El 15 de mayo pasado se cumplieron dos años de la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del decreto mediante el cual se modificó el texto del artículo tercero constitucional. Mismo que hoy es vigente. Con ello se marcó el inicio, prácticamente, de la Reforma Educativa encabezada por el gobierno de la 4T.
En esa misma fecha, se dio fin, de manera formal, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Es importante subrayar que el INEE fue un organismo constitucional autónomo a partir de 2013, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, el Instituto tuvo su origen sectorial en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox.
Debido a la importancia de este cambio en las políticas educativas mexicanas, he considerado de interés escuchar a algunas y algunos de los actores que estuvieron cerca de este complejo proceso y del mencionado organismo público.
El pasado 4 de julio concerté una entrevista con la Dra. Arcelia Martínez Bordón, ex funcionaria de dicho organismo (INEE), a propósito del balance y destino que tuvo éste y debido a una publicación reciente sobre el tema, de la hoy investigadora universitaria (1).
Inicialmente las preguntas que le envié por escrito a la Dra. Martínez Bordón fueron las siguientes: ¿Cuáles fueron los aspectos perfectibles del INEE a los que te refieres en el texto de Nexos? Si mal no recuerdo, formaste parte de la RED-MMI ¿Estuviste de acuerdo, en ese momento, con la decisión de desaparecer al INEE y crear el Centro o la Comisión MejorEdu, tal como se aprecia en la iniciativa ingresada por la oposición (PRI, PAN, PRD y MC) en 2019? ¿Cuál sería tu crítica o autocrítica al desempeño del INEE durante el periodo 2013-2019?
Éstas son sus respuestas:
Arce Martínez Bordón: “Nunca estuve de acuerdo con la desaparición del INEE, porque conocía lo que éste hacía, desde antes de trabajar ahí, y luego, con más profundidad, durante los años que estuve a cargo de la Dirección General de Directrices para la Mejora de la Educación. El Instituto comenzó generando indicadores y las pruebas muestrales de aprendizajes de estudiantes. Para 2019 ya se evaluaban distintos procesos, componentes y resultados del sistema educativo nacional.
Es muy importante evaluar aprendizajes – la evaluación de estos constituye el “termómetro” para medir la temperatura del sistema-, pero también se necesita mirar (evaluar) la actuación y compromiso del Estado mexicano para garantizar el derecho a una educación de calidad. Evaluar qué políticas echa a andar; qué tan congruente es el planteamiento (de las distintas intervenciones de gobierno); qué presupuesto les asigna a dichas intervenciones. Una línea de política en un programa sectorial NO se convierte en automático en una intervención… y aún si se le asigna presupuesto, éste a veces no es suficiente o no se entrega a tiempo.
También es importante evaluar qué pasa en las escuelas. Cómo es el clima del aula, qué procesos y recursos están disponibles para el aprendizaje, cómo trabajan los consejos escolares, si participan las madres y padres, si los viernes de Consejo Técnico Escolar se utilizan para una planeación colectiva o no. Esto, desde la mirada de los propios actores, con miras a mejorar su trabajo cotidiano.
Todo esto ya lo estaba haciendo el INEE autónomo. Si revisas el trabajo que se hacía en la última etapa del Instituto podrás ver el despliegue de variados ejercicios de evaluación, que no todo mundo conocía, desafortunadamente. El ojo mediático estuvo puesto en la evaluación docente, de la que por cierto el INEE no era el único responsable.
A mí me tocó participar y dirigir varias de las evaluaciones de políticas… una actividad que considero fundamental para saber si el Estado mexicano está cumpliendo con su parte. Las directrices iban orientadas a recomendar a la autoridad educativa federal y del ámbito local cursos de acción para mejorar y garantizar el derecho a una educación de calidad. Las directrices le decían a la autoridad los déficits, qué faltaba (no es que ésta no lo supiera, pero tener un órgano autónomo que te observa y te dice ok, en esto vas bien en esto, pero te falta todo esto… qué vas hacer, a qué te comprometes… tenía el potencial de hacer la diferencia). La evaluación de políticas y las directrices, en este sentido, potenciaban la exigencia y rendición de cuentas del sistema educativo.
Sobre esto último, estoy convencida de que se necesitan contrapesos. La autoridad educativa no puede ser juez y parte. Hoy quedan el CONEVAL -que hace evaluación de programas, pero no de políticas, ni de aprendizajes, ni de escuelas- y también están las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las y los académicos. A nosotros nos corresponde seguir evaluando al sistema educativo.
Sin duda, el INEE era un órgano de vanguardia, reconocido a nivel regional, por generar investigación y evaluación muy valiosa para entender los alcances y retos del sistema educativo nacional.
En sus 17 años de existencia tenía un mapa muy completo -un diagnóstico- de lo que se necesitaba mejorar. Pero una cosa es tener dicho mapa, tener el diagnóstico, e incluso propuestas para la mejora, y otro muy distinto es lograr que la autoridad educativa tome esa información para su planeación y programación educativas. Tender puentes entre la investigación y la toma de decisiones no es una tarea sencilla.
¿Qué era lo perfectible en el desempeño del INEE?
Creo que había cosas que se podían y debían mejorar, incluida la comunicación de lo que se hacía. El INEE no hacía solo la evaluación docente… éste es el primer punto. Había un órgano, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), de la SEP, que se encargaba de elaborar, con el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), los instrumentos de evaluación y coordinaba la logística de evaluación en los estados, con las áreas respectivas.
Al INEE le tocaba mirar dichos instrumentos y validarlos… y también supervisar los operativos de evaluación, y armar, junto con la autoridad, los calendarios de la evaluación.
De hecho, el INEE paró, en 2016, la evaluación docente, cuando en 2015 fue claro que había malestar entre los docentes por el primer ejercicio de evaluación docente realizado en noviembre, con prisas, con áreas estatales de evaluación muy disímiles en términos de capacidades locales, etcétera. Pero ya era tarde… aunque se planteó una nueva evaluación del desempeño, y el ejercicio con carácter obligatorio se reanudó hasta 2017, las y los docentes ya estaban muy enojados por cómo se había dado el proceso… y el chivo expiatorio fue el INEE.
