La democracia sindical se ha convertido en una promesa de campaña incumplida, un problema irresuelto y una obligación legal infringida. El Presidente de México, siendo candidato, dijo que respetaría la independencia y la autonomía de los trabajadores de la educación en caso que el voto ciudadano le favoreciera. Lo reiteró en abril del dos mil diecinueve: “Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila, porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia”. Días después, se promulgó la reforma laboral. Hasta hoy, ha sido imposible hacerla realidad. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han impedido, de una manera u otra, llevarla a la práctica. La dependencia encargada de la política laboral por omisión a sus atribuciones y la organización gremial por desacato. A ambos, la pandemia les vino como anillo al dedo para justificar su insensatez.
Analizaré el tema en los párrafos subsecuentes. Para ese propósito, retomaré algunas ideas de mis escritos anteriores a manera de introducción. La importancia de contar con organizaciones sindicales para la defensa de los derechos laborales de los agremiados y de órganos colegiados que salvaguarden los intereses profesionales, la deontología y ordenación del ejercicio docente lo expresé en el texto “La reforma a la reforma educativa”. Salió a la luz en septiembre del dos mil dieciocho.
Profundicé sobre el asunto en la colaboración que lleva por título “Los derechos laborales y los derechos profesionales del magisterio”. Tomé como punto de referencia la modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LFTSE). Como bien se sabe, se buscó adecuarla a los Convenios C087 y C098 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a la libertad y protección de los derechos sindicales. Me concentré en los derechos inherentes al ejercicio de la profesión docente emanados de la creación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
A partir del cuestionamiento final del artículo anterior, ¿cuál es el papel que juegan, y debieran jugar, las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos laborales y los derechos profesionales del magisterio? intenté aportar algunos argumentos para una probable repuesta en “Por un sindicalismo al servicio del magisterio”. Advertí, que la reforma educativa le habría arrebatado a las organizaciones sindicales la prerrogativa de los derechos profesionales adjudicándole a los propios maestros el derecho de interponer su defensa. Y, por ello, se le concedió al Estado Mexicano la rectoría de la educación quedando de manifiesto en las atribuciones exclusivas conferidas a las autoridades educativas en determinados asuntos con una participación marginal de los sindicatos como, por ejemplo, la asignación de plazas. En este sentido, destaqué que la función sustancial de las organizaciones gremiales, particularmente el SNTE, debiera ser la aludida en el título. Observé también que, al interior del SNTE, se libra una batalla entre diversos grupos. Unos por mantenerse y otros para acceder al poder.
Desde esta perspectiva, revisaré de aquí en adelante las nuevas reglas para la elección de los dirigentes seccionales. Estas fueron aprobadas en noviembre del dos mil diecinueve por el Consejo Nacional del sindicato más grande de América Latina por la cantidad de afiliados según el Comunicado 77-2019. El portal Profelandia.com filtró el reglamento presentado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con acuse de recibido por la Oficialía de Partes fechado el trece de enero del dos mil veinte.
Sobre el particular, la Cámara de Diputados emitió dos proposiciones con puntos de acuerdo para exhortar
A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover la celebración de los encuentros sindicales nacionales; y al SNTE, a expedir la convocatoria correspondiente para elegir a la dirigencia nacional por el voto personal, libre, directo y secreto. 19 de noviembre del 2019 (https://bit.ly/37dKmu3).
Al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE a modificar su estatuto y reglamento en materia de elección de dirigentes. 5 de febrero de 2020 (https://bit.ly/3yjXGZO).
Haciendo uso de tácticas dilatorias y burocráticas, meses después, el SNTE manifestó que hasta el 2024 se convocará a una nueva elección para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Y, para el caso de los Comités Ejecutivos Seccionales, se continuará con la renovación de las dirigencias en las seis secciones pendientes debido a la pandemia una vez que existan las condiciones para evitar contagios por Covid 19 en concordancia con el Comunicado 43-2020. Se refiere a la 21 de Nuevo León, 31 de Tlaxcala, 2 y 37 de Baja California, 26 de San Luis Potosí, 27 de Sinaloa. Para las fechas actuales, la mayoría de las secciones en el país han concluido su periodo.
Una vez reveladas las intenciones del CEN del SNTE, la STPS fijó su postura sobre el reglamento en cuestión “a efecto de desarrollar una elección ejemplar en la que se garantice la libre participación de los trabajadores para ejercer la libertad sindical para elegir a sus dirigentes” según la nota de Milenio fechada el diecisiete de septiembre del dos mil veinte (https://bit.ly/3ymMQSz). Se le refutó al SNTE, por parte de la STPS, el Artículo 8 porque violenta el derecho a ser votado. Se puso en tela de juicio el requisito de elegibilidad y la exigencia de haber desempeñado algún cargo de representación sindical para poder ser votado como integrante de la Directiva Seccional Sindical. Ello contraviene, se determinó, lo dispuesto en el Artículo 358 de la LFTSE relativo al derecho a la libre participación de los trabajadores al interior de la organización. Es necesario, resaltó la STPS, modificar dicho reglamento y los estatutos porque restringe y condiciona la libertad de los agremiados para ser candidatos. También propuso directrices que han de seguirse para que el proceso electoral interno sea equitativo y democrático.
