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Reflexiones sobre la educación

Por: Antonio Pedro Marquina

La vida del hombre sobre la tierra tiene carácter de “misión”. En esta tarea que va a ocupar la vida entera, lo natural, es aspirar a ser útil a la sociedad.

A la hora de realizarse, el hombre elige: o vida civil, o religiosa.

La vida civil, lleva por su propia naturaleza a la familia, ámbito educador por excelencia, además de, escuela de abnegación, de entrega y de madurez, donde cada miembro tiene su papel, activo y pasivo. Merece la pena recordar aquí que la familia, como primera célula de la sociedad, necesita de un clima de libertad. Sin libertad, no se podría hablar de educación, sino de manipulación de las conciencias.

En el reino animal, vemos que por “ley natural” toda cría depende de sus padres hasta que pueda valerse por sí misma. En este sentido su dependencia es total, y los padres “insustituibles”. Basta recordar esos Grandes Documentales, donde se nos muestra machaconamente una y otra vez, cómo, macho y hembra tras su parada nupcial, se reparten responsabilidades, se desvelan por sus hijos y arriesgan sus vidas en su defensa. Los alimentan y los adiestran con vistas a una vida futura, independiente y libre.

Para que esas crías sean independientes y libres, precisan un adiestramiento, una educación previa, en un clima de libertad. Intervenir de una u otra forma para mejorar, lo que es natural en la especie animal, sustituyendo a los padres, seria a todas luces, un desatino.

En la especie humana, igual. Los Padres son los que tienen el derecho y el deber de defender el equilibrio físico y psicológico de sus hijos, las criaturas más desvalidas de la especie animal y que por más tiempo necesitan de sus padres. De ahí nace la necesidad de una estabilidad en la unión de los padres. El Matrimonio, es algo más que el deseo de la pareja de vivir juntos, porque, tiene por fin la procreación de los hijos y la obligación de educarlos convenientemente, y porque crea algo nuevo: “la familia”. De la misión trascendente de los hijos, nace la indisolubilidad de esa unión. El matrimonio no es, un mero contrato que pueda romperse sin responsabilidad, y sin perjuicio de terceros.

LOS PADRES, ¿tienen derecho a la educación de sus hijos? ¡Por supuesto que sí! ¿Por qué? Porque el hombre tiende a dejar una imagen suya en sus hijos; porque en las relaciones paterno-filiales está presente una fuerza imprescindible en educación, que es la fuerza del “amor”; porque la autoridad, necesaria para la educación, tiene en los padres su fundamento natural, y porque el niño, se siente bien en el seno de la familia, que es fuente de amor y por tanto, de seguridad y estabilidad.

EL ESTADO, ¿tiene derechos en materia de educación? ¡Sí! Tiene el derecho y el deber de garantizar escuelas, en número y calidad para asegurar un óptimo nivel educativo y cultural. Pero no, para imponer formas educativas contrarias a la libertad de los padres. Son los ciudadanos los que construyen el Estado, por lo que no está el Estado para dominarlos. Sino para representarlos. Del Estado no somos ni hijos, ni súbditos.

LA IGLESIA, ¿tiene algo que ver en la educación? Tiene el derecho y el deber de llamar la atención, cuando haya algo que ponga en peligro la salvación de las almas.

Desde la antigüedad, el dominio de los pueblos ha sido por la fuerza bruta, y el terror. En estos tiempos modernos se emplean medios más sofisticados: el engaño; el uso de las leyes para fines partidarios, por el uso arbitrario de medios de difusión; subvenciones, que hacen a las gentes dependientes; manipulación de mentes infantiles, desde la escuela; etc. Defenderse de estas tramas organizadas no es fácil, hace falta valor y sobre todo confiar en la fuerza de la verdad.

La educación, por tanto, debe ser integral, completa, (también en materia moral y religiosa), con pleno derecho a la libertad personal y con sentido de justicia social.

Decía Sócrates: “El conocimiento es la Virtud. Solo si se sabe, se puede divisar el Bien”

La civilización actual, tal vez más que nunca, está gravemente amenazada de dirigismo y politización, sobre todo, en materia cultural y educativa. Los gobiernos, deberían evitar la utilización de la escuela “pública” como monopolio estatal, porque priva de libertad y es contrario a los derechos naturales de los padres; al progreso; a la divulgación de la cultura; a la convivencia pacífica; y al pluralismo social.

Tomado de: http://www.diariovoces.com.pe/62123/reflexiones-educacion»

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Privatización de la educación universitaria y desestabilización: Proyecto de larga duración

Por: Ramón Cesar Gonzalez Ortiz

La colocación de barricadas en uno de los accesos a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como diferentes quemas y destrozos reportados el jueves 25 de febrero de 2016. En respuesta a la detención de Jorge Emilio Yorch Esquivel Muñoz. Mismo que fue señalado por las autoridades como vendedor de drogas afuera del auditorio Justo Sierra, actividad que supuestamente encubría mediante la venta de tacos1.

Debe correlacionarse con otros conflictos suscitados anteriormente en el Auditorio Justo Sierra, conocido como Che Guevara. Debido a que dicho auditorio ha estado bajo control de diferentes grupos desde 1999-2000, después del asalto policíaco-militar llevado a cabo por la hoy extinta Policía Federal Preventiva (PFP), el 6 de febrero de 2000 y que posibilito la culminación la huelga estudiantil en la UNAM, mediante la represión estudiantil.

En vista de que, conforme han salido los integrantes del Consejo General de Huelga de la UNAM, diferentes colectivos han mantenido el control del Auditorio Che Guevara, como la Coordinación de Colectivos Auditorio Che Guevara, y el grupo Okupache u Okupas. Siendo uno de los episodios más recientes que tuvo hechos de violencia, previo a las barricadas y las quemas reportadas por la detención del Yorch, el suscitado el día 3 de marzo de 2014 —en aquel entonces el rector de la UNAM era José Narro—. Aquel día un grupo de personas con el rostro cubierto trató de expulsar a otro colectivo para tomar el control del Auditorio Che Guevara. Las personas en el interior acusaron que los habían golpeado con toletes, además de atacarlos con pistolas eléctricas y pistolas de diávolos2.

Asimismo, en noviembre de 2014 se dio otro hecho violento en Ciudad Universitaria. Un oficial secretario del Ministerio Público, un elemento de la Policía de Investigación y dos peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acudieron para hacer una diligencia, ante la supuesta denuncia del robo de un teléfono celular a una estudiante. Y cuando cumplían con tal diligencia, unas 20 personas, según la PGJDF, los agredió y en el altercado un elemento de la Procuraduría detonó su arma de fuego, por lo que resultó lesionado un estudiante en la pierna.

“El elemento de la Policía de Investigación dijo haber realizado disparos al aire para evitar el ataque, resultando lesionada en el muslo izquierdo, una persona de sexo masculino que se encontraba en el sitio”, indicó la Procuraduría. Mientras que, según la UNAM, “el grupo que se encontraba en el auditorio Justo Sierra persiguió al funcionario (que disparó) y algunos de sus integrantes lo lesionaron”. Tras esos hechos, personas con el rostro cubierto prendieron fuego a un vehículo de la PGJDF, y lanzaron objetos a elementos de la policía capitalina.

Hechos que guardan una estrecha relación con la detención del Yorch, durante la cual según indico la Procuraduría General de la República (PGR), que al momento de ésta realizada sobre Avenida Universidad, le encontraron 50 envoltorios de cocaína en piedra, 26 pastillas psicotrópicas “Ribotril”, y una bolsa con 300 gramos de marihuana. En tanto que la UNAM indicó que Esquivel Muñoz El Yorch,es una persona ajena a la universidad, y que los disturbios tras su detención fueron obra de “provocadores”, que se refugian en el auditorio Che Guevara.

A este respecto, catedráticos como Alberto Paredes de la Facultad de Filosofía y Letras, han venido promoviendo la expulsión de estos grupos al indicar que ningún grupo de profesores, estudiantes, o exestudiantes tiene el derecho de administrar por su propia cuenta el auditorio. Y que el hecho de no recuperarlo ha significado sensibilidad política excesiva para no provocar problemas con esos grupos que se han apropiado de ese auditorio, según indico el profesor. Añadiendo que muchos profesores e investigadores de la UNAM esperan que el nuevo rector, Enrique Graue, tome medidas legales y recupere el Che Guevara3.

Y acordes con la postura de Alberto Paredes, otros señalamientos han abundado aun más al contexto de una situación “caótica”, indicando mediante un comunicado en mayo de 2015 que, dentro de la UNAM, otra preocupación constante en cuanto a la seguridad de la máxima casa de estudios, ha sido el consumo, venta y distribución de drogas en las instalaciones universitarias. Y en 2014, se indico que se detectaron a 46 personas vinculadas con esas actividades.

Conforme a lo cual proceso reporto el año pasado que, desde mediados de 2014, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se convirtió en el principal punto de venta de drogas en el sur de la Ciudad de México, según denunciaron alumnos y profesores de la institución. Además indico que, el fenómeno, “alarmante de por sí”, ha estado acompañado de una ola de asaltos, robos y acoso sexual. De forma tal que, estudiantes y trabajadores de esa facultad contaron a Proceso lo ocurrido y “clamaron” por su ayuda4.

Finalmente, viene a coadyuvar para la generación de un clima de psicosis general dentro de la UNAM, el asesinado del jefe de servicios de la facultad de Química, José Jaime Barrera Moreno, dentro de las instalaciones de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, el pasado 28 de junio. Atribuyéndose tal hechos el grupo autodenominado Individualistas tendiendo a lo salvaje (ITS)5. En una carta abierta difundida en su portal con fecha 29 de junio. Dicha agrupación además indicó que todavía piensan ir más lejos, anticipando que habrá más crímenes y que a sus víctimas les arrancarán el cuero cabelludo.

Internacionalización del capital, nueva división del trabajo social y la reforma educativa

Todos los eventos que hemos destaco dentro de la UNAM, deben ser analizados dentro del marco general en que se esta moviendo el país, desde los sexenios panistas a la fecha. Puesto que tienen de fondo el hecho de que en México durante las tres ultimas décadas, se encuentra enquistado un modelo económico que solo funciona para una minoría, mediante la creación y mantenimiento de beneficios políticos y económicos, que han posibilitado que la riqueza de cuatro multimillonarios en nuestro país aumente de un equivalente al 2 por ciento del PIB en 2002, a 9 por ciento en 2014.

Debido a que parte de la fortuna de estos cuatro sujetos se deriva de sectores que han sido privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público. Mediante un sistema regido por el amiguismo, que los privilegia y los protege, de cual son ejemplo Germán Larrea y Alberto Bailleros, dueños de empresas mineras6, entre otros tantos.

En el mismo tenor, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó créditos fiscales por más de medio millón de pesos por impuestos no pagados a Ridman y Gregorio Idele Fridman, a los que se les perdonaron 479 mil 580 pesos, así como a Martha María Gutiérrez Cantú, la que debía 22 mil 690 pesos en impuestos. Personajes que se encontraban en la lista de mexicanos con inversiones en el extranjero y se acogieron al programa de repatriación de capitales, supuestamente vigente hasta el primero de junio pasado7.

