Las mujeres no deberían experimentar un trato abusivo y discriminatorio señala un grupo de expertos en derechos humanos que examinaron la denuncia de una parturienta sometida a intervenciones médicas innecesarias. El caso había sido visto también por los tribunales españoles donde la mujer enfrentó estereotipos de género y discriminación.
Los expertos en derechos humanos de ese Comité respondieron a una queja presentada por una mujer de la localidad española de Lugo que fue sometida a intervenciones médicas innecesarias durante el parto de su hija, incluida la inducción al parto sin aparente justificación.
Confío en que España tomará muy seriamente las recomendaciones formuladas en el dictamen.
La mujer llegó al hospital para un chequeo con 39 semanas y 6 días de embarazo y tenía contracciones irregulares, pero aún no había entrado en trabajo de parto. A pesar de ello, el personal médico decidió inducírselo.
El Comité concluyó que “cuando llegó al hospital no existía ninguna emergencia y, sin embargo, desde el momento que fue admitida, fue sometida a numerosas intervenciones sobre las cuales no recibió ninguna explicación”. Además, no se le pidió su consentimiento.
Su hija permaneció siete días en la unidad de neonatología para ser tratada por una infección que, según argumentaron las abogadas de la mujer, podría haber sido causada por las intervenciones médicas excesivas e inadecuadas.
La víctima llevó su caso a los tribunales en España, pero, según las conclusiones del Comité, se enfrentó a estereotipos de género y discriminación durante todo el proceso judicial.
“Es hora de poner fin a la violencia obstétrica. Las mujeres no deberían experimentar un trato abusivo y discriminatorio durante el parto”, aseguró Gladys Acosta Vargas, vicepresidenta del Comité el Comité.
El Comité instó a España a proporcionar a la mujer una reparación apropiada por el daño que sufrió a su salud física y psicológica.
También pidió a España que brinde a los profesionales de salud y operadores de la justicia una capacitación profesional adecuada en materia de derechos de salud sexual y reproductiva, y que se garantice el acceso a procedimientos legales efectivos en casos de violencia obstétrica.
UNICEF / Giacomo Pirozzi
Un recién nacido duerme en los brazos de su madre en un centro de salud de Accra en Ghana.
Recomendaciones
El Comité, con sede en Ginebra, hizo otras recomendaciones a España, entre ellas:
asegurar los derechos de la mujer a una maternidad sin riesgo y el acceso de todas las mujeres a una atención obstétrica adecuada
proporcionar a la mujer información adecuada en cada etapa del parto y requerir su consentimiento libre, previo e informado en todos los tratamientos invasivos durante la atención del parto, excepto en situaciones en las cuales la vida de la madre o el bebé esté en riesgo, respetando la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva
evaluar la violencia obstétrica en el Estado que permita visibilizar la situación y así orientar las políticas públicas de lucha contra dicha violencia
asegurar el acceso a recursos eficaces en los casos en que los derechos de salud reproductiva de la mujer hayan sido violados, incluido en casos de violencia obstétrica
“Confío en que España tomará muy seriamente las recomendaciones formuladas en el dictamen, y que su amplia difusión promoverá cambios sustanciales en los protocolos de atención médica en muchos países”, dijo Acosta Vargas.
La rápida y amplia propagación del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca (COVID-19) exigen una respuesta mundial urgente para proteger la salud y estimular, al mismo tiempo, la economía. Tanto gobiernos como empleadores deben actuar para proteger a los trabajadores y frenar la transmisión en los lugares de trabajo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido ya de que la COVID-19 podría ocasionar una crisis económica similar a la recesión que sufrimos en 2008. Resulta evidente la necesidad de que los gobiernos actúen de manera coordinada y junto con las instituciones multilaterales para proteger la economía y conservar los puestos de trabajo de las personas. La economía mundial necesita un estímulo económico que llegue a la economía real, a los trabajadores y a las pequeñas empresas, y que dé prioridad al empleo, el sustento y las comunidades. Es esencial apoyar los ingresos de todos los trabajadores, incluidos los empleados a tiempo parcial, migrantes, no residentes, personas con empleos precarios o por proyectos y trabajadores informales.
