En el marco de la pandemia causada por el Covid-19 el compromiso de continuar con el aprendizaje de mis alumnos, me llevó analizar de manera optimista las oportunidades que tenía como docente de Educación Preescolar, para evidenciar la importancia de este nivel en la formación de la primera infancia y romper con algunas concepciones erróneas que tienen los padres de familia al respecto. En la actualidad laboro en el municipio de Colón del estado de Querétaro. Atiendo un grupo de 35 niños de tercer grado de preescolar, donde mi función principal es acompañar e impactar, en la medida de mis posibilidades, a los integrantes.
Primero los niños…
Una de las principales oportunidades que 0detecté fue que podía generar espacios para que las voces de los niños se escucharan. Por lo que me di a la tarea de promover actividades que propiciaran el dialogo en la familia para que pudieran hablar de lo que sienten, de lo que ocurre, de sus mayores sueños, pero también de sus miedos que se generan ante la incertidumbre de esta contingencia sanitaria. De la misma manera, se propició que las familias identificaran la necesidad que tienen los niños de sentirse protegidos, cuidados, amados por las personas que los rodean. Esto a través de fomentar la convivencia familiar a través de acciones sencillas como la lectura de cuentos, escribir cartas o tarjetas entre los familiares, remitirse a sus fotografías y objetos especiales que tienen en su hogar.
Empatía hacia sus logros
En muchas ocasiones los padres de familia en este nivel educativo tienden a no prestar importancia a lo que construyen los niños y restan valor a sus producciones. Esto debido a que ignoran el proceso que los llevó a ejecutar su trabajo en el aula. Hoy día, ya transcurridos más de dos meses del confinamiento, los padres de familia han tenido la oportunidad o necesidad de realizar una diversidad de actividades que los han llevado a formar parte del proceso de aprendizaje de sus hijos y, de manera paulatina, a descubrir aquello que desconocían en relación al aprendizaje de sus propios hijos. En este hacer han podido evidenciar la autonomía de los niños. Ejemplo de ello es lo que comenta una madre de familia por medio de un chat:
“Hemos vivido nuevas experiencias con Fer hemos visto que va mejorando poco a poquito hace algunos días estaba hojeando su libreta y me dice: ¿Por qué me dejaste que hiciera unos dibujos tan chiquitos si tengo toda la hoja? … A veces quedamos sorprendidos por que escribe y colorea o cuando dice “quiero escribir como yo pueda, mi maestra sí me entiende”
Hablemos de los padres de familia …
En el contexto en el que se encuentra la institución en la que trabajo, el Preescolar representa la primera experiencia de educación formal que tienen niños y padres de familia. ¿Qué mejor lugar para modelar valores, actitudes y hábitos hacia las tareas educativas? ¡Una oportunidad más! Y fue así como se convirtió en uno de mis principales objetivos que los padres de familia tuvieran un acercamiento incipiente, dentro de sus posibilidades, de lo que los docentes llamamos “ambientes de aprendizaje”. Bajo un modelo muy económico y a partir de las condiciones del trabajo a distancia, los padres de familia, con mi acompañamiento, llevaron a la práctica la construcción de espacios idóneos para el aprendizaje destinando lugares exclusivos para trabajar en casa que les permitieran observar el proceso del aprendizaje y motivar a los niños. Esto se refleja en una situación de arte donde niños y padres de familia reunieron recursos como pinturas, hojas, y ambientaron un espacio de su casa donde montaron su propia galería de arte.
Desde el inicio de este ciclo escolar llevamos a cabo la estrategia #Aprendiendo juntos. Fue denominada de esta manera ya que persigue la intención de construir y generar cohesión entre los padres de familia y la docente en beneficio de los niños, por supuesto. Esta contingencia sanitaria permitió llevarla a otro nivel. El seguimiento individual de cada uno de los alumnos, me permitió capacitar a los padres de familia por medio de un acompañamiento más eficaz en algunos de los campos y áreas de formación. Ya que la comunicación y atención de dudas de manera diaria permitió llevar a cabo reflexiones que dieron paso a trabajos donde los niños continuaban siendo los protagonistas de su aprendizaje.
Ejemplo de ello es la actividad donde los niños tienen que registrar con recursos propios una receta en su libro mi álbum. Los padres de familia les dieron libertad a sus hijos para plasmar sus ideas favoreciendo la autonomía y seguridad en la escritura, haciendo significativo su acercamiento y dotándolo de sentido a través de su función social.
Del aula a los hogares…
Un proceso que es de suma riqueza en el nivel preescolar es la socialización y, en estas circunstancias, buscar momentos para el intercambio fue de suma importancia por dos razones. La primera, por salud emocional de los niños y la segunda por potencializar otras formas de comunicación con ayuda de herramientas digitales. A pesar de que no podemos ignorar los retos que esto conlleva y las condiciones en las que viven algunos de nuestros alumnos, ¡vale la pena intentar!
Algunos de los hallazgos obtenidos en interacciones por medio de video llamadas o reuniones digitales me permitieron conocer más a mis alumnos, valorar sus esfuerzos y ser empática con las necesidades que tienen en esta contingencia. También contribuyó a fortalecer los vínculos afectivos desde diferentes niveles y sobre todo a impulsar iniciativas de cooperación y trabajo colaborativo entre los niños y padres de familia. Ejemplo de ello, es el comentario compartido por una madre de familia con motivo de las sesiones realizadas por medio de la plataforma de zoom:
“Para mi esta experiencia fue muy buena y algo nuevo en mi vida. Primero, porque no sabía que existía esa forma de comunicarnos. Después fue importante, porque pude trabajar con mi hijo de una manera cercana y ese lazo hace que crezca más el cariño con mi hijo; el ver sus gestos, su carita, su inquietud por convivir con sus compañeros es algo muy valioso.”
Sin duda alguna la pandemia abrió una ventana que permitió mirar el trabajo que se desarrolla en este nivel educativo, la importancia de los procesos de socialización, de aprendizaje y una mayor conciencia de lo que realizamos en preescolar y aunque falte mucho para superar la idea de ver el jardín de niños como un espacio de resguardo, hemos tenido durante el periodo de confinamiento la oportunidad de convencer a niños y padres de familia de su importancia para la vida de los infantes y lo maravilloso que puede resultar el aprender.
En conclusión, la pandemia nos enfrentó a muchos retos para los cuales no estábamos preparados, pero también nos dio oportunidades que no podemos dejar pasar.
Toda la prensa hegemónica especula con la vacuna para el covid-19, la píldora (o poción) milagrosa que ipso facto terminará con la pandemia. Pocos se han puesto a pensar en la pospandemia, en cómo será América Latina y el Caribe, cuando el pronóstico optimista es de un desempleo de 50 millones de personas para el fin de año y la pobreza que alcanzará a 230 millones, el 37 por ciento de la población regional.
La situación económica será similar a la de hace una década: La Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), habla de una década perdida. Pero, para ser sinceros, hay otras pandemias que venimos arrastrando desde 1492 y para la cual pareciera que no hay cura. Hoy 96 millones de latinoamericanos y caribeños carecen de ingresos.
Estamos hipersensibilizados sobre las consecuencias humanas del Covid-19 y la prensa hegemónica –radio, diarios, revistas, televisión, redes sociales- sigue a diario la carrera de las empresas farmacéuticas trasnacionales por quién patenta primero la vacuna contra el coronavirus. La pobreza o la desnutrición no se combaten, porque eso no es negocio.
