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España: Colillas, cinco minutos entre los dedos, 12 años en la naturaleza

Colillas, cinco minutos entre los dedos, 12 años en la naturaleza

Unos 4,5 billones de colillas se abandonan cada año en entornos naturales de todo el mundo y una sola de ellas puede llegar a contaminar hasta diez litros de agua, e incluso 50 litros si se trata de agua dulce.

 Ecología social

Fuentes: Público

Las colillas constituyen el principal elemento presente en la ‘basuraleza’ abandonada en las playas y son el segundo residuo más abundante en ríos y embalses, donde una sola de ellas puede contaminar hasta diez litros de agua y su efecto durar entre 7 y 12 años.

Al incómodo impacto estético que representan, se une el enorme coste económico de su recogida y gestión y el grave daño ambiental producido por hasta 400 sustancias tóxicas presentes en ellas.

«Unos 4,5 billones de colillas se abandonan cada año en entornos naturales de todo el mundo y una sola de ellas puede llegar a contaminar hasta diez litros de agua, e incluso 50 litros si se trata de agua dulce», explica Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto Libera en SEO/BirdLife.

4,5 billones de colillas se abandonan cada año en entornos naturales de todo el mundo

Esta iniciativa nació en el año 2017, impulsada por la ONG conservacionista y por Ecoembes con objeto de frenar las consecuencias de la basura abandonada o ‘littering’ en los espacios naturales y concienciar y movilizar a la ciudadanía a través del conocimiento, la prevención y la participación.

Pero, pese a que la sociedad es consciente de los riesgos que el tabaco representa para la salud humana, existe un gran desconocimiento sobre lo nocivo que puede resultar también para el medio ambiente.

Las colillas representan el 13% del total de residuos

Según detalló en un informe hecho público en 2017 la ONG Ocean Conservancy, las colillas representan el 13% del total de residuos recogidos durante su campaña mundial.

«Las colillas están hechas de acetato de celulosa (un componente derivado del petróleo) y, por tanto, son un material plástico no biodegradable», explica Miguel Muñoz.

Además, estos residuos contienen nicotina, un elemento que se suele emplear como insecticida por su capacidad de «acabar con la vida», subraya. Se estima que el efecto contaminante dura entre 7 y 12 años y algunos autores afirman que puede llegar hasta los 25.

La superficie terrestre puede llegar a quedar estéril como consecuencia del abandono de colillas

«Una sola colilla tiene hasta 400 sustancias tóxicas, entre ellas metales pesados, como el cadmio y arsénico, las que más preocupan por sus efectos letales para la flora y fauna de los ecosistemas», advierte Miguel Muñoz.

Según el informe ‘Colillas en espacios naturales 2018’ elaborado en el marco del proyecto, cuando los componentes nocivos de estos productos se liberan al medio, los animales que desempeñan funciones importantes para el suelo, como las lombrices, se pueden envenenar y alterar la estructura del mismo tras su desaparición.

Por tanto, la superficie terrestre puede llegar a quedar estéril como consecuencia del abandono de colillas.

Primera metodología para clasificar el littering terrestre

El informe advierte también de que el littering de este residuo puede provocar intoxicación por cadmio mediante un proceso de bioacumulación en especies marinas que forman parte del menú alimenticio del ser humano.

La asociación Paisaje Limpio colabora con el Proyecto Libera con el desarrollo de una herramienta de ciencia ciudadana para su identificación, eLitter, que, en forma de aplicación para móviles, permite caracterizar residuos abandonados en entornos naturales y determinar cuáles son los más abundantes.

Se trata de la primera metodología para clasificar el littering terrestre, ya que hasta ahora solo existían herramientas para catalogar la basura marina.

Lo mejor para las colillas sería que nadie las tirara al suelo ni en espacios naturales o urbanos, ya que al final no dejan de ser un residuo

Los datos que recoge la aplicación se envían al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a cuyos expertos proporciona información sobre las fuentes de origen de los residuos para impulsar medidas correctivas.

«Ojalá en un futuro podemos tener colillas biodegradables, aunque por ahora lo mejor sería que nadie las tirara al suelo ni en espacios naturales o urbanos, ya que al final no dejan de ser un residuo», lamenta María Cabrera, responsable de Comunicación de Paisaje Limpio.