Los empleadores representan la primera línea del impacto económico, social y sanitario del coronavirus. Si no cuentan con protección, se incrementará la propagación de la enfermedad. Es necesario tomar medidas especiales para conceder el derecho a baja remunerada por enfermedad a todos los trabajadores que no lo tengan, así como para mejorar las disposiciones en caso de enfermedad cuando estas existen, además de garantizar condiciones y acuerdos laborales que ofrezcan dicha protección.
Los trabajadores que dependan de empresas de plataformas para su empleo deberían disponer de acceso a la protección social y la compensación de fondos correspondientes a cargo de las propias empresas.
El mundo se enfrenta a una crisis inminente y potencialmente mayúscula. La propagación del virus a los países más pobres, en los que las infraestructuras y servicios sanitarios son inadecuados, podría dar lugar a consecuencias catastróficas para cientos de millones de personas. A esto se suma la enorme presión que se está ejerciendo sobre los sistemas de salud por culpa de la COVID-19, que podría provocar nuevos desafíos significativos a la sanidad pública.
Aunque los trabajadores de todos los sectores están expuestos a riesgos, son los profesionales sanitarios quienes se ven obligados a asumir la carga inmediata de las medidas de mitigación y tratamiento. En numerosos países, la financiación de la sanidad resulta insuficiente o la población no está cubierta por un sistema sanitario, e incluso en los lugares cuyos sistemas de salud pública figuran entre los mejores del mundo, las consecuencias de la COVID-19 podrían ser aplastantes. La respuesta mundial debe priorizar esta cuestión.
A medida que se extiende el impacto del virus, el diálogo entre sindicatos, empleadores y gobiernos, y la negociación colectiva adquieren una importancia clave para proteger la salud de los trabajadores y sus derechos laborales.
Los gobiernos deben estar a la altura del desafío, gestionar la crisis desde hoy mismo y prepararse y prevenir crisis sanitarias futuras. Los trabajadores y sus lugares de trabajo resultan fundamentales para ello.
El Consejo Global Unions (CGU), que representa a 200 millones de trabajadores de todo el mundo, insta a los gobiernos a:
Acordar de inmediato el derecho a bajas remuneradas por enfermedad, mantener los ingresos y ampliar la protección social a todos los trabajadores, incluidos los que tengan un empleo formal, informal, precario o por proyectos, con independencia de su relación contractual;
Adoptar paquetes de estímulo con gasto estatal destinado a mantener los puestos de trabajo y la economía, proteger salarios, el bienestar de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (PyME); y
Colaborar e implicarse con instituciones multilaterales e incrementar la ayuda a los países con menos posibilidades de responder a la amenaza que representa la COVID-19 y asegurarse de que las instituciones financieras multilaterales evalúen las necesidades nacionales y respondan de manera adecuada.
El CGU insta a los empleadores a:
Reconocer y negociar con los sindicatos para identificar las amenazas a la salud, los derechos y el bienestar de los trabajadores, y desarrollar y poner en marcha las respuestas adecuadas en el lugar de trabajo;
Reconocer y ejercer su obligación de diligencia respecto a todos los trabajadores en sus empresas y en toda la cadena de suministro, y mantener contratos con sus proveedores, dando prioridad a los derechos y el bienestar de esos trabajadores en su respuesta a las amenazas derivadas del coronavirus;
Implicar a los representantes de los trabajadores en los procesos destinados a identificar, prevenir, mitigar y tener en cuenta las amenazas de la COVID-19 y la evaluación de las respuestas de empleadores y gobiernos;
Asegurar que se establezcan planes y protecciones de la salud y que se respeten sin excepción;
Proteger los salarios y pagas completas de los trabajadores por distintos medios establecidos de mutuo acuerdo y mediante negociación colectiva;
Garantizar permisos remunerados, en forma de bajas por enfermedad o vacaciones, desde el primer día, para cualquier trabajador amenazado o infectado por la COVID-19;
Establecer fondos de compensación para todos los trabajadores, incluidos aquellos con formas atípicas de empleo y contratos temporales, que sufran el impacto negativo de la COVID-19 y las correspondientes respuestas; y
Ofrecer condiciones de trabajo y acuerdos adaptados y responsables en lugar de trabajo a todos los trabajadores.