De suerte tal que, como indicó Adolfo Gilly, la Constitución promulgada en Querétaro en 1917 ha sido desmantelada por el Congreso de la Unión. Y pese a que el país cuenta con muchas leyes, hoy México es un país sin ley. Sumido en múltiples violencias, ha desprotegido tanto a los trabajadores urbanos y rurales como a sus grandes riquezas naturales frente al poder de las finanzas, nacionales e internacionales que actúan fuera de toda ley que no sea la propia8.

Todo lo cual es concerniente al modelo de acumulación capitalista de tipo neoliberal que el Estado mexicano ha adoptado desde 1980. Mismo que ha trasladando funciones que antaño realizaba el Estado surgido de la revolución mexicana, como servicios de distinto tipo proporcionados hacia toda la población, mediante instituciones públicas, empresas estatales y paraestatales, rematados a una fracción de la burguesía mexicana y del gran capital trasnacional.

Y todo lo cual es resultado a su vez de la internacionalización del capital, manifiesto a partir de los años 50 en el hecho de que el parque industrial existente en regiones de América Latina, fue ampliado y desdoblado hacia nuevas ramas productivas (la automotriz, por ejemplo). Fenómeno que obedeció a una doble determinación: primero al hecho de que, la velocidad de la innovación tecnológica en los centros volvía rápidamente obsoletos equipos que no se encontraban todavía amortizados, por lo que resultaba atractiva su transferencia hacia los países dependientes, donde podían seguir siendo utilizados. Y en segundo lugar, la protección tarifaria o la imposición de las cuotas de importación que se habían mantenido en los países dependientes, (que unido a las facilidades creadas por dichos Estados para atraer al capital extranjero, como la construcción de infraestructura, cesión de terrenos, exención de impuestos, etc.) le ofrecieron a las empresas extranjeras mercados cautivos9.

Pero esto ocasiono dos problemas, en primer lugar la brusca introducción de innovaciones tecnológicas en los parques industriales, caracterizados por un parco desarrollo técnico, condujo a una gran heterogenidad tecnológica, especialmente en los sectores a los que se dirigió la inversión extranjera: bienes de consumo suntuario (artículos de lujo) y bienes de capital10.

Y en segundo lugar, las innovaciones tecnológicas fueron las causantes de que una vez trascurrido el plazo de maduración de las inversiones, éstas encontraran dificultades para poder reinvertir sus ganancias en el mercado nacional, debido a la saturación relativa del mismo, por lo que se propuso exportarlas a las matrices, lo que ocasiono nuevas presiones sobre las divisas11 disponibles, lo cual ocasiono la caída de la tasa de crecimiento en la región. Y esto llevo a su vez a promover la restricción de la repatriación de beneficios y posteriormente restricciones sobre la exportación de manufacturas. Hechos que en su conjunto derivaron hacia el surgimiento de organismos de integración regional, que en ese momento fueron la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Pacto Andino y el Mercado Común Centro Americano12.

De manera que, la economía Latinoamericana desequilibrada por la preponderancia de la industria de bienes suntuarios, que se reflejo en 2014 a partir de la venta de automóviles, relojes, vinos, champaña, ropa de diseñador, entre otros artículos de lujo. Registraron un aumento de 5.2% en comparación con unos 13 mil 300 millones de dólares que se gastaron en 2013. Y tal situación ha apuntado a que el mercado suntuario creciera un 15 %13.

Y que ha tenido como consecuencia la restricción de los mercados nacionales, debido principalmente a la superexplotación del trabajo, manifiesta en la creciente concentración del ingreso. A este respecto la firma Wealth Insight, ha indicado que México es el segundo país en Latinoamérica con más millonarios en México, después de Brasil. De manera que el grupo de multimillonarios en México representa el 0.14% de la población mexicana, lo cual asciende a poco más de 119 millones de habitantes, en un abierto contraste con los 50 millones de pobres que hay en el país14.

Todo esto ha venido coadyuvando como un sólido cimiento para que estemos en la actual crisis. Debido a que estos hechos no han sido privativos de América Latina, sino que se ha dado una intensificación de la competencia internacional, desde la segunda mitad de los años sesenta, lo que acentuó el proteccionismo en los Estados Unidos y Europa, máxime cuando despunta Japón en aquella época y hoy China y Rusia, por citar dos países.

Y dentro de tal escenario, el capitalismo ha recurrido a las “crisis periódicas” para generar cambios en la economía. De manera que en cualquiera de sus manifestaciones, dichas catástrofes han derivado en la centralización de los medios de trabajo, lo que ha eliminado en consecuencia a los menos eficientes. Reduciendo la fuerza de trabajo mediante la destrucción o expulsión de las actividades productivas, a la vez que se promueve el empleo más intensivo y/o extensivo de la fracción de trabajadores que permanecen activos15.

Resultando así que, las distintas crisis que hemos venido asistiendo han dado lugar a una centralización salvaje, mediante la que se han formado una masa de recursos necesarios para la promoción del desarrollo de nuevas tecnologías, posibilitando mejorar las condiciones de competitividad. De manera que el retorno de las inversiones productivas hacia los países imperialistas, en el último tercio de los 70 favoreció una formidable revolución tecnológica, especialmente en áreas como la microelectrónica e informática, telecomunicaciones, biotecnología y nuevo materiales, así como en la producción de energía y la industria aeroespacial. Más aun, todos estos eventos propiciaron cambios sustanciales en los niveles de empleo y remuneración, así como en los modos de organización, gestión del capital y de la fuerza de trabajo.

La nueva división del trabajo hace necesario modificar la educación en el tercer Mundo

A partir de tales condiciones, el crecimiento económico dejo de corresponderse con la ampliación del empleo. Manifiesto en el hecho de que, tras ostentar de manera estable tasas de desempleo equivalentes a 4% de la fuerza de trabajo hasta 1973, el desempleo se elevo rápidamente en los 24 países más industrializados, alcanzando su punto máximo en 1983 con un 8%, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Afectando a 31 millones de personas, no obstante se logra superar un poco la recesión gestada a principios de esa década, llegando la tasa de desempleo a un 6% en 1990, pero después de entonces la línea ascendente en la tasa de desempleo ha continuado. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), El dato final del desempleo para 2015 se calculo en 197,1 millones de personas y para 2016 está previsto que aumente de alrededor de 2,3 millones para situarse en 199,4 millones. Siendo probable que otros 1,1 millones de desempleados se agreguen a la cifra en 2017, según el informe de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2016 (WESO, en inglés)16.

Pero para imponer tal patrón de “desarrollo económico”, que combina crecimiento y desempleo, le ha sido necesario al sistema capitalista, romper con la resistencia del movimiento obrero. Ante lo cual se gestaron memorables batallas libradas a finales de los años 70 y principios de los 80, siendo una de las más duras la que llevo a cabo Margaret Thatcher contra los mineros ingleses, al principio de su gobierno. Y se repiten estos enfrentamientos en Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia principalmente.

Luchas que en conjunto con el aumento del desempleo lograron debilitar a los sindicatos, observándose en el hecho de que entre 1970 y 1990 el índice de sindicalización de la masa laboral se redujo de 23 a un 17% en los Estados Unidos, de 42 a 40% en Gran Bretaña, de 22 a 10% en Francia y de un 37 a un 28% en Japón17.

Golpes contra la clase trabajadora que le permitieron a las empresas poder recurrir en gran escala a la terciarización de su personal, lo cual ha implicado el despido de trabajadores y su posterior recontratación, a través de pequeñas empresas prestadoras de servicios, eximiendo a las grandes empresas del gasto con prestaciones sociales. Así como les permitió adoptar medidas enmarcadas en la llamada flexibilización, procedimiento que ha obligado a los obreros a aceptar modificaciones en los contratos de trabajo, que le afectan desde el mismo puesto de trabajo, hasta el salario y la jornada laboral, en su duración e intensidad.

Y finalmente, pero de gran relevancia para comprender en su totalidad el actual proceso privatización de la educación universitaria, hacia abajo. Es el hecho de que los golpes asestados contra la clase obrera, acentuaron la diferenciación existente en los mercados de mano de obra, interponiendo una distancia creciente entre el trabajador y el proceso material de producción, lo que ha contribuido a aumentar la jerarquización existente entre los trabajadores, de acuerdo al grado de calificación, tanto desde el punto de vista del empleo como de la remuneración18.

Hechos que en primera instancia son atribuibles en buena medida al cambio tecnológico mismo, puesto que éste llevo a que incidiera el conocimiento de manera cada vez más importante en los procesos de producción. De forma que el conocimiento permitió a su vez que se abriera un amplio campo para el desplazamiento de la producción manufacturera a los países del Tercer Mundo. Y que ha sido una de las causas determinantes para la reducción de la oferta de trabajo en los Estados Unidos. Debido a que las fábricas modernas y el “estado del arte” de la maquinaria, han podido ser instaladas en casi todas partes del mundo. Resultando en que los productores rutinarios [directamente ligados a la producción] de los Estados Unidos, entraran en competencia directa con millones de productores rutinarios de otras naciones. Hecho que además afectará no sólo a los obreros, sino a los técnicos de nivel medio y alto (léase Instituto Politécnico Nacional).

Estos eventos llevaron a que los Estados Unidos dedicaran sus esfuerzos hacia la educación, desde el nivel prescolar hasta el nivel superior a fin de compensar la reducción de la oferta interna de empleo mediante la transformación en gran escala de personal existente, en cuadros altamente calificados. De suerte que los productores rutinarios en los Estados Unidos se convirtieron en cuadros altamente calificados y permitieron que sus viejos empleos se transfirieran hacia los países dependientes19.

Así, los países del Tercer mundo como México hemos sido colocados frente a una nueva división del trabajo, que ha venido operando a nivel de la fuerza de trabajo misma y no como anteriormente ocurría, a través de la posición ocupada en el mercado mundial por la economía nacional en donde el trabajador se desempeña. Dando paso así a una participación del trabajador en un verdadero ejército industrial internacionalizado, en proceso de constitución durante los 70’, hoy explícito en la lucha magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Toda vez que la competencia obrera se encuentra en función del grado de educación, cultura y calificación productiva de cada uno de los trabajadores. Y a los únicos que se les pretende brindar una educación de calidad en nuestros países, para que puedan competir en el mercado mundial laboral, es a los hijos de las oligarquías nacionales, la burguesía monopólica, que están en contubernio empresarial con algunas fracciones que conforman el gobierno y la partidocracia.

Mientras que por otro parte la educación para la clase trabajadora pretende ser eliminada como un principio constitucional, y convertir a la educación en una mercancía solo asequible a las fracciones pudientes ya indicadas. Y a los profesores que trabajen en dicho esquema de escuelas privadas (ya imperante, pero no en masa como se pretende al desmantelar a la CNTE) sean debidamente superexplotados.

