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Educación, pandemia, más inequidad

Por: Rafael Orduz. 

El cierre de escuelas y colegios abre signos de interrogación: ¿se ahondarán las inequidades en la educación en Colombia? ¿Hay terreno abonado para achicarlas?

Las “preexistencias”, expresión tan rutinaria en ésta época de pandemia, son conocidas.

Aunque Colombia ha avanzado en materia de cobertura en todos los tramos educativos, subsisten desigualdades en el acceso y en la calidad, que condenan a millones de niños de hoy a estar del lado de los pobres en el mercado laboral de mañana. Sí, es cierto, el promedio de años de escolaridad ha aumentado: para los mayores de 25 años está hoy por encima de diez años en las siete ciudades de más población en Colombia, cuando en 1984 era de siete años (La República, 18/3/20). Sin embargo, se trata de un promedio: en los niveles de menor ingreso, los años de asistencia a la escuela no pasan de seis…

Cobertura insuficiente en la educación inicial, la de la primera infancia, aquel tramo en el que según el nobel Heckman, de la Universidad de Chicago, se presentan las mayores tasas de rentabilidad social.

La calidad, no solo por lo que marcan las pruebas PISA, deja mucho que desear. Los bajos salarios de los docentes, los sistemas de evaluación, la disparidad existente entre las facultades de educación, factores que convergen en las deficiencias.

Desarticulación entre la educción básica, media y secundaria, por un lado, y la superior, por otro. Sistema curricular desactualizado, relacionado con otro dato aterrador: el desempleo de quienes cuentan con “kilometraje” en años de escolaridad.

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El DANE (diciembre 2019) informa de las tasas de desempleo por niveles de escolaridad pre-pandemia: los hombres con educación universitaria culminada registraban un 9% de desempleo y las mujeres del 11.2%, sin contar el agobiante subempleo… En este país que, antes de la pandemia, se jactaba de tasas de crecimiento de la economía superiores al promedio latinoamericano, necesitado de técnicos y tecnólogos, las mujeres graduadas en tales ámbitos sufrían un desempleo cercano al 16% y los hombres de más del 9%. Algo, definitivamente, anda mal.

Desigualdades regionales dramáticas en desfavor del campo, de las zonas PDET.

Y llega el confinamiento, necesario pero que no puede ser permanente, añadiendo una vertiente a la inequidad: el nivel de conectividad, por una parte, y la disponibilidad de dispositivos, por otro. El DANE ya nos ha dicho que el 50% de los hogares carece de posibilidades de acceso a internet, con el impacto descomunal que ello tiene sobre la educación de, quizás, cinco millones de niños y jóvenes de la educación básica y media.

Más allá de si se accede o no a internet, la pérdida de contacto presencial entre los docentes y los alumnos complica las cosas, particularmente en las zonas más vulnerables, tanto urbanas como rurales. En las primeras, problemáticas como el embarazo adolescente o del maltrato en familia, que no aparecen en las estadísticas de cobertura, son enfrentadas, muchas veces, por los maestros. Son ellos quienes han jugado un papel de primera línea en las relaciones con la comunidad, muchos en contextos de conflicto armado, situaciones que persisten en zonas que sirven de corredores al narcotráfico.

Aun en contextos de hogares que cuentan con dosis de conectividad que permiten el telestudio, aflora otro problema: la falta de preparación de los profes para enseñar en los contextos virtuales.

La inequidad en el acceso a la educación de calidad se agrava con el coronavirus. Dadas las “preexistencias” mencionadas, quizás sea ésta la oportunidad para pensar en un sistema educativo que permita altos retornos para la sociedad y sus ciudadanos, así como de articular y aprovechar experiencias valiosas de aula de docentes que se han desempeñado en contextos adversos a bajos costos.

Fuente del artículo: https://www.elespectador.com/opinion/educacion-pandemia-mas-inequidad/

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Halconazo en Guadalajara

Por: Luis Hernández Navarro.

El día de ayer –escribió Francisco Jiménez– fue uno de los más terroríficos de mi vida. La rabia, el coraje, la incertidumbre, la impotencia y el miedo fueron el común denominador de decenas de jóvenes.

Francisco, su novia Camila, sus amigos Eloy, Braulio y Regina transitaban el pasado 5 de junio a las 6 pm por la avenida Ocho de Julio, en Guadalajara, cuando elementos de la fiscalía del estado, sin identificarse, los detuvieron y subieron a bordo de un vehículo. Los golpearon y les quitaron sus mochilas y celulares. ¡Súbanse, cabrones, cabezas agachadas!, les gritaron y se los llevaron a la fiscalía.

