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Mala comunicación institucional: estudiantes se sienten traicionados por sus universidades

Por: Paulette Delgado

Los estudiantes se sienten traicionados por su universidad durante la pandemia pero, ¿por qué se sienten así?

Durante la pandemia de COVID-19, las y los estudiantes se han acercado a sus instituciones para que les ofrezcan recursos para cuidar su salud mental y cumplir con sus necesidades educativas. Sin embargo, muchas universidades no han cumplido con estas expectativas, y es probable que los alumnos se sientan traicionados por esto. En un estudio realizado por Alexis Adams-Clark y Jennifer J. Freyd a estudiantes de la Universidad de Oregon, se descubrió que más de la mitad de los encuestados han sentido algún tipo de traición institucional por sus universidades en algún tema relacionado con la pandemia. Para la investigación, el término “traición institucional” se refiere a cuando las universidades dañan a las personas que dependen de ellas o no cumplen con las obligaciones que tienen con el alumnado.

Las encuestas se realizaron entre el semestre de otoño del 2020 e inicios del invierno 2021. Durante este periodo, la Universidad de Oregon usó principalmente el aprendizaje a distancia, sin embargo, la mayoría de los estudiantes de primer año debían vivir en dormitorios en el campus tomando una pequeña cantidad de clases presenciales. El estudio les preguntó al alumnado si su institución creó un entorno seguro donde seguían los protocolos de seguridad, si los violan o si se les dificulta compartir sus preocupaciones sobre el COVID-19. Además, preguntaron si experimentaron síntomas de trauma, como dolores de cabeza, cambios en su estado de ánimo, depresión o ansiedad, en los últimos dos meses.

La encuesta del año pasado reveló que el 67 % del alumnado informó haber experimentado al menos un tipo de traición institucional relacionada con el coronavirus. Este número disminuyó a 55 % en los resultados más recientes. En ambos casos, esos sentimientos estaban relacionados con el trauma. La forma menos reportada de traición fue castigar al estudiante por expresar preocupación ante la situación o negar sus experiencias relacionadas con el COVID-19. Lo preocupante es que entre lo más común, el alumnado reportó que sienten que la institución no cumple con los protocolos de seguridad o que puede ocurrir transmisión del virus o inclumplir con los protocolos en cualquier momento.

Las investigadoras justifican aplicar dos encuestas argumentando que en la primera (llevada a cabo en el 2020), las políticas del Coronavirus eran nuevas y percibidas como inquietantes e insuficientes. Para el 2021 las instituciones educativas ya contaban con más información y pudieron crear mejores protocolos, además de que los estudiantes tuvieron tiempo para acostumbrarse a las políticas. Según la investigación, la disminución de sentimientos de traición institucional se debe a que se modificaron las medidas de seguridad. Sin embargo, el estudio tiene sus limitaciones ya que sólo encuestó a estudiantes de la Universidad de Oregon. “Como tal, es difícil concluir cómo estos resultados se generalizan a otras universidades, que pueden haber implementado políticas y procedimientos COVID-19 marcadamente diferentes”, escribieron las autoras. Las autoras teorizan que las instituciones que tengan medidas de seguridad estrictas, bien pensadas y justificadas, tienen menor riesgo de cometer traición institucional y, como resultado, sus estudiantes pueden experimentar menos angustia psicológica. “Sin embargo, tal conclusión está más allá del alcance del estudio actual”, escribieron.

Sentirse traicionados por sus universidades podría tener ramificaciones para las instituciones mucho después de que la pandemia disminuya o desaparezca, además de afectar negativamente el desempeño académico de los estudiantes. También podría impactar su participación en las actividades universitarias, la inscripción futura y las próximas donaciones a la institución. Las autoras señalan que “el objetivo no es solo reconocer el daño y eliminar la traición institucional, sino reemplazarla con acciones que centren las necesidades de sus integrantes institucionales”.

El alumnado no conoce los apoyos que ofrecen sus universidades

Aquí tenemos el otro lado de la moneda: los alumnos desconocen los apoyos que ofrecen las universidades. En una encuesta realizada por la Universidad de Texas en Austin a más de 120 mil estudiantes de 273 instituciones, cerca del 60 % de los estudiantes contestaron que no sabían si existían servicios de apoyo relacionados con el COVID-19.

Al igual que el estudio de la Universidad de Oregon, los investigadores realizaron una segunda encuesta seis meses después donde el porcentaje de desconocimiento se redujo de 60 % a 49 %. Estos hallazgos subrayan el impacto de la pandemia en la educación superior y sus efectos desproporcionados en los estudiantes, especialmente las minorías. Las universidades tienen un gran trabajo por delante para ayudar a sus pupilos a obtener acceso a los recursos que necesitan y superar los retos que la pandemia sigue creando.

En la segunda encuesta, más de un tercio (34 %) del alumnado respondió que su situación financiera personal es peor ahora que antes que iniciara la cuarentena, cuatro puntos más arriba que en el 2020; y cerca de un cuarto admitieron que tienen dificultades para pagar los estudios. El estudio remarcó que los estudiantes asiáticos, nativos americanos, negros y latinos tenían más probabilidades de tener dificultades financieras que sus compañeros blancos.

Para apoyarlos a completar su educación superior, las universidades estadounidenses han empleado fondos de ayuda federal que incluye ofrecer puntos de banda ancha para aquellos que no tienen acceso a internet hasta cubrir préstamos pendientes. Pero si no conocen estos recursos, no podrán acceder a ellos. “Las universidades están haciendo todo lo posible para comunicarse, pero, ¿cómo nos comunicamos y [con qué] frecuencia? Los estudiantes están tratando de absorber la información, están pensando en un millón de cosas. Se trata de mostrarles la información de apoyo”, señalaron los autores del estudio.

Un medio de comunicación que las universidades usan comúnmente son los correos electrónicos pero muchos estudiantes no revisan su buzón. Sin embargo, es el sistema más sencillo para hacerles llegar avisos, actualizaciones, y comunicarles los tipos de apoyo que ofrecen. Una técnica exitosa, según el estudio, para informar a los estudiantes es involucrar al personal de la facultad. Todos los pupilos interactúan con el profesorado, por lo que es clave que estén bien preparados con información relevante para que la compartan. Además de descubrir las necesidades de sus estudiantes, el profesorado también puede conocer los apoyos que la institución les ofrece.

Para los autores, lo importante es permanecer flexibles ante la pandemia, no sólo en las formas de conectarse con los estudiantes, sino también en la forma de tomar clases ya que hay algunos que prefieren tomar las lecciones en casa, más que la enseñanza presencial o híbrida. El estudio descubrió que el 59 % de los estudiantes evitan activamente situaciones en el campus donde no se garantiza el distanciamiento social. De ese porcentaje, la mayoría pertenece a grupos que experimentaron tasas de mortalidad COVID más altas.

“Nuestros estudiantes están traumatizados por la pérdida de estabilidad. Muchos sufrieron la pérdida de empleo y de cuidadores. El estrés de ¿cómo me mantengo saludable, empleado y trato de avanzar en mis estudios? El impacto en la salud mental ha sido significativo. Ha sido increíblemente estresante para nuestros estudiantes”, señalan los investigadores. Conocer los recursos que tienen disponibles evitará que los estudiantes se sientan traicionados por sus instituciones. Este tipo de encuestas sirve para iniciar una conversación sobre cómo las universidades interactúan con los estudiantes para saber cómo se sienten, qué les preocupa, qué necesitan.

Las crisis de salud y otros desastres son inevitables, y cada vez que suceden, el desempeño académico de los estudiantes se ve afectado. Si las universidades no tienen un buen sistema para comunicar sus recursos de apoyo, así como las medidas que están tomando para crear un entorno seguro para los alumnos, estos se seguirán sintiendo traicionados.

¿Tú conoces los recursos de apoyo que ofrece tu universidad? ¿Cuál crees que es la mejor manera de transmitirle la información al alumnado? ¿Te has sentido a lo largo de la pandemia traicionada por tu institución? Déjanos tus comentarios abajo.

Fuente de la informaión e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news

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La Violencia hacia la mujer y la 4T

Por: Karen Campos

El gobierno de la 4T, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, significa para muchos una esperanza de transformación social, un gobierno y un presidente que representa los intereses del pueblo trabajador, olvidado, empobrecido y sumergido en la extrema violencia gracias a los manejos corruptos y desmedidos de los gobiernos del PRI y el PAN.

Sin lugar a duda, este gobierno ha estado removiendo las aguas y está salpicando de beneficios a los sectores más vulnerables de la clase obrera con sus programas sociales, sin embargo, sólo las mueve en la superficie, sin acercarse al fondo turbio que ha originado todo este ambiente de miseria e inseguridad en la sociedad. En ese fondo turbio se encuentra el capitalismo, que para sobrevivir requiere alimentarse de la explotación hacia la clase obrera.

