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Una educación humana, pese al coronavirus

Adriana Puiggrós
La pandemia de covid-19 encontró a los sistemas educativos latinoamericanos heridos o mortalmente dañados. Las políticas de privatización del mercado educativo habían actuado a fondo en la mayor parte de América Latina. Argentina y México conservaban la integridad de sus sistemas, en gran medida por la lucha de los docentes, y de las acciones de los gobiernos de Alberto Fernández y Andrés M. López Obrador. En tanto, la desigualdad del cumplimiento del derecho a la educación se verificaba entre todos los países, en el interior de cada uno de ellos, con especial acento en las zonas rurales, las periferias pobres de las grandes ciudades, las comunidades aborígenes, los grupos necesitados de una educación especial. No obstante, las prospectivas mostraban una tendencia a la universalización de la educación primaria y secundaria en pocas décadas (aunque relativa a las políticas educativas y socio económicas). Al mismo tiempo, se verificaba un voraz avance del mercado de la educación sobre la educación pública, a la vez que lentitud por parte de esta última para apropiarse de las nuevas tecnologías.
El coronavirus cayó de manera inesperada sobre una educación que no había incluido entre sus prioridades a la educación ambiental, como que el problema del medio ambiente no había sido asumido plenamente por las sociedades. La pandemia afectó la vida de las personas. Las tres instituciones principales que las cobijaban y constituían, la familia, el trabajo y la escuela, habían tardado tres siglos en diferenciarse y repentinamente se vieron superpuestas, confundidas. Los avances de las formas de trabajo individualizado y a destajo, y la educación en el aislamiento, se acentuaron por urgencias sanitarias. Las personas se comprendieron como objetos indefensos de la globalización. El grupo etario que probablemente resulta más afectado en su educación, el adolescente, estaba buscando caminos de libertad, cuando advirtió que su supervivencia dependía del aislamiento dentro de su familia.
Lo podemos tomar como ejemplo de trastornos en el orden afectivo, en las nociones espacio-temporales, en los vínculos del propio cuerpo con el entorno. Una elemental asociación nos remite a la teoría higienista que influyó notablemente en los años de construcción de nuestro sistema escolar, desde fines del Siglo XIX, y cuyas huellas persisten: tomar distancia en las filas escolares y los guardapolvos blancos, por ejemplo. Pero hay al menos una diferencia esencial: el higienismo colaboró con la homogeneización de los alumnos y la enseñanza, excluyendo toda diferencia. Instaló el temor al otro.
En cambio, hoy la política educativa del gobierno nacional y las jurisdicciones es consciente de la necesidad de prevenir nuevas formas de discriminación que puede producir el distinto acceso a las enseñanzas que distribuyen por distintos medios (portales, TV, radio, cuadernillos, libros), así como de la complejidad de las formas de reagrupamiento escolar que deberán producirse preventivamente cuando se retome la presencialidad. Siendo la igualdad del derecho a la educación nuestro Norte, no solamente podremos retomar el camino de la universalización de la educación, sino producir cambios en lo que se enseña y aprende y en la organización de las instituciones educativas, así como avanzar en una relación entre la educación virtual y la presencial que asegure la centralidad de esta última. O sea, resguardar el vínculo humano, intrínseco a la educación.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/271650-una-educacion-humana-pese-al-coronavirus
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Réquiem por la democracia

Boaventura de Sousa Santos

Una vez más, después de tantas otras, las élites brasileñas prefirieron correr el riesgo de caer en la dictadura (si es que no la deseaban desde el principio) cada vez que las clases populares manifiestan su aspiración de ser incluidas en la nación, que las élites siempre han concebido como su propiedad privada.

La lectura de la transcripción de la reunión del Consejo de Ministros de Brasil del pasado 22 de abril es una experiencia dolorosa, aterradora e indignante. El hecho de que este vídeo se haya hecho público y transcrito es una señal elocuente de que la democracia aún sobrevive.

Ocurrió a raíz de la denuncia del ex ministro Sérgio Moro de que el presidente había intentado interferir en las investigaciones en curso en la Policía Federal de Río de Janeiro contra uno de sus hijos bajo sospecha de conducta criminal grave. Al ordenar la difusión del vídeo, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, inscribió su nombre en el libro dorado de la breve y tormentosa historia de la democracia brasileña. Esperemos que la señal de esperanza que nos ha dado sea el detonante del despertar de las fuerzas democráticas de izquierda y de derecha, el despertar de un sueño profundo e inquietante, hecho de ignorancia histórica y vanidad miope, un sueño que les permite soñar con cálculos electorales sin darse cuenta de la frivolidad de tales intentos cuando la democracia misma pende de un hilo.

Los fascistas ni siquiera esconden sus intenciones. El presidente hizo un llamamiento directo e inequívoco a la lucha armada. Más que una apelación, informó que está dispuesto a liderar el armamento de civiles al margen de las Fuerzas Armadas. ¡Y lo hizo flanqueado por generales! Está confesando un delito de responsabilidad y un crimen contra la seguridad nacional. Y no pasa nada. Junto al vicepresidente, se sienta impasible y silencioso el entonces ministro de Justicia, Sérgio Moro, quien fue el gran responsable de la destrucción de la institucionalidad democrática, para lo que siempre contó con la complicidad de las élites y sus medios de comunicación. El anuncio del presidente no solo es recibido con las sonrisas complacientes de quienes lo escuchan, sino que varios ministros están empeñados en abrir por su cuenta las cloacas de odio y de prejuicio, por no hablar de otras alevosías.

Lo que puede leerse es tan torpe que es mejor leer para creer:

Presidente: “Están fastidiando todo el tiempo para atacarme, metiéndose con mi familia. Ya intenté cambiar oficialmente a la gente de nuestra seguridad en Río de Janeiro y no pude. Se acabó. No voy a esperar a que jodan a toda mi familia, o a mis amigos, porque no puedo cambiar a alguien de seguridad de última línea, que pertenece a nuestra estructura. Lo voy a cambiar. Si no puedo, cambio a su jefe; si no puedo cambiar al jefe, cambio al ministro. Y punto final. Aquí no estamos para jueguitos (…) Quiero, ministro de Justicia y ministro de Defensa, que el pueblo se arme. ¡Es la garantía de que no aparecerá un hijo de puta para imponer una dictadura! ¡Qué fácil es imponer una dictadura! ¡Es muy fácil! Un maldito alcalde hace un maldito decreto y deja a todo el mundo confinado. Si estuviera armado, saldría a la calle. ¿Y si yo fuese un dictador? Querría desarmar a la población, como todo el mundo hizo en el pasado antes de imponer su dictadura. ¡Les pido a Fernando (de Azevedo) y a Moro que por favor firmen hoy este decreto [para facilitar el porte de armas] para mandarle un puto mensaje a estos mierdas [gobernadores y alcaldes]! ¡El pueblo armado jamás será esclavizado! ¿Por qué estoy armando a la gente? ¡Porque no quiero una dictadura! Ya no podemos aguantar más”.

Ministro de Educación (extrema derecha): “Si por mí fuera, enviaba a todos esos vagabundos a la cárcel, comenzando por los jueces del Supremo Tribunal Federal. Y eso es lo que me sorprende (…) Estamos hablando de con quién teníamos que luchar. No estamos siendo lo suficientemente duros contra los privilegios, con el tamaño del Estado (…) Odio al partido comunista, que está tratando de convertirnos en una colonia. Este país no es (…) Odio el término ‘pueblos indígenas’, odio ese término. Lo odio. El pueblo gitano es un pueblo brasileño, solo hay un pueblo».