En las redes sociales circula el documento “Propuesta sobre elecciones de Directivas Seccionales del SNTE”. Entre otras recomendaciones que la STPS le hace a la organización sindical, se contempla: I) Previo a la jornada: garantizar condiciones equitativas para todos los candidatos; elaborar la convocatoria apegada a las disposiciones en la que se garantice el voto personal, libre, secreto y directo; sobre el registro de candidatos y la integración del padrón; emisión de boletas con medidas de seguridad. II) Durante el proceso electoral: asegurar el material para el ejercicio del voto, instalar urnas y casillas. III) Un vez concluido el proceso: contabilizar los votos, publicar los resultados, resguardar los materiales, atender las impugnaciones, informar sobre la jornada electoral. La realización de actividades proselitistas e inhibir actos de violencia son acciones muy delicadas.
En mi opinión, lo anterior significa un avance insoslayable. Pero acusa vacíos v. gr. la modificación del propio reglamento. Tampoco se aborda lo relativo al financiamiento, a la transparencia ni la rendición de cuentas de las instancias y personas involucradas. Aborda generalidades y sería conveniente precisar puntualmente todos y cada uno de los aspectos.
Por otra parte, algunas organizaciones magisteriales han externado su desacuerdo con respecto a dejar en manos del CEN del SNTE la realización de la jornada electoral porque se convertirían en juez y parte. Se inclinan a favor de que se le encargue el proceso, de principio a fin, al Instituto Nacional Electoral. También han planteado la instalación de una Comisión que sustituya al actual Comité Ejecutivo Nacional para quitar cualquier asomo de duda. A eso le han llamado de manera coloquial, “poner el piso parejo”. Implicaría necesariamente un proceso de cabildeo de la STPS con las diversas fuerzas políticas.
Se detectan tres aspectos controversiales:
La distinción entre voto universal y el voto personal, libre, secreto, directo. Hay discrepancias entre lo estipulado en el reglamento y la ley.
El tiempo considerado para la organización de un proceso de tales magnitudes. Algunos dicen que seis meses, uno más consideran que año y medio y otros señalan hasta dos.
Y ruta crítica a seguir. ¿La renovación de las dirigencias seccionales o la nacional? El CEN del SNTE impone lo primero y los opositores prefieren lo segundo.
Lo cierto es que no se ha modificado ni una coma al reglamento en cuestión ni se ha hecho valer lo legalmente establecido. Se ha hecho caso omiso a los puntos de acuerdo pronunciados por los legisladores. Los días transcurren sin concretarse la reforma laboral. Mientras tanto, continúan las violaciones a los derechos de los trabajadores de la educación. En particular, los derechos profesionales del magisterio. Y, con ello, se posterga la transformación política, laboral, educativa y social deseada.
En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.
El estado de Guerrero cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La luchan es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.
La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la sindica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.
Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.
La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.
No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.
El caso de Angelica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces. Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angelica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.
Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angelica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angelica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.
En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angelica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.
“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.
La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los mas altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angelica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez le ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angelica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.
En una de sus abundantes genialidades musicales, Joaquín Sabina retrata un momento de desesperanza, de navegar sin rumbo bajo la tempestad salvaje, sintiendo estar “desafiando el oleaje sin timón ni timonel”. No está claro qué sucede al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero hacia el exterior refleja pasividad y silencio al no emitir información que dé certeza a un proceso de regreso a clases que, según se anunció, llegará “llueva, truene o relampaguee”. Mientras el debate sobre la reapertura escolar se intensifica, es más evidente la ausencia del vigor en la voz de la titular de la SEP para apaciguar las aguas.
El 11 de agosto, en un boletín oficial, la SEP informó que se “asegurará” (no haría falta hacer notar la conjugación en futuro, pero el tiempo verbal dice mucho) un plan estratégico para el regreso a clases presenciales. Increíblemente, a poco menos de tres semanas de la reapertura escolar planteada por la autoridad federal, aún no existe ese documento que, de acuerdo con lo dicho por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debió haber sido presentado por Delfina Gómez Álvarez, titular de la SEP, la semana previa a la emisión del comunicado referido, en una de las conferencias matutinas presidenciales.
La comparecencia de la secretaria de Educación en la conferencia mencionada finalmente se dio el 12 de agosto. Lamentablemente, la intervención de la funcionaria se centró, como de costumbre, en ensalzar la voluntad y vocación del magisterio, además de la lectura de 10 acciones generales de cuidado de la salud en el edificio escolar, que ya se conocían desde hace varios meses. La indicación del regreso a escolar, sin importar lluvias, truenos o relámpagos, fue tomada de manera literal por la secretaria: se le dará cumplimiento incluso cuando se reconoce que, a casi año y medio del cierre de planteles, todavía hay algunos sin agua potable. ¿Son las 10 acciones enunciadas por la secretaria el plan estratégico que se había anunciado o no existe tal?
