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Soberanía digital educativa frente al capitalismo digital EdTech

Por: Enrique Díez

El Ministerio de Educación ha anunciado un programa dotado con 140 millones de euros para desarrollar una inteligencia artificial (IA) soberana y propia para educación durante el curso 2026-2027. El denominado Programa de Inteligencia Artificial para la Educación está dirigido a la enseñanza pública y, según el Ministerio, aliviará al profesorado de la carga burocrática, pero también servirá para evaluar al alumnado, hacer sus informes individuales y a generar actividades para el aula. La pregunta es si dará respuesta al problema de fondo.

El capitalismo digital de plataformas está construyendo un relato de salvación y revolución en la educación que poco tiene que ver con la realidad, y mucho con el control y el dominio de las últimas fronteras que le quedan por conquistar: nuestra información en forma de datos para predecir comportamientos, un bien común y esencial.

Datos que extraen y venden las Big Tech, terratenientes neofeudales de la nueva economía digital que siguen con la centenaria lógica extractivista, capitalista y colonial de extraer y acumular el oro del siglo XXI (nuestra información) y que se están haciendo con el control de nuestros datos y de nuestra soberanía digital.

Lo que ocultan es que el negocio real somos nosotros: tras estas plataformas digitales lo que se esconde es una excusa para extraer información del alumnado, con el fin de convertir a los colegios en macrogranjas de datos e información comercializable sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar y donde el sector de los seguros, las finanzas, los préstamos bancarios tendrá condiciones idílicas para especular y apostar sobre las perspectivas futuras de cualquier niño o niña o escuela.

La era digital se ha convertido así en otro capítulo más de la historia del capitalismo, que ha mercantilizado con afán de lucro la experiencia humana traduciendo los comportamientos a datos para, a partir de ellos, realizar predicciones que se compran y se venden.

Así es que el corsario tecnológico que coloque más de sus aplicaciones en el mercado de la educación personalizada de los colegios tendrá la mejor fuente de extracción y recopilación de información y datos, de tendencias y deseos, detectados con algoritmos de inteligencia artificial que registrarán la actividad de cada alumno y alumna, para educar y fidelizar a la futura generación de consumidores. Este es el nuevo “oro negro” del siglo XXI, una “mercancía” prácticamente inagotable.

Las Big Tech han conseguido conquistar así las infraestructuras digitales de las escuelas, los servidores, la nube, las aplicaciones que solo funcionan en sus plataformas. Abarcan software, hardware y almacenamiento en la nube, volviéndose tan poderosas que muchos centros y universidades externalizan la gestión de sus servicios hacia sus servidores (correo electrónico, almacenamiento, etc.).

Ciertamente las tecnologías son un recurso y un apoyo imprescindible en la educación. Pero deben estar en manos de la comunidad educativa y de la comunidad social, no al servicio del beneficio de los accionistas del oligopolio tecnológico. De ahí que debamos recuperar e impulsar las plataformas de código abierto y públicas.

Para lograr una progresiva autonomía digital de los centros educativos, rompiendo el monopolio privado de las aplicaciones de los gigantes tecnológicos (como en su momento ya fuera X-net o la IA cooperativa global de Platform Cooperativism Consortium, con una IA basada en cuatro capas: 1. nubes federadas y de gestión pública; 2. cooperativas de datos con los que las comunidades deciden compartir; 3. modelos abiertos y auditables; 4. una gobernanza democrática en la que participan municipios, sindicatos, universidades públicas y cooperativas digitales; o como Patio, que conecta cooperativas tecnológicas de todo el mundo para democratizar el sector).

En definitiva, si Internet y la comunicación digital se han convertido en un bien esencial para la especie humana, como lo son claramente, deberían tratarse como un bien común de utilidad pública sin fines de lucro. Por lo que es necesaria una apuesta estratégica desde los poderes públicos por una Red Global pública que recupere esa soberanía digital y evite las diferentes brechas digitales: desconexión rural, precio de acceso, actualización de programas y obsolescencia programada, etc. Bien sea creando una red alternativa y mucho mejor que la actual o bien sea nacionalizando la que hay al servicio del bien común.

Es decir, debemos avanzar hacia el socialismo digital educativo democrático que proponen Mason o Morozov. Debemos tomar medidas normativas a nivel mundial, nacional y local para recuperar nuestra soberanía digital y tecnológica. Por eso, habría que empezar cuanto antes por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas, es decir, tomar estos nuevos medios de producción digital y ponerlos en manos del común, que diría Carlos Marx, para avanzar hacia la “socialización de los datos” y hacia la democracia digital como bienes públicos esenciales.

Esperemos que el anuncio de la ministra de Educación de sacar pronto un Programa Soberano de Inteligencia Artificial en Educación vaya en este sentido. Aunque esperemos que cuente con la comunidad educativa y, especialmente, no lo haga a espaldas del profesorado, porque el artículo 64.4.d del Estatuto de los Trabajadores, incorporado por la Ley 12/2021 (la «Ley Rider»), obliga a informar a las trabajadoras y trabajadores sobre los parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a las condiciones laborales, acceso y mantenimiento del empleo.

Fuente de la información e imagen:  https://eldiariodelaeducacion.com

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La IA y el auge de los beneficios

Michael Roberts

Cuando los banqueros centrales de todo el mundo se reunieron en Jackson Hole, Wyoming, en su encuentro anual para discutir sobre cuestiones que afectan al sector financiero mundial y la política monetaria, se publicaron las estadísticas de los beneficios de las grandes empresas de EE UU correspondientes al segundo trimestre de 2026. Las cifras eran realmente sorprendentes. Las ganancias de las grandes empresas estadounidenses aumentaron en 401.000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026. Con ello, las ganancias empresariales totales alcanzaron una cota histórica de 4,3 billones, o casi un 23 % más que en el mismo trimestre de 2025. El margen bruto (proporción de los beneficios sobre las ventas) se situó en el 19,4 %, el más elevado que se registra desde la década de 1940.

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Tanto capitalistas como marxistas coinciden: los beneficios importan; son la fuerza motriz de la inversión en una economía capitalista. Cuando aumentan los beneficios, crece la inversión y finalmente el empleo, incluso si la inversión comporta un ahorro de puestos de trabajo, que se supone que ocurre con la IA. Así que estos números nos dicen que en EE UU todavía no hay ninguna recesión a la vista.

¿Qué está sucediendo para que se produzca semejante recuperación de los beneficios empresariales en EE UU?  Parece que estamos ante una combinación de fuertes aumentos de precios tras la pandemia, un gasto enorme en infraestructura de IA, con los consiguientes beneficios para las empresas constructoras de los centros de datos, fabricantes de chips y otros equipos para la IA, y las rebajas fiscales de Trump sobre los beneficios empresariales. Estas rebajas fiscales han sumado alrededor de 50.000 millones de dólares a los beneficios después de impuestos de las cien compañías más grandes de EE UU, mientras que los fabricantes de equipos y chips han registrado un fuerte aumento de los ingresos: los ingresos del sector tecnológico han crecido más de un 65 % de un año a otro.

Sin embargo, un factor clave del aumento de los beneficios radica en la reducción general de los salarios. Mientras que los beneficios antes de impuestos suponen un 18 % de la renta nacional, alcanzando el porcentaje más elevado desde el final de la Segunda Guerra Mundial,  la parte correspondiente a los salarios y prestaciones de trabajadoras y trabajadores ha descendido al 60 %, el nivel más bajo desde la década de 1950. La inflación aumenta más que los salarios, con lo que los ingresos por hora reales han disminuido un 0,2 % en julio con respecto al mismo mes del año anterior.

 

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Los directores ejecutivos de las mayores empresas estadounidenses que pagan bajos salarios han visto crecer sus retribuciones un 41 % entre 2019 y 2025, mientras que el trabajador medio solo percibió un 21 % más, o sea, menos del 26 % en que aumentaron los precios en el mismo periodo. Como escribe el Financial Times: “Los trabajadores han perdido gradualmente peso en las empresas estadounidenses desde comienzos de la década de 1980, a medida que se redujo la afiliación sindical y las compañías pasaron a recurrir cada vez más a subcontratistas externos para la mano de obra”. Sin embargo, el declive de la parte salarial en la renta se ha acelerado desde el final de la pandemia de covid-19 y especialmente a lo largo de los últimos doce meses.

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El auge de los beneficios todavía se concentra en las Siete Magníficas empresas tecnológicas. Han visto crecer sus ingresos un 36 %, y aún más los beneficios, con un 67 %, de acuerdo con el trabajo de Brian Green. “Este aumento de dos tercios de la masa de ganancias en apenas un año explica en gran medida por qué Wall Street está que se sale”.

Pero hay que matizar algunas cosas con respecto a estas cifras. Parece que las gigantes tecnológicas han inflado sobremanera sus beneficios a base de incluir contablemente ingresos diversos, capturando masivas ganancias de inversión no realizadas, derivadas de sus participaciones en empresas privadas de reciente creación y capitales riesgo invertidos en IA. Las grandes empresas tecnológicas han contabilizado más de 160 000 millones de dólares en las ganancias derivadas de su posesión de acciones de otras compañías de IA en el último trimestre. Alphabet, Amazon, Nvidia y Microsoft han registrado aumentos significativos de los beneficios antes de impuestos gracias a sus participaciones de capital, incluidas las inversiones en OpenAI, Anthropic y SpaceX. Alphabet ha registrado 97 900 millones de dólares en concepto de ingresos diversos en los tres meses anteriores al 30 de junio, mientras que Amazon habla de 53 400 millones de dólares. Nvidia ha contabilizado otros 7700 millones en los tres meses anteriores a finales de julio.

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Es más, la inversión masiva en modelos de IA y centros de datos por parte de las hiperescaladoras tecnológicas solo parece segura porque compañías de IA como OpenAI y Anthropic tienen una manera muy dudosa de calcular sus ingresos procedentes de los usuarios de IA, el llamado ingreso recurrente anual (ARR). Toman los ingresos de un mes reciente y lo multiplican por 12 para calcular las expectativas para el año siguiente. Como explica Ed Zitron, destacado analista de modelos de negocio de IA, “ARR puede significar cualquier cosa desde ‘[mes real] x 12’ hasta ‘[periodo de 30 días de ingresos] x 12’, y en la mayoría de los casos es un número que no tiene en cuenta la tasa de cancelación. Si utilizas el ARR, básicamente lo que haces es aislar un mes y considerarlo representativo de todo el año natural, cuando no lo es”. Los ingresos por suscripciones no bastan para justificar un incremento de más del 600 % de los ingresos anualizados en menos de un año. Esto da por hecho que los ingresos no derivados de las suscripciones se mantendrán en un nivel alto incluso cuando el sector emprende una guerra de precios y lucha por conseguir que los clientes paguen por los modelos más avanzados.

Además, las compañías de IA y las hiperescaladoras recurren cada vez más al crédito para financiar sus inversiones. El año pasado ya habían acudido a los mercados de deuda por un importe de 217 000 millones de dólares, según Morgan Stanley. A mediados de agosto ya habían superado de lejos esta cifra, con 445 000 millones de deuda emitida, con lo que el derroche total de la deuda alcanzará unos 600 000 millones de dólares. Esto es más que los presupuestos de 2026 combinados de los Departamentos de Justicia, Transporte y Educación de EE UU. Los planes de inversión en el futuro ascienden a alrededor del 3 % del PIB estadounidense al año hasta 2030, más que el aumento anual del PIB real del conjunto de la economía.  

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En la burbuja y la quiebra de las punto com [año 2000], el mercado de valores de EE UU perdió casi la mitad de su valor entre el pico de 2000 y la depresión de 2003, pero la economía no registró más que un retroceso breve y moderado. Sin embargo, esta vez, las empresas tecnológicas están absorbiendo todo el dinero que tienen y más para invertir en el auge de la IA. El flujo de caja libre de Google se volvió negativo por primera vez en la historia en el segundo trimestre de 2026, después de generar cumulativamente casi 600 000 millones de dólares desde que  pasó a cotizar en bolsa en 2004.

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Luego está la cuestión de las obligaciones oscuras. Las hiperescaladoras dejan cada vez más su deuda fuera de los libros de contabilidad estructurando sus inversiones en centros de datos como compromisos de alquiler. El proyecto de centro de datos Hyperion de Meta en Luisiana supuestamente no se financia con deuda. La compañía reunió la mayor parte del dinero para financiarlo prometiendo alquilar el propio centro de datos durante 20 años. De este modo, el préstamo de 27.300 millones de dólares no aparece en el balance de Meta. Analistas de Goldman Sachs han cifrado recientemente estos compromisos de alquiler de las hiperescaladoras de IA en 1,5 billones de dólares: Esta práctica puede infravalorar el apalancamiento y las futuras necesidades de liquidez cuando finalmente se reconozcan estas obligaciones y venzan los pagos contractuales”. Además hay otro billón y medio de dólares de compromisos de compra: promesas de comprar chips y electricidad. Esas promesas tampoco aparecen en los balances. Así, cuando se han disparado los beneficios empresariales, ello viene impulsado en parte por la enorme financiación de la IA por parte de las hiperescaladoras en un modelo de financiación circular.  

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Nvidia utiliza cada vez más su propio balance para mantemer el auge de la IA. No solo vende las GPU que alimentan de energía la ampliación de la IA, sino que también ayuda a financiar la infraestructura y la compra por parte de la clientela, incluidos los casi 50 000 millones de dólares invertidos en laboratorios de IA y un apoyo planeado de 105 000 millones para el proyecto de centro de datos de Ohio, asociado a OpenAI y SB Energy. Nvidia también colabora con empresas de Wall Street de cara a financiar con 500.000 millones las compras de chips para la IA, mientras que OpenAI podría adquirir chips de Nvidia por valor de unos 350.000 millones para el centro de Ohio.

Esta estrategia puede impulsar los ingresos de Nvidia mientras siga acelerándose la demanda de IA, pero también incrementa ña exposición de Nvidia si el gasto en IA empieza a decaer. Si los laboratorios de IA y los desarrolladores de centros de datos no son capaces de financiar la ampliación por sí mismos, puede que Nvidia tenga que apoyar cada vez más a los clientes para que generen demanda para sus chips. Cuanto más crezcan los compromisos, tanto más dolorosa podría resultar una desaceleración de la demanda, dado que Nvidia quedaría expuesta no a causa de la disminución de las ventas de chips, sino también por la financiación y las garantías otorgadas en apoyo al auge de la IA.

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 Mientras tanto, los precios de utilización de modelos de IA se hunden a medida que se intensifica la competencia de los modelos chinos, pero el coste de las GPU, memorias, servidores y electricidad sigue siendo muy elevado. Esto genera un desfase creciente entre lo que pagan los clientes y lo que cuesta construir la infraestructura de la IA.

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Una IA más barata podría impulsar un crecimiento masivo de su uso, pero cabe preguntarse si este crecimiento se traduce en beneficios reales. BCA calcula que las empresas de IA tendrán que generar ingresos de 10 billones de dólares al año tan solo para justificar el gasto en bienes de equipo, equivalente más o menos al gasto anual global en alimentación y sanidad (!). Puede que la IA resulte mucho más barata de usar, pero si lo que se paga por ella no equivale al coste de su construcción, los inversores podrían descubrir muy pronto que el auge de la PA genera muchos ingresos sin reportar suficientes beneficios.

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 En efecto, en términos marxistas, este enorme aumento de la inversión en bienes de equipo da pie a un incremento de la composición orgánica del capital (la proporción entre la inversión en medios de producción y el coste de la contratación de mano de obra). Esto reduciría la rentabilidad. Hasta ahora, esto ha sido contrarrestado por el aumento de la tasa de explotación de los y las trabajadoras. Así, la rentabilidad de las empresas (beneficio por capital invertido) asciende, aunque ni de cerca tanto como los beneficios empresariales. Desde la pandemia, la rentabilidad de las grandes empresas de EE UU ha aumentado más del 20 %, pero todavía se mantiene bastante por debajo del nivel alcanzado durante la recuperación de 2010-2014 de la Gran Recesión (aunque señalemos que los datos de probabilidad del segundo trimestre de 2026 todavía no están disponibles). Y véanse los cálculos de Brian Green.

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Source: Federal Reserve, cálculo del autor.

Así, el veredicto sobre el éxito del auge de la IA aún está pendiente; y la probabilidad de un fracaso bursátil de la IA sigue siendo elevada. No obstante, prevalece el optimismo, no solo entre las empresas de IA, las hiperescaladoras y los inversores en bolsa, sino también entre las potencias internacionales existentes. En efecto, según Kristalina Georgieva, la presidenta del FMI, el auge de la IA se extiende de EE UU alimentado la economía mundial, y es probable que dará pie a un aumento del crecimiento mundial este año. “Lo que comenzó como un fenómeno estadounidense con la IA ha pasado a ser ahora un motor de crecimiento de la economía mundial, pues otros países intensifican la construcción de centros de datos y otras infraestructuras”. Otros países que ahora están “conectados en la cadena de suministro” y exportan equipos de IA a EE UU.

Es cierto que los beneficios globales de las grandes empresas (cálculos míos) han aumentado mucho desde el comienzo de 2025, a medida que el auge de la IA ha acumulado fuerzas.

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Sin embargo, el crecimiento del PIB real de EE UU se ha desacelerado al 2,1 % en el segundo trimestre, cuando en el primer trimestre se hallaba en un nivel interanual del 2,7 % y la inflación crece a razón de más del 4 % anual, lo que sugiere que podría ascender al 5 % a finales de año si no se resuelve la guerra en Irán. Si la Reserva Federal decide incrementar el tipo de interés de referencia para tratar de controlar y reducir la inflación, podría provocar una fuerte caída del crédito y una corrección del mercado de valores.

