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Por: Julio Rogero

En el sistema educativo, la inspección, con la disculpa de su función puramente “técnica”, juega un papel central de control al servicio de quien gobierna en cada momento.

¿Cuál debe ser la función supervisora en la sociedad y en las instituciones sociales, en general? En la actualidad no hay ningún debate y reflexión pública sobre el papel de las inspecciones, quizás necesarias en muchos ámbitos de la organización social. Pero es necesario hacerlo, puesto que, en muchos casos, estas supervisiones no sirven para un mejor funcionamiento de la sociedad, sino para mantenerla en una situación de injusticia permanente. Y parece que es en el sistema educativo donde esa realidad se muestra de forma más evidente, al menos para los que formamos parte de él.

En la perspectiva de la desescolarización de la escuela que planteé en un articulo anterior, me parece importante que nos detengamos en el papel que tiene el Servicio de Inspección Educativa. Entiendo el proceso desescolarizador como el cuestionamiento de todo lo que impide el aprendizaje en libertad que todo ser humano necesita para que se produzca su pleno desarrollo. Ya vimos que la actual escuela va, en buena medida, en la dirección contraria por ser excesivamente academicista, autoritaria, selectiva, segregadora, resultadista y falta de libertad para poder ser y aprender, en ocasiones convirtiéndose en un espacio cuasi carcelario por las condiciones en que se desarrolla y por tener que aceptar todo lo que se le impone por el poder económico, las administraciones y sus gestores políticos, la academia, los expertos… En esa cadena de imposiciones, la inspección, con la disculpa de su función puramente “técnica”, juega un papel central de control (¿de policía política?) al servicio de quien gobierna en cada momento.

Hoy nadie cuestiona la inspección educativa como institución de control dentro de la institución escolar. En el mejor de los casos, se cuestionan algunas de sus funciones o que solo haga algunas de las muchas funciones que se le asignan por la legislación actual. Sin embargo, la observación de su actuación nos lleva a constatar que nunca ha abandonado su carácter eminentemente burocrático y de control, aun cuando se pretendió que adquiriera una dimensión más pedagógica y un nuevo talante en alguna de las múltiples reformas educativas del pasado.

Cuando surge la cuestión sobre el papel de la inspección, lo que se percibe claramente es que manifiesta un alejamiento y, en muchos casos, un desconocimiento de la acción educativa y de sus protagonistas cada vez más clamoroso. La presencia de inspectores en la vida de las aulas para compartir problemas, orientar pedagógicamente es escasa y, cuando se da, se utiliza para controlar y sancionar a los supervisados. Eso conlleva una lejanía cada vez mayor de los retos que se plantean hoy a la profesión docente. No conoce ni comparte las incertidumbres, las dudas, las expectativas, ni las inquietudes cotidianas que vive el profesorado en los centros educativos. Su presencia se limita a que todo esté formalmente en orden, dentro del orden y de las órdenes: cada aula con su profesor y su alumnado, cada centro con su equipo directivo formalmente constituido y sus órganos unipersonales y colectivos bien designados y elegidos, que los múltiples documentos cumplan todos los requisitos, que no haya conflictos y, si los hay, los resuelva recatadamente el equipo directivo, que para eso está, y no le lleguen a la inspección y, mucho menos, más arriba.

Así, la función inspectora, con su presencia ausente, es sentida y vivida por el profesorado como la amenaza permanente ante la posible transgresión o incumplimiento de la ley. Esta amenaza forma parte del currículum oculto en el que se desenvuelve la acción docente. Así, las prácticas educativas en las escuelas no se desarrollan en un clima de libertad donde lo central sea la capacidad de innovar e investigar, la atención a la diversidad y el desarrollo de ciudadanos bien formados, críticos, autónomos, creativos, solidarios, participativos, etc., sino que lo central es el cumplimiento de los programas, la no alteración del orden programado, la falta de flexibilidad para organizar los espacios y los tiempos en función de las necesidades de los alumnos/as y de los procesos enseñanza-aprendizaje. Se cierne sobre los centros la amenaza por la posible transgresión de los límites de la censura interna que se ha ido asentando, con la colaboración inestimable de la inspección, como un muro que nos incapacita para saltarlo y hacer lo que sin duda se puede y debe hacer.i