Nadie sabe que están aquí. Los vamos a desaparecer, los amenazaron. Separaron a los hombres de las mujeres y los subieron a una camioneta. “Los vamos a entregar al cártel”, les advirtieron. Después de un recorrido de unos 20 minutos, en Los Olivos los hicieron descender del vehículo. ¡Bájense, hijos de su puta madre! ¡Tienen 10 segundos para correr por su vida, putos! ¡Quien voltee hacia atrás lo matamos!, les gritaron (https://bit.ly/3dRzPWQ).

Lo que Francisco Jiménez y sus compañeros vivieron, al ser detenidos al margen de cualquier protocolo legal por querer participar en una movilización pacífica para exigir justicia para Giovanni López, lo sufrieron también al menos 60 jóvenes más en Guadalajara. La Comisión de Derechos Humanos de la entidad calificó sus arrestos de desapariciones forzadas.

Giovanni fue un albañil de 30 años detenido el 4 de mayo en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el área metropolitana de Guadalajara, por no llevar mascarilla. Los patrulleros lo ejecutaron extrajudicialmente. Su crimen precipitó en la capital de Jalisco una ola de inconformidad entre la juventud que trató de ser sofocada mediante la fuerza bruta por el gobernador Enrique Alfaro.

Debido a la importancia y el peso económico de su estado, Alfaro desempeña un papel clave en la promoción y el liderazgo de una coalición de ocho gobernadores opositores a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, podría perfilarse como candidato presidencial de una hipotética alianza partidaria de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en los comicios de 2024.

Por lo pronto, el mandatario estatal arrancó 2020 chocando con el gobierno federal en torno a temas claves: el conteo de desaparecidos, la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el manejo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

Enrique Alfaro ha navegado en las aguas de la política a bordo de distintos barcos. En 1994 se incorporó a las juventudes del PRI, donde militó hasta 2005. De allí saltó al PRD, controlado por el ex rector de la UdeG Raúl Padilla, con quien más adelante rompería. En 2012 se incorporó a Movimiento Ciudadano, partido que ganaría 24 presidencias municipales, 14 diputados locales y 10 federales.

Estridente, dotado de vocación y talante autoritarios, con un discurso de cero tolerancia en un estado que es cuna de uno de los grupos criminales más poderosos en el país (el CJNG), ante la crisis del coronavirus, Alfaro recurrió a la mano dura para obligar a la población a quedarse en casa y usar cubrebocas en la calle. Desde el pasado 20 de abril, cuando la medida entró en vigor, la policía se dedicó a arrestar a quienes no lo portaban. Decenas de ciudadanos fueron encarcelados. Giovanni López fue ejecutado extrajudicialmente en ese contexto.

Esta violencia policial no es inusual en Jalisco. Los niveles de tortura por parte de policías y ministeriales en la entidad están, como ha explicado Daniela Rea, por arriba de la media nacional (lo que ya es mucho decir). Entre 1997 y 2019, mil 530 víctimas de tortura presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero sólo 4.7 logró recomendación (https://bit.ly/30gklbe).

Los días 4, 5 y 6 de junio, Guadalajara vivió días aterradores. Especialmente el 5, sufrió un tipo de represión desconocida hasta ese entonces, emparentada con el halconazo del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Y eso que hay una larga lista de violencia policiaca en contra de movimientos en la entidad. Dos ejemplos. La ejercida durante las protestas altermundistas en el marco de la Tercera Cumbre América Latina y el Caribe- Unión Europea del 28 de mayo de 2004. Y la perpetrada el 1º de diciembre de 2012, durante las movilizaciones de rechazo a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto convocadas por #YoSoy132, en la que los uniformados golpearon a muchas personas que pasaban por allí.

En esta ocasión la violencia policial, absolutamente irregular, fuera de cualquier protocolo y causa legal –utilizando vehículos particulares con placas ocultas, con agentes vestidos de civil realizando detenciones–, deja en el aire la pregunta: ¿quién dio la orden de actuar así? ¿Quién diseñó el operativo?

La ofensiva gubernamental fue acompañada de una campaña en redes, que apeló al racismo local, diciendo que los manifestantes no podían ser de allí porque eran muy morenos y no hay gente de piel tan oscura en Jalisco.