Por eso, pongámonos a pensar en la pospandemia, cuando el desempleo y la necesidad de alimentar a millones de conciudadanos, sin acceso al trabajo (y por ende a la comida), cuando deban elegir entre un pedazo de pan y la cuota de internet…
El analista chileno Marcos Roitman se pregunta si hay vacuna para la pobreza o para la evasión de capitales. ¿Se puede luchar contra el hambre? ¿Son viables una vivienda digna y una educación pública de calidad? En nuestra región los pobres mueren a diario por enfermedades que tienen mucha menos prensa, como el sarampión, el dengue, la difteria, el chagas, pero tienen la misma mortalidad.
El hambre, la falta de condiciones higiénicas, la explotación infantil, el desempleo, la trata de mujeres no son considerados pandemia y morir por esas causas es algo natural. Así, la necropolítica hace su aparición como forma de organización social del capitalismo.
¿Es viable tener una salud pública para todos? Obviamente eso atentaría contra la salud privada, los médicos-taxímetro, las clínicas privadas y las empresas farmacéuticas, entre otras. Las cifras nos muestran que el 22 por ciento de la población mundial (600 millones de personas) no recibe ninguna atención médica, mientras 115 millones de menores de cinco años padecen desnutrición crónica y 700 niños mueren cada día por diarrea.
Las fotos y los videos nos muestran nuestras nuevas realidades que, en nombre del dios Mercado, como la privatización de la salud poniéndola en manos de los buitres de las empresas de capital de riesgo, atentan contra la dignidad humana. Cadáveres abandonados en las calles se repiten en las calles de Lima., de Santiago, de Bogotá, de Quito, Barcelona, Río de Janeiro o San Pablo. Muertos por covid-19 o por cualquiera de las otras pandemias, sobre todo la del hambre.
La muerte para estos gobiernos neoliberales es su arma de guerra, y seguirán muiendo ciudadanos, hombres, mujeres y niños, incluso si surgiera la vacuna del covid-19. Porque para el capitalismo, los tratamientos de las enfermedades y pandemias son propiedad de alguna empresa, nacional o trasnacional.
Necropolítica, necroeconomía
Achille Mbembe, teórico camerunés que acuñó el concepto de necropolítica, señala que el la política de la muerte, instrumenta los diversos medios por los cuales las armas se despliegan con el fin de una destrucción máxima de las personas y de la creación de mundos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia social en las que numerosas poblaciones son sometidas a condiciones que le confieren el estatus de muertos vivientes.
La necropolítica, dice Mbembe, está en conexión con el concepto de necroeconomía: Una de las funciones del capitalismo actual es producir a gran escala una población superflua, que el capitalismo ya no tiene necesidad de explotar, pero hay que gestionar de algún modo. Una manera de disponer de estos excedentes de población es exponerlos a todo tipo de peligros y riesgos, a menudo mortales. Otra técnica consistiría en aislarlos y encerrarlos en zonas de control. Es la práctica de la “zonificación”.
Mbembe señala que el capitalismo tiene como función genética la producción de razas, que son clases al mismo tiempo. La raza no es solamente un suplemento del capitalismo, sino algo inscrito en su desarrollo genético. En el periodo primitivo del capitalismo, que va desde el siglo XV hasta la Revolución Industrial, la esclavización de negros constituyó el mayor ejemplo de la trabazón entre la clase y la raza.
En las condiciones contemporáneas, la forma en que los negros fueron tratados en ese primer periodo se ha extendido más allá de los negros mismos. El “devenir negro del mundo” es ese momento en que la distinción entre el ser humano, la cosa y la mercancía tiende a desaparecer y borrarse, sin que nadie –negros, blancos, mujeres, hombres- pueda escapar a ello”, señala.
Asevera que es justamente a partir de la necropolítica y la necroeconomía que podemos comprender la “crisis de los refugiados”, resultado directo de dos formas de catástrofes: las guerras y las devastaciones ecológicas, que se afirman recíprocamente. Las guerras son factores de crisis ecológicas y una de sus consecuencias es fomentar guerras.
La crisis de los refugiados tiene también que ver con la «repoblación del mundo», en la medida en que las sociedades del norte envejecen, aumenta su necesidad de repoblarse, y la migración ilegal es una parte esencial de ese proceso, que seguramente se acentuará en los próximos años. La reacción de Europa está siendo esquizofrénica: levanta muros en torno al continente, pero necesita la inmigración para no envejecer, afirma Mbembe.
El gobierno privado indirecto a nivel mundial es un movimiento histórico de las élites que aspiran, en última instancia, a abolir lo político. Destruir todo espacio y todo recurso -simbólico y material- donde sea posible pensar e imaginar qué hacer con el vínculo que nos une a los otros y a las generaciones que vienen después.
Para ello, se procede a través de lógicas de aislamiento -separación entre países, clases, individuos entre sí- y de concentraciones de capital allí donde se puede escapar a todo control democrático –expatriación de riquezas y capitales a paraísos fiscales desregulados, entre otros. Este movimiento no puede prescindir del poder militar para asegurar su éxito: la protección de la propiedad privada y la militarización son correlativos hoy en día, hay que entenderlos como dos ámbitos de un mismo fenómeno.
La crisis humanitaria como negocio
La biopolítica necesaria al capitalismo (preservar vida y salud para garantizar la normalidad de la acumulación) se ha tenido que combinar con la necropolítica (hacer morir a aquellos que ya resultan desechables). Conmocionan las declaraciones del Vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien afirmó que los mayores de 70 años deberían dejarse morir para salvar la economía estadounidense.
La pandemia dejará millones de ciudadanos muertos, pero también a pocos empresarios con bolsillos llenos, como los propietarios de los sistemas de comunicación o algunas farmacéuticas, con el sueño de vender dos mil millones de dosis para equilibrar la inmunidad del rebaño.
Pero esto, aunque inmoral, tampoco es nuevo: el costo del tratamiento contra la hepatitis C es de 1,5 euros pero la dosis se vende a mil euros. Médicos Sin Fronteras señaló que en un país pobre, una vacuna o medicamento cuesta 68 veces más que en uno desarrollado.
Lo cierto es que decenas de millones de los 630 millones de latinoamericanos y caribeños vienen soportando el distanciamiento social y el confinamiento bajo el hambre: pocos gobiernos han creado planes para ayudar a la subsistencia de sus ciudadanos, que en varios países recurren a las ollas populares o comunes y la solidaridad de clase para hacer frente a la pandemia.
¿Es el auge del “capitalismo del desastre”, lo que nos viene después de la pandemia?
La crisis humanitaria no es sólo la pandemia del covid-19. Está en la mayoría de nuestros países donde el hambre, la pobreza, la desigualdad, la miseria, la desocupación, el desempleo conviven con la evasión de impuestos, la fuga de capitales, la explotación de las riquezas naturales por empresas trasnacionales y contra la naturaleza y la soberanía.
A esas pandemias no se les busca vacunas: el capitalismo, en su carrera necropolítica, no las combate. Las incentiva.