¿Qué podría haber hecho distinto al INEE? Hablar más con docentes, ir quizá más lento en toda la planeación de la evaluación. Pero no era tan fácil no cumplir con la ley. Es un tema muy difícil. El INEE era otro actor más. Seguro que faltó mucha más cercanía con el gremio docente… aunque se buscaba, el INEE estaba rebasado con todas sus nuevas atribuciones. Tenía que evaluar aprendizajes, escuelas, currículo, apoyar la evaluación docente, evaluar políticas, emitir directrices, coordinar la política nacional de evaluación educativa, abrir oficinas en todo el país y apoyar la creación de capacidades locales en materia de evaluación. Hizo un gran trabajo en ello.
La Red “Educación y Derechos” (RED), en 2019, integrada por académicos, no quería que desapareciera el INEE. Nosotros enviamos una propuesta alternativa de reforma al Artículo Tercero constitucional, porque la propuesta del presidente López Obrador, la enviada el 12 de diciembre de 2018 al Congreso, tenía muchas áreas de oportunidad.
Proponía, entre otras cosas, cancelar al INEE. Nos parecía una barbaridad. Al final nos parecía menos grave que algo de esa institución quedara. No parecía viable que hubiera un órgano autónomo: el presidente estaba dispuesto a cumplir su promesa de campaña de desaparecer al INEE, sin importar el trabajo que hubiera hecho. El presidente de la República supo capitalizar políticamente el enojo de varios maestros. No había poder humano que lo hiciera cambiar de opinión. Al final nos parecía que era una batalla perdida. En nuestra propuesta hablábamos de la necesidad de contar con un órgano que siguiera evaluando y que contara con autonomía técnica. Lo que quedó al final, ya en la reforma de 2019, fue lo que los diputados y senadores lograron negociar con la CNTE.”
Hasta aquí el registro de las respuestas de la Dra. Martínez Bordón.
Al final, la propuesta de la RED-MMI fue retomada y transformada por legisladores de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y MC, en su condición de fracciones parlamentarias de oposición al bloque de Morena y aliados políticos; este último fue el que defendió las posiciones del presidente López Obrador y de la 4T en materia educativa, en las cámaras. En la iniciativa de la oposición quedó plasmada la negociación mediante la cual, entre otras cuestiones, se acordó la desaparición o reconversión del INEE.
Fuente consultada:
(1) Arcelia Martínez Bordón. “Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)”, Nexos, 1 de julio, 2021.
Nos encontramos ante una revolución que pone en entredicho la manera en que entendemos la realidad. Esta revolución parte de que ante la complejidad del mundo actual ya no es posible una visión única para explicarlo, por lo que las distintas ciencias y disciplinas se ven obligadas a trabajar juntas, para avanzar hacia un conocimiento mejor articulado.
Por: Arturo Méndez/Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
En continuidad neoliberal con la reforma educativa de Peña Nieto, la mejora salarial del magisterio sigue estando sujeta a la evaluación.
Del 2 al 4 de julio se realizó el proceso de evaluación para la promoción horizontal en el magisterio, por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM). A través de estas evaluaciones, las y los docentes participantes buscan una mejora salarial.
La USICAMM fue creada como parte de la reforma educativa de la 4T. Aunque dicha reforma eliminó la llamada evaluación punitiva, preservó toda la lógica neoliberal de las evaluaciones contenida en la reforma peñista, que sigue colocando al magisterio en un régimen de excepción laboral, con la USICAMM utilizando la misma metodología de lo que fue la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Así, maestras y maestros que quieran mejorar sus ingresos, deben someterse a una evaluación y aprobarla.
Esta evaluación está lejos de dignificar al magisterio, pues no representa las necesidades de las y los trabajadores de la educación. Por el contrario, quienes aprueben las evaluaciones para la promoción horizontal, irán subiendo de nivel, generándose así una división perversa y artificial entre maestros “de primera” y maestros “de segunda”, en competencia por aumentar sus ingresos, tal como ocurría con la Carrera Magisterial, muy acorde a la ideología neoliberal que genera mecanismos por competencias, altamente individualistas.
Para quienes no participen o no aprueben las evaluaciones de la USICAMM, lo que se ofrece son salarios de miseria, como lo muestra el raquítico aumento de 3.4% pactado recientemente entre la SEP y el SNTE, luego de un ciclo escolar en el que nuestra jornada de trabajo superó muchas veces nuestro horario laboral.
Claro, también estuvo el bono de $720 otorgado recientemente, que no cubren ni el costo de dos meses de internet, que las y los maestros hemos pagado durante toda la pandemia para garantizar la educación a distancia, enfrentando al mismo tiempo la creciente carestía de la vida.
A igual trabajo igual salario
Si ya de por sí condicionar la mejora salarial a la aprobación de una evaluación viola el principio de “a igual trabajo igual salario”, imponerlo en las condiciones actuales resulta todavía más aberrante.
El salario docente -como tendría que ser para cualquier trabajador- debería cubrir mínimamente el costo de la canasta básica familiar y aumentar parejo según las horas trabajadas, así como de acuerdo a la inflación.
Por otra parte, si se tratara realmente de la mejora de la educación, cuestiones como la formación, capacitación y actualización contemplados en el Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros no tendrían que restringirse a quienes participen del mismo, sino que tendrían que generalizarse a todo el magisterio, contemplándose periodos dentro del horario laboral destinados a ello, para no atentar contra el tiempo de descanso y esparcimiento de las y los docentes.
Democratizar la escuela
Respecto a la promoción vertical, más allá del escándalo generado por la anulación de resultados para 5 mil 787 docentes que, según la USICAMM, copiaron en sus pruebas para promocionarse a cargos directivos y de supervisión (aunque ya varios maestros y maestras lo han desmentido en redes), opinamos que se trata de un mecanismo que reproduce la estructura antidemocrática de las escuelas.
Ante ello, consideramos que los cuerpos directivos deberían ser elegidos democráticamente mediante el voto de la comunidad escolar, quedando con cargos revocables en cualquier momento y que respondan al mandato de la escuela organizada en asamblea.
Una perspectiva de organización y lucha
Como es sabido, los dirigentes charros del SNTE fueron tan cómplices de la reforma peñista como lo son de su continuidad en la reforma actual. Exijamos a los delegados sindicales de nuestras escuelas la convocatoria a asambleas para discutir democráticamente, desde las bases, sobre los problemas de la educación (como los planteados aquí pero también otros como el nuevo calendario escolar y el regreso a clases presenciales anunciado para agosto) y qué salida podemos darles desde el magisterio unido y organizado.
