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Delfina Gómez: Las clases de la “Clase Política”

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Una de las preguntas que me planteo con frecuencia, para no caer en el pesimismo ni en el determinismo social durante los análisis de coyuntura, es: ¿Cuál es el papel que juegan las y los docentes, sobre todo de la escuela pública, en la definición de las decisiones que se toman en materia de políticas pública educativas?

Me parece que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con las dinámicas que se generan durante los procesos de formación y constitución estructural, institucional, de las élites dirigentes, así como con la organización de los colegiados magisteriales que se crean y se recrean en las comunidades educativas. Por ello, y si vamos por partes, en esta oportunidad haré una breve caracterización sobre las élites que gobiernan en México, y describiré algunas de las lecciones que éstas nos dejan y que son recuperables para entender las dinámicas complejas de la formación y ejercicio del poder público.

Observo, de entrada, que las dirigencias políticas y económicas son élites proclives al “mimetismo” (1). Más que una “clase política” con una cierta unicidad, hay personajes y grupos de las élites políticas y económicas -en plural- que se acomodan para mantener el poder y privilegios… Observo que no hay, en contraparte, un empoderamiento ciudadano, ni una construcción ciudadana del poder político, sino élites políticas que buscan cíclicamente la legitimación social. Para el caso de la caracterización del empoderamiento de las y los docentes de la escuela pública en México, se da una negación o una anulación sistemática de estos actores sociales y sus proyectos alternativos.

Vamos a un caso específico: Delfina Gómez. Sin desacreditar de antemano el trabajo que pueda realizar en su paso por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al ocupar próximamente el más alto cargo en la cima de la burocracia educativa, observo que la trayectoria de la Maestra Delfina da pistas acerca de su ubicación como miembro de la élite política emergente del régimen de la “4T”.

Como se sabe, Delfina “se desempeñó como maestra de educación primaria durante la mayor parte de su carrera profesional, desde 1982 hasta 1999; de 1998 a 2012 fue además Subdirectora Auxiliar de Proyectos en la Secretaría de Educación del estado de México.” (WP) Ha sido dirigente sindical del magisterio mexiquense; ha formado parte de una agrupación política con intencionalidades partidistas electorales (el GAP de Higinio Martínez); se ha desarrollado también como política de carrera, pues ha sido presidenta municipal de Texcoco, diputada federal y senadora; fue candidata de Morena a la gubernatura de su estado natal; enlace del gobierno federal actual para coordinar los programas sociales en el Estado de México, y hoy es claramente un personaje cercano al presidente López Obrador.

Pero no solamente con nombramientos en altos cargos del gobierno federal o de las entidades se podría hacer la reconstrucción histórica de las élites, sino también con la movilidad de personajes y grupos que forman parte de la llamada “clase política”, -o dicho en términos más amplios: del “establishment” político nacional o local-, se podría también mirar cómo estas élites dirigentes operan, (lo digo como fenómeno de estudio sociológico o politológico), en diferentes naciones y sistemas políticos.

En México, se podría dar seguimiento a las trayectorias políticas de personajes como Elba Esther Gordillo, del mismo Esteban Moctezuma; o de Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal, Manuel Barttlet y un largo etcétera, que se han beneficiado de su condición de miembros privilegiados de la élite política nacional, tanto con el anterior régimen político hegemónico priista como con el actual, de la “4T”. Queda claro que algunas y algunos de ellos han cerrado filas o han establecido acuerdos cupulares con el presidente López Obrador, como parte de los impulsos políticos de la “4T” y su movimiento social, pero queda pendiente analizar de qué manera estos personajes se vinculan con la ciudadanía y sus demandas sociales, o no, pues sólo servirían al poder o se servirían de él.

Sin duda alguna, podríamos estudiar a personajes que han construido una trayectoria, individual y social, es decir, que han participado en la lucha de las élites dirigentes para ocupar espacios de poder público, los cuales provienen de distintas tradiciones ideológicas o movimientos sociales diversos, lo mismo desde el Partido de Acción Nacional (PAN) que en organizaciones que intentaron romper la alternancia bipartidista, como en su momento lo hizo el Partido de la Revolución Democrática (PRD), junto con otras agrupaciones menores como el PT, MC y Partido Verde. Ahí hay mucha tela de dónde cortar para realizar una sociología de las élites políticas en México.

¿Hasta qué punto estas élites dirigentes son representativas se conectan con y atienden efectivamente a las demandas sociales? El sociólogo estadounidense, Alvin Gouldner, que se ha referido en sus obras a la dinámica de las élites burocráticas, tanto en su base como sus liderazgos, ha sugerido algunas ideas interesantes al respecto: “…analiza -por ejemplo- el conflicto que se genera en la burocracia a partir de la resistencia, la falta de consenso e incluso oposición a los lineamientos generados por las autoridades superiores de la organización.”… “muestra que la burocracia puede tener elementos positivos a condición de que se la aplique en un universo técnico-económico estable.” (2) En esta misma línea, sugiero analizar, como escenario inminente o de futuro, las resistencias que opondrá el magisterio de base, (con esto me refiero a las maestras y los maestros, así como a las y los directivos escolares que integran cotidianamente las comunidades educativas), frente a las decisiones que tome la nueva autoridad educativa nacional, el Congreso y los gobiernos de los estados.