Fuente e imagen: http://estrategia.la/2020/07/26/la-necropolitica-las-varias-pandemias-y-lo-que-vendra/
Recientes declaraciones de la Cancillería argentina vuelven a reproducir las habituales monsergas que la Casa Blanca dirige al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Críticas que se caen por su propio peso y que si no lo hacen es debido al funesto oligopólico mediático que el imperio y sus secuaces construyeron para desinformarnos, confundirnos y llevarnos de las narices. Por ejemplo, acusar al “régimen de Maduro” (nótese que todos los gobiernos adversarios de Washington son “regímenes”; en cambio, ni el feroz despotismo medieval de Arabia Saudita para ni hablar del criminal narcogobierno de Iván Duque merecen tal apelativo) de hambrear a su pueblo y no cuidar la salud de su población mientras somete Venezuela a un férreo bloqueo que … ¡impide la llegada de los alimentos y medicamentos que Caracas había comprado (y pagado) de antemano! Pocas veces la historia universal ha registrado una adicción tan extrema al doble discurso y a la hipocresía política como las que la Casa Blanca exhibe desde hace ya largas décadas, síntoma inequívoco de la insanable declinación de su poderío imperial
Acosado por la canalla mediática que fiel a sus patrones exige que el gobierno argentino estigmatice a Venezuela como una dictadura Felipe Solá procura escapar por la tangente y califica de “irregular” la situación del Estado de Derecho en ese país. Pontificar desde la Argentina sobre el imperio del derecho en otros países es un ejercicio que requiere un cierto grado de temeridad, desmemoria o ignorancia. Basta con recordar los más de mil días de prisión de Milagro Sala, todos aquellos que pasaron años en prisión preventiva (amén de los muchos que todavía quedan en esa situación) y la obscena prostitución de la Justicia Federal para que cualquiera nacido en este país tenga cierta cautela al juzgar la situación de Venezuela. Solá reconoció, y no es un dato menor, que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un origen legítimo pero también que su relación con la “oposición dura” (o sea, la que representa el interés de Washington por apoderarse del petróleo y el oro venezolanos) “es cuasi bélica”. Consciente que se deslizaba por una peligrosa pendiente que remataba en una postura indefendible e incoherente con previas declaraciones del presidente Alberto Fernández apeló a una pirueta retórica e introdujo un matiz diciendo que Venezuela “está terriblemente golpeada por el precio del petróleo y por la cantidad de sanciones y bloqueos que tiene”. Allí estuvo bien, aunque tendría que haber profundizado en esa línea de pensamiento. No lo hizo y en su lugar perdió el control del vehículo y desbarrancó al decir que, desgraciadamente, en ese país “Hay una gran facilidad para meter presos políticos, luego los suelen largar, aunque no siempre. El gobierno es autoritario, sin dudas.”[1] Sólo falta que hoy nuestro Canciller declare, en línea con lo que ayer dijera el impresentable Mike “Vito Genovese” Pompeo, que el mundo libre debe forjar una alianza para derrotar a la “tiranía china” para que los zombies decimonónicos que pueblan el Palacio San Martín griten alborozados: “¡cartón lleno!”
Unos pocos datos concretos son suficientes para demostrar los gruesos yerros del discurso del Canciller. Sería bueno, para comenzar, que hablara con el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para que se informe del talante moral de esa “oposición dura”, que saboteó a última hora un acuerdo entre gobierno y oposición que el español había pacientemente labrado durante meses de arduas negociaciones. Una oposición que declaró que su único objetivo era la “salida” de Maduro y que organizó dos criminales intentos sediciosos, las “guarimbas” del 2014 y 2017, que ocasionaron centenares de muertos, heridos y una cuantiosa destrucción de propiedades públicas y privadas. Una oposición que durante un tiempo aceptó como “presidente encargado” a un ilustre desconocido designado como tal por el presidente de Estados Unidos, que desde hace meses no cesa de despreciarlo públicamente ante la constatación de su absoluta nulidad como político. Parecería que para Solá estos datos sobre la naturaleza del sector más vociferante y violento de la oposición venezolana son meras nimiedades, pero no lo son. Y calificar al gobierno de Maduro de adoptar una actitud “cuasi bélica frente a una oposición armada que actúa completamente por fuera de las reglas del sistema institucional es un grosero error de apreciación. ¿Calificaría de la misma manera la conducta del gobierno de Carlos S. Menem (de quien fue ministro) cuando ordenó aplastar a sangre y fuego la rebelión “carapintada” encabezada por Mohamed Alí Seineldín en 1990, que causó muchísimas menos víctimas fatales que la oposición violentista en Venezuela? ¡Por favor, seamos serios y cuidemos las palabras! Y en cuanto a la “facilidad para meter presos políticos” o para practicar todas las malas artes del “lawfare” la Argentina de los últimos años ha llegado a alturas casi inigualables en esa materia: aprobó la licenciatura, la maestría, el doctorado y el posdoctorado en “Reglas para Violar el Estado de Derecho”. Este desempeño debería ser un baño de sobriedad para todo alto funcionario de nuestro país, evitando caer en la tentación, o en el ridículo, de sermonear a otro gobierno por lo menos hasta que hayamos realizado la reforma del poder judicial que propone el gobierno para acabar con la herencia macrista de una justicia federal corrupta hasta la médula e inextricablemente vinculada al crimen organizado y los servicios de inteligencia estadounidenses.
Pero supongamos que la tremenda presión de Washington y sus secuaces locales –la “prensa libre” y la derecha económica y política- obliga a nuestro Canciller a pronunciar la palabrota deseada: “dictadura”, que hay que reconocer para crédito de Solá que rehusó hacerlo. Aún así, y pensando en un gobierno que ha declarado su voluntad de avanzar en la reconstrucción de la unidad latinoamericana (o por lo menos sudamericana) sería bueno medir cuidadosamente las palabras y antes de hablar de Venezuela dar una ojeada para ver qué ocurre en el vecindario. Si Maduro es autoritario y por lo tanto el suyo es un “régimen”, ¿qué decir entonces del gobierno de Iván Duque en Colombia? Según el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Poso, “desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas Farc hasta el 15 de julio de este año,fueron asesinados 971 líderes sociales en Colombia.” No sólo eso: según la misma organización “entre el 7 de agosto de 2018 y julio de 2020, lo que lleva Iván Duque como presidente, han asesinado a 573 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia.” [2] ¿Cómo caracterizar a un régimen político que perpetra tan interminable masacre? Por comparación con Duque, Maduro es la Madre Teresa de Calcuta, pese a lo cual ningún al Canciller no se le pasa por la cabeza caracterizar al gobierno colombiano como autoritario. Mucho menos lo hacen los hampones que pululan en la Casa Blanca y los alrededores, para los cuales Duque es el Winston Churchill sudamericano. El malo de la película es el venezolano, así lo dice el libreto que viene del Norte y así lo repiten algunos.