Por eso, en su opinión, «prevenir es la mejor solución al problema».

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/impacto-medioambiental-colillas-cinco-minutos-dedos-12-anos-naturaleza.html

Fuente de la Información: https://rebelion.org/colillas-cinco-minutos-entre-los-dedos-12-anos-en-la-naturaleza/

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España: Falta de educación

Falta de educación

No me sorprende que no se frenen los contagios. Principalmente se debe a falta de empatía, pero también de educación: No se toca uno nariz o boca y luego toca “zonas comunes”, no se habla a gritos ni encima de la otra persona, no se humedecen con saliva los dedos para pasar o coger hojas de un grupo de hojas que no son exclusivas para ti, no se aparca en vados o rebajes de las aceras. Las aceras no son plazas de aparcamiento para motos, en especial en la salida o entrada de un rebaje o en el medio de una acera estrecha… Como no tenemos costumbre de mirar por el bien común, ¿cómo nos asombramos de que se transmita una enfermedad cuyo contagio no depende de que se sigan reglas de higiene y cortesía básicas?

Aurora Díaz Madroñal. Las Rozas de Madrid

Fuente de la Información: https://elpais.com/opinion/2020-07-26/falta-de-educacion.html

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España: La infancia y la adolescencia, una prioridad tras la pandemia

La infancia y la adolescencia, una prioridad tras la pandemia

Hay que establecer las bases sólidas de una sociedad resiliente, preparada para nuevas crisis

Mercedes del Pozo

Todas las previsiones indican que los efectos económicos y sociales de la crisis emanada de la pandemia por la Covid-19 van a ser de una magnitud enorme. Por ello, y porque la pandemia ha demostrado que todos los países son vulnerables a este tipo de emergencias, es imprescindible que las medidas que se desplieguen para la reconstrucción pongan el foco en establecer las bases sólidas de una sociedad resiliente, que esté preparada para sobreponerse a nuevas crisis en el futuro.

En este contexto global complejo, cambiante y lleno de desafíos, pero también de oportunidades, la protección de los derechos y el bienestar de la infancia y la adolescencia de Balears ha de ocupar un lugar central en las políticas públicas y los planes de reconstrucción, bajo la consigna de Naciones Unidas de «no dejar a nadie atrás».

Las principales consecuencias de la pasada crisis de 2008 no solo siguen presentes, sino que podrían hacerse crónicas si no se hace algo al respecto. Para más del 19,1% de los niños, niñas y adolescentes de Balears, la vulnerabilidad se está haciendo estructural y está produciendo una fractura en el contrato social que afecta a todas las personas. Los niños, niñas y adolescentes importan y su valor social va mucho más allá del ámbito doméstico; es un asunto de las familias, pero también de todos, y debemos hacer una apuesta política y social por ellos, porque es posible y es necesaria.

El pasado 19 de mayo, el Parlament balear aprobó una declaración institucional en relación con la infancia y adolescencia y la pandemia de la Covid-19, instando al Govern a proteger y garantizar sus derechos.

Desde Unicef Balears valoramos mucho esa declaración y queremos ir más allá, destacando cinco cuestiones prioritarias que consideramos que deberían formar parte de ese compromiso y consenso que todas las fuerzas políticas habrían de asumir en el proceso de reconstrucción económica y social tras la crisis provocada por la Covid-19: pobreza infantil, educación, participación, sistema de protección y la violencia contra la infancia.

La pobreza infantil es un problema creciente en este momento y que ya estaba presente antes de la actual crisis sanitaria y económica. Conocemos además que las familias numerosas y las familias monoparentales son los grupos más expuestos al riesgo de exclusión. Aunque no se conocen con precisión los datos actuales, es fácil deducir que la crisis sanitaria ha empeorado la situación debido a la precariedad previa o a la pérdida de empleo, y más aún en nuestra comunidad, donde los ERTE son muy numerosos.

La pobreza infantil no es solo carencia económica, sino un fenómeno multidimensional evitable que excluye a las personas de muchas maneras, generando desigualdad y discriminación social, educativa y económica. Y en la infancia, su efecto, duración y profundidad es mucho más grave que en un adulto.