Aunque no se esperaba mucho, el discurso en este evento por parte del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, fue igual de decepcionante. No aprovechó la tribuna para expresar enérgicamente exigencias a las autoridades educativas federal y estatales: había mucho que reclamar en cuanto a condiciones salariales, derecho a la atención médica, condiciones de la infraestructura laboral, etc. Hay algunas entidades en las que los docentes no cuentan con las mejores condiciones para el regreso a clases. En cambio, el líder sindical optó por coronar su participación con la entrega de un documento de adhesión y apoyo al regreso escolar presencial. ¿Se le pedían peras al olmo?
No es que se espere que las autoridades tengan una bola de cristal ante esta pandemia que ha superado todos los escenarios imaginados. Es cierto que el regreso a clases estará marcado por dudas, temores y retrocesos, como ha sucedido en otras partes del mundo y que, como bien lo expresan, el alejamiento de las escuelas impacta negativamente en el desarrollo de los niños. Sin embargo, es deber de quien tiene las riendas de las políticas educativas nacionales dar mayor certeza al proceso y claramente han fallado en esa empresa.
Ojalá, en el escenario educativo, no se emprenda una travesía como aquella que contó El Flaco de Úbeda al cantar “Peces de ciudad” y que, en cambio, el desafío a esta tercera ola de contagios, en la cual se ha indicado deberá realizarse el regreso a las escuelas, esté acompañado por firmeza desde el timón y el timonel. Que de la reunión de autoridades educativas federal y locales, posterior a la lamentable conferencia matutina, emane un plan digno del reto que se avecina. Que no se haga más tarde.
Existen algunos razonamientos que bien vale la pena tomar en consideración para posponer el inicio de las actividades presenciales en los centros educativos…
Al inicio de la presente semana, de acuerdo con el centro de recursos de información sobre el coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, en México, ya en plena tercera ola de la pandemia, los casos se acercan a los tres millones de infectados y ya se superan las 244 mil muertes. Así, En medio de la amenaza de la nueva variante delta de esta emergencia sanitaria, los países se debaten sobre la manera en que habrá de realizarse el regreso a los vulnerados centros escolares.
Existen algunos razonamientos que bien vale la pena tomar en consideración para posponer el inicio de las actividades presenciales en los centros educativos, como lo harán muchos de los Colegios de Bachilleres, así como algunas de las principales universidades de nuestro país, quienes han anunciado que regresarán hasta inicios del siguiente año o al menos en modelos híbridos.
Otro aspecto importante, tiene que ver con la necesidad de un refuerzo en las vacunas por la nueva variante delta del virus que está penetrando fuerte en el mundo, en donde países que ya superan la mitad de su población vacunada se encuentran en planes de aplicación de un refuerzo adicional, como son los casos de Israel, Alemania, Francia, Chile, Uruguay y Estados Unidos.
En el caso de nuestro país, de acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con datos de la propia Secretaría de Salud (SS), hubo al menos 1,637 contagios de niños en tan solo siete días, el cual señala que, aun y en vacaciones, se estaría dando un promedio de contagios de 9.74 cada hora, siendo las adolescentes las que más casos sumaron.
Ello coincide con la postura del Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) Luis Carlos Hinojos la semana pasada misma que fue ampliamente respaldada por el Consejo General del Colegio de Médicos, en el sentido de que aún no es el momento de regresar a las aulas, ya que “la declaración del pediatra neumólogo es un experto en la materia con amplio conocimiento científico, académico y profesional de la práctica médica”.
Además de lo anterior, la decisión podría ser alentadora con relación de las recientes declaraciones de la empresa farmacéutica internacional CANSINO, que fue la que se aplicó a las y a los Trabajadores de la Educación, sobre su recomendación para aplicar un refuerzo de su vacuna contra COVID-19 seis meses después de recibir la primera dosis, luego de un estudio realizado por la propia empresa, la cual logra que los niveles de anticuerpos neutralizantes se multipliquen por ocho, que sería entre octubre y noviembre y, en ese tiempo, avanzar en el proceso de vacunación de la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Como bien afirmó a principios de esta semana el Doctor Scott Gottlieb, Ex comisionado de la Agencia de Alimentos y Medicinas (FDA por sus siglas en inglés) de aquel país con referencia a la cifra más alta de niños y niñas internadas por COVID en los Estados Unidos “Hemos visto que las escuelas pueden ser centros de contagio comunitario cuando estás lidiando con cadenas de transmisión”.
Sin duda es urgente la apertura de las escuelas, sin embargo, se puede iniciar en los 487 municipios que la pandemia no ha tocado o apenas se han registrado menos de diez casos en el país, situación que enfrentaría, además, a los lugares con mayor lejanía y mayor carencia de recursos de acceso a internet en nuestro país.
Fuente de la información: https://profelandia.com/abrir-o-no-abrir-las-escuelas-2/
El gobierno griego, encabezado por el Primer Ministro Kyriakos Mitsotakis (Nueva Democracia), aprobó el pasado 17 de junio una reforma laboral que supone uno de los mayores ataques contra la clase obrera en décadas.
Los grandes medios de comunicación apenas hablan de ello pero esta nueva legislación que se ha aprobado en Grecia significa un retroceso histórico en los derechos conquistados por los trabajadores.