Pero supongamos que nuestra cancillería no conoce demasiado lo que ocurre en Colombia porque la prensa y los medios que lee “la Casa” (eufemismo que designa al fosilizado estamento diplomático de la Argentina) jamás le proporciona tan incómodas estadísticas o noticias “incorrectas”. Además es cierto que si hay un país blindado mediáticamente en Latinoamérica ese país es Colombia; el otro es Brasil. Bien, pero, ¿se puede desconocer tan olímpicamente la trágica realidad que vive un país como Chile, con quien compartimos 5.308 kilómetros de frontera? No debería suscitar alguna preocupación en nuestra Cancillería saber que, como lo suscribe un informe oficial del Poder Judicial chileno “desde el inicio del estallido social el pasado mes de octubre las detenciones ilegales fueron 1928, o sea subieron en un 77 % con relación al año anterior.” [3] El estallido social, reavivado en las últimas semanas, ocasionó el año pasado 34 muertos, 2.500 presos políticos, 3.765 heridos y 445 lesionados oculares, un buen número de los cuales perdieron totalmente la vista.[4] Aparte hay numerosas denuncias por torturas y vejaciones y por lo menos 20 desaparecidos tan sólo en la primera semana que siguió al inicio de las protestas el 17 de octubre del 2019.[5] El gobierno de Sebastián Piñera se limita a decir que se trata de unos muy pocos casos puntuales, que no hubo un plan sistemático. Nada ni remotamente parecido ocurre en Venezuela, pero no importa. Igual su gobierno es “autoritario” mientras que Piñera, al igual que Duque, es el arquetipo viviente de la democracia, un deslumbrante paladín que todos deberían imitar. Además, téngase en cuenta que en Chile la oposición a Piñera fue completamente pacífica y desarmada, pese a lo cual fue reprimida con ferocidad mientras que las “guarimbas” venezolanas hicieron gala de una violencia extrema, al punto de prender fuego vivas a por lo menos una veintena de personas supuestamente por el delito de “portación de cara” chavista.[6]
No es más reconfortante la situación si volteamos nuestra mirada a la situación del Ecuador, en donde todavía manda un traidor rastrero y corrupto que ha tomado en sus manos la totalidad de los poderes del estado con tal de perseguir a Rafael Correa y la fuerza política que lo representa. Moreno arrasó con el Estado de derecho con perversa meticulosidad, y ante el levantamiento popular del 2019 desató una represión que produjo según inverosímiles informes oficiales un saldo de cinco muertos y 855 heridos. No obstante, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció la existencia de casi 108 desaparecidos.[7] Ni una palabra en relación al “régimen” ecuatoriano, que es una dictadura unipersonal apenas disimulada con ligeros ropajes de institucionalidad democrática y en donde se abolió por completo y a plena luz del día la separación de poderes y la institucionalidad vigente hasta su llegada a la presidencia. Pero el “autoritario” es Maduro, no Moreno.
Finalmente veamos el caso de Juan Orlando Hernández en Honduras: este es un “malandro de corbata y credencial”, como dice la bella canción de “Chico” Buarque. Desde el 2009, cuando Hillary Clinton orquestó el golpe de estado contra Juan Manuel “Mel” Zelaya (que tomó por sorpresa al propio Barack Obama, que no estaba al tanto de las tramoyas que su Secretaria de Estado urdía a sus espaldas) no hubo una sola elección legal y legítima en ese país centroamericano. Uno de los factores que explican este infortunio es que, para su desgracia Honduras alberga en Palmerola la sede de la Base Aérea «José Enrique Soto Cano» y la “Fuerza de Tarea Conjunto Bravo”. La de Palmerola es una de las más importantes bases que Estados Unidos tiene en este continente, y junto con la de Palanquero en Colombia y Mariscal Estigarribia en Paraguay conforma el eslabón de reabastecimiento y logística que permiten a las fuerzas del Comando Sur llegar desde el sur de la Florida hasta la Patagonia argentina en escasas 24 horas. Por eso para la Casa Blanca Hernández es un héroe de la democracia centroamericana, pese a que su re-elección en noviembre del 2017 fue un fraude tan descarado que el mismísimo Luis Almagro, figura consular de la cloaca política de la región, tuvo que comunicarle al gobierno que ante “tantas irregularidades y deficiencias era imposible validar el resultado de las elecciones.” Según cuentan los testigos con casi el 60 % de las boletas escrutadas Hernández perdía por 5 puntos y el Tribunal Supremo Electoral indicó que la ventaja era matemáticamente irremontable. Sin embargo, imprevistamente, se “cayó el sistema” lo que produjo una interrupción de varias horas en el conteo de los votos. Este recurso no fue un invento hondureño porque antes, el 7 de Julio de 1988, lo había utilizado el PRI en México para consagrar el triunfo de Carlos Salinas de Gortari cuando los datos iniciales daban una cierta ventaja a Cuauhtémoc Cárdenas¨. Tal como ocurriera en México lo asombroso fue que cuando los servidores del TSE se reiniciaron Hernández había tomado la delantera y terminó ganando la elección por unos 50.000 votos. Realismo mágico al mejor estilo de Gabriel García Márquez: en Latinoamérica cuando las computadoras de los organismos electorales “se caen” siguen funcionando, y al reiniciarse muestran los resultados de su labor, siempre favoreciendo a la derecha y a los oficialismos de turno. Por supuesto, al conocerse este resultado se desencadenaron grandes protestas –recordar que sobre ese gobierno pesaba como una lápida la furia popular por el infame asesinato de Berta Cáceres- y, como resultado de ello hubo 31 personas muertas y centenares de heridos. El Departamento de Estado demoró casi un mes en legitimar la escandalosa maniobra de Hernández, a la cual de inmediato se plegó dócilmente la OEA.[8] Para colmo, en fechas recientes el delfín del imperio comenzó a ser perseguido judicialmente por fiscales de Estados Unidos por su involucramiento en el tráfico de estupefacientes y es muy probable que termine sus días en la sombra.[9] Pero no por eso se lo va a fulminar como “autoritario”, naturalmente.
Por supuesto que para el gobierno de Mauricio Macri todas estas aberraciones no constituían un problema. Pero, para el de Alberto Fernández, que aspira junto con López Obrador a reconstruir la unidad latinoamericana y que ha condenado ejemplarmente la brutal dictadura de Jeannine Añez en Bolivia (y ofrecido protección y asilo a Evo Morales, Álvaro García Linera y a muchos militantes de aquel país) seguir caracterizando al gobierno de Maduro por “autoritario” es injusto y, además, contradictorio. Porque si de enjuiciar se trata, la propensión de ciertos altos personeros del gobierno argentino de referirse continuamente a Venezuela (es cierto que respondiendo al incesante hostigamiento de los medios hegemónicos, formidables enemigos de la democracia y del gobierno de Fernández) mientras se guarda silencio en relación a los delitos y atrocidades perpetradas por Duque, Piñera, Moreno y Hernández revela una seria incomprensión de los asuntos de la región. Y a partir de ese déficit no será posible gestar una agenda diplomática coherente con el interés nacional de la Argentina en un sistema imperialista sumido en una tormentosa y amenazante transformación.
