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Educación errada

Dinorah García Romero

Por: Dinorah García Romero 

Tiempo de apoyar a los jóvenes con orientaciones que los convenzan y comprometan con el cuidado personal y colectivo.

La juventud dominicana ha experimentado avance en diferentes órdenes. Se destaca la capacidad que manifiestan en actividades académicas, en acciones de emprendimiento y en acciones de voluntariado, como el de la Defensa Civil. Conocemos su audacia y su capacidad de afrontar riesgos para salvar vidas, bienes y recursos en situación de desastre o peligro. Pero al mismo tiempo constatamos que la COVID-19 no le asusta nada. Su comportamiento resulta preocupante, por la facilidad con la que aparcan la mascarilla, acortan cada vez más, la distancia social y se organizan para celebrar fiestas clandestinas que implican un desbordamiento del comportamiento; y un rechazo total a las medidas de protección y cuidado que demanda la pandemia que impacta al mundo y, por tanto, a la República Dominicana. Los jóvenes poseen tanta vitalidad y energía que se consideran inmunes a las enfermedades y a la diversidad de riesgos propios de un período complejo e incierto como el que vivimos.

Celebramos su capacidad de mirar más allá del peligro; pero resulta inquietante su temeridad y, sobre todo, el olvido de la responsabilidad que tienen del cuidado de aquellos con los que conviven, y se relacionan. Producto de esta insensatez, han provocado contagios en familiares, amigos y relacionados. Otro aspecto importante es que no le temen a la muerte. Están informados, pero les hacen caso omiso a las orientaciones de Salud Pública, de la Organización Mundial de la Salud, OMS y, mucho menos, a sus propios familiares que persisten en su cuidado para liberarlos de las garras de un virus que ha demostrado que no tiene límites para provocar el sufrimiento prolongado y, especialmente, la muerte.

Necesitamos construir nuevas estrategias comunicativas que sean efectivas para que los jóvenes se den cuenta del alto riesgo que corren ellos y todos los que están en su entorno. Ante la situación presentada, nos atrevemos a preguntarnos si la educación que reciben los jóvenes es un proceso fallido. Una educación errada trae como consecuencia el comportamiento juvenil que impacienta. Esta realidad es un factor más para que la educación preuniversitaria y de educación superior examine a profundidad qué hace, cómo lo hace, desde cuáles perspectivas está haciendo educación y hacia qué horizonte se encamina. El comportamiento de muchos jóvenes nos está diciendo cuán inconsistente es la formación que reciben y cuál es el vacío de comprensión y compromiso ciudadano. Es una prueba más del vacío de las Ciencias Sociales en la formación de los jóvenes.

Las Ciencias Sociales influyen de forma decisiva en la formación del pensamiento; y en la comprensión holística y crítica de la realidad en la que interactúan los sujetos. Este vacío en la mentalidad de una amplia mayoría de los jóvenes, provoca el desorden humano y social que exhiben en la pandemia. Es necesaria una vuelta a la formación incluyendo las Ciencias Sociales. Dejarlas como asunto opcional y hasta coyuntural es un retroceso que le está costando caro a las personas y a la sociedad dominicana. Se impulsa una educación errada para priorizar un pragmatismo que paraliza. Es una educación errada porque la formación en valores se le está dejando a la calle, a las redes sociales. ¡Atención! Soy de las personas que piensan que la calle en múltiples ocasiones ofrece oportunidades y fenómenos que son educativos; de igual manera, las redes sociales hacen puntualmente aportes significativos. Pero los procesos educativos fundamentales no pueden depender de lo que aporten estos entornos.  Los procesos de formación en valores son complejos y requieren acompañamiento sistemático; contraste de lo que se propone y de lo que ocurre en la vida cotidiana. Es tiempo de apoyar a los jóvenes con orientaciones que los convenzan y comprometan con el cuidado personal y colectivo. Revisemos la educación que estamos promoviendo para revertir el comportamiento de los jóvenes en tiempos de pandemia y más allá

Fuente: https://acento.com.do/opinion/educacion-errada-8947166.html

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Participar de verdad

David Calderón

Por: David Calderón

La SEP sigue sin convocar, incumpliendo el artículo 145 de la Ley General de Educación, al Consejo Nacional de Participación Social…

La educación es un derecho irrenunciable: toda persona tiene el derecho intrínseco de desarrollar el conjunto de sus capacidades, y por ende es acreedora al apoyo sistemático; es destinataria de las obligaciones del Estado para ejercer a cabalidad ese “derecho a desarrollarse sin obstáculos, sin discriminación ni exclusión”. Si a ello le agregamos que niñas y niños son titulares con eminencia, con urgencia y con prioridad, el derecho a la educación debería ser uno de los más estudiados y defendidos, en la práctica y en los tribunales.