Todos los empleados y empleadas, si fuera necesario, deberán tener acceso a pruebas médicas gratuitas, tratamiento, equipamiento, formación y facilidades para recibirla, sobre todo si se dedican a la provisión de servicios médicos. Se debe prestar especial atención a la situación de los trabajadores migrantes, muchos de los cuales resultan particularmente vulnerables. Además, ha de protegerse la privacidad y los datos personales de los trabajadores que se sometan a pruebas y exámenes médicos como parte de la respuesta a la amenaza del coronavirus. Los trabajadores deberán poder reincorporarse a su puesto de trabajo habitual en cuanto resulte posible a nivel práctico en caso de que las medidas locales o nacionales de confinamiento les impidan hacerlo por motivos económicos o logísticos.
Con la pandemia de Coronavirus arrasando el mundo, el lanzamiento del Informe GEM 2020Inclusión y educación : Todos los medios , originalmente programados para el miércoles 8 de abril, se retrasará hasta el martes 23 de junio .
El equipo del Informe GEM ya había reemplazado los eventos de lanzamiento programados para Accra, Dubai, Yakarta y Washington DC, con un lanzamiento virtual. Sin embargo, los desarrollos en curso significan que incluso estos planes alternativos no habrían sido relevantes en las circunstancias actuales, dadas las necesidades de las audiencias para las cuales está escrito el Informe.
Observando el alto riesgo de que el virus pueda seguir afectando la vida de muchos en junio, el aplazamiento le dará al equipo tiempo para desarrollar aún más su primer lanzamiento virtual y discutir con los socios cómo nuestras actividades en línea pueden satisfacer sus necesidades.
Estamos ocupados desarrollando un plan de alcance digital dirigido para acompañar el lanzamiento, incluidas las actividades que ya han comenzado y continuarán hasta junio y más allá.
Éstos incluyen:
La semana pasada se lanzó un concurso juvenil para escuchar su ‘Una gran idea’ sobre cómo lograr la inclusión en la educación. Los ganadores tendrán la oportunidad de compartir su idea con el mundo a través de un podcast en nuestros canales en línea del Informe GEM.
Una sesión de preguntas y respuestas en Twitter antes de nuestro lanzamiento con ministros de educación de cinco países del África subsahariana sobre inclusión y educación.
Una sesión de preguntas y respuestas en línea con investigadores, académicos y analistas de políticas senior en el equipo del Informe GEM en junio.
Esperamos compartir más información sobre todas estas actividades, incluida una invitación para participar en nuestro evento de lanzamiento global en línea próximamente.
A medida que los gobiernos de todo el mundo avanzan para combatir el brote de COVID-19, los educadores, las educadoras y sus sindicatos están haciendo su parte para apoyarse mutuamente, a sus estudiantes y a sus comunidades. Vea a continuación lo que la Internacional de la Educación y nuestras organizaciones afiliadas estamos haciendo para ayudar.
Europa/Rusia/19 Marzo 2020/https://mundo.sputniknews.com/
El ministro de Educación de Rusia, Serguéi Kravtsov, anunció el adelanto de las vacaciones de primavera en las escuelas del país del 23 de marzo al 12 de abril como medida de precaución para frenar la propagación del coronavirus.
«Se decretan vacaciones en las escuelas desde el lunes 23 de marzo hasta el 12 de abril, incluido» , dijo el titular de cartera en la primera reunión del grupo de trabajo que coordina medidas con las autoridades regionales.
Rusia registra hasta la fecha 114 contagiados con el coronavirus, ocho de ellos se recuperaron y recibieron el alta médica.
Kravtsov se refirió también al grupo de trabajo que integran funcionarios del Ministerio de Educación y de la Oficina de Supervisión Educativa.
La función principal del organismo, explicó, es coordinar el funcionamiento de guarderías, colegios y las escuelas técnicas.
El ministro anunció además el lanzamiento de una plataforma de asistencia para directores, maestros y padres de familia sobre las clases a distancia.
Clasifiquemos al nuevo coronavirus como pandemia o no, el tema va en serio. No hay que quitarle importancia. En menos de dos meses se ha extendido por varios continentes, pero al virus le da igual cómo lo llamemos. Una pandemia implica una trasmisión sostenida, eficaz y continua de la enfermedad de forma simultánea en más de tres regiones geográficas distintas. Quizá ya estemos en esa fase, pero eso no es sinónimo de muerte, pues el término no hace referencia a la letalidad del patógeno sino a su transmisibilidad y extensión geográfica.