Con todo esto, lo que quiero decir es que una de las lecciones que nos deja el nombramiento de la maestra Delfina Gómez, como titular de la SEP, es que importa su trayectoria y no solamente su origen social. Interesan las formas y los contenidos acerca de la carrera política que se ha generado y le han abierto, para convertirla en lo que es hoy: un personaje importante de la nueva élite gobernante. Y si me permiten el atrevimiento, la Maestra Delfina se encuentra, en los hechos, en la antesala de la lucha por la candidatura presidencial del 2024.

Las clases que nos da la “clase política” local pasan por los caminos del devenir histórico, sociológico y político, sin duda. Por los mimetismos, las concesiones y las anulaciones.

Con el nombramiento de la maestra Delfina Gómez al frente de la SEP, se ratifica así, una vez más, la dinámica política compleja del empoderamiento de las élites dirigentes en México.

Notas o fuentes consultadas:

(1) Se entiende por mimetismo al fenómeno que consiste en una “habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros organismos y a su propio entorno para obtener alguna ventaja funcional. El objetivo del mimetismo es engañar a los sentidos de los otros animales que conviven en el mismo hábitat, induciendo en ellos una determinada conducta” (WP). Obviamente al escribirlo entre comillas, (“mimetismo”), hago alusión a una metáfora aplicable, libre o arbitrariamente, al ámbito social.

(2) Según Alvin Gouldner: “En la burocracia representativa las normas y reglas son promulgadas por expertos cuya autoridad es en general aceptada por todos los participantes organizacionales. En esta situación se obtiene cumplimiento organizacional con algún tipo de conflicto, pero poco conflicto manifiesto. Bajo este tipo de burocracia existe una razonable compatibilidad entre los valores de la organización y los del personal. El conflicto se diluye para fortalecer el consenso, aunque no está ausente totalmente el conflicto (Gaynor, 2009).” En: José Manuel Juárez Núñez y Sonia Comboni Salinas. Introducción al pensamiento sociológico de Alvin Gouldner. Veredas especial. UAM-Xochimilco. México, 2010, páginas 87-114.

jcmqro3@yahoo.com

Fuente e imagen:  SDPnoticias

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La «carga» docente en las Universidades

Manuel Gil Antón

Por: Manuel Gil Antón

Fardo. Loza en la espalda. Quintal de café que se lleva en el lomo. Tratándose de impartir cursos, la referencia es a algo pesado que se ha de soportar. No se dice carga de investigación. Al contrario, se da cuenta de ella con orgullo: desarrollo o participo en tal proyecto.

Hay 400 mil personas que laboran en las Instituciones de Educación Superior (IES) en el país. ¿Tiempos completos? 80 mil, y trabajan por horas – a destajo – 320 millares, el 80%. Es el personal académico al que se denomina de tiempo parcial o de asignatura. Llevan a cabo la mayor parte de la función docente en condiciones de precariedad laboral.

No es un grupo homogéneo: una proporción se conforma por profesionistas que, en otros espacios laborales, tienen el centro de su atención e ingresos (abogados, ingenieros o contadores, a guisa de ejemplo). Acuden a las instituciones haciéndose cargo de pocas horas de clases. Otro subconjunto, encuentra en esa actividad un complemento no menor a sus percepciones totales, o la desempeña por la flexibilidad de horario para poder atender otros trabajos, generalmente en la casa y el cuidado de los hijos y adultos mayores: por inequidad de género en la distribución de estas tareas suelen ser mujeres.

Hay otro sector, cuya cantidad es necesario precisar, que encuentra en la docencia frente a grupo, mal pagada y sin considerar parte de su trabajo ni la preparación de las clases ni la revisión de trabajos o exámenes, su único espacio de empleo. Ya sea en una o varias IES, procuran acumular cursos para sacar el gasto. Son profesoras y profesores de “tiempo repleto”.

Sin embargo, tanto quienes cuentan con vínculos de tiempo completo como el personal de tiempo parcial, tienen responsabilidades en la docencia. Esa función sustantiva que, merced a la valoración dispareja con la investigación, se concibe como carga es vital en la generación de nuevos profesionales y científicos.

Su contratación deriva de la tenencia de diplomas que acreditan su saber, pero no de la capacidad de generar ambientes de aprendizaje, proceso muy diferente a “dar clases”. La capacidad docente se cree derivada de un saber certificado, no de su conjunción con habilidades profesionales para suscitar condiciones para aprender. Pueden dominar el contenido de su especialidad, pero no el dominio pedagógico del contenido programado en los cursos que se les asignan. Cualquiera puede enseñar si sabe del tema.