Niñas y niños requieren de educación más que los demás, pues –aunque es un derecho universal– se encuentran en especial vulnerabilidad si no son acompañados, y si no tienen a disposición los medios adecuados y suficientes para su crecimiento físico, emocional e intelectual, para que no se frustre su potencial para el discernimiento ético, la creatividad, la socialidad. El “interés superior de la niñez”, consagrado en la Constitución y pieza inexcusable de las responsabilidades de México como Estado parte de las convenciones internacionales, cuenta en la educación como nunca. La educación es la diferencia entre una vida digna y plena, o la sujeción emocional o política, la fragilidad, la imposibilidad de perseguir el propio proyecto de vida y caer en ser usados como medios para la voluntad de alguien más. En la educación no sólo nos jugamos el bienestar futuro, sino la autodeterminación presente de la joven generación.

Desde Aprender Primero, el brazo jurídico de Mexicanos Primero, interpusimos una demanda de amparo contra la Ley General de Educación (LGE) señalando elementos de inconstitucionalidad en la reforma –apresurada y por aplanadora legislativa– que se hizo de esta ley general; lo que correspondía era hacer concretos elementos presentes en el artículo tercero de nuestra Carta Magna, pero siendo una ley derivada, contradice su fuente. Tras más de dos años, el juicio recorrió todas las instancias, y fue llevado a la consideración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los puntos relevantes que litigamos tienen que ver con el hecho de que los artículos de la LGE vigente no atienden a los criterios de consulta a pueblos y comunidades indígenas, a personas con discapacidad y a los propios niñas y niños, además de cuestionar que no se hicieran puntuales los deberes de transparencia y que quede confuso que la responsabilidad de la infraestructura es de los funcionarios, no de las familias.

En la sesión de ayer, con una votación dividida 4 a 1, la sentencia no nos dio la razón. El asunto no fue ‘sobreseído’, es decir, se reconoció que legítimamente desde la sociedad civil podamos cuestionar la constitucionalidad de las leyes generales. La sentencia sentará de todos modos antecedentes valiosos de interpretación, por ejemplo, aclarando que la infraestructura es deber de las autoridades, y que la participación debe estar en la orientación de las inversiones, y no cargar con la definición técnica por parte de los comités de cada escuela. También se reconoce que no hubo propiamente consulta con los parámetros debidos… esa omisión es grave, y empobrece la ley, haciéndola excluyente en sus efectos pero también en su punto de partida mismo.

Muchas lecciones: que recurrir al Poder Judicial, aunque golpeado y por momentos amenazado desde la soberbia del Ejecutivo, es un contrapeso democrático que todas y todos debemos sostener. Que el Legislativo que se pliega al mandatario en turno desmerece su papel de representación popular, y acaba restringiendo derechos de aquellos a quienes juró defender. Que la verdadera participación debe ser permanente y desde la definición; es triste ver que después de más de 14 meses, autoridades educativas, de repente inspiradas por la visibilidad en época electoral y no por auténtico compromiso, ahora apresuran la apertura de planteles que antes –con negación cerril– dejaron caer; no probaron formas intermedias de presencia, y ahora quieren imponer un esquema “mitad y mitad, y viernes para los que van más rezagados” que es detestable en lo pedagógico y riesgoso en lo epidemiológico. No creen en la participación que no sea “les pedimos ayuda para financiar”; veloces para querer compensar lo que no cuidaron y lentos para dialogar y entender las críticas, para atender las propuestas estudiadas, para no poner las cosas en tono electoral y con operadores territoriales. La SEP sigue sin convocar, incumpliendo el artículo 145 de la Ley General de Educación, al Consejo Nacional de Participación Social. La participación de maestras y maestros está, con mucho, limitada a esperar con agobio que se reestablezcan las páginas web en las que deben capturar sus datos de calificaciones, o de aspiraciones a promoción. Ya es hora de exigir, con más fuerza, participar de verdad.

