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La meditación para el aprendizaje

Por: Rubí Román Salgado

“La meditación puede utilizarse como un recurso privilegiado de pausa pedagógica en sesiones largas o prolongadas. Incluso en la música la pausa es fundamental”. -Eloísa Heredia-

En el contexto escolar, la meditación es utilizada para mejorar el desarrollo de habilidades de aprendizaje y el rendimiento académico. También puede incorporarse como un recurso didáctico inicial dentro de cualquier clase o asignatura permitiendo ‘llevar’ a los estudiantes a un estado de apertura y disposición favorable para el proceso de aprendizaje. La práctica constante de la meditación genera una huella de aprendizaje en la persona al tiempo que beneficia de manera holística otras dimensiones del ser humano. Así lo explicó la Dra. Eloísa Heredia en nuestro webinar de Junio. Si no tuviste oportunidad de verlo lo puedes consultar aquí.

“Antes de incorporar la meditación como herramienta didáctica, el docente debe capacitarse y practicar. Es indispensable considerar que no podemos transmitir bienestar o tranquilidad si nosotros mismos tenemos una mente inquieta, ansiosa o estresada”.

En esta sesión la profesora Eloísa presentó los fundamentos de la meditación como práctica milenaria, compartió hallazgos de la investigación educativa que muestran que a través de la meditación es posible mejorar el clima escolar. También realizó un ejercicio práctico de meditación para toda la audiencia. Estoy segura de que este ejercicio te servirá como primer acercamiento al tema y podrás dimensionar el impacto de la meditación en ti. Lo puedes consultar directamente en la grabación del webinar en el minuto 54:37 que estará disponible en todo momento para que revivas la experiencia.

A continuación, un resumen de los puntos más relevantes del webinar que nos compartió la Dra. Eloísa Heredia.

La meditación para promover el aprendizaje

  • Incorporar dentro de la planeación de la clase tiempo de meditación, reditúa en una mejor receptividad y desempeño del alumno.

  • La práctica de la meditación es recomendable sobre todo en procesos de aprendizaje que demandan del alumno periodos prolongados de atención y concentración.

  • Como en cualquier planeación didáctica, el docente debe tener claras las intenciones pedagógicas en el marco de la institución para la cual se desempeña y de las intenciones como docente.

  • Estos son algunos criterios didácticos básicos para considerar cuando se integra la meditación en clase:

    • Definir intenciones pedagógicas, así como las habilidades, contenidos y procedimientos en los que se enfocará el docente.

    • Dar claridad a los alumnos. Que los alumnos tengan claro qué se hará y por qué se introduce la meditación como secuencia didáctica.

    • Considerar la edad de los alumnos, la etapa de desarrollo en que se encuentran y sus intereses.

    • El lugar donde vamos a trabajar o se llevará acabo la clase.

    • Los recursos que se tienen al alcance

    • Crear el contexto apropiado para que la meditación se inserte como una pauta pedagógica en la secuencia de aprendizaje.

  • Es recomendable intercalar en clase pausas pedagógicas que ayuden a los alumnos a volverse a enfocar y alcanzar un estado de tranquilidad que facilite a los docentes la transmisión y receptividad del mensaje que desean transmitir.

  • La meditación es un recurso que también detona procesos metacognitivos, es decir, tiene que ver con la reflexión sobre cómo estamos aprendiendo. La metacognición nos ayuda a revisar ese camino que hicimos para llegar al aprendizaje.

Invito a profesores y profesionales de la educación a explorar el potencial de la meditación para el aprendizaje y el bienestar del ser humano. También a estar pendientes de nuestros próximos webinars del Observatorio de Innovación Educativa.

Eloísa Heredia Escorza es profesora del Depto. de Estudios Humanísticos en la Escuela de Educación y Humanidades. Es directora nacional de Punto Blanco: espacio de reflexión en el Tec de Monterrey. Actualmente dirige la investigación “Meditación, bienestar y espiritualidad en los estudiantes de esta institución”.

Si tu idioma nativo no es el español puedes activar la traducción instantánea subtitulada de YouTube incluido en este artículo. Para activar esta opción, selecciona en YouTube la opción Subtítulos (aparecerán los subtítulos en español) posteriormente selecciona la opción Configuración ->Subtítulos -> Traducir automáticamente y seleccionar el idioma que prefieras.

Fuente e Imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/meditacion-y-aprendizaje

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El capitalismo de la vigilancia

Por: Carlos Fazio

Difuminada en la coyuntura por el apocalipsis mediático desatado por las élites plutocráticas y los poderes fácticos de Estados Unidos a raíz de la irrupción del Covid-19, la guerra comercial y financiera entre los gobiernos de Donald Trump y Xi Jinping profundizará en la pospandemia la carrera por la hegemonía, en momentos en que, parafraseando a Clausewitz, la tecnología es la continuación de la política por otros medios.