Se ha reflexionado mucho sobre el impacto de la pandemia en las tareas docentes, como si previo a esta calamidad no hubiera ya fallas tan graves como la ausencia de preparación para llevarlas a cabo. A mi entender, se trasladó a las plataformas virtuales lo mismo que antes se hacía. ¿Se quiere averiguar lo que ha pasado en estos meses de escolarización remota de emergencia (no de educación a distancia)?

Paradójicamente, para responder a esta pregunta es necesario reconocer que concebir a la docencia como carga, y no advertir su complejidad intelectual ni la necesidad de mejorar las condiciones en que se lleva a cabo por parte de los tiempos parciales, son previos a la pandemia. Quizá se hizo más visible su descuido. La solución no es tecnológica. Inicia con la recuperación de la importancia de esta labor, despreciada por el espejismo de la investigación como la moneda de curso legal en la estructura de prestigios e ingresos. Ser diestros en el ZOOM deja inalterable el menosprecio en que se ha sumido la docencia desde hace años. Ahí, a mi juicio, reside el problema.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-cargadocente-en-las-universidades/

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OPINIÓN: Agenda 2021

Tlachinollan

Por:  Tlachinollan

Para la clase política de Guerrero, las elecciones que se realizarán en el mes de junio, será el tema central, en torno al cual girará el devenir del estado en este naciente año. La lucha por los cargos públicos será ríspida y hasta con visos de violencia, por las divisiones internas que resaltan al interior de los partidos políticos. La multiplicidad de facciones desgasta y debilita a los partidos, porque se lucha por los cargos y no por la transformación de nuestra sociedad. Los intereses económicos son los que ahora rigen al interior de los institutos políticos, y no los principios ideológicos, que son meros referentes de lo que antaño fue la identidad de los partidos.

Las disputas políticas al interior de los mismos institutos se tornan graves, por los enconos y rivalidades que se profundizan, sin que existan mecanismos eficaces para contener y atemperar estas rivalidades. Ante el temor de que haya agandalle en los cargos públicos, cada facción se organiza con su líder o dirigente, para dar la pelea en cada distrito y en cada municipalidad. El pleito es al interior del partido, porque de ahí depende de que sus candidatos aparezcan en las boletas electorales. Este trance requiere hacer méritos, sobre todo, tener aportaciones de todo tipo, para congraciarse con la dirigencia.

El escenario se complica por la colusión que existe entre los grupos de la delincuencia con los grupos políticos. En los últimos trienios hemos visto como algunos líderes políticos, han coqueteado con el crimen organizado y establecido vínculos con jefes de la delincuencia, para dar la pelea con recursos mal habidos. Esta situación anómala no solo pervierte el proceso electoral, sino que atiza la violencia en un terreno minado por las rivalidades que existen entre los grupos de la delincuencia, que se disputan férreamente el control territorial. El empoderamiento de estas organizaciones ha puesto contra la pared a las mismas autoridades municipales, al grado que prefieren alinearse y supeditarse a su lógica delincuencial. Los mismos cuerpos de seguridad no dan confianza a la población, por sus nexos con la delincuencia y porque no están capacitadas para realmente prevenir el delito y apoyar en la desarticulación de las redes del crimen.

El desbordamiento de los márgenes de la legalidad, propiciado por la delincuencia, no garantizará un proceso electoral dentro de un ambiente de libertad y seguridad, por el contrario, estará marcado por un clima de miedo, amenazas y vendettas. El asesinato de precandidatos, precandidatas y candidatos a puestos de elección popular en los pasados procesos electivos, son los focos rojos que siguen activados, y que requiere acciones coordinadas de los tres niveles de gobierno.

No basta que se incremente el número de efectivos policiales o militares, porque los actores armados no son los más idóneos para garantizar la paz y la legalidad. El gran desafío lo tienen los partidos políticos y las mismas autoridades, que están obligadas a actuar con pulcritud y transparencia, y no ser comparsas de la ilegalidad y de componendas con actores delincuenciales, que se han enquistado al interior de las instituciones gubernamentales y de los mismos partidos políticos. La corrupción que se encuentra adherida dentro de las estructuras del poder, no se puede extirpar de forma abrupta, mientras no se depuren a los funcionarios y agentes que se acostumbraron a vivir de la extorsión y los moches, como si fuera parte de la gobernabilidad. Se tienen que acabar con las zonas porosas que existen dentro de las estructuras del poder público, que son las que permiten las transacciones ilícitas, al amparo del poder. Las mismas autoridades tienen que mantenerse al margen de esta contienda, porque su injerencia es lo que genera enojo, desconfianza y encono, porque se lucra con la pobreza y se toman banderas partidistas que desprestigian a los mimos partidos.  El destino del presupuesto público debe de manejarse con transparencia, sin la carga electorera que tradicionalmente utilizan los gobernantes., al igual que la construcción de obras, que siempre llevan el sello o el del partido que gobierna en el municipio o en el estado, como si fueran los dueños de estos fondos. Aun estamos lejos de que las contiendas electorales sean transparentes y pacíficas, porque quienes nos gobiernan no se manejan bajo estos principios, les pesa todavía la visión clientelar, facciosa, coactiva, utilitarista y mafiosa de los procesos electorales, que miden la calidad de nuestra democracia.