Es necesario adoptar políticas de empleabilidad con perspectiva de infancia; de acceso y mantenimiento a una vivienda digna, poniendo el foco en los hogares con niños y niñas; asegurar el alcance y el acceso a la renta mínima de inserción y estudiar su armonización con el ingreso mínimo vital como instrumento principal para reducir la pobreza infantil; garantizar que los niños y niñas puedan tener acceso a recursos de ocio educativo, así como otro tipo de servicios que puedan garantizar sus necesidades emocionales y sociales. Y finalmente es necesario continuar asegurando las becas de comedor escolar como herramienta que asegura una alimentación equilibrada. Con respecto a la educación, y al igual que ocurre con la pobreza, ya existía brecha educativa y desigualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo antes de la crisis. En el curso 2018-2019, solo uno de cada tres niños o niñas de 0 a 3 años accedió a la Educación Infantil.

La emergencia sanitaria y el consiguiente cierre de centros educativos han tenido un gran impacto en todos los niños y niñas por la interrupción del proceso educativo y socializador, y han aumentado la inequidad de los que ya antes eran más vulnerables y de los que están siéndolo ahora. La brecha digital no es solo material, tecnológica y económica, sino también de capacidades parentales y dinámicas de aprendizaje, de conciliación y de acompañamiento familiar, que ha conducido a una mayor desigualdad de oportunidades y al riesgo de abandono escolar temprano.

En este sentido, consideramos prioritario destacar la educación como herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades, como mecanismo de equidad y entorno de protección contra la vulnerabilidad. Considerar la escuela como espacio de juego, relación y de intercambio cultural y social.

Para ello es necesario garantizar el funcionamiento seguro en la reapertura de las escuelas, asegurar la continuidad del aprendizaje mediante el seguimiento tutorial con los estudiantes y sus familias; y adoptar medidas que aseguren la inclusión de las personas y colectivos más vulnerables desde una perspectiva de equidad (niños y niñas en riesgo de exclusión, víctimas de violencia, abuso y maltrato, niños y niñas en situación de tutela por la administración, con discapacidad o migrantes no acompañados o refugiados entre otros).

Para esa inclusión sería muy conveniente: diseñar planes de refuerzo educativo ambiciosos y eficaces; asegurar el acceso a becas o ayudas al estudio; incrementar las plazas para asegurar un acceso universal y progresivo a la educación infantil de 0 a 3 años, priorizando a niños y niñas en situación de pobreza o exclusión; y, finalmente, introducir la perspectiva de protección de la infancia en la escuela, reforzando la figura del coordinador de protección y bienestar en los centros educativos.

El derecho a la participación es esencial para la construcción de una sociedad inclusiva y para hacer frente a la desigualdad. En el caso de la infancia, también lo es, ya que constituye un derecho inalienable que no puede relegarse en situaciones de crisis. Además, La ley 9/2019, de la atención y los derechos de la infancia y adolescencia de Balears contribuye a su promoción en su artículo 22. Incluir la participación de niños, niñas y adolescentes en el diseño de las políticas públicas para la salida de la crisis es necesario, así como potenciar su voz en la escuela como protagonistas que son de la comunidad educativa.

La situación de partida de los niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección infantil ya es vulnerable y, por ello, es muy necesaria su mayor protección; entre ellos cabe mencionar el caso de los niños migrantes no acompañados.

Como señala la Convención sobre los Derechos del Niño, las administraciones públicas tienen una responsabilidad reforzada respecto a estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su tutela. Para ello sería necesario garantizar los recursos para aumentar el acogimiento familiar; fortalecer las capacidades del sistema para hacer frente a necesidades específicas como la de niños y niñas con problemas de salud mental, niños con discapacidad o víctimas de trata (más aún después de los problemas ocurridos en Mallorca), o asegurar recursos para la emancipación de todos ellos.

Por último, no queremos dejar de hablar de un tema que debería de ser una prioridad tanto social como política: la erradicación de la violencia contra la infancia, destacando nuevos contextos que generan preocupación: las violencias basadas en desigualdad de género, el acoso y el ciberacoso, los delitos de odio, etc. Consideramos imprescindible que se pongan todos los recursos necesarios en la prevención, en la detección y en la protección de la infancia que sufre violencia física, psicológica y sexual.

