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Por Darío Balvidares 12/09/18

La simbología de la elección del título de este artículo se relaciona estrechamente con el vínculo que establece el gobierno de la Argentina con la educación.

Desde el principio de su gestión, tanto los funcionarios electos (presidente, gobernadores de la alianza Cambiemos), como los no electos (ministros de educación y de seguridad, entre otros), han establecido como norma, la confrontación con todos los sectores del trabajo que no se rindió a sus políticas destructoras; y esencialmente contra la comunidad educativa. Contra los sindicatos docentes, “conspiración kirchenero-trotskysta”, dijo el ministro de educación de la nación, el abogado y magister en educación en la elitista Universidad de San Andrés, Alejandro Finocchiaro; el menosprecio de los estudiantes, “que caen en la escuela pública”, sentenció el presidente, Mauricio Macri, ingeniero civil, egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la afirmación de clase, “… los pobres no llegan a la universidad…” de la gobernadora, con estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores, también en la UCA.

Tampoco podemos olvidar el pensamiento del actual senador y exministro de educación, el licenciado en sistemas, Esteban Bullrich, egresado de la universidad CAECE con un máster en la universidad Kellogg de los Estados Unidos. Una de sus frases había sido que “la escuela era una máquina de hacer chorizos”, claro que después habló del compromiso de la “gallina” y el “cerdo”, en una apreciación surrealista sobre el “compromiso del cerdo” (porque, por supuesto, el cerdo debe morir para hacer chorizos); pero lo importante es ver cómo se desarrolla esa lógica mecanicista de fábrica o máquina en términos siempre peyorativos en la comparación con la escuela pública.

Otra de las intervenciones, tiene que ver con una entrevista realizada por la agencia Télam, al entonces ministro Bullrich, en la que pidió que la escuela no expulse a los jóvenes para que no se transformen en delincuentes y terminó diciendo: “No se va a cambiar con planes sociales: a ese pibe le podes dar un plan social, pero esa plata la va a usar para comprar balas”. Así como sus afirmaciones sobre la “incertidumbre como valor”, es decir que la incertidumbre, debe ser uno de los valores que enseñe la escuela para “crear” determinado tipo de ciudadano.

Por otra parte (o por la misma), la ministra de seguridad, licenciada en humanidades y ciencias sociales con orientación en comunicación en la universidad de Palermo, Patricia Bullrich, tenía afirmaciones como esta: “… (la) policía de la Ciudad estaba parada y los docentes les pegaban patadas…”, en ocasión del armado de la carpa docente en abril de 2017 y “La carpa docente fue una excusa para otro día más de paro”, de esa manera justificó la represión.

Digresión: ¿Qué tipo de humanidades y ciencias sociales se estudiarán en la universidad de Palermo? Fin de la Digresión.

No necesitamos mucho más material que este que circuló por los medios y por las redes sociales para entender cuál es el pensamiento de los principales funcionarios sobre lo que hace a la educación, es más que obvio que la educación debe ser privatizada en el imaginario gubernamental, pero no en el sentido tradicional, sino en el sentido que la reforma propone históricamente. Y de la que los funcionarios argentinos son fieles discípulos porque además hacen sus propios negocios parasitarios con el sistema educativo. Formar Foundation (buscar en Open Corporates – Panamá Papers), presidente, Esteban Bullrich y su socio es el actual ministro de educación de la provincia de Buenos Aires y ex director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), el economista, recibido en la Universidad de San Andrés, Gabriel Sánchez Zinny, también extitular de Kuepa (una empresa que presta servicios educativos como plataformas digitales), entre otras.

Veamos, en los ’90 el crecimiento de la escuela y universidad privada ha sido exponencial, ese es el proceso de endoprivatización, es decir, al interior del sistema. Tiempo después las ONG y fundaciones corporativas comienzan a tener mayor injerencia en el desarrollo de las políticas reformistas, estrategia formulada por las “recomendaciones” de los organismos internacionales desde donde se incentiva y alienta el fin del régimen docente como régimen especial regulado por los estatutos, la aparición de las pruebas internacionales, las consultoras prestadoras de servicios educativos; comienza el proceso de exoprivatización.

Para ese trabajo, los funcionarios de turno deben elaborar el discurso sobre la “crisis” educativa, que esencialmente se produce en la educación pública (ya hemos visto cuales son las apreciaciones de nuestros políticos, incluido el presidente).