Termino con lo siguiente. La democracia tiene en la calidad de la vida de la ciudadanía su rasgo más distintivo. Por eso el cuidado de la salud de la población es uno de sus signos definitorios. Una “democracia” que deja que su gente muera de hambre, o víctima de enfermedades, o incapaz de garantizar la salud de la población no es digna de ese nombre. Es una forma (sutil en algunos casos) de dictadura pretendidamente disimulada con algunos ropajes democráticos. Por eso la respuesta de los diversos gobiernos ante la amenaza del coronavirus arroja un potente haz de luz para caracterizar la verdadera naturaleza de los regímenes políticos de la región. Tomemos como indicador la tasa de mortalidad por millón de habitantes registrada el 23 de Julio. Comprobamos con asombro que la bloqueada Venezuela tiene una de las más bajas del continente, producto del carácter público del sistema de salud: 4 muertes por millón de habitantes. Chile es supuestamente una democracia, pero los muertos debido al Covid-19 trepan a 462 por millón de habitantes, o sea 115 veces más que en Venezuela. No hace falta ser un genio para constatar lo que puede garantizar un sistema público de salud, aún con el lastre del bloqueo, y lo que es incapaz de hacer un sistema privatizado como el que rige en Chile. La ejemplar “democracia” estadounidense presenta registra un índice de 445 muertos por millón de habitantes, o sea, 111 veces más que Venezuela. ¡Un escándalo! A título de comparación el promedio mundial es de 81.4, veinte veces superior al estándar venezolano. En la impoluta Colombia de Duque esta tasa es de 145, o sea, 36 veces mayor que Venezuela. En Brasil recordemos que Jair Bolsonaro llegó al gobierno previo “golpe blando” contra Dilma Rousseff , la proscripción (“lawfare” mediante) de Lula y la farsa de la puñalada que con la complicidad de los grandes medios de comunicación le permitieron rehuir a los dos debates presidenciales exigidos por la ley en donde, al hablar, habría espantado a gran parte de su potencial electorado. Las credenciales democráticas del actual gobierno brasileño son nulas y allí se aplica, según Frei Betto, una política genocida que da origen a un índice de 395 muertos por millón de habitantes, ¡98 veces mayor que la tasa venezolana! Pero a no confundirse: Brasil es una democracia; el “autoritario” es Maduro. En el Ecuador de Moreno el cociente es de 286 por millón, 71 veces más que en Venezuela; y en la Honduras del narcogobernante Juan O. Hernández es 101, o sea, 25 veces mayor que Venezuela. En Argentina la tasa es de 58 por millón, y pese a ser una de las mejores de Latinoamérica –cosa reconocida por los más diversos gobiernos y organismos internacionales- aún es 14 veces mayor que la de Venezuela. Y en los países bloqueados y sancionados económicamente por Washington es de 16 en Nicaragua y 8 en Cuba, que por eso fue capaz de responder a 35 países que desde los más diversos continentes solicitaron ayuda médica y farmacéutica a la isla rebelde. Recientemente lo hizo nada menos que la ciudad de San Francisco, California. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, ¿cómo es posible que se siga hablando tan a la ligera de autoritarismo y crisis del Estado de Derecho en un país cuyo gobierno, pese al bloqueo y las sanciones económicas, ha sido capaz de proteger a su población como lo ha hecho? Da para pensar, ¿no?
[1] Ver https://www.infobae.com/politica/2020/07/23/felipe-sola-el-gobierno-de-venezuela-es-autoritario-sin-dudas/
[2] https://www.nodal.am/2020/07/colombia-971-lideres-sociales-y-218-excombatientes-asesinados-desde-la-firma-de-los-acuerdos-de-paz/ y también https://caracol.com.co/radio/2020/07/21/nacional/1595352587_459935.html
[4] https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Chile_de_2019-2020. Otras fuentes hablan de que el número de personas con lesiones oculares asciende a 465. Cf. https://www.tiempoar.com.ar/nota/victimas-de-traumas-oculares-pinera-los-cego-y-ahora-mira-para-otro-lado
[8] Ver sendos artículos sobre el tema en el New York Times: https://www.nytimes.com/es/2017/12/20/espanol/opinion/honduras-hernandez-reeleccion-protestas.html así como https://www.nytimes.com/es/2017/12/23/espanol/america-latina/estados-unidos-respalda-la-victoria-de-juan-orlando-hernandez-en-honduras.html
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), institución pública de educación superior, dio a conocer durante estos días el “Plan integral para el retorno seguro a las actividades académicas y administrativas en el marco de la nueva normalidad”, cuyo propósito es “establece(r) las recomendaciones y pautas que permitan retomar de forma ordenada, gradual y segura, las actividades académicas y administrativas de las Unidades UPN. Con ello, se busca mitigar el riesgo, fomentar la prevención de contagio y promoción de la salud entre toda la Comunidad Universitaria, a través de una cultura del cuidado de personal y cuidado colectivo.” (1)
El plan establece las siguientes 14 acciones o medidas generales:
• El uso de cubrebocas o pañuelo (cubriendo nariz y boca) será obligatorio para toda la comunidad universitaria y visitantes. Se sugiere el uso de cubrebocas lavables
• En caso de presentar malestar o síntomas compatibles con SARS-CoV2 (Covid-19) o enfermedades respiratorias, como medida de cuidado de sí y de conciencia colectiva, no asistir a las instalaciones universitarias ya que no se les brindará acceso, quedarse en casa y solicitar asistencia médica en los números de emergencia locales
• No saludar de beso, mano, brazo o codo
• Se sugiere que cada persona porte consigo un kit de aseo personal, con alcohol en gel, pañuelos desechables, papel sanitario, jabón, así como repuestos de cubrebocas en los casos que sean necesarios
• Lavado de manos con agua y jabón constante por 40 segundos, aplicando la técnica correspondiente. Este ejercicio deberá realizarse, por lo menos, unas 10 veces diarias: al llegar de la calle, periódicamente durante el día, después de tocar áreas de uso común, después de ir al baño, tocar dinero y antes de comer o preparar alimentos
• Desinfección constante de las manos con solución gel antibacterial con concentración alcohol al 70%
• Implementar el estornudo de etiqueta, esto es cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo.
• No escupir en ningún espacio de la Universidad. En caso de ser necesario, deberá utilizar un pañuelo desechable y tirarlo a la basura, posteriormente se realizará un lavado de manos.
• No tocarse la cara, especialmente nariz, boca y ojos.
• Queda prohibido fumar dentro de las instalaciones universitarias, por considerar a las colillas un factor alto de contagio.
• Los desechos de cubrebocas, pañuelos desechables y demás residuos que representen un riesgo de contagio, deberán depositarse en botes especiales identificables, mismos que estarán disponibles en diversos espacios de las Unidades.
• Evitar compartir herramientas de trabajo y objetos personales (computadora, papelería en general, celulares, por mencionar algunos).
• Procurar guardar las medidas de higiene y protección en el transporte público, en el trayecto de la casa a las instalaciones universitarias
• Evitar el uso de barba, bigote, así como accesorios (joyería, relojes, corbatas) ya que pueden ser un depósito de virus y microorganismos.
Según el Plan institucional de la UPN, “Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son aquellas que debido a determinadas condiciones o características de salud son más propensas a desarrollar una complicación por el virus SARS CoV2 (COVID-19). Para el presente Plan se considerarán dos grupos:
a) Personas de alta vulnerabilidad. Mujeres embarazadas o lactando, personas adultas mayores de 60 años, personas con obesidad, diabetes e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con discapacidades, trasplantes recientes, enfermedad hepática, pulmonar, así como trastornos neurológicos o del neurodesarrollo (epilepsia, accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de médula espinal); y b) Personas de vulnerabilidad media. Quienes convivan en su hogar o tengan a su cargo el cuidado de menores de 12 años de edad, personas adultas mayores y en situación de vulnerabiliad o mayor riesgo de contagio.”… “Las personas identificadas en el apartado (a), preferentemente, realizarán sus actividades en la modalidad a distancia; mientras que las del grupo (b) alternarán su asistencia en el desempeño de sus labores, ambas hasta que las autoridades de salud y educativas emitan otro criterio de cuidado. En caso de asistencia extraordinaria a las instalaciones universitarias, deberán extremar las medidas de prevención e higiene.”
Es interesante observar que los cuerpos académicos que diseñaron este plan y los protocolos correspondientes, han sido sensibles a las necesidades apremiantes que presentan muchas (si no es que la mayoría) de las instituciones de educación superior en México, en el sentido de cuidar o proteger al personal que puede ser susceptible o se encuentra en zona de vulnerabilidad sanitaria, cuyo promedio de edad, sobre todo del personal docente, (y quizá también del administrativo), es de 50 años (condición que también se presenta en otros niveles de la educación pública)én se presenta en otros niveles de la educación pública).