Ministro de Medio Ambiente (momento maquiavélico): “Porque todo lo que hacemos aquí recibe un varapalo en el poder judicial, al día siguiente. Necesitamos tener un esfuerzo nuestro mientras estamos en este momento de tranquilidad en la cobertura de la prensa porque sólo se habla de la covid-19 y es hora de cambiar todos los reglamentos, simplificar normas (…) Ahora es hora de unir esfuerzos para hacer la simplificación regulatoria que necesitamos”.

Ministra de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos (evangelismo reaccionario): “En este momento de pandemia estamos viendo la payasada del Supremo Tribunal Federal para colocar la cuestión del aborto de nuevo en la agenda, y allí estaba la cuestión de las mujeres que son víctimas del zika virus, van a abortar (…) ¿Van a querer que todos los que tuvieron coronavirus puedan abortar en Brasil? ¿Legalizarán el aborto en general? (dirigiéndose al ministro de Salud). Su ministerio, ministro, está lleno de feministas que tienen una agenda única, que es la legalización del aborto… Porque recibimos la noticia de que habría contaminación criminal en Roraima y el Amazonas, premeditada, en indios, para diezmar aldeas y pueblos enteros a fin de cargar el bulto al presidente”.

Ministro de Economía (feria de vanidad): “Conozco profundamente, en detalle, no de oídas. Es de leer ocho libros sobre cada reconstrucción de esas (Alemania, Chile). Entonces, leí a Keynes (…), tres veces en el original, antes de llegar a Chicago. Entonces para mí no hay música, ni dogma, ni bla, bla, bla”.

Nada de esto es nuevo. Con respecto a lo que dijo el presidente Bolsonaro, basta mencionar que, después de las elecciones federales de Alemania de 1932, así se expresó Hitler, invocando la necesidad de que la dictadura se defienda de la dictadura… de la democracia. La frase de Bolsonaro sobre la necesidad de armar a civiles es idéntica a la frase de Mussolini: “Solo el pueblo armado será libre”. La reunión del Consejo de Ministros tuvo lugar el día en que Brasil se acercaba a los 3 mil muertos por el coronavirus (hoy ya son más de 30 mil). Este, sin embargo, fue un tema ausente. O peor, con mayor perversión, la intención era utilizar la preocupación de los medios por la pandemia para avanzar en la pérdida de derechos, los casinos, la privatización, la deforestación en la Amazonía y la eliminación de las restricciones ambientales. El sistema democrático brasileño está en un desequilibrio tal que está experimentando un momento de bifurcación. Cualquier acción u omisión política puede rescatarlo o hundirlo de una vez por todas.

Fuente: https://rebelion.org/requiem-por-la-democracia/

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Los riesgos de meter en el mismo saco prostitución, trata y explotación sexual

Meritxell Rigol

Entidades sociales que atienden a mujeres en estos contextos piden al Gobierno concreción en los criterios que permitirán el acceso a las medidas de emergencia

Incertidumbre y cierta desconfianza acompañan a las medidas anunciadas el pasado 21 de abril por el Ministerio de Igualdad para responder al impacto del confinamiento sobre las mujeres “en contextos de prostitución” y aquellas víctimas de trata o de explotación sexual.

El que el Gobierno haya planteado, dentro del plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis de la covid-19, un único paquete de medidas excepcionales para situaciones muy diversas genera dudas tanto de fondo como operativas entre entidades especializadas y en los colectivos de prostitutas.

“Una trabajadora sexual se ve afectada por el confinamiento porque su trabajo disminuye y puede encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, pero no tengo del todo claro que en el plan estén reconociendo estas situaciones, mientras que lo que sí veo es que mezclan colectivos que tienen marcos normativos de referencia diferenciados”, advierte Rosa Cendón, coordinadora de Relaciones Institucionales e Incidencia de Sicar.Cat, un proyecto de atención integral a mujeres víctimas de trata en Cataluña, ligado a Adoratrices, una congregación religiosa.

Adoratrices también es responsable del proyecto Esperanza, uno de los cuatro que el Ministerio de Igualdad estableció desde el 21 de abril como referentes para que aquellas mujeres que se encuentren en situación de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución puedan obtener información sobre “derechos y alojamiento seguro”. Con ese fin difunden por redes sociales sus teléfonos de atención 24 horas y los de las unidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado especializados en trata. Esto responde a una de las medidas del plan: “Garantizar la información” para no dejar a “ninguna mujer desprotegida”.

Si bien fuentes de Igualdad apuntan que lo “fundamental del Plan es que amplía la posibilidad de detección de las víctimas a través de las entidades especializadas”, son numerosas las organizaciones que trabajan con mujeres que ejercen la prostitución –y que, por lo tanto, pueden llegar a detectar casos con indicios de trata–  las que denuncian que no han sido tenidas en cuenta ni para proponer actuaciones ni para plantear cómo aterrizarlas. “Por parte de las mujeres hay muchas expectativas por lo que han leído en la prensa, pero las entidades no somos capaces ni de explicar los requisitos ni el recorrido que tendrán que hacer”, lamenta Clarisa Velocci, directora de Genera, entidad reconocida como recurso especializado por el Protocolo de Protección a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de Cataluña. “Nos preocupa que la comunicación desde el 21 de abril haya sido más para un público general que para las entidades especializadas en trata y en prostitución, que no sabemos cómo va a coordinarse todo esto”, añade.

Pese a que la medida estrella, el acceso de las mujeres al ingreso mínimo vital incluso si se hallan en situación administrativa irregular, “se está terminando de ultimar en términos normativos por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social”, fuentes de Igualdad afirman que “el Plan y la mayoría de recursos que recoge”, como la garantía de información, identificación y detección, así como la solución habitacional, “están ya en funcionamiento”.

“Valoramos la buena intención del documento pero también les trasladamos que ofrecer soluciones habitacionales pide que la medida se dote de recursos”, remarca el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós. Que está previsto que el fondo presupuestario destinado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género sea “igual que el año pasado” es de las pocas concreciones que han llegado a los gobiernos autonómicos tras el anuncio de las medidas excepcionales para las mujeres en situación de trata o prostitución, explica Amorós.

Ni criterios ni circuito definidos

El pasado 30 de abril se reunió el Foro Social contra la Trata, el órgano de coordinación entre entidades especializadas y administraciones con competencias en la materia para abordar la ampliación del plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis de la covid-19. El encuentro, sin embargo, no dejó certezas sobre el circuito para gestionar las ayudas excepcionales.

Las organizaciones denuncian que los ayuntamientos se niegan a empadronar o ponen trabas a quienes no pueden acreditar un domicilio fijo debido a la precariedad

Entre las demandas “para que estas medidas no queden inaccesibles para la mayoría”, Amorós plantea que la puerta de acceso tiene que ser el ámbito local. “O se es muy capilar en la accesibilidad o no funcionará el plan para estas mujeres”, advierte. En este sentido, el gobierno autonómico pide que la puesta en marcha del plan ponga en el centro a los servicios especializados en violencia machista más próximos, así como a las entidades locales que trabajan directamente con mujeres en contextos de prostitución. Una necesidad que también remarca Sicar.cat para garantizar un circuito efectivo de  acompañamiento a las mujeres y que no se concreta en la primera propuesta del Ministerio. Tras el Foro Social contra la Trata, Igualdad ha recogido aportaciones de las entidades especializadas y organismos que forman parte del Foro Social contra la Trata para afinar la propuesta.