Al mismo tiempo, exijamos a la CNTE, como referente histórico del magisterio democrático y combativo, que rompa la tregua que mantiene con el gobierno de la 4T, que le apueste a la recomposición del movimiento magisterial, llamando a construir un plan de lucha unificado y a la movilización unitaria, junto con madres, padres de familia y otros sectores de trabajadores, para enfrentar el ataque generalizado contra la educación e imponer en las calles nuestras demandas.
AMLO continúa sin cumplir promesas de reapertura de la normal rural de El Mexe, en el Estado de Hidalgo.
En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunciaba la supuesta reapertura de la Normal Rural Luis Villareal, también conocida como El Mexe, en el Estado de Hidalgo. Dicha institución educativa fue cerrada el 6 de julio del año 2008, durante la administración del gobierno que encabezó el priista Miguel Ángel Ozorio Chong, quien algunos años después pasaría a ser Secretario de Gobierno a nivel federal, con Enrique Peña Nieto.
Desde las elecciones 2012 AMLO prometía la reapertura de esta Normal Rural. Posteriormente, en 2016, el candidato a la gubernatura de Hidalgo por parte del Morena, Salvador Torre Cisneros, decía también que apoyaría esta causa. Al calor de la campaña electoral de 2018, AMLO nuevamente establecía el compromiso para que El Mexe volviera a formar profesores rurales.
Se podría pensar que después de tanta expresión de compromiso con la reapertura de El Mexe, esta institución formadora de maestros abriría nuevamente sus puertas como la Normal Rural que una vez fue.
Por ello tras el anuncio que realizó AMLO recién asumida la presidencia, jovenes de entre 19 y 22 años pertenecientes a la Sierra y la Huasteca, así como al Valle del Mezquital en Hidalgo, pero también originarios de estados como Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Chiapas, iniciaron el proceso para ingresar al Mexe.
Meses más tarde les fue notificado que en mayo de 2019 iniciaría el ciclo escolar. No obstante se percataron que finalmente no estaban inscritos en una Normal Rural como tal. Lo que en realidad abrió fue una escuela bajo el sistema de Universidades del Bienestar Benito Juárez García, proyecto insignia de la 4T.
Las malas sorpresas continuaron. Luego la Secretaría de Educación Pública les notificó que no volvería a haber internado, en lugar de ello les sería asignada una beca de 2,400 pesos mensuales, propia de las UBBJ. Aun así muchos estudiantes decidieron continuar con los estudios, pero sostenerse les fue imposible. El internado y la alimentación proporcionados bajo el esquema de normales rurales son elementos imprescindibles para que jóvenes de escasos recursos puedan llevar a cabo sus estudios.
Una institución formadora de maestros solo puede ser considerada verdaderamente una Normal Rural si cumple con un esquema educativo integral compuesto por cinco ejes formativos: político, académico, cultural, de módulos de producción y deportivo. La formación bajo estos criterios solo puede lograrse en la modalidad de internado.
Los estudiantes se sienten engañados. Con justa razón. Han mostrado su inconformidad, sin embargo directivos de la unidad UBBJ que ha sustituido al Mexe les han dicho que dejen de estar pidiendo algo que no se les va a dar, que se conformen con lo que hay. De manera déspota y soberbia les han llegado a decir que deberían estar agradecidos. Los funcionarios se olvidan de casi una década de promesas que López Obrador hizo sobre la reapertura de la escuela.
La actitud adversa de los directivos ha llegado incluso a las agresiones. Estudiantes denuncian que tras diversas manifestaciones que han llevado a cabo en las afueras de la universidad, han sido agredidos por gente afín a la administración de la unidad académica de la UBBJ. Las y los estudiantes han recibido golpes y se les ha dicho que no son nadie y que si no están de acuerdo con la situación, que mejor se larguen, que sólo son unos pobres indios.
El caso de El Mexe es otro más en el cual se evidencia la simulación de la 4T: discurso progresista, pero continuidad neoliberal en los hechos. A esto se le suma la represión que los gobiernos estatales del Morena en Puebla y Chiapas han llevado a cabo en contra de normalistas rurales.
El desprecio de la 4T por las normales rurales es tal que ha continuado con la reducción de su presupuesto. En septiembre se planteó que para el ejercicio 2021 sólo sería asignado un presupuesto de 20 millones 597 mil pesos para estas escuelas. Después de algunos meses de negociaciones el presupuesto terminó quedando en 170 millones, según menciona el periodista Luis Hernández Navarro.
No obstante, dicha cantidad es insuficiente y representa un 85% de reducción presupuestal para estas instituciones educativas, tomando en cuenta que en 2015 la cantidad que se destinó para ellas fue de mil 195 millones de pesos. Como puede apreciarse, el neoliberalismo continúa intacto, a pesar de que cada mañana la 4T pretenda hacernos creer que por decreto ha acabado.
Va otro dato relevante al respecto de la continuidad neoliberal en materia de políticas de educación pública del actual gobierno. En la SEP, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, es decir, la que se encarga de la atención de normales rurales sigue estando a cargo del mismo funcionario heredado de la administración de Peña Nieto: Mario Alfonso Chávez Campos.
Las ofensivas y agresiones contra el normalismo rural son ataques al conjunto de la educación pública en México. Por eso, la respuesta frente a esto no puede quedar en unas regiones o limitada a algunos sectores. Tenemos el importante desafío de construir la unidad entre estudiantes, docentes y trabajadores educativos de todos los sectores y todos los niveles, para enfrentar como uno solo, en las calles, las ofensivas que este gobierno está llevando a cabo contra la educación.
Toda sociedad plural se debate entre conflictos de intereses y de derechos. De ahí, la necesidad de establecer jerarquía entre los mismos.
En un artículo reciente, titulado “Legalizando delitos: Código Penal viola constitución y tratados internacionales” (Acento, 4-7-2021), la abogada Ivanna Molina aborda uno de los problemas sociales más acuciantes de la sociedad dominicana, la legalización de las prácticas violatorias de los derechos humanos.
Cualquier sociedad puede incurrir en prácticas violatorias de los derechos de las personas. La actitud democrática conlleva educar para tratar de reducir estas acciones a su mínima expresión, mientras legisla para proteger a quien, por cualquier motivo, puede verse afectado por agravios a su dignidad personal.