Por otra parte, en conversación con uno de los directivos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Azcapotzalco, Óscar Lozano, él destacaba algunas características comunes que se presentan entre los miembros de la plantilla del personal docente y de investigación en esa institución, a partir del inicio de la emergencia sanitaria (marzo, 2020). Entre esos factores, por ejemplo, identificaba el tema de la edad. Situación que ha tenido conexión con dos ámbitos: 1) Por un lado, cierta dificultad para que las y los docentes se incorporen rápidamente a las modalidades educativas a distancia, con apoyo de nuevas tecnologías de información y comunicación (aparte de las limitaciones que tiene el personal académico, por falta de apoyo institucional, para contar con infraestructura y recursos tecnológicos adecuados, a efecto de llevar a cabo las actividades educativas de manera virtual con los estudiantes de grado y posgrado); y 2) La probabilidad alta de que el personal mayor de 50 años sea proclive a cursar alguna de las enfermedades crónicas, no contagiosas, que establece, como de alto riesgo, el sector salud al vincularse con Covid-19.
No es nada extraño que la mayoría de las instituciones de educación superior, públicas y privadas, presenten situaciones similares, y más aún con un conflicto generalizado porque las autoridades universitarias no han sido sensibles a las necesidades laborales del personal académico ni de los trabajadores administrativos, surgidas a raíz de la pandemia. Tengo conocimiento que el Tec de Monterrey, al menos en posgrado, tomó la decisión de continuar sus actividades académicas “completamente a distancia a través de las nuevas TIC”.
Se requiere, en efecto, una buena dosis de tolerancia por parte de las áreas directivas de nuestras instituciones de educación superior (así como de otros niveles educativos también), y no obligar a las profesoras y los profesores a realizar actividades para las cuales no fueron contratados (actividades educativas mediadas únicamente por las nuevas tecnologías). Aunque también se requiere de otra dosis de disposición y actitudes de colaboración por parte de todas y todos los trabajadores de la educación, sin duda.
En ambos casos, se requiere de una abierta disposición al diálogo y a la concertación con la finalidad de que las y los estudiantes continúen sus estudios de nivel superior y de posgrado, sin ponerse en riesgo, y sin que las y los profesores se vean desprotegidos en sus condiciones de trabajo, y particularmente en su estado de salud.
Fuente consultada:
(1) UPN. Plan integral para el retorno seguro a las actividades académicas y administrativas en el marco de la nueva normalidad. Rectoría, julio 2020. (Otros aspectos que aborda el plan mencionado son: Protocolos. Entrada, permanencia y salida de las instalaciones universitarias. Uso y aprovechamiento de salones, oficinas, bibliotecas, cafeterías, comedores, áreas de checado, atención al público y demás áreas de uso común. Asuntos en materia de horarios, asistencia y demás aplicables para el personal académico y administrativo (base, confianza y estructura). Líneas para el trabajo académico, cultural y deportivo. Clases y asesorías. Cursos remediales. Exámenes profesionales. Reuniones académicas. Actividades académicas, culturales y deportivas. Medidas para la adecuación, limpieza y mantenimiento de espacios cerrados y de uso común. Equipamiento e higiene. Formación y capacitación. Difusión oportuna de protocolos y medidas. Marco normativo y referencial. Disposiciones normativas aplicables, y Referencias).
Fuente e imagen: https://www.sdpnoticias.com/columnas/plan-de-actuacion-sanitaria-en-educacion-superior.html
La ansiedad es un problema creciente en los hogares que afecta a niños y adultos.
La salud mental se ha vuelto un tema de gran importancia ante las condiciones impuestas por un aislamiento prolongado. En el caso de los niños, la situación de incertidumbre y encierro provocado por la pandemia podría jugar un rol importante en el aumento de casos de ansiedad infantil.
Un reciente estudio realizado por la organización Save the Children ha encontrado que 1 de cada 4 niños sufren de ansiedad por el aislamiento derivado del coronavirus. En el estudio participaron más de 6000 niños de Alemania, Finlandia, España, Estados Unidos y Reino Unido.
En artículos anteriores hemos hablado sobre la ansiedad, por qué es diferente del estrés y cómo detectarla en niños, pero también es importante saber qué pasos podemos tomar para aminorarla en casa y discernir cuándo y cómo podría ser necesario buscar la ayuda de un profesional.
Ayudar a los niños a mantener bajos sus niveles de estrés para no generar un caso de ansiedad, no es tan fácil como se lee. Especialmente con las escuelas cerradas debido a la pandemia, muchas actividades extracurriculares suspendidas y restricciones para salir de casa. Pero existen medidas que madres y padres pueden tomar para fomentar un diálogo abierto y ser constantes con un acompañamiento que aminore los síntomas de la ansiedad en cuarentena.
Cinco medidas para reducir la ansiedad infantil
1. Mantener la calma y asumir un rol de apoyo
El primer paso es revisar tus propios niveles de ansiedad y utilizar los mecanismos adecuados para mantenerte tranquilo. Los niños tienden a copiar el comportamiento de los padres o personas cercanas. También son muy perceptivos y podrían no solo notar el estrés en su entorno, sino replicarlo.
Es necesario ser conscientes de nuestros comportamientos y las emociones que proyectamos cuando estamos cerca de los niños que están bajo nuestro cuidado, además de establecer instancias de conversación en la que podamos comunicar nuestras emociones en forma empática y positiva, de forma que los hijos puedan seguir el ejemplo cuando hablen de cómo se sienten.
2. Diseñar una rutina (pero ser flexibles)
Ante una situación de incertidumbre como la pandemia, las rutinas pueden ser un refugio emocional que ayuda a generar un lugar seguro para los hijos. Tener una agenda y un conjunto de actividades mantiene sus mentes activas, les da estructura y un recurso para mantenerse positivos después de llevar a término las tareas asignadas.
Además de los deberes escolares, los de casa y el ejercicio, es recomendable permitir que el niño participe en la selección de actividades, de esta forma la rutina incluirá cosas de su agrado y se sentirá tomado en cuenta dentro de la vida familiar.
De la misma forma, es importante tomar en cuenta que el propósito de la rutina, tanto para padres como para niños, es la de crear un ambiente de estabilidad, un espacio seguro. Ninguna rutina ni agenda está escrita en piedra, si hay algo que no funcione es crucial contar con la apertura y flexibilidad para cambiarlo, ya sea solo por un día o permanentemente.
La rutina, en este caso, existiría para satisfacer las necesidades psicológicas y emocionales de la familia, no al revés.
3. Ayudarle a mantener sus conexiones sociales
Uno de los problemas más serios para el desarrollo psicosocial de los niños en cuarentena es la falta de instancias donde puedan socializar. Con las escuelas cerradas y las reuniones canceladas, es necesario hacer uso de recursos tecnológicos para ayudar a los niños a procurar contacto con compañeros de la escuela, maestros, familiares y amigos.
Utilizar Facetime, Zoom y otras plataformas de comunicación en tiempo real ayudan a los hijos a mantener instancias de socialización virtual, que si bien no supera a la presencial, sigue representando un recurso necesario para mantener su salud mental, habilidades de comunicación y convivencia.
4. Promover instancias de cuidado personal
En momentos como este, es importante enseñar a los niños sobre el valor del cuidado propio. Acciones simples como tomarse un momento para ellos, atender su higiene personal; jugar, ver o leer algo que les agrade, meditar en familia, conversar.
Tanto niños como adultos necesitan realizar actividades auxiliares para el cuidado de su salud mental y física. Es crucial guiar a los niños para que encuentren y adopten las actividades de cuidado propio que más les ayuden.
5. Entender la “nueva normalidad”
Una de las variables que hace más difícil a los niños (y a otros tantos adultos) ajustarse al periodo de aislamiento y medidas preventivas es la concepción de que se trata de un periodo extendido.