Permítanme acabar citando a Ed Zitron sobre el panorama general de la IA. “Todo el mundo parece tan obsesionado con hundir miles de millones de dólares en la oportunidad teórica de que el aprendizaje máquina será capaz de sustituir a los seres humanos, y de que más dinero la hace más inteligente y mejor en su desempeño. Sin duda una inversión de dinero real en trabajadores reales mejorando sus vidas y sus condiciones de trabajo, enseñándoles cosas nuevas, perfeccionando sus habilidades en la vida, retribuyendo su duro trabajo, etc. tendría mejores efectos que el derroche de cientos de miles de millones de dólares en una máquina que  realiza un trabajo impresionante».

01/09/2026

Traducción: viento sur

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Para privatizar la escuela primero necesitan derrotarla culturalmente

Por: Carlos Munévar

La ofensiva contra la educación pública no comienza vendiendo colegios. Comienza transformando la manera como la sociedad entiende al Estado, los derechos, los maestros, los sindicatos y la democracia.

Algo más profundo que una reforma educativa está comenzando a ocurrir en Colombia. Y lo que allí se disputa debería interesarle a América Latina.

Durante las primeras semanas del Gobierno de Abelardo De La Espriella han aparecido decisiones e iniciativas que, observadas aisladamente, podrían parecer inconexas: una propuesta de modificación del Decreto 1075, proyectos legislativos que afectan directamente las condiciones laborales y sindicales del magisterio, nuevas posibilidades para las Asociaciones Público-Privadas en infraestructura educativa, una reducción de la inversión del Ministerio de Educación, ataques recurrentes contra FECODE, acusaciones de “adoctrinamiento” contra los maestros y una creciente influencia de sectores cristianos conservadores en la discusión educativa.

Pero cuando las piezas se colocan sobre la misma mesa comienza a aparecer algo más amplio: una ofensiva económica, institucional y cultural que puede transformar no solamente la educación pública, sino la manera como millones de ciudadanos entienden al Estado, los derechos laborales, el sindicalismo, la democracia y la propia función social del maestro.

América Latina conoce demasiado bien esta disputa. Durante décadas nuestras sociedades han oscilado entre proyectos que intentan ampliar derechos sociales y otros que buscan someterlos progresivamente a las reglas del mercado. Educación, salud, pensiones, servicios públicos y relaciones laborales han sido escenarios permanentes de esa confrontación. La novedad consiste en que hoy esa vieja disputa económica aparece acompañada por una poderosa batalla cultural.

No estamos solamente ante el neoliberalismo que conocimos durante las últimas décadas. Estamos frente a una derecha que combina mercantilización de funciones públicas, conservadurismo moral enmarcado en la cercanía al espectro de las iglesias cristianas y neopentecostales, cuestionamiento de las organizaciones colectivas, exaltación de la lógica empresarial y una concepción cada vez más vertical y tecnocrática del Estado.

Es precisamente esa convergencia la que permite hablar, como categoría de análisis político, de una ofensiva con rasgos neofascistas. No porque toda política conservadora sea fascista ni porque toda reforma orientada al mercado pueda calificarse de esa manera, sino porque comienza a configurarse una visión de sociedad en la que las mediaciones democráticas son debilitadas, las organizaciones que representan intereses colectivos son desacreditadas, la desigualdad se convierte en responsabilidad individual y la lógica empresarial pretende transformarse en criterio universal para administrar incluso aquello que debería permanecer bajo la responsabilidad fundamental del Estado.

La primera batalla es por el sentido común

Los derechos no desaparecen solamente cuando una ley los elimina. Comienzan a erosionarse cuando una sociedad deja de reconocerlos como derechos. Para reducir las garantías laborales primero hay que convencer a la ciudadanía de que esas garantías son privilegios; para restringir la protesta hay que convertirla previamente en abuso; para debilitar a los sindicatos hay que presentarlos como organizaciones que defienden intereses particulares contra el bienestar general; para intervenir sobre la autonomía profesional del maestro hay que instalar la sospecha de que el pensamiento crítico es adoctrinamiento y para ampliar la participación privada en la educación financiada con recursos públicos es necesario convencer primero a una parte de la sociedad de que el Estado es incapaz de administrar aquello que constitucionalmente tiene la obligación de garantizar. Este cambio del lenguaje no es accidental. Es una forma de reorganizar políticamente el sentido común.

Cuando la estabilidad laboral deja de significar protección frente a la arbitrariedad y comienza a identificarse con mediocridad, precarizar el trabajo puede presentarse como modernización. Cuando la protesta deja de entenderse como un derecho democrático y se convierte discursivamente en un daño contra los estudiantes, limitarla puede venderse como defensa de los niños. Cuando el sindicato pasa a ser señalado como responsable de los problemas educativos, reducir su capacidad de acción puede presentarse como una reforma necesaria.

Y cuando la escuela pública es descrita permanentemente como burocrática, costosa e ineficiente, entregar partes de su administración, infraestructura o prestación a particulares puede dejar de percibirse como privatización y comenzar a promocionarse bajo palabras aparentemente neutras: “eficiencia”, “libertad”, “innovación” o “calidad”.

Antes de transformar las instituciones necesitan transformar las palabras con las cuales la sociedad las comprende. Antes de reducir derechos necesitan cambiar su significado. Antes de debilitar lo público necesitan convencer a millones de personas de que lo público constituye el problema y antes de derrotar políticamente al magisterio organizado necesitan separarlo culturalmente de las familias y de los estudiantes.

No vienen solamente por fecode

El Proyecto de Ley 074 de 2026 Cámara, presentado por el representante Daniel Briceño, debe comprenderse dentro de este contexto. La iniciativa propone declarar la educación oficial preescolar, básica y media como servicio público esencial; modificar mecanismos relacionados con la evaluación de los educadores; establecer reglas sobre la proporcionalidad entre la prestación efectiva del servicio y la remuneración, y endurecer las consecuencias asociadas a determinadas inasistencias.

Cada disposición merece un análisis jurídico particular, pero políticamente existe un hilo conductor: modificar la relación de fuerzas entre el Estado, los trabajadores de la educación y sus organizaciones sindicales.

La declaración de la educación como servicio público esencial resulta particularmente sensible porque incide sobre la capacidad de movilización colectiva del magisterio. Colombia tiene una larga historia en la cual muchas conquistas educativas y laborales no fueron regalos concedidos desde arriba, sino resultados de movilizaciones, paros, negociaciones y luchas sociales. Pero esto trasciende a los maestros.

Desde una perspectiva democrática de izquierda, la libertad sindical no constituye una concesión del Estado a los trabajadores. Es uno de los contrapesos frente al poder económico y político. Una democracia en la que los empresarios conservan toda su capacidad de organización, presión e incidencia mientras los trabajadores pierden progresivamente la suya puede conservar elecciones, pero se vuelve cada vez más desigual en la distribución efectiva del poder.

Por eso debilitar al sindicalismo no significa simplemente debilitar a FECODE. Significa reducir uno de los pocos instrumentos colectivos que poseen los trabajadores para equilibrar relaciones estructuralmente asimétricas.

La operación política resulta reconocible: primero se construye al adversario y posteriormente se legitiman las medidas contra él. El problema de la educación serían entonces los maestros que protestan, los sindicatos que paralizan, los docentes que supuestamente se resisten a ser evaluados y una federación que impediría cualquier transformación.

Así se consigue desplazar la discusión de problemas estructurales —financiación, infraestructura, desigualdad territorial, alimentación escolar, conectividad, orientación escolar y condiciones socioeconómicas de las familias— hacia la responsabilidad individual del maestro y la supuesta perversidad de sus organizaciones colectivas.

Esta vez pueden construir mayorías

Existe una diferencia fundamental frente a otras ofensivas enfrentadas por el magisterio colombiano: el Gobierno De La Espriella posee una coalición amplia y capacidad para construir mayorías legislativas. Eso no significa que disponga de una mayoría automática y disciplinada para cada proyecto. Existen tensiones entre sus aliados y cada votación deberá ser disputada. Pero sería igualmente equivocado subestimar su capacidad política.

Las propuestas que durante la campaña podían interpretarse como provocaciones ideológicas o disparates de un personaje caricaturesco y provocador, tienen hoy posibilidades reales de convertirse en leyes, decretos, presupuestos y políticas públicas.

Esto obliga al sindicalismo a abandonar cualquier lectura exclusivamente gremial. El PL 074 no puede analizarse separado de la modificación del Decreto 1075, ni esta desconectada de las APP (Alianzas Publico – privadas), las decisiones presupuestales o el discurso gubernamental sobre las funciones del Estado, no porque exista necesariamente una conspiración escrita en un único documento. Los proyectos políticos se reconocen también por la coherencia que adquieren sus decisiones cuando se observan en conjunto.

Privatizar ya no significa vender el colegio

Durante décadas aprendimos a identificar la privatización con la venta de una empresa pública. Las formas contemporáneas de mercantilización, sin embargo, son mucho más sofisticadas.

Un colegio puede continuar perteneciendo jurídicamente al Estado, sus estudiantes seguir matriculados dentro del sistema oficial y sus recursos continuar saliendo del presupuesto público mientras sus funciones de administración, infraestructura, contratación o prestación son trasladadas a operadores particulares. La pregunta relevante ya no puede limitarse a quién figura como propietario del edificio.

Hay que preguntar quién administra, quién contrata, quién ejecuta los recursos, bajo qué régimen laboral trabajan quienes prestan el servicio, quién determina las orientaciones institucionales y dónde termina realmente el poder de decisión del Estado.

Desde esa perspectiva debe analizarse la propuesta gubernamental de modificación del Decreto 1075. El argumento según el cual los establecimientos continuarían siendo públicos no agota el debate. La controversia consiste precisamente en determinar hasta dónde puede ampliarse la participación de particulares en la administración o prestación de educación financiada con recursos públicos. Aquí, sin embargo, la izquierda debe hacer una precisión incómoda pero indispensable.

La participación privada y religiosa en la educación pública no nació con el actual Gobierno.

El Decreto 1851 de 2015 ya contemplaba que, dentro de determinados contratos para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico, iglesias y confesiones religiosas pudieran acompañar al consejo directivo, apoyar al consejo académico en la organización del plan de estudios y el mejoramiento curricular, vincular personal docente, directivo docente y administrativo e incluso, bajo determinadas condiciones, vincular directamente al rector de establecimientos oficiales.

El Decreto 770 de 2025, expedido durante el Gobierno anterior, no creó esas facultades. Modificó principalmente los requisitos de experiencia e idoneidad para la contratación del servicio educativo y, en el caso de iglesias y confesiones religiosas, introdujo criterios alternativos para acreditar esa idoneidad cuando no existieran resultados actualizados de algunas pruebas Saber. La precisión importa. La arquitectura contractual que permite participación privada y religiosa dentro de establecimientos oficiales fue construida durante varios gobiernos.

Reconocerlo no debilita una crítica desde la izquierda. La hace coherente.

Defender la escuela pública exige también revisar decisiones tomadas por gobiernos políticamente más cercanos. Lo público no puede defenderse dependiendo de quién ocupe la Presidencia. La pregunta debe ser quién conserva realmente la capacidad de garantizar, administrar y orientar democráticamente un derecho fundamental.

Por eso el interrogante frente al Gobierno actual es otro: ¿hasta dónde pretende ampliar una estructura jurídica que ya permite una intervención considerable de particulares en la educación financiada por el Estado?

A esta discusión se suma el Proyecto de Ley 261 de 2026 Cámara, que propone establecer condiciones específicas para desarrollar Asociaciones Público-Privadas en infraestructura social, particularmente en los sectores educativo y penitenciario. El propio proyecto contiene salvaguardas para evitar que estos esquemas impliquen delegar funciones misionales e indelegables del Estado. Una APP de infraestructura, por tanto, no equivale automáticamente a privatizar la dirección pedagógica de una escuela.

Pero reconocer esa diferencia no elimina el interrogante político.

Cuando coinciden mecanismos de participación privada, modificaciones a las reglas de administración educativa, menor inversión directa y reformas que afectan la capacidad colectiva de los trabajadores, resulta legítimo preguntarse qué tipo de Estado educativo se pretende construir. América Latina conoce bien una paradoja: el Estado puede continuar pagando mientras deja progresivamente de hacer.

Conservadurismo moral y disputa por la escuela

La transformación tampoco puede explicarse únicamente desde la economía. El proyecto político que hoy gobierna combina una orientación favorable al mercado con conservadurismo moral y una alianza significativa con sectores cristianos. La participación religiosa en una democracia es absolutamente legítima. El problema comienza cuando una determinada moral religiosa pretende convertirse en criterio de política estatal o cuando la libertad religiosa se confunde con la posibilidad de confesionalizar espacios que deben permanecer abiertos al pluralismo.

La escuela pública ocupa un lugar especialmente delicado porque allí se encuentran niños provenientes de familias con convicciones profundamente diferentes.

Por eso preocupan las campañas contra la denominada “ideología de género”, las acusaciones de adoctrinamiento contra maestros que abordan derechos humanos, diversidad o pensamiento crítico y el protagonismo político de sectores religiosos conservadores alrededor de la agenda educativa. Una izquierda democrática debe ser clara: defender el Estado laico no significa combatir la religión. Significa proteger la libertad religiosa de todos. Precisamente porque defendemos la libertad de conciencia debemos impedir que cualquier credo pueda utilizar el poder del Estado para imponer su moral al conjunto de la sociedad.

La escuela pública debe ser el lugar donde puedan encontrarse en igualdad de condiciones el hijo del católico, del evangélico, del creyente de cualquier otra confesión, del ateo o del agnóstico, sin que el Estado convierta las convicciones de ninguno en doctrina obligatoria para todos.

El presupuesto también revela prioridades

El Gobierno presentó un Presupuesto General de la Nación para 2027 por aproximadamente $634,9 billones. Esto obliga a evitar una simplificación: no estamos ante un Gobierno que simplemente reduzca todo el gasto estatal. En Educación ocurre algo más complejo. El presupuesto previsto para el Ministerio aumenta nominalmente, de alrededor de $76,5 billones en 2026 a $78,7 billones en 2027. Sin embargo, los recursos destinados a inversión disminuyen aproximadamente de $3,5 billones a $2,9 billones.

Es decir: hay más presupuesto educativo en términos nominales, pero menos inversión educativa. Al mismo tiempo, el proyecto destina cerca de $155 billones al servicio de la deuda.

Ninguna de estas cifras demuestra por sí misma una política de privatización. Afirmarlo sería sustituir el análisis por propaganda.

Pero los presupuestos expresan prioridades. Cuando la inversión pública directa disminuye mientras se discuten nuevas formas de asociación con particulares, resulta legítimo preguntar qué capacidades pretende desarrollar directamente el Estado y cuáles espera que sean asumidas por otros actores.

Menos ciudadanos, más clientes

Existe además un componente que diferencia esta ofensiva de algunas reformas neoliberales tradicionales. El Estado que comienza a imaginarse no es únicamente un Estado reducido, sino uno administrado bajo una lógica empresarial, digital, vertical y profundamente tecnocrática.

El problema no es la tecnología.

La inteligencia artificial, los datos y la digitalización pueden democratizar el conocimiento y fortalecer capacidades públicas. El peligro aparece cuando la técnica desplaza la deliberación democrática, las decisiones políticas son presentadas como simples problemas de eficiencia y aquello que debería discutirse entre ciudadanos termina convertido en una supuesta verdad objetiva producida exclusivamente por indicadores, algoritmos y rankings.

En educación esa lógica puede ser especialmente peligrosa.

El maestro puede terminar reducido a un indicador de desempeño; el estudiante, a un dato; la escuela, a un ranking; la pedagogía, a resultados estandarizados; y la complejidad de una comunidad educativa, a una tabla de eficiencia. Menos deliberación y más gerencia. Menos derechos y más indicadores. Menos ciudadanos y más usuarios. Menos comunidades y más clientes.

No se puede rechazar de entrada la tecnología ni sus posibilidades en la labor pedagógica, sino disputar quién la controla, con qué fines se utiliza y ante quién responde.

La escuela pública es infraestructura democrática

Frente a esa concepción debemos recordar qué representa realmente una escuela pública.

Es uno de los pocos lugares que quedan en una sociedad profundamente desigual donde todavía intentamos cumplir una promesa radicalmente democrática: que un niño debe valer exactamente lo mismo independientemente del dinero, la religión, la procedencia o la posición social de sus padres. A la escuela pública llega el hijo del trabajador, el niño migrante, la niña víctima de violencia, el estudiante con discapacidad, quien obtiene excelentes resultados y quien necesita más tiempo para aprender.

La escuela pública no puede seleccionar únicamente a quienes mejoran sus indicadores o a quienes tienen todas las posibilidades y recursos, porque su misión consiste precisamente en garantizar el derecho a la educación de todos. Pero defenderla tampoco significa defender acríticamente todo lo existente.

Tenemos problemas reales de calidad educativa, infraestructura, desigualdad territorial, burocratización, corrupción y debilidad institucional, resultado en gran medida del abandono histórico de distintos gobiernos hacia la educación pública. Pero también sería un error negar que existen sectores del magisterio que han caído en el acomodamiento, que viven de conquistas pasadas o que se resisten a impulsar las transformaciones y la reflexión crítica que hoy exige la escuela pública en medio de una disputa profunda por su sentido y su futuro. Callar esa realidad no fortalece al magisterio: significa entregarle a la derecha el monopolio de la crítica y renunciar a construir, desde dentro, una renovación democrática de la educación pública.

La diferencia está en la solución.

Donde el mercado propone sustituir capacidades públicas, debemos exigir construirlas. Donde existe burocracia, democratización. Donde existe corrupción, transparencia y control ciudadano. Donde existe desigualdad territorial, inversión redistributiva. Donde falta calidad, mejores condiciones pedagógicas y donde el Estado falla, la respuesta democrática debe ser denunciar, exigir y luchar por la transformación del Estado, no convertir sus debilidades en oportunidades de negocio.

La alternativa a un mal Estado no puede ser menos democracia. Debe ser transformarlo ampliando el control ciudadano, la participación democrática y los escenarios de deliberación y movilización social.