Lo que sin duda sí hay es una pandemia de miedo. Por primera vez en la historia estamos viviendo una epidemia a tiempo real: todos los medios de comunicación, varias veces al día, todos los días, en todo el planeta, hablan del coronavirus. Seguimos el goteo de cada uno de los casos en directo. ¡Incluso ha sido noticia de portada que el virus en Brasil ha mutado tres veces!
Los primeros casos de sida se describieron en junio de 1981 y se tardó más de dos años en identificar al virus causante de la enfermedad. Los primeros casos de neumonía severa se notificaron en China el 31 de diciembre de 2019 y para el día 7 de enero ya se había identificado el virus.
El genoma estuvo disponible el día 10. Ya sabemos que se trata de un nuevo coronavirus del grupo 2B, de la misma familia que el SARS, por lo que le hemos denominado SARSCoV2. La enfermedad se llama COVID19.
Está emparentado con coronavirus de murciélagos. Los análisis genéticos confirman que tiene un origen natural reciente (entre finales de noviembre y principios de diciembre) y que, aunque los virus viven mutando, su frecuencia de mutación no es muy alta.
Las fuertes medidas de control y aislamiento impuestas por China están dando sus frutos. Desde hace ya varias semanas, el número de casos diagnosticados disminuye cada día.
Del total de casos en hospital, los sospechosos han bajado a ser sólo el 2.4% y la cantidad (36,271) ha disminuido a ser prácticamente la mitad del máximo del 8 de febrero (66,193).
En otros países se está haciendo un seguimiento epidemiológico muy detallado. Los focos son muy concretos, lo que puede permitir controlarlos con mayor facilidad. Por ejemplo, en Corea del Sur y Singapur.
4. El 80 % de los casos son leves
La enfermedad no causa síntomas o son leves en un 81 % de los casos. En el 14 % restante puede causar neumonía grave y en un 5 % puede llegar a ser crítica o incluso mortal.
5. La gente se cura
Los únicos datos que a veces se muestran en los medios de comunicación son el aumento del número de casos confirmados y el número de fallecimientos, pero la mayoría de la gente infectada se cura. Hay 13 veces más pacientes curados que fallecidos, y la proporción va en aumento.
Solo el 3 % de los casos ocurre en menores de 20 años, y la mortalidad en menores de 40 años es solo del 0,2 %. En menores los síntomas son tan leves que puede pasar desapercibido.
7. El virus se inactiva fácilmente
El virus puede ser inactivado de las superficies de forma eficaz con una solución de etanol (alcohol al 62-71 %), peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 0,5 %) o hipoclorito sódico (lejía al 0,1 %), en solo un minuto.
El lavado de manos frecuente con agua y jabón es la manera más eficaz de evitar el contagio.
8. Ya hay más de 150 artículos científicos
Es el momento de la ciencia y la cooperación. En poco más de un mes ya se pueden consultar 164 artículos en PubMed sobre COVID19 o SARSCov2, además de otros tantos disponibles en los repositorios de artículos todavía no revisados por pares (pre-prints). Son trabajos preliminares sobre vacunas, tratamientos, epidemiología, genética y filogenia, diagnóstico y aspectos clínicos.
Estos artículos están elaborados por cerca de 700 autores repartidos por todo el plantea. Es ciencia en común, compartida y en abierto. En 2003, cuando ocurrió lo del SARS, se tardó más de un año en obtener menos de la mitad de artículos.
Además, la mayoría de las revistas científicas han dejado en abierto sus fondos sobre los coronavirus.
9. Ya hay prototipos de vacunas
Nuestra capacidad de diseñar nuevas vacunas es espectacular. Ya hay más de ocho proyectos contra el nuevo coronavirus. Hay grupos que trabajan en proyectos de vacunas contra otros virus similares y ahora tratan de cambiar de virus.
Lo que puede alargar su desarrollo son todas las pruebas necesarias de toxicidad, efectos secundarios, seguridad, inmunogenicidad y eficacia en la protección. Por eso, se habla de varios meses u años, pero algunos prototipos ya están en marcha.
Por ejemplo, la vacuna mRNA-1273 de la empresa Moderna consiste en un fragmento de RNA mensajero que codifica para una proteína derivada de glicoproteína S de la superficie del coronavirus. Esta compañía tiene prototipos similares para otros virus.