Uno de los signos de una sociedad democrática moderna es el avance en las superación de las prácticas estigmatizadoras, tanto en la percepción predominante del espacio público, como en las estructuras jurídico políticas de la comunidad. En este aspecto, la sociedad dominicana muestra alarmantes signos de retroceso.
Toda sociedad plural se debate entre conflictos de intereses y de derechos. De ahí, la necesidad de establecer jerarquía entre los mismos. Por ejemplo, cualquier ciudadano tiene el derecho a ejercer la libertad religiosa en una sociedad democrática, pero si el ejercicio de su fe entra en conflicto con cualquiera de los derechos humanos (como el reconocimiento de la igualdad de todos las personas independientemente de su nacionalidad, sexo, o etnia), se impone la defensa de estos derechos sobre la convicción religiosa del individuo.
La Cámara de Diputados de la República Dominicana ha incurrido en un grave desconocimiento de esta situación al aprobar un código penal que contempla el siguiente acápite: “No habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia, religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales”.
Las posibles implicaciones del referido texto son que un empleador puede invocar su elección de conciencia para rechazar la solicitud de trabajo de una persona, si sospecha que el solicitante tiene una orientación sexual o religiosa contraria a sus preceptos religiosos. Del mismo modo, un médico podría negarse a prestar un servicio de salud, si se encuentra en la misma situación anterior del empleador. En ambos casos, se estaría incurriendo en una flagrante violación de los derechos humanos.
El respeto a los derechos de las personas impide su exclusión y las injusticias implícitas en su desconocimiento. El reconocimiento de la dignidad humana no debe relativizarse en función de las creencias personales de un ciudadano.
No es la convicción personal la que debe fijar los límites a los derechos humanos, sino estos derechos los que deben restringir el alcance práctico de las convicciones personales
Para alcanzar el SDG 4 (Objetivo de Desarrollo Sustentable 4) en educación inclusiva de calidad, debemos priorizar la salud mental
En varios países del mundo, el mes de mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental o contiene la semana de concientización sobre la salud mental. Muchas personas habrán leído publicaciones y blogs sobre la importancia de hacer ejercicio y estar a la luz del sol para evitar deprimirse, sobre formas de lidiar con el estrés de la pandemia y sobre cómo lidiar con los desafíos cotidianos que dificultan nuestra búsqueda de la felicidad.
En cambio, para los niños y jóvenes atravesados por emergencias y crisis prolongadas, que viven al extremo el estrés y la adversidad de los conflictos armados, de ser desplazados por la fuerza, de los ataques a las escuelas y los desastres climáticos, la necesidad de servicios de apoyo psicosocial y de salud mental se extiende mucho más allá de ejercicios y remedios para el bienestar. .Se requiere una comprensión sincera de su sufrimiento y un profundo reconocimiento de su resiliencia.
Mientras buscamos cuidar nuestra propia salud mental, también es crucial que tomemos medidas para cuidar la de los más vulnerables del mundo : las niñas y los niños en crisis, con sus vidas destrozadas, despojados, con miedos y experiencias conmovedoras que pueden definirlos o quebrarlos.
La importancia de continuar invirtiendo y profundizando en la salud mental y el apoyo psicosocial nos es muy clara tanto para Education Cannot Wait (“La educación no puede esperar”, por sus siglas en inglés ECW), como para el sector de la educación en su conjunto. De hecho, en la amplia cartera de inversiones de ECW hay un hashtag para eso: #MHPSS.
El ECW y nuestros socios invertimos todos los días en nuevas formas de brindar seguridad, esperanza y oportunidades a través de una educación de calidad que sea verdaderamente significativa a niños y jóvenes afectados por las crisis. Para que la educación tenga un impacto duradero, la salud mental debe ser parte integral de las respuestas educativas en contextos de crisis y desplazamiento. Nuestro objetivo es empoderar a estas niñas y niños para que encuentren sentido en su sufrimiento, como el gran psicoanalista Victor Frankl escribió en su best-seller «El hombre en busca de sentido». Porque, en ECW creemos que el dolor y el sufrimiento pueden convertirse en un punto de inflexión para el cambio y el logro si se convierte a la educación en una herramienta poderosa de cambio y logro, con el enfoque correcto de MHPSS (red de apoyo de salud mental y psicosocial).
Imagínense niñas como Janat Ara, una adolescente rohinyá que huyó una noche y vivió escondida en los bosques hasta que encontró algo de esperanza en los campos de refugiados de Cox’s Bazaar en Bangladesh. Janat y otros adolescentes en su situación ahora han vuelto a recibir educación, pero para poder recuperar su seguridad mental y psicosocial necesitan de mayor apoyo, para poder convertirse en jóvenes agentes de cambio para su comunidad, su sociedad y su gente.
Los programas “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y “Agenda para la Humanidad” preparan el escenario para que el ecosistema humanitario y de desarrollo delinee un nuevo camino a seguir para garantizar que la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas cree entornos seguros y de protección que promuevan el bienestar y el desarrollo saludable de todas las niñas, niños y adolescentes a través de una educación integral significativa, relevante y de calidad.
Estos compromisos han llevado al ECW a adoptar una postura firme: una MHPSS bien pensada y basada en la escuela constituye una inversión necesaria en cada país bajo el ECW. La lógica detrás de esto es que todos los niños y jóvenes afectados por crisis tienen un gran potencial y sus experiencias pueden permitirles no solo aprender plenamente, sino alcanzar su verdadero potencial si la MHPSS es del más alto nivel.
Del mismo modo, los profesores no podrán apoyar con éxito a los alumnos, si el bienestar de unos y otros no es atendido y apoyado y no se comprende con mayor nivel de profundidad lo que han vivido y lo que pueden lograr.
Crédito: UNICEF
Acelerar el apoyo
Para crear bienes públicos de alto impacto que acelerarán el apoyo de MHPSS para niñas, niños y adolescentes como Janat Ara, ECW apoya una serie de iniciativas clave:
Justo este mes, ECW anunció una nueva subvención para apoyar el » Programa de mejor aprendizaje (BLP)» del Consejo Noruego para Refugiados. El BLP es un conjunto diverso de intervenciones de MHPSS basadas en la evidencia, basadas en la evidencia y las mejores prácticas que está ayudando a niños y adolescentes en todo el Medio Oriente y África del Norte a curarse y hacer frente al desplazamiento, la adversidad y el estrés.