Mientras esto ocurre entre clase política, la población guerrerense se sigue hundiendo en el pantano de la pobreza. Cada mañana lo corroboramos en las principales avenidas de las ciudades, con las decenas de personas ambulantes, desde niños y niñas hasta adultos mayores. El crecimiento desmedido del ambulantaje nos invade por todos lados. La deserción escolar se incrementa en la medida que no hay alimento seguro en la casa y no hay dinero para comprar medicinas. Miles de familias del campo han cerrado sus casas para contratarse como jornaleros y jornaleras agrícolas en los estados fronterizos de Chihuahua, Sonora y Baja California. Mas de 15 mil personas indígenas de la Montaña, se han registrado en la casa de jornalero, siendo el 30 por ciento de niños y niñas.

El hambre será el principal flagelo en este 2021 para las familias guerrerenses, porque no hay ingresos seguros. Ni las ciudades turísticas cubrieron las expectativas económicas de los empresarios y trabajadores. Las remesas ya son insuficientes para cubrir las necesidades básicas y los subsidios gubernamentales, se diluyen ante los altos precios de la canasta básica. No hay dinero que alcance para comprar suficiente maíz y las medicinas básicas para sobrellevar los síntomas del Covid-19. El escenario se vislumbra incierto, sin opciones para hacer frente a esta calamidad. Los programas federales, ha pesar de su incremento en el presupuesto, no podrán atender la multiplicidad de necesidades básicas que requieren las familias pobres. Se necesita implementar programas especiales para cada región, tomando en cuenta su potencial productivo y las características de su población y de su habitat.

La falta de medicamentos tiene costos muy altos, no solo por lo inalcanzable de sus precios, sino porque en población vulnerable, como niños y niñas prematuras, mujeres con alto riesgo en su embarazo, adultos mayores con problemas de comorbilidad, que se encuentran en comunidades apartadas, tienen sus días contados. El numero de personas que fallecen por falta de atención médica, se ha incrementado y agravado con la llegada del coronavirus. Los pacientes y sus familias prefieren atenderse en sus domicilios, porque saben que en el único hospital que recibe pacientes en general, no cuenta con suficientes camas, con personal médico especializado, con estudios de laboratorio ni con medicamentos. Con estas deficiencias, hay fundados temores de que la gente muera en el hospital, no solo por Covid-19, sino por la obsolescencia de los servicios.

El grave problema de la violencia y la inseguridad, en la percepción de la gente común, la situación va de mal en peor. No hay un municipio que garantice seguridad a sus habitantes. Hemos constatado que los grupos de la delincuencia tienen controladas rutas y regiones, donde la población tiene que adaptarse a sus modos de operar. En la Tierra Caliente, la cuota, es una práctica generalizada entre los comerciantes que quieren mantenerse con sus giros económicos. En la región Norte, las disputas por las plazas y ciertos territorios mantienen en constante zozobra a la población. En la zona Centro y la Sierra, varias comunidades están en medio del fuego cruzado y en la disyuntiva de permanecer en sus domicilios o desplazarse fuera de la región. En el puerto de Acapulco, los asesinatos diarios muestran el nivel de empoderamiento de los grupos de la delincuencia, que están en constante pugna. En la Costa Grande, la población sigue padeciendo las peleas a muerte por el reparto territorial entre los grupos del crimen organizado, dejando inerme a la población. La Costa Chica y la Montaña, empiezan a resentir las divisiones que se han dado al interior de los grupos de la policía comunitaria, que ha sido aprovechada por la delincuencia, para irse posicionando de algunas cabeceras municipales.

Este panorama deja ver que la guardia nacional, no ha dado los resultados esperados. Su presencia, además de insuficiente, es meramente testimonial. Los mismos grupos de la delincuencia saben que no tienen órdenes para desarmarlos ni para desmantelar su estructura. En los lugares donde se han suscitado hechos de violencia, a causa de los conflictos agrarios, no han querido establecerse, porque requieren lugares seguros para acampar y que las partes en conflicto, lo soliciten por escrito. Pesa más el criterio burocrático entre los pueblos indígenas que requieren con urgencia su presencia para disuadir la confrontación, que contrasta con su intervención inmediata, para desalojar a los migrantes centroamericanos.