Para la Generalitat y las entidades consultadas, es fundamental garantizar el empadronamiento para que estas mujeres no vean cerradas las puertas de muchas ayudas. Las organizaciones denuncian que la mayoría de ayuntamientos se niegan a empadronar o ponen trabas a quienes no pueden acreditar un domicilio fijo debido a la precariedad económica y habitacional, pese a que incluso “las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc., e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón, según las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal, publicadas en el BOE el 25 de julio de 1997, durante la primera legislatura del PP. Las dificultades para empadronarse impactan en buena parte de las mujeres que ejercen trabajo sexual, mayoritariamente, migrantes.

“El reconocimiento de derechos es amplio en la norma y reconoce la diversidad de situaciones dentro de la prostitución, pero no sabemos cómo estos derechos se harán efectivos para las mujeres, cosa que depende de quiénes se encargarán y de los requisitos. De esto dependerá el impacto en las mujeres que acompañamos”, remarca Velocci. Genera, la organización para la que trabaja, atiende a alrededor de 600 mujeres al año en las provincias de Barcelona y Girona. Entre el 15 y el 20% muestran indicadores de estar en situación de trata. Velocci afirma que el resto ejerce de manera voluntaria.

La guía de actuación publicada por el Ministerio en el marco del plan #NingunaMujerDesprotegida indica que aquellas que ejercen la prostitución pueden gestionar el acceso a una ayuda económica «para salir de la situación» a través de los servicios sociales. Se les recomienda que antes contacten con una entidad especializada de apoyo a los procesos «de salida» de las mujeres de la prostitución.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género cifra en 13.300 las mujeres con signos de trata o explotación sexual, según datos recogidos en 2018. Ahora bien, tan solo fueron reconocidas como víctimas 331, según la Fiscalía General del Estado (sección de Extranjería). Un infrarreconocimiento vinculado al hecho que la única vía de identificación oficial de víctimas de trata es la policial, con la que las mujeres afectadas por esta violencia machista a menudo no quieren tener contacto, ya que temen ser deportadas al encontrarse en situación administrativa irregular.

Entre las medidas excepcionales por la crisis de la covid-19  no se contempla el reconocimiento como víctima de trata ni ningún tipo de protección frente a la Ley de Extranjería pesa a que, al mismo tiempo, el acceso al ingreso mínimo vital se vincula a ser víctima de trata.

Diversidad de situaciones, un mismo marco

Si bien califica de “pequeñísimo logro que hayan sido capaces de diferenciar prostitución de trata”, Kenia García, activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y una de las portavoces de la campaña #RegularizaciónYa, apoyada por al menos 900 colectivos de migrantes, antirracistas y proderechos de las personas migrantes, considera inadecuado que el apoyo a mujeres que ejercen trabajo sexual sin coacciones ni condiciones de explotación se enmarque en un plan contra la violencia de género. “Nosotras no somos víctimas y en ningún momento nos han preguntado qué necesitamos”, denuncia.

Alimentos, albergues, butano, medicación… García explica que su colectivo y otras organizaciones de trabajadoras sexuales se han pasado las últimas semanas buscando recursos para mujeres que, durante el confinamiento, se han quedado sin ingresos económicos o, incluso, se han endeudado. Es el caso de aquellas que viven de alquiler en habitaciones de clubes en los que normalmente también trabajan.

“¿Qué es contexto de prostitución en ‘máxima vulnerabilidad’? ¿Quién lo decide? Creo que esta ampliación de medidas ha sido un brindis al sol; que se han visto con la necesidad de decir algo al respecto de la situación de urgencia que las trabajadoras sexuales llevamos desde el principio del confinamiento denunciando”, plantea Belén, delegada territorial del sindicato OTRAS.

A finales de 2018, la Audiencia Nacional declaró la nulidad de los estatutos de este sindicato de trabajadoras sexuales. Sentenció que no resulta posible “un contrato en virtud del cual el trabajador asuma la obligación de mantener relaciones sexuales que le indique el empresario”. Una de las demandantes fue la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, una de las cuatro entidades de referencia para la atención de casos de trata o prostitución en el plan del Ministerio de Igualdad, junto al Proyecto Esperanza de Adoratrices; Diaconía, vinculado a la Iglesia evangélica, y APRAM, que considera la prostitución una expresión de violencia machista.

Estigma e irregularidad, grandes barreras

A los colectivos de trabajadoras sexuales y las ONG consultadas les preocupan las múltiples trabas a las que tendrían que enfrentarse las mujeres que ejercen la prostitución para lograr acceder a las ayudas. A la falta de empadronamiento de muchas se le añade el temor a recurrir a los servicios sociales por el estigma. “¿Se van a hacer listados de putas? ¿En manos de quién? Muchas no quieren que su nombre aparezca asociado al ejercicio de trabajo sexual y tienen miedo de que siendo madres solas les quiten a sus peques”, pone sobre la mesa Belén. Confidencialidad de los datos personales y garantías de que la información de quienes están en situación administrativa irregular no llegará al Ministerio del Interior ni a los cuerpos policiales son demandas básicas de los colectivos de trabajadoras sexuales al Gobierno.

Sin ingresos, algunas de ellas también pueden llevar mucho tiempo sin comunicarse con su familia en sus países de origen

Sin acceso a contratos de alquiler formal, muchas además no han podido acogerse a las medidas excepcionales del Gobierno en materia de vivienda y suministros. Tampoco a otros apoyos para trabajadores, porque la economía sumergida es una fuente de subsistencia, pero también de desamparo. Además, para muchas de ellas, sin los papeles en regla, salir a la calle, con mayor presencia policial, genera mucho miedo. Sin ingresos, algunas de ellas también pueden llevar mucho tiempo sin comunicarse con su familia en sus países de origen. A ello, se le suma lo más básico que hay resolver cada día que pasan sin trabajar y sin acceso a renta: el hambre. “Muchas compañeras viven en la angustia mientras se deciden los criterios de una medidas que van tarde y dirigidas a víctimas”, remacha García.

Uno de los temores de las organizaciones de trabajadoras sexuales es que el acceso a las ayudas sociales vaya aparejado a la exigencia de cambiar la prostitución por alternativas laborales altamente precarizadas e, igualmente, altamente feminizadas y racializadas, como la limpieza y el cuidado de personas ancianas. “Tendremos que ver si el Gobierno hace diferencia respecto a otros colectivos, a los que se ayuda sin pedir contraprestación”, plantea Cendón, que reivindica “igualdad de condiciones” para responder a necesidades urgentes.

Fuente: https://rebelion.org/los-riesgos-de-meter-en-el-mismo-saco-prostitucion-trata-y-explotacion-sexual/

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La inclusión educativa, una tormenta en el estado de alarma

José Manuel Cabada

Por José Manuel Cabada

María Soriano fue la primera directora de la Escuela Central de Anormales en 1923, miembro de la Sociedad Europea de Ortopedagogía, después Pedagogía Terapéutica; investigadora en los albores de la Psicología, fundadora de la Asociación Española para la Educación Especial y de AILA, Asociación Iberolatinoamericana, en 1991 recibió el Premio Reina Sofía de Integración. Es el camino, acompañar a los nuevos derechos.