El problema de vislumbrarlo de esta forma, es que se asume la llegada una fecha límite a estas medidas, que nunca llega. Esta situación extiende no solo el periodo de encierro, sino nuestra resistencia al mismo, y se vuelve aún más complicada en los niños, que no tienen las mismas herramientas para navegar y conocer su entorno de la misma forma que los adultos.
Los niños tampoco perciben el tiempo de la misma manera, por lo que decirles constantemente que nos encontramos en una situación finita, podría tener efectos más negativos en ellos que en un adulto al ver que este se aleja cada vez que parecemos llegar a la línea de meta.
En términos más simples, para darle a los niños las herramientas para sobrellevar emocionalmente la cuarentena, necesitamos dejar de decirles que la pandemia y el encierro acabarán pronto. Para ellos, la palabra pronto significa algo mucho más inmediato que para nosotros, especialmente si no tienen toda la información que tienen los adultos sobre cómo se ha desarrollado el virus y cómo ha afectado tanto estructuras económicas como dinámicas sociales.
Quizás, adaptarnos primero como adultos a esta “nueva normalidad” y comprender que el hecho de que es temporal no quiere decir que su finitud es inmediata o próxima, nos puede ayudar a encontrar la estabilidad que necesitamos para apoyar a los niños bajo nuestro cuidado a entender lo mismo, y llegar juntos a la admisión tanto del fin de la pandemia en un futuro, como de su permanencia en el presente.
Si después de aplicar estas medidas el niño continúa mostrando síntomas de ansiedad, es recomendable solicitar la ayuda de un profesional. Un psicólogo tiene las herramientas para apoyar a una niña o niño cuyo problema de ansiedad es más severo. Es crucial no saltarse esta medida, dado que un problema de ansiedad que no es atendido puede desarrollar trastornos más serios como la depresión o el estrés crónico.
¿Tienes niños en casa en situación de ansiedad? ¿Qué métodos has utilizado para disminuir sus síntomas? Cuéntanos en los comentarios.
Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/consejos-disminuir-ansiedad
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define como analfabeta a aquella persona de 15 años o más que no sabe leer y escribir un recado. Según la Encuesta Intercensal 2015, el 5.5% de la población mexicana se pudiera considera como analfabeta (INEGI, 2015, p. 32), porcentaje muy inferior al de 1970, cuando 25.8% de la población no sabía leer y escribir. El analfabetismo es una de las expresiones más graves del retraso educativo, pues implica la carencia de habilidades necesarias para ejercer derechos e integrarse al mercado laboral, perpetuando así la ignorancia, la pobreza y la desigualdad social.
La distribución del analfabetismo en nuestro país es desbalanceada. En cuestión de sexo, 6 de cada 10 analfabetas son mujeres. En términos geográficos, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas hay una proporción siete veces mayor de analfabetismo que en Ciudad de México; asimismo, la frecuencia de esta condición es cinco veces mayor en localidades rurales (12.9%) que urbanas (2.5%). En relación a los grupos de población, los más afectados son los indígenas (17.8%), las personas con alguna discapacidad (23.8%) o con alta marginación (19.4%) (INEE, 2017b, p.142). Así pues, hablando en términos generales, el rostro del analfabetismo en México podría ser representado por el de una mujer indígena, con algún tipo de discapacidad, originaria de una población rural de alta marginación.
La notable reducción del analfabetismo sin duda está vinculada a la mejora en la escolarización, sobre todo en el nivel primario: de acuerdo al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, México (2020) México alcanzó desde 2001 la universalización de la matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años de edad). De este modo, son casi dos décadas en las que todos los mexicanos acceden al nivel educativo en el que se da, en la mayoría de los casos, el aprendizaje formal de la lectura y la escritura.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015, pp. 32-34), el analfabetismo actualmente es casi inexistente entre la población joven de 15 a 29 años (1.2%), mientras que es mayor su proporción en la población de 60 a 74 años (15.7%) o de 75 años y más (28.5%). Lo anterior hace pensar que, por el simple paso del tiempo, será cada vez más raro encontrar personas que no sepan leer y escribir. De seguir con las tendencias actuales, en una o dos décadas el porcentaje de población alfabetizada podría ser casi o igual al 100%, no obstante que a partir del 96% la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) considera ya a los países como plenamente alfabetizados. Lo anterior no elimina la responsabilidad del Estado para eliminar los altos índices de analfabetismo en la población de edad más avanzada.
Considerando el avance importante de la alfabetización en México, resulta alarmante la situación de las personas con discapacidad. Si bien en nuestro país el analfabetismo se refugia principalmente en la población de edad más avanzada, esta condición no se cumple con el subgrupo de población mencionado: el analfabetismo es menor entre las personas de 55 a 64 años (15.5%) que los de 15 a 24 años (24.8%) (INEE, 2017b, p. 142). ¿A qué se debe lo anterior: cayó la escolarización de este grupo o simplemente, en los últimos años, se ha hecho más visible su presencia? Sea cual sea la respuesta, el alto índice de analfabetismo es un reflejo de la lamentable tendencia de la escuela mexicana hacia la inequidad y la exclusión de los más desfavorecidos.
Con la inminente erradicación del analfabetismo absoluto, es decir, la simple incapacidad para leer y escribir un recado, se viene un nuevo desafío: tratar de abatir al analfabetismo funcional, o sea, la imposibilidad de utilizar adecuadamente las habilidades de lectura y escritura en situaciones específicas de la vida. Al respecto, la UNESCO ha indicado que “aún en países con tasas de analfabetismo significativamente menores al 10%, existe un elevado porcentaje de personas con muchas limitaciones para manejar los niveles más básicos de interpretación de textos informativos” (2015, p. 4). De este modo, el reto para México es mayúsculo: de acuerdo a la prueba PISA 2015, 39.8% de estudiantes mexicanos se ubicaron en el nivel más bajo, de seis posibles, en cuanto a desempeño en lectura manifestando habilidades elementales que les permiten apenas localizar información explícita en un texto corto o reconocer la idea principal en escritos con contenidos conocidos (INEE, 2015, p. 74).
En la alfabetización son evidentes dos desafíos para el Sistema Educativo Mexicano. Primeramente, integrar a los grupos más marginados para poder darles habilidades tan básicas como la lectura y la escritura; el logro de esto pudiera representar una base mínima para pensar en la escuela como un espacio que promueva la justicia social y que sea palanca del progreso especialmente de los más desfavorecidos. En segundo lugar, se deberá transitar a enfocar los esfuerzos hacia aspectos cualitativos de la alfabetización: logrado el abatimiento del analfabetismo absoluto, se deberá concentrar en el funcional; ya no bastará entonces la mera ampliación de la cobertura educativa, sino que se deberán atender asuntos de corte pedagógico y de las condiciones en las que los alumnos efectúan el aprendizaje. Dicho de otra forma y aludiendo a la definición del INEGI, la meta ya no será únicamente formar alumnos que sean capaces de leer y escribir un recado, sino de emplear estas habilidades de manera exitosa para promover su bienestar. Ya no sólo importará cuántas personas leen, sino cómo leen.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
Facebook: El Profe Rogelio
REFERENCIAS
INEE (2017a). México en PISA 2015. México: autor.
INEE (2017b). Panorama Educativo de México 2016. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: autor.
INEGI (2015). Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015: Estados Unidos Mexicanos. México: autor.
UNESCO (2015). Alfabetización y Sociedades Sostenibles: convertir la visión de la alfabetización para 2030 en acción en América Latina y el Caribe. Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Nota-conceptual-alfabetizacion.pdf (Consultado el 16 de julio de 2020).