Algunos consideramos que hoy la inspección cumple una función central muy bien utilizada por los gestores del sistema educativo. En la sociedad del miedo, este también se extiende en la institución escolar: miedo a ser sancionado por no cumplir las normas impuestas, miedo al fracaso, miedo al poder, miedo a no acabar el currículo oficial, miedo a no transmitir lo que ellos quieren, miedo a ser evaluado negativamente y miedo a no obedecer. La inspección es, así, uno de los instrumentos básicos utilizados por el poder para inocular un miedo paralizante, en muchos casos asimilado de forma inconsciente, que impide cualquier proceso de autonomía razonable del profesorado y de los centros educativos. Está profundamente interiorizado que también los equipos directivos de los centros, al ser designados por la administración educativa y sentirse parte de ella, la utilizan para presionar al profesorado para que cumpla al pie de la letra la legislación vigente y con toda la burocracia que el control de su tarea docente y su profesionalidad les impone la inspección.

¿Para qué sirve la inspección a la educación y sus procesos de desarrollo humano si ésta se dedica al control del profesorado para que cumpla fielmente los designios del poder?. Fundamentalmente, para que todo se ajuste a las mentiras del poder: las ratios están bien, la distribución de los apoyos es la justa, la inclusión educativa una realidad palpable, los centros educativos son los adecuados y están a punto al comienzo del curso, cuando se inician las clases cada curso todo está en perfecto estado, el currículo impuesto es el justo y necesario, el profesorado tiene autonomía suficiente para poder innovar y… ¿Quién supervisa al poder para que salga de sus mentiras y engaños a la población y a la comunidad educativa? ¿Quién ayuda a desvelar a la ciudadanía las trampas del poder con la educación? ¿Por qué secuestran los datos (respondiendo a órdenes superiores) de abandono, fracaso, repeticiones, escolarización, de distribución del presupuesto educativo?… Las preguntas se hacen interminables.

En una sociedad madura, que reconoce la necesidad de otra escuela que haga efectivo el derecho a la educación y sirva a los intereses de la infancia y a la formación de una ciudadanía crítica, activa, democrática, autoeducada y autoformada, no sería necesaria ningún control autoritario por parte de nadie, o al menos sería una supervisión radicalmente diferente a la actual. Lo fundamental es la potenciación de la responsabilidad compartida entre todos para hacer una sociedad y una escuela cada vez más autoorga nizadas, no basada en la competitividad, sino en compartir, en la relación fraterna, el apoyo y el cuidado mutuo. Para construir la escuela desescolarizada que queremos, la inspección, al menos como está configurada hoy en la práctica, es un obstáculo insalvable. Es la propia comunidad educativa, desde su autonomía, su capacidad de toma de decisiones pedagógicas, su autoorganización y su autoevaluación compartidas, la que ha de dar cuenta pública de su quehacer educativo, devolviendo a la sociedad el control de lo que esta le da.

Por eso no necesitamos ningún “cuerpo” de burócratas como el de la inspección, interesado sobre todo en la defensa de sus intereses corporativos, generalmente insensibles a las necesidades de la infancia y a las barbaridades que el sistema educativo actual hace con ellos. No cuestionan la ley que hacen cumplir, por muy injusta que sea. Son cómplices de la búsqueda de la eficacia de la competitividad, la insolidaridad, el clasismo, el rendimiento utilitarista y demás valores del capitalismo neoliberal. Son fieles servidores de ese poder alienante y esclavizador que se impone en la escuela a gran parte de las personas de la comunidad educativa en una sociedad considerada libre y democrática… Evidentemente, hay maravillosas excepciones que intentan honestamente servir y ayudar a que el sistema educativo camine en una dirección emancipadora, a pesar de las ingentes dificultades con que se encuentran. Pero son tan pocos y tan silenciados que no son siquiera la referencia necesaria para otra posible forma de supervisión educativa.

Pienso que habría que reconvertir la actual inspección para que, permaneciendo en las aulas como docentes, sirvan de apoyo en esta tarea de construcción de otra escuela y educación emancipadora. Velaría por hacer efectivo el derecho a la educación, denunciaría las injusticias escolares y el posible abandono o descuido de la educación pública por los poderes y gestores públicos, promovería la inclusión y denunciaría la segregación, compartiría miradas y sensibilidades con el profesorado y las familias, etc. Serían personas formadas para cooperar en que esa escuela responda a una educación libre de imposiciones y a su construcción como una comunidad de cuidado mutuo, de convivencia positiva, de vida compartida y de estímulo constante a la propensión de la infancia por aprender siempre.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/09/18/inspeccion-educativa-para-que/