Con respecto a la cuestión de la mujer, no es un secreto para nadie que hay un enorme foco rojo en México por la violencia de género que, si bien es un mal heredado de gobiernos anteriores, el gobierno de la 4T no ha podido frenarla. ¿La violencia hacia la mujer es resultado de manejos estatales corruptos o de un sistema social decadente?

El gobierno de la 4T se ha declarado feminista, dado que por primera vez se ha logrado un gabinete paritario, lo cual, según su postura, es un avance y una clara muestra de igualdad entre hombres y mujeres. La presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres, Nadine Gasman, declaró que el 58% de las beneficiarias de los Programas para el Bienestar son mujeres de zonas rurales, empobrecidas, afromexicanas e indígenas. María Fabiola Alanís, titular de la Conavim, declaró que durante este gobierno ha habido una inversión histórica de 302 millones de pesos para los Centros de Justicia para las Mujeres y se han emitido 7 alertas por violencia de género. Todos estos podríamos considerarlos como avances significativos para resolver los problemas de las mujeres, pero analicemos algunos datos.

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, existe una brecha salarial promedio del 15%, analizada desde 2017 hasta el primer trimestre del 2020, lo que representa que por cada $100 de salario de un hombre, una mujer obtiene $85. Esta brecha salarial evidentemente pone en desventaja económica a las mujeres con respecto a los hombres, por lo tanto, esta condición social genera un proceso de dependencia económica que obliga a las mujeres a permanecer o mantener relaciones de pareja, en muchas ocasiones violentas, debido a que su salario no es suficiente para mantener el hogar, generando un proceso de reproducción de la violencia y vulnerabilidad. Entonces, tenemos paridad en el Congreso, tenemos paridad en el gabinete gubernamental, pero de qué nos sirve si no tenemos paridad en los salarios y estamos bajo el yugo de la dominación económica que nos violenta como parte de la clase obrera y como mujeres. Esto no quiere decir que debamos entonces pugnar por que bajen los salarios de los hombres y los igualen a los de las mujeres, sino todo lo contrario, esto significa que tanto hombres como mujeres debemos organizarnos y luchar juntos, como clase explotada, por incrementar nuestros salarios y derechos laborales de por sí raquíticos y muy golpeados. Por lo tanto, esta declaración de la 4T sobre su feminismo muestra las claras limitantes de esta corriente, pues su paridad sólo representa un avance para las mujeres de arriba, las que no conocen el verdadero mundo de la pobreza y violencia que vivimos a diario las mujeres de la clase obrera. Así que no, esto no es un avance en el proceso de igualdad entre hombres y mujeres, al menos no para la mayoría de nosotras.

En México viven 65.5 millones de mujeres, de las cuales 50 millones están en riesgo de pobreza o en situación de pobreza. Esto significa que, de acuerdo con el último estudio de medición de la pobreza de la Coneval, 8 de cada 10 mujeres en el país viven bajo condiciones de pobreza o vulnerabilidad por la falta de ingresos o carencias sociales. El 67.1% de las mujeres mexicanas presenta al menos una carencia social, el 21.9% presenta tres o más carencias. Un tercio de la población femenina nacional económicamente activa o está afiliada al IMSS o al ISSSTE, lo que significa que no sólo no tiene acceso a la seguridad social, sino que tampoco podrá acceder a una pensión para el retiro o un crédito de vivienda. La pandemia ha profundizado aún más la crisis económica ya presente, donde las principales afectadas han sido las mujeres, pues los índices de desempleo femenino aumentaron con la crisis sanitaria.

Si bien los programas sociales están siendo de gran ayuda para los sectores más vulnerables de la población, estos no son suficientes, pues son como tal un apoyo, mas, no una solución al problema principal, que son la falta de empleo y oportunidades de desarrollo. Todas estas condiciones de pobreza y marginación también son un caldo de cultivo para la reproducción de la violencia hacia la mujer, pues al no existir las condiciones mínimas de salubridad, empleo y desarrollo educativo, la barbarie se reproduce. Estas condiciones obligan a las mujeres a buscar oportunidades de cualquier tipo para sobrevivir, como involucrarse con el crimen organizado, acceder a la prostitución, trabajar en empleos muy precarizados con nulos o pocos derechos laborales, donde los niveles de explotación y violencia son extremos. Por lo tanto, claro que estamos de acuerdo en que se entreguen programas sociales, incluso estos deberían extenderse para que más población pueda tener acceso a ellos, pero no podemos hacerlo cerrando los ojos ante el origen de todo este proceso de desigualdad social y barbarie que ha generado el capitalismo a partir de la acumulación de riquezas de una clase minoritaria que se vuelve cada vez más rica mientras nosotros nos volvemos cada vez más pobres.

Es necesario que, si el gobierno de la 4T quiere ser consecuente con su slogan de “Primero los Pobres”, se encamine entonces hacia la destrucción de este sistema de opresión, pues de lo contrario, se va a quedar en el camino intentando hacer este sistema “un poco más justo”, pues no hay nada justo en la defensa de la propiedad privada y en la apropiación del beneficio del trabajo ajeno, sin los cuales el capitalismo simplemente no podría existir.

Desde que inició el gobierno de AMLO y hasta mayo del 2021, ha habido 2,400 asesinatos de mujeres por razones de género y 7,100 han sido víctimas de homicidio doloso. En 2019 se registró el 89.6% de impunidad para casos de homicidio doloso y 51.4% de impunidad en feminicidios, teniendo un porcentaje general de impunidad del 94.8% de todos los delitos denunciados en 2020. El último reporte del INEGI indica que 10 mujeres son asesinadas al día en este país, más de la mitad son asesinadas por sus parejas o familiares cercanos y casi tres cuartas partes son asesinadas con armas de fuego o por estrangulamiento.

Derivado del confinamiento por la pandemia, el Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que de enero a mayo del 2021 hubo 106,603 reportes de casos de violencia familiar, en todo 2020 se reportaron 220,031 casos, que ha sido la cifra más alta desde el 2015. Estos datos nos hacen preguntarnos si las inversiones a los Centros de Justicia para Mujeres y las alertas de género emitidas en los estados están siendo efectivas para combatir y erradicar la violencia hacia la mujer en México. Las cifras son crudas, la respuesta es no.

La violencia hacia la mujer no se da porque los sistemas de justicia no son eficientes (aunque son un reflejo de ésta), sino porque el tejido social está extremadamente dañado. Se podrá avanzar en instalar más centros de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia, aumentar los senderos seguros y la vigilancia, preparar a policías y ministeriales con perspectiva de género, desarrollar protocolos de atención y prevención de la violencia, casas y refugios para mujeres violentadas, etc. Puntos en que sabemos que el gobierno de la 4T invierte y procura atender. El problema real es que todas estas medidas solo son paliativos para disminuir la violencia, pero no para erradicarla, además de que tan solo con buenas intenciones no va a desaparecer un problema que radica en la estructura del sistema capitalista, la cual la 4T y sus políticas reformistas no están dispuestas a tocar y mucho menos a modificar.

Todos los días nos enfrentamos a una realidad de pobreza, hambre, marginación y violencia extrema, una realidad donde los sectores más vulnerables, las mujeres y la infancia, pagan las peores consecuencias. Desde el origen de la propiedad privada y la sociedad dividida en clases, la mujer ha sido colocada en un papel de subordinación y sumisión ante el hombre, lo que históricamente nos ha puesto en desventaja y vulnerabilidad económica y social. Para la sociedad dividida en clases, las mujeres no somos más que un elemento de propiedad del hombre, destinada a obedecer y callar, a servir y satisfacer, a reproducir y criar; estamos inmersas en un sistema donde las prácticas machistas y misóginas son aceptadas y aplaudidas social y culturalmente, pero éstas se reproducen no en beneficio de un género, sino en beneficio de una clase, que se aprovecha de nuestras condiciones de subordinación para obtener beneficios de la doble explotación. Para el capital las mujeres no somos más que una máquina de reproducción de la clase obrera y carne de cañón para la explotación asalariada y, mientras estas condiciones que originan la opresión de la mujer no cambien, la violencia hacia nosotras no podrá ser erradicada.

Es por esto que, aunque este gobierno progresista tenga las mejores intenciones de mejorar nuestras condiciones de vida para podernos desarrollar en un ambiente seguro y libre de violencia, no podrá avanzar sin una lucha decidida contra el sistema de opresión capitalista. Todas sus propuestas y planes estarán siempre limitados ante las necesidades de lucro de la clase burguesa, por lo que no podremos avanzar hacia un proceso de igualdad social. Para esto es necesario defender un programa diferente, un programa socialista, donde sí se planteé la necesidad de romper con el sistema capitalista, donde se combata, desde las bases de la organización obrera, a los defensores de la propiedad privada. Sólo de esta forma los hombres y mujeres de la clase obrera podremos tomar nuestro destino en nuestras manos e iniciar un proceso de reconstrucción social, eliminando la explotación y la miseria, educando a las nuevas generaciones en un ambiente de prosperidad y colectividad, donde la herencia sangrienta de la violencia hacia la mujer no sea más que un amargo recuerdo del extinto capitalismo voraz.