Situación que ha profundizado constantemente la dependencia de zonas como África y América Latina, debido a que los países imperialistas, desde antes de la nueva división del trabajo mantenían una inmensa superioridad en materia de investigación y desarrollo, lo cual les permitió innovaciones técnicas, configurándose así un verdadero monopolio tecnológico. Monopolio que sumado a la capacidad de inversión de los países imperialistas, les ha posibilitado ejercer el control sobre la transferencia de actividades industriales a los países más atrasados. De tal forma le han sido transferidas hacia países como México industrias menos intensivas en “conocimiento” e imposibilitándoles el surgimiento de economías nacionalmente integradas, al dispersar entre diferentes naciones las etapas de la producción de mercancías20.

Ocasionado que desde hace años, los altos salarios se encuentren en los países imperialistas, donde se han dando los mayores avances en la informática, la biotecnología, la tecnología espacial, las nuevas tecnologías y los nuevos materiales. Debido a que en los centros de investigación y las universidades de élite del Primer Mundo se han desarrollado las tecnologías del futuro y se han monopolizado mediante el derecho de patentes y licencias. Configurándose así cada vez más una brecha abismal desde el punto de vista de ciencia y tecnología, así como en lo referente al aspecto económico y de calidad de vida.

Por ejemplo, tan sólo en 1900, había 3,600 científicos e ingenieros por cada millón de personas en los países del Primer Mundo, mientras que en los países del Tercer Mundo se contaban apenas con 200 por millón. Mientras que Japón y Estados Unidos dedicaban en esos años el 3.1 y el 2.8 por ciento de su PIB a la investigación y el desarrollo, el promedio latinoamericano era tan sólo del 0.5 por ciento. Empeorando tan panorámica el hecho de que se ha dado una cooptación sistemática de los mejores pensadores del Tercer Mundo mediante la “fuga de cerebros” (Brain Drain), motivadas en gran parte por las mejores oportunidades de ingreso y oportunidades de trabajo21.

De suerte que la transnacionalización capitalista ha impactado, como ya destacamos, en la misma fuerza de trabajo, al transferir desniveles crecientes en materia de saber y capacitación técnica. Contexto en el cual se entiende la exigencia hoy en día de la “reforma educativa”. Que mantiene cuatro intenciones de fondo, expoliar a la clase trabajadora de parte de su raquítico salario, mediante la solvencia de su educación, quitarle al Estado gastos “superfluos” en materia de educación, “flexibilizar” a la fuerza de trabajo educativa para que se incorpore a la educación privada que se pretende sea brindada por escuelas patito como Grupo Azteca, y que se mantenga la división del trabajo que actualmente opera al nivel de la fuerza de trabajo misma.

Intentando mantener en los países imperialistas los cuadros de trabajadores más calificados y en nuestros países los menos calificados, razones por las cuales, razones por las cuales se hacen “innecesarias” universidades públicas de calidad y el Instituto Politécnico Nacional. No obstante, tal proyecto de educación de élite, también ha predominado en los mismos países imperialistas, mediante lo cual se ha dejado fuera a grandes grupos de trabajadores.

La guerra contra las drogas y los narco-paramilitares, traje hecho a la medida del neoliberalismo

En este contexto, la UNAM como organismo viviente en el cuerpo de la nación e institución heredera, depositaria y creadora de un patrimonio de conocimiento encarnado en mujeres y hombres de la vida real. Tejido cultural que viene desde su múltiple herencia histórica y cubre desde la educación infantil hasta la investigación de frontera. Éste patrimonio inmaterial desde hace años también se encuentra bajo ataque22.

Sin escapar de hechos como el perpetrado hace más de un año en Ayotzinapa, donde fuerzas uniformadas del Estado desaparecieron a 43 estudiantes normalistas, futuros educadores. Dentro de una reformulación dictatorial que durante el largo y trágico siglo XX vivo nuestro continente y que a la par de la supresión de libertades, derechos y garantías, se dio un asalto o un intento para controlar la universidad desde el poder, ejemplos de lo cual son: Brasil, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, etc.

De forma que hoy en México hemos estado presenciando irrupciones brutales del poder para someter tanto a maestros como a estudiantes. Muestra de esto son los recientes hechos de violencia suscitados por el Estado en Nochixtlán, Oaxaca. Así como los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde hace más de un año. Todo lo cual ha venido ocurriendo en medio de una vorágine de desapariciones, asesinatos, secuestros, feminicidios, apresamientos, violencia cotidiana y miedo que hoy recorre la República. Y que se presenta a las puertas de la UNAM tras su reciente sucesión en la Rectoría y la consiguiente demanda de resolución en el conflicto del auditorio Che Guevara.

Contexto en cual además no debemos pasar por alto el hecho de que todo el sistema educativo está en estos días bajo ataque. Desde el nivel kínder hasta el universitario, pasando por la primaria, la secundaria y la preparatoria. Y para lo cual la Reforma Educativa es la punta de lanza de tal ataque. Siempre que es una imposición del gobierno federal, al no ser debatida por los educadores y acordada con ellos, es decir, con quienes conocen y ejercen el oficio.

Manifestando su carácter punitivo mediante la detención de los maestros: Othón Nazariega Segura, Roberto Abel Jiménez, Efraín Picasso y Juan Carlos Orozco. Quienes permanecen presos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en el estado de México, lejos de sus familias, sus defensores y sus compañeros. Mientras que tantos se encuentran amenazados de apresamiento23.

Situación de represión, donde además no podemos pasar por alto que el actual gobierno en turno, igual que los gobiernos panistas pasados ha intentado construir una legitimidad mediante la desafortunadamente afamada “guerra contra las drogas” y juegos mediáticos como la fuga y recaptura del “Chapo Guzmán”, dejando aun lado la resolución y atención de problemas urgentes de la sociedad mexicana, como es la educación.

Y que peor aun, cada vez más han salido a la luz la participación de grupos paramilitares, o narco-paramilitares para reprimir la constante insurgencia social. Así lo vienen corroborando testimonios como los dados por pobladores y defensores de los derechos humanos en Nochixtlán, Oaxaca. Al indicar que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y civiles armados pertenecientes a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), grupo paramilitar ligado a facciones del PRI. Participaron En el operativo de desalojo del pasado 19 de junio, que cobró nueve vidas y dejó más de 100 heridos, en dicha comunidad24.

De acuerdo con los defensores de los derechos humanos, es más que improbable que los miembros de Ubisort hayan actuado sin el amparo de algún grupo de poder político o del Estado. Siempre que la organización triqui tiene fuertes vínculos con sectores del PRI, particularmente con el entorno del ex gobernador Ulises Ruiz, cuyos operadores políticos en Nochixtlán son los hermanos Herminio y Daniel Cuevas, diputado local electo y presidente municipal electo, respectivamente.

Además de que, el contacto histórico de la Ubisort con el poder estatal ha sido el ex diputado local y ex presidente municipal de Juxtlahuaca José Mejía, señalado públicamente por familiares de la activista Alberta Cariño como uno de los autores intelectuales de su asesinato, en un ataque en el que también pereció el finlandés Jyri Jaakkola (abril de 2010).

Motivos por los cuales los defensores de los derechos humanos consideran muy probable que el 19 de junio en Nochixtlán hayan actuado personas del grupo del ex alcalde de Santo Domingo Ixcatlán, Fredy Eucario Morales, no obstante que este se encuentre actualmente preso. Éste personaje en abril de 2008 ordenó el asesinato de tres personas a plena luz del día (a una la mataron a golpes y luego subieron el cuerpo a un vehículo y le prendieron fuego; a otra le cercenaron los genitales a machetazos).

De manera que, el comando paramilitar de la Ubisort, anteriormente encabezado por Eucario Morales, hasta la fecha, sigue operando en la región triqui y otras partes del estado. Señalados como un grupo paramilitar que también actúa en el narcomenudeo local, según afirmaciones de un defensor de los derechos humanos25.

Ante tal panorámica, es probable que los mismos elementos desestabilizadores se estén presentando en la máxima casa de estudios (UNAM), para por fin lograr si privatización.

Bibliografía

Sotelo Valencia Adrián. “Neoliberalismo y educación. La huelga en la UNAM a finales de siglo”. Ediciones el Caballito, 2000.

González Casanova Pablo. “La universidad necesaria en el siglo XXI”. Era, 2001.

González Casanova Pablo. “Aritmética contrarrevolucionaria”. Universidad Autónoma de Puebla, 1976.

Mauro Marini Ruy y Millán Márgara. “La teoría social latinoamericana. Cuestiones contemporáneas Tomo IV”. UNAM, Ediciones el caballito, 1996.

 

Hemerografía

La Jornada. “La UNAM en la crisis de la República”. Por: Adolfo Gilly, miércoles 4 de noviembre, de 2015.

La Jornada, jueves 21 de abril de 2016.

La Jornada, lunes 4 de julio de 2016.

La Jornada, jueves 7 de julio de 2016.

Revista Rebelión. “Las universidades son de clase alta”. Por: Pedro Echeverría V., 24-02-2016.

Rebelión. “Los rectores deben ser otra cosa”. Por: Pedro Echeverría V., 11-03-2016. 

Rebelión. “En México se entregan varios millones de certificados desde primaria al doctorado”. Por: Pedro Echeverría V., 23-06-2016.

Rebelión. “México contra la privatización de su educación”. Por: Eleuterio Gabón, 06-07-2016.

Animal Político. “El auditorio Che Guevara: una historia de tomas y confrontaciones”. 

Revista Proceso. “Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas”. Por: Patricia Dávila, 09-05-2015.

Revista Contralínea, “Reforma educativa autoría de Mexicanos Primero”. 08-07-2016.

Notas

1 Animal Político. “El auditorio Che Guevara: una historia de tomas y confrontaciones”.

2 Ibíd.

3 Animal Político. “El auditorio Che Guevara: una historia de tomas y confrontaciones”.

4 Revista Proceso. “Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas”. Por: Patricia Dávila, 09-05-2015.

5 www.proceso.com.mx › Nacional

6 Rebelión. “De la chapocomedia a la realidad de Huitzizilpan”. Por: R. César González Ortiz, 22-01-2016.

7 La Jornada, jueves 21 de abril de 2016.

8 La Jornada. “La UNAM en la crisis de la República”. Miércoles 4 de noviembre de 2015. Por: Adolfo Gilly.

9 Mauro Marini Ruy y Millán Márgara. “La teoría social latinoamericana. Cuestiones contemporáneas Tomo IV”. UNAM, Ediciones el caballito, 1996. Pág. 52

10 Los bienes de capital son la maquinaria, los inmuebles, las instalaciones y las infraestructuras que se utilizan junto a otros factores de producción (trabajo, materias primas y bienes intermedios), para producir a su vez otros bienes y servicios.

Se diferencian por tanto de los bienes de consumo, ya que éstos se destinan directamente a la venta final para satisfacer algún tipo de necesidad, mientras que los de capital se utilizan en nuevos procesos productivos. Y se diferencian también de otros factores productivos precisamente porque ellos mismos deben ser producidos.