En el año 1968, los alumnos subnormales, así se llamaban, se clasificaban en “entrenables”: los que tenían menos de 50 de CI y dependían del Ministerio de Sanidad, y «educables»: los de más de 50 de CI, que pertenecían al Ministerio de Educación. En aquellos años, te decía una madre: “Don José, ¿no le importa poner 48 de CI y así me dan 3.000 pts?». ¡Cuántas injusticias y abusos en nombre del CI se han cometido contra las personas con la discriminación, la exclusión y la segregación!

A partir de 1975 se extendió la educación especial y sus centros, muchos en convenio con diputaciones, cajas de Ahorros y asociaciones protectoras, que cumplieron su papel en aquellos tiempos: beneficencia, acogida, protección, pero ausencia de derechos.

En el año 1948 se habían aprobado la Declaración de los Derechos Humanos, pero no se contemplaba a las personas con discapacidad. Y 60 años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad, que fue ratificada y firmada por el Reino de España en 2018. El artículo 24 se dedica a la educación aunque para mejor comprenderlo se precisaría la lectura de otros derechos: “Los Estados Partes con miras a hacer efectivo el derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles… para hacer efectivo este derecho se asegurará que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la secundaria por motivos de discapacidad, que puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita en igualdad de condiciones con los demás en la comunidad en que viva, que se harán los ajustes razonables en función de las necesidades y que se prestará el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del sistema general de inclusión para facilitar su formación efectiva”.

Una madre denunció ante la ONU el incumplimiento del derecho a la inclusión educativa de su hijo, se unieron más; la ONU constató los datos y se dirigió al Gobierno español con la información recibida, recabando nuevos datos. Con todo esto, solicitó y envió una Comisión para verificar los datos y evaluar el grado de cumplimiento del Convenio.
El informe fue demoledor y las críticas al CERMI, responsable del Observatorio del seguimiento del Convenio y las descalificaciones hacia la Comisión, que realizó un informe impecable, provocaron una oleada de protestas de colectivos con distintos intereses. Unos se agruparon en torno a la Plataforma Educación Inclusiva Sí, especial También, con el pretexto de que se van a suprimir los centros de educación especial y que se van a conculcar gravemente derechos consagrados en las leyes europeas y españolas que protegen a este colectivo.

Lo cierto es que ni se suprimen los centros de educación especial ni se conculcan los derechos, al contrario, se defienden y, en vez de negar este derecho, podrían exigir las condiciones para que se garantizasen las exigencias de su cumplimiento.

La plataforma de colegios concertados alega un déficit democrático en la tramitación de la LOMLOE en tiempos de estado de alarma, aunque no será ese el verdadero motivo dada su postura ante la tramitación de la LOMCE, sin un gran plus democrático ni de consenso; nadie la apoyó, excepto el PP que la impuso.

Sin entrar en el análisis de la LOMLOE, es la primera vez que una ley de Educación se apoya en la Declaración de los Derechos del Niño (1989) firmada por España que, por lo tanto, obliga al Estado y que reconoce el interés superior del niño. También podría la LOMLOE incluir en sus principios el Convenio de los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad para desarrollar la inclusión educativa.

Esta es un derecho que se consagró en la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad y se incorporó al corpus legislativo español porque así lo especifica la Constitución Española, que en su art. 10.2: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España». En su art. 96: “Los tratados internacionalmente celebrados una vez publicados formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional”.

Esta es la situación: ni de partidos políticos, ni de asociaciones, ni de gobiernos del color que sean; son los gobiernos los que tienen que garantizar su cumplimiento mediante el desarrollo normativo que lo haga posible y efectivo.

Podríamos poner ejemplos de personas con discapacidad que en procesos de integración escolar y gracias a su trabajo y esfuerzo, con la ayuda de los padres, profesores y profesionales han logrado su integración y participación social. En un centro de integración de alumnos con discapacidad motórica, alumnos con espina bífida consiguieron su licenciatura en Psicología o Derecho; una alumna con parálisis cerebral que no podía andar, ni hablar ni escribir, al principio con la fotocopia del teclado y después con el ordenador y otros medios, se licenció en Filología Hispánica; un joven con Síndrome de Donw de 2º de BUP, en el Congreso Respuesta Educativa ante la Diversidad, de 1990, presentó la comunicación “Un camino a la esperanza como utopía”. Ese mismo día Diario 16 presentaba un extenso reportaje sobre las personas con síndrome de Donw ”Esos Pobres idiotas”… pero él siguió estudiando, terminó Magisterio, ha escrito dos libros, hizo una película, un programa de televisión… (El PAÍS, 9 de junio 2019); podríamos poner muchos más ejemplos, pero muchos más hay que no conocemos.

Ese es el camino, no poner freno, no ignorar las capacidades y fijarse solo en las discapacidades; escucharles, saber cómo sienten y cuáles son sus expectativas; no negarles, bajo el pretexto del cuidado y la seguridad, su derecho a un ritmo normal de vida, como niño, joven, adulto, en la educación, en el arte y en el ocio… que no se les cuente, sino que se cuente con ellos y que puedan participar.

La película Campeones es un ejemplo, por muchos motivos. Por cierto, la adquirió el Ministerio de Educación de Francia para proyectarla en los centros de secundaria, no para ahorrarle el dinero de la paga a los jóvenes sino para debatir sobre ella. Aquí no tenemos tiempo, cargaría el curriculum. Javier Freser, su director, iba a iniciar un casting a actores para representar los papeles del guion; se puso en contacto con Plena Inclusión y allí le convencieron para que los actores fueran personas con discapacidad. La película fue un éxito de público, en ella las personas con discapacidad representan otros personajes, no sólo el que se le otorga de persona con discapacidad. Los actores nos comentaron la segregación y discriminación en la que habían vivido hasta que se le presentó esta oportunidad. Javier Freser vendió el guion y producción a EE.UU. con la condición de que fueran actores con discapacidad.

Estos son caminos, pero hay otros en sentido contrario: el del incumplimiento de derechos y el de políticas de pocas miras; Díaz Ayuso, como candidata del PP a la Comunidad de Madrid, en defensa de los centros de educación especial dijo que “se enseña a los alumnos a realizar tareas del día a día para ser más autónomos, como hacerse la cama, moverse en el transporte público, en definitiva integrase en la sociedad”, ni hace 100 años.

Ya en la Presidencia, con los votos de Ciudadanos y Vox unidos a los suyos, aseguró: «Creemos que la inclusión no es obligatoria, es un derecho pero no puede ser solo una obligación de la izquierda, somos todos iguales”. Ya nos hizo conocedores de que no quiere nada con Podemos y sí con Vox, y podemos, por ello, entender en parte que tenga dormido en la Asamblea de Madrid el Proyecto de Ley sobre Inclusión que presentó Podemos, en la pasada legislatura; pero lo que no entendemos es que el Proyecto de Ley de Iniciativa Popular sobre inclusión educativa que presentaron 43 ayuntamientos de la Comunidad en la Asamblea y que, por lo tanto, ha de seguir vivo, también esté muerto. Pero podemos entenderlo cuando su consejero de Educación se apresuró a recibir a la Plataforma Inclusión, Si, Especial También, como los únicos interesados o afectados.