Fuente: https://profelandia.com/participar-de-verdad/

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Una generación de niños y niñas pornográficos

Educación 3.0

Por: Educación 3.0

El doctor en psicología clínica, sexólogo y escritor José Luis García asegura que algunos niños consumen pornografía a los 8 años, por lo que propone educar y capacitar en la sexualidad a menores.

En los últimos 30 años, Internet nos ha cambiado la vida, las relaciones y el tiempo libre, tanto a menores como a adultos. Se trata de un avance tecnológico sin igual, que ha desencadenado una transformación extraordinaria en la sociedad, pero también ha venido acompañada de riesgos de salud importantes que es preciso conocer.

La inmensa mayoría de los menores y jóvenes consumen pornografía, contenidos que, en su mayoría, presentan ciertas dosis de violencia. En España, algunos comienzan a los 8 años, otros incluso antes. Las niñas algo menos, pero en algunos países ya se están acercando en torno a los 16 años. Cualquiera que tenga un móvil con acceso a la red puede hacerlo, no solo en las webs específicas, sino que está presente en varias redes sociales y en ciertos videojuegos.

Posibles consecuencias

Un niño se sorprende antes el contenido de su móvil, sin vigilancia parental. - Una generación de niños y niñas pornográficos

Este consumo, a pesar de ser gratis, no es en balde: tiene consecuencias y algunas de ellas muy graves. Diferentes estudios científicos sugieren efectos tales como: adicción, hipersexualidad, alteraciones cerebrales, disfunciones sexuales, problemas de pareja, trastornos de la conducta, alteraciones de la sociabilidad, consumo de prostitución, riesgos reproductivos y de infecciones entre otros, pasando por el aprendizaje de un modelo de relaciones sexuales agresivos, inaceptable desde todo punto de vista, cuando nos referimos al porno violento.

Lo inquietante es el hecho, tan real como terrible y lamentable, de que niños y niñas se inicien en la sexualidad con ese modelo que ven en las pantallas de sus móviles, modelo que contribuye a configurar el concepto y el sentido de su sexualidad y de sus relaciones a partir de ese momento. El porno es el manual de instrucciones 3.0 de las primeras relaciones sexuales de muchos chicos y chicas.

“El porno es el manual de instrucciones 3.0 de las primeras relaciones sexuales de muchos chicos y chicas.”

Educación sexual

Ante esta situación, proponemos una capacitación específica de padres, madres y docentes, en base a diferentes temas prioritarios, contenidos que, luego, ellos van a aplicar en sus respectivos ámbitos con niños, niñas y jóvenes según su edad y necesidades. Se trataría de competir con los contenidos que ofrecen estos vídeos, de ahí que la finalidad de nuestra propuesta es que lleven a cabo una adecuada educación sexual que les permita hacer frente a esa vigorosa influencia de la industria pornográfica, ante la que se hallan, demasiado a menudo, sin vigilancia de ningún tipo.

En una sociedad hipersexual como la nuestra, la pornografía seguirá existiendo durante mucho tiempo y, en este momento, la formación es el único recurso realista que tenemos. En consecuencia, se propone educar y capacitar en la sexualidad a menores para que puedan hacer frente a los desafíos, y sus consecuencias, que plantea el consumo de pornografía en la sociedad actual, fenómeno de grandes implicaciones, muy complejas, que requiere una sólida formación.

Dado que las agresiones sexuales a mujeres y a niñas son un drama lacerante en nuestra sociedad, y que se ha señalado a la pornografía como un factor etiológico de este problema, esta propuesta educativa pivota sobre esta vinculación.

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/una-generacion-de-ninos-y-ninas-pornograficos/

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El Ministerio de Igualdad condena un nuevo asesinato por violencia de género en Zaragoza

Tercera Información

Por: Tercera Información

  • El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 14 en 2021 y a 1.092 desde 2003. El número de menores huérfanos por violencia de género es de 6 en 2021 y 310 desde 2013.