Ese discurso de descalificación permanente y de puesta en crisis no es novedad, es el mismo que se usó en los ’90 para lograr el negocio de las privatizaciones de los servicios y activos públicos.

Si hacemos memoria, cosa que ya es un esfuerzo para los reformadores, recordaremos que la escuela entra en “crisis” en el preciso momento en que se declara la reforma educativa a nivel mundial con el eslogan de “Educación para Todos”. Es decir que cuando se hace público el gran negocio corporativo mundial con la educación, cuando la educación se transforma en un producto de mercado, es cuando se declara la “crisis educativa” con toda su parafernalia de los docentes “mal preparados”, los saberes ya no forman parte de la educación del siglo XXI y se reemplazan por las llamadas “competencias”, los estatutos docentes son “obsoletos”. En síntesis, se declara la obsolescencia educativa. Debilitar el sistema de educación pública es la estrategia rectora de la desposesión educativa, de la desposesión del conocimiento.

Desfinanciar la educación, una de las competencias del Estado del siglo XXI

Haber decidido hacer desaparecer las paritarias nacionales, rebajar, paulatinamente, el fondo compensador para las provincias e ir desligándose del Fondo de Incentivo Docente es una política de Estado, que por supuesto figura en el llamado Plan Maestro, que todavía no fue debatido en el parlamento, por lo tanto no es ley. Sin embargo el estado avanza con resoluciones y decisiones administrativas sobre estos temas, hasta deshacerse por completo de estas obligaciones.

Financiar a las fuerzas represoras, otra de las competencias del Estado del siglo XXI, pero con dineros de la educación.

Hablando de decisiones administrativas, esta es una de ellas: “Que se amplían los créditos vigentes de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD (…) Que el incremento citado en el considerando precedente se financia con la reducción de los presupuestos del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA y la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL”.

Más adelante, la publicación también realiza el ajuste siguiente: “Que es necesario ajustar el presupuesto vigente del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), para atender el gasto de los estipendios de los becarios de investigación y los acuerdos paritarios aprobados en el presente ejercicio.

Que el incremento mencionado en el considerando anterior se financia con una reducción de los créditos del presupuesto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA y de la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE).

Que asimismo se incrementan los créditos y recursos con financiamiento externo de la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), para otorgar anticipos financieros a la Empresa INVAP S.E.

Que en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA se propone compensar créditos dentro de la jurisdicción a fin de incorporar aportes provenientes de la Donación de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)”¹.

Una de las mejores “habilidades” que presenta el estado del siglo XXI es la de ajustar. Pero, transferir dineros del ministerio de educación, la secretaría de niñez y adolescencia y salud, al ministerio de seguridad, cuando se le niegan los aumentos a los docentes para salir de salarios de pobreza, producto de las políticas económicas que llevaron la inflación de este año a más del 40%, es cínico. Seguramente, el perfil del estado del siglo XXI.

El desplazamiento presupuestario no deja sin ajustar la investigación científica y recurre al financiamiento externo; más créditos y, sobre todo, destaca en la publicación, “compensar” con donaciones de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la moderna “Oficina de Indias”, que desde los ’90 promueve la figura del docente como “facilitador”.

Los sesgos neocoloniales son el perfil del estado del siglo XXI, que con sus políticas amplía la cantidad de pobres, de desempleados privados y por mano propia.

El estado “tercerizado”, en manos de los ceos y multimillonarios, ha deslegitimado los derechos, se han apropiado de lo público antes, por la corrupción burocrática de todos los gobiernos burgueses y ahora porque son el gobierno “Forbes”².

Lo público, para los forbes-boys y sus lacayos, no es más que el coto de caza que les otorga más poder económico con sus acciones de apropiación. Los forbes-boys son insaciables, necesitan el control de todo para apoderarse de todo y apoderarse de los sistemas educativos es una estrategia más para poner al resto de la humanidad a su servicio.

La lógica que los anima es la que se mueve en la dialéctica de la apropiación/desposesión y para que esa lógica funcione deben aceitar el dispositivo represivo y deslegitimar el conocimiento. Desfinanciar la educación para financiar la (in)seguridad es como pretender saber algo de la escuela de la ignorancia que están reproduciendo y la prueba es, justamente, que “cuando se lee poco, se dispara mucho”.