SNIEG. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años). Disponible en: https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=1&gen=264&d=n (Consultado el 16 de julio de 2020).
Por: Daniela Rea, Diana Cariboni y Lydiette Carrión
Las mujeres enfrentan una crisis de «violencia obstétrica» agravada por la emergencia sanitaria de covid-19, a pesar de las leyes que buscan combatir el maltrato y la «medicalización excesiva»
Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de covid-19 en América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las cesáreas, además de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia – pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva”.
La región ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40% de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen el 15% e insiste en que solo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.
La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas en marzo, que dicen además que las mujeres deben contar con una compañía de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso, información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo desean.
La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o estadales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.
Fotografía durante una videollamada con Lidia y su bebé en su casa en el Estado de México. / Foto: María Ruiz.
La mayoría de estas leyes garantiza una compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos derechos incluso antes del covid-19. Y la pandemia no hizo más que empeorar las cosas.
En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro (EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, incluso contrariando las pautas del propio ministerio de salud.
Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó: “Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de covid-19. Pero esto es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.
En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de covid-19. Trece de ellas dijeron que no se les permitió parir con un acompañante, como parte de las restricciones de los hospitales, y 15 dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los recién nacidos.
Benavides relató que, en el peor momento del brote en la ciudad de Guayaquil (abril y mayo), una clínica privada ofrecía: “vienes sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos en zona de observación y te cobramos 1,200 dólares. Lo único bueno es que le permiten permanecer con el bebé”.
En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico Proparto Natural, estima que, cuando se acceda a las estadísticas, “en abril y mayo veremos un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen los hospitales”, que sin embargo “es contradictorio porque la cesárea tiene mayores riesgos y, en el caso del covid-19, se suma el riesgo de la hospitalización e infección”, observó.
En toda la región, “en nombre de la pandemia, los niveles de cesáreas han llegado a ser extremadamente altos, incluso en las mujeres sin covid-19”, dijo a openDemocracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En Uruguay, que registra alrededor de 1,000 casos de covid-19 y una treintena de muertes, las autoridades fueron acusadas de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, cesáreas y ecografías, contraviniendo la ley.
En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido solas y “asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y episiotomía (corte en la abertura vaginal).
Solas y mal informadas
A partir de marzo, openDemocracy entrevistó a diecisiete mujeres y a gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas internacionales como las leyes locales.
La mayoría de las mujeres debieron parir solas porque se prohibieron los acompañantes por el covid-19. Esto “multiplica el riesgo de maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.
Muchas de estas mujeres denunciaron asimismo abuso verbal y físico de un personal hospitalario sobreexigido, que tampoco les dio suficiente información para entender lo que estaba pasando. Además, varias parturientas dijeron que fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”
Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”; así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información necesaria.
“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México. Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en el test de covid-19, pero el personal no le informó los resultados hasta que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.
No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.
Montse Reyes y su bebé durante una videollamada, mayo de 2020. Foto: Fernanda Ruiz.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó Daniela Echeverría, en Ecuador. Le habían prometido un parto con música, libertad de movimiento y masajes en el centro de salud pública de Conocoto, Quito. Pero, si bien le permitieron estar con su esposo, los dejaron solos en la sala de partos.
Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y explica que el único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo otro parto y solo apareció tres horas después; para entonces ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.
En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.
La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los testimonios recopilados por openDemocracy. Dos mujeres que fueron a cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz solas.
“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri. Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir. Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está bueno ver caras malas”.
Problemas globales, partos riesgosos
En todo el mundo, la investigación de openDemocracy identificó más de 100 infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de ONG y de otros medios periodísticos.
En América Latina, los toques de queda y las restricciones al transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.
Dos mujeres embarazadas esperan que las controlen en un hospital de Caracas, Venezuela, mayo 2020 Foto: Yadira Pérez.
En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro hospital, pero su bebé estaba muerto y debieron practicarle una histerectomía.
A otras parturientas que llegaban a pie a la maternidad (algunas tras caminatas de una hora desde sus casas) se les decía que volvieran más tarde, cuando tuvieran mayor dilatación del útero.
En Ecuador, la abogada feminista Ana Vera, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna, dijo que en abril a dos mujeres con emergencias obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de hospitales públicos de Guayaquil, entonces sumergida en un descontrolado brote de covid-19.
“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera.
También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de covid-19 sin previo aviso.
Otra mujer en Guadalajara, México, relató a openDemocracy que había parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de coronavirus. Al principio se lo negaron.
“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”, dijo la mujer. La médica la regañó y le aseguró que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado. Pero no era cierto, como demostró un segundo médico que ordenó una ecografía y un test de coronavirus, que resultó positivo.
La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las normas contra la violencia obstétrica. Sin embargo, no está claro si las autoridades van a investigar estos casos en algún momento, pues ninguna de ellas respondió las preguntas de openDemocracy en México. Tampoco en Argentina, ni en Uruguay, ni en Venezuela.
La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia obstétrica durante la pandemia.
Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina “también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de covid-19”.
“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.
La violencia obstétrica existe, pero no se nombra
A la violencia preexistente hacia las mujeres embarazadas, dice la OMS, se le suman los agravios por la emergencia sanitaria.
El asesor regional en salud materna de OMS/OPS, Bremen de Mucio, dijo que las situaciones encontradas en nuestra investigación no lo sorprenden, “porque ya existían antes de la pandemia y de hecho la necesidad de que OMS haya desarrollado una declaración específica sobre el maltrato durante el embarazo, el parto y el puerperio da cuenta de que esta es una realidad que se presenta en la casi totalidad de los países… Y lo único que ha ocurrido en la pandemia es que algunas de esas situaciones se han agravado o se han hecho más frecuentes”.
El experto añadió que “lo primero es abogar para que el tema tome la visibilidad necesaria, esto tiene un doble efecto, por un lado que las usuarias conozcan que el problema existe y que los derechos están de su lado. Y al mismo tiempo, dar a entender a los profesionales que prácticas que ellos consideran normales son violatorias de los derechos de las usuarias y que tarde o temprano deben ser punibles”.
De Mucio se explayó asimismo sobre la resistencia que genera en el personal médico la expresión “violencia obstétrica”.
En la declaración de la OMS, firmada por decenas de instituciones relevantes, “debimos hablar de trato irrespetuoso en lugar de violencia obstétrica. Y esto no ha sido por capricho, o por no reconocer que la violencia obstétrica existe”, sino “para evitar cortar puentes de diálogo con las sociedades profesionales, porque hablar de violencia obstétrica genera resistencias que impiden discutir el tema”, sostuvo.
Las leyes contra la violencia obstétrica se hicieron necesarias “ante la constante violación de los derechos de las usuarias. Desafortunadamente, en algunos casos no han sido reglamentadas, o no se han especificado las sanciones que comporta el no respetarlas, o directamente no se monitorea el respeto a estas leyes”, dijo. Más grave aún, según el experto, los profesionales y las mujeres incluso ignoran a veces la existencia de estas normas.
Una anécdota hace explícita esta situación. “Hace unos años, en un congreso de ginecología y obstetricia, el presidente de una gran federación de ginecología y obstetricia de un país de América Latina se jactaba de que, aunque existía una ley contra la violencia obstétrica en varios estados de su país, nunca se había sancionado a un ginecólogo por violencia obstétrica”, sostuvo De Mucio.
Contribuyeron a este artículo Magda Gibelli y Agostina Mileo.
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