Los derechos humanos no están sujetos a plazos, ni a falacias para enmascarar su cumplimiento; los derechos humanos están en la base de la democracia no en el número de votos, la inclusión educativa es un derecho según nuestro régimen jurídico y nuestra Constitución.

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Nueve cosas que usted debe saber sobre los períodos y la pandemia

UNICEF

Este artículo es una colaboración conjunta entre el UNFPA y el UNICEF, organismos principales en el esfuerzo por garantizar la salud y los derechos de todas las personas que menstrúan.

NACIONES UNIDAS, Nueva York – La menstruación es malentendida y estigmatizada en todo el mundo, un hecho que probablemente empeore en el marco de la pandemia de COVID-19. A continuación se indican nueve cosas que usted debe saber sobre los períodos y la pandemia, y lo que el mundo debe hacer al respecto.

1. La menstruación no es un signo de enfermedad o de la COVID-19

La menstruación es saludable y normal. No es signo de enfermedad, pero circulan mitos sobre la menstruación y la COVID-19.

En China, por ejemplo, las personas ha informado que la menstruación aumenta la vulnerabilidad de las personas  al coronavirus. En Tanzania, los rumores sostienen que la menstruación es un síntoma de COVID-19, o que las personas que están menstruando tienen más probabilidades de transmitir la enfermedad. No hay base médica para esos mitos, que podrían aumentar el estigma que rodea a la menstruación.

Sin embargo, la pandemia está afectando el modo en que las personas viven y perciben la menstruación. Las restricciones de movimiento relacionadas con la pandemia aunadas al cierre de los centros de salud están afectando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención de trastornos relacionados con la menstruación, como la endometriosis o las migrañas. Las consecuencias económicas están afectando el acceso a los suministros menstruales, y el aumento del estrés podría afectar los ciclos menstruales y las molestias físicas y emocionales relacionadas con la menstruación (síndrome premenstrual).

El acceso a productos de higiene menstrual ha sido afectado por la
pandemia de COVID-19. © PONY para UNFPA

2. Los suministros menstruales son artículos esenciales

Las pérdidas de existencias y las interrupciones de la cadena de suministro significan que las comunidades podrían perder el acceso a toallas sanitarias, tampones y otros materiales relacionados con la menstruación. Los responsables de la toma de decisiones deben asegurarse de que estos artículos esenciales sigan estando disponibles.

Cuando las toallas sanitarias no se consideraron inicialmente suministros esenciales durante el bloqueo de China, los proveedores enfrentaron problemas de transporte marítimo, y esto llevó a los responsables de la toma de decisiones a tomar medidas. En la India, los responsables políticos designaron las toallas sanitarias como productos básicos esenciales para eliminar las barreras a su fabricación y suministro.

No debe haber ambigüedad: estos artículos (toallas, tampones, copas menstruales, servilletas reutilizables, analgésicos y jabón) son una prioridad para la salud, la dignidad y el bienestar de todas las personas que menstrúan.

Los responsables políticos también deben responder a los mayores desafíos relacionados con la menstruación que enfrentan determinados grupos de personas. Por ejemplo…

3. Los trabajadores sanitarios deben tener acceso a suministros de salud menstruales y a los medios para mantener su higiene menstrual, a fin de responder a la pandemia

En todo el mundo, alrededor del 70 % de la fuerza de trabajo en la esfera de la salud es femenina. En la marco de la pandemia, este personal trabaja largas horas de agotadora labor bajo intensa presión. El personal sanitario ha llamado la atención sobre sus necesidades de salud menstrual insatisfechas, que podrían afectar la respuesta a la pandemia.

El personal de salud no solo necesita acceso a materiales de higiene menstrual, sino que también necesita tiempo, instalaciones y recursos para manejar su salud menstrual. Esto es particularmente cierto para los trabajadores sanitarios de primera línea en lo relativo al equipo de protección personal (EPP).

“Ponerse y quitarse el EPP previene el cambio rápido de los materiales de higiene menstrual, y esto lleva a las mujeres a sangrar en los trajes de protección, suprimir la menstruación mediante el uso de píldoras anticonceptivas orales, o les hace perder días de trabajo”, apunta una reciente orientación del UNICEF.

El UNFPA y el UNICEF están respondiendo a estas necesidades mediante la distribución de productos sanitarios y EPP a los trabajadores sanitarios de primera línea en todo el mundo.

4. Los hospitales y centros de cuarentena deben proporcionar suministros de higiene menstrual

Por lo regular, las personas en hospitales y centros de cuarentena no pueden obtener sus propios productos de higiene menstrual y, por ese motivo, los administradores de las instalaciones deben asegurarse de que se disponga de suministros adecuados, y el personal debe estar capacitado para responder a estas necesidades de manera sensible.

Una mujer observó que las personas de su centro de cuarentena necesitaban más toallas sanitarias de las que se les proporcionaban. «Cada mujer vive su período menstrual de manera distinta, algunas más intensamente que otras», indicó.

El UNFPA y el UNICEF están trabajando con asociados, entre ellos ONU Mujeres, para suministrar kit de higiene femenina que contengan artículos de higiene, como jabón y toallas sanitarias, a instalaciones de cuarentena en Yemen, El Salvador y otros lugares.

Las personas que ya enfrentan obstáculos están viendo cómo aumentan tales desafíos. © PONY para UNFPA

5. Las personas vulnerables enfrentan más barreras para obtener suministros y cuidados de higiene menstrual

Las personas que ya enfrentaban obstáculos para adquirir suministros menstruales y recibir servicios sanitarios están viendo cómo aumentan tales desafíos.

El cierre de las tiendas y el transporte público, el aumento de los costos y la creciente incertidumbre económica están colocando los suministros de higiene menstrual fuera del alcance de los pobres. En algunos lugares hay informes de que las mujeres está recurriendo al uso de calcetines para absorber la sangre menstrual.

Las circunstancias son aún más tensas para las personas con discapacidad, las personas encarceladas, los refugiados y migrantes, los residentes en albergues y los hombres transexuales, que podrían tener acceso reducido a suministros y una menor privacidad durante los bloqueos. Una mujer detenida en Kirkuk, Irak, afirmó al UNFPA: «estar aquí nos hace sentir olvidados… pero nuestras necesidades íntimas son importantes».

Dildar Salamanca, un experto humanitario del UNFPA que trabaja en la frontera entre Venezuela y Colombia, recuerda lo que puede suceder cuando los migrantes no cuentan con los suministros que necesitan: “una vez fui testigo… una chica tenía el período, y no podía levantarse porque no tenía toallas sanitarias y estaba sentada encima de una bolsa de plástico… Estas condiciones han empeorado debido al aislamiento social en medio de la emergencia por la COVID-19, en la que las mujeres deben priorizar el acceso a los alimentos y al agua sobre los artículos de cuidado personal”.

6. La COVID-19 amenaza los derechos y la salud de las personas que menstrúan

La desigualdad de género, la pobreza extrema, las crisis humanitarias y las tradiciones nocivas pueden convertir la menstruación en un período de privación y estigma. Estas vulnerabilidades sólo aumentan en el marco de la pandemia, ya que van disminuyendo el acceso a los servicios e información de salud sexual y reproductiva.

