Por: Irene Graíño Calaza/elsaltodiario.com/
Las trabajadoras del hogar y los cuidados sufren los peores efectos de la inseguridad laboral y económica. Tomar medidas para proteger los derechos de estas trabajadoras esenciales es urgente.
La precarización laboral y socioeconómica afecta desde mucho antes de la crisis del covid-19 a una parte sustancial de la sociedad española: la crisis solo ha agudizado esta precariedad. En este escenario, las personas extranjeras residentes en el Estado español sufren los peores efectos de la inseguridad laboral y económica.
Según el Informe del Consejo Económico y Social (CES) del pasado año 2019, las mujeres procedentes de América Latina son, junto con las de África y Europa del Este y el resto del mundo, las que obtienen salarios más bajos de todo el territorio de entre el conjunto de personas extranjeras.
Y entre los salarios más bajos están los de las trabajadoras domésticas, un sector que emplea a 630.000 personas según Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). Siendo el segundo Estado de la Unión Europea con más trabajadoras en dicho sector —únicamente por detrás de Italia y percibiendo sueldos inferiores—, una de cada tres empleadas del hogar en Europa realiza su actividad en España.
Por una parte, según SEDOAC, el 97% de las empleadas del colectivo está constituido por mujeres, siendo más de la mitad de ellas mujeres migrantes. Por otra parte, se calcula que al menos 200.000 de estas trabajadoras no tienen un contrato de trabajo. La mayoría de estas trabaja en régimen de interna, lo que supone que están disponibles las 24 horas del día 7 días a la semana. A pesar de que el Real Decreto 1620/2011 establece que entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar un descanso mínimo de doce horas, esto no ocurre con las internas. Ellas trabajan y viven —cuando tienen contratación de interna— en circunstancias que vulneran sus más intrínsecos derechos.
En la misma línea, los datos recabados de la última Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) del año 2007, señalan que las trabajadoras domésticas percibían un salario medio ostensiblemente inferior al del resto de los trabajadores: 644 euros al mes frente a los 1066 de salario medio de los demás sectores. Además, en cuanto a los tipos de contrato que se firman, se puede observar que entre 2010 y 2015, el periodo que recoge este estudio, el número de contratos de carácter temporal ha superado con creces al de contratos indefinidos.
El servicio doméstico constituye un campo marcadamente feminizado y etnizado y, por ende, más vulnerable
Es decir, pese a que estas mujeres se ocupan día a día de los cuidados –imprescindibles y asociados histórica y patriarcalmente a la mujer, e ínfimamente valorados en términos productivos, lo que provoca su desvalorización social—, y de proteger el bienestar del conjunto de la sociedad, trabajan sin gozar de los mismos derechos que el resto de los trabajadores.
El servicio doméstico constituye un campo marcadamente feminizado y etnizado y, por ende, más vulnerable. Por ello, la comprensión de la interacción entre las variables de género, clase, migración y mercado de trabajo en el marco de esta crisis se revela imprescindible. En esta línea, la perspectiva interseccional permite centrar el análisis: las mujeres migrantes trabajadoras del hogar, siguiendo a Sònia Parella Rubio, Profesora Titular del Departamento de Sociología de la UAB, sufren una triple discriminación por ser mujeres, migrantes y trabajadoras de hogar.
La vigente crisis ha desencadenado múltiples despidos y reducciones de jornada. Sin embargo, la actual normativa sigue sin proteger ni “cuidar” jurídicamente al sector que lleva cuidando del país desde hace más de veinte años.
Las empleadas del hogar denuncian llevar ocho años esperando al cumplimiento de la ley, el Real Decreto 1620/2011 que regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar y expone la intención de conseguir la integración plena de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Este colectivo se rige por una “relación laboral de carácter especial”, lo que provoca entre otras cosas, que no se les aplique la cobertura de vacíos de cotización. Así, la llamada “integración de lagunas” es un derecho de los trabajadores por cuenta ajena del que no gozan las empleadas domésticas por no estar integradas en el Régimen General. Esta integración supone aplicar la base mínima de cotización en los periodos en los que no ha cotizado, a la hora de hacer el cálculo de la pensión, sea de jubilación o de incapacidad, un mecanismo que tiene por objetivo no desfavorecer al trabajador y que su base reguladora sea excesivamente baja.