En aras de esta necesidad imperante de la lucha por el socialismo para la liberación de las mujeres y de la clase obrera, hacemos un llamado a organizarnos, apoyando las demandas transicionales que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida, pero empujando al movimiento a ir más allá, a no conformarnos con migajas reformistas. Lo queremos todo, porque somos nosotros, la clase obrera los que generamos la riqueza y es por ello que merecemos vivir en un mundo libre de la violencia y la barbarie del capital.

Fuente de la información e imagen:  https://marxismo.mx/

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Microcrédito y deuda pública, dos eslabones de un mismo sistema que refuerzan las desigualdades de género

Autoras: CAMILLE BRUNEAU | FATIMA ZAHRA EL BEGHITI | BEATRIZ ORTIZ | ANAÏS CARTON/Viento Sur

Con motivo de la reunión internacional organizada en Rufisque (Dakar, Senegal), en noviembre de 2021 por el Comité para la Anulación de la Deuda Ilegítima (CADTM) sobre la cuestión del microcrédito, los presentes provenientes de casi 20 países exigen la necesidad de revisar las condiciones para la ejecución de los contratos de microcrédito, incluida la considerable reducción de las tasas de interés. También se ha hablado de amplias campañas de sensibilización y de la búsqueda de alternativas autogestionadas. La cuestión del microcrédito no se puede abordar sin interesarse por las cuestiones macroeconómicas. Es el sistema de deuda pública de los países del Sur el que crea estos problemas y recae principalmente sobre las mujeres. Estos son algunos de los elementos compartidos durante esta reunión.

Fatima Zahra nos recuerda que, durante la independencia oficial de los Estados anteriormente colonizados, los países del Norte legaron deudas coloniales, odiosas e ilegítimas. Habían sido contratados por las potencias imperiales de los bancos occidentales precisamente para financiar la empresa colonial, en cuyo centro estaba el saqueo de recursos. Sin embargo, su devolución se mantuvo sobre las espaldas de los pueblos, generando así un círculo vicioso. Esta deuda, que sigue aumentando, es un mecanismo permanente para saquear la riqueza de los países del Sur mediante el enriquecimiento de los principales acreedores del Norte. A través de esta deuda, las instituciones financieras internacionales han impuesto planes de ajuste estructural (PAE) desde la década de 1980. La implementación de estas políticas de austeridad neoliberales ha acentuado el deterioro masivo de las condiciones de vida de las personas en el Sur, especialmente las mujeres que han asumido la carga de la pobreza, la precariedad y el aumento de las desigualdades en una sociedad patriarcal. Fue en este contexto en el que la microfinanciación se expandió a los países pobres del Sur durante las décadas de 1980 y 1990.

En las sociedades patriarcales, la microfinanciación solo acentúa la pobreza, el sobreendeudamiento y la dependencia de las mujeres. Las mujeres son el primer objetivo de las instituciones de microcrédito (Instituciones de Micro Finanzas IMF): representan el 81 % de las y los prestatarios del mundo, es decir, casi todos. Debido a que son ellas las que asumen en gran medida el trabajo reproductivo, lo utilizan para mantener a sus familias, en contextos en los que el coste de vida está aumentando, los ingresos están cayendo y los apoyos y servicios públicos están desapareciendo en favor de empresas privadas extremadamente lucrativas. Las instituciones financieras internacionales presentan la microfinanciación como un modelo de desarrollo que apoya a las mujeres. Sin embargo, con una tasa de interés promedio del 25 al 30% en todo el mundo, el microcrédito solo sirve para mantener a la gente pobre en la pobreza.

Por lo tanto, es una fuente de enriquecimiento para los inversores, mientras que la periodicidad del reembolso socava cualquier posibilidad de tener éxito en un microproyecto y hace recaer sobre individuos los reveses de las políticas capitalistas. Es importante recordar que es un problema colectivo y estructural y no una cuestión de responsabilidad individual. Este vínculo entre el universo financiero y la macroeconomía con nuestra vida cotidiana se recuerda aquí a través de diferentes ángulos de análisis.

«Vivas, libres y desendeudadas»: una lectura feminista de la deuda en Argentina

Como demuestra Beatriz Ortiz, el caso de Argentina ilustra cómo las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) están estrechamente vinculadas a los procesos de deuda de los hogares y que las consecuencias recaen en particular en las mujeres.

Las consecuencias de estas políticas se pueden resumir en una reducción de los servicios públicos, un aumento de la carga de trabajo no remunerada de las mujeres y más deudas privadas. Por ejemplo, en Argentina, al mismo tiempo que el FMI impone más trabajo no remunerado a las mujeres, menos servicios públicos y más deudas privadas, el Estado otorga préstamos a tasas muy altas, más del 40%, a las madres que reciben subsidios para poder alimentar a sus hijos. Al mismo tiempo, estos subsidios sirven como garantía para contraer nuevas deudas: son solo un pretexto para solicitar préstamos y, por lo tanto, constituyen un mecanismo formidable para la transferencia de riqueza. Las políticas neoliberales nos desposeen, especialmente a las mujeres, debido a la falta de políticas sociales. Verónica Gago describe este despojo, entre otras cosas, como un proceso de colonización financiera de los espacios de reproducción social: las finanzas siempre encuentran nuevos medios de extraer los recursos de las mujeres.

Ante la falta de autonomía económica de las mujeres, la dificultad de acceder al empleo, la falta de políticas públicas para liberar a las mujeres de la obligación de asumir todo el trabajo invisible de la reproducción social, no tenemos más remedio que recurrir a la deuda para cubrir estas exigencias y necesidades. Y así es como las finanzas colonizan nuestros hogares a través de la deuda, colonizan la reproducción social, a través del microcrédito para poder pagar los estudios de una hija o comprar medicamentos para una enfermedad grave. El microcrédito es la punta del iceberg de una red de colonización financiera de hogares y, específicamente, de mujeres. Esta violencia financiera implica otra violencia, violencia machista y de género. La deuda y la precariedad hacen que las mujeres dependan de los ingresos de los hombres para pagar sus deudas y las empujan a aceptar o desarrollar trabajos más precarios (en el caso de que exista la oportunidad de acceder al empleo para ellas) y en muchos casos la deuda encierra a las mujeres en hogares donde sufren violencia doméstica. Por lo tanto, todo esto también es una forma de hacer que las mujeres sean más vulnerables a la violencia, porque muy a menudo los trabajos más precarios van acompañados de malos tratos, abusos, etc. Así que vemos que este vínculo entre la violencia financiera y la violencia machista y sexista es muy significativo.

Afortunadamente, las demandas sobre la deuda están actualmente en el centro de las movilizaciones por los derechos de las mujeres en Argentina. «Vivas, libres y desendeudadas» se escuchó en las movilizaciones feministas en Argentina con motivo del 8 de marzo de 2020. Las lecturas feministas de la deuda realizadas por mujeres en Argentina pueden alimentar el debate sobre alternativas y prácticas colectivas frente al microcrédito.

¿Quién le debe a quién? La deuda de los cuidados

Camille Bruneau recuerda, gracias a las contribuciones de la economía feminista, que el vínculo entre la deuda pública, la deuda privada y las desigualdades de género existe en todas partes, también en Europa. Las medidas de austeridad y los planes de ajuste estructural son casi idénticos e imponen en nombre del pago de la deuda pública medidas antisociales que afectan a las poblaciones vulnerables y muy específicamente a las mujeres como trabajadoras y usuarias de servicios específicos y personas asignadas a los cuidados. Mientras que el costo de vida está aumentando (aumento del IVA, abolición de subsidios, privatización de muchos servicios, inflación, etc.), los medios de subsistencia están disminuyendo (pérdida o precariedad del empleo, supresión de subsidios, destrucción de suelos, etc.). Las mujeres se endeudan y han aparecido nuevos tipos de créditos desde la pandemia.

Debemos establecer el vínculo entre la deuda pública y la deuda privada, pero también entre la deuda y el patriarcado. Porque en una sociedad patriarcal, es decir, dominada política y económicamente por los hombres, resulta que los cuidados, la reproducción social, lo que está a cargo las mujeres, se devalúa. El problema del pensamiento dominante de la mayoría de nuestras sociedades es que son puestos en lo más alto valores que están asociados con lo masculino, como el poder, la violencia, la competencia, y que todo también se basa en jerarquías (hombres > mujeres, humano > naturaleza, etc.) más que en interdependencias, cooperación, etc. Esto permite atacar a estos sectores cuando es necesario reducir el gasto público para reinyectarlo en el servicio de la deuda. Como históricamente las mujeres han sido asignadas a los cuidados y, por lo tanto, a estos sectores, se ven afectadas por estas medidas de ajuste y llevan sobre sus hombros la carga de compensar y encontrar soluciones (comedores y guarderías populares, etc.). ¡Sin embargo, estas actividades son esenciales para el bienestar y el buen funcionamiento de la sociedad!