Aunque quiera zafarse del asunto, el halconazo tapatío es responsabilidad directa de Enrique Alfaro. Por más que quiera desvirtuar la inconformidad juvenil presentándola como producto de los pleitos del poder de arriba, en realidad es resultado legítimo del hartazgo ante su despotismo.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2020/06/09/opinion/015a1pol

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Calificar durante la pandemia: encrucijada a los maestros.

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz.

Desde el inicio del cierre de escuelas se advertía que no todos los estudiantes podrían cumplir con las actividades educativas a distancia. Países como España, Italia, Argentina o Dinamarca optaron por no dar peso en las calificaciones del alumnado a las actividades realizadas desde casa: en algunos casos se decidió por el aprobado general mientras que en otros se desestimaron las valoraciones numéricas o bien se continuaron las clases tomando estos ejercicios como meros repasos sin trascendencia en la acreditación. En el caso de México, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, explicó que para la valoración del último tramo del ciclo escolar se tomarán en cuenta criterios como los promedios de los periodos ya evaluados, así como la presentación de carpetas de experiencias de las actividades escolares a distancia, haciendo énfasis en que este elemento sólo se empleará para favorecer a los estudiantes pero no para perjudicarlos en caso de fallas o no haberlas presentado.

El riesgo de inequidad que tanto se advirtió al iniciar las actividades escolares a distancia finalmente se concretó no sólo en el acceso a los medios educativos, sino ahora en la asignación de calificaciones considerando las carpetas de experiencias. De acuerdo con lo expresado por Moctezuma Barragán, quienes presenten la carpeta de experiencias derivada de la realización de las actividades escolares remotas podrán ser beneficiados en las calificaciones que emitan los profesores y quienes no lo hagan simplemente no serán afectados. Dicho de manera simple: no se afectará a nadie, pero sí se favorecerá a algunos. ¿No representa esto una medida igualmente inequitativa? ¿Cuál es la proporción de los “no afectados” y los “beneficiados”? Es difícil saber en un país como el nuestro con contextos tan heterogéneos. Parece que tratando de conciliar las imposibilidades de algunos, con el esfuerzo de otros, se llegó a esta determinación. Tal conciliación, desde un inicio, se apreciaba complicada si no es que imposible.

No se intenta disimular o excusar a aquellos jefes de hogar que aun teniendo las posibilidades económicas y culturales para acceder a las actividades escolares remotas decidieron, por voluntad propia, no hacerlo, aunque seguramente la proporción de éstos es muy inferior a quienes, por dificultades de esa misma naturaleza, no pudieron contribuir al aprendizaje de sus hijos. Al dar luz verde a las carpetas de experiencia, la encrucijada era pues ya inevitable: considerarlas en la calificación sería una desventaja para quienes no accedieron a la educación a distancia, pero ignorarlas sería una falta de respeto al esfuerzo de quienes incluso con muchos sacrificios pudieron presentarlas. La autoridad educativa se decidió por la primera opción.

Es entonces que los docentes enfrentarán dilemas al asignar calificaciones: ¿será justo darle beneficios a los alumnos que presentaron evidencias de trabajo y no a quienes, por posibles dificultades, estuvieron inactivos? ¿es correcto negarle la oportunidad de mejorar sus promedios a algunos estudiantes de los cuales no puede asegurar una simple falta de disposición por el trabajo? ¿deben pagar los alumnos posibles imposibilidades o irresponsabilidades de los padres de familia o, peor aún, deben costarle las carencias de sus hogares? ¿qué tanto puede reflejar el número que asignarán lo realmente aprendido por los estudiantes en un momento tan particular como el que se está viviendo? Serán pues los profesores quienes resuelvan estos cuestionamientos que la autoridad educativa les transfirió.

Si bien se dice que el “hubiera” no existe, es inevitable mirar al pasado: tal dilema –tomar o no en consideración las evidencias del trabajo a distancia con sus respectivos riesgos de inequidad– pudo haber sido evitado por la autoridad educativa quizá parando (o pausando) el curso del ciclo escolar o bien planteando otro tipo de actividades educativas desde casa. Las múltiples voces de especialistas que clamaban por lo anterior fueron ignoradas, ante el avance de una estrategia que, de acuerdo a las cifras oficiales, ha tenido un éxito rotundo y su cobertura es prácticamente universal. Aunque se trató de disfrazar la inequidad dándole sólo valor positivo en las calificaciones a las actividades a distancia, lo anterior resulta simétrico a haber sancionado a quienes no realizaron éstas. Con esta acción, el gobierno federal coronó las críticas que desde un principio se dirigieron a los posibles riesgos de inequidad y exclusión de la estrategia educativa durante la pandemia.