Otra característica de los bienes de capital es que, una vez instalados, se utilizan durante un número de años y no sólo en un único ciclo productivo. Dicho de otra forma, los bienes de capital se adquieren en un año, pero prestan un servicio a la empresa que los adquiere durante varios periodos como consecuencia de su uso. Esto los diferencia de los bienes intermedios o las materias primas, cuyo valor es incorporado plenamente en el nuevo bien que están ayudando a producir.

11 Divisa es un concepto de la ciencia económica que refiere a toda moneda extranjera, es decir, perteneciente a una soberanía monetaria distinta a la del país de origen. Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial. De este modo, se pueden establecer distintos tipos de cambio entre divisas que varían constantemente en función de diversas variables económicas como el crecimiento económico, la inflación, el consumo interno de una nación, etc.

12 Ibíd. Mauro Marini Ruy y Millán Márgara. Pág. 52

13 El Universal, lunes 11 de agosto, de 2014.

14 Ibíd.

15 Ibíd. Mauro Marini Ruy y Millán Márgara. Pág. 54

16 www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/…es/index.htm

17 Ibíd. Mauro Marini Ruy y Millán Márgara. Pág. 56

18 Ibíd. Pág. 57

19 Ibíd. Mauro Marini Ruy y Millán Márgara. Pág. 58

20 Ibíd. Mauro Marini Ruy y Millán Márgara. Pág. 59

21 Chomsky Noam y Dieterich Heinz. “La sociedad global. Educación, mercado y democracia”. Contrapuntos, 1996. Pág. 71

22 Ibíd. Adolfo Gilly.

23 Ibíd.

24 La Jornada, jueves 7 de julio de 2016.

25 Ibíd.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214359&titular=proyecto-de-larga-duraci%F3n-

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“Profe…” e inclusión educativa

Por: Pablo Romero

Hace pocos días, nuevamente una profesora fue agredida por un alumno, esta vez en el liceo 49 (Uruguay). El chico en cuestión fue el mismo que muy poco tiempo antes había cometido una agresión similar en el liceo 25. La docente debió soportar toda clase de agresiones verbales, sumado a que fue empujada y acorralada contra una pared mientras el alumno discurría en sus groseros insultos. Violencia física y verbal.

El caso se hizo público a partir del paro convocado por los docentes, a partir de la resonancia mediática que suelen tener los paros. Por supuesto, algunos prefirieron cuestionar la medida y no debatir lo importante del asunto, que es la violencia que se vive a diario en nuestras instituciones educativas y que sufren tanto los alumnos como sus educadores.

El sistema educativo público uruguayo es el epicentro de distintas formas de violencia, que reproducen y canalizan, por supuesto, la violencia que circula a raudales en nuestra sociedad. Se sabe: el sistema escolar es atravesado por todos los hilos sociales. Pero en tal sentido, y aunque la violencia allí presente sea cometida y padecida tanto por hombres como por mujeres, debemos ser claros en un punto: son en particular las mujeres (y eso más allá de la evidente feminización del sistema educativo) las permanentemente agredidas en nuestras instituciones escolares.

Desde hace ya unos cuantos años asistimos a situaciones en las que maestras son golpeadas por padres (y, en la mayoría de los casos, madres, que atacan a la referente educativa de sus hijos), y venimos asistiendo también desde hace un buen tiempo a una realidad aun más desoladora, que es la del ciclo básico, en donde no sólo se producen casos de alumnos que golpean a profesoras, sino que se ha convertido en moneda corriente la agresión verbal.

Nuestras educadoras suelen ser insultadas de manera denigrante, sobre todo en el ciclo básico, en donde es habitual escuchar a alumnos (justo en esa edad en que se están construyendo como sujetos que valoran) que tratan de “putas” y “zorras” a sus profesoras, amén de recurrir a otros adjetivos que responden a ciertos códigos contrarios a toda forma de autoridad y puesta de límites por parte del mundo adulto. Así, el docente con frecuencia es tildado de “alcahuete”, botón”, “ortiva” y calificativos similares.

Para ejemplificar esta situación contaré un caso ocurrido hace poco en el liceo de ciclo básico en el que ejerzo mi tarea docente. Con motivo de las primeras reuniones docentes de evaluación, los profesores de un grupo particularmente complicado del liceo tuvimos la oportunidad de evaluar en equipo la situación de cada uno de los alumnos y del grupo en general. Al llegar el momento de detenernos en un alumno particularmente violento, que viene generando problemas graves dentro de la institución, una de las colegas narró lo que le había tocado vivir con él recientemente. Contó que en una de sus clases lo tuvo que “invitar” a salir del salón, para poder seguir con la clase sin que siguiera agrediendo física y verbalmente a otros alumnos que intentaban ejercer su derecho a ser educados en un clima adecuado. Tras el pedido de la profesora, el alumno se retiró, insultándola, pero se colocó luego con la cabeza atravesando la ventana (que no tiene vidrio) de la puerta del salón de clases, y allí permaneció, repitiendo una y otra vez la misma frase, “profe puta, profe prostituta”, a la que sumaba otras referencias de tono sexual referidas a la docente. Todo esto ocurrió ante la mirada del resto de los alumnos, que reclamaban “que se hiciera algo” para terminar con el violento espectáculo que estaban padeciendo.

Frente a una situación que no sólo constituía un ataque a su dignidad y era motivo de un estrés emocional marcado, la profesora trató de no responder a la provocación, quizá por miedo, quizá para evitar males mayores. Lo cierto es que se mantuvo estoica. Justamente, cuando terminó de contar lo que le había sucedido, fue esto último -su estoicismo frente a una situación absolutamente violenta- lo que motivó la primera reacción de las autoridades presentes (una representante de la dirección, una adscripta y la psicóloga de la institución), que atinaron a felicitarla por no haber reaccionado, por haber permanecido en su rol de “profesional”, en su rol de “adulto”, y no haber siquiera pestañeado. A su vez, la invitaron a escribir un papelito en el que debía contar el hecho, y le dijeron que luego lo juntarían con otros papelitos que narraran casos similares en los que estuviera involucrado ese alumno y los elevarían, finalmente, al Consejo de Educación Secundaria, para ver si en un futuro próximo se podía lograr que comenzara a asistir sólo medio turno. Eso sí, el alumno involucrado no sería nuevamente suspendido -a esa altura, las observaciones de conducta se contaban en números de dos cifras: acumula agresiones y faltas de todo tipo dentro de la institución-, porque, según indicaron las mencionadas autoridades presentes, “no es la solución”. Cuando se lo ha suspendido “vuelve peor”, dijeron, y además remarcaron que “se lesionan” los “derechos educativos” del estudiante cuando se le suspende su concurrencia al liceo. La cuestión, según parece, es apelar a incluir a toda costa, aunque sea fomentando -sin que sea la intención, pero sí la consecuencia- la cultura de la impunidad con que estamos educando a muchos de nuestros adolescentes en los liceos.

En lo esencial, son las mismas explicaciones que brindó por estos días la directora general de Secundaria frente al caso de agresión ocurrido en el liceo 49: minimizar los hechos de violencia, pensar las agresiones bajo parámetros de una supuesta inclusión, educar a los gurises en la lectura de que no hay consecuencias punitivas frente a los actos de violencia cometidos contra otros, frente al no respeto a las reglas, incluyendo las no escritas sobre lo que implica la mínima convivencia social. El ejercicio de la autoridad es visto como un ejercicio autoritario que lesiona derechos. Confundir autoridad con autoritarismo o con insensibilidad ante alumnos en situaciones vulnerables termina por resultar un combo explosivo que afecta negativamente a todos los involucrados.

Por supuesto, este caso narrado no es el único dentro del liceo; hay casos aun más graves de conducta violenta, casi todos vinculados a alumnos con variadas patologías psiquiátricas que están sufriendo esta concepción errónea de lo que, efectivamente, implica incluir. Son, a la vez, víctimas y victimarios del sistema educativo.

¿Se entiende la gravedad de esta lógica? ¿Se entiende lo que están padeciendo nuestros alumnos y lo que estamos viviendo los educadores y, en particular, las mujeres que ejercen la docencia en nuestro país?

Los profesores, viene bien recordar, también somos personas, más allá de que seamos profesionales de la educación. Muchos colegas terminan padeciendo problemas de salud mental a causa del estrés laboral y del desamparo que vivimos a diario frente a situaciones que nos violentan desde lo emocional hasta lo estrictamente profesional.

Y la tan mentada inclusión no deja de ser una farsa de consecuencias nefastas, porque para incluir tienen que darse las condiciones adecuadas, que son justamente las que hoy no tenemos ni por asomo. La amplia mayoría de los liceos no cuenta con equipos multidisciplinarios ni con personal docente e infraestructura adecuada que permita apelar a estrategias pedagógicas y de salud mental que, al menos, hagan visualizar formas mínimas de integración. Por el contrario, en este panorama que tenemos estamos simplemente generando formas permanentes de estigmatización y discriminación, de exclusión dentro de una supuesta inclusión. O sea: obtenemos exactamente lo contrario de lo que se busca.

Porque es fundamental cuidar a nuestros adolescentes y a nuestros colegas, es clave enterar a la población de las situaciones que se viven a diario en la educación. Alcanza, en tal sentido -sin detalles de nombres particulares y con referencias generales a roles y situaciones, para proteger la identidad de todos-, con narrar los casos particulares y colectivos que a diario vamos viviendo, para trascenderlos y exponer un tema que va más allá de nombres y rostros. Sería un primer paso para dejar de ser cómplices involuntarios de la violencia, para dejar de enmascararla y justificarla en nombre de “derechos” sin responsabilidades y teorías psicológicas que, paradójicamente, generan instituciones vulneradas en las que se lesionan derechos más amplios de alumnos y educadores y en donde se patologizan los vínculos, generando problemas de salud mental aun mayores que los que ya estamos padeciendo.

No permanecer estoicos frente al “profe puta”, y cuestionar el patológico modo de inclusión que estamos amparando, es socialmente vital y éticamente imprescindible.