El 2021 llega con mucha pesadumbre, por la violencia imparable, sobre todo contra las mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidios y de un sistema de justicia patriarcal, que da un trato discriminatorio que vulnera sus derechos como víctimas. Lo más desolador es que en este año las autoridades estatales y municipales, sobrellevarán los problemas más agudos, con el pretexto de que no habrá presupuesto suficiente. La población por su parte, seguirá luchando por su sobrevivencia, sorteando su vida, en medio del coronavirus, el hambre y la violencia delincuencial. También será testigo de la disputa que protagonizarán los partidos políticos y sus candidatos, para agenciarse los cargos públicos, donde hay dinero seguro, protección garantizada y servicios de calidad. La brecha entre la clase política y el pueblo trabajador, seguirá ensanchándose y profundizándose en nuestro estado, mientras los que ambicionan el poder, sigan haciendo negocios privados,  pisoteando los derechos de la gente pobre.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-agenda-2021/

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La educación de 2021: igualdad social y tecnología

Hugo Casanova Cardiel

Por: Hugo Casanova Cardiel*

La educación nacional no enfrenta un buen pronóstico para 2021. Ni los problemas estructurales de la educación, ni sus asuntos coyunturales muestran señales consistentes de mejora. Y ello no representa un vaticinio pesimista, por el contrario, hoy resulta impostergable contar con un diagnóstico realista y demandar desde la sociedad un cambio de rumbo en el que se entienda que la educación no puede continuar siendo un ámbito ideologizado y mercantilizado por los poderes político y económico, sino un espacio estratégico comprometido con la formación de la niñez y la juventud con un horizonte de justicia social y de construcción de un mejor futuro nacional.

A las insuficiencias estructurales en términos de cobertura, calidad y equipamiento que han caracterizado por décadas a nuestro sistema educativo, se sumaron, en el año de la pandemia, serios problemas que ponen de manifiesto las vulnerabilidades sociales, educativas y digitales de la sociedad. Baste recordar que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hoy apenas 21.9 por ciento de la población vive en condiciones de no pobreza y no vulnerabilidad social. Eso significa que en este 2021, el legado para ocho de cada 10 mexicanos será de algún déficit en términos de ingresos, salud, vivienda o educación. De manera particular el ámbito educativo seguirá siendo afectado por la crisis sanitaria que alejó de las instalaciones físicas a 36.5 millones de niños y jóvenes que son fiel reflejo de las asimetrías sociales.

Como se sabe, las estrategias gubernamentales para contrarrestar el cierre de las instalaciones escolares se apoyaron prioritariamente en las tecnologías digitales. De tal forma, las modalidades que asociaban la educación a la tecnología lograrían ubicarse como una respuesta oportuna ante una situación de clara emergencia. Sin embargo, en ese escenario también surgirían voces que llamaban a remplazar la educación tradicional por formas pretendidamente más efectivas y modernas. En tal sentido, la educación presencial comenzó a ser caracterizada por sus inercias pedagógicas y –como si ello fuera una cuestión de simple voluntad– por su falta de apego a la tecnología. En realidad, se cuestionaba lo escolar y se discutía la vigencia de la institución: cursos, programas, estrategias didácticas e incluso maestras y maestros que, esta vez, eran remplazados por la pantalla y por conductores de televisión.

Sin embargo, es necesario señalar que la educación difundida por medios digitales ha estado muy lejos de cumplir con el ideal de extenderse a grupos sociales más amplios. En vez de ello, se han hecho patentes las desigualdades de todo tipo y las mayorías volvieron a quedar al margen de los beneficios educativos. En 2020 se hicieron manifiestas las dimensiones de la brecha social y digital de los mexicanos y se pudo constatar como el estudiantado y sus familias tuvieron que asumir una parte significativa de los costos educativos en términos de equipamiento, conectividad, material documental y espacios físicos para el estudio. Eso sin contar el déficit vivido en términos afectivos, colaborativos y de socialización, difícilmente atendidos a través de la pantalla.

En el caso de la educación superior se ha hecho patente la supremacía del software propietario (Zoom, Google, YouTube) por encima de las modalidades libres. Así, las plataformas privadas han incursionado en los espacios personales e institucionales apropiándose y mercantilizando los datos de los particulares. Los corporativos informáticos fundan su acción en un modelo empresa-cliente que es transferido a la educación en una lógica en la que el conocimiento y la información devienen en mercancía. En tal sentido, se manifiesta una fuerte oposición entre las aspiraciones igualitarias de la educación pública y los intereses de los corporativos proveedores de servicios tecnológicos.

Por todo ello, hoy resulta imprescindible comprender a profundidad la racionalidad y mecanismos de operación de las modalidades digitales de enseñanza, así como su impacto real en los procesos educativos. Acaso sea posible plantear que, antes de convertirse en el remplazo de lo presencial, las herramientas tecnológicas en su conjunto pueden contribuir a su mejor desempeño. Así, el reto sería lograr que, aun tratándose de modalidades diferentes, sean orientadas hacia un fin compartido.

No cabe duda que necesitamos dar respuesta a las dimensiones estructural y coyuntural de la educación. En ambos casos las tecnologías digitales aparecen como un medio con enormes potencialidades para renovar lo educativo. Sin embargo, para atender la problemática de ese sector no basta con expresar buenas intenciones. Es preciso tomar decisiones con rigor y estrategia: estudiando las virtudes de lo digital, pero también considerando sus posibles riesgos. Es indispensable construir modalidades digitales pertinentes e igualitarias, acordes con los problemas de nuestro país –y no simplemente transfiriéndolas de otros contextos– y, por supuesto, es urgente fortalecer y renovar la modalidad presencial a la que habremos de regresar en algún momento.