  • Noelia Vera: Mis condolencias y cariño para la familia de la mujer asesinada en Zaragoza. Terrible semana para nuestra sociedad en la que han sido asesinadas 5 mujeres y un niño. Necesitamos más implicación y unidad para erradicar la #ViolenciaDeGénero.

El Ministerio de Igualdad condena un nuevo asesinato por violencia de género en Zaragoza. Se trata una mujer de 35 años asesinada presuntamente por su expareja el pasado 23 de mayo. La mujer tenía un hijo menor de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 14 en 2021 y a 1.092 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. El número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 6 en 2021 y a 310 desde 2013.

 

La ministra de Igualdad, Irene Montero y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quieren expresar de nuevo su más absoluta condena y rechazo a este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada, piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, quiere recordar que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/24/05/2021/el-ministerio-de-igualdad-condena-un-nuevo-asesinato-por-violencia-de-genero-en-zaragoza/

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La Estrategia Nacional para el Regreso a Clases Presenciales

Sergio Martínez Dunstan

Por: Sergio Martínez Dunstan

 

La Secretaría de Educación pública presentó la “Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica durante el Ciclo Escolar 2020-2021”, desde hace algunos días. Ese fue el banderazo de salida. Después, se puso andar todo el aparato del estado para concretarlo: la vacunación del magisterio y de todo el personal educativo; el programa piloto en Coahuila; la reanudación de las actividades escolares en la Ciudad de México anunciada para el 7 de junio y en el Estado de México a mediados del mismo mes. Son tan sólo una muestra de ello. Se percibe pues, la Estrategia Nacional, como la propuesta gubernamental. Se menciona que será un proceso paulatino, gradual, escalonado a desarrollarse en tres etapas.

En la Etapa I, Medidas Previas, se contemplan a su vez, tres fases. En la primera fase, se reabrirán los planteles educativos ubicados en comunidades rurales, con menos de dos mil quinientos pobladores. En la segunda fase, en las localidades semiurbanas. Y en la tercera fase, en aquellos municipios urbanos con mas de quince mil habitantes. En los tres casos, en consonancia con el comportamiento del Semáforo de Riesgo Epidemiológico.

En la Etapa II, Medidas de Organización, se recurre al federalismo educativo. Para ello, se considera integrar un equipo directivo en el ámbito nacional y, otro, en lo local o estatal. Éste deberá contar con un instrumento de apoyo que identifique acciones, propósitos, metas, seguimiento y evaluación de la estrategia. En lo que respecta a la organización de la escuelas, se retomará, a pie juntillas, la “Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID 19”. En ella, se enuncian nueves intervenciones para el regreso seguro a clases en las aulas y se describen determinadas medidas sanitarias: Comités Participativos de Salud Escolar; garantizar acceso a jabón y agua; cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo; cubrebocas o pañuelo obligatorio; sana distancia; maximizar el uso de espacios abiertos; suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones; detección temprana; apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. De igual manera, se detallan cinco momento claves: Preparativos; días previos al inicio; primer día de clases; primera semana de clases; y el resto del ciclo escolar.

En la Etapa III, “Medidas Académicas”, se conmina a los docentes darle prioridad a los educandos con niveles de comunicación intermitentes y baja participación así como inexistente según lo referido en el Acuerdo Número 26/12/20 por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje en el periodo de contingencia sanitaria para el ciclo escolar 2020-2021. Por otra parte, se le demanda también a los docentes atender lo señalado en el Acuerdo Número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020. En el numeral décimo segundo se establece que el ciclo escolar 2020-2021 iniciaría con una etapa remedial o de nivelación, un periodo de valoración diagnóstica y de trabajo docente, para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior.

Además de las tres etapas, la Estrategia Nacional determina, inicialmente los principios rectores y, al final, un esquema de seguimiento del retorno y desarrollo de las clases presenciales. Vista así, pareciera que ya está todo… ¡nomás hay que hacerlo! Pero no es así de fácil como quieren las autoridades que lo veamos. Percibo una serie de dificultades o retos por sortear que pudieran ponerla en entredicho.