El sindicalismo también tiene que cambiar

Sería igualmente equivocado responder a esta ofensiva refugiándonos exclusivamente en la defensa corporativa. El sindicalismo no puede exigir solidaridad de la sociedad si solamente habla con ella cuando necesita movilizarse.

FECODE y los sindicatos territoriales necesitan recuperar la mejor tradición del Movimiento Pedagógico colombiano y reivindicar al maestro como intelectual público: un trabajador que defiende sus derechos, pero también un profesional capaz de producir conocimiento, debatir políticas educativas, dialogar con las familias y participar en la construcción democrática del país.

Los sindicatos tampoco son simplemente organizaciones que negocian salarios. Permiten que quienes individualmente poseen poco poder puedan construir poder colectivo. En sociedades atravesadas por enormes desigualdades económicas, esa función constituye una pieza fundamental de la democracia. Pero ese reconocimiento también nos impone responsabilidades.

Necesitamos sindicatos más democráticos internamente, transparentes, pedagógicos, cercanos a los trabajadores, maestros y maestras, capaces de hablarle a la sociedad mucho más allá de sus propios afiliados. Defender el sindicalismo significa también transformarlo.

Y si enfrente existe una estrategia legislativa, comunicacional, presupuestal y cultural, nuestra respuesta no puede consistir en convocar una movilización cada vez que aparece un nuevo decreto para regresar después a esperar la siguiente amenaza.

Necesitamos construir un gran frente por la defensa de la educación pública que reúna a maestros, estudiantes, familias, universidades públicas, trabajadores, movimientos sociales, investigadores, artistas, sectores religiosos democráticos y ciudadanos convencidos de que una educación pública fuerte constituye una condición material de la democracia.

Habrá que disputar los proyectos en el Congreso, preparar acciones jurídicas, construir observatorios ciudadanos, producir información rigurosa, explicar las reformas colegio por colegio y recuperar la conversación cotidiana con las familias. También habrá que disputar las redes sociales.

La movilización seguirá siendo indispensable, pero ninguna movilización será suficiente si previamente hemos perdido la batalla por la legitimidad social de aquello que estamos defendiendo.

Vienen por el significado de lo público

El mayor error que podríamos cometer sería reducir el momento histórico que vivimos a una confrontación coyuntural entre un gobierno de extrema derecha y FECODE. Esa lectura, aunque políticamente útil para comprender un conflicto inmediato, resulta insuficiente para explicar la magnitud de la disputa. No vienen solamente por nuestros salarios, nuestras condiciones laborales o la existencia de los sindicatos docentes. Vienen por algo más profundo: por transformar el significado mismo de lo público, por redefinir qué entiende la sociedad como derecho, quién merece acceder a él y cuál debe ser el papel del Estado, de la escuela y de las organizaciones sociales en la vida democrática de Colombia y de América Latina.

Lo que se está construyendo es un nuevo sentido común. Un relato cultural según el cual los derechos dejan de ser conquistas ciudadanas para convertirse en privilegios injustificados; el ciudadano deja de ser sujeto político para convertirse en consumidor; el Estado deja de ser garante del interés general para presentarse como una empresa cuya única medida es la eficiencia financiera; el empresario aparece como administrador natural de lo colectivo; el sindicato es descrito como un obstáculo para el progreso; la protesta social como un abuso contra la mayoría; y el pensamiento crítico como una forma de adoctrinamiento que debe ser vigilada y restringida. Ninguna de estas ideas surge espontáneamente: son el resultado de una ofensiva política, mediática y cultural que busca naturalizar la mercantilización de la vida pública.

Frente a ese proyecto, la izquierda democrática tiene la obligación de responder sin complejos, pero también sin dogmatismos. Defender lo público no significa idealizar todo lo estatal, del mismo modo que criticar las fallas del Estado no implica abrazar la privatización. Nuestra tradición democrática no puede convertirse en defensora de burocracias ineficientes simplemente porque pertenezcan al sector público, ni justificar prácticas autoritarias porque se presenten bajo un discurso popular. La legitimidad de un proyecto emancipador depende precisamente de su capacidad para combinar igualdad con libertad, justicia social con pluralismo y derechos colectivos con garantías efectivas para las libertades individuales.

Por eso la democracia que defendemos no puede limitarse a un procedimiento electoral. Es, al mismo tiempo, una construcción política, económica y social. Supone elecciones libres, alternancia en el poder, separación de poderes, libertad de expresión, libertad de conciencia y respeto por el pluralismo; pero exige igualmente condiciones materiales que hagan posible el ejercicio real de esas libertades: trabajo digno, educación pública de calidad, salud universal, protección social y la capacidad efectiva de organización de quienes viven de su trabajo. Una democracia donde todos pueden votar, pero unos pocos concentran de manera desproporcionada la riqueza, los medios de comunicación y la influencia política, sigue siendo una democracia profundamente incompleta.

En ese horizonte, defender la escuela pública significa mucho más que proteger una institución educativa. Significa defender el Estado social de derecho como pacto civilizatorio, la laicidad como garantía de libertad de conciencia, la autonomía pedagógica como condición del conocimiento, los derechos laborales como fundamento de la dignidad profesional y la organización sindical como expresión legítima de la participación democrática. La escuela pública no pertenece al mercado, ni al gobierno de turno, ni a una confesión religiosa: pertenece a la sociedad y constituye uno de los espacios donde una nación aprende a convivir con sus diferencias.

La confrontación que se avecina tendrá múltiples escenarios. Será legislativa cuando intenten modificar las normas que protegen los derechos sociales; presupuestal cuando busquen reducir la inversión pública y presentar los recortes como responsabilidad fiscal; jurídica cuando pretendan limitar la acción colectiva mediante reformas institucionales; electoral cuando disputen el rumbo político del país; y sindical cuando intenten debilitar la capacidad organizativa del magisterio. Sin embargo, antes de desarrollarse en cualquiera de esos terrenos, la batalla será cultural. Porque ninguna reforma neoliberal se sostiene únicamente con leyes: necesita primero producir consenso y convertir sus intereses particulares en sentido común.

Por eso, para privatizar la escuela, primero necesitan convencer a la sociedad de que lo público fracasó de manera irreversible. Para desmontar derechos laborales, deben persuadir a millones de personas de que nunca fueron derechos sino privilegios corporativos. Para derrotar a los sindicatos, necesitan presentarlos como enemigos de los estudiantes y de las familias. Y para domesticar al maestro, deben instalar la idea de que enseñar a preguntar, argumentar, investigar y pensar críticamente equivale a adoctrinar. La guerra cultural no consiste en imponer una verdad única; consiste en definir qué preguntas pueden hacerse y qué voces merecen ser escuchadas.

Nuestra primera tarea, por tanto, no consiste solamente en resistir una reforma o ganar una negociación salarial. Consiste en disputar nuevamente el sentido común de la sociedad colombiana y latinoamericana. Debemos reconstruir una narrativa democrática capaz de demostrar que una escuela pública fuerte no limita la libertad, sino que la hace posible; que los derechos laborales no son un costo para la economía, sino una condición de una ciudadanía digna; que los sindicatos no representan intereses contrarios a los estudiantes, sino organizaciones indispensables para equilibrar el poder en cualquier sociedad pluralista; y que defender lo público no significa aferrarse al pasado, sino construir colectivamente un futuro más igualitario.

Esa disputa exige también una profunda honestidad con nosotros mismos. Tenemos problemas reales de calidad educativa, infraestructura, desigualdad territorial, burocratización, corrupción y debilidad institucional, resultado en gran medida del abandono histórico de distintos gobiernos hacia la educación pública. Pero sería igualmente un error negar que existen sectores del magisterio que han caído en el acomodamiento, que viven de conquistas pasadas o que se resisten a impulsar las transformaciones que hoy exige la escuela pública. Silenciar esas contradicciones no fortalece nuestra causa: significa regalarle a la derecha el monopolio de la crítica. La renovación de lo público comienza precisamente por la capacidad de ejercer una autocrítica democrática y convertirla en propuesta de transformación.

La democracia no termina en las urnas. Vive también en la escuela pública donde un niño aprende a formular preguntas, en el sindicato donde los trabajadores deliberan en igualdad, en la universidad donde el conocimiento desafía las certezas establecidas, en la organización comunitaria que resuelve problemas colectivos, en la libertad de conciencia que protege la diversidad y en la protesta social que permite a quienes no poseen grandes fortunas hacerse escuchar. Cada uno de esos espacios amplía la democracia más allá del acto de votar y convierte la ciudadanía en una práctica cotidiana.

Por eso, defender lo público nunca podrá significar afirmar que todo funciona bien, porque no sería verdad. La tarea es mucho más exigente: demostrar que los problemas del Estado no se resuelven debilitándolo, sino democratizándolo; que la corrupción no se combate privatizando, sino fortaleciendo el control ciudadano, la transparencia y la capacidad institucional; que la ineficiencia no exige menos derechos, sino mejor gestión pública e inversión suficiente; y que una educación de calidad necesita docentes con autonomía, formación permanente y condiciones laborales dignas. La alternativa al fracaso de ciertas políticas públicas no es el mercado como principio organizador de la sociedad, sino un Estado democrático capaz de responder al interés común.

Por eso un maestro que enseña a preguntar, a contrastar evidencias, a reconocer la dignidad del otro y a pensar con libertad no representa una amenaza para la República. Representa exactamente lo contrario: una de sus últimas y más importantes líneas de defensa democrática.

Para privatizar la escuela primero necesitan derrotarla culturalmente

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La inteligencia artificial entra al currículum: ¿quién decide qué debe enseñar la escuela?

Por: Dario Balvidares

Antes de detenernos en la incorporación de la inteligencia artificial al currículum de la Ciudad de Buenos Aires, conviene detenernos en una cuestión que suele quedar rápidamente subsumida por los discursos sobre innovación, modernización y nuevas tecnologías: ¿quiénes son los sujetos sobre los que se despliega esta nueva política educativa?

Poblaciones vulneradas y la disputa por la enseñanza

Ya conocemos que nuestra población sufre la fragmentación social creciente desde hace muchos años. Nuestros niños, niñas y adolescentes llegan a las escuelas atravesados por profundas desigualdades sociales, económicas, territoriales y culturales. Por eso hablamos de poblaciones vulneradas y no de “poblaciones vulnerables”, porque la diferencia no es solamente terminológica, ni ingenua. Mientras “vulnerable” puede convertir la desigualdad en una característica casi propia de determinados sujetos, “vulnerado” permite señalar los procesos sociales, históricos y políticos que producen esa situación.

No hay sujetos naturalmente vulnerables. Hay derechos vulnerados, condiciones de vida desiguales y todo un sistema ideológico-político-económico como productor de desigualdades.

La pandemia hizo particularmente visible una de esas dimensiones. Durante el aislamiento, la llamada “brecha tecnológica” mostró que el acceso a dispositivos y a la conectividad no constituía un problema exclusivamente tecnológico. Allí donde faltaba una computadora, donde la conexión era deficiente o donde un teléfono debía ser compartido por varios integrantes de una familia, se manifestaba la desigualdad social previa que encontraba en la tecnología una nueva forma de expresión. La desigualdad tecnológica era  desigualdad social que, entre otras formas, se expresaba tecnológicamente.

Aquella experiencia debería funcionar como antecedente imprescindible para pensar la actual incorporación de la inteligencia artificial a la escuela. Porque universalizar el acceso a una tecnología no significa, por sí mismo, universalizar las condiciones para apropiarse de ella. Ni que todos los sujetos puedan establecer con esa tecnología la misma relación.

La pregunta no puede reducirse, entonces, a quién tiene o no tiene acceso a una herramienta; también deberíamos preguntarnos quién cuenta con otros mediadores del conocimiento, quién puede contrastar una respuesta producida por una máquina, quién dispone de acompañamiento, de libros, de experiencias culturales y de adultos capaces de intervenir críticamente —este último término también lo pondremos bajo análisis— frente a aquello que la tecnología produce. La igualdad de acceso a una herramienta puede convivir con profundas desigualdades en las condiciones de apropiación del conocimiento.

Pero hay otra cuestión que consideramos todavía anterior.

En los últimos años se ha naturalizado una expresión que parece técnicamente neutra: “tecnologías del aprendizaje” —la que hemos puesto bajo la lupa desde distintas perspectivas en otros artículos— . Detrás de esa formulación hay una disputa pedagógica que no deberíamos perder de vista y conviene retomar, porque cada ves es mas creciente que nos hablen, desde distintas voces autorizadas (o no) de aprendizaje y cada vez menos de enseñanza. También lo hemos planteado: ¿qué ocurre con el/la docente cuando el centro de la escena se desplaza desde quien enseña hacia las tecnologías destinadas a facilitar el aprendizaje?

Es importante recordar que no existe aprendizaje escolar al margen de una relación pedagógica; y la relación pedagógica es humana en el circuito enseñanza / aprendizaje; docente / estudiante. La enseñanza no es un dispositivo técnico que pueda reducirse a la administración de aprendizajes.

Por eso, ante la llegada de la inteligencia artificial al currículum, la pregunta no debería ser únicamente qué puede aprender un estudiante con IA. Hay una pregunta anterior y políticamente más incómoda: ¿qué debe enseñar la escuela cuando incorpora la inteligencia artificial y quién decide qué debe enseñar?

La modificación de la pregunta no es menor. Porque si aceptamos sin discusión la expresión “tecnologías del aprendizaje”, corremos el riesgo de naturalizar que las tecnologías definan progresivamente los modos de acceder al conocimiento, las formas de organizarlo y hasta aquello que resulta necesario aprender. Y cuando una categoría se naturaliza, también puede desaparecer de nuestra mirada aquello que debería ser objeto de discusión —que fatalmente es lo que está pasando en tanto la docencia es el convidado de piedra de la reforma economicista/tecnológica de la educación—.

Por eso, antes de ¡celebrar la innovación!, necesitamos recuperar la pregunta por la enseñanza; no para negar la tecnología, sino para disputar su sentido pedagógico, político y social, porque per se no lo tiene.

Breve digresión

Detengámonos brevemente en las condiciones sociales de la población a la que está dirigida esta política educativa.

Según los datos del IDECBA, en el segundo trimestre de 2025 el 32,5 % de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años se encontraba por debajo de la línea de pobreza, frente al 21,1 % correspondiente al conjunto de la población de la Ciudad. La pobreza tiene, entonces, una incidencia considerablemente mayor entre quienes constituyen la población escolar.

Pero la pobreza no se reduce a los ingresos. La medición de pobreza multidimensional del IDECBA para 2025 alcanza al 20,7 % de la población porteña, incorporando distintas dimensiones de privación que permiten observar las condiciones materiales y sociales de vida más allá de la escasez de ingresos.

Estos datos importan porque estamos hablando de la misma población sobre la que se pretende universalizar una nueva relación con la inteligencia artificial.

Y conviene no olvidar aquello que la pandemia dejó expuesto: las desigualdades en el acceso a dispositivos y conectividad no eran simplemente tecnológicas, sino expresiones de desigualdades sociales preexistentes.

Por eso, antes de hablar de una supuesta universalización de la IA, también debemos preguntarnos por las condiciones sociales desde las cuales los distintos sectores de la población escolar podrán apropiarse de ella.

El currículum aumentado

La incorporación de la inteligencia artificial al currículum mediante la Resolución 1166/MEDGC/26 constituye una nueva instancia de institucionalización de esta tecnología dentro del sistema educativo porteño. El Ministerio de Educación aprobó el “Anexo Curricular: Inteligencia Artificial y Protección Digital” para los niveles Primario y Secundario, como complemento de los diseños curriculares vigentes.

La propia resolución afirma que la inteligencia artificial atraviesa “de manera transversal todas las dimensiones de la vida social” y que resulta “indispensable analizar su alcance, potencialidades y riesgos, desde una perspectiva pedagógica crítica y situada”. También sostiene que garantizar su alfabetización de manera obligatoria constituye “un imperativo de equidad educativa”, porque permitiría que todos los estudiantes accedan a una formación “crítica, situada y responsable”.

No sería razonable cuestionar, en principio, que la escuela deba abordar críticamente una tecnología que ya atraviesa buena parte de la vida social. Lo que sí nos interesa cuestionar es qué concepción de enseñanza, de conocimiento y de sujeto escolar se construye cuando la inteligencia artificial pasa a formar parte del currículum obligatorio.

Y aquí aparece una diferencia que el propio documento establece y que merece ser observada.

Para el Nivel Primario, la resolución señala que el nuevo anexo “profundiza los contenidos de inteligencia artificial del área de Educación Digital, Programación y Robótica” y que lo hace con “un enfoque centrado en la alfabetización crítica”, mediante una progresión pedagógica diferenciada entre el Primer y el Segundo Ciclo.

Para el Nivel Secundario, en cambio, habla de “un enfoque orientado al aprendizaje con inteligencia artificial”, organizado en cuatro niveles que abarcan el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado.

En un caso, la inteligencia artificial aparece fundamentalmente como objeto sobre el cual se construye la alfabetización crítica. En el otro, como mediadora del aprendizaje.

Una cosa es enseñar acerca de una tecnología y otra es incorporarla como mediadora de los procesos mediante los cuales los estudiantes producen, buscan, organizan o validan conocimientos.

El lenguaje curricular vuelve a cobrar aquí una importancia particular. ¿Por qué “aprendizaje con inteligencia artificial” y no, por ejemplo, enseñanza con inteligencia artificial? En la segunda propuesta queda claro que la IA forma parte del conjunto de herramientas didácticas de las que pueden disponer maestrxs y profesorxs; ¿y en el primero?

Las categorías mediante las cuales la política educativa oficial nombra sus prácticas también delimitan aquello que puede ser pensado y aquello que tiende a quedar fuera de la discusión.

Ya hemos planteado esta controversia, pero siempre es bueno recordarla, porque si la IA es presentada como otras de las tecnologías para el aprendizaje, ¿qué lugar ocupa quien enseña; qué lugares ocupan la pedagogía, la didáctica; quién selecciona los contenidos que serán mediados por la IA y quién establece los criterios para determinar qué constituye un uso pedagógicamente válido?