El ECW también está anunciando una nueva subvención para el Área de Responsabilidad de Protección Infantil.Esta área, dirigida por UNICEF, se enfoca en fomentar la localización y la coordinación de niños y adolescentes marginados para garantizar que estos tengan acceso a apoyo en sus escuelas y comunidades, especializado y orientado a la MHPSS.
Los niños y jóvenes refugiados tienen necesidades únicas, y el ECW trabaja con la Agencia de la ONU para los Refugiados (por sus siglas en inglés, ACNUR) para garantizar que las niñas y niños que han sufrido desplazamientos y crisis prolongadas tengan acceso a apoyo y a servicios de salud mental como parte de su educación. Juntos, estamos cambiando la forma en que se protege y se atiende a los estudiantes refugiados.
El ECW también trabaja con el Centro Psicosocial de la Federación Internacional de la Cruz Roja (por sus siglas en inglés, IFRC), como codirector del Grupo de Referencia de MHPSS del Comité Permanente entre Organismos (por sus siglas en inglés, IASC). Durante los cierres de escuelas en el período sin precedentes de COVID-19, el ECW apoyó al IASC y el IFRC para brindar orientación, capacitación y herramientas rápidas sobre la MHPSS a padres, cuidadores y maestros de todo el mundo.
El bienestar de los maestros tiene un impacto significativo en el bienestar de los estudiantes. El ECW junto con el Grupo Colaborativo de la Red Internacional para la Educación en Situaciones de Emergencia (por sus siglas en inglés, INEE) sobre Apoyo psicosocial (por sus siglas en inglés, PSS) y Aprendizaje Socio-emocional (por sus siglas en inglés, SEL) han unido fuerzas para garantizar que se promueva y proteja la salud mental y el bienestar de los docentes en contextos de emergencia y crisis.
Por último, aunque no por ello menos importante, el ECW está implementando un nuevo enfoque sin precedentes en la MHPSS, basada en la Logoterapia de Victor Frankl mediante la cual la salud mental transforma el sufrimiento en significado y esperanza para el futuro.
Satisfacer las necesidades del niño en su totalidad y cumplir de manera eficaz los Objetivos Mundiales, especialmente el ODS 4, requerirá un cambio radical en la forma colectiva de trabajar con nuestros socios: un trabajo colaborativo para la educación, la protección infantil y la salud, a través de la programación conjunta y la coordinación por medio de las redes y los canales existentes. Puede obtener más información sobre el trabajo del ECW aquí en nuestra Nota de orientación técnica de la MHPSS .
Hoy más que nunca, las niñas y los niños afectados por crisis en todo el mundo necesitan el apoyo psicosocial y de salud mental que merecen y que les corresponde. Con esto, como dijo una vez Alice Walker, “son los que estábamos esperando”. Con esto es posible cambiar el mundo.
Varios países de la región han avanzado considerablemente en marcos legales y derechos para la comunidad sexo-género diversa. Aún así queda mucho por avanzar en esta materia.
Resumen ejecutivo
Los movimientos de la disidencia sexual, concretamente lo que hoy se denomina “movimiento LGBTI+”, en América Latina han buscado lograr su reconocimiento político y condiciones de igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad, inicialmente desde los años 60, pero con mayor énfasis a partir de la década de los 80.
Una particularidad de los derechos sexuales en América Latina es que la secuencia de reconocimientos fue inversa a la europea: en América Latina varios de los derechos LGBTI+ se reconocieron antes que otros que específicamente reclama el movimiento feminista, como los derechos reproductivos.
Fue principalmente desde el inicio del nuevo milenio que América Latina, particularmente Sudamérica y México, avanzaron –no de modo homogéneo– en el reconocimiento de la gran mayoría de los derechos existentes en sus marcos legales.
Destacan los Gobiernos encabezados por mujeres como Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet como los que más concentraron reconocimientos legales LGBTI+.
Sólo Ecuador, Bolivia y México han incorporado a sus constituciones la prohibición de la discriminación por razones de identidad y orientación sexual.
A pesar de que algunos países de América Latina han sido vanguardia en conquistas de derechos de las comunidades LGBTI+, la brecha que separa lo institucional de lo cultural sigue siendo enorme: al menos 1.292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas en cinco años y medio en América Latina entre 2014 y 2020.
Matrimonio igualitario
En Latinoamérica, los países que avalan el matrimonio igualitario son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador (2019), México y Uruguay; Chile es el único país de Sudamérica que optó por una figura legal diferenciada, la de “unión civil”, aunque recientemente el presidente Piñera anunció el impulso de un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. Este año Cuba y Venezuela debatirán si se debe reconocer ese derecho.
Belice, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú –proyecto presentado y archivado desde 2016–, República Dominicana y Venezuela no tienen figura legal para enlaces entre personas del mismo sexo.
Destaca el caso de Paraguay, que en el artículo 140 de su Código Civil prohíbe en forma explícita el matrimonio para las personas del mismo sexo.
Discriminación
Cuatro países han incorporado parcialmente derechos LGBTI+ a su Constitución: Ecuador (el segundo a nivel mundial), Bolivia, Cuba y México. Brasil (1989), Bolivia (2010), Chile (2012), Colombia (2011), Cuba (2019), Ecuador (2003), México (2011), Perú (2017) y Uruguay (2004) cuentan con una amplia protección jurídica contra la discriminación basada en la orientación sexual.
Venezuela, México y Paraguay no tienen el agravante de “crímenes de odio” para catalogar los delitos de odio contra la población transgénero y homosexual.
Adopción
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay reconocen la adopción conjunta por parejas del mismo sexo, así como la adopción del hijo o hija del cónyuge. En la mayoría de los países la adopción homoparental está prohibida o limitada, constituyendo un acto de discriminación estatal.
Tortura
Sólo dos países, Brasil y Ecuador, tienen expresa regulación contra las mal llamadas “terapias de reconversión” (referencia a cualquier esfuerzo sostenido para modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona).
Identidad
Las medidas en pos de la identidad autopercibida, contra todo pronóstico, tuvieron una amplia aceptación en la región, si bien las primeras fueron las de Panamá (2006), Uruguay (2009) y Brasil (2009). En 2012 Argentina sancionó una ley de identidad de género que marcaría la vanguardia de reconocimiento ciudadano a la comunidad trans. Posteriormente le seguirían Colombia (2015), Bolivia (2016), Ecuador (2016), Perú (en tratamiento y sin resolución desde 2016) y Chile (2018).