¡Las mujeres no solo compensan con su trabajo gratuito y sufren degradación profesional, sino que financian con sus bolsillos estas mismas instituciones bancarias que son la causa de su pobreza! En efecto, precisamente debido a las deudas públicas ilegítimas los gobiernos ponen en marcha medidas que afectan negativamente a las personas. Los acreedores reciben el dinero que se debería invertir en salud, educación, programas para promover la condición de la mujer, etc. Y son estas mismas instituciones bancarias, BNP Paribas por ejemplo, las que recuperan el dinero y los intereses que las mujeres pagan a las IMF que a menudo pertenecen a estos grandes grupos financieros.

Por lo tanto, si pensamos en todo esto, reconocemos la existencia de una enorme deuda social, es decir, debida por una parte de la sociedad, a las mujeres: por lo tanto, también la llamamos deuda reproductiva, del care, de los cuidados. ¡Sin este trabajo gratuito o mal pagado realizado por mujeres, el sistema se derrumba! Visibilizar y reconocer este trabajo nos obliga a darnos cuenta de hasta qué punto se distribuye actualmente de forma desigual. De hecho, ¿quién es dependiente? ¿Las mujeres hacia los hombres, o los hombres hacia las mujeres que los cuidan? Al revertir estas lógicas, nos hacemos la pregunta: ¿quién le debe a quién? Por lo tanto, si hay una auditoría de la deuda, debería incluir estas dimensiones, es decir, reconocer la contribución no reconocida de las mujeres a la economía y proponer soluciones como la socialización de los cuidados, es decir, la implicación de todos los actores sociales y económicos en estas actividades de las que todos y todas dependemos.

«¡Microcrédito, vete! «, el emblema de una movilización histórica en Marruecos

En el contexto de Marruecos, Fatima Zahra muestra cómo las IMF se han beneficiado del analfabetismo de las mujeres en situaciones precarias al hacer que firmen contratos en condiciones abusivas. Las mujeres se encuentran rápidamente ante la incapacidad de poder pagar su crédito, debido a las altas tasas de interés (en Marruecos entre el 30% y el 40%). Las IMF ejercen una presión terrible sobre las mujeres que temen acabar en prisión o humilladas públicamente si no pagan en la fecha especificada. Algunas mujeres se ven obligadas a vender sus propiedades, otras a abandonar sus hogares para huir de los ataques de las IMF u obligadas a prostituirse. En medio de la pandemia, especialmente durante el período de confinamiento, las IMF continuaron hostigando a las prestatarias.

Ante esto, Fatima Zahra recuerda las luchas que han librado las mujeres víctimas de microcréditos 1/. Para hacer frente a los abusos y la violencia de las IMF, las prestatarias de Ouarzazate(sureste de Marruecos) comenzaron a hacer una lista de las víctimas, se distribuyeron cuestionarios para recopilar información. Las mujeres lograron organizarse y decidieron detener el pago. El movimiento se ha extendido por toda la región y ha salido a las calles, se han llevado a cabo manifestaciones y sentadas, las mujeres han denunciado las tasas de interés abusivas, la humillación y el acoso que han sufrido por las IMF.

Este movimiento nació en el contexto de los levantamientos populares en toda la región en 2011, exigiendo justicia social, dignidad y libertad. Después de las protestas, el Estado procesó a dos personas coordinadores de estas luchas, que fueron condenadas a un año de prisión y fuertes multas. Gracias al movimiento de víctimas y a la solidaridad nacional e internacional, las dos coordinadoras fueron absueltas en noviembre de 2016. El Comité de Mujeres Maroc Attac-CADTM ha estado fuertemente involucrado en esta lucha, organizando caravanas solidarias de formación y alternativas a los microcréditos.

Aquí y en otros lugares, las mujeres están tratando de desarrollar sus propias alternativas al sistema de microfinanciación y es aquí donde se establece el vínculo con las macrofinanzas 2/. Hay colectivos, iniciados por mujeres, que reclaman otras formas de economía, de solidaridad, como tontinas, cajas de ahorros autogestionadas por mujeres y basadas en la donación y la igualdad. Por lo tanto, estos colectivos piden investigar los contratos de microcrédito partiendo de los fundamentos legales de la ilegitimidad de los contratos: ocultación de tipos de interés, consentimiento resultante de fraude o presión.

Por la cancelación de las deudas ilegítimas

En continuidad con estos ángulos de análisis, Anaïs Carton resume que si es necesario endeudarse, es para compensar las deficiencias de los Estados en las políticas públicas, debido a los gastos incurridos para pagar las deudas públicas con las instituciones financieras internacionales. De hecho, hoy en día, el 60 % de los países africanos gastan más recursos en el pago de la deuda que en gastos en salud. Esto en un momento en que los países del Sur se ven muy afectados financiera, económica, social y sanitariamente por la pandemia. Según un informe reciente de Oxfam, más de 500 millones de personas podrían caer en la pobreza como resultado de la crisis actual. Los recortes presupuestarios relacionados con el pago de la deuda hacen que estos recaigan particularmente sobre los hombros de los grupos más vulnerables y amplían las desigualdades de género.

Las respuestas aportadas por el Banco Mundial, el FMI y el G20, como la Iniciativa para la Suspensión de la Deuda, son totalmente insuficientes. Solo posponen el problema. Además, los acreedores privados, que son en gran medida la mayoría, de ninguna manera se ven obligados a cancelar sus créditos. A día de hoy, el 60% de las deudas públicas están en manos de acreedores privados, con todos los problemas de falta de transparencia de su identidad y altas tasas de interés cobradas por ellos que esto plantea. Por lo tanto, las «ayudas» otorgada a los países del Sur, con el propósito oficial de combatir los efectos de la pandemia, de hecho se utilizarán para rescatar a estas organizaciones en detrimento de las necesidades urgentes sobre el terreno.

Además, el Banco Mundial y el FMI tienen créditos ilegítimos y atroces. En efecto, parte de los préstamos otorgados por estas dos instituciones no beneficiaron a las poblaciones de los países afectados. Este es el caso de las deudas contraídas por los gobiernos que desvían la totalidad o parte de los fondos prestados, a sabiendas de los prestamistas, como en la República Democrática del Congo durante la era Mobutu. Todas las deudas de los países del Sur que se han concedido a regímenes que violan los derechos humanos fundamentales, que no han beneficiado a la población o que se han contraído en violación del derecho internacional público y el derecho interno de los Estados deudores, son ilegítimas.

Por lo tanto, hay que anular las deudas públicas con todos los acreedores: bilaterales, multilaterales y privadas, deben cancelarse. La deuda de África es de 500.000 millones de dólares, es decir, el 0,5 % de la deuda mundial. Esto no es nada comparado con los aproximadamente 3 billones de dinero público gastados en rescates bancarios en 2007-2008. En 2006 Noruega reconoció su responsabilidad por la deuda ilegítima de 5 países empobrecidos del Sur y canceló unilateral e incondicionalmente sus reclamaciones de pago de deuda por un monto de unos 62 millones de euros. Si Noruega lo hizo, ¿por qué no Bélgica? En 2007, Ecuador, tomó la decisión unilateral de no pagar sus deudas ilegítimas después de realizar una auditoría ciudadana de sus deudas. Según el derecho internacional, los derechos humanos fundamentales prevalecen sobre los derechos de los acreedores.

En Bélgica, el CADTM aboga por que Bélgica desempeñe un papel de liderazgo, en primer lugar dando ejemplo, el de cancelar el pago de las deudas de los países del sur de los que es acreedor en 2020 y 2021. Pero también para que adopte una legislación para obligar a los acreedores privados a participar en el alivio de la deuda. Por último, Bélgica tiene, en nombre de un grupo de países, un puesto de director en el FMI y un puesto de director suplente en el Banco Mundial. Hoy es vital que Bélgica utilice el peso significativo que tiene en estas dos organizaciones para alentarlas a seguir el camino de las cancelaciones de deudas.

En conclusión, hay recomendaciones que se deben hacer a diferentes niveles, en paralelo:

– A corto plazo, debe haber una mejora en las condiciones de deuda con las IMF, como una tasa de interés cero, y forzada por la adopción de leyes nacionales, una petición de acceso al crédito sin discriminación y con total transparencia. También es necesario sensibilizar y dar a las mujeres acceso a información fiable sobre las IMF;

– De una manera más macro y estructural, debemos luchar contra el endeudamiento público y proponer alternativas al microcrédito, como economías solidarias que ya están probadas en ciertas regiones del mundo y que pueden alimentar nuestras reflexiones.

Y, finalmente, es fundamental dinamizar una red feminista internacional en torno a estas demandas.