Primero. Porque la pandemia aún se encuentra activa en el mundo. Estamos aprendiendo a lidiar con la enfermedad. Las vacunas fortalecerán nuestra sistema inmunológico, ayudarán a resistir frente la infección. Nos protegerán del virus antes de que ingrese a nuestro organismo. Pero el virus permanecerá en el ambiente. Ahí tenemos el caso de Campeche, en donde recientemente se ordenó otra vez el cierre de las escuelas porque la entidad federativa retrocedió al color amarillo del semáforo epidemiológico.

Segunda. Podríamos dar cuenta de muchos ejemplos de descoordinación entre los tres órdenes de gobierno. Basta traer a colación la conferencia de prensa convocada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas con la finalidad de anunciar la suspensión de clases para determinada fecha, al principio de la pandemia. Al final de cuentas, más de la mitad de las entidades federativas, en voz de sus propios gobernadores, hicieron caso omiso y adelantaron un semana el periodo acordado.

Tercera. Es aceptado por propios y extraños la crisis educativa producto de la pandemia. Los instrumentos de política pública con los que contábamos hace tiempo el actual gobierno se ha encargado de tirarlos por la borda. Hoy en día, se carece de una evaluación del aprendizaje de los alumnos en su paso por el sistema educativo nacional. No hay manera de valorar objetivamente el estado actual, avances y/o retrocesos, que guarda la educación en México. Bajo las circunstancias prevalecientes, hubiera sido de gran utilidad contar con los resultados de la prueba ENLACE en su momento o PLANEA tiempos después. Los profesores estarían en condiciones de comparar el aprovechamiento escolar de sus pupilos con el resto del país de manera confiable.

En pocas palabras, la emergencia sanitaria perdura, el desorden institucional está presente, la incapacidad para llegar acuerdos es evidente, la polarización se ha agudizado, las incongruencias y ocurrencias suceden a cada momento. Más que loable, es una obligación legal del estado mexicano garantizarle a los estudiantes el derecho humano y constitucional a la educación. Ojalá fueran suficientes los recursos económicos y materiales para lograr una hazaña de tal magnitud. Que, para empezar, hasta esos son finitos y escasos en estos pandémicos tiempos. Si pusieran por encima de su conveniencia política el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, uno de los principios éticos aludidos en el marco jurídico emanado de la reforma educativa impulsada por el actual gobierno, otro gallo nos cantaría. Incluso retoman documentos auspiciadas por algunas instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial y la OCDE, a fin de sustentar el plan de acción para el regreso a las clases presenciales. La estrategia nacional está en riesgo de incumplir sus propósitos. Se nutre de organismos neoliberales si no es que la sostienen. Quién lo diría. Fúchila, guácala.

 

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente: https://www.educacionfutura.org/la-estrategia-nacional-para-el-regreso-a-clases-presenciales/

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Libro (PDF): Radio comunitaria : participación ciudadana sin límites

Reseñas

Reseña: CLACSO

 

Sin licencia o con ella, la radio comunitaria se ha impuesto en la realidad latinoamericana. Para comunidades rurales, indígenas y urbanas, este medio ha sido la única posibilidad de dar visibilidad a las contradicciones, injusticias y diferencias que padecen. Las radios comunitarias han sido también espacios de expresión, cohesión y lucha por el derecho a la comunicación, a la información y a la cultura. Durante las primeras décadas del siglo xxi el marco jurídico que regula a los medios de comunicación y las políticas públicas hacia la radiodifusión se modificaron y, aunque de manera insuficiente, las nuevas normas reconocen y garantizan condiciones para el desarrollo de la radio comunitaria. Este libro recoge la discusión actual sobre tales cambios. Además, en sus páginas se muestran las coordenadas para pensar a los medios sociales cuando la digitalización ha operado un cambio de fondo en los procesos de producción, circulación y consumo de contenidos, al mismo tiempo que ha afianzado las formas de interacción entre medios y comunidad. En los dos estudios de caso aquí incluidos se describen fundamentales experiencias ciudadanas para el ejercicio de la libertad de expresión. Este libro es una lectura indispensable para comprender el avance de la radio comunitaria que, alentada por ciudadanos de variadas preocupaciones y delante de la hegemonía de la comunicación comercial, de los medios públicos y de los oficiales, construye un perfil propio y ocupa un sitio singular en el nuevo ecosistema comunicacional.