Tener una mirada crítica sobre el sistema de relaciones que establece el poder político con el poder corporativo (empresarial EdTech)  implica también desde un enfoque decolonial (en el contexto de la colonialidad tecnológica) poner bajo sospecha una relación que propicie en un plano de “igualdad” educación y tecnología. Puesto que desde nuestra perspectiva solo la educación hace posible la tecnología y no a la inversa.

Claro que la tecnología puede formar parte de las herramientas con las que trabaja un docente. El problema aparece cuando deja de ser una herramienta seleccionada dentro de una relación pedagógica y comienza a presentarse como mediadora naturalizada de los procesos de aprendizaje.

El Plan Estratégico “Buenos Aires Aprende” 2024-2027 sitúa la transformación digital como un eje estratégico y propone “impulsar nuevas maneras de enseñar y aprender”, junto con la incorporación de nuevas funciones y potencialidades de la tecnología.

Aquí aparece algo que las reformas educativas vienen construyendo desde hace décadas y que no son solamente nuevas herramientas, sino nuevas formas de organizar la relación entre conocimiento, enseñanza y sujeto.

La tecnología no llega, entonces, a un territorio pedagógicamente vacío, sino a una escuela sobre la cual ya se viene operando una transformación de sus categorías, de sus prácticas y de sus sujetos. El desplazamiento de la enseñanza hacia el aprendizaje, de los saberes hacia las competencias y del docente hacia funciones cada vez más próximas a la facilitación, todo esto forma parte de un proceso más amplio que excede al curriculum.

Y en ese proceso se produce algo que podríamos llamar un reseteo de carácter ontológico de los cuerpos docentes. No solamente se modifican las tareas que deben realizar, sino las características que se espera que encarnen. El docente debe ser flexible, adaptable, innovador, facilitador, capaz de incorporar permanentemente nuevas herramientas y de adecuarse a transformaciones definidas fuera de la propia relación pedagógica y de manera acrítica.

La cuestión, entonces, no es solamente qué hace la IA en el aula. También debemos preguntarnos qué tipo de docente y qué tipo de estudiante produce el dispositivo pedagógico-instrumental en el que esa IA se incorpora.

Otro breve paréntesis: ¿ Qué significa “crítica” ?

Hay una palabra que aparece en la propuesta curricular de la Ciudad y que, precisamente por su aparente claridad, merece ser interrogada: “crítica”. Para el Nivel Primario, el Ministerio propone un enfoque centrado en la “alfabetización crítica”. En los fundamentos de la resolución habla, además, de una perspectiva “pedagógica crítica y situada”.

Pero ¿qué significa aquí “crítica”? Desde hace décadas, los documentos de las reformas educativas recurren al “pensamiento crítico”, a la formación crítica y, más recientemente, a las alfabetizaciones críticas como expresiones que parecen otorgar por sí mismas legitimidad pedagógica a las propuestas. Sin embargo, el uso reiterado de la palabra no implica necesariamente la existencia de una concepción crítica de la educación.

Crítica de qué, respecto de qué y para transformar qué, serían las preguntas que necesariamente deberían acompañar el término.

No es lo mismo hablar de pensamiento crítico como capacidad para evaluar información, reconocer errores, contrastar fuentes o resolver problemas, que inscribir la educación en la pedagogía crítica, entendida como la perspectiva que interroga las relaciones de poder, las condiciones históricas y sociales en las que se produce el conocimiento y las formas mediante las cuales la escuela participa en su reproducción o transformación.

La diferencia resulta sustancial. Porque si “crítica” se convierte simplemente en una competencia más —como tantas otras que aparecen en los discursos contemporáneos de la reforma— puede terminar funcionando como un significante disponible para cualquier propuesta: todos pueden declararse a favor del “pensamiento crítico” sin necesidad de explicar qué relaciones de poder pretende poner en cuestión ese pensamiento.

Algo semejante ocurrió durante décadas con la palabra “calidad”; y digo “palabra” y no concepto (como lo venía haciendo, aun con sentido crítico) porque la palabra calidad fue convertida, por una suerte de consenso universal, en un significante vacío, pudo ser utilizada por organismos internacionales como OCDE y el Banco Mundial, gobiernos, fundaciones y empresas para designar proyectos educativos muy diferentes entre sí, sin que necesariamente se explicitara qué se entendía por calidad, quién la definía y según qué criterios se la evaluaba. Con “crítica” ocurre algo similar, la palabra parece decirlo todo precisamente porque puede terminar diciendo muy poco, o incluso ser meramente ornamental y no decir nada.

Y aquí aparece una paradoja particularmente significativa: mientras el documento oficial incorpora la expresión “alfabetización crítica”, debemos preguntarnos, justamente por lo que decíamos en el párrafo anterior, si esa alfabetización incluye también la capacidad de interrogar las condiciones sociales, económicas y políticas de producción de la propia inteligencia artificial; las empresas que la desarrollan; los datos con los que se entrena; los intereses que orientan su expansión; y las relaciones de poder que atraviesan su incorporación a la escuela. Porque si esas preguntas quedan fuera, de qué crítica estamos hablando.

Con esto no estamos negando la necesidad de formar estudiantes capaces de analizar, evaluar y cuestionar información. Por el contrario, la idea de la ampliación del universo crítico consiste en incluir aquellas dimensiones que los discursos de la innovación tienden a presentar como dado, neutral o inevitable y por lo tanto lo invisibilizan. Visibilizarlas es tarea de la pedagogía crítica.

¿ Qué propone el nuevo currículum ?

El nuevo anexo curricular organiza una progresión que acompaña las distintas etapas de la escolaridad. En los primeros años de Primaria, los estudiantes deben aproximarse a qué es la inteligencia artificial, reconocer su presencia en situaciones de la vida cotidiana y comenzar a identificar algunos de sus riesgos, sin interactuar directamente con estas herramientas. Luego, progresivamente, se incorporan instancias de exploración y utilización.

En Secundaria, la relación se profundiza y aparecen usos de la inteligencia artificial vinculados con la producción y con distintas áreas de conocimiento. El Gobierno de la Ciudad presenta la propuesta como una formación destinada a que los estudiantes comprendan la tecnología, aprovechen sus posibilidades y reconozcan sus riesgos.

No consiste en discutir aquí, uno por uno, esos contenidos. Lo significativo es la operación curricular que se produce en tanto la inteligencia artificial deja de ser un fenómeno contemporáneo que la escuela puede estudiar y pasa a constituir un campo de saber organizado, secuenciado y obligatorio dentro de la trayectoria escolar, cuando todavía sus alcances son difusos e incluso con impactos negativos, como ya hemos visto en ¿La educación necesita de la Inteligencia Artificial o a la inversa? hace un par de años.

La propia Ciudad presenta esta obligatoriedad como una política de equidad, destinada a que el acceso a estos conocimientos no dependa del “contexto familiar o escolar” ni de la iniciativa individual.

Pero la propuesta no se limita a enseñar qué es la IA. También busca formar determinadas disposiciones para su utilización: reconocer errores o “alucinaciones”, identificar sesgos algorítmicos, advertir sobre contenidos manipulados y considerar cuestiones vinculadas con privacidad y protección digital.

Es decir, el currículum incorpora un nuevo objeto de conocimiento y construye también un modo considerado legítimo de relacionarse con ese objeto.

Y aquí reaparece el problema de la crítica, pero ahora en otro nivel.

Si la escuela debe enseñar a reconocer los sesgos, también debe enseñar cómo se producen esos sesgos, quién produce los sistemas, con qué datos, de dónde los extrae, bajo qué intereses económicos y qué relaciones de poder atraviesan su desarrollo.

Una cosa es formar usuarios capaces de detectar que una respuesta de IA puede ser incorrecta. Otra, bastante diferente, es formar sujetos capaces de interrogar las condiciones de producción de aquello que la IA ofrece como conocimiento.

En el primer caso, la crítica puede quedar reducida a una capacidad de uso seguro y eficiente de la herramienta. En el segundo, puede convertirse en una práctica de interrogación sobre el mundo que produce la herramienta. Y es aquí donde la escuela recupera su función para el desarrollo intelectual.

¿ Quién produce los contenidos que luego el Estado incorpora al currículum ?

El currículum es una decisión estatal. Pero que sea el Estado quien lo aprueba no responde necesariamente a la pregunta por quiénes producen los marcos conceptuales, pedagógicos y tecnológicos a partir de los cuales esa decisión se construye.

La pregunta apunta a algo más complejo, apunta a la circulación de saberes, modelos, tecnologías, recomendaciones y actores que intervienen en la producción de las políticas educativas.

Aquí conviene mirar la propia arquitectura institucional de la política porteña.

La Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, área responsable de “planificar, diseñar y promover” políticas y programas educativos, está a cargo de Oscar Ghillione. Y en nuestro análisis es necesario recordar que Ghillione fue el fundador de Enseña por Argentina, organización privada vinculada a la red internacional Teach For All, y que haya ocupado anteriormente responsabilidades en el área educativa durante el gobierno nacional de Mauricio Macri.

Tampoco resulta indiferente observar la relación que el propio Ministerio de Educación de la Ciudad mantiene con el ecosistema de Google for Education.

En junio de 2026, el Ministerio presentó su modelo de inteligencia artificial educativa en el Google for Education Chile Leadership Lab, un encuentro organizado por Google for Education. Allí la Gerenta Operativa de Educación Digital, Victoria Ezcurra, presentó la experiencia porteña en políticas públicas de inteligencia artificial aplicada a la educación.

No vamos a afirmar que Google haya escrito el currículum. Pero tampoco soslayar que el Ministerio que diseña y aplica la política participe en espacios regionales organizados por la propia empresa para presentar y compartir modelos de IA educativa.

Y la cuestión adquiere otra dimensión cuando recordamos que esta relación no aparece de la nada. Google for Education ya había desarrollado experiencias de fuerte presencia tecnológica en escuelas, como el denominado “Distrito Google” en Vicente López, durante la gestión municipal de Jorge Macri, como lo describimos en “La pedagogía del algoritmo: entre Google, Natura y el simulacro de la innovación” (2025).

Lo que observamos son los vasos comunicantes existentes entre las empresas tecnológicas, las redes internacionales, las organizaciones educativas, las fundaciones y los funcionarios que participan en la definición de las políticas públicas. Porque ahí se encuentra una de las cuestiones centrales de la reforma economicista de la que hablamos desde hace 30 años.

¿Quiénes producen los marcos conceptuales, pedagógicos y tecnológicos a partir de los cuales el Estado termina definiendo sus políticas curriculares?

Y una segunda pregunta resulta inevitable: ¿Qué circulación existe entre empresas EdTech, organizaciones filantrópicas, redes internacionales, ONG educativas y funcionarios responsables del planeamiento y la innovación educativa?

Como en otras áreas, es un error sostener que el Estado desaparece. El Estado, en educación, continúa aprobando las normas, definiendo los diseños curriculares y administrando el sistema educativo. La cuestión es observar qué actores intervienen en la producción de aquello que luego el Estado legitima como política pública.

La pregunta es ,además de quién firma la resolución, quién produce el saber que hace posible esa resolución.

Y aquí vuelve a aparecer una característica histórica de las reformas educativas; la capacidad de presentar como “innovación técnica” decisiones que contienen concepciones políticas y pedagógicas determinadas. Por eso, la incorporación de la inteligencia artificial al currículum no debería ser leída únicamente como  mera actualización de contenidos, sino como una nueva disputa por la definición de aquello que la escuela debe enseñar y de aquello que se espera que sean quienes enseñan y quienes aprenden.

Es importante remarcar esta cuestión porque estamos ante una nueva versión de debates que, bajo distintas formas, atraviesan la historia de la educación. En el siglo XIX se planteaba la tensión entre educación e instrucción; en el siglo XX, la disputa por la concepción burguesa de los valores que sustentaban los contenidos escolares; y, más recientemente, bajo los discursos de la modernización, se instaló aquel conocido latiguillo: “tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI”.

La frase la popularizó la pléyade de especialistas de la reforma economicista de la educación y condensaba, en apariencia, una constatación acerca del supuesto atraso de la escuela frente a la transformación tecnológica y social. Pero también producía una determinada lectura del problema; la escuela aparecía como aquello que debía adaptarse a un presente definido desde afuera, y no como una institución capaz de disputar qué presente y qué futuro quiere construir.

En la misma dirección vuelve a repiquetear otra fórmula recurrente: “los aprendizajes que los jóvenes necesitan”. Una expresión que parece responder anticipadamente a la pregunta por el sentido de la educación, pero que pocas veces explicita necesitan para qué, para quiénes y según qué concepción de mundo.

Ahora la inteligencia artificial aparece como una nueva frontera de esa discusión. Por eso, detrás de la aparente neutralidad de la actualización curricular reaparece una disputa que no tiene nada de nueva, ¿quién define el conocimiento que la escuela debe transmitir y qué tipo de sujeto pretende formar?

La tecnología no puede convertirse en la solución sacralizada del conocimiento

La incorporación de la inteligencia artificial al currículum no puede presentarse como una respuesta técnicamente inevitable frente a los desafíos de la educación contemporánea. Mucho menos cuando se incorpora sobre una población escolar profundamente fragmentada y cuando el propio discurso oficial recurre a expresiones como “alfabetización crítica”sin explicitar qué entiende por crítica.

La inteligencia artificial puede constituir una herramienta, un objeto de conocimiento, pero no puede convertirse en el principio organizador de la enseñanza ni en la respuesta automática frente al problema del conocimiento; porque el problema de la educación no es tecnológico, es político e ideológico.

La escuela tiene una tarea mucho más compleja que es poner a disposición de las nuevas generaciones los conocimientos producidos históricamente, desarrollar su capacidad de pensar, interpretar, argumentar, crear, establecer relaciones, formular preguntas y construir pensamiento propio.

Más filosofía, más humanísticas, más ciencias sociales son la clave para desbaratar la manipulación del algoritmo colonial.

Trabajar sobre el potencial desarrollo de la inteligencia de los estudiantes, y no de reducir su formación a un instructivo ocasional para su performatividad económica, adaptable a las demandas cambiantes del mercado y a los intereses corporativos que las generan es la tarea que debemos asumir quienes estamos vinculados a la educación, desde la docencia, la investigación y desde el colectivo gremial potenciado por los sindicatos que luchan contra el proceso de desposesión educativa.

Cuando la educación se define prioritariamente por su capacidad para producir sujetos flexibles, adaptables, competentes y funcionales a escenarios productivos que otros diseñan, el conocimiento deja de ser una posibilidad de comprensión del mundo para convertirse en un recurso de adaptación al mundo tal como está dado por la elite que lo diseña.

El mismo problema atraviesa numerosas políticas educativas provinciales y también las políticas impulsadas desde el Estado nacional: la adopción tecnológica aparece con frecuencia como solución sacralizada, como si la incorporación de dispositivos, plataformas o inteligencia artificial pudiera resolver por sí misma los problemas históricos del conocimiento y de la enseñanza. La tecnología no enseña por sí misma, la inteligencia artificial tampoco piensa por nosotros.

Y cuando la escuela acepta sin discusión y de manera acrítica los términos en los que las tecnologías ingresan al campo educativo, anula las preguntas sobre qué conocimiento vale la pena enseñar, para qué sociedad, para qué sujetos y con qué concepción de presente y futuro.

No podemos naturalizar las “tecnologías del aprendizaje”, necesitamos recuperar la enseñanza; y frente a la “solución tecnológica”, las pedagogías críticas.

La inteligencia artificial pretende convertirse en mediadora cada vez más presente en los procesos educativos, entonces la pregunta no es cuánto puede hacer la máquina por la escuela, sino qué queremos que la escuela haga por la inteligencia humana de quienes la habitan.

La inteligencia artificial entra al currículum: ¿quién decide qué debe enseñar la escuela?

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Reinventar las ciudades en clave social

Por Sergio Ferrari

Los centros urbanos en todo el mundo son a la vez causa y víctima de la crisis climática-ecológica global. A pesar de ello, podrían convertirse en portadores de soluciones significativas.

Con estas premisas, seis organizaciones de la sociedad civil europea participaron en un proyecto internacional para conceptualizar y proyectar de forma sostenible la transición hacia ciudades resilientes ante el cambio climático. Para lo cual, afirman, es imprescindible no solo buscar soluciones técnicas sino, fundamentalmente, apostar a un cambio radical en la forma de entender la economía, el bienestar social y la participación democrática.

Tras dos años de estudio cooperativo, el Transnational Institute (TNI) y el Commons Network de Ámsterdam, Países Bajos; Oikos de Gante, Bélgica; FUHEM de Madrid, España; NaZemi de Brno, Chequia, y el Institut za političku ekologiju (IPE) de Zagreb (Croacia), acaban de publicar sus conclusiones en el Manual Ciudades más allá del crecimiento (Cities Beyond Growth, en inglés), una guía pedagógica para repensar la vida en los grandes centros urbanos desde la perspectiva del “poscrecimiento”.

Resultante de la consulta y el intercambio con 1.700 ciudadanos en 100 países, esta perspectiva presupone la participación activa de comunidades y gobiernos locales en un proceso que los convierta gradualmente en agentes de transiciones inclusivas y democráticas y hacia una economía “poscrecentista”.

Punto de partida y de llegada del estudio apoyado también por el programa educativo europeo Erasmus+, la hipótesis de trabajo de que “los modelos económicos orientados al crecimiento ya no son sostenibles desde el punto de vista ecológico, ni social, ni político”. Y como principal corolario, que cualquier economía que aspire a proporcionar condiciones de vida dignas a las generaciones presentes y futuras debe ir más allá del crecimiento como lógica organizadora del desarrollo urbano y avanzar hacia una economía de poscrecimiento basada en el bienestar, la suficiencia y la autodeterminación democrática.  (https://www.tni.org/es/publicacion/cities-beyond-growth-manual)

Los dos rostros urbanos

Es en las ciudades donde se concentran las mayores emisiones de carbono y las más graves desigualdades sociales, y es en ellas donde se genera la mayor cantidad de cruciales decisiones políticas que impactan el destino de centenares de millones de personas. Las estadísticas lo confirman: las 1.000 ciudades más grandes concentran más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) del planeta, generando aproximadamente el 70% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂), ese gas tan nocivo que atrapa calor en la atmósfera y genera cambios climáticos perjudiciales.