En 2016, un informe de Barack Obama sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) reconocía que su sucesor gobernaría un país que está siendo transformado por la IA. Aunque Trump abandonó parcialmente esa visión, Estados Unidos sigue siendo líder en IA gracias a las compañías líderes de la digitalización conocidas mediante el acrónimo Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon), pero el punto de quiebre se está volviendo el control de acceso a datos, ya que las principales plataformas someten a sus usuarios a procesos de supervisión no estandarizados y desfasados con la velocidad de la IA.

Los ingenieros de la IA necesitan datos (materia prima) para crear sus algoritmos y/o perfeccionarlos. Y si bien EU es el país que ha recolectado más datos, a partir del 13 Plan Quinquenal de Informatización Nacional (2016-20) de Xi Jinping, China ha aumentado de manera exponencial sus capacidades a través del Internet de las cosas, el aprendizaje automático y del número de usuarios de sus empresas innovadoras apoyadas por las nuevas tecnologías ( startups).

El gobierno chino ha hecho fuertes inversiones en investigación y desarrollo, subsidia la industria de los chips de procesamiento y tiene una regulación más laxa en tecnologías de automatización y recolección masiva de datos. Así surgieron conglomerados privados de Internet comercial como Baidu, Alibaba y Tencent (conocidos bajo el acrónimo Bat), que de cara a la carrera por la IA han alcanzado tecnológicamente a las corporaciones estadunidenses del sector.

Y al igual que ocurrió en sus orígenes con las Gafa del Silicon Valley, pioneras del capitalismo digital gracias a los programas de inversión militar keynesianos, que después del 11 de septiembre de 2001 −en conexión con el Estado de seguridad nacional de la administración Bush hijo− desarrollaron el enorme aparato de vigilancia y control estatal revelado en 2013 por el ex contratista de la CIA y la NSA Edward Snowden, el apoyo del gobierno chino ha sido clave en el desarrollo de Baidu como la plataforma base de IA para vehículos autónomos, Alibaba para ciudades inteligentes y Tencent para cuidados de la salud.

Alibaba, considerada el Amazon chino, desarrolló un sistema de puntajes de crédito social privado, que se propone recopilar y almacenar todos los rastros que los usuarios dejan en Internet y regular el comportamiento de cada persona sobre acceso al crédito, a la educación formal y al mercado de trabajo, incluido el uso de líneas aéreas comerciales y trenes de alta velocidad. La empresa implementó el proyecto City Brain (cerebro de la ciudad) para conectar a través de un software mapas, cámaras de vigilancia, sensores, datos del gobierno e información compartida en redes sociales, que procesan algoritmos de IA en superordenadores que sirven de alimento para la planeación urbana y la gestión de tráfico en ciudades como Hangzhou y Macau.

La cooperación de Baidu con las autoridades chinas también gira en torno del control de datos y la ciberseguridad. La corporación ha equipado puntos neurálgicos del espacio público con cámaras que cuentan con un sofisticado software de reconocimiento facial que también puede identificar personas encapuchadas por su forma de caminar. Tencent, la tercera integrante del Bat también explota patentes de reconocimiento facial y videovigilancia. Ergo, el capitalismo de la vigilancia.

En la pospandemia del Covid-19, la guerra fría política, comercial y tecnológica entre EU y China se calentará. Después de que Trump lanzó su estrategia de decoupling (desconexión) para contener el crecimiento económico de China, Xi llamó a poner énfasis en el desarrollo del mercado interno, y no en las exportaciones. Aunque en el plano exterior, a través de Alibaba, el soft power chino aumentará su infraestructura ferrocarrilera, portuaria y digital (fibra óptica, antenas de telecomunicaciones, 5G) en su área de influencia: Vietnam, Tailandia y Singapur, y eventualmente Bangladesh y Pakistán. Aun en África.

Es en ese contexto que hay que ubicar los discursos de Xi del pasado 26 de mayo ante la Comisión Militar Central (la versión china del Pentágono) y de Trump en la academia militar de West Point, el 13 de junio. Xi ordenó a las fuerzas armadas pensar en el peor de los escenarios para salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo. Trump insinuó cambios doctrinarios para un conflicto con China en pos de mantener la hegemonía global.

La hegemonía de EU se basa en el dominio de las rutas marítimas y su superioridad tecnológica. Según fuentes del Pentágono citadas por el periódico inglés The Times, con base en unos juegos de guerra simulados, en 2030 EU perdería una guerra naval con China en el Pacífico. El análisis concluye que todas las bases de EU en la región del Comando Indo-Pacífico serían abrumadas por los misiles balísticos de alcance medio chinos, incluida la isla de Guam, principal base de los bombarderos estratégicos B-2. La disputa geopolítica está en pleno desarrollo.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/06/29/opinion/019a1pol

Imagen: SpaceX-Imagery en Pixabay

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Articularse, organizarse, solidarizarse

Por:  Roberto Patiño

En el actual contexto adverso, en el que la deriva autoritaria viola los canales democráticos, es prioritario que los ciudadanos nos organicemos para la articulación de las diversas fuerzas sociales. Y este encuentro puede producirse alrededor de nuestros problemas y emergencias comunes.