El grupo de vacunas de la Universidad de Queensland, en Australia, ha anunciado que ya está trabajando en un prototipo empleado la técnica denominada molecular clamp, una novedosa tecnología que consiste en crear moléculas quiméricas capaces de mantener la estructura tridimensional original del antígeno viral. Esto permite producir vacunas empleado el genoma del virus en un tiempo récord.
Novavax es otra empresa biotecnológica que ha anunciado su trabajo con el coronavirus. Posee una tecnología para producir proteínas recombinantes que se ensamblan en nanopartículas y que, con un adyuvante propio, son potentes inmunógenos.
Uno de los que ya se ha ensayado en humanos es el remdesivir, un antiviral de amplio espectro, todavía en estudio, que ha sido ensayado contra el ebola y el SARS/MERS. Es un análogo de la adenosina que se incorpora en la cadena de ARN viral e inhibe su replicación.
Otro candidato es la cloroquina, un antimalárico que también tiene una potente actividad antiviral. Se sabe que bloquea la infección aumentando el pH del endosoma que se necesita para la fusión del virus con la célula, lo que inhibe su entrada. Se ha comprobado que este compuesto bloquea al nuevo coronavirus in vitro y ya se está empleando en pacientes a los que el virus ha causado neumonía.
Lopinavir y Ritonavir son dos inhibidores de las proteasas empleados como terapia antirretroviral que inhiben la maduración final del virus del sida. Como se ha comprobado que la proteasa del SARSCov2 es similar a la del VIH, ya se ha ensayado esta combinación en enfermos por el coronavirus.
Otros ensayos propuestos se basan en el uso del oseltamivir (un inhibidor de la neuraminidasa empleado contra el virus de la gripe), interferón-1b (proteína con función antiviral), antisueros de personas ya recuperadas y anticuerpos monoclonales para neutralizar el virus. Incluso se han sugerido nuevas terapias con sustancias inhibidoras, como la baricitinibina, seleccionadas mediante inteligencia artificial.
La pandemia de gripe de 1918 causó más de 25 millones de muertos en menos de 25 semanas. ¿Podría volver a ocurrir algo similar hoy en día? Como vemos, muy probablemente no. Nunca hemos estado mejor preparados para combatir una pandemia.
Fuente e imagen: http://revistaxq.com/es/2020/03/15/diez-buenas-noticias-sobre-el-coronavirus/
Europa/España/1803/2020/Autor y fuente: www.tercerainformacion.org
Esta moción del Senado, ha sido aprobada en forma de Proposición No de Ley (PNL) en numerosos ayuntamientos y en la mayoría parlamentos autonómicos. Por todo ello se pregunta
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para cumplir con esta petición del Senado y de la inmensa mayoría de parlamentos autonómicos?
¿Qué medidas y en qué periodo de tiempo piensa el Gobierno solucionar esta situación injusta?
El gobierno ha respondido a dos preguntas formuladas por el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet: PRIMERA PREGUNTA
¿Cuál es el número de pensionistas por jubilación anticipada encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social más en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a los que se aplican coeficientes reductores, tanto por jubilaciones voluntarias como por jubilaciones involuntarias, que a fecha de hoy tienen la edad de 65 años o más y que en su momento acreditaron 40 años o más de cotización?
PRIMERA RESPUESTA:
El número de pensiones por jubilación anticipada en vigor a 5 de febrero de 2020 del Régimen General y Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) por separado, que a fecha de hoy tienen 65 años o más y que en el momento del reconocimiento de la pensión acreditaron 40 años o más de jubilación es:
· Prestaciones del régimen general 487.991
· Prestaciones del RETA 43.481
· Total:531.472
(ESTAS PERSONAS SON LAS JUBILADAS EN VIGOR, TOCARÍA SUMAR LAS QUE HAN FALLECIDO DURANTE ESTOS AÑOS TAMBIÉN CASTIGADAS POR ESTA SITUACIÓN)
SEGUNDA PREGUNTA:
A la pregunta: En enero de este año, el Senado aprobó una moción presentada por este senador, en la cual se instaba al gobierno a que adoptara las oportunas medidas para que la jubilación anticipada deje de estar tan penalizada en nuestro país. Hay que recordar que las jubilaciones anticipadas antes de cumplir 65 años, pero que han cotizado 40 años o más, actualmente se les castiga ahora con retenciones de por vida en sus pensiones. Las fechas de hoy hablan de 469.215 casos en total, a los que cabría sumar los menores de 65 años en esta situación, condenado también de por vía a cobrar menos de los que les correspondería en sus pensiones de jubilación. Esta moción instaba además al Gobierno a que se corrija esta situación y se calcule su pensión según su base contributiva y los años cotizados, en el momento en el que se produjo la jubilación anticipada. Estamos hablando de personas afectadas que comenzaron a trabajar con 14 años y se tuvieron que jubilar a los 61 años y hasta ahora se les penaliza con coeficientes absurdos, arbitrarios e injustos de por vida, que recortan sus pensiones.