Fuente: http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/6/profe-puta-e-inclusion-educativa/

Fuente de la imagen: http://1.bp.blogspot.com/-CR4lctb4zYE/UGnVX9wJ1WI/AAAAAAAACQ4/Ut6peB_uzj8/s1600/gokusen+1.jpg

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Neoliberalism’s Balancing Act: Shifting the Societal Burden and Tempting Fate

 

Por: Colin Jenkins

Resumen:

Como se discutió en la primera parte de este proyecto, en relación con la aparición de capas de la base económica y la esfera política, Poulantzas se mantiene dentro de los límites de la teoría de base-superestructura, mientras que también se extiende esta noción para enfatizar una separación estricta.Este énfasis se ve en la siguiente declaración, que se basa sobre una base económica firme: «En este estado, el poder político es con lo que aparentemente basa en un equilibrio inestable de compromiso.»De este modo, el aparato político es visto como una consecuencia de la base económica inherentemente frágil formada por las relaciones capitalistas (es decir, el capital de trabajo. V, de propiedad privada como una relación social). Con este entendimiento, la tarea de gobernar dijo «equilibrio inestable» no sólo se convierte en una prioridad, pero podría decirse que el único propósito del estado. Y cuando se considera este fin, que se manifiesta a través de sacrificios calculados, se puede ver el llamado contrato social – que aboga por una relación recíproca entre el gobierno y los ciudadanos – como elemento más natural del estado capitalista. Poulantzas explica, «Es en este contexto donde hay que situar, por ejemplo, todo el problema de la llamada ‘estado de bienestar’, un término que, de hecho, más que disfraza la forma de la« política social »de un estado capitalista en . la etapa del capitalismo monopolista de estado «[1]» la noción de interés general de la ‘gente’, una noción ideológica que cubre un funcionamiento institucional del estado capitalista «, continúa Poulantzas,» expresa un hecho real : a saber, que este estado , por su propia estructura, da a los intereses económicos de ciertas clases dominadas garantiza que incluso puede ir en contra de los intereses económicos a corto plazo de las clases dominantes, sino que son compatibles con sus intereses políticos y su dominación hegemónica «. [2]

A través de su despliegue del «Estado de Bienestar», los jugadores de poder económico, a través de esta estructura política autónoma de compromiso limitada que Poulantzas detalles de longitud, han sido capaces de lograr un cambio estratégico de la responsabilidad social del organismo rector oficial de los niveles superiores de las clases trabajadoras; y sobre todo a la de la «nueva pequeña burguesía» (o, como Kautsky y Lenin, una vez conocida como la aristocracia de la mano de obra), Que son los beneficiarios económicos más inmediatos de este proceso que da «ciertas clases dominadas garantiza que incluso puede ir en contra de los intereses económicos a corto plazo de las clases dominantes.» Este reordenamiento monumental de la «carga social», que previamente había caído en las clases dominantes (a través de «contrato social» del liberalismo) en un momento u otro en forma de imposición efectiva, una voluntad / necesidad de pagar salarios dignos, una confianza general y la facilitación de los trabajadores y de los consumidores (un componente del fordismo ), y una aceptación cultural de la humildad relativa y responsabilidad comunal, ha logrado dos cosas para el moderno élite del poder .

En primer lugar, se ha aliviado las clases dominantes de esta mencionada «responsabilidad» al colectivo – ya sea en forma de una comunidad, región, nación, país o la sociedad – por lo que les perpetuo estado de «free rider» a través de la eliminación virtual de la empresa y imposición riqueza y redistribución. La erradicación relativa de la justicia distributiva se ha mantenido a través de diversos medios, tales como lagunas fiscales, «rompe», fiscales una práctica común de la acumulación y ocultar dinero en los bancos «off-the-grid», y más recientemente a través de la puerta giratoria virtual que es la estructura político-corporativo, que lava con éxito y se concentra fondos públicos a manos privadas a través de cualquiera de desembolso directo del gobierno (es decir, los subsidios corporativos y el uso constante de la Reserva Federal de flexibilización cuantitativa (QE) ), de nuevo la subvención de la puerta (es decir, el sistema de préstamo de estudiante y » ayuda exterior » que se utiliza para financiar la industria de las armas), o «ayuda de emergencia» (es decir, la Ley de Estabilización Económica de emergencia de 2008 , el Programa de Activos en Problemas Relief (TARP) , y otras formas de los llamados «rescates del gobierno»).

En este último caso, el sector financiero, mucha de la cual también incluye componentes significativos de la estructura político-corporativo, se ha beneficiado de dos tipos: Inicialmente a través de los inmensos beneficios generados por los valores respaldados por hipotecas y esquemas de obligaciones de deuda garantizadas, y más tarde a través el «rescate» de las pérdidas sistémicos creados por estos beneficios históricos, a pesar de su ser (y porque eran) basado puramente en Fiat (liquidez que carece), especulativa, y muy concentrado. Estas consideraciones son importantes porque representan una red de retroceso de seguridad de tipo – no necesariamente uno que «privatiza ganancia y socializa pérdidas» (aunque esto ha demostrado ser verdad), pero que permite la constante de distribución, cíclico – que fluye de privado a público y de nuevo a privada – incluso en los casos raros en los que se grava de manera efectiva los ingresos corporativos o ganancia (en otras palabras, estos ingresos fiscales no se aplica hacia un «bien común», sino que es canalizado de vuelta al sector empresarial a través de estos diversos medios ). Esto se lleva a cabo tras la fachada del «Estado de Bienestar», reemplazando efectivamente la justicia distributiva con un reciclaje constante y reproducción de la riqueza que se blanquea a través del estado corporativo y regresó a los ricos.

En segundo lugar, se ha colocado la mayor parte de esta responsabilidad social sobre las espaldas de la corteza superior de las clases dominadas (la «nueva pequeña burguesía» y la llamada clase media industrializados), sometiéndolos a cargas pesadas en forma de aumento de los impuestos, aumento de los costos, y la disminución de los salarios – todos diseñados para complementar (no necesariamente llenar – ver morir de hambre a la bestia ) el vacío dejado por los propietarios ausentes de la riqueza que no quieren nada más que para acumular tanto como sea posible al tiempo que contribuye lo menos posible. En otras palabras, los «compromisos» realizados para establecer el «equilibrio» para los que Poulantzas se refiere haberse beneficiado históricamente sólo el sector de la clase obrera que posee un mayor grado de privilegio (la clase media blanca, por ejemplo) por lo que les permite mejores niveles de viviendo a través de ofertas de educación, la movilidad social, la propiedad de vivienda y de crédito al consumo, bajo la condición de que estos «compromisos» no se derrame en la esfera política.Sin embargo, este equilibrio ha sido despojado de la inclinación por las medidas tomadas bajo la bandera del neoliberalismo, que desataron el poder corporativo (Reaganismo en la década de 1980) con el supuesto de que la esfera política había sido asegurado. Esto ahora parece ser un error de cálculo o, al menos, un movimiento descuidado por parte de las clases dominantes, ya que muchos de los compromisos de la antigüedad se ha invertido en el proceso, lo que lleva a una traición de la clase en contra de la «nueva pequeña burguesía «y» clases medias industrializados «, a quienes siempre han servido como perros guardianes leales para las clases dominantes, que proporcionan una barrera entre ellos y la mayoría de la clase obrera – los trabajadores pobres, desempleados, marginados y en general.

«En el curso del desarrollo capitalista, la pequeña burguesía tradicional – artesanos independientes, pequeños comerciantes, etc. – ha disminuido de manera constante», explicó Erik Olin Wright en un análisis finales de los años 1970. «En su lugar, ha surgido lo que Poulantzas llama la» nueva pequeña burguesía «, que consta de los empleados de oficina, técnicos, supervisores, funcionarios, etc. En condiciones de capitalismo avanzado, la cuestión crucial para la comprensión de la determinación estructural del trabajo clase, Poulantzas sostiene, se centra en el análisis de la frontera entre la clase obrera y este nuevo segmento de la pequeña burguesía. «[3] las diferencias fundamentales entre lo que Poulantzas conoce como la» pequeña burguesía tradicional «, que» no pertenecen a la el modo de producción capitalista, sino a la forma simple mercancía que ha sido históricamente la forma de transición de la feudal al modo capitalista «[4] y la» nueva pequeña burguesía «no son significativos en lo que respecta a su relación con la clase obrera como una todo. Históricamente, su posición beneficiosa dentro de la estructura social mantenida por el «contrato social» ha moldeado una existencia en gran medida apolítica. «Como resultado de la situación que se encuentra la pequeña burguesía como una clase intermedia,» Poulantzas nos dice: «[que] tienen una fuerte tendencia a ver al Estado como una fuerza inherentemente neutral cuya función es la de arbitrar entre las distintas clases sociales. «[5] esta traición es la prueba de esta clase media no sólo económicamente, sino también por temperamento.

Un desarrollo corolario de este cambio ha sido diseñada saqueo de las arcas públicas (la manifestación de que muere de hambre la bestia ), que ha producido insalvable «deuda» pública (un término cargado). Esto ha coincidido con niveles históricos de los beneficios empresariales y la acumulación de riqueza en un lado (el fallo / élite del poder), y el aumento del nivel de desempleo, subempleo y «medidas de austeridad» con y para el otro (todos los demás, la clase obrera). Sin embargo, a pesar de estas consecuencias económicas tangibles, las dinámicas peculiares explicadas por Poulantzas siguen siendo, sobre todo en relación con la fragmentación a la Segunda Guerra Mundial de las clases dominadas y la posterior «bourgeoization» de las antiguas clases medias industrializados – o el desarrollo de lo pareconists se refieren como la «clase coordinadora», que no es muy diferente de Kautsky y Lenin «aristocracia obrera», o incluso la idea de una burguesía compradora en algunos aspectos. Irónicamente, la «posición neutral» históricamente mantenido por la pequeña burguesía hacia el estado se ha roto sistemáticamente a lo largo del año reinado de más de 30 de la agenda neoliberal, principalmente a través de la destrucción de esta misma clase (la clase media). La naturaleza plural de la sociedad multi-clase que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, y se sirve eficazmente como un amortiguador entre la élite del poder y la clase obrera, ha sido diezmada por una extrema concentración de la riqueza que se ha acumulado en la parte superior durante este período. En concreto, esta acumulación masiva de la riqueza que ha sido desviados de la clase media ha servido como el principal catalizador en el desplazamiento de la carga social. La cada vez más tensas «pequeña burguesía», a pesar de sus salarios decrecientes, siguen siendo los abanderados de no sólo los restos del estado del bienestar del contrato social, sino también del estado de bienestar corporativo recién prominente.

Si bien las consecuencias políticas de esta traición «contrato social» aún tienen que formar en su totalidad, una transición que parece ser en el horizonte con las perspectivas de una nueva generación frente largas posibilidades de mantener los grados de privilegio que disfrutan sus padres. Dos ejemplos concretos de esta angustia se pueden ver en el movimiento Occupy Wall Street y el movimiento inspirado-Paul Ron «Libertario» (aunque engañado en muchos sentidos). Por lo tanto, la noción altamente propaganda y sigue siendo popular del individualismo y una terca Randian negativa a aceptar la mera existencia de la «sociedad» – ambas ideologías manufacturados utilizados para justificar la acumulación ilegítima de la riqueza y la propiedad personal. Mientras que la clase obrera en su conjunto sigue sufriendo a niveles cada vez mayores debido a la agenda neoliberal, los desplazados «aristocracia del trabajo» – que consiste principalmente de los niños (en su mayoría blancos) de la clase media erosionando – continúa ignorando algunas obvias causas de su desaparición, en lugar de elegir a culpar a sus compañeros de las víctimas que históricamente han residido unos pasos más adelante en la escala socioeconómica. Incluso en el caso raro de un análisis un tanto matizada (es decir, los libertarios), conclusiones superficiales de «Fin a la Fed», eliminar la interferencia del gobierno en el mercado libre, y «No pise en mí» sirven de anteojeras para el intrincado desarrollo de una sistema político-corporativo que intencionalmente y con éxito se haya hecho cargo compromisos con el fin de permitir el aumento de las tasas de acumulación de riqueza para un minúsculo porcentaje de la población. Este conservadurismo temperamental que se aferra a la clase media erosionando y gran parte de la clase trabajadora blanca es aparentemente único que se interpone entre el statu quo y el malestar generalizado arraigada en un cambio de error en el cálculo de la carga social.