Del mismo modo se han reducido las oportunidades de acabar con los mitos y promover los derechos. A manera de ejemplo, el Día de la Higiene Menstrual del año pasado se produjeron 726 eventos sobre el terreno en 74 países, marco en que las personas abogaron por el fin de los tabúes y estigmas menstruales. Hoy estos acontecimientos no son posibles.

7. La prevención de la COVID-19 y la buena salud e higiene menstruales van de la mano

Los servicios de agua, saneamiento e higiene son esenciales tanto para la higiene menstrual como para la prevención de la COVID-19. Sin embargo, los esfuerzos por prestar estos servicios están siendo perjudicados.

Las comunidades enfrentan grandes disminuciones de existencias de suministros como jabón, desinfectante de manos y materiales de limpieza. Los servicios de agua y saneamiento en situaciones de emergencia podrían verse amenazados por la escasez de personal y recursos de mantenimiento, plantea el UNICEF. Todo esto tendrá un impacto adverso tanto en la respuesta a la COVID-19 como en la esfera de la salud y los derechos de las personas que menstrúan.

Debemos disipar los rumores y difundir mensajes positivos. © PONY para UNFPA

8. La información sobre la salud e higiene menstruales ha sido interrumpida por la pandemia

Las interrupciones en la escuela y los servicios sanitarios están dificultando el acceso a información básica sobre la salud e higiene menstruales. Además, las mujeres y las niñas tienen menos probabilidades de tener fuentes de información alternativas, debido a su menor acceso a Internet y a sus tasas de alfabetización.

Hoy más que nunca debemos encontrar maneras nuevas y creativas de educar a las personas sobre la menstruación.

El UNICEF y el UNFPA están trabajando para disipar los rumores y difundir mensajes positivos y fácticos sobre la menstruación mediante anuncios de servicio público y mensajes educativos, pero se necesitan más esfuerzos, tanto para educar a las personas como para acabar con el estigma y la vergüenza.

9. Las tradiciones menstruales nocivas están aumentando la vulnerabilidad durante la pandemia.

Los tabúes y las tradiciones menstruales conducen a la exclusión y vulnerabilidad incluso en circunstancias normales. En el marco de la pandemia, esta situación podría empeorar: algunas tradiciones exigen que las personas que menstrúan permanezcan en cabañas menstruales o en hogares de familiares, prácticas que podrían afectar el distanciamiento social. Otras tradiciones prohíben que las personas que menstrúan se laven o se toquen los genitales, o sostienen que la menstruación contamina las fuentes de agua o los inodoros.

Afortunadamente, al menos en algunos casos, los esfuerzos de prevención de la COVID-19 están ganando prioridad por encima de esas tradiciones. Varias activistas del oeste de Nepal explicaron al UNFPA que las mujeres y niñas que menstrúan ahora se alojan en habitaciones separadas de sus hogares, en lugar de ir a cabañas menstruales o establos. «Usan máscaras y se lavan las manos regularmente», aseguró Pramila Rokaya, una defensora.

No obstante, se necesitan más esfuerzos para asegurar que todas las personas puedan participar en las medidas de prevención de la COVID-19, incluso durante la menstruación.

Fuente: https://www.unfpa.org/es/news/nueve-cosas-que-usted-debe-saber-sobre-los-per%C3%ADodos-y-la-pandemia

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¿Escuela sin contagios? Salud, miedos, segregaciones…

El Diario la Educación

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El nuevo curso que se acerca será especial; hoy por hoy lleno de interrogantes. La escuela es un servicio esencial y es imprescindible que sea presencial. Los miedos al contagio implicarán medidas adicionales. Habrá que pensar bien para atender adecuadamente lo que necesitan los niños y los adolescentes, sin menospreciar unas buenas condiciones higiénicas.

Diría que harán falta unos controles sanitarios previos a todas las personas que tienen que convivir en el centro escolar y vigilancia diaria de temperaturas, por ejemplo (algo parecido a como se hace con los deportistas de élite que compiten). De esta manera las actividades escolares podrían hacerse con más tranquilidad y facilitar las relaciones cercanas imprescindibles para una buena escolarización. Entiendo que no se contempla esta propuesta porque, de momento, es inalcanzable por el coste y la complejidad; del mismo modo que no se ha hecho obligatorio el uso de las mascarillas hasta que ha habido cantidades suficientes para todos.

Si se hace necesario utilizar todos los espacios existentes en los mismos centros habrá que contar también con los existentes en las proximidades, bibliotecas, centros cívicos, locales deportivos, equipamientos municipales… En otro orden de cosas, estas necesidades están haciendo visible la escasez histórica de inversiones en edificios y personal docente en todo el sistema escolar de nuestro país.

Temo que los miedos que se han generado debido a las contradicciones de los gobiernos y los protocolos establecidos, con sus lógicos errores, provocarán absentismo en septiembre próximo. Sobre todo por parte de las familias de los dos extremos de la escala social. Aquellas que disponen de tiempo o de ayuda pagada para cuidar a sus hijos e hijas, y aquellas que, en situación de riesgo social, desconfían de lo que les puede ofrecer el centro escolar. Paradójicamente, las criaturas que seguramente más necesitan asistir a las escuelas no lo harán. La enseñanza está inmersa en la realidad social: las mochilas de los niños y adolescentes están llenas con toda la realidad que viven. Las respuestas que necesitan implican a toda la sociedad.

Además, es probable que aumenten las bajas médicas entre el personal docente y no docente que trabaja en escuelas e institutos. Será importante generar confianza para intentar paliar un poco el miedo que se ha extendido. Es una tarea que corresponde a todos y en todas las instituciones.

El curso que viene nos encontraremos con un aumento de las segregaciones escolares; ya estaban, pero con la pandemia han crecido. Es un tema complejo: no es sólo responsabilidad del sistema de enseñanza. En parte sí, porque con la LEC (Ley de Educació de Cataluña), el falso derecho de las familias a escoger escuela y la triple red escolar es muy difícil evitar el aumento de las segregaciones escolares. Pero es más determinante el sistema socioeconómico donde estamos inmersos. Si están aumentando todas las segregaciones, si la desigualdad se hace cada día que pasa más grande, si crecen las distancias entre nivel de ingresos, si son más las familias que no llegan a fin de mes… sería casi imposible que en el ámbito de la enseñanza pasara lo contrario. Está muy bien y es necesario pedir y luchar para disminuir las segregaciones en las escuelas e institutos. Vale la pena el pacto contra la segregación firmado recientemente. Pero si no luchamos y denunciamos la segregación de base, la que es responsable porque es la causa de todas, estamos pidiendo al sistema de enseñanza y, sobre todo, a las comunidades escolares y/o a los ayuntamientos, algo imposible. Y podemos quemar las iniciativas de buena fe que se están haciendo. Las luchas de las PAH, las sindicales de base obrera, las luchas de barrios, los amplios movimientos sociales y feministas, las plataformas antirracistas, los que van en contra del cambio climático o en pro de la igualdad de género, las luchas por la dignidad, el pan, el techo y el trabajo son mucho más necesarias para frenar las segregaciones escolares.