Actualmente, los venezolanos vivimos la emergencia de la crisis y las consecuencias de la pandemia de COVID-19 sin el apoyo de las instituciones del Estado. Por el contrario, el régimen de Nicolás Maduro instrumentaliza la emergencia y recrudece políticas de represión, sistemas de control y propaganda, en contra del bienestar de los venezolanos.

El Estado no ejecuta medidas profilácticas efectivas ni se coordina con el resto de la sociedad para enfrentar la pandemia. El régimen ataca a los trabajadores sanitarios y médicos, criminaliza a los contagiados. El rechazo y la desconfianza popular al gobierno dificulta también la implementación efectiva de protocolos de distanciamiento social y descontaminación, en una situación que se agrava en momentos en el que aumenta el número de afectados por la enfermedad.

Ante esta falta de Estado, en el que además se han bloqueado vías democráticas y pacíficas para el cambio, resulta prioritaria la labor de los distintos grupos, redes y organizaciones civiles que en nuestro país abordan nuestras emergencias más urgentes, funcionando como bastiones de convivencia e inclusión. En estas agrupaciones se monitorea y visibilizan los problemas, y se generan acciones concretas para enfrentarlos a través de programas y emprendimientos. Emprendimientos que resultan fundamentales porque en muchos casos representan la primera -o única- ayuda que reciben los grupos más vulnerables a la emergencia.

En nuestro caso, por ejemplo, Alimenta la Solidaridad ha mantenido el funcionamiento de su red de comedores a nivel nacional, sorteando los graves problemas de hiperinflación, colapso de servicios básicos y crisis de combustibles. Situaciones que han sido enfrentadas gracias al involucramiento de madres, líderes locales, comunidades, voluntariado y aliados.

El alcance de este emprendimiento llega a más de 15.000 niños en todo el país. Durante la cuarentena, con algunos comedores funcionando con leña y comidas entregadas en bicicleta ante la falta de gasolina, se han abierto nuevos comedores en estados como Táchira y se ha continuado trabajando manteniendo los protocolos contra el COVID-19.

Un factor determinante para sostener este esfuerzo es el involucramiento directo de las comunidades en el mantenimiento de comedores. Un trabajo logrado gracias al establecimiento de relaciones de confianza con las personas de la comunidad, así como líderes locales. De igual forma, también es significativa las distintas alianzas con otras redes y organizaciones civiles, en esfuerzos que además posibilitan la reconstrucción del tejido social fragmentado por la crisis y el modelo dictatorial.

Por ello insistimos en la necesidad de enfrentar el actual estado de orfandad institucional y emergencia continuada desde la base del encuentro activo de la sociedad. Un encuentro alrededor de la solución concertada de nuestros problemas más importantes, desde la articulación, la organización y la solidaridad de los ciudadanos.

Creemos que este encuentro es vital en la generación de nuevas estrategias que deben implementarse para los escenarios que estamos viviendo de continuación de la pandemia y radicalización del modelo dictatorial del actual régimen.

robertopatino.com

Fuente: https://www.elnacional.com/opinion/articularse-organizarse-solidarizarse/

Imagen: https://www.flickr.com/photos/_gdm_/8096036127

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Slavoj Zizek: Politically correct white people who practise self-contempt are contributing NOTHING in the fight to end racism

By: Slavoj Zizek

Smashing up monuments and disowning the past isn’t the way to address racism and show respect to black people. Feeling guilty patronizes the victims and achieves little.

It was widely reported in the media how on June 21, German authorities were shocked by a rampage of an “unprecedented scale” in the centre of Stuttgart: between 400 and 500 partygoers ran riot overnight, smashing shop windows, plundering stores and attacking police.

The police – who needed four and a half hours to quell the violence – ruled out any political motives for the “civil war-like scenes,” describing the perpetrators as people from the “party scene or events scene.” There were, of course, no bars or clubs for them to visit, because of social distancing – hence they were out on the streets.

Such civil disobedience has not been limited to Germany. On June 25, thousands packed out England’s beaches, ignoring social distancing. In Bournemouth, on the south coast, it was reported: “The area was overrun with cars and sunbathers, leading to gridlock. Rubbish crews also suffered abuse and intimidation as they tried to remove mountains of waste from the seafront, and there were a number of incidents involving excessive alcohol and fighting.”

One can blame these violent outbreaks on the immobility imposed by social distancing and quarantine, and it is reasonable to expect that we’ll see similar incidents across the world. You could argue that the recent wave of anti-racist protests follows a similar logic, too: people are relieved to deal with something they believe in to take their focus away from coronavirus.

We are, of course, dealing with very different types of violence here. On the beach, people simply wanted to enjoy their usual summer vacation, and reacted angrily against those who wanted to prevent it.

In Stuttgart, the enjoyment was generated by looting and destruction – by violence itself. But what we saw there was a violent carnival at its worst, an explosion of blind rage (although, as expected, some leftists tried to interpret it as a protest against consumerism and police control). The (largely non-violent) anti-racist protests simply ignored the orders of the authorities in pursuit of a noble cause.

