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Por: Julián De Zuburía.

Los encapuchados no representan a los estudiantes universitarios. Sin embargo, rectores, profesores y alumnos no han respondido con suficientes mecanismos para aislarlos. El pedagogo Julián De Zubiría propone algunas estrategias para la defensa de las universidades oficiales.

Las protestas son justas y necesarias en una democracia si son masivas, argumentadas y pacíficas. En este sentido, hay que reconocer que los estudiantes nos dieron, entre octubre y diciembre del año anterior, una gran lección al garantizar que se cumpliera a cabalidad con esas condiciones en las gigantescas manifestaciones que convocaron en defensa de la educación oficial.

Los estudiantes crearon mecanismos excepcionales de protección de la fuerza pública y expulsaron a los encapuchados de sus marchas. Lograron, de esta manera, establecer un estilo de protesta más creativo, simbólico y masivo. Por eso, por primera vez, la población respaldó masivamente sus luchas.

Los diversos sondeos de opinión señalaron que entre un 92 y un 94 por ciento de los colombianos estábamos de acuerdo, ya que consideramos justas sus causas y muy bien argumentados sus motivos. Bastaba ver un debate televisivo para darnos cuenta de que estábamos ante la presencia de un movimiento estudiantil más maduro, reflexivo y propositivo que el que habíamos encontrando en las décadas anteriores.

La consecuencia inmediata de esas protestas estudiantiles las conoce la nación: por primera vez en la historia, se sentaron a dialogar y a resolver los problemas educativos el equipo del Ministerio de Educación (MEN), los profesores y los líderes de estudiantes. Al final, el gobierno cedió a las presiones y se comprometió a transferir 5,9 billones adicionales para la educación superior y la ciencia, algo que marcará un hito en la defensa de la educación oficial del país. Las próximas generaciones tendrán que agradecerles por su lucha.

Sin embargo, fueron diferentes las imágenes que nos mostraron los medios masivos de comunicación del paro nacional realizado el pasado 25 de abril. Allí vimos grupúsculos aislados de estudiantes lanzando piedras a un pequeño grupo de policías arrinconados en la Plaza de Bolívar y otros pintando las paredes y la puerta de la catedral. En total no eran más de 50 jóvenes, pero ellos sembraron el caos e impidieron que los oradores se expresaran ante unas 10.000 personas que se aglutinaban para protestar contra el Plan de Desarrollo.

Los encapuchados no representan a los estudiantes, ni defienden los intereses de las universidades públicas. Nunca han generado ningún impacto positivo para la educación; por el contrario, sus refriegas con la fuerza pública han conducido al cierre de las universidades oficiales, a la pérdida de servicios complementarios y a la detención de algunos de los estudiantes que observan un grotesco espectáculo en el que un pequeñísimo grupo de estudiantes lanza piedras y “papas bomba” a la fuerza pública, mientras que otros observan el enfrentamiento como si se tratara de un juego rutinario.

Un país que ha convivido con las masacres, las desapariciones y los desplazados, es probable que, por tradición, se haya acostumbrado a las pedreas en sus universidades oficiales. No obstante, no hay que olvidar que en ellas se tendrían que lanzar ideas, hipótesis, investigaciones y propuestas, ¡y no explosivos! Absolutamente todas tendrían que ser territorios de paz, de diálogo y de rechazo a la violencia, venga de donde venga. El pensamiento crítico y la formación de mejores ciudadanos, dos de las prioridades actuales de formación en las universidades, son la antítesis de las pedreas entre estudiantes y fuerza pública.

Lo que hay que entender es que los encapuchados tienen una agenda propia y que defienden intereses anarquistas. Su objetivo es generar caos, desorden y refriega con la fuerza pública y lo logran muy fácilmente al actuar de manera aislada y violenta. La pregunta es sencilla y directa: ¿A quién benefician con sus actos vandálicos los pequeños grupos de encapuchados que de tiempo atrás hemos visto en las universidades oficiales y que en esta ocasión hacían presencia en una marcha de docentes, estudiantes y trabajadores, que consideran que el Plan de Desarrollo trae muchos elementos excesivamente favorables al capital, pero muy perjudiciales para la pensión, los impuestos y el bienestar social de los trabajadores?

Y la respuesta, tan sencilla como directa: Las consecuencias de su vandalismo son contrarias a la causa que dicen proteger ya que, con sus actos, deslegitiman la protesta social y hacen que la población termine rechazando las marchas y las protestas, por el caos que generan.