Pendientes
América Central y el Caribe es la zona con mayor criminalización de la diversidad sexual de la región. Las penalidades, con diversos grados y modalidades, van desde los 5 a los 15 años de cárcel en Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas.
Los derechos LGTBI+ en América Latina
Los movimientos de la disidencia sexual, concretamente lo que hoy se denomina “movimiento LGBTI+” (lesbianas, gays, bisexuales, travestis/transexuales y otres como queers, no binarixs e intersexuales)[i] en América Latina han buscado lograr su reconocimiento político y condiciones de igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad. Estos reclamos están hoy focalizados en la adquisición de derechos de ciudadanía, especialmente el matrimonio, la adopción y garantías contra la violencia y la discriminación en todas sus manifestaciones.
Una particularidad de los derechos sexuales en América Latina es que la secuencia de reconocimientos fue inversa a la europea. En el viejo continente primero fueron conquistados plenamente los derechos de las mujeres y décadas después se debatieron el matrimonio gay y los derechos de personas travestis y trans. En América Latina esto no fue necesariamente así; varios de los derechos LGBTI+ se reconocieron antes que otros que específicamente reclama el movimiento feminista, como el de la legalización del aborto.
Aún así, tal vez la mayor contradicción latinoamericana continúe siendo la brecha que separa lo institucional de lo cultural. Según el informe “El prejuicio no conoce fronteras”, publicado por Sin Violencias LGBTI+, 1.292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas en América Latina entre 2014 y 2020.
Los derechos de las comunidades LGBTI+ en América Latina han tenido inicialmente dos grandes fases de visibilización. La primera en los años 60, coincidiendo con la organización de los pueblos originarios, de personas negras y de mujeres. La segunda, a mediados de la década de los 80, signada por la aparición del VIH-Sida, en principio denominada “peste rosa”. El virus adquirió el grado de pandemia y visibilizó a las comunidades sexualmente diversas que buscaban una respuesta estatal a la problemática, saltando las fronteras de lo privado para realizar su reclamo en la arena pública.
A partir de la década de los 90 la pluralidad y la diversidad comenzaron a tener un fuerte tono identitario. En esta época se impuso la designación de “lesbiana” y “gay” –abandonando la categoría “homosexual” surgida como categoría de la taxonomía médico-legal desde posturas esencialistas– y, posteriormente, también se incorporan las identidades travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales. Surgieron, además, poderosas y articuladas asociaciones nacionales e internacionales como la ILGA (Internacional Lesbian and Gay Asociation) a nivel mundial, y la ILGALAC, en Latinoamérica. Por otro lado, aparecen nuevos espacios de articulación entre los que se encuentran las Marchas del Orgullo, que persiguen especialmente una política de visibilidad y medidas afirmativas con acento en los derechos reconocidos por el Estado y en las posibilidades de igualación normativa. Sin embargo –en algunos casos– organizaciones sociales y ONG en pos de la diversidad se han visto cooptadas por agendas del sector privado-empresarial que buscan ampliar sus mercados e impulsar una percepción de progresismo en relación a los derechos de carácter simbólico y/o de reconocimiento político.
El mismo amor, ¿los mismos derechos?
Sería recién con el nuevo milenio que la articulación entre el Estado y las agrupaciones de las comunidades LGBTI+ comenzó un proceso de ampliación de derechos ciudadanos condensado en hitos y réplicas que marcarían una nueva política en cuanto a la diversidad.
El primero de ellos fue en 2002, cuando Argentina reconoce el primer derecho LGTBI+ en América Latina con la posibilidad del derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El 15 de julio de 2010, se inauguró un nuevo escenario con la aprobación de la Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de heredar de la pareja en América Latina: también fue en Argentina. Unos meses antes, producto de un vacío legal, se celebró el primer matrimonio entre varones del mismo sexo, el 28 de diciembre de 2009 en Tierra del Fuego, inaugurando así un nuevo cambio de paradigma en cuanto a la visión de libertad, diversidad e igualdad desde el sur profundo.[ii] Esto tendría una notaria repercusión legal en Uruguay (2013), Brasil (2013) y Colombia (2016), que siguieron dicha senda. Cabe destacar el rol en materia de legislación de Uruguay, fue el primer país en aprobar la Unión Civil (2008) para luego ampliar su legislación y borrar las nomenclaturas diferenciales. En cambio, optarían por el término “unión civil” países como Ecuador (2015), Chile (2015) y Bolivia (2020). Este último país, ya bajo el Gobierno de Luis Arce, en diciembre de 2020 avaló el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio igualitario se debatirá este año en Cuba y Venezuela.
Perú tal vez sea, junto a Paraguay, uno de los países más refractarios con respecto a la unión de parejas del mismo sexo. Desde 1993 ha rechazado todas las propuestas legislativas de unión civil (2003, 2010, 2012, 2013, 2015 y 2016). En febrero de 2017, las congresistas Indira Huilca Flores y Marisa Glave, presentaron un proyecto de ley más ambicioso que busca reconocer el matrimonio igualitario. La iniciativa legislativa propone la modificación del artículo 234 del Código Civil para definir la noción de matrimonio como “la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente aptas para ella”. Ninguna de las propuestas ha sido hasta el momento aprobada por el Congreso. En el caso de Paraguay, el artículo 140 de su Código Civil prohíbe en forma explícita el matrimonio para las personas del mismo sexo.
Países que avalan el matrimonio igualitario: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México (régimen estadual) y Uruguay.
Países que no tienen figura legal para enlaces entre personas del mismo sexo: Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú –proyecto presentado y archivado desde 2016–, República Dominicana y Venezuela.
¿Ampliación de derechos o “marketing rosa”?
La presión “modernizante” en el aspecto legislativo tuvo también su impacto en estrategias políticas y empresariales, asumiendo a esta población y a sus defensores como un mercado de consumidores y de potenciales votantes. Asimismo, desde sus propias luchas, las comunidades LGBTI+ hicieron suyo el concepto pink-washing [iii] (lavado rosa) para caracterizar estrategias políticas y de marketing, tanto de gobiernos como de empresas privadas, que buscan “lavarse la cara” y dar una imagen de integración y progresismo para, de este modo, cubrir las críticas que reciben por otro tipo de acciones de corte conservador, nocivas con el medioambiente, represivas, etc.