Según un reciente informe de ONU-Habitat, agencia de Naciones Unidas dedicada a promover el desarrollo urbano, cerca de 3.400 millones de personas carecen en la actualidad de acceso a viviendas seguras, protegidas y adecuadas, incluyendo más de 1.000 millones de personas que viven en asentamientos informales y barrios marginales en condiciones muy difíciles. Entre las cuales la inestabilidad de la tenencia de sus lotes, el hacinamiento, la exposición a riesgos medioambientales y el acceso limitado a servicios básicos (https://onu-habitat.org/index.php/reporte-mundial-de-ciudades-2026).

También es en las ciudades donde se experimenta más densa y tangiblemente las consecuencias del crecimiento: contaminación, desigualdad, segregación espacial y exceso de trabajo, así como el impacto amplificado de fenómenos climáticos extremos, como voraces olas de calor e inundaciones.

Sin embargo, las ciudades continúan siendo los espacios naturales donde se organiza la comunidad humana, donde los esfuerzos cooperativos construyen alternativas y los gobiernos locales a menudo pueden actuar con mayor eficacia y rapidez que los propios Estados nacionales. Y por esta razón, coinciden los participantes del proyecto, las ciudades representan el escenario más prometedor para un cambio transformador. Siempre y cuando –valga la salvedad— sus habitantes apuesten a un cambio radical en la manera de entender y vivir la economía, el cuidado social y la participación democrática.

Ciudades del futuro

El mayor problema con el concepto de “crecimiento”, señala el proyecto Ciudades más allá del crecimiento, es que hasta ahora el indicador de referencia considera la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) como el principal índice de éxito, aun cuando el mismo nunca se diseñó con perspectivas de progreso social para todos por igual y menos aún con la salud ambiental en mente.

A pesar de esta deficiencia intrínseca, los Estados han adoptado el PBI como concepto directriz fundamental. Lo que sí ha logrado el imperio del PIB ha sido crear una brecha cada vez mayor entre la denominada “salud de las economías” y la experiencia real de los ciudadanos de esas sociedades. Paradójicamente, muchas veces el PIB aumenta a causa de vertidos de petróleo, deforestación e inundaciones, o cuando las fábricas despiden a sus trabajadores y los accionistas embolsan los beneficios.

Los participantes del proyecto coinciden en que este modelo produce “crisis ecosociales” toda vez que posibilita “la convergencia de colapsos ecológicos, sociales y políticos que tienen su origen en el capitalismo”. Esta correlación entre “crecimiento” y deterioro de la salud de la comunidad humana salta a la vista, por ejemplo, cuando se considera que el 10% de los europeos con mayores ingresos genera más emisiones de gases de efecto invernadero que el 50% más pobre. De ninguna manera “fallos técnicos susceptibles de soluciones técnicas”, afirman enfáticamente las seis ONG que propiciaron el proyecto, sino lo que aquí está en juego son las “tendencias estructurales de una economía dependiente del crecimiento” económico como un fin en sí mismo sin tener en cuenta otras dimensiones clave en la vida, como el trabajo de cuidados no remunerados o el funcionamiento adecuado de los ecosistemas.

Alternativas posibles

La cuestión clave que resulta del proyecto es ¿cómo hacer que la economía sea un facilitador del tipo de vida que la gente quiere tener y del tipo de planeta que se quiere legar a las generaciones futuras?

La consulta promovida por las seis ONG europeas identifica el “poscrecimiento” como la mejor respuesta-opción. Un cambio de rumbo que implica alejarse de la expansión infinita de la producción y el consumo de bienes materiales para reorientarse hacia el bienestar sostenido de las personas y el planeta. Se trata de “decidir deliberadamente qué actividades económicas deben expandirse (como cooperativas de energías renovables, sistemas alimentarios comunitarios, servicios públicos, cuidados) y cuáles deben reducirse (combustibles fósiles, especulación inmobiliaria, agricultura industrial, publicidad)”.

Por otra parte, y no menos importante, esta transición debe ser justa, a todo nivel superadora de los periodos anteriores de transformación económica, que concentraron repetidamente el costo del crecimiento en los más vulnerables. No negociable: el “poscrecimiento” se niega a repetir ese patrón histórico.

Marcos conceptuales del proyecto

Varios son los marcos conceptuales que las seis ONG involucradas en este proyecto tuvieron en cuenta. De ninguna manera conceptos enfrentados, sino representativos de perspectivas complementarias. Y debidamente armonizados, base de partida para una convicción común de que el crecimiento económico no es, necesariamente, sinónimo de progreso social. Además, que el diseño de economías en torno a un verdadero desarrollo humano y ecológico es algo tan necesario como factible.

El decrecimiento, que apunta explícitamente a reducir los sectores más perjudiciales de la economía (como el consumo de energía y de bienes materiales) e invertir más en lo que es vital para la vida humana. La economía del bienestar, que le da prioridad absoluta al bienestar humano y ecológico antes que al PBI y que siempre tiene en cuenta los limites planetarios por encima de los apetitos individuales y corporativos. La economía del donut o rosquilla, una forma espacial y visual que representa en un mapa hasta qué punto una ciudad o un país satisface simultáneamente las necesidades sociales de sus residentes -el anillo interior- y se mantiene dentro de los límites planetarios -el anillo exterior. Y la economía de estado estacionario, arraigada en la tradición de la economía ecológica, que sostiene que la economía debe estabilizar su flujo de energía y materiales dentro de los límites regenerativos y asimilativos de los ecosistemas para lograr un desarrollo cualitativo sin expansión cuantitativa. El consenso fundamental es la convicción de que el crecimiento no es sinónimo de progreso social, y de que diseñar explícitamente economías en torno al florecimiento humano y ecológico es tan necesario como factible.

La suficiencia como concepto rector

Un principio esencial en esta búsqueda de alternativas es el de “suficiencia”, en virtud del cual ya no se maximiza la producción y el consumo, sino que se procura garantizar lo suficiente. Suficiente energía para que la comunidad pueda protegerse del frío o del calor extremos; suficiente alimento para una buena nutrición; suficiente vivienda para vivir con dignidad; suficiente tiempo para cuidarnos mutuamente.

A diferencia del concepto de “eficiencia”, que comúnmente implica reducción del consumo individual al punto de austeridad o privación, el de suficiencia propone reducir el consumo a nivel del sistema en su totalidad teniendo en cuenta, y responsablemente, los límites de la energía planetaria.

Este cambio de dirección propuesto por las seis ONG, también favorece una manera alternativa y más responsable de responder a dos preguntas inevitables: cuánto es suficiente, y para quién. En el caso hipotético de la población de las ciudades europeas, por ejemplo, una economía de suficiencia energética significaría más seguridad, más tiempo disponible y para compartir. Y si alguien tiene que reducir, sin duda se trata de los estratos superiores de consumo.

Técnicamente hablando, concluyen consensualmente las organizaciones que participaron en este proyecto, una intervención en clave de poscrecimiento ralentiza, reduce y reconstituye los flujos materiales de la urbanización. En términos políticos, dicha intervención procura articular las políticas anticapitalistas o poscapitalistas necesarias para alcanzar ese objetivo. Ambas dimensiones son necesarias y complementarias.

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Vidas artificiales: IA y crisis de la democracia

Por: Flavia Costa

¿Qué es una superinteligencia y por qué un grupo de expertos pide prohibir su desarrollo mientras otros la consideran una fantasía futurista y una exageración interesada? En «Vidas artificiales: del accidente pandémico a las guerras de la IA» (Taurus) su último libro, Flavia Costa analiza los grandes debates sobre el tema, las transformaciones políticas, sociales y ambientales en marcha y cómo gobernar las tecnologías que están redefiniendo nuestra vida en común.

Si “muévete rápido y rompe cosas”
era el eslogan no oficial
de la era de las redes sociales, ¿cuál es el eslogan no oficial
de la era de la inteligencia artificial generativa?
Podemos estar casi seguros de que debe de ser el mismo,
aunque esta vez las cosas que se rompan
pueden ser muchísimo peores.
Gary Marcus, Frenar a Silicon Valley, 2024

“Pedimos que se prohíba el desarrollo de la superinteligencia, prohibición que no debe levantarse hasta que haya un amplio consenso científico en que se realizará de forma segura y controlada, y con fuerte respaldo público”. Así, muy breve, fue la segunda declaración de alerta frente al desarrollo de lo que podría ser la más avanzada inteligencia artificial imaginable, publicada por la organización Future of Life Institute el 22 de octubre de 2025, apenas dos años y medio después de aquella primera carta abierta que pedía suspender “por al menos seis meses” la investigación sobre modelos iguales o superiores a ChatGPT-4.

Más allá de sus intenciones explícitas y su menos evidente cometido implícito, aquel pedido de tregua publicado el 22 de marzo de 2023 había contribuido a identificar el lanzamiento público de las IA lingüísticas y generativas como un acontecimiento tecnopolítico de gran escala, con el consiguiente “furor normativo” que todavía hoy envuelve a Estados y sociedades en el debate acerca de si es posible, y de qué modo, comprender e idealmente conducir el despliegue de estas metatecnologías.

El pronunciamiento de 2025, por su parte, vino acompañado de un párrafo muy conciso donde se afirmaba que, si bien estas nuevas IA “podrían traernos una salud y prosperidad sin precedentes”, el intento por parte de un puñado de empresas por desarrollar en pocos años una superinteligencia capaz de superar a los humanos “en prácticamente todas las tareas cognitivas” genera inquietudes que van “desde la obsolescencia económica y el desempoderamiento de los seres humanos, con la consiguiente pérdida de libertades, derechos civiles y control de sus vidas, hasta riesgos para la seguridad de los Estados nación e incluso la posible extinción de la humanidad”. Firmaban el texto un conjunto de expertos encabezados por Geoffrey Hinton —premio Turing y Nobel de Física—, el también premio Turing Yoshua Bengio, Stuart Russell, Steve Wozniak, Steve Bannon, Yuval Harari y muchos más (no estaba Elon Musk esta vez, pero sí los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan, quienes aparecían mencionados así, solo con sus nombres de pila).

Por esas mismas semanas comenzaron a oírse con fuerza voces que auguraban el inminente primer pinchazo de la burbuja de la IA. Teniendo en cuenta que la burbuja puntocom de internet había demorado en estallar entre siete y ocho años, quizá fuera la ansiedad ambiente la que hacía que dos años parecieran, o en realidad fueran, demasiado tiempo.

Desde 2023, estas noticias vienen poblando de manera creciente los medios y las plataformas de conversación pública, sin que sea muy claro cuánto hay de fantasía, cuánto de fascinación y temor, cuánto de investigación confiable. Para volver más inteligible este escenario, ampliaré aquí de qué se trata la cuestión de la superinteligencia, esbozada en el capítulo anterior, y comentaré las que identificó como las cinco principales discusiones que rodean hoy la emergencia de las IA “de frontera”.

Una improbabilidad

En el ámbito cultural, el término superinteligencia se utiliza particularmente en la ciencia ficción y en textos de no ficción tecnofuturistas. Y si bien no hay consenso acerca de que algo así como una superinteligencia pueda existir por fuera de estos márgenes, el vocablo se refiere a seres o máquinas con una inteligencia superior a la humana en muchas o todas las áreas donde entendemos razonablemente que se manifiesta la inteligencia (nunca se mencionan todas: la definición es enumerativa incompleta por el momento).

“Según el conocimiento del que se dispone —señala la conspicua Wikipedia alemana—, no existe un ser que en verdad sea intelectualmente superior y que cumpla los criterios de superinteligencia”. En seguida presenta una definición que sigue la de Nick Boström, fundador y director del Instituto Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford desde su creación en 2005 hasta que cerró sus puertas en 2024, y autor —entre otras obras— del libro Superinteligencia. Caminos, peligros, estrategias, de 2014 (cuyo traductor al castellano llama, en una dramatizada introducción, una “obra trascendental”).

En 1998, cuando todavía usaba la diéresis sobre la “o” y estaba fundando con David Pearce la Asociación Transhumanista Mundial, Boström publicó un artículo titulado “¿Cuánto tiempo falta para la superinteligencia?” en el International Journal of Future Studies, en cuyo resumen señala: “Este texto describe las razones para creer que tendremos una inteligencia artificial superhumana en el primer tercio del próximo siglo”. La definía así:

“Por ‘superinteligencia’ nos referimos a un intelecto mucho más inteligente que los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluyendo la inteligencia creativa, la capacidad de resolver problemas y las habilidades sociales. Esta definición deja abierta la forma en que se implementará: podría ser una computadora digital, un ensamble de redes de computadoras, tejido cortical cultivado o lo que sea. También deja abierto si la superinteligencia es consciente y tiene experiencias subjetivas. Entidades como las empresas o la comunidad científica no son superinteligencias, según esta definición […]. [Ellas] no son intelectos y hay muchos campos en los que su rendimiento es mucho menor que el de un cerebro humano; 80 vidas artificiales por ejemplo, no se puede mantener una conversación en tiempo real con la ‘comunidad científica’”.

En el artículo “Historia del pensamiento transhumanista”, de 2011, Bostrom, ya sin diéresis, cuenta que la idea de una singularidad tecnológica o superinteligencia (no son lo mismo, pero a los efectos de esta inmersión podemos considerarlas ideas muy cercanas) fue insinuada por primera vez por John von Neumann. Se refiere a la hipótesis de una inteligencia o cognición maquínica que, al aprender por sí misma a gran velocidad, da lugar a una suerte de “explosión de inteligencia”. Esos precisos términos fueron los que utilizó en 1965 Irving Good, quien se había desempeñado como criptógrafo del equipo de Alan Turing en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial, y luego siguió trabajando con él en el diseño de computadoras en la Universidad de Manchester.

Según la forma más conocida de la idea de Good, un agente maquínico inteligente podría eventualmente entrar en un bucle de retroalimentación positiva, que daría lugar a generaciones más inteligentes cada vez más rápido. El vertiginoso aumento de inteligencia culminaría en una poderosa superinteligencia que superaría en mucho la inteligencia humana. Esta tesis fue retomada en 1993 por el matemático, teórico de la computación y también escritor de ciencia ficción Vernor Vinge en un artículo conocido como “La singularidad tecnológica”, y luego la popularizó Raymond Kurzweil, el audaz futurista e investigador principal de IA en Google desde 2012.

En La Singularidad está cerca, de 2005, Kurzweil predecía la fusión de la conciencia humana y la de las máquinas en una civilización posthumana superconectada en torno a 2045. Auguraba un futuro de longevidad (para ayudar a la causa desarrolló una línea de suplementos alimentarios) y sin problemas: ni hambre, ni crisis climática, ni energética. No había referencias a cómo sería posible algo así, pero hay que decir que no solo en este caso; hay varias otras improbabilidades sociales y políticas, aún más que tecnológicas, en ese libro. Siguiendo la superinteligencia y la nube de humo 81 el impulso de la más reciente ola de IA, en 2024 publicó La Singularidad está más cerca. Cuando nos fusionamos con la IA.

Allí Kurzweil afirma que para la década de 2030, “uno de los avances más trascendentales será la conexión de las capas superiores del neocórtex con la nube, lo que ampliará la capacidad de razonamiento del ser humano”. Para ese momento, sigue escribiendo, “los fragmentos ‘no biológicos’ del cerebro humano nos proporcionarán una capacidad cognitiva miles de veces superior a la que hoy nos ofrecen sus componentes orgánicos”. Augura que, con velocidad exponencial, se ampliará “la capacidad del cerebro humano varios millones de veces antes de 2045”, y que la hoy inimaginable velocidad y magnitud de esta transformación es lo que permite utilizar la metáfora de la singularidad inspirada en las leyes de la física para describir nuestro futuro”.

Tan lejos, tan cerca

Las respuestas no se hicieron esperar. Dejando de lado a los aduladores, este libro de Kurzweil suscitó más lecturas de expertos en ciencia, tecnología y sociedad que los anteriores. El historiador y estudioso de la tecnología Edward Tenner señaló que “ofrece una buena excusa para reflexionar sobre los profundos cambios que, nos guste o no, nos trae la tecnología”. Con todo, agregó no sin ironía, “su contribución más valiosa podría ser como contrapeso a los sombríos estudios sobre la cultura y la política contemporáneas en una era de populismo antirracional. De hecho, la casi certeza de Kurzweil de que la tecnología está a punto de salvarnos de nosotros mismos podría ser la luz
más brillante en un firmamento deprimente”.

“La Singularidad es miope”, tituló Forbes, con un juego de palabras (near, “cerca”; nearsighted, “miope”), un texto del experto en tecnología David Teich, quien señala que el libro de Kurzweil “tiene casi todos los problemas” de la mayoría de los textos sobre IA, que “se niegan a analizar el impacto en el 82 vidas artificiales mundo real para la mayoría de nosotros”. Con distinto énfasis, tanto Teich como Tenner mencionan los efectos sobre el mundo del trabajo, la espiral de desigualdad, los posibles usos maliciosos, los costos ambientales y energéticos. Y en efecto, el costo energético es uno de los puntos ciegos del desarrollo de estos modelos de IA en Occidente. Es tal la demanda energética que Microsoft se propuso reabrir la central nuclear de Three Mile Island, que había sido cerrada después del accidente de 1979, el primero en la energía nuclear civil del que se tiene registro, y el que inspiró el libro Accidentes normales, publicado en 1984 por el sociólogo de las organizaciones Charles Perrow. En junio de 2025 se anunció que la planta se reabrirá en 2027, un año antes de lo previsto originalmente.