Fuente del artículo: http://proferogelio.blogspot.com/2020/05/calificar-durante-la-pandemia.html

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La chispa de Minneapolis

Por: Atilio A. Boron. 

 

Los afroamericanos están en una situación estructural de desventaja con los blancos: bajos ingresos, menor educación y mayor desempleo conformando un círculo vicioso heredado de la larga historia de la esclavitud y cuyas sombras se proyectan hasta el presente.

En 1944 Gunnar Myrdal, un sueco que había recibido el Premio Nobel de economía, escribió un libro titulado “El dilema norteamericano” para desentrañar las raíces del llamado “problema negro” en Estados Unidos. Su investigación demostró que los afroamericanos eran percibidos y tratados por los blancos -salvo un sector que no compartía esa creencia- como una “raza inferior” a la cual se le negaba el disfrute de los derechos supuestamente garantizados por la Constitución. Por eso los afroamericanos quedaban en situación estructural de desventaja con los blancos: bajos ingresos, menor educación y mayor desempleo construyeron la trama profunda de un círculo vicioso heredado de la larga historia de la esclavitud y cuyas sombras se proyectan hasta el presente. Myrdal concluyó su estudio diciendo que Estados Unidos tenía un problema, pero era de otro color: blanco. Una población denostada, agredida y discriminada, que incluso después de un siglo de abolida la esclavitud debía luchar contra la cultura del esclavismo que  sobrevivió largamente a la terminación de esa institución.

El Informe de la Oficina del Censo de EEUU del año 2019 confirma la validez de aquel lejano diagnóstico de Myrdal al demostrar que si el ingreso medio de los hogares estadounidenses era de $ 63.179 y  el de los hogares “blancos” $ 70.642 el de los afroamericanos se derrumbaba hasta los $ 41.361 y el de los “hispanos” caía pero estacionándose en $ 51.450. Los blancos son el 64 % del país, pero el 30 % de la población carcelaria; los negros suman el 33 % de los convictos siendo el 12 % de la población. El 72 % de los jóvenes blancos que terminan la secundaria ingresan ese mismo años a una institución terciaria, cosa que sólo hace el 44 % de los afrodescendientes. Las recurrentes revueltas de esa etnia oprimida atestiguan el fracaso de las tímidas medidas adoptadas para integrarla, como la tan discutida “acción afirmativa.” La pandemia del Covid-19 agravó la situación, poniendo de manifiesto la escandalosa discriminación existente: la tasa de mortalidad general por ese virus es de 322 por millón de habitantes y baja a 227 para los blancos, pero sube bruscamente entre los negros a 546 por millón. Y la depresión económica que la pandemia potenció exponencialmente tiene entre sus primeras víctimas a los afrodescendientes. Son ellos quienes figuran mayoritariamente entre los inscriptos para obtener el módico y temporario seguro de desempleo que ofrece el gobierno federal. Y además son el grupo étnico mayoritario que está en la primera línea del combate a la pandemia.

Esta explosiva combinación de circunstancias sólo necesitaba un chispazo para incendiar la pradera. El asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis filmado minuto a minuto y viralizado en instantes aportó ese ingrediente con los resultados ya conocidos. La criminal estupidez de un Trump desquiciado por más de cien mil muertos a causa de su negacionismo y por el abismo económico que se abrió a sus pies a cinco meses de la elección presidencial hicieron el resto. En un tuit amenazó a los manifestantes con “meter bala” si proseguían los disturbios, igual que los esclavócratas sureños del siglo diecinueve. Signos inequívocos de un fin de ciclo, con violencia desatada, saqueos y toques de queda desafiados en las principales ciudades. Cualquier pretensión de “volver a la normalidad” que produjo tanta barbarie es una melancólica ilusión.