Pero no se trata solo del cálculo de las pensiones. A día de hoy, las asociaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar como SEDOAC, aseguran que gran parte del colectivo todavía no ha percibido el subsidio extraordinario para empleadas del hogar puesto en marcha gracias a la presión de los colectivos. Varias campañas han solicitado la prórroga de este subsidio para paliar el hecho de que muy pocas han podido disfrutarlo —una prórroga que sí se ha aplicado a los ERTE—.
Además, las asociaciones consideran imprescindible la firma del Convenio 189 de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT), que es parte del programa del actual Ejecutivo. Durante el pasado mes de junio, casi 30 asociaciones de empleadas del hogar acudieron al Congreso para volver a exigir su ratificación. Este tratado, entre otras cuestiones beneficiosas, concedería al colectivo el derecho a paro y las protegería como trabajadoras.
El artículo 14 del Convenio 189 de la OIT reza: “Todo miembro, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico y actuando en conformidad con la legislación nacional, deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad”.
En una carta enviada durante el pasado mes de septiembre a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Carolina Elías, presidenta del SEDOAC, denunciaba “jornadas extenuantes o despidos casi libres, imposibilidad de disfrutar de horarios de descanso, sobrecargas de cuidados con toda la familia en el hogar, temor a ser contagiadas y no poder trabajar, miedo a ser detenidas por una ley de Extranjería perversa que nos obliga a trabajar tres años sin contrato para obtener los papeles. Tras seis meses de pandemia, seguimos siendo nosotras las que hemos sobrecargado nuestros cuerpos para que la vida siga adelante y los hogares funcionen. Una labor que hemos hecho con responsabilidad, pero sin derechos”.
En el contexto del concepto de las “cadenas globales de los cuidados” —término acuñado por la profesora y socióloga Arlie Hochschild— a la luz de la denominada “crisis de los cuidados” se comprende la elevada presencia de mujeres migrantes que trabajan en este sector, sobre todo a partir de los años noventa en el territorio español. El ingreso acelerado de las mujeres españolas de clase media en el mercado laboral, su presencia en el espacio social, el cambio de roles y la escasa implicación de los hombres en los cuidados originó un colapso en la capacidad de cuidar de las familias.
Y esta crisis agudizó determinadas desigualdades sociales y raciales. Como explica la antropóloga Shellee Collen, “las tareas de reproducción física y social que se efectúan diferencialmente de acuerdo con desigualdades basadas en jerarquías de clase, raza, etnicidad, género, se sitúan en una economía global, y en contextos migratorios, y está estructurada por fuerzas sociales, económicas y políticas”.
Durante el estado de alarma, la labor de estas mujeres se volvió todavía más necesaria, pero siguen constituyendo uno de los colectivos que mayor precariedad e inseguridad sociolaboral sufre
El trabajo doméstico realizado hoy en día por muchas mujeres migrantes en España se comprende en las dinámicas de mercantilización y externalización del trabajo reproductivo, por el que las mujeres españolas de clase media contratan cuidadoras para sus hijos o mayores, ya que no pueden asumir directamente el cuidado, esencialmente debido a la ausencia de apoyo estatal y la falta de compromiso masculino.
En el panorama actual de emergencia sanitaria y socioeconómica, se prevé aún más urgente si cabe, la adopción de medidas para salvaguardar los derechos de las trabajadoras domésticas. Durante el estado de alarma, la labor de estas mujeres se volvió todavía más necesaria. No obstante, hoy en día siguen constituyendo uno de los colectivos que mayor precariedad e inseguridad sociolaboral sufre de todo el territorio español. Tras las paredes de los hogares de quienes aplaudían en los balcones, millares de trabajadoras cuidaban de los mayores de este país, lejos de sus raíces y a costa de su descanso y un gran sacrificio. Tomar medidas para mejorar las condiciones de estas mujeres es urgente. Llevan ya muchos años cuidando sin ser cuidadas.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/trabajadoras-hogar-cuidados-cuidar-no-ser-cuidadas
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