Of course, these types of violence predominate in developed Western societies – we’re ignoring here the more extreme violence which is already happening and will for sure explode in countries like Yemen, Afghanistan and Somalia. “This summer will usher in some of the worst catastrophes the world has ever seen if the pandemic is allowed to spread rapidly across countries already convulsed by growing violence, deepening poverty and the spectre of famine,” reported the Guardian earlier this week.

There is a key feature shared by the three types of violence in spite of their differences: none of them expresses a consistent socio-political program. The anti-racist protests might appear to, but they fail in so much as they are dominated by the politically correct passion to erase traces of racism and sexism – a passion which gets all too close to its opposite, neo-conservative thought-control.

The law approved on June 16 by Romanian lawmakers prohibits all educational institutions from “propagating theories and opinion on gender identity according to which gender is a separate concept from biological sex.” Even Vlad Alexandrescu, a centre-right senator and university professor, noted that with this law, “Romania is aligning itself with positions promoted by Hungary and Poland and becoming a regime introducing thought policing.

Directly prohibiting gender theory is, of course, part of the program of the populist new right, but now it has been given a new push by the pandemic. A typical new right populist reaction to the pandemic is that its outbreak is ultimately the result of our global society, where multicultural mixtures predominate. So the way to fight it is to make our societies more nationalist, rooted in a particular culture with firm, traditional values.

Let’s leave aside the obvious counter-argument that fundamentalist countries like Saudi Arabia and Qatar are being ravaged, and focus on the procedure of “thought policing,” whose ultimate expression was the infamous Index Librorum Prohibitorum (List of Prohibited Books), a collection of publications deemed heretical or contrary to morality by the Sacred Congregation of the Index, so that Catholics were forbidden from reading them without permission.

This list was operative (and regularly updated) from early modernity until 1966, and everybody who counted in European culture was included at some point. As my friend Mladen Dolar noted some years ago, if you imagine European culture without all the books and authors who were at some point on the list, what remains is pure wasteland…

The reason I mention this is that I think the recent urge to cleanse our culture of all traces of racism and sexism courts the danger of falling into the same trap as the Catholic Church’s index. What remains if we discard all authors in whom we find some traces of racism and anti-feminism? Quite literally all the great philosophers and writers disappear.

Let’s take Descartes, who at one point was on the Catholic index, but is also regarded today by many as the philosophical originator of Western hegemony, which is eminently racist and sexist.

We should not forget that the grounding experience of Descartes’ position of universal doubt is precisely a ‘multicultural’ experience of how one’s own tradition is no better than what appears to us as the ‘eccentric’ traditions of others. As he wrote in his ‘Discourse on Method’, he recognized in the course of his travels that traditions and customs that “are very contrary to ours are yet not necessarily barbarians or savages, but may be possessed of reason in as great or even a greater degree than ourselves.”

This is why, for a Cartesian philosopher, ethnic roots and national identity are simply not a category of truth. This is also why Descartes was immediately popular among women: as one of his early readers put it, cogito – the subject of pure thinking – has no sex.

Today’s claims that sexual identities are socially constructed and not biologically determined are only possible against the background of Cartesian tradition; there is no modern feminism and anti-racism without Descartes’ thought.

So, in spite of his occasional lapses into racism and sexism, Descartes deserves to be celebrated, and we should apply the same criterion to all great names from our philosophical past: from Plato and Epicurus to Kant and Hegel, Marx and Kierkegaard… Modern feminism and anti-racism emerged out of this long emancipatory tradition, and it would be sheer madness to leave this noble tradition to obscene populists and conservatives.

And the same goes for many disputed political figures. Yes, Thomas Jefferson had slaves and opposed the Haiti revolution – but he laid the politico-ideological foundations for later black liberation. And yes, in invading the Americas, Western Europe did cause maybe the greatest genocide in world history. But European thought laid the politico-ideological foundation for us today to see the full scope of this horror.

And it’s not just about Europe: yes, while the young Gandhi fought in South Africa for equal rights for Indians, he ignored the predicament of the blacks. But he nonetheless successfully led the biggest anti-colonial movement.

So while we should be ruthlessly critical about our past (and especially the past which continues in our present), we should not succumb to self-contempt – respect for others based on self-contempt is always, and by definition, false.

The paradox is that in our societies, the white people who participate in anti-racist protests are mostly the upper-middle class white people who hypocritically enjoy their guilt. Perhaps these protesters should learn the lesson of Frantz Fanon, who certainly cannot be accused of not being radical enough:

Every time a man has contributed to the victory of the dignity of the spirit, every time a man has said no to an attempt to subjugate his fellows, I have felt solidarity with his act. In no way does my basic vocation have to be drawn from the past of peoples of color. /…/ My black skin is not a repository for specific values. /…/ I as a man of color do not have the right to hope that in the white man there will be a crystallization of guilt toward the past of my race. I as a man of color do not have the right to seek ways of stamping down the pride of my former master. I have neither the right nor the duty to demand reparations for my subjugated ancestors. There is no black mission; there is no white burden. /…/ Am I going to ask today’s white men to answer for the slave traders of the seventeenth century? Am I going to try by every means available to cause guilt to burgeon in their souls? /…/ I am not a slave to slavery that dehumanized my ancestors.”