En el camino hacia la reconstrucción que ahora estamos comenzando, si no se actúa a tiempo, si no se toman medidas urgentes, si no se crea una mesa específica para tratar los problemas de la infancia, esta crisis de la salud amenaza con convertirse en una crisis de los derechos de la infancia.

Fuente de la Información: https://www.diariodemallorca.es/opinion/2020/07/26/infancia-adolescencia-prioridad-pandemia/1526035.html

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España: Educación sí destinará fondos a la concertada y negocia ya sus necesidades

Europa/España/26-07-2020/Autores: S. D. Tejedor y O. Esteban/Fuente: www.elcomercio.es

«Nos han planteado una propuesta que estamos estudiando», dijo la consejera durante la comisión de estudio de la gestión de la COVID-19.

«Para este gobierno la enseñanza pública es la prioridad, pero eso no significa que se vaya a dejar apartada a la enseñanza concertada y no lo estamos haciendo. Nos han planteado una propuesta que estamos estudiando». El anuncio lo hizo ayer la consejera de Educación, Carmen Suárez, en el transcurso de la comisión de estudio de la gestión de la crisis sanitaria COVID-19.

La afirmación causó sorpresa entre los representantes de los grupos parlamentarios asistentes. El diputado del grupo parlamentario de Vox Ignacio Blanco le había recriminado el abandono a la escuela privada y la discriminación respecto a la pública. «¿Piensan dar alguna ayuda a la concertada?», le dijo; Suárez fue rotunda: «Sí». Luego, añadió: «Estamos en disposición de negociar y lo estamos haciendo. Todo va por buen camino».

Cuando el Gobierno del Principado, por boca de sus consejeros de Administración autonómica y de Educación, e incluso del presidente, aseguró hace unas semanas que la totalidad de los fondos extraordinarios que recibiría para destinarlos a la enseñanza serían para la red pública se abrió una vez más la vieja batalla con la concertada. Esta última no tardó en movilizarse, unirse en una plataforma y amenazar con protestas en la calle y con llegar a los tribunales. Pero, en silencio, sin citas marcadas en la agenda oficial, la situación ha cambiado en estos últimos días. Y así lo admitió ayer la consejera Carmen Suárez, quien no solo aseguró que sí irá para los centros concertados una parte de los 30 millones que Asturias recibirá en septiembre, sino que ya ha comenzado la negociación.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/asturias/asturias-educacion-destinara-fondos-concertada-negociara-necesidades-20200725000802-ntvo.html

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El 77% de las empresas ven desajustes entre mercado laboral y sistema educativo español

Un informe del IESE recoge que el 83% de las compañías tienen dificultades para cubrir puestos. Además detectan carencias en formación y actitud.

Un informe del IESE recoge que el 83% de las compañías tienen dificultades para cubrir puestos. Además detectan carencias en formación y actitud

Los datos del estudio «Las competencias profesionales del futuro: un diagnóstico y un plan de acción para promover el empleo juvenil después de la Covid-19» recogen la visión de las empresas en relación con las competencias profesionales de los jóvenes y sus necesidades futuras.

«Hay una falta de adecuación entre las empresas que quieren contratar a gente joven y la preparación por parte del sistema educativo», ha señalado Jordi Canal, profesor del IESE durante su intervención en la presentación del informe. Esto cobra importancia a la luz de la tasa de desempleo entre la población joven.

Evolución de la tasa de paro juvenil en España

Evolución de la tasa de paro juvenil en España IESE

La brecha de competencias

La encuesta determina que el 83% de las compañías tienen dificultades para cubrir los puestos de trabajo. Las causas apuntan a una serie de carencias tanto de capacidades profesionales como de formación tecnológica.

«Las empresas están cambiando su manera de trabajar. Apuestan por proyectos multidisciplinares», explica María Luisa Blázquez, investigadora del International Center for Competitiveness de IESE.

El proceso de digitalización, que se ha visto potenciado por la crisis del coronavirus, ha supuesto un cambio en los perfiles que demandan las empresas. Según los datos del informe, en esta evolución influyen la revolución digital, necesidades de los clientes, internacionalización y la automatización.