Fuente del artículo: https://rebelion.org/la-chispa-de-minneapolis/

 

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Venezuela: El Derecho educativo en el contexto social

El Derecho educativo en el contexto social

Autor: Prof. Dioni Valladares

Miembro de FOVEDE

Con el transcurrir de la historia la humanidad ha venido evolucionando en diferentes aspectos y uno de ellos es el desarrollo en las relacionessocialesde allí que para poder convivir y mantener relaciones armoniosas,los seres humanos hayan tenido quevivir conflictos inevitables que han obligado a la organizaciónde la sociedad y esto a su vez  ha conllevado al diseñode instrumentos jurídicos y a la implementacion de normas normas cuyo cumplimiento deben ser obligatorios. Muchas ellas se realizan acorde a la culturay valores de los países en laque selegislan los diversos preceptos jurídicos; sin embargo existen leyes que establecen los derechos que son comunes a toda sociedad y las mismas están regidas por convenios internacionales por lo que deben ser cumplidas, a esto sele conoce como derechos humanos que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas  se definen como:

          Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. (ONU 2018)

La Organización de la Naciones Unidades debe velar  para que las más de doscientas naciones que conforman el mencionado organismo hagan valer el cumplimiento de estos derechos, por lo tanto creó un instrumento jurídico surgido al finalizar la segunda guerra mundial el mismo es conocido como Declaración Universal de los Derechos Humanos, en ella se estatuyen los derechos a lo que todo ser humano debería tener acceso, uno de esos derechos humanos es la educación que además es un derecho humano fundamental, lo que quiere decir que los países deberían legislar sobre materia educativa para así garantizar este derecho a sus ciudadanos.

La educación es  fundamental para el desarrollo de toda sociedad, de allí que debe tratársele con la seriedad que el tema amerita; entonces basado en ello se hace necesario que el hecho educativo posea carácter científico y que por tal necesite apoyarse en otras ciencias; sin duda uno de los saberes de apoyo fundamental en la educación es las ciencias jurídicas divididas en varias especializaciones,entre ellas está derecho educativo que, aunque no sea autónoma, sino que es parte del derecho administrativo y que de acuerdo a lo señalado por Canelas es de suma importancia:

Es el conjunto de normas, principios y conductas que regulan el fenómeno educativo, su organización, su entorno, sus actores y su inserción en la comunidad. Estudia esencialmente la norma educacional su integración en el sistema y su incumbencia desde el punto de vista propio del derecho. En definitiva, conoce de la regulación educativa en todos sus aspectos.

Es de primordial importancia el derecho educativo, pues éste nos dará las herramientas necesarias para crear toda la normativa con que se rija el sistema educativo; es tan importante que sería prácticamente imposible asegurar un derecho fundamental como la educación sin el derecho educativo, pues es con esta especialidad que se garantizará los análisis, estudios y compresion que nos conlleve a garantizar el cumplimiento del sagrado Derecho a la Educación tal como está estipulado en la Declaración de los Derechos Humanos.

En el contexto social actual se requiere de un trabajo arduo para que estos derechos no sean cercenados; el docente, por tanto. debe ser una persona con un criterio definido y ser una persona con una alta capacidad analítica y critica ya que el derecho educativo abarca diversidad de temas relacionado al hecho educacional, citando a García quien menciona lo siguiente:

          El Derecho Educativo comprende una temática jurídica amplia, que incluye al derecho fundamental de la educación y su correlato enseñar y aprender, los educandos, los docentes y sus interacciones, sus derechos, sus obligaciones, la organización educativa, la institución educativa, (sus autoridades, sus objetivos, estructuras, tecnologías, medios, su regulación normativa sus principios y valores). Toda esta enumeración adquiere un carácter enunciativo.

De acuerdo a lo anterior, es notorio que al hablar de derecho educativo, no nos estamos refiriendo sólo al hecho de garantizar la educación sino también a todo lo surgido de la garantía de tal derecho, ya que una vez garantizado el derecho a la educación el funcionamiento de la acción educativa también debe estar normado ya que estará funcionando porque personas lo hacen funcionar de allí que las personas que participen en el acto educativo también deben regirse por normativas para que la practica educativa sea armoniosa y de calidad, de allí que es ineludible la  existencia de  los instrumentos necesarios para garantizar deberes y derechos de estudiantes y docentes, así como las normas que rijan el funcionamientos de las distintas instituciones educativas en todos sus niveles sean estas públicas o privadas, siendo ésta, la única manera de lograr tener una educación que cumpla con los estándares de calidad que requiere la sociedad actual y que esta contribuya a formar mejores ciudadanos que aporten a un mejor desarrollo de la humanidad.