Por cierto, la creciente necesidad de electricidad para alimentar centros de datos, fábricas y hogares está revitalizando la industria nuclear en los Estados Unidos de Donald Trump. El estado de Nueva York anunció ese mismo mes planes para construir un nuevo reactor en el estado, y en agosto de 2025 Holtec International informó que reiniciaría la planta de Palisades en Michigan, que había cerrado en 2022. Volviendo a Teich, termina su texto exhortando “encarecidamente” a evitar este libro y leer Frenar a Silicon Valley, de Gary Marcus.

“La Singularidad es estúpida”, redobló en The Washington Post la ensayista y crítica cultural Becca Rothfeld. “No cabe duda de que la IA pronto superará a los humanos en muchos aspectos, y Kurzweil tiene razón al sospechar que la sociedad cambiará considerablemente —acepta Rothfeld—. Hace tiempo debería haberse hecho una evaluación seria de lo que las computadoras pueden y lo que no pueden aportar al proyecto humano, pero lamentablemente La Singularidad está más cerca no lo hace”.

Incluso en un espacio libertario como el think tank Cato, el especialista en innovación y políticas públicas Thomas Hemphill aseguró que le preocupa que la perspectiva de laissez-faire de Kurzweil con respecto a la innovación tecnológica (con la que Hemphill en líneas generales acuerda, y que es bien distinta del “principio precautorio” más típicamente europeo) pueda ser ingenua. “Incluso un enfoque abierto para la innovación tecnológica —escribió Hemphill— reconoce la necesidad de directrices regulatorias y legales claras y responsables, aplicadas por un gobierno transparente y receptivo, para garantizar que la innovación no viole las libertades humanas”.

El recién mencionado Gary Marcus también es escéptico acerca de la superinteligencia. “Es solo una exageración de quienes no comprenden lo lejos que estamos de la inteligencia genuina —afirmó en agosto de 2024—, y no tenemos que preocuparnos (al menos en un futuro próximo) por la extinción”. Eso no le impide comprender que las IA pueden generar “muchas amenazas graves”. Según Marcus, la actual generación de inteligencias artificiales “se ha convertido en una herramienta extremadamente poderosa para generar desinformación”; se la puede inducir “a que enseñe a la gente a fabricar armas biológicas”, puede socavar la ciberseguridad e introducir sesgos en decisiones laborales.

Sin duda la atmósfera de preocupación va más allá del libro de Kurzweil. El físico Michael Nielsen, uno de los impulsores de la computación cuántica y el movimiento de ciencia abierta, escribió desde 2023 varios ensayos reflexivos sobre superinteligencia y riesgo existencial, en los que recorre los debates contemporáneos y expone algunos de sus propios interrogantes. En un texto de septiembre de ese mismo año sostiene que “la humanidad puede lograr la superinteligencia artificial”, y que es probable que eso suceda “pronto, dentro de tres décadas, quizás mucho antes, si no ocurre un desastre ni se hace un gran esfuerzo de desaceleración”. En tanto Dario Amodei, uno de los hermanos cofundadores de Anthropic, la big tech más involucrada en la seguridad de la IA, escribió en enero de 2026 un largo ensayo, “La adolescencia de la tecnología”, donde afirma:
“Estamos entrando en un rito de pasaje turbulento e inevitable, que pondrá a prueba quiénes somos como especie. La humanidad está a punto de recibir un poder casi inimaginable, y no está nada claro si nuestros sistemas sociales, políticos y tecnológicos poseen la madurez para ejercerlo”.

Llegados hasta aquí, retomamos la pregunta acerca de cómo se conecta esto que hasta hace poco considerábamos una fantasía futurista con la carta que mencionamos al comienzo. ¿Por qué un grupo relevante de expertos —desde premios Nobel hasta historiadores, desarrolladores y directores universitarios de departamentos de computación, esto es, personas cuya autoridad erudita está en juego— piden prohibir algo que otros expertos señalan como improbable? ¿Cómo comprender el sentido de esa carta, más allá de las especulaciones, razonables pero desde mi punto de vista algo toscas, de que se trata solo de una estrategia de marketing —para conseguir fondos de financiación, para entretener a las audiencias, para confundir a la competencia—?

Teniendo en cuenta la mezcla de desconcierto, desmesura publicitaria y perplejidad (la “nube de humo” del título) que marca nuestro tiempo, propongo abordar estos interrogantes siguiendo las controversias sobre las IA de frontera que se dieron en ámbitos académicos, periodísticos y políticos a partir de 2023, cuando se pusieron en disponibilidad pública las IA generativas y, en particular, los grandes modelos de lenguaje. Pero antes, algunas informaciones.

Una. En mayo de 2024, el informático teórico Ilya Sutskever, discípulo de Geoffrey Hinton —con quien participó en el desarrollo de la red neuronal AlexNet— y uno de los cofundadores de OpenAI, se fue de esa empresa peleado con Sam Altman, el director ejecutivo. Desde hacía poco menos de un año Sutskever era el líder del equipo de superalineación junto con el investigador de aprendizaje automático Jan Leike. La alineación o alineamiento de IA busca prevenir resultados engañosos, incorrectos o dañinos, así como usos maliciosos, mediante procedimientos de aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana. Entre las informaciones que trascendieron en su momento, se supo que Sutskever veía en la comercialización apresurada que Altman impulsaba para OpenAI un riesgo de seguridad. Pocos meses después fundó junto con dos socios una startup llamada Safe Superintelligence, con sede en Palo Alt (EE. UU.) y Tel Aviv (Israel), cuyo objetivo explícito es “desarrollar sistemas de IA superiores a los humanos, pero también seguros”. Leike, por su parte, se fue en el mismo momento y pasó a trabajar en Anthropic.

Dos. El 26 de marzo de 2025, luego de un apagón eléctrico que dejó a España, Francia y Portugal sin suministro hasta por 20 horas, un documento de la Comisión Europea incluyó una recomendación a los ciudadanos europeos de tener listo un kit de supervivencia que permita afrontar hasta 72 horas sin asistencia externa, una medida que pretende reforzar la preparación de los hogares ante emergencias como apagones, desastres naturales o posibles conflictos armados. El kit incluye agua embotellada (cinco litros por persona), alimentos fáciles de preparar no perecederos, radio a pilas, linterna, batería de repuesto para el teléfono móvil, hornillo portátil y garrafa, combustible, fósforos, dinero en efectivo, medicamentos, pastillas de yodo, material de primeros auxilios, artículos de higiene y extintor. La recomendación incluye tener a mano documentos de identidad y cargador para dispositivos electrónicos.

Tres. En noviembre de 2023, Gran Bretaña impulsó la primera Cumbre sobre Seguridad (safety) de la IA. En diciembre de ese año se creó el AI Safety Institute, la primera organización respaldada por un Estado dedicada a probar la seguridad de la IA avanzada, y en febrero de 2025 su nombre pasó a ser AI Security Institute. No fue solo un cambio de nombre sino de enfoque: desde la seguridad sistémica (safety), que protege la integridad para las personas, el ambiente y los derechos fundamentales, hacia la seguridad entendida como protección (security) ante el delito y orientada a objetivos de Defensa.

Desde entonces se crearon otros once institutos de seguridad de la IA en el mundo dedicados a analizar los riesgos y potenciales daños de estas metatecnologías: en los Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Singapur, Israel, India, Francia, Corea del Sur, Canadá, Alemania y Brasil, y están anunciados en Kenya y Australia. Sus objetivos suelen coincidir: monitorear el panorama del desarrollo de IA; hacer evaluación de los riesgos que plantea para la seguridad nacional y la seguridad pública; promover soluciones como defensas en profundidad, alineación y control; trabajar con desarrolladores de IA para garantizar un desarrollo responsable; informar a los responsables de políticas sobre los riesgos actuales y emergentes de la IA; colaborar y compartir hallazgos con instituciones aliadas.

Esos institutos están inscritos en iniciativas nacionales o regionales de IA, muchas veces acompañados de marcos regulatorios específicos: pueden ser leyes o políticas del Poder Ejecutivo. En nuestra región, Chile, Brasil y Uruguay tienen iniciativas nacionales de IA consistentes y son, de hecho, los tres países considerados pioneros en la edición 2025 del Índice Latinoamericano de IA (ILIA), que mide el estado de avance de la inteligencia artificial en 19 naciones de América Latina y el Caribe de acuerdo con la madurez alcanzada en tres grandes áreas: (a) factores habilitantes (infraestructura, datos, talento humano); (b) investigación, desarrollo y adopción; y (c) gobernanza. Les siguen a esos tres, en orden según el nivel alcanzado, Colombia, Costa Rica, Argentina, Perú, México, República Dominicana, Ecuador y Panamá. Chile, por ejemplo, cuenta desde 2021 con una Política Nacional de IA desde la cual se ha impulsado la creación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA): una corporación público-privada de investigación y desarrollo, que creó herramientas como el propio índice ILIA y el modelo de lenguaje Latam-GPT. Pese a que la gobernanza no se limita a la legislación (involucra, entre otros aspectos, la participación en el diseño de estándares internacionales como las normas ISO, o consultas públicas a la población sobre estrategias de adopción), en la región solo Brasil tiene un proyecto de ley con media sanción. Países como Chile, México y Argentina están en etapas previas de debate legislativo.

Vuelvo ahora a la idea de que en el futuro recordaremos estos años como un tiempo transcurrido “entre accidentes”: de la pandemia provocada por el covid-19 al desencadenamiento de uno o varios de los riesgos sistémicos que conllevan los nuevos tipos emergentes de IA. El primero de estos accidentes, la pandemia del coronavirus, ubicó a buena parte de la población del mundo en la necesidad de ingresar a un shock de virtualización. E instaló en la conversación pública la necesidad de interceptarlo a través de un “nuevo acuerdo tecnológico”: un tech new deal para unas nuevas democracias digitales. Con respecto a los potenciales “accidentes normales” de la IA, en el tiempo transcurrido desde aquel alerta público que pedía poner pausa a su desarrollo, se ha disparado una enorme cantidad de interrogantes, debido a la fuerza disruptiva con la que esta metatecnología parece atravesar las diversas escalas de la vida social, y porque la aceleración que imprime a los procesos que automatiza se manifiesta, al menos en este momento —en el cruce no contingente sino histórico entre la tendencia técnica y la tendencia bio(tanato)política—, como un impulso de destitución de muchas de las mediaciones que constituían y favorecían hasta hace poco “lo social”.

“Hemos atravesado un período en que se ha hecho creera demasiadas personas: ‘¡Tengo un problema, es responsabilidad del gobierno solucionarlo!’ […] Así, proyectan sus problemas en la sociedad, pero ¿qué es la sociedad? ¡No existe tal cosa! Existen individuos, hombres y mujeres, y existen familias. Ningún gobierno puede hacer nada excepto a través de las personas, y las personas deben velar primero por sus propios intereses”. La frase es de la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher en una entrevista que dio en 1987 al semanario Woman’s Own. En ella señalaba la dirección de una ideología que niega la existencia, y por ende la potencia, de la siempre provisoria estabilización cultural e institucional de las asociaciones, las relaciones entre personas que se acompañan y siguen unas a otras a lo largo del tiempo (por años, décadas, incluso siglos enteros) sin necesidad de que las una el parentesco: gremios, partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones religiosas, instituciones científicas, sindicatos, academias, grupos espirituales, movimientos rtísticos, organizaciones profesionales, agrupaciones estudiantiles, escuelas filosóficas, clubes sociales y deportivos, universidades, iglesias, escuelas de pensamiento. Es decir, niega la realidad humana. O con más precisión: busca debilitar la compleja y entramada sociabilidad tardomoderna para fragilizarla y volverla ordenable “desde arriba”. Lo hace mediante el desprestigio y el bombardeo a estas instancias de mediación, acción que hoy encuentra en las IA “de frontera” un medio ideal.

Las tecnologías desencadenadas para automatizar y “saltearse” lo social presentan una sugestiva correlación con una filosofía de la historia que solo quiere ver individuos sin asociación, sin socius, sin la fortaleza del acompañamiento sostenido. No es extraño, entonces, que entrado 2026 la “crisis de la democracia” haya dejado de ser un horizonte de amenaza emergente para sedimentarse en un hecho constatable. En él convergen desde la radicalización de los sistemas de partidos hasta la subordinación de los poderes judiciales, pasando por el descrédito en las instituciones representativas, la polarización algorítmica y la progresiva pérdida de autoridad de los organismos multilaterales. La incertidumbre afecta a quienes formaron sus marcos de comprensión en otro escenario y condiciona a quienes todavía los están construyendo. Y aun así, esta apertura temporal puede ser un momento de gran potencial heurístico. Nuestros saberes y nuestras prácticas expertas sobre lo social tienen por delante un doble desafío: la inteligencia artificial y, sobre todo, la sociedad artificial que el siglo XXI ya está produciendo.

Fuente: https://www.revistaanfibia.com/la-superinteligencia-inteligencia-artificial/

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¿Educación competencial o educación democrática?

Marc Casanova

“La escuela no es el bastión de la clase dominante, es un campo de lucha entre la clase dominante y la clase explotada; es un terreno donde chocan las fuerzas del progreso y las fuerzas conservadoras. Lo que sucede allí refleja tanto la explotación como la lucha contra la explotación. La escuela es al mismo tiempo una reproducción de las estructuras existentes, una correa de transmisión de la ideología oficial, de la domesticación, pero también una amenaza al orden establecido y una posibilidad de emancipación”.
Georges Snyders

Hablar de educación competencial es hablar de escuela y neoliberalismo. Pero, en el actual momento histórico, hablar de neoliberalismo sin adjetivos es, como mínimo, problemático. En la actual fase de crisis de acumulación del capital, tanto si hablamos de la “muerte del neoliberalismo” en transición a un orden tecnofeudal, como sugiere el economista Cédric Durand 1, como si lo hacemos de una fase “geoeconómica” mediante una regionalización militarizada de las cadenas de distribución por parte de los imperialismos en pugna, como postula Milan Babić 2, o si asistimos a una “simple” mutación ultra autoritaria e iliberal del neoliberalismo, que mostraría así su rostro más descarnado en forma de una nueva etapa de guerra civil mundial generalizada, como afirma el sociólogo Christian Laval 3, lo cierto es que nada de esto modifica la sustancia de este artículo: un recorrido teórico e histórico, a través de algunos de sus principales críticos, del despliegue de la educación competencial. Epítome de una lógica neoliberal que sigue desplegándose en la escuela pública a marchas forzadas. 

La historia del capitalismo no es una línea recta ni funciona como un péndulo donde sería posible dar marcha atrás. Avanza a través de una sucesión de crisis que dibujan espirales cada vez más amplias y destructivas: una discordancia de los tiempos que, en cada fase, va incorporando nuevos elementos sin, por eso, hacer desaparecer necesariamente los anteriores.

Esto se tendría que tener muy presente cuando, ante los atropellos de la educación competencial neoliberal, se juega la carta del retorno a la vieja y buena escuela fordista de los treinta gloriosos, como si las viejas formas de reproducción social de la mal llamada escuela republicana en Europa –ligadas al capital simbólico o al currículum oculto, descritas y demostradas hasta la saciedad durante décadas por todo tipo de científicos sociales– no continuaran siendo perfectamente operativas en el seno de la actual escuela neoliberal 4. O como si se pudiera vender sine die a nuestros alumnos y alumnas la ilusión meritocrática del ascensor social en medio de un aumento obsceno de las desigualdades sociales y de la pobreza infantil, en medio de una crisis estructural de acumulación del capital que arrastramos ya desde los años setenta del siglo pasado. 

De hecho, la conversión internacional que estamos viendo de todo tipo de neoliberales de viejo cuño al discurso reaccionario y neofascista (las cosas hay que llamarlas por su nombre) no representa un retorno pendular al pasado ni una renuncia a la educación competencial, que –como veremos– se despliega más rápidamente que nunca, sino la voluntad de añadir una vuelta de tuerca más a este proyecto de guerra de todos contra todos que, en realidad, siempre ha sustanciado el proyecto neoliberal.

La ola reaccionaria
En este sentido, es preciso detenerse un momento y señalar que el proceso de fascistitzación 5 que están viviendo nuestras sociedades es, en primer lugar, un proyecto perfectamente armónico con una agenda neoliberal que siempre ha sido, en última instancia, una agenda de desdemocratización profunda; es decir, de extirpación de todas las formas colectivas de control y de democracia popular en el seno de la sociedad burguesa, empezando por los servicios públicos y los sindicatos.

En segundo lugar, como señala Ugo Palheta 6, este proceso se apoya siempre en la construcción de un concepto de pueblo que ya no sirve para designar las condiciones de existencia de las clases populares ni tampoco una comunidad política que incorpore todas las personas con una voluntad común de pertenencia, sino que sirve para designar una comunidad étnica o racial fijada a priori que  delimita quién está dentro y quien está fuera, quien se ha integrado y quien no, quién puede ser considerado plenamente ciudadano o ciudadana y quien no.

Y, finalmente, señalar que este proceso que está envenenando nuestras sociedades, a nivel nacional, estatal e internacional, no podría lograr el grado de hegemonía que estamos viendo si en esta designación del enemigo interior y su exclusión (minorías culturales, sexuales, inmigrantes, pobres en general…) no hubiera implícita una promesa material de determinadas prebendas para diferentes sectores del cuerpo social. Ya sea para las trabajadoras y trabajadores designados como 100 % nacionales o para las llamadas clases medias empobrecidas. Y entre estas, no son pocos quienes sueñan, a izquierda y derecha, que se podría volver al Estado providencial, a unos servicios públicos robustos y a una auténtica meritocracia escolar si nos deshiciéramos o apartáramos determinados cuerpos extrañosde la población (y de la escuela, evidentemente).