La reforma de Mitsotakis plantea suprimir la jornada laboral de 8 horas y ampliarla hasta 10 horas. La patronal no estará obligada a pagar las horas extra, que podrán ser compensadas por días libres, aunque se fija un máximo. Además, se amplían las horas extra anuales permitidas de 90-120 a 150.
Esta ley elimina a los sindicatos como intermediarios y dinamita los convenios colectivos, de manera que los empresarios negociarán directamente y de forma individual con el trabajador, que perderá fuerza y capacidad de presión. Los sindicatos advierten que sin procesos colectivos las empresas tienen todas las de ganar a la hora de imponer sus condiciones.
Otro punto alarmante es que se obliga a los sindicatos a registrar a todos sus afiliados y limita el derecho a huelga. A partir de ahora, para convocar una huelga, el sindicato deberá presentar una votación en las fábricas y centros de trabajo que deberá ganar con el 50+1. En caso de que tire adelante, por lo menos un 33% de los trabajadores deberán asistir a trabajar para mantener lo que considera el ejecutivo «servicios mínimos».
Cabe destacar que la clase obrera griega trabaja una media anual de 1.950 horas, siendo uno de los países de la Unión Europea donde más horas de trabajo se acumulan.
El Ministro de Trabajo Kostis Hatzidakis, afirmó que se trata de una normativa que “pone los cimientos para un ambiente laboral moderno”.
Dimitris Koutsoumbas, Secretario General del Partido Comunista Griego (KKE), respondió al Ministro de Trabajo: «si se trata de un proyecto moderno, ¿porqué las condiciones de trabajo retroceden un siglo atrás, convirtiendo a los trabajadores en esclavos en el siglo XXI?». Koutsoumbas advirtió que con esta ley se aumenta el mecanismo de explotación de los trabajadores y que este tipo de medidas se pretenden imponer en otros países de la Unión Europea.
Nikos Mavrokefalos, miembro de la Secretaría Ejecutiva del sindicato PAME, dijo que los trabajadores no se quedarán de manos cruzadas ante la explotación por parte de los grupos empresariales y agregó que la lucha de la clase obrera mandará a la basura esta ley.
La reciente decisión oficial de reactivar las clases presenciales ha generado una gran polémica en nuestro país, algo lógico si consideramos sus potenciales implicaciones a nivel de salud pública, actividad económica, continuidad educativa y relación entre Estado-magisterio.
Para el gobierno federal resulta de particular interés el costo político que una medida de tal magnitud podría conllevar. Así, ha buscado construir un consenso político-discursivo con distintos actores respecto a la pertinencia de las actividades educativas presenciales. En esta dimensión pueden interpretarse el compromiso abierto –de corte corporativo– con la dirigencia nacional del SNTE; el acercamiento entre Delfina Gómez, titular de la SEP y el Episcopado Mexicano, que se había mostrado cuando menos escéptico respecto a la revisión de los libros de texto impulsada por la 4T y la recuperación de la exigencia principal del mediático movimiento Abre mi Escuela –conformado por padres de familia y apoyado por instituciones educativas privadas– sobre considerar a la educación como una actividad esencial; es decir, una que puede llevarse a cabo independientemente de las condiciones del semáforo epidemiológico. De esta forma, el gobierno puede plantear que el magisterio mexicano está dispuesto a regresar a clases con buen ánimo y que la reapertura escolar, exigida por las propias familias, es una decisión sensata aún considerando el tsunami de contagios de Covid reportados recientemente, en el cual la variante Delta ha resultado protagonista.
Para el propio gobierno federal, ha quedado claro que las condiciones estructurales de nuestra sociedad han llevado a que el programa Aprende en Casa sea insuficiente para garantizar la continuidad educativa. Además, tal como lo plantea la Unesco a escala global, el cierre prolongado de escuelas ha impactado negativamente en distintos ámbitos como el aprendizaje y la nutrición de los estudiantes, el trabajo docente y las funciones de cuidado en los hogares. También ha profundizado la deserción escolar, que en México ha alcanzado a más de 5 millones de personas, según el Inegi y a casi un millón, de acuerdo con datos de la SEP.
Es importante considerar que el debate que llevamos a cabo ahora ha sido realizado ya en otras partes del mundo. Para contribuir a una discusión informada, distintas agencias de salud han publicado información relativa a las actividades escolares y el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus.
El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDPC, por sus siglas en inglés) ha indicado que la transmisión del virus en entornos escolares no es un determinante principal de transmisión comunitaria, particularmente cuando se implementan medidas de mitigación adecuadas, aunque resulta difícil evaluar esto cuando la transmisión comunitaria está en curso. Entre las medidas de mitigación se encuentran: distanciamiento físico, mejora de la ventilación, lavado regular de manos, reducción del tamaño de clases, escalar tiempos de llegada y tiempos de comida y descanso, así como cambios en la composición de clases y grupos, y la realización de clases al aire libre. Resulta importante, además, administrar vacunación completa al personal educativo. Medidas que requieren infraestructura, insumos, organización, coordinación entre el sector educativo y distintos niveles de gobierno, y una condición de transmisión comunitaria controlada.
Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que, según la evidencia disponible, las escuelas que han implementado estrictamente estrategias de prevención han sido capaces de mantenerse abiertas. Además de las propuestas hechas por el ECDPC se contempla el uso universal y correcto de cubrebocas, etiqueta respiratoria, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, seguimiento de contactos con aislamiento y cuarentena. Adicionalmente, se considera la realización de pruebas para identificar individuos positivos al nuevo coronavirus, así como la inoculación del personal educativo.
Ambas entidades coinciden en que la reapertura escolar puede resultar segura mediante determinadas condiciones, las cuales, en gran medida, están ausentes en nuestro sistema educativo. Para muestra, unos cuantos botones:
Durante el ciclo escolar 2019-2020 alrededor de 41 mil 423 escuelas no tuvieron agua potable y 47 mil 566 carecieron de servicio para el lavado de manos, según el Mejoredu; la ratio alumnos/profesor en México ha sido de las más altas de la OCDE, lo cual dificulta la sana distancia; persisten dudas respecto a la suficiencia de una sola dosis de la vacuna Cansino, recibida por los docentes, y al menos siete estados de la República se encuentran en semáforo rojo y muchos otros en naranja.
Se han publicado y difundido interesantes artículos sobre algunas medidas a considerar para un regreso seguro a las aulas. Sin embargo, su realización requiere un compromiso profundo entre los distintos órdenes de gobierno y las comunidades educativas para avanzar en cuestión de presupuesto, logística y cobertura, algo que rebasa, por mucho, los 10 lineamientos de reapertura y la carta de corresponsabilidad de las familias emitidos por la SEP.
El gobierno ha optado por operar un retorno a las escuelas desde arriba, aunque hay otras opciones. Docentes de la CNTE, por ejemplo, han propuesto consultar a las familias respecto a la reapertura, partiendo del supuesto de que cada comunidad escolar puede decidir de forma autónoma –considerando las condiciones de las escuelas y el estado de la transmisión comunitaria– el momento idóneo para el regreso a actividades presenciales.
Esto no significa desvincular a las comunidades educativas de los distintos niveles de gobierno, sino es un intento por crear una sinergia que permita conocer necesidades, asignar recursos y crear corresponsabilidad real ante lo que sucede en las aulas.
Esa es la política que necesitamos.
* Politólogo. Autor del libro La pedagogía del capital
Desde hace varios meses, encabezada por el propio presidente, el gobierno de la 4T puso en marcha la Operación Regreso a Clases Presenciales. Si bien en diversas ocasiones tuvo que dar marcha atrás ante la magnitud de los contagios, esta vez parece que va derecho y no se quita.
Aunque ha declarado que el regreso no es obligatorio, “sí necesitamos regresar a clases porque tenemos que reponer lo perdido, llevamos ya mucho tiempo con las escuelas cerradas y se está causando daño a la educación y daños también a todas las madres y padres de familia”. Los argumentos giran en torno a unas pérdidas y daños mencionados reiteradamente pero que no son demostrados, mucho menos analizados a la luz de lo ocurrido durante casi año y medio.
No obstante, el mensaje es claro y fuerte, y no hay plazo que no se cumpla. A escasas semanas del inicio del nuevo ciclo escolar previsto para el lunes 30 de agosto, las presiones gubernamentales han arreciado, pero en esa misma proporción surgen las dudas, críticas y cuestionamientos al llamado regreso seguro.
El cierre de la segunda semana de agosto ha sido particularmente intenso en lo que a batallas declarativas se refiere, el tema ha sido tendencia en redes sociales, posicionando el #Nohayregresoseguro en twitter. En la mañanera del jueves 12 de agosto, este fue uno de los temas centrales. El presidente defendió una vez más la decisión de su gobierno de volver a clases presenciales llueva truene o relampaguee; aseguró, sin demostrarlo, que era mucho el daño por no regresar a las aulas, se limitó a prometer que en su momento daría a conocer los resultados de “los estudios que tenemos sobre las afectaciones ocasionadas por no abrir las escuelas”.
En la mañanera, la secretaria inició diciendo que el retorno a las escuelas era un reto muy importante para la SEP, reconoció que las clases y los aprendizajes no se interrumpieron en ningún momento, gracias a Aprende en Casa y a las maestras y maestros -en ese orden- que idearon estrategias diversas. Aseguró que el regreso a las aulas era inminente, pues “como lo han comprobado cientos de miles de millones (sic) de familias mexicanas son más que un espacio formativo” (Conferencia mañanera, 12 de agosto de 2021, min. 57:27) Una vez más escuchamos la reiterada cantaleta, a manera de motivos por demás engañosos: los niños necesitan tener un espacio amigable, cobijo para aminorar el estrés, convivivir, jugar, recibir atención socioemocional, como supuestamente era antes de la pandemia.
En plena tercera ola de contagios, esto parece más bien una invitación, o tal vez sea mejor decir, una orden para asumir riesgos cuyas consecuencias pueden ser funestas; no serán las autoridades quienes las asuman, pues para eso está el Pin Sanitario, como le hemos llamado por su parecido con el Pin Parental, a la carta responsiva que se hará firmar a los padres, aunque ya circulan también cartas similares para los docentes (Piden a maestros firmar una carta responsiva para regresar a las aulas). Pese al aumento de contagios, tenemos que correr riesgos, dijo este viernes 13 de agosto el presidente.