Se trata de un cambio que proseguirá durante los próximos años, ya que la mitad más de la mitad de las compañías encuestadas aseguran que mantendrán sus labores de automatización de procesos. En este sentido, las empresas ven necesarios procesos de reciclaje para sus plantillas.

Esto amplía la brecha de competencias que las empresas vienen observando. El principal conocimiento que las empresas demandan es de tipo tecnológico.

Sin embargo, también detectan carencias en algunas capacidades, como la comunicación, el emprendimiento o el liderazgo. Además, las empresas aseguran no encontrar perfiles con un nivel adecuado de resiliencia, iniciativa y visión de conjunto.

Los centros educativos

Las empresas consideran que son los centros educativos uno de los principales actores que deben implicarse en la resolución de este distanciamiento. Blázquez valora, a la luz de los resultados del informe, que son necesarios más perfiles de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Así mismo, las encuestas reflejan un menor índice de penetración del mercado laboral de la Formación profesional.

En un entorno que seguirá dando pasos en la digitalización, el consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, valora que surgirán nuevos puestos de trabajo derivados de la automatización, para los cuales será necesaria «un mayor grado de especialización«.

Tasa de paro según el nivel de estudios

Tasa de paro según el nivel de estudios IESE

«Preocupa la falta que hay en el porcentaje de estudios de FP. Encontramos buena base en la universitaria, pero menor en la de los especialistas», ha señalado Martínez.

Soluciones propuestas

De no corregirse esta brecha, las empresas calculan que de cara a 2023 esta se agrandaría todavía más. A pesar de lo cual, el consejero delegado de Cellnex ha querido subrayar que «lo primero es reconocer que la gente joven sale bien preparada».

Los resultados del informe apuntan a una estrecha colaboración entre los centros educativos y las empresas, así como una mayor implicación por parte de las Administraciones públicas. Blázque ha señalado que se trata de una «responsabilidad compartida en la que se debe buscar un diálogo constructivo».

En este sentido, Martínez apuesta por «avanzar en el desarrollo de perfiles profesionales. Las empresas están haciendo cosas, pero la Administración pública va bastantes etapas por detrás».

Fuente: https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20200722/empresas-ven-desajustes-mercado-laboral-sistema-educativo/507199690_0.html

 

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España: Las Cortes instan al Gobierno a retirar la ‘Ley Celaá’ y convocar una mesa por el pacto educativo

PP y Cs votaron a favor de una PNL que reivindica «la libertad de elección de los padres», mientras PSOE y Podemos recuerdan que la propuesta del Gobierno surge para derogar la Ley Wert «que fue rechazada masivamente por la sociedad»

Las Cortes de Castilla y León instaron este miércoles al Gobierno de España a retirar el proyecto de modificación de la Ley de Educación, conocido como ‘Ley Celaá‘, para convocar una nueva mesa por el pacto educativo que elabore un proyecto de Ley que parta «de la libertad de elección de los padres» y que trabaje «por un acuerdo nacional donde tenga cabida toda la comunicad educativa y los grupos políticos».

La procuradora en Cortes del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Marta Sanz, defendió que «es necesario un acuerdo de mínimos sobre las necesidades del sistema educativo» que no cumple, en su opinión, la Ley Celaá, «una reforma insensata, sectaria y excluyente, que nace muerta y que será derogada en cuanto cambie el color político del Gobierno, como ha sucedido durante los últimos 40 años de fracaso» en materia educativa.

En la misma línea se posicionó el Grupo Parlamentario Popular, cuya procuradora por Salamanca, Carmen Sánchez Bellota, defendió «la garantía de la libertad de las familias para elegir la educación y el centro que quieran para sus hijos» frente a «los anuncios alarmantes del Gobierno de limitar la educación concertada y especial», que en Castilla y León suponen «más del 30 por ciento de alumnado» en el caso de la educación concertada «y más 1.300 alumnos en centros de educación especial» a los que, recordó, «las Administraciones Públicas deben respetar y proteger, no alarmar».