 

Autor(es): Villalba Gómez, Carlos Eduardo – Ortega Ramírez, Patricia – Repoll, Jerónimo – Montaño Rico, Juan Daniel –   Repoll, Jerónimo –  Compilador/a o Editor/a   Ortega Ramírez, Patricia
Editorial/Editor: Bonilla Artigas Editores
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, DCSH/UAM-X
Idioma: Español
País de Edición: Mexico
ISBN:  978-607-28-1781-4
978-607-8636-58-7
Descarga Libro (PDF): Radio comunitaria : participación ciudadana sin límites
Fuente: http://biblioteca.clacso.edu.ar
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Colombia: ¿por qué una respuesta militar a la protesta social?

El Salto

Por: Tomàs Gisbert/ María Jesús Pinto

A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos con que Iván Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de España no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presión para detener la represión.

El pueblo colombiano está viviendo un momento muy difícil. Una represión desmesurada y salvaje está siendo la respuesta del gobierno de Iván Duque a una movilización social sin precedentes que partiendo de la oposición a una reforma tributaria que castigaba a las clases más desfavorecidas, ha cuestionado la gestión de la pandemia por el gobierno y sus políticas neoliberales que no han dejado de enriquecer a las elites en detrimento de las clases populares, a lo que se ha sumado el descontento por el incumplimiento generalizado de los acuerdos de paz de 2016.

Para muchos ha podido ser una sorpresa ver en directo la barbarie de la represión, los asesinatos cometidos por la policía y el ejército, las miles de detenciones arbitrarias, los centenares de persones heridas, las violaciones a mujeres nuevamente como arma de guerra, la actuación de paramilitares protegidos por la policía o el elevado número de personas desaparecidas de las que la policía no da ninguna cuenta poniendo toda clase obstáculos a los intentos de averiguar su paradero. Podía pensarse que con los acuerdos de paz de 2016 Colombia entraría en una nueva etapa más democrática. Pero la actual represión desenfrenada ha puesto de manifiesto la pervivencia de varias de las lacras que tiñen su historia.

La pervivencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. El trato que el gobierno, a través de la policía y el ejército, ha dado a la población movilizada muestra que no se está viendo a una ciudadanía que ejerce su legítimo derecho a la protesta y a luchar por un país mejor, sino que se ve en ella al enemigo interno al que hay que doblegar, y si es necesario abatir, para tenerlo bajo control. Esta visión entronca de lleno con la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, nacida en Estados Unidos en plena guerra fría, que consideraba al pueblo y su lucha como el enemigo interior.

Estados Unidos educó a miles de militares latinoamericanos en cursos impartidos en la Escuela de las Américas, primero ubicada en Panamá y desde 2001 en Fort Benning (Georgia), donde sigue operando bajo el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.

Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayoría de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad

107.573 militares colombianos han sido entrenados en Estados Unidos en los últimos 20 años. La Doctrina de Seguridad Nacional inspiró los golpes de estado y las sangrientas dictaduras que barrieron el cono sur en los años 70. Colombia no ha sido ajena a esta doctrina, ha sido la base ideológica de la lucha contra las insurgencias y las movilizaciones populares, de las miles de masacres impunes. Y hoy vuelve a aparecer con su cara más cruda: en la intervención de las fuerzas armadas contra la protesta social, en el fuego real contra manifestantes, en los 50 asesinatos y las más de 470 desapariciones forzadas, todas ellas tácticas de terror para frenar la protesta social.

Esta actuación de las fuerzas militares y policiales se siente amparada por la impunidad. Impunidad histórica pero también impunidad actual. La impunidad de los crímenes del paramilitarismo y de sus inductores intelectuales, la impunidad generalizada de los militares que asesinaron a más de 6.400 personas haciéndolas pasar por guerrilleros para cobrar recompensas, los llamados “falsos positivos”. La de los más de 1.200 asesinatos de líderes y lideresas sociales desde la firma de los “acuerdos de paz” de noviembre de 2016. La de los 270 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma de dichos acuerdos. La calificación, como hacen las autoridades gubernamentales y los principales medios de comunicación colombianos, de las manifestaciones de “amenaza terrorista” y a la gente que está en el paro nacional como “vándalos” o “guerrilleros”, que se una con crudeza al racismo y el odio a indígenas, afrodescendientes y pobres, es una muestra de la profundidad con que está incrustada esa doctrina en el aparato del poder.