Para finalizar  es importante hacer mención a que las leyes siempre han jugado un papel de relevancia para que podamos convivir en sociedad, sin la existencia de las mismas resultaría cuesta arriba preservar el orden y la convivencia,para nadie  es un secreto que en la sociedad en la que vivimos casi todo está normado , un hecho resaltante es que toda nación o país posee  su marco jurídico que ordena las distintas materias y la educación no escapa de ella. Como docentes en los momentos actuales poseemos un magno compromiso ya que como protagonistas de la praxis educativa debemos estar preparados en distintos ámbitos y uno de ellos precisamente es el derecho. Es necesario que quien ejerza la carrera docente posea los conocimientos básicos en jurisprudencia educativa , pues el docente debe ser un actor activo para la defensa de lo relacionado a la educación y luchar en el caso que sea necesario para que por parte del estado se cumplan los derechos que se han obtenido en materia educativa.

El derecho educativo como se pudo estudiar es de vital importancia pues contempla jurídicamente lo relacionado a un derecho humano fundamental como es el Derecho a la Educación, que está establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948.Es por tanto menester que los gobiernos de las diferentes naciones deban poner especial interés en este tema ya que la educación ha de ser una función indeclinable para cada país pues es la educación el instrumento de mayor importancia que poseen la naciones para su pleno desarrollo por la única y sencilla razón que es la educación la que permite formar a todas las generaciones de una nación.

Fuentes de investigación

 

 

  • García Leiva, Luis Alberto. (s/f). El derecho educativo: sus relaciones con el desarrollo en la Sociedad del Conocimiento. Docente Universitario en Derecho Administrativo Universidad Nacional de La Plata Argentina. Revista Iberoamericana de Educación.  Disponible en rieoei.org/deloslectores/060garcialeiva.PDF. Extraído marzo 2017
  • https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html

Autor: Dioni Valladares

Fuente de la Información: OVE

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Libro: Movilidad Social desde las Clases Populares

Movilidad Social desde las Clases Populares

Pablo Dalle

CLACSO

El aporte de la investigación social para el logro de metas sociales a través de políticas y programas públicos y privados ha sido un fin permanente de la sociología argentina. El problema es como se hace. Aquellos utopistas que en el pasado creían que el conocimiento en sí mismo cambiaría el mundo han sido reemplazados por una generación más pragmática a la cual pertenece Pablo Dalle. Ellos creen que el conocimiento científico puede contribuir a la mayor equidad si es entroncado en un proyecto de desarrollo económicotecnológico que potencie las probabilidades de apertura de oportunidades educacionales y ocupacionales a miembros de la clase trabajadora. Vale la pena leer y meditar este libro. (Rut Sautu / Prólogo)

 

Descarga el libro completo aquí: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160414114802/dalle.pdf

 

 

Fuente de la Información: CLACSO

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España: Los ricos, los impuestos y el amor a la patria

Los ricos, los impuestos y el amor a la patria

Por Juan Torres López

Hace unos días el secretario general de Podemos y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, propuso que en España se estableciera una tasa o impuesto extraordinario para la reconstrucción del país que recayese sobre las personas con grandes patrimonios: del 2% a partir del millón de euros; el 2,5% a partir de 10 millones; el 3% a partir del 50 millones de euros y el 3,5% a partir de 100 millones.

Es una propuesta muy parecida a la que se viene haciendo en muchos países no sólo por partidos o economistas de izquierdas sino, desde hace años, por muchas de las personas propietarias de grandes patrimonios. En Estados Unidos, muchos financieros y grandes capitalistas han reclamado en diversas ocasiones que se establezcan ese tipo de impuestos sobre sus fortunas porque, como dijo una vez el inversor Warren Buffet, él pagaba un 17,7% de sus ingresos entre el impuesto sobre la renta y cotizaciones sociales, frente a una media del 32,9% del personal de su empresa: «No hay nadie en la oficina, desde la recepcionista para arriba, que pague un tipo fiscal más bajo, y yo no tengo ningún planeamiento fiscal, no tengo contables ni recurro a refugios fiscales, me limitó a cumplir lo que el Congreso de los Estados Unidos me dice que haga».

Eso mismo ocurrió en Alemania en 2011, cuando un grupo de millonarios hizo un llamamiento a través del semanario político Die Zeit exigiendo que se aumentara la tributación de las grandes fortunas del país, para contribuir a incrementar los ingresos del Estado en tiempos de crisis financiera.