Los casos de Ecuador y Chile son casos paradigmáticos de cómo la derecha ha intentado “lavarse la cara” y hacer un uso oportunista de las demandas de las disidencias sexuales en países que ejercen una violencia extrema. El 12 de junio de 2019, cuatro meses antes del estallido social y en una votación dividida de la Corte Constitucional, Ecuador dijo sí al matrimonio civil igualitario bajo el Gobierno de Lenín Moreno. Éste aprovechó la ocasión para manifestar que el fallo no necesariamente coincidía con sus valores personales, pero que apoyaba las decisiones de la Justicia –la misma que sirvió para judicializar a sus adversarios políticos–.
Recientemente, el conservador Sebastián Piñera, impulsó el matrimonio igualitario otorgándole “carácter de urgencia” a un proyecto de ley que lleva discutiéndose desde 2017 en el Parlamento. El mensaje llegó luego de una derrota de la derecha en las elecciones para la Asamblea Constituyente y números rojos en las encuestas de imagen y evaluación de gestión. Tanto Moreno como Piñera han sido acusados ante la CIDH por perpetrar crímenes de lesa humanidad contra su propia población civil. Algo similar ocurre con Luis Abinader en República Dominicana, quien al menos en campaña avalaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y ya como presidente en ejercicio busca construir un muro con su vecino Haití.[iv]
Otros derechos
En muchos casos el lobby de distintas ONG se concentró en el matrimonio, pero para muchas disidencias que viven continuamente la violencia política, policial y la precariedad laboral, esto no tiene ningún impacto real. Sin embargo, el nuevo milenio también trae aparejados otros derechos de inclusión e igualdad desde 2002, también otorgados bajo Gobiernos de distinta orientación ideológica:
Ecuador en 1998 se convirtió en el primer país americano (y el tercero en el mundo) en incluir la orientación sexual como una de las categorías protegidas contra la discriminación en la Constitución. La Nueva Constitución de 2008 incluyó tanto orientación sexual como identidad de género dentro de las categorías protegidas.
En Uruguay en 2004 se reconoció la libertad de expresión de las personas LGBTI+ y en 2009 reconoció el cambio de identidad y la adopción.
En Chile la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, presentada en la Cámara de Diputados por el Gobierno de Ricardo Lagos (2005), incluye entre sus categorías protegidas a la orientación sexual y la identidad de género, agregando una nueva agravante de responsabilidad criminal contra crímenes de odio. En 2019 Chile promulgó la Ley de Identidad de Género (anteriormente a esta última ley, el cambio de nombre y sexo legal era posible cuando los mismos no coincidan con la identidad de género autopercibida de la persona, mediante un proceso judicial). La redacción de la próxima Constitución y las próximas elecciones presidenciales en las que la izquierda tiene altas probabilidades de éxito abren un importante abanico de oportunidades de ampliación de los derechos LGTBI+ en el país.
Con Lula Da Silva como presidente, Brasil aprobó en 2006 el derecho al trabajo de las personas LGTBI+, en 2009 el cambio de identidad y en 2010 reconoció la adopción. Ya con Dilma Rousseff se aprobaron cinco derechos más: unión estable, pensión a la pareja, heredar a la pareja una vez que ésta fallece, salud y un paquete de derechos de seguridad social que englobaba: enfermedades, discapacidad, maternidad, desempleo, pensiones y muerte.
Panamá en 2006 reconoció el derecho al cambio de identidad y en 2008 el derecho a la vida (despenalización de la homosexualidad).
Mientras agudizaba el conflicto armado interno en pleno siglo XXI, la Colombia de Uribe reconoció el derecho a la salud de las personas LGBTI+ y el derecho a heredar a la pareja una vez que ésta fallece en 2007; un año después se reconoció el derecho a la pensión.
Cuba en el 2007 aprobó, en el rubro de seguridad social, el derecho a la salud, concretamente: la cirugía de reasignación de sexo.
En Bolivia la Constitución de 2009 prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género. En 2016 Bolivia sancionó la Ley de Identidad de Género (Ley 807/2016).
Durante 2012 Argentina reconoció cuatro derechos: cambio de identidad –siendo el primer Estado no solo de la región sino en todo el mundo en reconocerlo sin patologizar la elección–, ejercicio del voto para las personas trans, seguridad social (salud y educación), un año después el derecho a la familia (reproducción asistida) y en 2015 reconoció dos nuevos derechos: intimidad (derecho a la vida privada) y a la pensión. Actualmente sigue siendo vanguardia con la reciente aprobación de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. El proyecto se complementa con el DNU 721/20 que firmó el presidente Alberto Fernández en septiembre del 2020 y que estableció el cupo laboral trans/travesti en el sector público.
En Perú, el Tribunal Constitucional determinó que la transexualidad no debe ser considerada una patología y reconoció el derecho a la identidad de género. Además, establece que las demandas de cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad deben tramitarse ante la Justicia, mediante proceso sumarísimo. La sentencia, aprobada por cuatro votos fueron a favor y tres en contra, deja sin efecto la doctrina jurisprudencial de la sentencia anterior de 2013, que señalaba que el sexo se define únicamente a nivel cromosómico y era, por lo tanto, inmutable e inmodificable. Desde enero de 2017, está en vigencia el Decreto Legislativo 1.323, que incluye como categorías protegidas contra la discriminación la orientación sexual y la identidad de género, además de incorporarlas como agravantes en delitos contra personas LGBTI+. La victoria de Pedro Castillo y su promesa de un referéndum constitucional abre, como en Chile, un horizonte de mejoras legales para ese colectivo.
Para 2018 un hito en la región latinoamericana se daría a lugar: la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiría una opinión consultiva, solicitada por Costa Rica en 2016, sobre la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo (OC-24/17). Así la opinión consultiva sería referencia para el resto de países latinoamericanos y no exclusivamente en Costa Rica. De lo contrario, el Estado que no cumpla con la protección de las personas LGBTI+ (en lo que refiere a los derechos al nombre y al matrimonio igualitario) entraría en contradicción con el sistema interamericano.