Para calibrar el cambio de clima social que estamos viviendo en los últimos tiempos y cómo este condiciona el papel que la escuela pública ha jugado históricamente, solo hay que echar un vistazo al tipo de reacciones dominantes que suscitaron los resultados del último informe PISA en Catalunya (“la culpa es de los moros”), el escándalo de malversación y maltrato institucional de la DGAIA 7 (“estos corruptos que se gastan nuestro dinero en menas [menores extranjeros no acompañados] y parásitos sociales improductivos”), las polémicas importadas e impostadas en torno a la prohibición del velo en la escuela (“es por su bien, tienen que integrarse”), respecto a la escuela inclusiva (“la diversidad no deja avanzar el alumnado normal, la escuela no es una ONG”) o también sobre la lacra de los desahucios y las polémicas del padrón municipal con los habituales: “no cabemos todos, si no pueden pagar el alquiler que trabajen o que se vayan a su país”. En todos estos casos, la carga de la prueba recae siempre, e indefectiblemente, sobre la parte más vulnerable del cuerpo social.

Decíamos que solo hay que echar un vistazo a este clima dominante de eugenismo social y de actualización del viejo adagio de las clases peligrosas, y contrastarlo con los ciclos de luchas de las trabajadoras y trabajadores conscientes, de la izquierda social y sindical, en que, para cada una de estas cuestiones, se ha intentado dar una respuesta democrática y socialmente justa. Poniendo el foco en los problemas estructurales y no en los recurrentes chivos expiatorios y, lo más importante, intentando que los principales afectados por estas políticas sean parte activa y organizada de estas respuestas.

Desde las y los docentes que se organizan hoy con sus comunidades contra los desahucios que afectan a sus alumnos y alumnas 8, o en las luchas por una escuela realmente inclusiva y con los recursos necesarios, pasando por las luchas de los y las estudiantes por su derecho a la educación, sin importar el origen, la cultura o la religión 9 y, para acabar con esta breve lista, para nada exhaustiva, las luchas permanentes contra los partenariados público-privados 10(mucho antes del escándalo de la DGAIA), que nos llevan a una de las espinas dorsales de esta charla: la transformación del Estado social en Estado emprendedor, triste legado de lo que Nancy Fraser denominó “neoliberalismo progresista” 11, y en que las formas de educación competencial cobran todo su sentido.

La (ya no tan) nueva razón del mundo
Así pues, hablar de educación competencial es hablar de neoliberalismo. Sin embargo, ya estamos viendo que es complejo dar respuestas eficaces desde la comunidad educativa a esta realidad si antes no abordamos un poco más en detalle su verdadera naturaleza. En este sentido, lo primero que habría que señalar es que el neoliberalismo no ha consistido nunca en una reducción del Estado para liberar los mercados. Esta idea de un Estado salvífico asediado por los mercados y las multinacionales, nada tiene que ver con lo que ha sido el funcionamiento real del neoliberalismo. Esta imagen representa tanto una mala comprensión de cómo funciona como de la naturaleza del Estado en la sociedad capitalista.

Hay que romper con la idea simplista y paralizante según la cual la escuela pública es agredida por una mercantilización que vendría del exterior (Clément, Pierre, 2012), y que bastaría, pues, con aislar la escuela pública de la sociedad para convertirla en un santuario donde el saber y el conocimiento estarían en relación directa con el cielo de los universales.

Ojalá la cosa fuera tan sencilla, pero ni el Estado ni la escuela pública están (ni en realidad han estado nunca) al margen de la lucha de clases que las atraviesa de arriba abajo. De hecho, esta imagen solo genera impotencia y errores estratégicos de peso en la lucha contra el neoliberalismo. Los servicios públicos –sanidad, servicios sociales, educación…– no van cayendo uno tras otro en la mercantilización por los efectos espontáneos y la fuerza intrínseca de la economía de mercado, sino por la voluntad consciente de agentes burocráticos y políticos organizados en el seno de los Estados 12.

Cómo explicaba el último Bourdieu 13, la irrupción del neoliberalismo no se impuso a través de una extensión anónima de los mercados frente a la política, sino que se impuso a través de una lucha política que dividió el campo burocrático del Estado “entre dos fracciones opuestas del funcionariado: el alto y el bajo. En esta lucha está en juego la finalidad de la función pública y su impacto sobre la sociedad”, es decir, “la mano derecha del Estado: el alto funcionariado, los gabinetes, los miembros del gobierno –sean estos de izquierda o de derecha– y sus expertos acreditados, disparan contra todo aquello que representa el bajo funcionariado –la mano izquierda del Estado– y muy especialmente contra los encargados de llevar a cabo sus funciones sociales” (Laval, Christian, 2020, p. 242-243).

En este sentido, el laboratorio catalán ha sido un ejemplo paradigmático de este proceso que hoy se extiende también, con fuerza, al resto del Estado: fue desde la propia administración (no a través de la extensión espontánea de los mercados) como se generó en la educación catalana el marco de gobernanza y subjetivación ideal para el neoliberalismo, cuando los partidos de la izquierda que gobernaban la Generalitat impulsaron la Ley de Educación de Catalunya (LEC), levantando una nueva arquitectura institucional al servicio de esta lógica neoliberal: direcciones fuertes y gerenciales, contratación a dedo del profesorado –y, por lo tanto, desmantelamiento de facto de la función pública–, fusión de los centros privados-concertados y públicos bajo los parámetros de los primeros, incentivos y evaluaciones por resultados, destrucción de la visión integral de la red a través de una concepción gerencial de la autonomía de centros, con las estrategias llamadas de “diferenciación e innovación de la oferta pedagógica” que tanto han contribuido a la segregación social educativa 14. 

Fue, pues, dentro del propio ámbito de gestión y titularidad pública donde emergió y se despliega hoy un mercado de matrículas y recursos que se convierte en una guerra de todos contra todos, donde la innovación deviene un sello de prestigio para organizar el mercado y atraer determinados perfiles de matrícula. Un mercado que obliga a centros educativos, docentes, estudiantes y familias a actuar como agentes privados, dentro de la misma red pública, en busca de oportunidades de mercado y revalorización que permitan la supervivencia de sus respectivos centros y/o puestos de trabajo y los sitúen en una posición más competitiva que otro centro público del mismo barrio o ciudad en un contexto marcado por la desinversión progresiva y estructural. 

Al mismo tiempo, todo este cambio institucional donde desaparecen clases, ciudadanos y ciudadanas en pro de una sola forma de subjetivación (la/el emprendedor), ha ido ligado a una nueva epistemología o racionalidad sobre el mundo que nos rodea. En este, ya no importa el qué o el por qué del conocimiento, sino el cómo estos nuevos sujetos pueden adquirir habilidades para conseguir información y conocimientos prácticos; habilidades y conocimientos para ser utilizados de manera oportunista, para tener más ventajas que el resto en este marco de competencia generalizada (Casanovas, Marc. 2020). 

Y es aquí cuando los fundamentos que operan en la escuela competencial se nos hacen más transparentes:  las nuevas formas de configuración curricular de la educación y de los planes de estudio que dan cuerpo a toda esta nueva epistemología (o relación social con el conocimiento centrada en los principios institucionales y antropológicos descritos), solo son viables si los sistemas escolares “tienden a adoptar la forma de una empresa y si los sujetos se adaptan a esta norma de tal modo que al final devenga normal que el conocimiento tome la forma valor de una mercancía” (Laval, Vergne, Clément y Dreux, 2012: 9).

Pero como señala Laval: “hablar de la forma valor del conocimiento no significa que todo conocimiento devenga inmediatamente una mercancía. Significa más exactamente que las categorías con las cuales, a partir de ahora, hay que pensar el conocimiento, que los dispositivos institucionales y las normas prácticas que regulan y administran su producción y su transmisión, se someten al objetivo general de la valorización económica. El valor económico deviene el criterio último de validación institucional y social de las actividades de enseñanza; deviene, poco a poco, la norma que va ordenando el interior de las prácticas educativas, currículums, contenidos, etc.” (Laval, Vergne, Clément y Dreux, 2012: 10).

¿Escuela postfordista o neotaylorista?
Es decir, estamos pasando gradualmente de lo que Marx denominaría una subsunción formal a una subsunción real del trabajo educativo (y el conocimiento escolar) en el capital. Esto significa que la autonomía progresiva de los factores objetivos del proceso educativo (todo este nuevo entramado de dispositivos institucionales descritos) hace posible la autonomía de los instrumentos de producción o transmisión (es decir, la expropiación, desposesión y alienación de todos los medios, los saberes, metodologías y prácticas del trabajador o trabajadora docente), razón por la cual la subordinación del factor subjetivo (el propio docente, pero también el alumnado, la comunidad educativa…) tiende a volverse cada vez más agobiante e insoportable.

La escuela competencial, pues, en realidad no nos lleva al “nuevo espíritu del capitalismo” 15, a ese horizonte posfordista de trabajo horizontal y colaborativo que nos habían prometido en la nueva sociedad del conocimiento 16, sino a un neotaylorismo rampante donde el actual avance político y social del sentido común de la reacción y la extrema derecha nos muestran la próxima estación.  

El objetivo de esta organización taylorista es conocido: romper con los saberes, conocimientos y experiencias del o la trabajadora para someterlos a formas operativas y plazos establecidos, decididos fuera de ellos y según los objetivos de la rentabilidad. Cambio permanente de técnicas y métodos evaluativos y procedimentales que van de arriba abajo, de las oficinas a los talleres (o directamente del mercado a la escuela), para garantizar la docilidad y subordinación permanente de unos docentes abrumados burocráticamente y la aceptación de las soluciones prefabricadas, estandarizadas e innovadoras que muchas veces vienen directamente del mundo de la empresa, como el portafolio competencial (Linhart, 2017).

En resumen, toda una serie de prácticas de manual del mundo del management empresarial que se aplican al alumnado y al cuerpo docente y que impiden que estos, y la comunidad educativa, puedan ser sujetos de los procesos educativos, que puedan nombrar el mundo y sus necesidades desde su realidad para transformarlo. 

Los diferentes cambios y modificaciones curriculares que hemos vivido en los últimos tiempos, desde la asignatura de emprendimiento, educación financiera, la forma en que se han introducido las nuevas tecnologías, la inteligencia emocional o la FP dual…, todos responden a una misma lógica: adaptar al milímetro todo el sistema educativo a las necesidades del mundo de la empresa y de un mercado de trabajo cada vez más dualizado. En este, la franja baja de la población (y, por consiguiente, el grueso de las clases populares) tan solo “necesitará” unas competencias básicas para adaptarse a un contexto laboral cada vez más precario y en constante cambio (Hirtt, 2019).

Mistificaciones pedagógicas
Nico Hirtt lleva años denunciando cómo el enfoque competencial, este sistema de organizar y atomizar el currículum, surge simultáneamente del mundo empresarial, para definir las necesidades de recursos humanos y de la escuela pedagógica inspirada en el conductismo y el cognitivismo anglosajón 17. Sin embargo, muchas entidades, diarios o revistas especializadas siguen confundiendo (o juegan a la confusión) este enfoque competencial y autores que se enmarcan en la tradición de las pedagogías críticas, como puede ser la perspectiva de la pedagogía constructivista (Casanovas, Marc. 2020).

Tal como explica Nico Hirtt, se trata de una auténtica mistificación, que ha servido en el periodo del neoliberalismo progresista, para construir los consensos necesarios a fin de hacer más digerible a las y los docentes, y a la sociedad en general, este ataque constante a los pilares cognitivos de la educación pública.

Esta mistificación, en tiempos de auge reaccionario, resulta hoy doblemente peligrosa. Pues no son pocos quienes ahora atacan los pilares de la educación democrática y la tradición de las pedagogías críticas en nombre de su lucha contra la escuela neoliberal. 

Una mistificación reaccionaria que, apoyándose en algunos de los elementos aquí descritos, lo harían, sin embargo, a través de otro desplazamiento conceptual tramposo. Si hasta ahora se trataba de describir cómo se reorganizan las formas de explotación, autoritarismo y jerarquización de una clase sobre las otras a través de la mercantilización escolar y la innovación pedagógica, hoy también proliferan críticas a este modelo donde el problema no residiría en la desigualdad y las nuevas formas institucionales de despotismo que lo sustentan. Al contrario, tal como denuncia el filósofo Jacques Rancière, sería “el exceso de igualdad y democracia” el que empujaría hoy a familias y alumnos a actuar como personas consumidoras, el igualitarismo el que produciría alumnos narcisistas “que no conocen límites; incluso las reivindicaciones de las minorías y el ecologismo serían vistos como un producto caprichoso de la narcisista sociedad de masas, de sus excesos de igualdad y democracia”, en definitiva, el problema no es que vivamos en el “reino de la explotación” que diría Marx, sino en el “reino de la democracia” (Rancière, 2006) 18.

¿Qué relación social con el conocimiento?
En Las condicionas educativas de una ciudadanía crítica el mismo Hirtt resumía en tres puntos las relaciones sociales dominantes con el saber en la actualidad: 

  1. «El utilitarismo profesional, que reduce la práctica al ejercicio de tareas repetitivas: ‘El trabajo en la escuela tiene que ser educativo –dijo Lunacharski–, es decir, realizado según normas tales que el niño aprenda, y si el niño no adquiere nada trabajando, entonces es un crimen de la escuela. El trabajo no tiene derecho a una sola hora en la escuela si, gracias a él, el niño no se ha vuelto más inteligente y más hábil.
  1. La valorización elitista de un saber gratuito y desinteresado que no es más que el desprecio burgués por la práctica. Esta concepción refleja la división social del trabajo entre las clases dominantes –poseedoras de los grandes conocimientos teóricos– y las clases populares –responsables de la aplicación práctica–.
  1. El enfoque basado en las competencias, ahora en boga, que reduce el conocimiento a su dimensión utilitaria y considera la práctica escolar solo como el ejercicio del uso del conocimiento. Esta concepción equivale a negar el valor intrínseco del conocimiento, como capacidad de comprender el mundo». 

Estas tres concepciones (que, de hecho, estructuran los debates educativos actuales), son, las tres, perfectamente funcionales al proyecto de reproducción y división social del trabajo (la separación estructural entre los que conciben y ejecutan) de la escuela capitalista. Si bien es cierto que vehiculan intereses contradictorios en el seno de las clases dominantes 19. 

Por eso, el elemento fundamental que habría que retener para comprender la educación neoliberal es que no se trata tanto de un método pedagógico propiamente dicho como de un dispositivo institucional y de relaciones sociales sometido a una lógica alienante, donde caben diferentes metodologías. De aquí el absurdo de la actual querella entre antiguos y modernos. Desde las escuelas cuartel que puso en práctica Bolsonaro en Brasil (directamente gestionadas por militares) hasta una escuela privada con métodos Freinet en Francia: “nada es mezquino” para la escuela neoliberal, que diría el poeta. 

Pero también hay propuestas desde la izquierda que pugnan por resignificar las formas de aproximación competencial estándar (y afortunadamente mucha y muchos docentes lo hacen también cada día). Y si bien es cierto que estas resignificaciones constituyen formas de resistencia molecular legítimas y necesarias, creemos que el elemento central no se sitúa aquí, sino en todo este dispositivo de transformaciones institucionales gerenciales, de trabajo por objetivos y cultura de la evaluación (empezando por PISA), que pone todo el mundo a competir con todo el mundo dentro de la educación pública.

En este contexto, la diferenciación pedagógica –sea desde un enfoque elitista o democrático de adaptación de los contenidos al contexto social– es perfectamente funcional al proyecto de competencia, de reproducción social y de valorización mercantil del conocimiento que organiza este marco institucional. Ya que las diferentes prácticas pedagógicas permanecen sobredeterminadas por este objetivo de valorización mercantil y división social del trabajo.

Es, pues, desmantelando este marco de relaciones sociales institucionalizado en el seno de la escuela pública y levantando un marco institucional democrático como se podrá recuperar el sentido de las prácticas pedagógicas y reapropiarse de la escuela pública. Y es en este terreno democrático donde creemos que se podría encontrar toda la comunidad educativa en una misma lucha, más allá de debates metodológicos. Más adelante volveremos a ello.

Es cierto: no se pueden negar las alianzas que se han dado en las últimas décadas entre la renovación pedagógica y el espíritu del capitalismo. La transformación gerencial de la escuela ha venido acompañada, en muchos casos, de una retórica engañosa, en la que numerosos conceptos democráticos y cooperativos propios de la renovación pedagógica han sido reinterpretados y puestos al servicio de esa lógica (Laval y Vergne, 2021).

Como también es cierto que muchos elementos de educación popular o comunitaria dentro de la educación pública han quedado diluidos en esas habituales ensaladas de intereses corporativos, en las que se confunden intereses comunitarios con empresas, mercantilización y clientelismo. En este marco, la adaptación de los contenidos al entorno no significaría, como en Freire, una interrogación de los saberes formales a partir de los intereses de clase de la comunidad y sus instituciones, sino, al contrario, una adaptación de los contenidos a la expectativa social que se tiene desde la jerarquía burocrática de la administración y las necesidades del mundo empresarial hacia esta misma comunidad.

Pero habría que sacar todas las consecuencias de este hecho: el acceso al conocimiento, y las formas de socialización con este, está siempre mediatizado por un entramado de dispositivos institucionales y prácticas que le dan sentido. Hacer abstracción de estos marcos institucionales, como si las prácticas pedagógicas pudieran operar al margen de esta realidad, es la auténtica pantalla ideológica que hay que romper.

Y es por eso mismo que también es una falsa alternativa plantear un corte epistemológico total entre los conocimientos de la vida cotidiana y el conocimiento científico. La ficción de una transmisión neutral del saber, donde los educandos tendrían que dejar en la puerta de la escuela sus intereses y mundos propios para recibir, como tablas rasas, un saber objetivo y desinteresado que los haría libres y los “igualaría” en el seno de “el ágora republicana”; esta concepción que se plantea como alternativa desde un “republicanismo” que parece desconocer toda la tradición de lucha que ha alimentado el republicanismo popular (de Condorcet a Jaurès pasando por las reflexiones de Gramsci) es fruto del mismo idealismo metodológico que señalábamos antes. Y normalmente solo favorece a quienes ya han sido previamente socializados con los saberes formales 20. 