Artículo Original:

The following is Part two of a multi-part series, «Applying Poulantzas ,» which analyzes the work of Greek Marxist political sociologist, Nicos Poulantzas, and applies it to the unique political and economic structures found under neoliberalism and post-industrial capitalism. To read Part one, click here .

As discussed in Part One of this project, regarding the layered appearance of the economic foundation and political sphere, Poulantzas stays within the confines of base-superstructure theory while also extending this notion to emphasize a strict demarcation. This emphasis is seen in the following statement, which is predicated upon a firm economic base: «In this state, political power is thus apparently founded on an unstable equilibrium of compromise.» Thus, the political apparatus is viewed as an outgrowth of the inherently fragile economic base formed by capitalist relations (i.e. capital v. labor, private property as a social relation). With this understanding, the task of governing said «unstable equilibrium» becomes not only a priority, but arguably the sole purpose of the state. And when considering this purpose, which is manifested through calculated sacrifices, one can view the so-called social contract – which advocates for a reciprocal relationship between government and citizen – as the capitalist state’s most natural element. Poulantzas explains, «It is in this context that we should locate, for example, the whole problem of the so-called ‘Welfare State,’ a term which in fact merely disguises the form of the ‘social policy’ of a capitalist state in the stage of state monopoly capitalism.»[1] «The notion of the general interest of the ‘people’, an ideological notion covering an institutional operation of the capitalist state,» continues Poulantzas, «expresses a real fact: namely that this state, by its very structure, gives to the economic interests of certain dominated classes guarantees which may even be contrary to the short-term economic interests of the dominant classes, but which are compatible with their political interests and their hegemonic domination.»[2]

Through their deployment of the ‘Welfare State,’ the economic power players, via this autonomous political structure of limited compromise which Poulantzas details in length, have been able to accomplish a strategic shifting of societal responsibility from the official governing body to the upper tiers of the working classes; and most notably to that of the «new petty bourgeoisie» (or, as Kautsky and Lenin once referred to as the aristocracy of labor), who are the most immediate economic beneficiaries of this process that gives «certain dominated classes guarantees which may even be contrary to the short-term economic interests of the dominant classes.» This monumental rearrangement of the «societal burden» which had previously fallen on the dominant classes (through liberalism’s «social contract») at one time or another in the form of effective taxation, a willingness/need to pay livable wages, a general reliance and facilitation on and of worker-consumers (a component ofFordism), and a cultural acceptance of relative humility and communal responsibility, has accomplished two things for the modern power elite.

First, it has relieved the dominant classes of this aforementioned «responsibility» to the collective – whether in the form of a community, region, nation, country or society – by allowing them perpetual «free rider» status through the virtual elimination of corporate and wealth taxation and redistribution. The relative eradication of distributive justice has been maintained through various means, such as tax loopholes, tax «breaks,» a common practice of hoarding and hiding money in «off-the-grid» banks, and most recently through the virtual revolving door that is the corporate-political structure, which successfully launders and concentrates public funds into private hands through either direct government disbursement (i.e. corporate subsidies and the Federal Reserve’s constant use ofquantitative easing (QE)), back door subsidization (i.e. the Student Loan system and «foreign aid» that’s used to finance the weapons industry), or «emergency relief» (i.e. the Emergency Economic Stabilization Act of 2008, the Troubled Asset Relief Program (TARP), and other forms of so-called «government bailouts»).

In the latter instance, the finance sector, much of which also includes significant components of the corporate-political structure, has benefitted two-fold: Initially through the immense profits generated by the mortgage-backed securities and collateralized debt obligations schemes, and later through the «bailout» of the systemic losses created by these historic profits, despite their being (and because they were) purely fiat-based (lacking liquidity), speculative, and highly concentrated. These considerations are important because they represent a reverse safety net of sorts – not necessarily one that «privatizes gain and socializes loss» (though this has proven to be true), but one that allows for constant, cyclical distribution – flowing from private to public and back to private – even in the rare cases where corporate revenue or gain is effectively taxed (in other words, this tax revenue isn’t applied towards a «common good,» but rather is funneled back to the corporate sector through these various means). This is accomplished behind the facade of the ‘Welfare State,’ effectively replacing distributive justice with a constant recycling and reproduction of wealth that is laundered through the corporate state and returned to the wealthy.

Second, it has placed the bulk of this societal responsibility on the backs of the upper crust of the dominated classes (the «new petty bourgeoisie» and so-called industrialized middle class) by subjecting them to heavy burdens in the form of increased taxation, rising costs, and diminishing wages – all designed to supplement (not necessarily fill – see starving the beast) the void left by the absentee owners of wealth who want nothing more than to accumulate as much as possible while contributing as least as possible. In other words, the «compromises» made to set the «equilibrium» for which Poulantzas refers to have historically benefited only the sector of the working class possessing higher degrees of privilege (the white middle class, for example) by allowing them improved standards of living through offerings of education, social mobility, homeownership and consumer credit, under the condition that these «compromises» do not spill into the political sphere. However, this equilibrium has been thrown off tilt by the measures taken under the banner of neoliberalism, which unleashed corporate power (Reaganism in the 1980s) with the assumption that the political sphere had been secured. This now appears to be a miscalculation or, at the very least, a careless move on the part of the dominant classes, since many of the compromises of old have been reversed in the process, leading to a betrayal of sorts against the «new petty bourgeoisie» and «industrialized middle classes» whom have always served as loyal watchdogs for the dominant classes, providing a buffer between them and the majority of the working class – the working poor, unemployed, and generally disenfranchised.

«In the course of capitalist development, the traditional petty bourgeoisie – independent artisans, small shopkeepers, etc. – has steadily dwindled,» explained Erik Olin Wright in a late-1970s analysis. «In its place there has arisen what Poulantzas calls the «new petty bourgeoisie,» consisting of white-collar employees, technicians, supervisors, civil servants, etc. Under conditions of advanced capitalism, the crucial question for understanding the structural determination of the working class, Poulantzas argues, centers on analyzing the boundary between the working class and this new segment of the petty bourgeoisie.»[3] The fundamental differences between what Poulantzas referred to as the «traditional petty bourgeoisie,» which «did not belong to the capitalist mode of production, but to the simple commodity form which was historically the form of transition from the feudal to the capitalist mode,»[4] and the «new petty bourgeoisie» are immaterial with regards to their relation with the working class as a whole. Historically, their beneficial position within the societal structure maintained by the ‘social contract’ has molded a largely apolitical existence. «As a result of the situation that finds the petty bourgeoisie as an intermediate class,» Poulantzas tells us, «[they] have a strong tendency to see the state as an inherently neutral force whose role is that of arbitrating between various social classes.»[5] This betrayal is testing this middle class not only economically, but also temperamentally.

A corollary development to this shift has been a designed looting of public coffers (the manifestation ofStarving the Beast) which has produced insurmountable public «debt» (a loaded term). This has coincided with historic levels of corporate profit and wealth accumulation on one side (the ruling/power elite), and rising levels of unemployment, underemployment and «austerity measures» on and for the other (everyone else, the working class). However, despite these tangible economic consequences, the peculiar dynamics explained by Poulantzas still remain, most notably regarding the post-World War II splintering of the dominated classes and the subsequent «bourgeoization» of the former industrialized middle classes – or the development of what pareconists refer to as the «coordinator class,» which isn’t much different than Kautsky and Lenin’s «labor aristocracy,» or even the idea of a comprador bourgeoisie in some ways. Ironically, the historically «neutral stance» maintained by the petty bourgeoisie towards the state has been systematically broken down throughout the 30-plus year reign of the neoliberal agenda, mainly through its destruction of this very class (the middle class). The pluralistic nature of the multi-class society which formed after World War II, and effectively served as a buffer between the power elite and the working class, has been decimated by an extreme concentration of wealth that has accumulated at the top over this period. Specifically, this massive accumulation of wealth which has been siphoned from the middle class has served as the main catalyst in displacing the societal burden. The increasingly strained «petty bourgeoisie,» despite their diminishing wages, remain the standard bearers of not only the remnants of the social contract’s welfare state, but also of the newly prominent corporate welfare state.

While the political consequences of this ‘social contract’ betrayal have yet to form in their entirety, a transition appears to be on the horizon with the prospects of a new generation facing long odds of maintaining the degrees of privilege enjoyed by their parents. Two concrete examples of this angst can be seen in the Occupy Wall Street movement and the Ron Paul-inspired «Libertarian» movement (though misled in many ways). Hence, the highly propagandized and still popular notion of rugged individualism and a stubborn Randian refusal to accept the mere existence of «society» – both manufactured ideologies used to justify the illegitimate accumulation of personal wealth and property. While the working class as a whole continues to suffer at ever-increasing levels due to the neoliberal agenda, the displaced «aristocracy of labor» – which consists mainly of the children (mostly white) of the eroding middle class – continues to ignore some obvious root causes of their demise, instead choosing to blame their fellow victims who have historically resided a few steps below on the socioeconomic ladder. Even in the rare instance of a somewhat nuanced analysis (i.e. libertarians), shallow conclusions of «End the Fed,» eliminate government interference in the free market, and «Don’t Tread on Me» serve as blinders to the intricate development of a corporate-political system that has intentionally and successfully taken back compromises in order to allow for increased rates of wealth accumulation for a minuscule percentage of the population. This temperamental conservativism that clings to the eroding middle class and much of the white working class is seemingly all that stands between the status quo and widespread unrest rooted in a miscalculated shift of the societal burden.

Notes

[1] Nicos Poulantzas. Classes in Contemporary Capitalism. Verso, 1978, p. 93.

[2] Ibid, pp. 190-191.

[3] Erik Olin Wright, Class, Crisis and the State, Verso, 1978. P 34
[4] Classes in Contemporary Capitalism, p. 285.

[5] Ibid, p. 292.

Tomado de: http://www.hamptoninstitution.org/neoliberalisms-balancing-act.html#.V4f2f9LhDIU

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Reforma: institucionalización del mercado en la educación superior

Por: Isaac Gajardo Miranda

En 2006 miles de estudiantes secundarios salimos a las calles a manifestarnos en lo que se ha conocido como La Revolución Pingüina. Como adolescentes, invisibilizados por las instituciones, habíamos decidido avanzar en nuestros planteamientos pasando, de manifestarnos por mejores condiciones de infraestructura en nuestros colegios o la rebaja de la tarifa del transporte público, a reconocer que este tipo de problemas eran solo síntomas de una falla sistémica, que sentaba sus bases en la revolución neoliberal iniciada por la dictadura cívico-militar, pero afianzada y profundizada por el pacto de la transición –en el que la Alianza y la Concertación no tuvieron muchas diferencias-. Los dardos del movimiento estudiantil apuntaron a la Constitución pinochetista impuesta en 1980 y a sus leyes orgánicas, que amarraban el destino mercantil de la educación. El reclamo contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) comenzó a remover lo que el pacto político postdictatorial decía que no se podía modificar.