Notas

1/ Una primera movilización de las víctimas del microcrédito obtuvo una ligera concesión

2/ En Bamako, en Malí, las mujeres de la red CADTM continúan la reflexión y la acción contra los microcréditos y la deuda ilegítima.

Autoras: CAMILLE BRUNEAU | FATIMA ZAHRA EL BEGHITI | BEATRIZ ORTIZ | ANAÏS CARTON

Texto origjnal: https://www.cadtm.org/Microcredit-et-endettement-public-deux-maillons-d-un-meme-systeme-qui-renforce

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

Fuente: https://vientosur.info/microcredito-y-deuda-publica-dos-eslabones-de-un-mismo-sistema-que-refuerzan-las-desigualdades-de-genero/

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Pensamiento crítico para una segunda emancipación

Por: Abdiel Rodríguez Reyes

Profesor de Filosofía en la Universidad de Panamá

En esta coyuntura de reflexión sobre el Bicentenario de algunos de nuestros países, el pensamiento crítico y segunda emancipación (también podríamos llamarla “otra emancipación”), cobran especial relevancia. Por lo primero entendemos también “discurso crítico” como lo plantea Bolívar Echeverría, lo cual se traduce en “transformación” a la buena usanza de la tradición marxista. Asumimos este discurso crítico y de transformación siguiendo también el planteamiento de Enrique Dussel en el capítulo sexto de su Ética de la liberación, donde nos habló del “Principio-Liberación”. Este pensamiento crítico en permanente movimiento es una crítica al orden vigente capitalista, misógino, racista, extractivista y eurocéntrico al menos. Ese orden no es natural, es histórico y por tanto puede ser transformado.

En cuanto a la “segunda emancipación”, la entendemos como algunas tareas irresueltas cuando nuestros países se independizaron de España, desde la perspectiva de la filosofía de la liberación, de Arturo Andrés Roig y Enrique Dussel. Tales tareas pendientes son de corto, mediano y largo plazo. No se trata de partir de cero, como dice Horacio Cerruti: hay doscientos años de pensamiento filosófico nuestroamericano, como consta en uno de sus libros.

La crítica de filosofía de la liberación está arraigada en quinientos años de exclusión y resistencia. Es en ese medio milenio donde adquiere pleno sentido reflexionar sobre el Bicentenario. Es decir, ya contamos con un pensamiento, con experiencias políticas concretas y de resistencias, entonces, no se trata de empezar de cero. Como dice Cerutti en el libro citado, siguiendo a Roig, se trata de “re- comienzos”. Esto es importante porque cierto pensamiento a veces cae en la ingenuidad de lo nuevo, como si aquí no se hubiese pensado. Es una posición ética reconocer la trayectoria y las prácticas revolucionarias, alimento del pensamiento crítico hoy.

Gran parte de nuestros países conmemoran este año la Independencia de España y si hacemos un examen nos percatamos de nuestras falencias y ataduras del viejo modelo monárquico. En un conversatorio organizado por la Asociación Afrodescendientes Panameños Unidos, Leonardo “Rey” Sidnez, espetó la crítica de que, como negro cimarrón no podría conmemorar la fecha cuando aún existan promesas incumplidas ante este sector importante de la sociedad. En Haití, por ejemplo, cuando triunfó la Revolución Francesa no se les dio ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad a los negros. Por eso hicieron su propia Revolución, como lo evidencia CLR James en Los jacobinos negros, libro fundamental. En fin, como dice Sidnez, en Panamá hay racismo porque se ha invisibilizado a los negros, cuya rica experiencia y resistencia son muy importantes para otra emancipación.

Los procesos de independencia de esa primera emancipación de inicios del siglo XIX están en un mundo de transición del feudalismo al capitalismo, cuyo inicio encuentra en el encubrimiento de nuestro continente tres siglos antes. En esos grises se va ponderando el rol de las elites criollas, mientras que las grandes mayorías del arrabal pasan a un segundo plano. Tan pronto se independizaron, las elites se adaptaron a los estados nacionales y estos a su vez estaban en armonía con el afianzamiento del capitalismo. De este modo, si bien había un avance en las independencias no bastaba para amplios sectores de las sociedades republicanas nacientes.

No había contradicción entre los intereses de nuestras elites y el espíritu de este modo social de producción sustentado en la explotación. La teoría de la dependencia lo explicó muy bien: afianzamos nuestra condición de proveedores de metales preciosos y luego de materias primas y alimentos. Así el subdesarrollo no era una etapa sino una condición en sí misma: de allí el carácter subdesarrolante de Europa como diría Walter Rodney. Nuestras relaciones desiguales con los países desarrollados definen nuestra condición de subdesarrollo. Para cambiar esa realidad es necesario cambiar esas relaciones. La segunda emancipación u otra emancipación debe plantearse ese cambio, pues ya no podemos confiar en el desarrollo como elemento transformador de las dinámicas de las relaciones entre países.

Bolívar Echeverría, en El discurso crítico de Marx, plantea un tema de suma relevancia aquí y ahora. En el segundo epígrafe de la primera parte, Definición del discurso crítico nos advierte que, a la hora de pensar, es decir, de estructurar una reflexión supuestamente crítica, se asumen posiciones positivistas sin advertir lo respetuoso de este con respecto al “orden establecido”. Con todo lo revolucionario del positivismo con respecto a la escolástica, ni el positivismo ni la burguesía son revolucionarias con respecto a la transformación del orden vigente. La revolución de la burguesía abre paso a la acumulación infinita del capital y el positivismo es consustancial a esta tarea.

No se puede hacer una imbricación pensando imparcialmente, sin tomar partido por un pensamiento revolucionario. El pensamiento burgués positivista, en los términos de Echeverría, sobreviene como un manto encubridor de las contradicciones supuestas en el modo de producción capitalista. De este modo, Echeverria nos invita a interiorizar en la tradición marxista la realización de la teoría de la revolución. Se trata de la participación de la teoría en la revolución y la “teoría sobre la revolución” cuyo sujeto histórico sea anticapitalista, revolucionario y proletario. Así, Echeverría nos señaló las disyuntivas que operan cuando el discurso crítico se desvía hacía el “reformismo” o hacía el “utopismo”. Lograr “independencia organizativa y de radicalidad programática” se constituye, así, en la segunda emancipación a la cual apuntamos.

En el “principio-liberación”, Dussel propone unos componentes de singular importancia para el contenido del pensamiento crítico. Como sabemos, la Ética de la liberación es una propuesta para la reproducción de la vida, es decir, una ética de la vida. A esto añade Dussel que “son las víctimas, cuando irrumpen en la historia, las que crean lo nuevo”. No fueron las elites criollas que participaron de la independencia y se beneficiaron de ella, sino las victimas excluidas del campo y el arrabal quienes crearan lo nuevo: la otra emancipación. Esas víctimas no riñen con el ideal de los procesos de democratización supuesto en la nueva aventura republicana, sino con sus limitaciones, en las que persisten hasta hoy la discriminación y exclusión de negros y negras e indígenas.

La mujer, en el caso panameño, debió esperar hasta mediados del siglo pasado XX para dar los primeros pasos de su emancipación de las estructuras patriarcales aún persistentes las cuales se deben afianzar más aún en otra emancipación, en la cual pueda tener las mismas oportunidades y decidir sobre sus cuerpos. Así, la liberación de las victimas sigue vigente. Tanto el movimiento afro como el feminista han dado pasos importantes, pero en esta coyuntura histórica también es importante seguir bregando en la dirección correcta, sin conformarse con lo dado ni tampoco con lo menos peor.

Dussel también piensa el principio-liberación como praxis, desde una “razón material”. Este es un Dussel marxista, el cual plantea desde la materialidad “la factibilidad del horizonte de la vida”. Así, en su Ética de la Liberación nos habla de la vida humana, lo cual supone un problema, pues si la abordamos desde cierto antropocentrismo le restaríamos importancia al entorno natural y las demás especies. Si bien en Dussel no hay un antropocentrismo moderno, una lectura ingenua podría sugerirlo. Aquí, las mismas relaciones sociales y el modo de producción que genera la modernidad capitalista implican exclusión y discriminación en lo social, destruye nuestra Madre Tierra en lo ecológico, como lo vienen advirtiendo desde hace décadas organismos y activistas internacionales.

Ha sido en ese marco donde emergió el discurso de la sostenibilidad y donde se sigue instrumentando a la naturaleza como un valor de cambio. No se trata de que seamos consumistas “por naturaleza”. Esto modo de consumo es histórico y por tanto está abierto a otras alternativas ya existentes o por crear, no es eterno.

Aprender de aquellas experiencias en que se respete a la naturaleza y plantearnos un proceso de transición hacia otra racionalidad ya no es una opción sino un imperativo. Al margen de esa nueva racionalidad, todos los caminos nos conducen al lugar común de los daños irreversibles, a buscar incluso alternativas en otros planetas como lo hace Jeff Bezos, quien tras un viaje al espacio en el cohete New Shepard avizoró al planeta Tierra como un parque en el cual no se podrá vivir.