¿Qué es necesario considerar para la vuelta? Sin duda debe insistirse en el tema de la cobertura en todos los niveles bajo un criterio de justicia social y exigencia académica. Es necesario contar con establecimientos educativos seguros, equipados, conectados, preparados para contingencias y situaciones calamitosas. Asimismo, deben hacerse los ajustes curriculares que permitan la plena incorporación de las modalidades digitales. Y, finalmente, ha de emprenderse un sólido programa de formación en el que maestras y maestros puedan adquirir las herramientas didácticas –presenciales y digitales– para contribuir a la educación de la niñez y la juventud mexicanas del tercer milenio. Ni más ni menos.

Director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/opinion/014a1pol

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Libro: ¿Qué es una Revolución? y otros ensayos reunidos

Reseñas

¿Qué es una Revolución? y otros ensayos reunidos

Álvaro García Linera

García Linera, Álvaro
¿Qué es una revolución? y otros ensayos reunidos /
Álvaro García Linera. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: CLACSO ; Prometeo, 2020.
Libro digital, PDF – (Biblioteca Álvaro García Linera)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-722-805-2
1. Revoluciones. 2. Marxismo. I. Título.
CDD 320.5322

 

«Y el día de hoy, recogiendo esta manera de abordar el espacio, quisiera trabajar unas hipótesis sobre el espacio global, en lo que podríamos
denominar una ‘topología de la globalización’.» (García Linera; 2020, p. 11)

Descarga el libro completo en este enlace: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201230111621/Que-es-la-revolucion.pdf

 

Fuente de la Información: CLACSO – Novedad Editorial – Biblioteca Álvaro García Linera – (CLACSO Y PROMETEO)

 

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La titulocracia y desafíos de la decolonialidad

Ollantay Itzamná

La titulocracia y desafíos de la decolonialidad

Ollantay Itzamná

(En la imagen: Autoridades comunitarias. Cusco)

Todas las civilizaciones generaron y gestionaron sus conocimientos y tecnologías buscando mejorar sus condiciones de vida y acrecentar su poder. En el mundo occidental, durante la Edad Media, surgió la Escolástica que dio origen a lo que actualmente conocemos como universidades, y desde allí se cualificó y dosificó el conocimiento acreditado en cartones (títulos). Cartones que a su vez ascendían socioculturalmente a sus poseedores más que los títulos nobiliarios de Duque, Marqués, Conde, Vizconde, Barón…

Durante la civilización moderna, las universidades se constituyeron en los nuevos “templos” del saber científico, en base a las verdades que creían algunos varones del norte de Europa. A esto llamaron ilustración (y al resto de conocimientos los llamaron ignorancia). En ese entonces, ser “universitario” era como ser “escolástico elegido por Dios” en la Edad Media.

Siglos después, devino el fordismo (Siglo XX) que consistía en especializar, capacitar, a los universitarios para diseñar/generar productos para el mercado, generar más ganancias económicas, y así acumular más riqueza para las élites….Y llegamos al libre mercado neoliberal… donde hay más universidades que mercados de abasto… donde los títulos universitarios se compran y venden como cualquier producto… ¡Donde es más fácil y barato conseguir un título universitario que comprarse una mula o un terreno para cultivar!

En este planeta convertido en mercado el problema no es comprar o vender los títulos académicos (los títulos nobiliarios también eran de compra venta en el medioevo) El asunto está que quienes poseen dichos títulos académicos tienen una falsa conciencia de ser “seres superiores al resto de los no titulados”. Creen y ejercen poder, aunque sin mayor autoridad cultural, amparados en el cartón universitario para buscar sus medios de vida.

(Autoridades Aymaras)

Es más, esa falsa consciencia del poseedor del cartón universitario se legitima en alguna medida en la “expectativa social” de la familia, comunidad o sociedad que creen que los “títulos universitarios son vehículos automáticos de ascenso socioeconómico personal y familiar”. ¡Y no existe mayor autoengaño que éste en un libre mercado de títulos con mercados laborales cerrados!

Un detalle más. Así como el cartón universitario no hace a su poseedor más erudito o más capacitado para sobrevivir en un Planeta crítico, tampoco le hace más honesto o ético que al resto. ¡Los o las tituladas no son mejores gobernantes/autoridades, mejores administradores públicos, o mejores cuidadores de la Madre Tierra, sólo por portar un cartón! Veamos las nefastas historias políticas actuales de Abya Yala.

¿Cuáles son los desafíos de la decolonialidad desde las y los académicos?

(Niño agricultor)

Desescriturarse. Grandes son los esfuerzos teóricos que realizan las y los académicos sobre procesos de colonialidad y decolonialidad. Sin embargo, mientras sigan utilizando como la única fuente/depósito de conocimiento cualificado la “fuete escrita”, se seguirá afianzando la condición de colonialidad.