La violencia de los agentes del Estado desplegada contra menores de edad que nos manifestábamos en las calles causó revuelo internacional y visibilizó aún más nuestras demandas, que aspiraban a transformaciones sistémicas en la educación, a través de la derogación de la LOCE y cambios concretos en la administración de los precarizados establecimientos públicos (desmunicipalización). Todo esto terminó por forzar a la presidenta Michelle Bachelet a responder con la promesa de trabajar para enviar al parlamento dos proyectos de ley que consideraran las principales demandas estudiantiles. Para trabajar la reforma, la presidenta conformó el Consejo Asesor Presidencial de la Educación, en el que se depositarían las esperanzas de una sociedad que había logrado comprender los problemas de la educación y sintonizar con los estudiantes.

En 2007 se materializaron los compromisos presidenciales, a través de la presentación de la Ley General de Educación. El problema es ésta es que contaría con un amplio acuerdo de los partidos del pacto de la transición (como un solo bloque), pero con el rechazo del movimiento estudiantil y la sociedad chilena. Emblemática resulta la fotografía en donde todos los representantes de los partidos de gobierno y oposición se toman sus manos y las levantan, en señal de triunfo, al momento de pactar una reforma educacional que institucionalizó las desigualdades de la educación escolar y no solucionó las demandas levantadas por la movilización estudiantil, que continuaría ahora en rechazo a la reforma del bloque transicional, que a través de los medios –controlados por grandes conglomerados económicos- nos decían que hasta ahí no más, que los pendejos no sabíamos lo que significaba gobernar un país, que las cosas tenían que cambiar pero habían ciertos límites.

 

Otra promesa incumplida, otra mentira

Pero ¿por qué recordar ese pasado? Pues porque hoy pareciéramos estar en un momento en donde la historia se vuelve a repetir sin matiz alguno y, quienes nos movilizamos en 2006 siendo derrotados institucionalmente, en 2011 volvimos a las calles aun con más masividad que antes, esperando ganar. Michelle Bachelet tomó las consignas del movimiento estudiantil nuevamente, las usó en su campaña obteniendo un mayoritario apoyo ciudadano que la posicionó por segunda vez en el gobierno, pero cuatro años después de ese histórico 2011 volvemos a observar impávidos la caída de la promesa de construir un sistema más justo, reemplazada por la institucionalización de la educación de mercado.

Fortalecimiento a la educación pública, fin al lucro, gratuidad de la enseñanza y mayor calidad fueron las principales demandas levantadas por los secundarios de 2006, que en 2011 siendo universitarios nos volvimos a alzar. Bachelet respondió en su programa de gobierno, prometiendo que en sus primeros 100 días en La Moneda presentaría una “reforma estructural” que llevaría a la educación de ser un bien de consumo manejado bajo lógicas de mercado a convertirse en un derecho social garantizado para toda la población. Muchos creyeron en las promesas, pero otros sabíamos que era casi imposible que los mismos que construyeron la educación de mercado decidieran botar su proyecto neoliberal. Después de los primeros 100 días las acciones comenzaron a darnos la razón a aquellos desconfiados, que para nada nos sentimos ganadores, sino que todo lo contrario, lamentamos el haber tenido la razón. La “reforma estructural” prometida comenzó a postergarse, postergarse y postergarse, no una, dos o tres veces, sino que nueve y habiendo pasado más de dos años y medio de gobierno recién durante este mes el gobierno ha presentado al Congreso lo que ha denominado “Reforma a la Educación Superior”.

Quienes tenemos conocimiento de algunas cuestiones que suceden en los pasillos del Ministerio de Educación sabemos que hasta última hora las autoridades no estaban seguras con la presentación del proyecto. Incluso, tres días antes de la Cadena Nacional de la presidenta Bachelet anunciando el ingreso de la propuesta de ley al Congreso, el Mineduc se reunía con los rectores de las universidades estatales para intentar convencerlos de apoyar la “reforma” y éstos le daban la espalda, declarando valientemente que lo que se pretende hacer con la iniciativa es privatizar completamente el sistema. En esa misma reunión, sin ningún tapujo Nicolás Eyzaguirre, ex economista del FMI y actual ministro secretario general de gobierno (encargado de la tramitación del proyecto en el parlamento), declaró frente a los rectores que “el Crédito con Aval del Estado (CAE) continuará de por vida” para “ayudar” a quienes realicen sus estudios en “universidades privadas con arancel liberado”, reconociendo que la lógica de mercantil que mantiene endeudadas a más de un millón doscientas mil familias no desaparece, sino que se acentúa.

A las palabras del economista se suman las de Adriana Delpiano, asistente social ex miembro del think-tank Educación2020 y actual ministra de educación, quien declaró que “el problema del CAE es por la participación de la banca en este crédito”, asegurando que si se buscan soluciones, en ningún caso alguna pasa por suprimir las lógicas de endeudamiento estudiantil (La Tercera 9/07/2016). Y agregando una clave importantísima para comprender la forma en la que se gesta esta “reforma”, Delpiano señala en una entrevista televisiva que “no se sabe cuánto cuesta la gratuidad para el 100% de los estudiantes” (CNN Chile), dejando en evidencia el problema de fondo: jamás pensaron realmente en cumplir las promesas realizadas a la sociedad chilena. Le mintieron a la gente.

 

El problema de fondo: la institucionalización de la educación de mercado

Pero revisando el proyecto de educación superior presentado por el gobierno (evitaré hablar de reforma porque solo es un marco regulatorio del mercado) éste establece que todas las universidades deberán acreditarse para poder existir como tal, pero será decisión de cada plantel adherir a la gratuidad o no. Si se suman al sistema de gratuidad (comprendida como una beca, bajo la lógica neoliberal del financiamiento a la demanda) se deberán someter a un sistema de “regulación y fijación de aranceles” establecido por los organismos reguladores que la misma ley instituye (Subsecretaría, Superintendencia y Consejo para la Calidad de la Educación Superior).

Si esto ya es un problema, porque la lógica mercantil está siempre detrás de todo, la cosa se pone más compleja porque el mismo proyecto establece que los denominados “beneficios estudiantiles” que la ley entiende como becas y créditos (aunque es completamente legítimo cuestionarnos si es que estos últimos son realmente un beneficio para los estudiantes) se entregarán a todas las instituciones acreditadas.

Ahora el problema grave: solo las universidades que adscriban a la gratuidad van a tener aranceles regulados, mientras que un conjunto de planteles que no se sumen a esta forma de financiamiento van a poder elevar todo lo que quieran sus aranceles y hacer que sus estudiantes los paguen a través de becas y formas de endeudamiento que el mismo Estado promueve. Esto representa un claro gesto hacia planteles como la Universidad Nacional Andrés Bello, la Universidad de Viña del Mar, la Universidad Santo Tomás y la Universidad San Sebastián, todas instituciones privadas investigadas por lucro y receptoras de más de un cuarto de los dineros del CAE para toda la educación superior (Fuente: Fundación Sol). Así, el gobierno entrega un gesto a estos planteles, permitiéndoles seguir creciendo a costa del endeudamiento y el subsidio estatal, pero no solo eso, pese a que se prohíbe no se tipifica el lucro como delito y se legaliza el traspaso de recursos de las universidades a otras instituciones relacionadas por concepto de arriendo de espacios, mecanismo utilizado por las casas que lucran para “retirar excedentes”, es decir, apropiarse de recursos que deberían invertir en la educación de sus estudiantes. Lucrar.

Pero esto no es coincidencia. Si miramos los directorios de las universidades-empresa, veremos que están conformados por muchos militantes del oficialismo, que han presionado fuertemente para que este proyecto de ley no avance por el camino que indicó la sociedad en 2011 y siga fortaleciendo su negocio educativo. El ejemplo más concreto es Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, militante de la Democracia Cristiana (partido de gobierno), ex ministro de Bachelet, que ha sido acusado directamente de hacer lobby para que continúe el sistema de endeudamiento estudiantil como forma de financiar los estudios de miles de personas (revisar entrevista a Mónica González en CNN Chile). En el mismo cuadro está Jesús Villate, Director Ejecutivo para la región andina de la transnacional Laureate, grupo controlador de la Universidad Nacional Andrés Bello (universidad con la mayor matrícula del país) y otras 4 instituciones de educación superior, que mantiene estrechos vínculos con el gobierno.

El panorama es claro. Se avanza entonces hacia la institucionalización de un sistema que es la antítesis del “fortalecimiento de la educación pública”, petición estudiantil con la que se llenaron la boca personas como Michelle Bachelet y quienes hoy están en el congreso representando su programa de gobierno. El fin de la reforma es construir un sistema en donde lo privado sea el eje articulador del sistema educativo, como sucede con la educación escolar, en donde existan universidades privadas para quienes puedan pagarlas, planteles privados subvencionados por el Estado (a través de Becas) para quienes puedan hacer aportes propios o endeudarse, e instituciones públicas precarizadas y disminuidas para quienes no tengan recursos. Así, la Concertación, hoy Nueva Mayoría, sigue sumando puntos en su obsesión por construir guetos. Lo hicieron con la educación escolar, con la salud, con la vivienda y ahora avanzan a la educación superior.