La propuesta de Ciudadanos contó con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, cuyo procurador por Palencia, Jesús Guerrero, defendió que el proyecto de reforma de la Ley de Educación en trámite «responde a un mandato parlamentario, por mayoría absoluta, de acabar con la LOMCE». Una Ley, esta última, que calificó como «de partido e ideológica» y que fue «rechazada masivamente por toda la comunidad educativa y por la sociedad».

En cambio, defendió Guerrero la nueva propuesta legislativa del Gobierno por «buscar meter a España en el siglo XXI» al restablecer «el equilibrio con la enseñanza pública», frente a la PNL de Cs que el procurador socialista criticó por «difundir bulos que crean inquietud a las familias» porque, señaló, «no se va a cerrar ningún centro de educación especial».

En similares términos fijó su posición la procuradora de Podemos en las Cortes, Laura Domínguez, quien inquirió a Cs si «su problema es con la ideología o con que están más cómodos con la Ley Wert, que dio el peor hachazo a la educación pública de nuestra democracia y que tuvo cero consenso educativo», e instó a la formación naranja a «llevar esto al nivel competencial que corresponde, el Congreso de los Diputados».

Apoyó la proposición de Ciudadanos el procurador de Vox en las Cortes, Jesús María García-Conde, por señalar la PNL «la falta de consenso, la amenaza a los centros de educación especial y la vulneración de la libertad de elección de los padres» que, según sus palabras, contiene la Ley Celaá, «un proyecto de Ley que da la espalda a la libertad y tiene una gran carga ideológica», si bien reclamó a Ciudadanos «coherencia en su posicionamiento» puesto que «nunca han apoyado nuestras propuestas de control de los padres sobre los servicios educativos».

Fuente: https://www.leonoticias.com/castillayleon/cortes-instan-gobierno-20200722124121-nt.html

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Los resultados de lectura del informe PISA en España fueron anómalos por disposición negativa de los alumnos, según OCDE

Europa/España/.elmundo.es

Siete meses después de congelar los datos por las «anomalías» en Lectura, apunta a la «falta de compromiso» de estudiantes de Madrid, País Vasco, Navarra, La Rioja y Cantabria. España cae 19 puntos y registra la cifra más baja en 14 años

Alumnos del instituto Ames en Bertamiráns (A Coruña).
Alumnos del instituto Ames en Bertamiráns (A Coruña).

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no publicó el año pasado los resultados españoles de Lectura del Informe PISA porque encontró «anomalías» en las respuestas de los estudiantes. Aquello generó un escándalo que lesionó la fiabilidad de la estadística más exhaustiva sobre el rendimiento académico de los alumnos de 15 años en 79 países. Siete meses después, el organismo internacional ha terminado su análisis para ver qué falló exactamente en el caso español. En un informe publicado este jueves, indica que los alumnos de cinco autonomías (MadridPaís VascoNavarra, La Rioja y Cantabria) «se mostraron negativamente dispuestos hacia la prueba PISA y no hicieron todo lo posible para demostrar su competencia» porque la evaluación les coincidió con los exámenes finales de 4º de la ESO y acabaron hartos y saturados.

«Se puede establecer una asociación clara entre la fecha del examen y la proporción de estudiantes con anomalías», señala el análisis de la OCDE, realizado con los datos del Ministerio de Educación, que asegura que conforme más coincide la realización de PISA con otras evaluaciones más aumentan los errores, una tendencia que también se repite conforme avanzan las semanas, lo que apunta a un posible cansancio de los estudiantes.

En 2018 varias comunidades autónomas eliminaron las recuperaciones de septiembre y adelantaron ese examen a junio. Eso obligó a modificar todo el calendario escolar y a anticipar los finales en la tercera y la cuarta semanas de mayo, cuando antes se hacían en junio. Coincidiendo con PISA. El calendario fue caótico. Había alumnos de 4º de la ESO que tenían el examen final de Física a las 10.00 horas y el de PISA a las 12.00 horas.

