No está en juego únicamente la reproducción del capital, sino la reproducción de la vida. Y también están en juego los recursos minerales, energéticos, el agua, que significan el presente y el futuro de las sociedades.

Hace casi un siglo, el capitalismo encontró una salida tras luchas sociales, guerras, pactos forzados, que obligó a la intervención y regulación del Estado, que intervino, redistribuyó, reguló, lo que facilitó recomponer legitimidad. El capital cedió para no arder. Un siglo después, las condiciones han cambiado radicalmente: el capital aprendió a gobernar de otra manera, aprendió a tolerar la redistribución sin perder el control, siempre que el sentido del valor permaneciera intacto, señala René Ramírez.

En décadas recientes, frente a la obscenidad neoliberal, algunos gobiernos progresistas lograron reducir  la pobreza, ampliaron derechos, restituyeron la dignidad de millones, representaron un giro histórico… quizás sin haber evaluado la profundidad del problema que enfrentaban. Sí, redistribuyeron, pero no cambiaron el sistema.

El progresismo asume que la desigualdad es de ingresos o de oportunidades. Pero esa es sólo la superficie. Esta desigualdad está anclada en la larga duración del colonialismo: el colonizador organizó el mundo a su favor y reproduce el colonialismo aún hoy.

La riqueza se distribuyó históricamente de forma asimétrica. Y esa distribución no desapareció con la independencia formal. Se transformó en colonialismo interno: en estructuras de propiedad, en jerarquías raciales, en divisiones territoriales. Por eso, incluso en contextos de crecimiento o redistribución, las brechas persisten. Los avances progresistas fueron importantes, pero insuficientes para revertir la concentración patrimonial histórica.

La Pax Silica

Si hace décadas el orden mundial se cimentaba sobre el acero y el control de las rutas petroleras, hoy el tablero geopolítico se decide en una escala mucho más pequeña, casi invisible al ojo humano: los nanómetros: quien controle el diseño y la fabricación de los semiconductores controlará la economía del siglo XXI. Y es aquí donde aparece la denominada Pax Silica, la nueva y agresiva apuesta de la administración de Donald Trump para reescribir las reglas del juego tecnológico global.

Bajo el gobierno de Javier Milei, Argentina se ha convertido en el alumno modelo de esta nueva fase colonial. Washington ha firmado un acuerdo marco sobre minerales críticos y celebra el «gran liderazgo» de Milei en identificar proyectos prometedores de litio y cobre. Una alianza estratégica donde Argentina pone el recurso y EEUU se lleva el beneficio, incluso gestionando el ingreso del país al exclusivo grupo «Pax Silica».

Uno de los principales cuestionamientos a la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina es la posibilidad de habilitar actividades extractivas (también de empresas extranjeras) en zonas anteriormente protegidas. La minería, especialmente la de litio, cobre y oro, puede implicar intervenciones que alteren la estabilidad de los glaciares y su entorno: contaminación por metales pesados, el uso de sustancias químicas, la alteración de cursos de agua y la fragmentación de ecosistemas de alta montaña.

Tras el giro político en Caracas, el agresor EEUU ejerce un control directo. El secretario del Interior, Doug Burgum, desembarcó en Caracas con representantes de gigantes mineras como Peabody Energy y Glencore. El objetivo es claro: acceder a las reservas de bauxita, níquel, oro y tierras raras, además del petróleo, abriendo estos sectores a la inversión extranjera incondicional o más bien a los capitales estadolunidenses.

Y, a pesar de las diferencias políticas, la administración Trump busca recomponer lazos con el gobierno de Lula da Silva, consciente de que Brasil es un «socio estratégico esencial» por sus reservas de tierras raras pesadas. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE.UU. (DFC) ya financia proyectos en Goiás (Serra Verde y Aclara). Washington no solo quiere el mineral, sino controlar el procesamiento, un eslabón clave hoy dominado por China.

Como dijo Saramago, es una estupidez perder el presente solo por el miedo de no llegar a ganar el futuro.

Aram  AharonianPeriodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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