Caribe y Centroamérica
Actualmente, nueve países de la región penalizan prácticas por fuera de la heteronorma, destacando América Central y el Caribe como el foco más intensamente represivo en materia legal. Las penalidades, con diversos grados y modalidades, van desde los 5 a los 15 años de cárcel en Antigua y Barbuda, Barbardos, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas. En Guyana y Barbados pueden acarrear la privación de libertad de por vida (cadena perpetua). En República Dominicana han sido denunciadas restricciones a la libertad de expresión y se prohíbe por ley la adopción por parte de personas del mismo sexo. Las excepciones más notables son los mencionados casos de Costa Rica y Cuba.
Avances
En 2006, Panamá fue el primer país en reconocer la identidad de género autopercibida.
En Nicaragua, hasta la derogación de la ley que penalizaba la sodomía, recién en el año 2008, se castigaba hasta con 3 años de cárcel cualquier práctica homoerótica aun cuando aconteciera en la privacidad del propio hogar.
El Salvador en 2010 aprobó su primer derecho LGTBI+: a la no discriminación laboral.
Nicaragua (2008), Honduras (2013) y El Salvador (2015) catalogan como “delitos de odio” a la violencia motivada por la orientación sexual de la víctima.
Retrocesos
Por otra parte, el Congreso hondureño ratificó en 2005 una reforma constitucional que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo e impide la adopción de menores a parejas homosexuales. La misma reforma fue replicada en El Salvador.
En la misma región destaca Haití que, desde su independencia en 1804, no introdujo ninguna ley que criminalizara la homosexualidad, y desde entonces no se ha agregado ninguna ley de este tipo en el Código Penal. Sin embargo, y bajo el actual Gobierno, el Senado votó un proyecto de ley para prohibir “cualquier manifestación pública de apoyo a la homosexualidad y el proselitismo a favor de tales actos”. El destino de este proyecto de ley sigue siendo desconocido.
La diversidad también tiene rostro de mujer
Estudios como “Las reformas orientadas a los derechos LGBT en América Latina: una ciudadanía universal pendiente” de Ericka López Sánchez, encuentran que una de las variables clave para el logro del reconocimiento de derechos ha sido la capacidad de influencia de los colectivos y organizaciones sociales. En este sentido, destacan Argentina y México por contar con los movimientos LGTBI+ más antiguos de la región, por lo que no es ninguna coincidencia que hayan sido de los dos primeros países en aprobar el matrimonio igualitario. Los aliados estatales también parecen haber sido fundamentales a la hora de ejercer presión en el diseño de políticas más inclusivas, y el análisis de las experiencias de Argentina y México muestra que estos aliados fueron, en su mayoría, mujeres, principalmente agrupadas en organizaciones feministas.
Otra variable importante que explica algunos importantes avances en materia de reconocimiento de derechos LGTBI+ es la introducción de la perspectiva de género de acuerdo al sexo de las personas gobernantes. En este último aspecto, si bien la proporción entre presidentas y presidentes es escandalosamente desequilibrada, se logra encontrar un patrón claro:
En Argentina, durante el mandato de Cristina Fernández se reconocieron 9 de los 10 derechos LGBTI+.
Brasil, bajo la gestión de Dilma Rousseff, se aprobaron 7 de los 11 derechos que tiene este país.
Finalmente Chile, con Michell Bachelet, reconoció 2 de los 3 derechos reconocidos.
A modo de cierre
Latinoamérica en el nuevo milenio protagonizó una ampliación sin precedentes de los derechos sexuales e identitarios en un periodo relativamente breve. Desde la promulgación de la ley sobre identidad de género más avanzada del mundo (en Argentina) hasta la consagración de disposiciones constitucionales que protegen a los ciudadanos de la discriminación basada en su orientación sexual (en Ecuador, México y Bolivia), diversos países en la región han elaborado marcos legales y han ampliado derechos a minorías sexuales y de género. Aún así, con respecto a los derechos de gays, lesbianas, travestis, trans y otres, América Latina difícilmente podría considerarse homogénea, ya que el Caribe y Centroamérica han tenido rachas conservadoras y pocos avances. Como todo avance, permanece en disputa.
[i] A lo largo del artículo utilizaremos este sistema de siglas buscando una mayor inclusión, aún sabiendo que no expresa cabalmente la diversidad y totalidad de los colectivos de disidencias sexuales.
[ii] Varios estudios señalan cómo la especificidad del caso argentino en cuanto a que el matrimonio entre parejas del mismo sexo se haya condensado en torno a la demanda de “igualdad”, constituye un factor fundamental para su éxito. Ver: http://onteaiken.com.ar/ver/boletin24/onteaiken24-04.pdf
[iii] Tras la inclusión en Occidente del colectivo LGTBI+ desde los márgenes al interior de la política y la ciudadanía, ha surgido una corriente que trata de instrumentalizar las políticas LGTBI+ en tres vías principales. La primera se da con el objetivo de crear una imagen externa e interna de excepcionalidad y modernidad, justificando y ocultando políticas represivas, como puede ser el caso del pink-washing israelí con Palestina. El caso paradigmático es el del Estado de Israel, que ha tenido una estrategia de cooptación de los derechos LGTBI+ para mostrarle al mundo que Israel es el reino de las libertades sexuales, aún siendo un país militarizado que normaliza la ocupación, colonización y apartheid de Palestina. La segunda muestra que la nueva extrema derecha, al alcanzar un consenso mínimo hacia el colectivo, ha visto la oportunidad para usar esa retórica de progresismo social y humanitario para crear un concepto de nación contrapuesto a sociedades consideradas retrógradas, en concreto las musulmanas, para hacer prosperar sus medidas partidistas dentro del marco de la islamofobia. Habitualmente se utiliza el término de “homonacionalismo” para dar cuenta de esta estrategia. La tercera, consecuencia, es que el colectivo LGTBI+ está crecientemente integrándose en el sistema político institucional, dejando atrás una vinculación tradicional con la izquierda e incorporándose a las corrientes populistas de derecha, principalmente en Europa. Ver: https://www.jstor.org/stable/10.13169/decohori.6.2020.0121#metadata_info_tab_contents y https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/28224
[iv] Estrategias similares se han visto en Argentina con respecto al movimiento de mujeres, por lo cual se ha reversionado el término a purpel-washing (lavado de cara violeta), algo similar ha acontecido en Ecuador con respeto a Lasso. Ver: Rovetto, F. L. (2019). “Cuando sube la marea feminista: resistencias y disputas de sentido en tiempos macristas”. La Argentina de Cambiemos, 85.
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