No podemos permitirnos una nueva derrota. No otra vez. Hoy las fuerzas sociales deben decirlo claro y fuerte: la ley de educación superior enviada este mes al Congreso por el gobierno de Michelle Bachelet no es una reforma, ni menos tiene algún componente que desestabilice la estructura del modelo vigente. El proyecto institucionaliza la privatización de la educación como forma de administrar el sistema y el subsidio a la demanda a través de becas y créditos como mecanismo de financiamiento.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=214407

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Pedagogía de la crueldad en un mundo de dueños

Por: Sarah Babiker

La antropóloga argentina Rita Laura Segato llegó al mundo de la violencia contra las mujeres por casualidad. El tema no le interesaba especialmente, pensaba que se trataba de una cuestión privada, una «anomalía histórica» destinada a desaparecer.
Corrían los años 90 y ya enseñaba en la Universidad de Brasilia. La ciudad padecía unos índices de violación desproporcionados y, acompañadas por la Administración, un grupo de académicas feministas se decidió a investigar. Segato fue al grano: quiso hablar directamente con los violadores. Fueron años de entrevistas a presos con su equipo de estudiantes.
«Nada de lo que digan les va a favorecer en su condena», les aclararon en esas conversaciones. Y los violadores hablaron. «No entiendo, yo tengo mi mujer, tengo mis novias, el viernes voy con mis amigos al burdel, no entiendo qué pasó ahí», decía uno de los testimonios.
«El mismo violador, preguntado sobre su acto, se mostraba incapaz de entenderlo, era ininteligible para su propia conciencia», cuenta la autora más de dos décadas después. De ahí la conclusión de que los crímenes no eran para conseguir algo, no tenían un fin instrumental: «Surge esa idea que me acompaña a Ciudad Juárez y a los crímenes de guerra, que es ver que ahí se está diciendo algo».
Violencia
Es jueves por la tarde y, en la librería madrileña Traficantes de Sueños, un público compuesto mayoritariamente por mujeres, donde se oyen diversos acentos, escucha atento a la autora de Las estructuras elementales de la violencia.
Resuenan las últimas violaciones colectivas en Brasil en la cabeza cuando Segato rememora esa primera investigación en Brasilia y narra cómo después comprobó y extendió su hipótesis en Ciudad Juárez. De ahí surgieron dos textos: La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: territorio, soberanía y crímenes de segundo estado y Las nuevas formas de guerra y los cuerpos de las mujeres.
Confiesa Segato que querría dejar el tema de la violencia atrás, pero la violencia no cesa. «Tenemos que pensar –nos desafía– por qué a pesar del accionar de las instituciones, la promulgación de leyes, el habernos dotado de un vocabulario, la violencia no tiene fin. No se supera con los clásicos clichés, llamándola crímenes de odio o hablando de morir por el hecho de ser mujeres: el tema no se agota nombrándolo, esto es perjudicial porque se deja de pensar: hemos pasado a repetir burocráticamente conceptos y definiciones, pero no hemos salido del lugar».
Salir del lugar, volver inteligible lo ininteligible. En Las estructuras elementales de la violencia, Segato afirma que las violaciones son medios de expresión, expresan potencia, la expresan ante la víctima, pero sobre todo la expresan frente a los pares: «El mandato de masculinidad obliga al hombre a comprobar, a espectacularizar, a mostrar a los otros hombres para que lo titulen como alguien merecedor de esta posición masculina: necesita exhibir potencia». Y, al menos en Occidente, matiza la antropóloga, «poder y sexualidad están muy relacionados entre sí».
La dominación
«No es lo que pensamos, que está un sujeto en la calle y pasa una mujer linda, y se siente estimulado sexualmente, y la testosterona se le salta y se va encima y entonces se da el gusto. Ningún relato de los que conocimos tiene estas características: el placer no está presente, la dominación sí».
Por eso Segato defiende que hablar de crímenes sexuales desorienta, pues las violaciones son «crímenes por medios sexuales, pero no son crímenes para la sexualidad».
El acceso sexual es una forma de castigo, de dominación: «No hay placer, sino gozo dominador». Y es un acto expresivo dirigido a otros, pues «la persona más importante para un hombre es otro hombre, se constata todo el tiempo, todos los días».
Explorando en la literatura previa sobre el fenómeno, Segato descubrió datos reveladores: las sociedades racistas y consumistas tienen mayores tasas de violación y, cuando son los jóvenes quienes las ejecutan, son también más cruentas, «porque la adquisición de este título de ser capaz de crueldad y traspasar los límites es central en estos grupos».
Así, Segato inicia una vía que la aleja de lo que considera el gran error del feminismo: centrarse en el eje vertical de la violación, la relación entre victimario y víctima. Una reducción que, en su opinión, responde a un problema mayor: «Haber guetificado todo aquello que nos pasa a las mujeres, pensar que la violencia es un problema de las mujeres cuando nos habla de toda la sociedad. Aceptar la expulsión de todo lo que pasa a las mujeres, que se convierta en un tema minoritario y no entender que ahí hay luz para entender la época, la civilización, la sociedad, la economía e, inclusive, la marcha del capital».
Adentrándose en esta senda, Segato llegó a Ciudad Juárez en 2004, invitada por activistas mexicanas. Aquello de lo que hablas, le dijeron, encaja totalmente en lo que está pasando en México, donde el mandato de la masculinidad se sufre en los cuerpos de las niñas.
Años después, en Guatemala, le preguntaron cómo enfrentar las formas de violencia «que participan de la desposesión, que son el brazo armado de los procesos de despojo. Una de las formas de detener estas violencias es deconstruir el mandato de masculinidad: el capital no podría cumplir sus objetivos sin ese mandato de otros pares que demandan pruebas de coraje, pruebas que se ejecutan sobre el cuerpo de las mujeres. La masculinidad tiene que ser demostrada, si no es demostrada no existe. Y ése es el problema de la humanidad».
Ese mecanismo operaría en una guerra difusa, de actores paraestatales, que persiguen el ejercicio del control social, que se extiende desde México, América Central, Colombia, hacia al Sur, según la autora.
La profanación colectiva de los cuerpos es una de sus armas: «Se especializa el discurso de la crueldad, imponer su voluntad y espectacularizar su soberanía jurisdiccional. No son crímenes que puedan estar referidos a la interpersonalidad, no se perpetran como respuesta a un deseo, sino para formar parte de una organización mafiosa. Son crímenes bélicos cuyo escenario es público; crímenes expresivos de mafias que dialogan entre sí».
Una «pedagogía de la crueldad», como la conceptualiza la autora, que alcanza el máximo de su eficacia cuando actúa por medios sexuales, supone el «asesinato moral» del sujeto, despojándole de la jurisdicción sobre su propio cuerpo que, también la cultura occidental, designa como cosa, como objeto de despojo y rapiña.
Y responde a un proyecto histórico, defiende Segato: «Para esta fase del capital es indispensable que las personas se vuelvan menos empáticas, que sean menos vinculadas. Que el sufrimiento del cuerpo que tengo al lado no vibre en mí. Que se anule la solidaridad que es consecuencia de la empatía. Nos están entrenando para ser menos empáticos y tolerar el presente».
Un presente desigual, con una concentración en pocas manos de la propiedad del planeta: «El poder tiene que expresarse por medio de la espectacularidad de la crueldad sobre el cuerpo y el territorio, modo de expresión del control sobre las personas en una fase de dueñidad, de señorío».
¿Cómo enfrentar las violencias? ¿Cómo truncar el proyecto de dominio que se escribe sobre los cuerpos de las mujeres y desarmar el pacto masculino? «Es indispensable que las mujeres construyan su pacto, formen su cofradía, se muestren también articuladas», reflexiona Segato, quien celebra iniciativas como el #niunamenos en Argentina, o las movilizaciones de denuncia en Brasil.
Pero no es suficiente: «Tendría¬mos que mostrar al hombre su infelicidad, quizás el rédito de la masculinidad sea más ilusorio que real».
Segato advierte de que «las personas están tan atrapadas en el discurso de la acumulación que no registran el carácter lúgubre de la vida que viven».
Y concluye que «quienes alertamos del camino sin salida de la acumulación, del productivismo, de la competitividad, de la relación con las cosas por encima de la relación con las personas no hemos sido capaces de crear una retórica de valor para nuestro proyecto histórico. No hemos sido capaces de mostrar que hay cosas más interesantes, hay cosas más festivas, hay cosas más alegres, hay formas menos lúgubres de existir».
Violaciones colectivas en Brasil
Interrogada por las recientes violaciones colectivas en Brasil, la autora tiene una certeza: «El modelo del pacto masculino se aplica como un guante a las violaciones que han sucedido en Brasil. Esos hombres celebraron el daño sobre esa niña dormida y sangrando, lo viralizaron y luego otros hombres celebraron por internet ese daño, esa capacidad de daño que sería la quintaesencia de la masculinidad –entendida por toda esa gente en ese paradigma de presente–, el ser masculino dueño de dañar, expresando potencia».

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214504&titular=pedagog%EDa-de-la-crueldad-en-un-mundo-de-due%F1os-

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Soy un ambientalista escéptico

Autor: Antonio Quezada Pavón

América del Sur/Ecuador/14 de julio de 2016/ /Fuente: El Telégrafo

Soy un ambientalista escéptico Antonio Quezada Pavón Y no es porque no creo que el cambio climático es una realidad, sino que hay muchos y más grandes problemas en el mundo. Por ejemplo: hay 800 millones de personas muriendo de hambre; mil millones sin agua potable; dos mil millones sin saneamiento; muchos millones muriendo de sida y VIH; y por supuesto dos mil millones que estarán afectados por el cambio climático. En un mundo ideal los solucionaríamos a todos, pero no lo hacemos, por lo cual debemos preguntarnos: ¿Cuáles deberíamos solucionar primero? He identificado como diez desafíos más grandes del mundo: cambio climático, enfermedades contagiosas, conflictos, educación, inestabilidad financiera, gobernabilidad y corrupción, malnutrición y hambruna, migración poblacional, saneamiento y agua, subsidios y barreras comerciales. Son de una manera u otra los problemas globales más agobiantes. Entonces, ¿por dónde debemos empezar? Y siendo seres humanos muy limitados, el problema está en la forma de priorizar los problemas y las soluciones. Pero hemos visto la ineficiencia de Kioto para arreglar el cambio climático, así como los hospitales de vanguardia y mosquiteros para las enfermedades transmisibles, y son casi inútiles los Cascos Azules de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Y cómo no ser escéptico si al revisar los temas del Consenso de Copenhague, donde los 30 mejores economistas del mundo escribieron acerca de cada uno de estos grandes desafíos y los proyectos que se han encarado para saber: ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería su costo? ¿Y cuál sería el beneficio de esto? (Y son economistas y no especialistas en cada tema, pues los economistas saben priorizar.) Su trabajo fue hacer una lista en donde clasificaron los proyectos malos (que tienen un muy bajo o negativo índice costo/beneficio), los proyectos justos, los proyectos buenos y los que realmente deberíamos empezar a hacer que son los proyectos muy buenos. Los tres peores proyectos son los que se refieren al cambio climático. Y es que, siendo un problema tan grande, Kioto es totalmente infructuoso; su propuesta de invertir 150 mil millones de dólares al año (tres veces lo que se da en ayuda al tercer mundo para su desarrollo) solamente postergaría seis años los efectos del calentamiento global en 2100, lo cual significa que nos inundaríamos en Guayaquil en 2106, que es algo bueno, pero de cualquier manera desapareceríamos. Por otro lado, el cálculo de las Naciones Unidas es que con 75 mil millones de dólares al año (la mitad de lo estimado por Kioto) podríamos resolver todos los grandes problemas básicos del mundo. Entregar agua potable, saneamiento, atención básica sanitaria y educación para cada ser humano del planeta. La comparación de las dos propuestas de inversión en proyectos es la causa de mi creciente incredulidad en gastar tanta plata en el tema ambientalista para tan escaso beneficio. Es necesario con sostenibilidad mirar la prioridad de nuestras decisiones globales para hacer que este mundo sea más vivible. Por ejemplo, la malnutrición se puede arreglar en mucho con 12 mil millones al año proporcionando micronutrientes: hierro, zinc, yodo y vitamina A. Y con 27 mil millones de dólares durante los próximos ocho años se evitarían 28 millones de nuevos casos de VIH/sida con tratamiento y prevención. Estos son dos muy buenos proyectos que deberían ser llevados a cabo ya. (O)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/soy-un-ambientalista-esceptico
Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec

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