Dussel, siguiendo a Marx, señaló la importancia de la “claridad táctica” en los pasos a dar a corta y mediana duración, en esta segunda emancipación. Así lo hace también en cuanto a la “precisión teórica” del pensamiento crítico en su compromiso político. Ambos elementos se requieren para no caer en lo que Dussel llama “marañas de posiciones ambiguas”. Para ello, partir de lo concreto sigue siendo el camino correcto. El Principio-Liberación propuesto por Dussel se define como la “acción posible que transforma la realidad subjetiva y social” desde la “comunidad de las victimas que toman conciencia de las vejaciones del orden vigente.”

Nuestras elites criollas, compuestas en su mayor parte de blancos, no se preocuparon por las mujeres, los negros ni por la naturaleza, pues sus intereses eran más crematísticos. Por lo mismo, no debemos confundir esos intereses con el de todos y todas. Es más, en el caso de los istmeños, es decir, de lo que conocemos hoy como Panamá, tener riqueza fue identificado como una condición para hacer la “revolución”, pero en los términos criollos de esa elite letrada.

La intervención de los negros y los indígenas se fundamenta en su reclamo por el reconocimiento intercultural. La segunda emancipación implica un proceso de democratización real de los procesos políticos formales, para la constitución de algo nuevo, forjado al calor de las contradicciones presentes en el seno de nuestra sociedad. Este proceso solo puede ser llevado a cabo con la participación de la comunidad de víctimas de estos doscientes años. En el marco de la modernidad capitalista, esto implica una revolución en el pensar como en el hacer, para profundizar en forma y contenido los procesos de transformación en curso.

De la misma clase criolla elitista solo cabe esperar, en el mejor de los casos, cierto gatopardismo, de cambiar para quedar en lo mismo. La segunda emancipación no se puede permitirse estas licencias. La clave de su éxito está en la organización de los sectores de la población dispersos, cuyos intereses emancipatorios los constituyen en comunidad de víctimas, que en sus luchas han logrado avances significativos.

No conozco sectores organizados de la comunidad afro o de feministas e indígenas conformes con el orden vigente. El compañero de los pueblos aurorales, Artinelio Hernández, por ejemplo, en una reciente intervención en un Seminario sobre el Bicentenario en la Universidad de Panamá nos habló de la discriminación de estos pueblos y de la construcción del indio con “otro” negado.

En suma, la segunda emancipación demanda romper con las cadenas de la colonialidad, del patriarcado y del extractivismo. Asumir el discurso crítico, el principio liberación y plantearnos su factibilidad más allá de la oleada de la primera emancipación con sus claroscuros y sus límites. Lo cual se reafirma en comunidad con mayor participación real de nuestra diversidad y nunca más bajo la égida de un solo sector. 

 

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Basta de desgracias: el exjuez Moro, candidato

Por: Leonardo Boff

Como si no bastase el horror de la pandemia de Covid-19 que ha producido más de 600 mil víctimas y una crisis generalizada a todos los niveles en nuestro país, tenemos que presenciar ahora el lanzamiento de la candidatura a la presidencia nada menos que del ex juez Sérgio Moro, declarado parcial por el STF.

Él representa la estirpe derechista del Capitán que ha traído la mayor desgracia y vergüenza a nuestro país, por su incompetencia en el trato de la pandemia, porque le falta cualquier indicio de un proyecto nacional, por establecer la mentira como política de Estado, por su absoluta incapacidad para gobernar y por dar claras señales de comportamiento desviado. Miente tan perfectamente que parece verdad la mentira de la cual es consciente. La victoria del Capitán es fruto de un inmenso y bien tramado fraude para suscitar el antipetismo, poniendo la corrupción endémica del país como si fuese cosa exclusiva del PT, cuando sabemos que la del mercado (evasión fiscal de las empresas) es decenas de veces mayor que la política, defendiendo algunos valores de nuestra cultura tradicionalista, ligada a un tipo de familia moralista y a una comprensión deformada de la cuestión de género, alimentando prejuicios contra los indígenas, los afrodescendientes, los quilombolas, los pobres, los homoafectivos, los LGBTI, y divulgando millones de fake news, calumniando con difamación perversa al candidato Fernando Haddad. Informaciones seguras constataron que cerca del 80% de las personas que recibieron tales falsas noticias, las creyeron.

Detrás del triunfo de esta extrema-derecha, han actuado fuerzas del imperio, particularmente de la CIA y de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, como ha sido revelado por varios analistas del área internacional. Ahí también han actuado las clases pudientes, notorios corruptos por evadir mil millones de impuestos anuales, una parte del Ministerio Público, las operaciones del Lava-Jato, teñidas de intención política, para estremecimiento del derecho y de la exención necesaria, parte del STF, ycon expresiva fuerza el oligopolio mediático y la prensa empresarial conservadora, que siempre ha apoyado los golpes y se siente mal con la democracia.

La consecuencia es el actual descalabro sanitario, político, jurídico e institucional. Es falaz decir que las instituciones funcionan. Funcionan selectivamente para algunos. La mayoría de ellas ha estado y está contaminada por motivaciones políticas conservadoras y por el deseo de alejar a Lula y al PT de la escena política, por representar las reivindicaciones de las grandes mayorías explotadas y empobrecidas, colocadas siempre al margen.

La justicia ha sido vergonzosamente parcial, y lo ha sido especialmente por parte del justiciero ex juez federal de primera instancia, ahora candidato, que hizo de todo para meter a Lula en la cárcel, aun sin pruebas materiales para tanto. Él siempre se ha movido no por el sentido del derecho, sino por el law fare (distorsión del derecho para condenar al acusado), por el impulso de rencor y por convicción subjetiva. Se dice que estudió en Harvard. Allí estuvo solo cuatro semanas para en el fondo encubrir el entrenamiento recibido de los órganos de seguridad de Estados Unidos en el uso del law fare. Consiguió impedir que Lula fuese candidato a la presidencia, cuando contaba con la mayoría de las intenciones de voto, y hasta le secuestraron el derecho a votar.

Ahora Moro se presenta como candidato a la presidencia arrebatando al Capitán la bandera del combate contra la corrupción, cuando él se distinguió por actos corruptos y por conchabarse con los grandes contratistas para hacer delaciones forzadas que incriminasen a Lula y a miembros del PT.

La victoria fraudulenta del Capitán (principalmente mediante los millones de fake news) legitimó una cultura de la violencia. Esta ya existía en el país a niveles insoportables (los más de 30 a 40 mil asesinatos anuales), pero ahora se siente legitimada por el discurso de odio que el candidato y ahora presidente sigue alimentando. Tal realidad siniestra ha traído como consecuencia un fuerte desamparo y un angustioso vacío de esperanza.

Este escenario adverso al derecho y a todo lo que es justo y recto ha afectado nuestras mentes y nuestros corazones de forma profunda. Vivimos en un régimen militarizado y de excepción, en tiempo de pos-democracia (R.R. Casara). Ahora es importante rescatar el carácter político-transformador de la esperanza y de la resiliencia, las únicas que nos podrán sostener en el marco de esta crisis sin precedentes en nuestra historia.

Tenemos que superarla, no considerando la situación actual como una tragedia que no tiene remedio, sino como una crisis fundamental que nos obliga a resistir, a aprender de esta escabrosa situación y salir más maduros, experimentados y seguros, también de la pandemia, para definir un nuevo camino más justo, democrático y popular.

Urge aplicar el principio esperanza, que es ese impulso interior que nos lleva a movernos siempre y a proyectar sueños y proyectos viables. Son los que nos permiten sacar sabias lecciones de las dificultades y de los eventuales fracasos y nos hacen más fuertes en la resistencia y la lucha. Recordemos el consejo de Don Quijote: “no podemos aceptar la derrota sin dar antes todas las batallas”. Las daremos y venceremos.

Importa evitar, dentro de la democracia, la continuidad del actual y peor proyecto para el país, trenzado de odio, persecución, negacionismo de la ciencia y de la gravedad letal de la covid-19, ejecutado actualmente por el Capitán y sus paniguados y, suponemos, prolongado por el ex juez candidato a la presidencia, cuyas características parecen confundirse con las del Innombrable. Esta vez no debemos errar.

Leonardo Boff ha escrito: Brasil: concluir la refundación o prolongar la dependencia(Vozes 2018).

Traducción: Mª José Gavito Milano, para el blog de Leonardo Boff.

Fuente: https://leonardoboff.org/2021/11/24/basta-de-desgracias-el-ex-juez-moro-candidato/

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América Latina y el Caribe: Una lectura optimista entre olas y vendavales

Por Javier Tolcachier

La pandemia mundial profundizó las condiciones de precariedad de las mayorías, generadas por la financiarización capitalista y mostró cruelmente las carencias y desigualdades producidas por el orden neoliberal, atenuadas apenas en algunos lugares por sistemas sociales de contención de carácter progresista.