¿Cómo regresar según la 4T?
Se propone un regreso con las mismas medidas dadas a conocer desde mayo del 2020, aunque antes eran nueve y ahora son diez.Pareciera quedurante todos estos 16 meses el conocimiento de la pandemia no hubiese avanzado, como si no supiéramos a estas alturas que el virus es capaz de provocar procesos inflamatorios multisistémicos que a su vez producen secuelas de distinto alcance y gravedad; algunos las superan, pero otros no. En el mundo paralelo de la 4T, el mismo en el que vive Delfina Gómez, todo eso no existe o no importa, se minimiza o banaliza. Por eso para el regreso a clases, se repiten las mismas medidas propuestas hace más de un año, aunque con ligeras variantes políticamente convenientes; ahora no se habló de nueve sino de diez medidas.
Medidas para el regreso a clases presenciales
31 de mayo 2020
31 de mayo de 2021
12 de agosto de 2021
1. Activación de los Comités Participativos de Salud Escolar comprometidos con fomentar la relación casa-escuela y de ésta con el Centro de Salud de la localidad, para reaccionar de inmediato.
2. Acceso a jabón y agua en las escuelas para prevenir los contagios. A través del programa La Escuela es Nuestra, muchas de las escuelas que no tengan agua, podrán destinar los recursos para contar con ese servicio. 3. Cuidar al magisterio. Los docentes que estén en grupos de riesgo regresarán a las aulas cuando sea seguro completamente.
4. Uso obligatorio de cubrebocas o pañuelos.
5. Se mantiene la Sana Distancia. Se elabora un protocolo específico para entradas y salidas; habrá recreos escalonados; lugares específicos para alumnos; asistencia alternada a la escuela por apellidos durante el Curso Remedial.
6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Por ejemplo, una clase puede darse en el patio del plantel. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias y reuniones.
8. Detección temprana: con un alumno enfermo se cierra la escuela. El plantel estará en cuarentena 15 días; los estudiantes seguirán su proceso de aprendizaje en casa a través de los Libros de Texto Gratuitos, y con ayuda de sus docentes.
9. Apoyo socioemocional para alumnos y docentes.
1. Comités Participativos de Salud Escolar: Relación Escuela-Centro de Salud Local. Sanitización y Limpieza.
Tres filtros de corresponsabilidad: Casa, escuela, salón de clases. Medidas de higiene permanentes. Entrenamiento formal. Circulación en un sentido. Señalizaciones.
2. Garantizar acceso a jabón y agua o gel (a través del programa La Escuela es Nuestra). 3. Cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo.
4. Uso de cubrebocas o pañuelo obligatorio.
5. Sana distancia: Entradas y salidas. Recreos escalonados. Lugares fijos asignados. Asistencia alternada a la escuela por apellido, durante el Curso Remedial.
6. Maximizar el uso de espacios abiertos.
7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones.
8. Detección temprana: Con un enfermo se cierra la escuela.
9. Apoyo socio emocional para docentes y estudiantes.
1. Integración de comités participativos de salud en los planteles educativos.
2. Establecimiento de tres filtros sanitarios: en casa, en escuela y en los salones de clases.
3. Lavado constante de manos con agua y jabón, además de usar gel antibacterial.
4. Uso de cubrebocas que cubra nariz y boca en todo momento.
5. Mantener la sana distancia de 1.5 metros.
6. Dar mayor uso a los espacios abiertos de las escuelas.
7. No se realizarán ceremonias ni reuniones generales en los planteles educativos.
8. Avisar de manera inmediata sobre la presencia de o sospecha de algún caso de COVID-19 en las escuelas.
9. Inscribirse a cursos de apoyo socioemocional en línea de SEP-SALUD. Se propone el curso ‘Retorno Seguro’ del IMSS.
10. Al salir de casa llevar firmada la ‘Carta Compromiso de Corresponsabilidad’.
Lo dicho, estas medidas, acciones o intervenciones, como se les ha llamado en diferentes momentos, son básicamente las mismas, aunque con algunos pequeños grandes cambios interesantes; en la versión presentada hace unos días, se elimina el punto 3 referido a los docentes que estén en grupos de riesgo y su regreso a las aulas cuando sea seguro completamente. Esto guarda correspondencia con la Nueva Metodología del semáforo epidemiológico publicada en el DOF el 27 de julio, la cual deja sin efecto la establecida en el Acuerdo publicado el 14 de mayo de 2020.
La nueva metodología dice en su artículo segundo: Las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria(ACUERDO por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para).
Además, recientemente se añadió otro elemento a la estrategia gubernamental que ratifica la eliminación del punto 3 referido a los maestros. El 5 de agosto el subsecretario de salud López Gatell, aseguró que el regreso a clases presenciales no suponía un riesgo de contagio de COVID-19, de modo que aún con semáforo rojo, se reabrirían las escuelas. En adelante, las clases presenciales serán actividad esencial aunque haya semáforo rojo, dijo el funcionario, sin importarle contradecirse a sí mismo y a la dependencia que representa.