Ni los libros, ni los papers, determinan, ahora, la dinámica del mundo real. Es más, lo escrito, como depósito y vehículo, sucumbió frente a la omnipresencia de lo audiovisual. El mundo actual se guía/mueve por verdades que están fuera de los textos escritos. La decolonialidad debe beber de otras fuentes, utilizar otros canales…

Destitularse. Durante la escolástica y la modernidad reciente, las verdades dichas por sus autores tenía autoridad y valor en la medida que éstos acreditaban títulos académicos. Así nació la “tradición suareciana” que consiste en nombrar/presentar los muchos títulos del expositor académico antes que diserte con sus pocas verdades.

El o la decolonial, ante las evidencias del desvanecimiento de la autoridad de los títulos académicos, está llamado a “omitir” presentarse respaldándose en sus títulos. No sólo porque esa presentación o respaldo en sus títulos académicos afianza la condición de “colonialidad ontológica” de su auditorio (que se siente nada en su ser y saber ante el PHD o Lic.) sino porque a mayor grado o años en las universidades occidentalizadas mayores y más profundas son los procesos de colonización en uno o una.

Con los títulos de las universidades occidentalizadas imposible desoccidentalizar o decolonizar el mundo. Los contenidos curriculares y la acreditación occidentalizada están hechos para hacer sostenible la dominación de la humanidad y la demolición de la Madre Tierra.

Volver a la Tierra. Otro de los mitos que instaló la academia occidental fue y es: “Cuanto más títulos y profesional seas, más lejos debes estar de entrar en contacto con la tierra”. Es decir, la academia fue y es esencialmente descampesinación de la humanidad. Veamos caso Cuba, por ejemplo.

Claro, se consiguen los títulos académicos para generar mejores y rápidos ingresos económicos sin mayor esfuerzo físico. Ésta es una ilusión socialmente compartida. El agricultor suele inculcar a su hijo: “Para que no seas como yo, estudia para que seas alguien en la vida”. Pero, ¿eso nos garantiza plenitud? ¿Por qué tanto el miedo a la muerte que es una compañera que nos devuelve a la Tierra, nuestro origen y destino?

Vino la pandemia de COVID19 y nos confirmó el error mortal de la academia occidental y occidentalizada. ¡Las familias campesinas sobrevivieron sin mayores ansias y sufrimientos al encierro planetario! Si no somos capaces de cultivar nuestra propia comida, por más títulos/dinero que poseamos, morimos atrapados en el miedo de encontrar al virus en el otro que nos provee comida.

Hacer comunidad. Así como es contradictorio intentar decolonizarnos u decolonizar recitando únicamente “escritos de autores”, reiterando o amparándonos en nuestros títulos académicos, o alejados de nuestra identidad Tierra, también es y será difícil la decolonialidad desde el individualismo metodológico.

Fuente de la Información: https://ollantayitzamna.com/2021/01/02/la-titulocracia-y-desafios-de-la-decolonialidad/#more-1896

 

 

 

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Argentina: La Escuela Campesina de Agroecología nació de la lucha, por eso se defiende

Oscar Soto

La Escuela Campesina de Agroecología nació de la lucha, por eso se defiende

Oscar Soto

La educación campesina, como proceso político objetivo y estrategia de formación subjetiva, se ha tornado un aspecto central en la sedimentación de las resistencias rurales en toda Nuestra América. Concretamente, el despliegue de Escuelas Campesinas y el fortalecimiento de la propuesta de re-existencia agroecológica es visible en la praxis educativa del movimiento campesino que se articula en torno de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de la Via Campesina (CLOC-VC); en pocas palabras su proyecto pedagógico situado es una forma de decir en actos que otro mundo más humano es posible.

Desde el año 2005, con motivo del Foro Social Mundial en Porto Alegre, La Vía Campesina tomó la decisión de fortalecer las experiencias educativas ya existentes, al tiempo que se propuso la construcción de Institutos y Escuelas de Agroecología en todos los territorios de disputa de la CLOC. A lo largo de los 26 años de vida de la CLOC-VC, se han consolidado una veintena de instancias de formación en Nuestra América; y es bajo los principios fundamentales del proyecto político-pedagógico de la CLOC-VC (internacionalismo, praxis, organicidad y el vínculo comunitario con el trabajo en territorio) que se fortalecen estos ámbitos como trincheras de lucha contrahegemónica. La Escuela Campesina de Agroecología (ECA) en Jocolí, Lavalle-Mendoza, nace de esa lucha popular.

El espacio de resistencia de la ECA-UST

La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra – Somos Tierra Via Campesina (UST) surge a principio del siglo XXI, específicamente en el año 2002, cuando la crisis económica producida como consecuencia de las políticas neoliberales de los años ´90 dejaba coletazos en la ruralidad del centro oeste argentino. Para entonces puesteros/as, agricultores, crianceros/as y pequeños productores y productoras rurales que habían perdido sus tierras, en conjunto con un grupo de activistas e ingenieros agrónomos vinculados a sectores estudiantiles y profesionales de las ciencias agrarias, dan cuerpo a la UST.