The opposite of guilt (of the white men) is not tolerance for their continued politically correct racism, most famously demonstrated in the notorious Amy Cooper video that was filmed in New York’s Central Park.

In a conversation with academic Russell Sbriglia, he pointed out to me that “the strangest, most jarring part of the video is that she specifically says – both to the black man himself before she calls 911 and to the police dispatcher once she’s on the phone with them – that ‘an African American man’ is threatening her life.  It’s almost as if, having mastered the proper, politically correct jargon (‘African American,’ not ‘black’), what she’s doing couldn’t possibly be racist.”

Instead of perversely enjoying our guilt (and thereby patronizing the true victims), we need active solidarity: guilt and victimhood immobilize us. Only all of us together, treating ourselves and each other as responsible adults, can beat racism and sexism.

Source and Image: https://www.rt.com/op-ed/493408-white-racism-fight-guilty/

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La explotación de los niños a través del trabajo: un fenómeno contemporáneo de esclavitud

La explotación infantil es la utilización de menores de edad por parte de personas adultas, para fines económicos o similares, en actividades que afectan a su desarrollo personal y emocional y al disfrute de sus derechos. Es altamente perjudicial y su erradicación, un desafío mundial.

No todo trabajo infantil es explotación

El trabajo infantil es esclavitud cuando ese trabajo interfiere con su educación y cuando se origina por condiciones de vulnerabilidad.

Conflictos armados, orfandad, catástrofes naturales, y situaciones de pobreza, son frecuentemente aprovechadas por auténticas mafias y redes organizadas de explotación infantil.

No es esclavitud cuando se dan tareas apropiadas, que inciden en fomentar las habilidades y responsabilidades del niño.

Por ello, en el debate sobre trabajo y explotación infantil, hay que hilar fino y atender específicamente a qué actividades se dedican los niños y las niñas.

La extrema pobreza tiene la forma de un niño trabajando

La explotación infantil es, al mismo tiempo, consecuencia y causa de la pobreza, y en ella se aúnan todas las miserias.

Lleva a los niños al sótano en el ascensor social, fomenta mayores índices de analfabetismo, provoca enfermedades y malnutrición, y contribuye a su envejecimiento precoz.

Los niños provenientes de los hogares más pobres y de zonas rurales son sus principales víctimas. Se calcula que a nivel global hay cerca de 152 millones de niños y niñas trabajando indebidamente.

Casi la mitad de ellos, 72 millones, realizan trabajos peligrosos, sobre todo en África subsahariana, en Asia y el Pacífico, y en América Latina y el Caribe.

Los derechos del niño, socavados por la explotación

Los factores culturales, el nivel socioeconómico de la familia y las políticas públicas de apoyo a la infancia son determinantes para que se produzca este fenómeno. De hecho, en algunos países, son los propios progenitores quienes inciden en prácticas de explotación laboral.

Para UNICEF, hay trabajo infantil inapropiado cuando se obliga al niño a trabajar a una edad muy temprana, en jornadas excesivas, en condiciones de estrés, en ambientes inapropiados, con exceso de responsabilidad, y bajo salario, sin acceso a la educación, y minando su dignidad y su autoestima; en suma, dificultando su pleno desarrollo social y psicológico.

La explotación infantil existe aunque la Convención de los Derechos del Niño contemple que “la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle”, y esto es lo que le ayudará a “desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente, en forma saludable, en condiciones de libertad y de dignidad”, debiendo ser protegidos “contra toda forma de abandono, crueldad y explotación”. Hay que hacer algo al respecto.

Uno de los métodos más efectivos para intentar que los niños y las niñas no comiencen a trabajar demasiado temprano es establecer la edad laboral mínima por ley, pero con eso no basta, el control efectivo es esencial, y el apoyo a las familias en riesgo de exclusión, fundamental.

La OIT alerta del riesgo de que la crisis provocada por la pandemia empuje al mercado laboral a gran número de niños y niñas para ayudar a la subsistencia de sus familias.

Los tipos de explotación infantil: los sectores de la esclavitud

La tolerancia al trabajo infantil en el ámbito de la economía sumergida, en lugares clandestinos y muchas veces insalubres, y la falta de contratos y por tanto de derechos laborales, convierte a los niños en víctimas propiciatorias para la explotación, la humillación y el maltrato.

Es lo que ocurre con las niñas maquiladoras del norte de México, que trabajan largas jornadas en fábricas, sobre todo textiles, a destajo, y a cambio de salarios de hambre.