¿A qué nos referimos? A que claramente el sistema vigente de monitoreo establecido por la Secretaría de Salud, indica que en semáforo rojo “se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día”. En la página oficial de monitoreo del Covid, aparece en letras grandes este mensaje dirigido a la población: NO SALGAS SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO (https://coronavirus.gob.mx/semaforo/).
Esta indicación, aplicada aquí y en China desde el inicio de la pandemia, responde a la comprobación de un hecho sobre el que no cabe la menor duda, y en eso coinciden los científicos de todo el mundo: la movilidad es el factor principal de contagio, es el medio a través del cual el virus se propaga. Pero para la 4T esta es pecata minuta, la Operación Regreso a clases que comenzó antes de la tercera ola, va derecho y no se quita.
Las medidas fallan (pero los contagios no existen)
No debemos olvidarlo: el regreso a clases ya fue puesto a prueba semanas antes de concluir el ciclo escolar anterior, justo al día siguiente de las elecciones intermedias. En un boletín oficial fechado el 7 de junio, la SEP dijo que habían acudido a clases presenciales más de millón y medio de estudiantes de los diferentes niveles. Hubo dudas y temores, la opinión generalizada fue: ¿qué sentido tenía regresar cuando el ciclo estaba a punto de terminar? En unos cuantos días, el experimento derivó en contagios que obligaron al cierre de escuelas. Ocurrió cuando no había tercera ola, cuando no se tenían noticias de la necesidad de una segunda dosis de la vacuna Cansino, cuando no habían aumentado los contagios en niños y jóvenes debido a la variante Delta del virus. En tan solo dos meses, una vez más, la situación cambió mucho.
Sin embargo en su reciente comparecencia, la secretaria de educación aseguró a propósito de la quinta medida Mantener la sana distancia, que “nos dio muy buen resultado, no hubo ningún alumno contagiado en esa etapa, donde comenzamos con un millón de alumnos y terminamos con más de tres, eso nos dio un buen resultado..” (Maestra Delfina Gómez en la mañanera del jueves 12 de agosto).
La maestra Delfina padece amnesia o miente; varias de las escuelas donde regresaron a clases en junio, más tardaron en abrir que en cerrar debido a los contagios que según ella no existieron:
AMLO cuestionó a las entidades que decidieron cerrar nuevamente las escuelas, dijo que el aumento de Covid no debe ser pretexto para regresar a clases y reiteró que en un mes sería el regreso general a clases. Esta semana se ha encargado de reafirmarlo, especialmente los últimos días, utilizando una narrativa de la gravedad del daño a los niños y niñas, del retraso, de lo perdido.
Los recientes anuncios y declaraciones gubernamentales han causado irritación y malestar en el sector educativo y en padres de familia también. La postura gubernamental se percibe como falta de seriedad, ineptitud e incluso como irresponsabilidad.
Motivos hay muchos, resumimos aquí los más reiterados:
Tiempo tuvieron las autoridades, y mucho, para preparar una estrategia seria; en lugar de eso presentan las mismas medidas de hace un año.
Las necesidades materiales de las escuelas, los recurso humanos, las condiciones de limpieza y salud, infraestructura en mal estado y carencia de recursos tecnológicos no han sido atendidas “tienen más de un año en reuniones SIN HACER NADA”
Las órdenes no garantizan la seguridad. A pesar de que algunos medios reportan un Aumento de 400% de contagios en niños y adolescentes en este mes.
La responsabilidad por los contagios se adjudica a los maestros y padres de familia. ¿Dónde está la carta responsiva de la SEP?, se lee reiteradamente en redes sociales.
Construir demandas y decisiones desde abajo
¿Qué hacer frente a esta andanada gubernamental?, ¿por qué decir no?, ¿cómo ordenar los reclamos y preocupaciones?, ¿cómo darle vuelta a una narrativa que banaliza las afectaciones, las secuelas y los temores de la población, anteponiendo unos daños que no demuestra ni explica?, ¿qué pueden hacer la magisteria y las familias?
Como acostumbramos a decir y hacer, es necesario proceder con método para ordenar la discusión, aclarar las ideas y entender en dónde estamos a fin de proceder en consecuencia.
A partir de la exposición anterior, vislumbramos los siguientes ejes detonantes de la confrontación social y el desacuerdo magisterial.
Eje epidemiológico. Comprende las causas que llevaron a un cierre de las clases presenciales que no se han eliminado, todo lo contrario.
La tercera ola ratifica la importancia de reducir la movilidad
Los niveles de vacunación se encuentran por debajo del promedio mundial. Es verdad que el número de fallecimientos se ha reducido considerablemente gracias a la vacunación, pero también lo es que los contagios no han desaparecido
Las personas que se han recuperado demandan atención por aprte del sector salud
Eje bioseguridad, se divide a su vez en varios aspectos:
El magisterio fue vacunado con la Cansino; recientemente se anunció la necesidad de una segunda dosis, cuestión que AMLO minimizó al argumentar que las farmacéuticas solo querían hacer negocio. Demanda: regreso sí, pero con segunda dosis aplicada.
Población vacunada. El porcentaje es aún insuficiente. Demanda: regreso sí, pero con el 80% de la población vacunada, incluyendo a menores de 12 años en adelante, como ya se está haciendo en otros países.