Provocó además un aumento radical del uso de las tecnologías digitales y el poderío de las principales corporaciones del rubro. Las nuevas tecnologías junto a la innovación “verde” son abrazadas a su vez por los fondos de inversión y el capital en general, como vía de reconversión de un capitalismo consumista estancado en su rentabilidad y cuya responsabilidad en el dramático deterioro medioambiental es ya, a todas claras manifiesto, colocando en severo entredicho al expolio de recursos naturales finitos.

Un breve repaso de los acontecimientos en la escena política

Este 1 de Diciembre, en el Zócalo de Ciudad de México, una multitud celebra la mitad del mandato histórico de Andrés Manuel López Obrador, hecho que abrió esperanzas no solo para la población de ese país, agobiada por sucesivas dictaduras neoliberales, sino también para abrir una nueva posibilidad de política generosa y de autodeterminación en la región.

En la acera de enfrente, continúa, aunque por poco tiempo más, la calamidad de un gobierno fascista en Brasil, que costó la vida y el retroceso sociales de millones de personas por su negacionismo y crueldad, apareada con el cinismo de legisladores y jueces corruptos, la manipulación informativa de medios monopólicos y los intereses de una élite minúscula pero igualmente cruel de empresarios y terratenientes.

A pesar de las necesarias restricciones de movilidad pública motivadas por la emergencia sanitaria, se han vivido en los dos últimos años una importante ola de protestas sociales. Entre los eventos más significativos figuran el despertar en Chile y los alzamientos en Ecuador, el masivo y prolongado paro popular en Colombia, la unidad de los movimientos sociales movilizados en cientos de ciudades brasileñas y los tumultos en Haití, lugar en el que mercenarios asesinaron a un presidente ya ilegítimo.

En los meses finales de 2019, luego del fundamental triunfo del Frente de Todos, que logró impedir la continuidad de la calamidad social que significó el gobierno de Macri – tragedia que aún hoy mantiene en cadenas al pueblo argentino por el mayor endeudamiento registrado en los anales del FMI- , el panorama fue conmocionado por la funesta instauración de una dictadura violenta y retrógrada en Bolivia al tiempo que el derechista Lacalle Pou vencía en Uruguay ante un Frente Amplio desgastado por tres gestiones de gobierno, la dificultad de recambio en sus liderazgos y la unidad opositora en segunda vuelta.

También en la República Dominicana, asolada por la pobreza, la criminalidad y la inseguridad correlativas, venció medio año después el acomodado empresario Luis Abinader frente a un dividido y debilitado oficialismo socialdemócrata. El flamante mandatario, junto a Guillermo Lasso y Sebastián Piñera, presidentes de Ecuador y Chile, fueron expuestos públicamente por el escándalo de los “papeles de Pandora” que volvió a poner en agenda el flagelo estructural de la evasión y elusión fiscal, en este caso de funcionarios públicos que en sus discursos suelen repetidamente mencionar la probidad y la anticorrupción como puntos centrales de sus programas.

El banquero Lasso había dado por tierra, en la segunda vuelta presidencial de Abril de 2021, las esperanzas locales y continentales cifradas en la figura del joven representante de la Revolución Ciudadana Andrés Aráuz. En esa contienda fueron definitorios el lawfare que impidió la candidatura de Rafael Correa, el desastroso gobierno de Lenín Moreno – mirado por muchos, pese a su traición, como sucesor del gobierno anterior – la propaganda permanente en los medios y redes sociales hegemónicas de posturas anticorreístas, a las que adhirieron sectores ligados al indigenismo, la mayor parte de las ONG’s y una candidatura socialdemócrata-centrista que concitaron en primera vuelta el apoyo de votos suficiente como para posibilitar luego la victoria neoliberal.

Sin embargo, en el marco de lo que aparentaba consolidar un nuevo declive de las fuerzas progresistas en la región, el regreso contundente al gobierno de las organizaciones sociales en Bolivia a un año del golpe junto a la elección de un presidente vinculado a los movimientos populares en Perú constituyeron una vigorosa irrupción popular, como también la amplia aprobación en referendo del proceso constitucional que se desarrolla en Chile bajo una mayoría de índole transformadora.

A lo que se suman como sucesos relevantes más recientes los renovados e infructuosos intentos de desestabilización de la revolución cubana; la independencia de Barbados de un todavía presente colonialismo de la corona británica en el Caribe; los intentos del golpismo peruano para liquidar la experiencia encabezada por el presidente Castillo y del golpismo fascista para intentar reeditar el golpe de Estado en Bolivia; un nuevo ciclo de protestas de sectores campesino-indígenas en Guatemala y Ecuador y una elecciones municipales en Paraguay que, a contrapelo de las continuadas movilizaciones de sectores estudiantiles y campesinos, otorgaron nuevamente la victoria al régimen colorado en las principales ciudades.

En un Noviembre cargado de incidencias electorales, se agregan al cuadro de acontecimientos la elección presidencial en Nicaragua con la continuidad del gobierno sandinista, atacada por el poder imperial, pero controvertida también en algunos sectores progresistas; las elecciones legislativas en Argentina con un resultado ahora adverso al gobierno popular, el triunfo parcial del candidato fascista en la primera vuelta de las elecciones en Chile y la amplia victoria del chavismo en las elecciones regionales en Venezuela con la participación de los principales sectores de oposición, en un giro táctico de sus posiciones alineadas con el intervencionismo y el asedio a la Revolución Bolivariana.

El año electoral latinoamericano-caribeño culmina con el resonante triunfo del frente progresista encabezado por Xiomara Castro en la elección presidencial en Honduras, frente a la corrupción del poder oligárquico y fraudulento instaurado a partir del golpe contra el presidente Zelaya en 2009. Mientras que en Diciembre se producirá en Chile una segunda vuelta clave entre el neopinochetismo y el candidato de la centroizquierda Gabriel Boric, al que por ahora las encuestas posicionan como vencedor, lo que constituiría la culminación de un ciclo de dictadura neoliberal violenta de casi medio siglo con la posibilidad de allanar el camino a una Nueva Constitución, la confirmación del relevo político generacional ya iniciado en ese país y un enorme motivo de celebración de fin de año para las fuerzas progresistas de la región.

Estos nuevos vientos darían alas a las buenas perspectivas para Gustavo Petro y Lula en las elecciones del año próximo en Colombia y Brasil, lo que terminaría de configurar un nuevo balance sociopolítico en la región.

Los pueblos en el umbral de la pospandemia

A la par de los intentos reformistas de recomposición pospandémica de las economías por parte de los gobiernos sin afectar en lo más mínimo el cuadro general de capitalismo financiarizado y depredador, continúa y crece la indignación popular motivada por la urgencia de las necesidades y el descreimiento en la capacidad institucional de dar respuesta a las mismas.

Esto se evidencia en la recurrente e incremental abstención en las votaciones, como así también en el resurgimiento de opciones políticas con relatos retrógrados que auguran soluciones rápidas a lomos de una supuesta antipolítica.

A su vez, algunas dirigencias reconocen (o acaso se autojustifican por) los límites que el poder real establecido pone al poder político formal. Mientras tanto, se acrecienta objetivamente la ingobernabilidad a través de diversos factores, entre los cuales se encuentran ciertamente la acción de los poderes económicos, la injerencia geopolítica global, los bloqueos entre las facciones que se disputan cuotas del disminuido pero siempre apetecido poder político, el nada democrático y corrompido ámbito judicial, el elevado rechazo generacional a modalidades en decadencia, la cartelización manipuladora del discurso mediático conservador, la utilización expansiva de la tecnología digital para fomentar el odio y la estigmatización, el divorcio de las agendas entre las dirigencias y los pueblos o la atomización social con su relativización orgánica, entre otros.

Al fracaso institucional para dar respuestas, sumando a una sensación de incerteza general, se agrega la falta de alternativas nítidas, reconocibles y referenciales en término de nuevos modelos sociales, económicos y políticos que reemplacen la decadente estructural actual y proporcionen bienestar junto a la ampliación de las posibilidades colectivas. Lo cual es caldo de cultivo para la estridencia regresiva, que concita además apoyo por la capacidad de contención gregaria de sus huestes confesionales en el marco de un tejido social fragmentado.

En este contexto, ¿qué sucede con la integración regional de signo soberano y con la fundamental democratización de la comunicación?

Integración soberana y pluralidad de voces

Al formar parte del esquema institucional decimonónico basado en la concepción de Estado-Nación, las iniciativas oficiales de integración soberana sufren la crisis de aquél, agravada por el torpedeo de las sucesivas administraciones estadounidenses en su intento de conservar preeminencia absoluta sobre los destinos “hemisféricos” frente al embate geopolítico de China y Rusia en su disputa contra la pretendida hegemonía unipolar.