O en Asia, con los niños explotados en fundiciones, extrayendo cargas de cristal de hornos a altas temperaturas y sin condiciones de seguridad, sufriendo graves secuelas por fatiga calórica, quemaduras, mermas auditivas, o lesiones oculares por las partículas de vidrio en suspensión, sílice, plomo y vapores tóxicos.

O en África, donde la explotación infantil se da pequeñas zonas mineras, en las que sufren trastornos de salud por la falta de medidas de protección en condiciones adversas, no solo por la tensión física, sino también por lesiones causadas por la desproporción entre su capacidad de resistencia y la carga de trabajo. Igual ocurre en las canteras de países sudamericanos, como Perú o Guatemala.

O en los talleres de curtido y artesanías, en los que pasan largas horas en cuclillas, como ocurre en el tejido de alfombras o elaboración de calzado, además de enfermedades respiratorias, por falta de higiene y exceso de polvo y residuos, les provocan enfermedades por los productos químicos, como benceno, tintes y adhesivos.

Pero en la explotación infantil también hay roles de género: el servicio doméstico es la explotación de las niñas (como las petite bonne marroquíes), especialmente de zonas rurales y pobres, cuyos progenitores las entregan a familias adineradas, con la esperanza de que tengan mejores condiciones de vida pero, en cambio, son esclavizadas y no se les permite acceder a la educación.

La agricultura, la ganadería y la pesca también pueden ser formas de explotación infantil, viéndose expuestos a agentes químicos (fertilizantes o plaguicidas tóxicos, como en las plantaciones de soja), y obligados a una dedicación extenuante.

En muchas ciudades, niños y niñas son vendedores ambulantes de baratijas, alimentos, participantes de un sector de la economía sumergida en el que la calle acaba convirtiéndose en su hábitat.

Trabajadores infantiles dignificando su condición

Pero muchos trabajadores infantiles y adolescentes han conseguido organizarse en movimientos asociativos (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, NATs) y luchan por que se diferencie el trabajo infantil de la explotación.

Además, rechazan que actividades ilícitas como la mendicidad, la prostitución o la delincuencia se identifiquen con las que para ellos son su medio de vida y la única oportunidad, en sus países y su situación, de ayudar a sus familias y salir adelante.

Estas agrupaciones reivindican que se les permita trabajar en condiciones dignas, defendiendo que su trabajo contribuye a su madurez progresiva y su responsabilidad en la adquisición de destrezas, como en el caso de los aprendices.

Propuestas de reflexión

Aunque existe una pugna entre las estrategias de abolición del trabajo infantil promovidas por los organismos internacionales y la realidad de muchos niños, niñas y adolescentes, también hay un irrefutable punto de consenso: se debe erradicar la pobreza infantil.

La falta de compromisos políticos firmes por parte de los gobiernos, la inexistencia de una legislación homogénea y efectiva, y la ausencia de políticas sociales con perspectivas de infancia siguen impidiendo la erradicación de la explotación infantil.

Hay que poner el acento, la lupa, especialmente en los sectores en los que adultos esclavistas emplean a niños y niñas: las fábricas de cerillas y fuegos artificiales, las alfarerías o los jinetes de camellos en Oriente Medio, son ejemplos gráficos de los fenómenos denunciados.

A veces la presión internacional lo único que ha conseguido ha sido una mayor desprotección para los trabajadores infantiles. Grupos empresariales del textil, tras recibir acusaciones por el empleo de mano de obra infantil en Asia, han optado por incentivar códigos internos de conducta y echar a los niños y las niñas de sus factorías, sin preocuparse por su destino ni el de sus familias.

Todos somos responsables y, por tanto, culpables, al comprar sin pensar en qué manos hicieron ese producto más barato, o pasear por una ciudad obviando el hecho de que hay niños y niñas trabajando en las calles, cuando deberían estar en el colegio.

Hace falta conciencia y acción por parte de todos

Las familias, la infancia y la adolescencia, deben tener acceso a herramientas que les permitan acceder a unas condiciones de vida dignas.

A la vez, se debe sensibilizar al conjunto de la sociedad para que denuncie, reaccione y repruebe el trabajo infantil inaceptable y cualquier otra forma de explotación (también la trata y el tráfico de personas).

Luego hay que dar un paso más. De la sensibilización y el compromiso hay que avanzar hacia una educación universal de calidad y a un compromiso real por la erradicación de la pobreza infantil. Una meta estrechamente ligada con el octavo ODS: acabar con el trabajo infantil para 2025.

Entre lo macro (acabar con la pobreza y el subdesarrollo) y lo micro (fomentar iniciativas locales contra la explotación laboral infantil) se encuentra el camino de los derechos humanos y de la infancia.