Rápidamente la propuesta pedagógica de la UST se consolidó -a través del CEFIC-Tierra– partiendo de las necesidades que se dan en el lugar donde viven los y las campesinas, respetando el conjunto de sus concepciones culturales, a partir de sus experiencias de vida cotidiana. La Escuela Campesina de Agroecología (ECA) fue creada en el año 2011 por Resolución de la Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza, no obstante ello, sus orígenes se remontan a 2009, cuando el campesinado articulado a la UST decide darse un espacio de autoformación colectiva. La ECA tiene en la alternancia su principio fundamental en el ejercicio del derecho a la educación en el campo. Esa dimensión pedagógica de la alternancia se organiza en dos tiempos: el Tiempo Escuela (TE) y el Tiempo Comunidad (TC), ambas dinámicas en mutua relación y complemento. El cursado de la ECA y la formación política en el CEFIC-Tierra, respeta la identidad de los y las campesinos/as, habitantes de comunidades locales, además de fortalecer y legitimar sus saberes para evitar el desarraigo.

Clausurar estas experiencias por lo que significan

Como si hiciera falta aclarar, el año 2020 trajo consigo dos efectos socioeconómicos letales: por un lado la pandemia del COVID-19, por el otro las consecuencias del ascenso de las derechas a los gobiernos nacionales y provinciales en Argentina y la región. De la primera ya sabemos en demasía sus efectos y formas de combatirla; de la segunda nos desayunamos día a día la originalidad de sus secuelas.

Justamente, este año la educación en el campo ha tenido que reinventarse en un contexto insólito, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones de acceso y las dificultades de servicios básicos en la zona rural. El esfuerzo permanente, por hacer de la educación un derecho humano fundamental, que realiza el colectivo de educadores y estudiantes de la ECA-UST concluye este difícil año peleando, una vez más: el 28 de diciembre el Gobierno de Mendoza a través de la Directora de Gestión Social y Cooperativa, Beatriz Della Savia comunicó que el gobierno provincial tomó la decisión política de rescindir los convenios que dan marco a los CENS de Gestión Social en la provincia. Entre ellos se informó que daban por cerradas la Escuela Campesina de Agroecología GS502, el Bachillerato Popular Violeta Parra y las Comunidades Trinitarias Mendoza.

Tal como sostiene Marta Greco, del colectivo político pedagógico del CEFIC, parece un absurdo tener que salir a decir que las Escuelas en el campo no sobran. La UST aclara que desde solo desde el año 2013, en la ECA han egresado más de 100 estudiantes jóvenes y adultos campesinxs. Es más, desde el año 2009 la UST lleva a cabo en Mendoza tareas de formación colectiva que se han forjado al calor de las disputas frente al Estado y las lógicas mercantiles que rodean todo lo referente al proceso educativo. Activos de esas luchas son precisamente la Escuela Campesina de Agroecología, la Tecnicatura en Economía Social y Desarrollo Local y el Profesorado en Educación Primaria, entre otras modalidades de educación popular del campesinado local. En su petitorio, la UST sostiene que en 2020 la matrícula asciende a 65 estudiantes, además, como hemos resaltado, en torno a la experiencia de la Escuela se han articulado procesos de terminalidad primaria, secundaria, carreras de nivel superior no universitario (Profesorado y Tecnicaturas), así como diversos programas y proyectos de formación docente, investigación y extensión. En el espacio territorial de la ECA, que sostiene el movimiento campesino, el gobierno solo paga magros sueldos a un grupo de docentes (25 horas cátedras y 1 cargo).

Pese a todo, cerca de 200 educandas y educandos ya han transitado instancias formativas ancladas en esta dinámica pedagógica, tal como lo propone la CLOC y la Vía Campesina a escala global. Allí Tiempo Escuela y Tiempo en Comunidad, se complementan y construyen como un espacio político-pedagógico que problematiza las relaciones entre tierra, territorio, trabajo y producción campesino-indígena para construir alternativas colectivas desde y con las comunidades.

La alternancia, referencia de la formación del CEFIC-Tierra, permite brindar a los y las estudiantes elementos teóricos para la praxis comunitaria y la auto-educación en los territorios, en el trabajo agroecológico, y en los espacios de militancia. Disputar políticamente desde el territorio es recrear diversas formas del hecho educativo, y es, a su vez, producir subjetividades que repregunten e interpelen los sinsentidos de este momento histórico: ¿por qué los jóvenes se van del campo?, ¿quién se hace fuerte a partir de nuestro trabajo?, ¿por qué no pasar de la emergencia a una real soberanía alimentaria?, ¿por qué no aunar nuestras místicas y darle cuerpo nuestros imaginarios rebeldes?…

¡¡¡Por todo esto, seguimos en pie de lucha para defender el derecho a la educación campesina!!!

Oscar Soto. CEFIC-Tierra Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra / MNCI-Somos Tierra

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-escuela-campesina-de-agroecologia-nacio-de-la-lucha-por-eso-se-defiende/

 

 

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