Esta moción del Senado, ha sido aprobada en forma de Proposición No de Ley (PNL) en numerosos ayuntamientos y en la mayoría parlamentos autonómicos. Por todo ello se pregunta
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para cumplir con esta petición del Senado y de la inmensa mayoría de parlamentos autonómicos?
¿Qué medidas y en qué periodo de tiempo piensa el Gobierno solucionar esta situación injusta?
Se contesta por parte del Gobierno: En relación con la iniciativa de referencia se señala lo siguiente: El sistema actual de pensiones permite la anticipación voluntaria de la edad de jubilación. Esta anticipación tiene un coste significativo para el sistema ya que por un lado se dejan de percibir las cotizaciones sociales por el periodo anticipado y por el otro se aumenta el gasto en pensiones por ese mismo periodo. Desde su creación, el diseño de esta modalidad de pensión prevé que el aumento del gasto en pensiones debido a la anticipación de la edad de retiro debe atenuarse mediante la aplicación de coeficientes reductores que, aplicados al importe de la pensión teórica resultante, redujeran el importe final de esta. Así, el artículo 208 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que regula esta modalidad de jubilación, en su apartado 2 establece la aplicación de coeficientes reductores que se aplicarán al importe de la pensión por cada trimestre o fracción que le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación. Estos coeficientes varían desde el 2% con menos de 38,5 años cotizados al 1,625% con más de 44,5 años cotizados. Es decir, cuanto mayor es el período cotizado menor es el coeficiente reductor. Los valores de estos coeficientes son el resultado de la aplicación del principio de equivalencia financiera que asegura que esta posibilidad de jubilación voluntaria no suponga un sobrecoste al sistema. En la realización de los cálculos se tuvieron en cuenta las cotizaciones realizadas por el sujeto, de forma que los pagos por prestaciones actualizados al momento de la jubilación anticipada mantengan un criterio de proporcionalidad con los ingresos actualizados por cotizaciones satisfechos por el sujeto causante a lo largo de su vida profesional, no incentivándose de esta forma el acceso a la jubilación anticipada a base de suponer un mayor coste al sistema y un perjuicio al resto de trabajadores. Los resultados obtenidos en la determinación actuarial de los coeficientes concluían que en muchos supuestos el pago de una prestación supone un coste al sistema que no compensa las cotizaciones realizadas por el sujeto causante a lo largo de su vida activa. Es por ello por lo que los coeficientes reductores solo son aplicables en supuestos de vidas laborales amplias y contando el número de años de anticipo de la edad de jubilación desde la que sería la edad ordinaria, de forma que el acceso a la jubilación anticipada no suponga un gasto excesivo al sistema y origine situaciones en las que la jubilación anticipada sea más beneficiosa para el sujeto causante que la jubilación a la edad ordinaria. Los distintos valores resultantes en función de los años de cotización son el resultado de aplicar el principio de equilibrio financiero mencionado, de modo que a más años cotizados menor es el coeficiente corrector necesario para reequilibrar financieramente la operación. Se puede demostrar por tanto que los coeficientes reductores equilibran la generosidad del sistema entre la jubilación a la edad ordinaria y a la anticipada, no pudiendo considerarse una penalización si no una nivelación. Además, se ha de aclarar que este equilibrio se calcula teniendo en cuenta toda la vida del trabajador, tanto en cotizaciones (periodo activo) como en pensión (periodo inactivo), de lo que resulta que los coeficientes calculados se han de aplicar durante toda la duración de la pensión. Así mismo se informa que sería inasumible para los pensionistas exigirles realizar el ajuste necesario para el equilibrio financiero únicamente en los años en los que se anticipan ya que habría que concentrar la reducción del importe global de la pensión en dichos años, y ello equivaldría en la práctica a casi la totalidad de la pensión. Dicho esto, se puede concluir que la aplicación de coeficientes reductores persigue un doble objetivo. Por un lado, fomenta el aumento de la edad efectiva de jubilación en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con las de la Unión Europea, parámetro clave en la sostenibilidad futura de cualquier sistema de pensiones financiado por reparto, y también en determinadas circunstancias permite la jubilación anticipada. Por otro lado, amortiguan el impacto económico que este tipo de pensiones traslada a la totalidad del sistema al reducir el importe de las mismas en función de los años cotizados y los trimestres de anticipación. No obstante, lo anterior tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional, el sistema de Seguridad Social es de configuración legal, de modo que es susceptible de modificaciones, resultando, para ello, el Pacto de Toledo un foro de debate al efecto. Madrid, 29 de agosto de 2019.