Fuente: https://theconversation.com/la-explotacion-de-los-ninos-a-traves-del-trabajo-un-fenomeno-contemporaneo-de-esclavitud-140526

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Educación Superior, un deber del Estado

Los países que invierten en educación e investigación son mas ricos, tienen mayor bienestar, saben resolver problemas con menos odio y entender mejor el valor de la vida, no es por ser ricos que invierten màs en ese campo. La inversión en educación se pone a prueba en su capacidad de respuesta colectiva a las crisis y se valida la investigación medida por impactos respecto a asuntos vitales, como este de ahora de salud, higiene cuidado del cuerpo y equilibrio mental, en el marco de relaciones entre el yo-el otro- y el entorno. La recuperación laboral y social de la profunda crisis del 2008, que dejo 230 millones de trabajadores sin empleo y acrecentó las migraciones y destierros, fue superada mas rápidamente allí donde había mayores recursos del PIB en educación e investigación. De esta crisis la quedo a América latina la Declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior (Cartagena) que concluyó de manera ejemplar que: “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado” (OEI.es). Como todo derecho, su reconocimiento de universalidad implica que las garantías de realización deben ser cubiertas por el estado con recursos de la nación. La educación como derecho, no como libertad, queda a cargo del estado, de tal manera que en este momento de crisis, el gobierno tiene todo a su favor para replantear su posición y de las enormes cifras económicas que se prevé movilizar en el contexto de la covid 19 (117 Billones, U. Javeriana), no resultaría oneroso destinar al menos un adicional no mayor del 20% al presupuesto asignado y cubrir las matriculas de los estudiantes del sistema universitario estatal.

En el presente inmediato la justificación es irrebatible: El impacto económico sobre los 22.5 millones de personas que reciben salarios muestra un alto impacto de retroceso del derecho al trabajo con todos sus contenidos. Hay cálculos que anuncian 8 millones de personas que quedarán sin trabajo, procedentes especialmente de los 10.5 millones de la clase trabajadora (48% de la fuerza laboral, antes de la pandemia) que recibe un salario mínimo y de los otros 9 millones de empleados que alcanzan ingresos de 2 millones de pesos (larepublica.co, dic 2019). Solo 3 millones de personas ganan mas de 2 millones al mes. Globalmente se esperan pérdidas económicas de entre $4,6 billones y $5.9 billones por mes, que representan entre 0,5% y 6,1% del PIB nacional y son los servicios, donde se destacan las actividades de alojamiento comida, inmobiliarios, administrativos, actividades profesionales y técnicas, construcción y comercio, los más afectados (Banco de la republica, mayo 2020). En estos sectores se originan los recursos para pagar la educación universitaria.

Las composición del presupuesto de las universidades publicas se divide entre un aproximado 50% de recursos de la nación y otro 50% que debe producir cada una, de esos entre el 10% y el 20% viene por matriculas, es decir, están desfinanciadas, como se indico ampliamente con las movilizaciones de 2018. La ventaja para el gobierno es que al asumir la educación como derecho puede de manera inmediata adicionar los presupuestos y mediante decreto anunciar la gratuidad. No resulta ajeno comparar que las demás instituciones publicas como Congreso, poder judicial, fuerzas militares, incluso educación básica y media o el SENA, aunque padezcan afectaciones por aplazamientos o recortes presupuestales, no están obligadas a producir para vender. Las instituciones publicas por su naturaleza dependen de los ingresos de la nación, los orientados a educación son inversión, no gasto.

Redireccionar recursos para el alivio social, decretando transitoriamente la gratuidad, como paso hacia la nacionalización definitiva de la educación superior en todos los niveles y modalidades, aparte de un gesto amable, es necesario, evitará un aumento de la desigualdad, hará justicia con las diferencias y brechas territoriales y evitará una deserción irreparable. La salida generosa de las entidades territoriales trasladando recursos podrá apoyar un lado y desfinanciar otro. América Latina tiene ejemplos de inversión en educación a seguir para el mediano plazo, Cuba invierte el 12,9% de su PIB, Costa Rica 7.4%, Bolivia 7%; otros como Dinamarca 8.7%, Islandia 7.6%, Ghana 8.1%, (BM), que permiten mostrar que no es riqueza o pobreza lo que define a la educación como derecho humano sostenible como inversión, si no que es el compromiso y voluntad política del gobierno y de estado. Lo que ocurre en esos países quizá se refleja en los resultados de la pandemia.

El bienestar general esta lastimado por desigualdades, inequidades, discriminaciones y violencias desbordadas e incontrolables, que convocan al gobierno a dar atención inmediata a ciertos sectores prioritarios y entre estos a la educación superior, ahora que tiene a su favor la declaratoria de la emergencia Económica, Social y Ecológica y recursos posibles que puede adicionar, en tanto su destino único y exclusivo será impedir una crisis de alto impacto social por deserción y abandono de las aulas y así conjurar en este sector la crisis desatada por la Covid -19.Es momento para que de los recursos anunciados de crédito por 1250 millones de dólares con el BM (actualidad.rt.com), 10.800 millones de dólares del FMI por línea de crédito flexible (imf.org), los aproximados 21 billones siguiendo el decreto 444 y otros, reinvierta con un adicional de menos del 20% de los 4.7 billones de 2020, suficientes para aplicar la gratuidad de la matricula universitaria. La educación es un derecho y un deber del estado, hay que protegerlo de la Covid19. Quizá resulte poco pedir cuando las violencias y desigualdades han dilapidado tantas vidas, sueños y rebeldía de sus jóvenes, es momento para reinvertir en el bienestar y esperanzas de sus universitarios y hacer que la vida sea su mayor riqueza universal.