La pervivencia de militarización. Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayoría de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad. Sólo comenzar las negociaciones el entonces presidente Santos ya anunció que las fuerzas armadas no se iban a reformar, señalando una línea roja que las negociaciones no podían atravesar. Así, a pesar del desarme de las FARC-EP, la principal guerrilla, no ha habido una reducción del ejército ni de la policía. Colombia hoy cuenta con el segundo ejército en número de efectivos de toda América Latina, sólo superado por Brasil.

Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios, cuya desarticulación vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos.

Ejército y Policía pasaron de los 250.000 efectivos con que contaban en 1998, a 482.000 en 2015, para mantenerse en los 480.000 de hoy. De ellos son 295.000 miembros en activo de las fuerzas armadas a los que hay sumar una policía nacional que sigue militarizada, con 185.000 policías que también son militares tanto por su formación, por armamento o su dependencia directa del Ministerio de Defensa. Esta militarización está en la base del tratamiento de guerra que ahora, pero no sólo ahora, se da a la protesta social. Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios, cuya desarticulación vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos. Es una unidad de choque especializada en la represión de manifestaciones y paros, creada en 1999 y que cuenta con más de 3.500 efectivos, su accionar no responde a un patrón de seguridad ciudadana sino de seguridad nacional y orden público.

El gasto militar colombiano absorbe el 16% del total del presupuesto general de la nación. Colombia es el segundo país de América, sólo por detrás de EE UU, que destina más porcentaje del PIB (Producto Interior Bruto) a gasto militar, el 3,4% en 2020, y el tercero, tras Brasil, en cantidad total. Para 2021 el gasto militar está presupuestado en 10.400 millones de dólares, lo que supone 28,5 millones diarios. Y ello, a pesar de la actual pandemia y la insuficiencia de medios con que está dotada la salud. Y estas son las cifras oficiales, cifras que se quedan cortas pues el Presupuesto no contabiliza las otras fuentes de ingreso para el gasto militar como son: la ayuda militar norteamericana, 244,4 millones de dólares en 2020, más de 2.500 millones en los últimos 10 años; los beneficios del poderoso Grupo Empresarial y Social de la Defensa, que agrupa desde industrias militares, a universidades y diferentes empresas hoteleras y de transporte aéreo, con el denominador común de que todas son propiedad del ministerio de defensa; los pagos realizados por empresas en su mayoría mineras, de hidrocarburos o hidroeléctricas, a través de convenios de seguridad con las Fuerzas Armadas, 1.229 convenios conocidos firmados entre 1995 y 2015, que suponen una privatización de las funciones de la fuerza militar pública, que reviste una especial gravedad cuando actúa en contextos de conflictividad social, medioambiental o laboral. Tampoco contemplan estas cifras los 2.960 millones de dólares de la deuda derivada del gasto militar que el Estado colombiano pagará en 2021.

España ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años

En tercer lugar, la represión ha mostrado la falacia del respeto a los derechos humanos en Colombia. Es difícil encontrar otro país en el mundo en el que existan tantas instituciones oficiales para la defensa de los derechos humanos, otro país en el que se hayan impartido tantos cursos sobre derechos humanos. Cabe preguntarse de qué han servido, y quizás la respuesta estribe en que su utilidad ha sido la de aprender a cómo aparentar su cumplimiento y cómo vulnerarlos sin alarmar a la comunidad internacional.

Y por último, cabe destacar el ensordecedor silencio del Gobierno de España. A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos con que Iván Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de España no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presión para detener la represión. Quizás en ello ha influido la existencia de 571 empresas españolas establecidas en Colombia, según fuentes del ICEX (Exportación e inversiones de España), o también a que Colombia es un buen cliente de armamento español. España ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años. Es exigible al Gobierno español que aplique la cláusula democrática y paralice el acuerdo comercial con Colombia. Que cese en la venta de armamentos y municiones a Colombia, paralizando así mismo los acuerdos en materia de defensa y militar.

Algunos de los asesinados y muchos de los heridos en esta bárbara represión lo han sido con armas de fabricación española. Maldito negocio el de la guerra y malditos los que la generan.

Fuente:  elsaltodiario

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