Leída esta respuesta, o este senador ha de entender o que quien responde no ha entendido la pregunta, no ha entendido de qué estamos hablando o directamente se ha querido burlar con la respuesta de más de medio millón de españoles y españolas afectas por este modelo injusto, por ello se pregunta:
1. -¿Por qué no se responde a lo que se ha preguntado?
2. -¿No ha entendido la pregunta?
3. -¿No entienden de qué casos estamos hablando?
4. -¿Han pretendido burlarse de más de medio millón de españoles y españolas?
5. ¿Esta respuesta quiere decir que no piensan hacer caso de estas peticiones?
6. ¿Quién contesta esta pregunta el nombre del Gobierno?,
7. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para cumplir con esta petición del Senado y de la inmensa mayoría de parlamentos autonómicos?
8. ¿Qué medidas y en qué periodo de tiempo piensa el Gobierno solucionar esta situación injusta?
9. ¿No le da vergüenza al Gobierno emitir ese tipo de respuestas, para no contestar a lo preguntado, en un caso tan sensible como este?
RESPUESTA 2
En relación con la iniciativa de referencia, se señala lo siguiente: Con la respuesta emitida el pasado mes de agosto respecto a la referida iniciativa se pretendía ofrecer la visión normativa del actual sistema de pensiones, respondiendo a la pregunta presentada por Su Señoría. En ningún caso, se pretendió ofender con la respuesta, si así se entendió, el Gobierno y en particular el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pide disculpas a los parlamentarios y colectivos implicados que pudo causar la misma.
Respecto a las medidas que solicitaba el Senado al ratificar la referida moción, se estima que, dada la trascendencia e importancia del asunto, es necesario que sean debatidas dentro del marco del Pacto de Toledo, Comisión del Congreso adecuada para representar el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, además de contar con los acuerdos previos de los agentes sociales en cuestiones tan importantes para el interés general. Por este motivo, teniendo en cuenta la actualidad política, como consecuencia del prolongado Gobierno en funciones, no ha sido posible hasta el momento impulsar las medidas adecuadas para corregir la situación que describe Su Señoría respecto a la jubilación anticipada. Si bien, el referido Ministerio, en el ámbito de sus competencias considera necesario avanzar en esta y otras medidas para renovar, consolidar y adecuar el sistema de pensiones a la actualidad demográfica del país.
Para el senador de Compromís “ esta respuesta demuestra de nuevo el nulo interés del Gobierno, vincular la solución de esta situación a una adecuación de la actualidad demográfica del país es poco más que excusarse incluso antes de estudiar qué solución darle a esta situación injusta. Esta situación no es nueva y no se limita al periodo actual de “inestabilidad por estar en funciones el Gobierno”, que hay un problema serio en el modelo del sistema de pensiones está claro, que es a causa de una política premeditada por vaciarse por parte de los gobiernos la hucha de las pensiones para atender otros gastos, también, que detrás de ello ha existido un interés claro de plegarse a los intereses de la banca y el sector privado de pensiones, tampoco está en tela de juicios, por ello, no se puede justificar dar justicia o no a una situación injusta en base a otros problemas que hay que abordar, pero sin mezclar ambos. Con todo ello se demuestra una vez más la falta total de respeto a aquello que aprueban las Cortes Generales, por nuestra parte, no vamos a cejar en el empezó hasta que se de solución a esta injusticia” .
Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/03/16/531472-personas-penalizadas-por-jubilarse-anticipadamente-a-pesar-de-haber-cotizado-40-anos-o-mas-el-gobierno-se-disculpa-pero-no-aporta-soluciones
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