También en Francia, dieciséis de las mayores fortunas de aquel país pidieron en ese mismo año al Gobierno que les impusiera un impuesto especial para contribuir a salir de la crisis. En su manifiesto decían: «Nosotros, presidentes o dirigentes de empresas, empresarios, financieros, profesionales o ciudadanos ricos, deseamos la instauración de una ‘contribución excepcional’ que afectaría a los contribuyentes franceses más favorecidos».

La mayoría de los grandes propietarios no piensa de este modo, esa es la verdad.

Ahora que estamos viviendo las consecuencias económicas tan dramáticas de una emergencia sanitaria nos percatamos mejor que nunca de las opciones morales de cada uno.

Mientras que hay millones de pequeños y medianos empresarios que luchan sin descanso y sin apenas recursos para salvar sus empresas, cuando millones de personas se quedan sin ingresos y tienen que recurrir a comedores sociales para poder alimentarse, cuando los gobiernos (es decir, toda la sociedad) tiene que endeudarse hasta las cejas para evitar que cierren empresas, ¡qué difícil es encontrar muestras de solidaridad entre las personas con mayores fortunas!

Es verdad que muchas de ellas, algunos grandes empresarios, incluso están renunciando a sus retribuciones, un gesto simbólico sin duda valioso, o que realizan contribuciones silenciosas y de gran generosidad a otras personas que las necesitan. Pero siendo todas esas muestras dignas de elogio por la actitud personal que llevan consigo, no pueden ser por sí solas lo que permite que una sociedad sea justa y progrese proporcionando a todos sus miembros capacidades efectivas para ser libres y auténticas personas. Es más, pueden llegar a generar situaciones más propias de otros tiempos, como ocurre cuando el rey Felipe de Borbón, en lugar de reclamar Justicia distributiva, cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales y lucha contra la corrupción, se dedica a pedir a la nobleza que compre leche y aceite para ayudar a la Cruz Roja.

La caridad es una virtud que debemos cultivar para sentirnos realmente humanos y no salvajes y debería ser digno de aplauso y reconocimiento social que se lleven a cabo. Yo aplaudo cuando grandes empresarios como Amancio Ortega o Juan Roig la practican y hacen donaciones millonarias y creo que eso mismo deberíamos hacer todos los españoles. Pero me parece igualmente evidente que la caridad, la generosidad particular, es sólo una de las ruedas con las que puede andar el carro de una sociedad moderna. Porque con ella sería insuficiente para sufragar todo lo que la sociedad en su conjunto necesita para que los seres humanos vivamos con dignidad y libertad; porque, desgraciadamente, no todas las personas tienen la misma disposición y porque lo que debe presidir el criterio de satisfacción de las necesidades colectivas ha de ser la justicia y ésta no puede quedar, por definición, al albur de nuestro particular deseo de contribuir o no a las cargas comunes.

Lo que necesitamos no son solo prácticas caritativas que vienen tan caprichosamente como se pueden ir. De nada sirve una nobleza o personas de grandes fortunas con gran generosidad que proporcionen pan y aceite a los pobres si luego esconden su patrimonio (como la propia familia del Rey) en paraísos fiscales. Lo que necesitamos es justicia fiscal.

Y es de llamadas a la justicia de lo que estamos escasos entre las clases más afortunadas de nuestra sociedad.

En lugar de reclamar una imposición para sí semejante a la que recae sobre el resto de la sociedad con menos ingreso y patrimonio, los más ricos de entre los ricos sólo buscan evadir cada vez con mayor sofisticación sus obligaciones fiscales.

Ha sido precisamente su mayor influencia política lo que ha hecho que los impuestos extraordinarios que solicitan incluso las personas ricas más generosas en momentos de crisis no sólo no hayan avanzado, sino que incluso poco a poco estén desapareciendo los que recaían sobre el patrimonio en muchos países. En Francia, por ejemplo, existía desde los años ochenta del siglo pasado un impuesto sobre las fortunas superiores a 1,3 millones de euros que el presidente Macron eliminó en 2028 para sustituirlo por otro sobre la riqueza inmobiliaria que también suspendió poco después. Y algo así ha parecido en otro muchos países.

Ese paso atrás consistente en reducir la imposición sobre las grandes fortunas justamente cuando mayores son los patrimonios y cuando más se abre la brecha entre la riqueza de los más afortunados y la de la gente normal y corriente es una de las razones que explica que en los últimos años la desigualdad crezca sin parar en nuestras sociedades, con el daño que es sabido que eso produce en todos los ámbito de la vida social y económica.