Fuente: https://rebelion.org/educacion-superior-un-deber-del-estado/

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En la mira las y los adolescentes

La combinación de una burocracia educativa y universitaria insensible a la situación también de los adolescentes ha hecho que un movimiento de jóvenes haya acudido (01/07/20) a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para, con base en un detallado análisis, pedirle que recomiende la cancelación de los exámenes estandarizados de opción múltiple para el acceso al bachillerato y universidad. Ya vimos cómo esa insensibilidad en las pasadas semanas provocó que hasta cinco millones de niñas y niños y miles de jóvenes universitarios abandonaran la educación por los requisitos para muchos inalcanzables de los programas emergentes. Y todavía no acaba de terminar esa situación cuando ya tenemos enfrente el arranque de este otro poderoso mecanismo de segregación masiva, el de los exámenes de selección o asignación, que ni de lejos está pensado en poner a los niños y jóvenes en el centro como pomposa y contradictoriamente se proclama. A pesar de lo que afirma la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de que, gracias a sus votaciones ahora todo mundo tiene derecho a la educación, resulta que están teniendo más derecho a ser respetados los requisitos excluyentes que se utilizaban cuando no existía ni formalmente, ni menos en los hechos, el derecho a la educación en los niveles superiores.

Los únicos problemas que hoy ven los funcionarios y rectores son logísticos y administrativos, no de derechos humanos. La Autónoma de Estado de México, entre otras, obligará a tener una computadora con cámara y micrófono a quienes deseen responder al examen, y conexión óptima, con lo que la exclusión por la vía de requisitos se dará no sólo en el proceso educativo, sino ahora desde el ingreso al mismo. Un software obligado convertirá a cada computadora, además, en un dispositivo de vigilancia para que el estudiante no copie mientras contesta en casa. Otras instituciones aplicarán el examen durante varios días, lo que genera falta de certeza en los resultados, pues tendrán que ser exámenes distintos. Es decir, la preocupación está en cómo procesar a casi un millón de objetos-aspirantes en el país (la mitad sólo en la ZMCM) y no en qué alternativas pueden disminuir el estrés de millones de familias que ahora se continúa con el examen. En Estados Unidos 53 universidades de excelencia, Harvard incluida, decidieron que, para aliviar la tensión del Covid-19, no aplicarán el examen estandarizado (similar al que utilizamos en México) con lo que ya son cientos de instituciones que anteriormente han tomado la misma decisión. Se trata de exámenes deslegitimados por su reconocida tendencia a excluir a las mujeres y los jóvenes de familias populares (y esto se demuestra claramente en la demanda del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior). Y que, por eso no eran/son utilizados como el único criterio para decidir la admisión. Únicamente en México se comete la barbaridad –por mera comodidad institucional– de fincar tan importante decisión sólo en ese resultado (a excepción de la UAM que lo combina con el promedio).

En el fondo, la queja ante la CNDH es contra los directivos, porque no han sido los órganos académicos o colegiados, ni estudiantes ni profesores, los que decidieron el procedimiento, tipo de examen y los criterios académicos de admisión, sino los directivos institucionales. Y son criterios tales que hacen posible que un año las y los aspirantes deben lograr 95 aciertos para ingresar y otro año sólo 40 aciertos. Se reconoce la igualdad en el derecho independientemente del resultado del examen. Pero, a pesar de ello, se enfatiza el discurso de que el acceso a la educación superior es un privilegio y no un derecho. Y se propicia así una mentalidad de superioridad y hasta confrontación respecto de los no admitidos (se les descalifica como flojos).

Así, la queja ante la CNDH por parte del MAES –que desde 2006 demanda la abolición de estos exámenes y la ampliación de las matrículas– va a ser una prueba de hasta qué punto el Estado mexicano está dispuesto a reconocer también en las universidades el derecho, ahora constitucional, que impulsó un gobierno que se ha pronunciado contra estos tests. Por eso, el MAES solicita la supresión del uso de estos exámenes, la ampliación de lugares en los niveles superiores y, además, la creación de mecanismos de paso del bachillerato a la superior que –como ya existe en la UNAM– faciliten el acceso igualitario a ese derecho. Si los lugares son limitados, aun así pueden asignarse con criterios de igualdad real para todos, incluyendo mujeres y pobres. Es otra época, otra constitución, las universidades e instituciones no pueden seguir en un pasado sin derecho igual para todos, so pena de quedar aisladas.

Algunos aprendimos, y ahora toca a Sandoval y Ackerman, que la calumnia no nace del afán de justicia, sino de la pura intención de inutilizar moral y políticamente al otro.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/07/04/opinion/020a1pol

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