La escuela sola no puede hacer frente a todos los retos que se le piden. Un ejemplo similar lo encontramos si pensamos con la conciliación familiar, con organizar horarios más saludables, veremos que no depende sólo de las escuelas. Si los horarios laborales y comerciales no cambian, si los espectáculos, los programas de televisión, no se modifican en la línea de ocupar franjas horarias más saludables, volvemos a quemar a la comunidad escolar si es la única que se preocupa por la conciliación familiar. Las administraciones con competencias en cada aspecto deben intervenir.

Y también, a raíz de la epidemia, se está diciendo que lo que hay que defender ante todo es la salud. Con este argumento se ha encerrado a los niños para protegerlos. ¿O para que no contagien (no sean vector de contagio) a los adultos?

Otra pregunta: ¿qué deberíamos entender por salud? No es la falta de enfermedades solamente. Salud es una posibilidad de vida gozosa, que implica salud física y mental, tener las necesidades básicas cubiertas, seguridad de recibir cariño y cuidado.

He encontrado dos definiciones. La clásica de la OMS de 1948: «Salud es un estado de completo bienestar físico, psíquico (mental) y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades «. Y otra, de 1976, de un congreso de médicos catalanes: «La salud es una manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa» [1]. Para poder hacerlo posible hay que luchar contra las enfermedades, lógico, pero también contra la pobreza, contra las injustas desigualdades, contra el sufrimiento físico y emocional de tantas criaturas y adolescentes y de sus familiares.

Por eso vale la pena reflexionar si el largo cierre que han sufrido las criaturas ha sido beneficioso. Si ha sido acertado que para evitar supuestamente contagios haya perjudicado y hecho sufrir a los niños y a sus familias. Una reflexión adecuada para repensar el curso 2020-21. Las anunciadas medidas higiénicas ¿compensan los graves inconvenientes? Parece bastante cierto que las posibilidades de contagio entre criaturas y adolescentes son mínimas. No son suficiente argumento para frenar las necesarias relaciones cercanas que deben darse en una escuela que haga honor a su nombre.

Debemos proteger a los adultos, docentes y no docentes, pero no imposibilitar las actuaciones que faciliten los aprendizajes, los vínculos, los abrazos y los apoyos emocionales, más necesarios para nuestro alumnado, en septiembre de 2020, porque la mayoría habrán pasado seis meses desconectados de sus iguales.

[1] Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y de Baleares y Sociedad Catalana de Biología. X Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua Catalana. Perpiñán, 23-26 de Septiembre de 1976. Libro de actas. (Barcelona, ​​1978)

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Tres modelos escolares: tres maneras de entender la educación

Jaume Carbonell

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Este texto, consta de dos entregas. En esta primera se disecciona críticamente la modalidad virtual o digital. Y en la próxima se presentan el modelo de escuela institucional-presencial, tal como se conoce hoy día, y un tercer modelo de escuela expandida, donde la educación se traslada a la realidad natural, urbana y cultural.

El modelo online: sin escuela y menos educación

¿Cambiará el mundo tras el confinamiento debido a la Covid-19 y el regreso a la “normalidad”? Esta es una de las preguntas más recurrentes ante la que se dan todo tipo de respuestas: optimistas, escépticas y pesimistas. El futuro alberga muchas incertidumbres, pero sí se puede sostener, con datos fiables y sólidas argumentaciones, que algunas realidades y tendencias anteriores van a agravarse o a tomar una mayor relevancia. Entre ellas, la pobreza y la desigualdad, los intentos para frenar la deslocalización de empresas, el teletrabajo y, por supuesto, el uso intensivo de las nuevas tecnologías en la enseñanza. La urgencia de la situación ha pillado a contrapié a buena parte del profesorado que ha tenido que improvisar y manejarse con mejor o peor fortuna con los distintos recursos tecnológicos.

Detrás de la digitalización se esconden poderosos intereses económicos e ideológicos

Pero esta situación coyuntural de improvisación, donde se ha puesto una vez más de relieve la brecha digital no puede despistarnos de la ofensiva estratégica de las grandes plataformas digitales para imponer su dominio económico -el negocio es extraordinariamente suculento- e ideológico, tratando de colonizar la enseñanza mediante un pensamiento único (entre las megacorporaciones multinacionales cabe citar, entre otras: Apple, Google, Microsoft, Disney, Netflix, Prisa/Santillana). Para ello se vale de estudiadas y, cada vez más sofisticadas, técnicas de persuasión e influencia social para modificar actitudes y comportamientos de los usuarios.

Algo semejante ocurrió en nuestro país, aunque de forma menos perfeccionada y con más control sobre los contenidos, al desarrollarse la industria de los libros de texto a partir de la Ley General de Educación de 1970. Se convirtió en el artefacto que definía y condicionaba -más allá de las orientaciones bienintencionadas de algunas reformas- la cultura escolar: lo que todo alumnado debía aprender y cómo debía aprenderlo. La hegemonía del manual escolar proporcionaba una estabilidad al sistema educativo y una enorme seguridad al profesorado en su zona de confort, aunque siempre ha habido colectivos docentes que han encontrado alternativas con otro tipo de materiales curriculares, sin dejar de utilizar, en algunos casos, los libros de texto como un recurso más entre otros muchos. (Sobre esta cuestión recomendamos dos lecturas imprescindibles: El libro de texto y la política cultural, de M. Apple, Morata, Madrid, 1990; y Políticas del libro de texto escolar, de J. Martínez Bonafé, Morata, Madrid, 2002).

La doctrina del shock de Naomi Klein siempre planea en estas situaciones de crisis y excepcionalidad que son aprovechadas para imponer a la ciudadanía nuevas relaciones y estructuras de poder más invisibles y subterráneas. Para ello recurre a diversos mecanismos de dominio y control, y uno de los más efectivos hoy día son las nuevas tecnologías. El otro es, sin duda, el creciente control de datos y algoritmos, bien sea amparándose en razones sanitarias con una aplicación de geolocalización en el móvil que controle todos nuestros pasos o mediante otras intervenciones sociales y administrativas, o entrando directamente en los centros donde se obtiene gran cantidad de información del alumnado que puede venderse en el futuro a empresas o al mejor postor. Se dice, y no sin razón, que en Google y en Facebook ya saben más de ti que la policía. En la práctica, se hace difícil regular el uso perverso de la información sobre nuestra privacidad, en un momento en que lo ético y lo inmoral se difuminan y se destruyen los procesos democráticos (lo cuentan muy bien M. Peirano en El enemigo conoce el sistema, Debate, Madrid, 2019; y Y. Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI, Debate, Barcelona, 2018).

¿Hasta qué punto el imperio tecnológico condicionará la agenda gubernamental y la práctica docente?

En nuestro entorno conocemos algunos antecedentes de aprendizaje virtual online como la UNED -Universidad Nacional a Distancia- o la UOC -Universitat Oberta de Calalunya-, pero las nuevas universidades -la mayoría privadas- se apuntan a esta modalidad, y muchas otras, públicas o privadas, realzan estos días las excelencias de este nuevo aprendizaje en línea, asegurando incluso que mejora el rendimiento estudiantil (véase el libro de E. Díez, La universidad en venta, Octaedro, Barcelona, 2020). Por ello proponen el sistema mixto o híbrido, que combina presencialidad con virtualidad. Puede ser una situación transitoria para más adelante dar la estocada final, con la desaparición definitiva de los estudiantes de las aulas y la reconversión de la universidad en una mera sede virtual.