En estos momentos de una crisis económica tan grave provocada por la pandemia comprobamos mejor que nunca la doble vara de medir de los egoístas y la doble moral de quienes están a su servicio o viven de los pequeños derrames que dejan caer a su alrededor.

En los barrios ricos de todas las ciudades del mundo no sólo proliferan las protestas para evitar los inconvenientes que supone el incómodo confinamiento sino para mostrar el rechazo hacia las medidas sociales, en todos los casos más bien modestas en comparación con las que reciben siempre los más adinerados, que reciben los pobres. Basta ver las críticas que ha concitado en España la aprobación de un ingreso mínimo de baja cantidad y que ya existe prácticamente en todos los países de la Unión Europea.

Al mismo tiempo que se enarbolan banderas nacionales y se gritan consignas de amor a la patria se critica cualquier tipo de medida orientada a que todos los españoles contribuyamos en la misma proporción a sostener las cargas que la patria necesita para garantizar una vida digna a todos nuestros compatriotas.

No hace falta ser un genio de la sociología para saber la estrecha correlación que hay entre las familias que más se oponen a las medidas sociales de este gobierno manifestándose en estas últimas semanas en las calles y las que tienen cuentas en Suiza u otros paraísos fiscales, entre las que más banderas levantan y más besos le dan y las que más critican cualquier avance en justicia fiscal o eluden en mayor medida sus obligaciones con la hacienda pública.

Es muy curioso lo que está ocurriendo en estos últimos meses. Los más ricos de todo el mundo, los que pagan a los periodistas que difunden las maldades de los impuestos y a los políticos que los eliminan, se han dedicado a comprar los llamados «pasaportes pandémicos», es decir, la nacionalidad en diversos países para así poder desplazarse de un país a otro, según les convenga en cada caso, para eludir los confinamientos. Ahora lo hacen por esa razón, pero continuamente emigran de país en país huyendo del pago de impuestos, una emigración de la que se habla poco y que nada molesta, a pesar de que los costes que ocasiona a los países de donde salen y a donde van son mucho mayores de la emigración de quienes huyen de la pobreza.

No quiero decir con todo esto que la propuesta de impuesto que se se ha hecho en España por Podemos sea la solución de todos nuestros problemas. De hecho, no creo que por sí sola lo sea y me parece que se ha realizado de un modo bastante inadecuado. Si era una propuesta de Podemos no debería hacerla anunciado el vicepresidente del gobierno y si era del gobierno, debería haberlo hecho la ministra del ramo. Esa confusión no es buena y confunde a la gente. Además, las reformas fiscales no deben centrarse en figuras impositivas concretas que puede parecer que están dirigidas «contra» alguien sino como cambios de conjunto, sistemáticos, integrales y en beneficio de todos. Para no caer en el vacío, deben presentarse con gran solvencia técnica, venir acompañadas de medidas destinadas a evitar la elusión y el fraude y, sobre todo, precedidas de una potente pedagogía que explique bien los propósitos y las consecuencias de lo que se propone. De otro modo, las buenas intenciones fiscales se quedan en ruido que no resuelve nada y que lo empaña todo.

El debate sobre la nueva ley contra el fraude fiscal que ha anunciado la ministra de Hacienda sería una buena ocasión para plantear las cosas de otro modo, abriendo ante la sociedad española el debate sobre la justicia fiscal que necesitamos y como un reto fundamental: que quienes tanto dicen amar a la patria conviertan esa declaración de amor en una práctica efectiva que permita hacerla más grande y capaz de proporcionar libertad y bienestar a todos nuestros compatriotas.

Juan Torres López es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Dedicado al análisis y divulgación de la realidad económica, en los últimos años ha publicado alrededor de un millar de artículos de opinión y numerosos libros que se han convertido en éxitos editoriales. Los dos últimos, ‘Economía para no dejarse engañar por los economistas’ y ‘La Renta Básica. ¿Qué es, cuántos tipos hay, cómo se financia y qué efectos tiene?’

Fuente: https://blogs.publico.es/juantorres/2020/06/03/lo-ricos-los-impuestos-y-el-amor-a-la-patria/

Fuente de la Información: https://rebelion.org/los-ricos-los-impuestos-y-el-amor-a-la-patria/

 

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