El informe de la OCDE concluye que en aquellas regiones donde se hicieron otros exámenes esos días aumentó un 16% el porcentaje de respuestas «inverosímiles». Los alumnos usaron «patrones» irreflexivos, diciendo a todo que sí o a todo que no. En muchos casos, contestaron «de manera apresurada, empleando menos de 25 segundos en total para responder más de 20 preguntas» cuando los que lo hicieron bien dedicaron hasta dos minutos. Además, en la encuesta interna que realizaron los examinados hubo muchos que «admitieron haber gastado muy poco esfuerzo en la prueba PISA»: en una escala de esfuerzo del 1 al 10, se situaron en el 1, el 2 o el 3. Ese alumnado tuvo 14 puntos menos que el resto en Lectura.

La OCDE ha incorporado los datos de Lectura al informe global pero con todas las cautelas y anotaciones al margen. El Ministerio de Educación también ha decidido difundir los resultados en su web y facilitárselos a las CCAA. ¿Por qué se publican? «Es una buena pregunta», responde un portavoz oficial de la OCDE, que insiste que los datos «no son válidos en términos de ser comparables con resultados de años anteriores o con los obtenidos en otros países». «Es la elección del Ministerio español publicar los resultados», señala.

Según detalla la responsable de Análisis de Datos de la PISA, Miyako Ikeda, «si bien esta disposición negativa de los estudiantes tuvo un impacto negativo en el rendimiento en PISA, el impacto general en el rendimiento medio del país no superó un puñado de puntos. «Sin embargo, el impacto es mayor en los resultados de las cinco regiones con los primeros exámenes de alto riesgo. Por lo tanto, los resultados se deben interpretar cuidadosamente. La comparabilidad de los datos de PISA 2018 para España con los de evaluaciones PISA anteriores no puede garantizarse por completo».

Otras fuentes educativas consideran que el Gobierno ha decidido difundir los datos de cara a una posible justificación de su reforma educativa, que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso. PISA pone a prueba la Lomce del PP, que se aprobó en 2013 y que en 2018 se encontraba vigente, aunque con las reválidas paralizadas.

LAS POLÉMICAS PREGUNTAS

La parte de la prueba de Lectura contaminada era nueva e instaba a los alumnos a decir si consideraban lógicas o no frases como «Los aviones son construidos con perros» o «El coche rojo tiene la rueda desinflada». Eran preguntas muy sencillas, que estaban más bien destinadas a alumnos de niveles muy básicos de los países en vías de desarrollo.

Estos datos que ahora se publican dan a España 477 puntos en Lectura, una decena de puntos por debajo de la media de la OCDE y de la UE y el peor resultado en los últimos 14 años. Estamos en el puesto 32 de 79 países. Hay que remontarse a 2006 para encontrar unas notas tan malas (entonces obtuvimos 461 puntos), que sitúan a nuestros estudiantes al nivel de Bielorrusia.

Lo preocupante, en cualquier caso, es que hemos bajado 19 puntos respecto a la edición anterior, lo que nos sitúa en el equivalente a medio curso académico de atraso. Además, vuelven a ponerse de manifiesto las enormes diferencias entre las CCAA: entre los 497 puntos de Castilla y León y los 404 de Ceuta hay un abismo de dos cursos académicos de diferencia.

No sólo estamos muy alejados de la excelencia de China (555), Singapur (549), Estonia (523) o Finlandia y Canadá (520), sino que también nos adelanta la mayor parte de nuestros vecinos -Reino Unido (504), Alemania (498), Francia (493), Portugal (492)-, lo que sitúa a la generación de los nacidos en la burbuja inmobiliaria, y a la vez los que más han sufrido la crisis económica, en una situación de inferioridad para competir en un mundo globalizado.

Navarra, que ha sido sido la mejor región en Matemáticas (con 503 puntos), está en Lectura al nivel de Canarias, con sólo 472 puntos. Es decir, queda la décimotercera cuando en la edición anterior fue tercera. También Madrid, que en PISA 2015 era la segunda mejor, baja en 2018 a la undécima posición, con 474 puntos que la sitúan casi como Canarias. Ha sido una caída en picado de 46 puntos, el equivalente a un curso completo. Ambas son dos de las regiones a las que alude la OCDE y esto podría explicar las diferencias. ¿Pero por qué no quedan mal en otras áreas?

«Es verdad que un estudiante puede tener un mayor interés o competencia en una materia sobre las demás, pero más sorprendente sería que una mayoría de alumnos de una clase, centro o zona geográfica tuvieran sistemáticamente un mejor resultado en una misma materia sobre las demás», expresa Ismael Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y ex chair del PISA Strategic Development Group.