En el caso del 25 de abril, a los pocos minutos de iniciada la pedrea, la marcha se había dispersado totalmente, no fue posible escuchar a los convocantes y en los medios de comunicación estaba totalmente anulado el motivo de la protesta. Sólo se hablaba de los encapuchados violentos que cometieron actos vandálicos en la Plaza de Bolívar. Al mismo tiempo, el presidente de FENALCO pedía exigir pólizas a los manifestantes, mientras muy pocas voces salían a defender la necesidad que existe en las democracias de recurrir a diversos mecanismos de protesta pacífica y masiva.

En múltiples ocasiones se han divulgado fotos y vídeos que permiten pensar que podría haber oscuros móviles de personas interesadas en deslegitimar la protesta apoyando actos vandálicos y de infiltrados interesados en generar anarquía y desorden en las marchas. Ojalá estas múltiples denuncias fueran investigadas por la Fiscalía.

Coloquialmente se afirma que “los extremos se tocan”. Este popular y sabio dicho explica por qué terminan actuando casi igual los grupos de extrema izquierda y extrema derecha. Los actos anárquicos de ambos terminan dándole la razón a quienes piden que se debilite la educación oficial y que los recursos sean transferidos al sector privado, bajo el supuesto de que allí se utilizarán mejor.

Necesitamos aislar, entre todos, a los violentos y fanáticos, y defender una protesta masiva, reflexiva y pacífica, como corresponde en las democracias.

La fuerza pública debería poder ingresar a los campos, siempre y cuando el Consejo Superior de las universidades así lo permita. De lo contrario, violaría la autonomía universitaria y podría escalar el conflicto, como lo ha reconocido el propio Consejo de Estado al condenar a la Policía al pago de gigantescas indemnizaciones después de que el ingreso intempestivo a las universidades oficiales ha conducido a asesinatos en el Alma Mater.

A pesar de ello, hay que invitar a los rectores a que utilicen este mecanismo cuando las circunstancias excepcionales lo ameriten. De lo contrario, los perjudicados son los hijos y las hijas de los sectores de menores ingresos que requieren de las universidades oficiales para continuar con sus estudios y aumentar, gracias a ello, sus posibilidades de movilidad en la sociedad.

Aun así, una solución más sencilla y directa es la instalación de cámaras en las afueras de los lugares en los que suelen presentarse los enfrentamientos con la fuerza pública. Con buenas y diversas cámaras, hoy es relativamente fácil identificar a los protagonistas de los enfrentamientos, así tapen sus caras con capuchas.

En conclusión, lo que tienen que entender los estudiantes es que quienes se encapuchan y lanzan piedras, contribuyen a la estigmatización y a la mala imagen de las universidades públicas. Con sus actos anarquistas, ellos terminan defendiendo a quienes quieren cerrarlas.

Es por lo tanto imprescindible que los promotores de las pedreas sean rechazados por los estudiantes y profesores. Para lograrlo, propongo debates y una votación general en todas las universidades oficiales sobre la vigencia y pertinencia de lanzar piedras a la fuerza pública en pleno siglo XXI, después de lo que hemos avanzado en la consolidación de la paz, luchando precisamente contra quienes han querido hacerla trizas.

Se trataría de analizar qué les han dejado a las universidades oficiales las pedreas que de manera recurrente se han sucedido en sus espacios aledaños. Hay que evaluar la experiencia y debatir su pertinencia. Al fin y al cabo, en los espacios universitarios se debería rechazar todo tipo de violencia en la sociedad, iniciando por la que se presenta en sus propios campus.

A la Fiscalía hay que exigirle investigación sobre la posible participación de personas infiltradas en los campos universitarios para deslegitimar a las protestas; a los rectores hay que pedirles que convoquen los Consejos Superiores en circunstancias excepcionales para autorizar el ingreso de la fuerza pública a las instalaciones; a la policía hay que convocarla a llenar de cámaras los espacios aledaños a las universidades.

A todos los docentes y estudiantes universitarios hay que invitarlos a rechazar la presencia de encapuchados en las marchas estudiantiles y de garantizar la protección de la fuerza pública en las movilizaciones. La paz la construiremos entre todos y las universidades tienen que ir en la punta para ejemplificar lo que significa para la vida, la democracia, la educación y el diálogo, la culminación exitosa del proceso de paz con la guerrilla más antigua del mundo.

Fuente del artículo: https://www.semana.com/educacion/articulo/a-quien-benefician-los-encapuchados-en-las-protestas/612666