Hay más ejemplos preocupantes de la digitalización universitaria: la ampliación de la oferta de estudios de Magisterio online, la oferta exclusiva de másteres en internet, de titulaciones obtenidas a través de cursos online masivos, abiertos y estandarizados (MOOOC), la programación de prácticas en diversos estudios, o el plan por parte de la Conselleria de Educación de la Xunta de Galicia de delegar en el sector privado el futuro digital de las universidades privadas, iniciativa que ha sido paralizada, al menos por el momento, ante las protestas de sectores del profesorado. También arrecian las resistencias desde algunas universidades, como la movilización de la de Sevilla “en defensa de la educación pública presencial en todos los niveles educativos” y de otros colectivos estudiantiles. Ante este panorama inquietante subyacen tres interrogantes básicos: ¿Acaso la modalidad virtual responde a las necesidades de la infancia y de la juventud, respeta sus derechos y entre ellos el de la educación? ¿Hasta dónde llegará la dependencia y/o sumisión del Ministerio de Universidades y de las consejerías de Educación a la intromisión de los imperios tecnológicos en la enseñanza en la ocupación de la centralidad virtual: desde la escuela infantil a la universidad? ¿Y cúal será la capacidad real de la comunidad educativa para oponerse a esta oferta estandarizada y uniformizadora, y para elaborar otro tipo de contenidos más diversos, interactivos, con una visión crítica, innovadora y más adaptados a cada entorno. (En este mismo diario se han publicado un montón de artículos con propuestas y recursos que apuntan en esta dirección).

Los límites y miserias de la virtualidad como modelo escolar

Los apologistas de la virtualidad ven en el uso intensivo de las nuevas tecnologías la panacea del futuro de la educación, enfatizando sus enormes ventajas. Estas son obvias e indiscutibles y por supuesto que existen ofertas de contenidos de un valor extraordinario en las que muchos docentes saben sacar el mejor provecho de ellas, incluso en clave de una enseñanza renovadora y transformadora. Ahora bien, no dejan de ser recursos y estrategias: en ningún caso puede considerarse un modelo de escuela y menos de educación, no sólo porque la institución escolar -tanto la que acoge a la infancia como a la juventud- no es sólo instrucción sino también educación, una distinción que desde tiempos lejanos siempre se ha subrayado, incluso porque desde la óptica de mero aprendizaje instructivo contiene carencias sustantivas

Veamos todo esto con un poco de detenimiento. En primer lugar, la escuela -siempre considerada en su acepción más amplia que incluye a todas las edades- es un lugar de encuentro relacional y grupal, donde se socializa la experiencia humana, donde se fraguan vínculos sociales y emocionales -ambos son inseparables-, a través de la palabra y del cuerpo, de la conversación y de todo tipo de manifestaciones gestuales y sensoriales. Es la fuerza y la magia del cara a cara, la mirada, la proximidad, el afecto y la empatía que nunca la más sofisticada tecnología podrá sustituir. Carlos Skliar señala muy gráficamente, algunas de las ausencias de la isla digital: ¿Qué queda del educador que toma la palabra y la democratiza a través de los sinuosos caminos de las miradas y las palabras de los estudiantes? ¿Qué queda de los foros conjuntos de traer arte y artesanía, de tocar la tierra, de jugar, bajo la forma titánica de la pantalla siempre encendida?

Es un lugar de encuentro donde se cruzan, conviven y aprenden alumnos y alumnas muy diversas y donde se puede prestar un apoyo más directo y eficaz a los que tienen más dificultades y, por tanto, donde la inclusión y la equidad se afrontan con más recursos y de forma más directa y cercana. Es también un espacio donde se aprende colectivamente a experimentar, manipular objetos, pensar, razonar, debatir, dudar e intercambiar. Un entorno donde se practica el arte socrático y espontáneo de la conversación, con preguntas y respuestas que con frecuencia se entrecortan.

Por otro lado, hay rituales insustituibles como las entradas y salidas con abrazos, sonrisas y algunos besos. Con actividades de grupo con un movimiento constante por el aula, transitando por rincones o espacios de aprendizaje. Con debates que se prolongan en el bar. O incluso con clases magistrales -tampoco son lo mismo- que terminan con preguntas y aclaraciones entre aulas, pasillos y patios.

Paradojas de presente y futuro

Durante este período de confinamiento se ha puesto de relieve que un porcentaje de alumnado no podía conectarse a la red. Con ser esto importante, más lo es la competencia cognitiva y también digital de que dispone y más aún, si cabe, la ayuda que le pueden prestar sus madres. Es evidente que esta brecha digital es otro factor que agrava la dificultad. ¿Pero qué ocurrirá dentro de unos años cuando todo el mundo disponga de la cacharrería digital necesaria? Quizás la brecha digital habrá desaparecido pero dudo que se vaya diluyendo la diferencia social y cultural. Si así fuera, se harían realidad algunas utopías largamente anunciadas. Pero se me antoja que, lamentablemente, los tiempos son más propicios a las distopías.

Un ejemplo emblemático de lo que pueda suceder en el futuro de nuestro país –donde los fenómenos llegan siempre con retraso- lo tenemos en Estados Unidos. En diversos artículos y reportajes se muestra cómo sus élites, empezando por los tecnólogos del Silicon Valley -la joya de la corona del imperio tecnológico- empiezan a huir del mundo digital -una cosa es el negocio y otra es la vida- y envían a sus hijos a centros como los de Pedagogía Waldorf donde la tecnología es inexistente durante la educación infantil y tampoco está demasiado presente a lo largo de la escolaridad. Buscan la interacción humana, los libros analógicos y todo cuanto atañe a la presencialidad. Para estas élites privilegiadas su futuro es, en cierto modo, un regreso al pasado, mientras piensan que la digitilización actual va dirigida a la masa social más baja, a los nuevos esclavos digitales. Es el mundo futurista de 2038 ficcionado en la serie Black Mirror. Evoca asimismo el Mundo feliz de Aldous Huxley. (El País, Madrid, 2003), donde la casta minoritaria de alfas que ostenta el poder programa por incubación una masa de seres humanos uniformes, los épsilon cuyo comportamiento uniforme y privado de libertad garantiza la necesaria seguridad y estabilidad social. Está presente también el Gran Hermano orweliano (G.Orwel, 1984, Debolsillo, Barcelona, 2018) que lo controla todo, ya no con las pantallas y micrófonos de las viejas y duras dictaduras, sino a través de artefactos y sistemas más indirectos y sofisticados. Y quizás algún cineasta piense en una réplica actualizada de Tiempos modernos.

Como ha ocurrido frecuentemente en la historia de la humanidad los relatos utópicos pugnan con los distópicos, y los movimientos sociales y de resistencia tratan de frenar o amortiguar la embestidas de los grandes poderes económicos e ideológicos. De ahí la importancia del empoderamiento digital por parte del profesorado: para hacer un uso liberador y no sumiso de las nuevas tecnologías; y para que estas devengan excelentes herramientas de aprendizaje, aunque sin llegar a colonizar la enseñanza para convertirse en un nuevo modelo escolar. En la antieescuela y la antieducación.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2020/06/10/tres-modelos-escolares-tres-maneras-de-entender-la-educacion/

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