La Comunidad de Madrid sigue considerando los resultados «totalmente inexactos». «No reflejan la realidad del sistema educativo madrileño, ni el esfuerzo de los alumnos ni el de los docentes», expresa el consejero de Educación, Enrique Ossorio., que censura que no se hayan corregido las «anomalías» admitidas por la OCDE, pues la calificación es la misma que la que se les comunicó en noviembre. Considera «a todas luces insuficiente para unos resultados tan anómalos» la explicación dada ahora por los autores del estudio.

Esta región llegó a pedir a la OCDE la retirada de los resultados de Matemáticas y Ciencias, alegando que «toda la prueba estaba contaminada». Argumentaba, en primer lugar, que el resultado en estas áreas del 60% de los alumnos se obtuvo extrapolando las notas de Lectura, lo que llevó a la OCDE a reconocer que estos datos también estaban afectados por este «comportamiento anómalo», aunque en «menor medida». Además, sospechaba que una parte de los examinadores, subcontratados por el Ministerio a la empresa TYPSA, pudieron dar instrucciones confusas a los estudiantes, porque los que estaban bajo su supervisión presentaron un 30% de errores frente a otros que sólo cometieron el 6% de fallos.

La principal hipótesis que se manejó entonces fue que las preguntas que iban al inicio del cuestionario pudieron ser interpretadas por los alumnos como un entrenamiento que no formaba parte del examen en sí y eso les llevó, en noviembre de 2018, a responder de forma precipitada y sin rigor, bien porque se les dieron mal las instrucciones, bien porque la empresa que diseñó el programa informático no lo dejó suficientemente claro. También se encontraron otras «inconsistencias» en la base de datos del informe. Nada de esto aclara la OCDE en un informe de apenas ocho páginas.

Entonces, ¿son válidas o no las notas de Ciencias y Matemáticas que la OCDE publicó en diciembre? Miyako Ikeda responde: «Los resultados de Matemáticas y Ciencias no fueron contaminados por el comportamiento de respuesta problemático de Lectura. Sin embargo, la disposición negativa de los estudiantes tuvo un impacto negativo en el rendimiento de estos estudiantes en PISA en general. Es decir, no se limita a la Lectura».

La OCDE intenta minimizar los efectos de estas reconocidas anomalías, pero, a la vez, ha admitido este jueves que cambiará las preguntas para «limitar» la pérdida de interés de los estudiantes y «mitigar sus consecuencias».

Sean cuales sean los datos, si hay algo en que los profesores coinciden es que «cada vez los alumnos leen con más dificultad». «Mientras la escuela sigue centrada en experimentos emocionales, los alumnos ya no son capaces ni de leer los enunciados. Cada vez comprenden menos, de modo que la educación se convierte más en una carrera que debe acabar pronto que en un ámbito en donde se tenga que estudiar, leer o analizar», advierte Andreu Navarra, profesor en un instituto de la provincia de Barcelona.

EL PRÓXIMO PISA SE RETRASA UN AÑO POR LA COVID

La OCDE ha decidido posponer los dos próximos informes PISA por la crisis de la Covid-19. La prueba se realiza cada tres años y tocaba en 2021, pero el examen se hará en 2022 y los resultados se publicarán en diciembre de 2023. La siguiente se publicará en 2026, no en 2025. «Las pruebas llevan un estudio de campo previo en que se realiza un test a la propia prueba, para conocer si las preguntas permiten diferenciar entre los alumnos que sobresalen y los que se encuentran rezagados o si hay algún problema con los enunciados, por ejemplo. La realización de este estudio de campo y la incertidumbre que aún rodea la crisis del coronavirus han llevado a la OCDE al retraso», explica Ismael Sanz. «En cualquier caso, es muy importante que esta prueba se siga realizando, para conocer si la pronunciada caída de España en 2018 ha sido coyuntural o real y, más relevante aún, cuál es el efecto del cierre de los centros educativos en el aprendizaje de los alumnos».

Fuente: https://www.elmundo.es/espana/2020/07/23/5f187856fdddff27198b4606.html

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