Por eso, en lo que se refiere a las formas de transmisión, aprendizaje o acceso a saberes formales en el medio escolar, es absurdo mantenerse en la falsa disyuntiva entre un “corte epistemológico” a lo Bachelard y “la sociedad desescolarizada” a lo Iván Illich. El abismo que separan estas dos concepciones es, precisamente, el que intenta sortear la tradición de aquellas pedagogías críticas que han pensado el medio escolar desde los intereses históricos de las clases populares.

De hecho, como sostiene Irène Pereira 21, no hay ni ruptura ni pura continuidad entre los saberes sacados de la experiencia y el conocimiento científico. Hay mediaciones. Y hablar de mediaciones es hablar de instituciones, y hablar de instituciones es hablar de política. En el marco de la escuela democrática esto pasa por lo que Laval y Vergne denominan “pedagogías instituyentes”: 

las pedagogías instituyentes son aquellas que hacen de la democracia no un valor abstracto, sino un principio de funcionamiento de la institución escolar y de la formación de los alumnos (…) Si una pedagogía democrática no puede estar aislada de los objetivos de igualdad social y de los objetivos culturales de la escuela, ésta no puede, por tanto, estar separada del objetivo de autogobierno popular” 22.

En este sentido, es preciso rechazar firmemente las formas dominantes que toman los llamamientos actuales de retorno a la autoridad en la escuela. Que hablan de autoridad sin problematizar radicalmente las relaciones de poder que se dan tanto en la escuela como en la administración o en la sociedad en general. Es preciso, como señalaba Freire en su crítica de la educación bancaria 23, desmontar la confusión interesada de la autoridad del saber (esencialmente dialéctico y dialógico) con la autoridad de la función. Y desmontar, también, estos llamamientos en su vertiente humanista, donde la referencia a este retorno suele aparecer, como señala Marina Garcés, a través de una separación entre poder y autoridad que representa una: 

idealización de las relaciones humanas. Cómo les replicó (a Arendt y Gadamer) Habermas, todavía dentro del debate alemán (que no es un debate retórico atendida la proximidad con la experiencia del nazismo), “autoridad y conocimiento no convergen”, porque toda autoridad descansa en dos elementos: por un lado, el cimiento de un conocimiento ya reconocido y por tanto no sometido a la reflexión crítica. Por otro lado, la autoridad siempre implica “la amenaza potencial de sanciones y la perspectiva de gratificaciones”. Autoridad es quien siempre puede, en última instancia, premiar o castigar a partir de unos parámetros previos de reconocimiento. ¿Es esto lo que queremos recuperar para la educación? (Garcés, 2020: 114).

¿Es este el gran proyecto ilustrado que hay que recuperar? Pregunta preocupada Garcés, pues si fuera así, no hace falta que nuestros reformadores nostálgicos sufran; la actual modernización reaccionaria de la escuela neoliberal 24 que ya se dibuja en el horizonte del Estado, nos dará mil y una oportunidades para recuperar este espíritu ilustrado y republicano…

Educación democrática o como transformar las relaciones
de poder y sociales con el saber a través de sus sujetos:
autonomía de clase, autonomía del saber y de quienes conocen

Por nuestra parte, sin embargo, pensamos que un proyecto de ilustración radical por utilizar la fórmula de la filósofa catalana, empezaría por una interrogación también radical de todos los saberes y conocimientos formales. Y esta interrogación solo se puede dar a partir de las preguntas que ponen sobre la mesa los actuales sujetos que representan y se configuran como una anomalía para las prácticas y discursos dominantes: desde las experiencias cotidianas de lucha contra el racismo, contra el cambio climático, contra la explotación de clase, la opresión patriarcal, las identidades disidentes…, y pensar a partir de ahí cómo podríamos institucionalizar estas formas de interrogación de los saberes, de socialización y reflexión dentro de la institución escolar.

La renovación pedagógica y curricular, con todos sus defectos y limitaciones, que da paso a la escuela pública después del franquismo, nos podría dar algunas pistas a este respeto. Esta se enmarcó en un contexto de ruptura constituyente (en el ámbito educativo) con el régimen anterior, donde los sectores populares, sus luchas e instituciones (asociaciones de vecinos, de familias, docentes, sindicatos, partidos…) levantaron una nueva institucionalidad democrática en el seno de la escuela pública (claustros de profesores y consejos escolares vinculantes), que acabaron con los antiguos cuerpos segregados de dirección. Incorporaron la libertad de cátedra, sí, pero mucho más que esto, también formas de educación popular y democrática; formas institucionalizadas de interrogación de los saberes formales de los currículums oficiales a partir de sus intereses históricos colectivos como clase social, comunitarios, culturales…; trabajo y elaboración horizontales vinculantes en el seno de las estructuras de la educación pública, gracias a las cuales se elaboraron los saberes y las prácticas de la renovación pedagógica. Estos marcos institucionales han sido progresivamente vaciados de poder efectivo, cuando no directamente desmantelados, a través de las sucesivas leyes educativas (a izquierda y derecha) que han atravesado la escuela en las últimas décadas, comenzando con la progresiva vuelta a las direcciones segregadas en nombre del liderazgo pedagógico.  

Por eso, el proceso descrito más arriba, poco tiene que ver con el reclamo nostálgico de un retorno a la EGB o el BUP.  Hablamos de momentos concretos de ruptura autoinstituyentes, no de modelos, sino “de espacios de creación o lucha del pasado que presentan objetivos que todavía son nuestros” (Pestaña 2021). Y que permiten pensar alternativas a la actual gobernanza neoliberal, que –de la mano de la llamada innovación educativa– nos sitúa en el actual escenario de proletarización, tanto de docentes como de alumnos y alumnas (sentido último de la lógica de la aproximación por competencias).

La historia de la educación democrática es, pues, nuestro reservorio: de la educación politécnica en los primeros años de la revolución rusa a la educación popular en el movimiento de los sin tierra en Brasil, de la República y el posterior sistema público revolucionario en Catalunya, el CENU (Consell de l’Escola Nova Unificada), a las rupturas constituyentes de los 70’ y 80’s en el Estado español, de los periódicos escolares y su antropología del trabajo en Célestin Freinet a la pedagogía institucional en las banlieues de París, de Élise Freinet a Bell Hooks, pasando por  Nadezhda Krupskaia o Noëlle de Smet… y un larguísimo etc. La historia de la educación democrática es la historia de momentos de ruptura, de creación y/o reflexión en torno a sus mediaciones institucionales. Por eso no querríamos acabar esta exposición sin, al menos, enumerar algunas conquistas de la tradición de la escuela democrática que se tendrían que actualizar críticamente para las luchas del presente (en ningún caso tirarlas con el agua sucia de la escuela neoliberal).

Siguiendo a Vergne y Laval, lo podríamos resumir en tres tradiciones, ninguna de las cuales sería suficiente por separado. Es a través del conjunto de sus objetivos históricos (no de sus modelos en sí) como estas tradiciones nos pueden ayudar a pensar formas de lucha y alternativas integrales hoy:

  • En primer lugar, retomar la idea central de la escuela republicana (olvidada tantas veces): proteger la educación de la injerencia directa del Estado (y del mercado y de las religiones, por supuesto), situándola bajo la autoridad del saber mismo. Este objetivo sigue vigente, pero exige replantear los marcos institucionales vigentes para hacerlo realmente posible.
  • En segundo lugar, la puesta al día de la tradición de la educación popular y del movimiento obrero, que entiende que la apropiación de los saberes y conocimientos del medio escolar es inseparable de las experiencias de luchas colectivas y personales de la vida cotidiana. En el sentido de que se entiende que el saber por sí mismo no nos hace libres ni autónomos, sino que esta apropiación debe dotarse de una significación histórica y social que inscriba estos saberes en una lógica de transformación personal, social y política, no de adaptación al mundo tal cual es. Como hemos dicho, en nuestra historia reciente, no nos faltan experiencias de prácticas instituyentes en este sentido. Resulta más urgente que nunca actualizar esta concepción de autoeducación popular en el interior mismo de la escuela pública. Hoy, cuando los tambores de guerra vuelven a sonar en toda Europa, no podemos olvidar que tanto la escuela republicana de Jules Ferry, como el espíritu de la escuela prusiana que tanto se vuelve a reivindicar, fueron un motor formidable de patriotismo chovinista que sembró infinidad de cadáveres de las clases populares por todos los campos de batalla de Europa. 
  • Tercero, el legado de la Escuela Nueva, donde la democracia en la escuela no es “ni la autonomía de los sabios educando el pueblo, ni la autoeducación de los trabajadores”, sino la autonomía pedagógica de las y los educandos. Es decir, la necesidad de poner en valor su propia actividad, lo que piensan, la toma de la palabra; la voluntad de conectar los saberes y la sensibilidad de los alumnos con formas colaborativas y colectivas de construcción del conocimiento. Todo esto también es una conquista histórica que transformó la imagen del alumnado en nuestras sociedades y que habría que preservar como una conquista democrática que ni sus apropiaciones mercantiles actuales, ni ninguna reacción política o social tendrían que poder hacernos abandonar (Laval y Vergne, 2021).

Creemos que, ante la actual crisis de la institución escolar y de su función, recuperar el espíritu y el poder instituyente de estas prácticas –que pugnaban, desde diferentes ámbitos, por levantar una nueva institucionalidad democrática en el seno de la educación pública y, por extensión, en el conjunto de los servicios públicos y de la sociedad en general– constituiría el núcleo estratégico que permitiría superar muchas de las contradicciones que atraviesan el campo de aquellos y aquellas que luchan actualmente por la educación pública.

Como hemos visto, una educación democrática no es un valor abstracto a transmitir, sino “un principio de funcionamiento de la institución escolar y de la formación de los alumnos”. No es una doctrina ni un método, sino diferentes prácticas pedagógicas en el seno de una organización institucional del pueblo y para el pueblo.

Sin duda, las movilizaciones históricas por la educación pública que se están dando en tantas partes del Estado, luchando a la vez por sus condiciones materiales y la democratización de los centros, así como las formas originales de movilización masiva y autoorganización que surgen de estas luchas en diferentes puntos, marcan los caminos (y la coherencia entre fines y medios) por los que tendrá que pasar esta necesaria removilización y organización democrática de la educación.

Marc Casanovas, docente y redactor de viento sur.

* Este texto es la adaptación de una ponencia del autor en la última escuela de verano de la USTEC-STES (IAC), sindicato mayoritario de la educación pública catalana.

Referencias

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Hirtt, Nico (2024) “Las condiciones educativas de una ciudadanía crítica” en viento sur nº 194.

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Laval, Christian y Dardot, Pierre (2015) La nueva razón del mundo, Ed. Gedissa, Barcelona.

Laval, Christian (2020) Foucault, Bourdieu y la cuestión neoliberal, Ed. Gedisa, Barcelona.

(2022), “Una nueva guerra civil mundial”, viento sur n.º 180

Linhart, Danièle (2017) “Rupturas y continuidades entre gestión moderna y lógica tayloriana”, viento sur: https://vientosur.info/spip.php?article13159

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Rancière, Jacques (2006) El odio a la democracia, Ed. Amorrortu, Argentina.

(2010) El espectador emancipado, Ed. Ellago, España.

  • 1
    Durand, Cédric (2025)  “Desborde reaccionario del capitalismo: la hipótesis tecnofeudal”, web viento sur: https://vientosur.info/desborde-reaccionario-del-capitalismo-la-hipotesis-tecnofeudal/ ↩︎
  • 2
  • 3
    Laval, Christian (2022), “Una nueva guerra civil mundial”, en viento sur n.º 180. ↩︎
  • 4
    “La escuela no ha esperado al neoliberalismo para convertirse en un lugar donde los individuos son constantemente evaluados, clasificados y jerarquizados unos en relación con otros, y luego separados unos de otros sobre la base de estas evaluaciones. Por tanto, no solo reconocemos hasta qué punto la escuela se presta a la aplicación de la lógica neoliberal, sino que también llegamos a preguntarnos si el modo de gobierno neoliberal no le debe mucho a la lógica escolar”. Normand Charlotte, “Peut-on défendre l’école sans la critiquer?”, 2021, ↩︎
  • 5
    Palheta, Ugo y Salaouti, Omar Omar (2024), “Islamofobia, fascistización, racialización”, en viento sur n.º 193. ↩︎
  • 6
    Palheta, Ugo (2020) “Fascisme. Fascisation. Antifascisme”, Contretemps  ↩︎
  • 7
     La DGAIA es la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya. Su función es proteger a los menores en situación de riesgo o desamparo y gestionar recursos y servicios como centros de acogida, centros residenciales, familias de acogida, etc ↩︎
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
    Gago, Verónica (2021) “Lecturas sobre feminismo y neoliberalismo”, viento sur ↩︎
  • 12
    Christian Laval, Francis Vergne, Pierre Clément y Guy Dreux, La nouvelle école capitaliste, Ed. La Découverte, 2012. ↩︎
  • 13
    Bourdieu fue testigo de las transformaciones que operaron en las instituciones con el cambio de época neoliberal y si lleva a cabo una inflexión en su pensamiento (sin abandonar sus críticas a las viejas formas de clasismo de la escuela “republicana”) es porque “el neoliberalismo se ha convertido en la ideología del poder del Estado, es porque impone una nueva norma universal de comportamiento mucho más allá del campo económico”. Laval, Christian, Foucault, Bourdieu y la cuestión neoliberal, Ed. Gedisa, Barcelona, 2020. p. 183. ↩︎
  • 14
    Y que se fundan en la hipótesis del “efecto centro” que consiste “en demandar a cada establecimiento que se sienta responsable de su eficacia lo que en la práctica significa implementar las falsas soluciones que vienen del mundo managerial: refuerzo de las direcciones, trabajo por objetivos, contractualización, externalizaciones, cultura de la evaluación, etc.”. Laval, Christian y Vergne, Francis. Éducation démocratique. La révolution scolaire à venir. La Découverte, 2021, p. 84. ↩︎
  • 15
    Para Jacques Ráncière la tesis según la cual las consignas de las revueltas de los años 60 y del movimiento estudiantil de Mayo del 68 habrían proporcionado al capitalismo los medios para regenerarse, en la práctica es muy poco sólida. Vale la pena citar extensamente su reflexión: “Hay una gran diferencia entre los discursos para seminarios de manegers que le ofrecen su contenido (a esta tesis) y la realidad de las formas de dominación contemporáneas del capitalismo, donde la flexibilidad del trabajo significa mucho más la adaptación forzada a formas de productividad acrecentadas so pena de despidos, cierres y relocalizaciones, que la apelación a la creatividad generalizada de los hijos de Mayo del 68. A fin de cuentas, el interés por la creatividad en el trabajo estaba muy lejos de las consignas del movimiento de 1968, que la emprendió, al contrario contra el tema de la participación y contra la invitación hecha a la juventud instruida y generosa para participar en un capitalismo modernizado y humanizado, que se hallaba en el corazón de la ideología neocapitalista y del reformismo estatal de los 60” (Rancière, 2010: 39). En resumen, “la culpa de todo” no fue ni del 68 ni de Yoko Ono… . ↩︎
  • 16
    Delors, Jacques (1996) La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. ↩︎
  • 17
    Hirtt, Nico (2009) “L’approche par compétences: une mystification pédagogique”, en L’école démocratique, n° 39. ↩︎
  • 18
    Como señala Jacques Rancière la proliferación de críticas con análisis pretendidamente marxistas a “la sociedad de masas” constituye un género literario en sí mismo de las nuevas formas de odio a la democracia: “El punto es saber quiénes son estos ‘individuos egoístas’. Marx designaba con este término a los poseedores de los medios de producción, es decir, la clase burguesa. La sabiduría contemporánea entiende las cosas de otra manera. Y, de hecho, es suficiente con una serie de ínfimos deslizamientos para dar a los individuos egoístas un rostro completamente diferente”. El odio a la democracia. Argentina: Ed. Amorrortu, 2006, p.31. ↩︎
  • 19
    Para ver estas contradicciones y como se traducen en propuestas pedagógicas concretas, ver también el artículo de Nico Hirtt: “La burguesía y la escuela, o el arte de los mandatos contradictorios” (viento sur n.º 161). ↩︎
  • 20
    Para ver una defensa bien fundamentada de esta concepción de transmisión del conocimiento (con la que nosotros discrepamos), se puede consultar: Carlos Fernández Liria y Javier Mestre (2024) Escuela y libertad. Ed Akal. O, también: Carlos Fernández Liria, Olga García y Enrique Galindo (2017) Escuela o barbarie Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda. Ed. Akal, 2017. ↩︎
  • 21
    Pereira, Irène (2017) Paulo Freire, pedagogue des opprimé.e.s, Ed. Libertalia. ↩︎
  • 22
    En un contexto más amplio, creemos que las propuestas del Común: Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI, ed. Gedisa, de Laval y Dardot y sus reflexiones sobre su carácter construido e instituyente (transformación del derecho y las prácticas colectivas), se beneficiarían de más claridad estratégica (por ambos lados) si entraran en diálogo con las reflexiones históricas del marxismo revolucionario, por ejemplo: Autogestión, planificación y democracia socialista, Ed. Sylone, de Mandel. Tal cómo señala Isabelle Garo, en la obra de Laval y Dardot, “la idea de construcción entra en tensión con la idea de un común que estaría por definición combinado por diversas reglas colectivas, compatibles con el federalismo comunalista, pero no con una planificación” Isabelle Garo Comunismo y estrategia, Ed. Comunis- Sylone-viento sur. ↩︎
  • 23
    Freire, Paulo (1970) “La concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión. Sus supuestos. Sus críticas” En: La pedagogía del oprimido. Buenos Aires. Ed. Siglo XXI, pp 69-101 ↩︎
  • 24
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