Infraestructura y recursos. En la narrativa oficial se dice que únicamente México y Bangladesh (lo que no es cierto) no han abierto las escuelas, pero lo que no se dice es que la mayor parte de los gobiernos han destinado recursos extraordinarios para habilitar las escuelas. En lugar de eso, y a nombre de una corresponsabilidad por demás dispareja, se pide a padres y maestros hacer faenas y aportar recursos de sus ya menguados ingresos. Demanda: regresar sí, siempre y cuando se reparen los desperfectos y se dote de servicios básicos a las escuelas que no se ha atendido en años y ahora en la pandemia se han agravado
Eje 3 pedagógico, comprende:
Regresar sí, ¿pero a qué?, ¿a lo mismo de antes?, ¿a los planes y programas de EPN?, ¿a los aprendizajes clave y el logro educativo?, ¿a lo mismo que en buena medida nos tiene a donde estamos. La 4T desperdició una oportunidad histórica para transformar la educación, ¿nosotros también seguiremos esa ruta?
Modalidad híbrida es una de las ocurrencias que hemos escuchado aquí y allá, pero en realidad, salvo entidades como Puebla, es una nebulosa.
Problemáticas añejas que con la pandemia se profundizaron, hoy son utilizadas como argumento para el regreso. Pero no existe un proyecto educativo que las recoja y se las tome en serio. Así las cosas, el regreso es más bien una invitación-orden al riesgo, so pretexto de la violencia familiar, la socialización, la convivencia, la protección emocional.
Eje organizativo: profundización de la autonomía de gestión entendida, desde la reforma 2013 a la fecha, como la responsabilidad de maestros y padres para resolver problemas básicos de operación y proveer lo necesario a las escuelas, así como vigilar el uso de unos siempre escasos recursos. Esto es lo que significa la carta responsiva, es un Pin Sanitario que deposita en las familias y los docentes, los riesgos de llevar a cabo una orden.
Eje laboral. Los reclamos magisteriales giran también en torno al incumplimiento de pagos, despidos, incumplimiento en la asignación de plazas, la falta de respuesta a los teachers PRONI que ya trabajaron y no les pagan, y un largo etcétera.
5.1 Sobre explotación: preexistía a la pandemia, pero con ella se agudizó. El regreso a clases genera dudas y rechazo. Si en su horario habitual atenderán a los que decidan asistir, no queda claro cómo y cuándo lo harán con quienes decidan no ir a la escuela.
5.2 Precariedad. El raquítico aumento salarial y el bono de 750 pesos otorgado al magisterio, no resuelve las carencias ni mejora las condiciones de trabajo de los docentes, quienes cada vez trabajan más y ganan menos, se llevan cada vez más trabajo a casa, durante la pandemia han realizado más tareas, los horarios y espacios de trabajo se trastocaron por completo.
Por tanto, nosotros decimos que la Operación Regreso a clases presenciales:
Pone en riesgo la vida y la salud de niños, niñas, jóvenes, trabajadores de la educación, familias y la comunidad;
No hay condiciones de bioseguridad para el regreso a clases, cuando al deterioro, robo e incluso destrucción de las infraestructuras educativas de los meses de la pandemia, se agregan décadas de abandono y precarizaicón de las escuelas en el país, sin agua, sin baños, con aulas sin ventilación, todo lo que no se puede resolver con jornadas de limpieza ni con autonomía de gestión, que e slo mismo que decir Hágale como pueda pero regrese a clases;
Se ordena un regreso a clases, sin generar condiciones de seguridad, olvidando el papel central que juega la circulación de personas y su concentración en espacios reducidos, dejando a profesores, nuiños, jóvenes y padres de familia la responsabilidad de todo; en el colmo, haciéndoles responsable de lo que les pueda ocurrir a sus hijos en las escuelas;
Se engaña diciendo que el regreso es para atender los problemas de socialización, el estrés y los efectos socio-emocionales de tantos meses de clases remotas; lo que no se dice es que eso mismo está en entredicho en el regreso presencial, que no será a lo de antes, donde los juegos, los contactos y la socialización misma estará limitada;
El atraso en los aprendizajes esperados es otra de las narrativas del regreso; lo que tampoco se dice es que estos aprendizajes han quedado superados por la misma pandemia, que ha puesto en entredicho los procesos de cognición social, los valores, los modos de entender el mundo, la vida y los procesos biosociales y biopolíticos.
El regreso a clases presenciales sin analizar a qué se regresa, a qué educación, a qué escuelas, a qué relaciones magisteriales y comunitarias, solo muestra el interés del gobierno de la IV T por continuar con lo mismo, de regresar a lo mismo, es decir, a las escuelas jodidas, a los maestros precarizados y sobre-explotados y a la familia que se haga responsable de una educación que en el texto constitucional todavía dice que debe ser gratuita.
Nosotrxs decimos:
No al regreso a clases presenciales, por ahora y en las condiciones actuales; pero un No distinto al reactivo, que solo se detiene en mostrar las inconsecuencias e incoherencias de la narrativa y las acciones gubernamentales; se trata de un No que se convierta en un Movimiento por el Sí a la Vida, a la Educación y a la Dignidad de las escuelas, los docentes, los alumnos y las familias.
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