En el mismo sentido, el intento de reflotar a la OEA como brazo diplomático de la dominación, tampoco encuentra asidero firme, salvo en la agenda comunicacional de los medios al servicio del gran capital, siendo cuestionadas sus motivaciones y sugerido su reemplazo desde los países gobernados por sectores más progresistas.

La CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) como posible ámbito de sustitución de la anacrónica OEA, dado el signo político antitético o reformista de sus componentes, aparece sin embargo de momento como un espacio tendiente a abandonar su origen políticamente disruptivo para pasar a reflejar una suerte de comunidad interestatal al estilo europeo, modelo que a su vez atraviesa una severa y prolongada crisis.

El Mercosur, reapropiado en su carácter neoliberal por los gobiernos derechistas de Brasil, Paraguay y Uruguay, ha perdido incluso su esencia integradora a partir de la primacía del interés particular de sus miembros, mientras que el ALBA-TCP conserva el carácter de trinchera de nucleamiento soberanista, sin embargo más discursiva que efectiva, dada las dificultades objetivas que atraviesan sus componentes, fundamentalmente en razón del asedio estadounidense.

Lo novedoso es la irrupción de la RUNASUR (la UNASUR de los Pueblos) en el escenario, que convoca a la construcción de una América plurinacional (con proyección a un planeta plurinacional), alentando a una refundación institucional soberana de carácter antiimperialista a través de la participación directa, inclusiva y paritaria de los pueblos, nacionalidades y movimientos sociales a fin de reparar y superar la partición y repartición burguesa-transnacional poscolonial.

En relación a la comunicación, las posibilidades de democratización y pluralidad se ven una vez más coartadas por el absolutismo de las plataformas corporativas en el campo digital, cuyo sesgo de lucro segmenta, discrimina y censura contenidos, afectando los principios fundacionales de neutralidad y descentralización de la red internet.

En el campo de de los medios, el irrespeto o cancelación de normas legales logradas en ardua lucha por la comunicación popular, la desfinanciación o eliminación neoliberal de medios públicos,  la inequitativa distribución de pauta estatal a favor de los medios hiperconcentrados, su progresiva transnacionalización junto a la monolítica cartelización de discursos estigmatizantes contra las alternativas revolucionarias o progresistas afectan la posibilidad de imprescindibles transformaciones que garanticen diversidad informativa y un balance equilibrado en la opinión pública.

Prospectiva

La historia nunca se detiene. Las generaciones actuales, en su gran mayoría, enarbolan con claridad las banderas de la lucha contra el deterioro medioambiental, contra la guerra, la injusticia flagrante y la violencia, a favor de la emancipación de las mujeres y por la libre elección de opciones sexoafectivas. Se va instalando con fuerza una cultura irrestricta de derechos humanos, al par que se amplía el rechazo a la manipulación cupular, la corrupción, el centralismo y el verticalismo.

La indigna situación cotidiana de miseria y carencias en contraste con la opulencia absurda de minorías cada vez más pequeñas y abusivas, solo puede dar espacio a sucesivas rebeliones populares hacia nuevos modelos de distribución equitativa, gestión participativa, colaborativa y descentralizada.

Esta revolución en curso es además mundializada, sin que espacio alguno pueda bloquear o quedar indemne de la expansión de ese clamor.

En reacción a estos claros signos de futuro se elevan voces guturales, anacrónicas, nostálgicas de un pasado que nunca fue y que tampoco será. Aun cuando estas fuerzas regresivas buscan neutralizar el avance de los tiempos (y coyunturalmente hasta logran frenarlo), representan tan solo un estéril esfuerzo por detener la imparable evolución humana.

El sistema capitalista y depredador, sostenido por sus sectores conservadores, busca desviar los impulsos transformadores hacia falsas puertas, intentando resignificar los relatos bajo una modalidad gatopardista y engañosa.

El surgimiento del nuevo ser humano como actor necesario de las sociedades futuras, considerado anteriormente como producto automático de condiciones objetivas, es hoy claramente asumido por cada vez más sectores como condición simultánea de la transformación.

Fortalecer su nacimiento y las condiciones de un medio favorable a su desarrollo, expandir el eco de las voces que señalan hacia el futuro, prestar oídos al clamor generacional y de género, apoyar a las organizaciones sociales que exigen bienestar igualitario, constituyen sin duda las claves de una misión histórica ineludible.

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Un nuevo contrato por la educación

Por Miguel Ángel Casillas

La UNESCO vive de publicar en noviembre un nuevo informe mundial titulado Repensar nuestros futuros conjuntamente, un nuevo contrato social por la educación que resulta de dos años de trabajo de la Comisión Internacional sobre el Futuro de la Educación. El informe es una propuesta para la discusión y esboza una proyección sobre la educación más allá del 2050. Es accesible desde https://es.unesco.org/futuresofeducation/ . No es la primera vez que la UNESCO publica un informe de este tipo lo hizo en 1972 y 1996 con los informes Faure y Delors, que introdujeron principios esenciales como el aprendizaje permanente, la sociedad del conocimiento y la necesidad de aprender a aprender. También lo que hizo Edgar Morin en 1999, cuando definió para la UNESCO los Siete conocimientos necesarios para la educación del futuro.

El informe supone que debemos abordar colectivamente los desafíos que enfrenta el mundo contemporáneo, así como los que se prefiguran en el horizonte: el aumento de la desigualdad, el cambio climático, la pandemia del Covid-19, la sobreexplotación de los recursos del planeta, la fragmentación social, el riesgo de que la tecnología nos divida aún más, todo esto requiere cooperación internacional y solidaridad global a una escala sin precedentes. La educación ambiental será un componente central de la educación del futuro. Primero para atender la emergencia climática mundial en el largo plazo y para fomentar una mayor comprensión que fundamente el compromiso y la acción colectiva.

Para la UNESCO es central seguir desarrollando la enseñanza de las competencias digitales. En este punto, el informe es muy claro: la tecnología digital transformará las escuelas y el trabajo de los profesores, pero no puede ni debe reemplazarlos. Además de la alfabetización tecnológica e informacional, el Informe sostiene también que es necesario seguir desarrollando la educación contra todas las formas de racismo y antisemitismo para aprender a hacer un mundo común. En este contexto la UNESCO insiste en cambiar las mentalidades y considerar los presupuestos de educación como una inversión de las más rentables para el futuro de los países. La economía del conocimiento, como su nombre indica, implica múltiples inversiones en educación.

El aumento de los presupuestos de educación es una cuestión de derechos, valores, pero también de intereses económicos y de competitividad para los países en un contexto globalizado. Para la UNESCO las escuelas seguirán siendo centrales en el proceso educacional; deben ser preservadas y transformadas. Los currículos escolares deben renovarse para que aprendamos mejores formas de vivir con nuestro mundo. La UNESCO nos invita a que pensar en qué habilidades necesitaremos en el mundo digital de hoy y de mañana, y en esa dirección, los docentes deberían utilizar cada vez más enfoques participativos y colaborativos a través del aprendizaje basado en problemas y proyectos.

El informe de la comisión pide la cooperación de todos los actores regionales y mundiales en materia de educación, y este es el objetivo de la Coalición Mundial por la Educación que está trabajando en más de 100 países. Este informe propone forjar un nuevo contrato social para nuestras sociedades: para reconstruir nuestras relaciones con los demás, con el planeta y con la tecnología. Un nuevo contrato social que busca reparar las injusticias del pasado y transformar el futuro. El Informe propone dos principios fundamentales. El primero es garantizar el derecho a una educación de calidad durante toda la vida. Sostiene que el derecho a la educación, tal como se establece en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe seguir siendo el centro del nuevo contrato social para la educación y ampliar su alcance hacia el derecho a un aprendizaje de calidad a lo largo de toda la vida.

También es importante incluir el derecho a la información, la cultura, la ciencia, y el derecho a acceder libremente y contribuir a la comunidad del conocimiento, es decir, a todos los recursos colectivos de conocimiento que la humanidad ha acumulado a lo largo de generaciones y que están en constante evolución. El segundo, es fortalecer el estatus de la educación como un proyecto social y un bien común. Como proyecto social compartido, afirma el Informe, la educación produce objetivos comunes y permite que los individuos y las comunidades florezcan juntos.

El establecimiento de este nuevo contrato social debe conducir no sólo a la garantía de la financiación pública de la educación, sino también al compromiso de toda la sociedad con un debate abierto para todos. Enfatizar la participación refuerza el buen estado común de la educación, una forma de bienestar compartido, que se puede definir y lograr juntos. El Informe de la UNESCO es una invitación al debate y ojalá y los diferentes agentes de la educación tuvieran la atención de revisar las propuestas y documentos para tener un insumo más para ponderar el proyecto educativo nacional.

http://monitoreconomico.org/noticias/2021/nov/29/un-nuevo-contrato-por-la-educacion/

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