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España: La Policía ‘tomará’ la escuela catalana

La Policía ‘tomará’ la escuela catalana

El proyecto impulsado por la Generalitat de Catalunya para introducir vigilancia policial en centros educativos representa uno de los debates más complejos del panorama educativo español reciente.

José Luis Fernández

La iniciativa, concebida como un plan piloto dentro de una estrategia más amplia de seguridad y convivencia escolar, plantea la presencia estable de agentes de los Mossos d’Esquadra en institutos de secundaria considerados de alta complejidad. Este modelo rompe con las prácticas tradicionales de colaboración puntual entre policía y escuela —como el Plan Director o las charlas preventivas— y propone, en cambio, una integración cotidiana de los cuerpos policiales en la vida escolar, lo que ha generado cierta controversia tanto en el ámbito político como en la comunidad educativa.

El origen de este proyecto se sitúa en un diagnóstico compartido por la administración catalana: el aumento de la conflictividad en determinados centros educativos. En los últimos años, docentes, directores y sindicatos han alertado de un incremento de episodios de violencia, problemas de convivencia, acoso escolar, conflictos con familias e incluso incidentes en el entorno exterior de los institutos que acaban repercutiendo en el clima educativo.

En este contexto, el Govern ha planteado la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta, incorporando a agentes policiales como figuras de mediación y apoyo dentro de los propios centros.

El plan —conocido en algunos ámbitos como “Eduseg” o Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el Entorno Educativo— contempla el despliegue inicial de agentes en 13 institutos repartidos por distintas zonas de Cataluña, incluyendo áreas urbanas como L’Hospitalet de Llobregat Sabadell, así como comarcas más rurales.

Sin armamento en clase

Estos agentes actuarían de paisano, sin uniforme ni armas, con el objetivo de integrarse en la dinámica escolar sin generar una percepción de intimidación directa. Su labor se centraría en tareas de prevención, mediación de conflictos, acompañamiento a equipos directivos y, en casos necesarios, intervención puntual ante situaciones de riesgo.

Una de las características más innovadoras —y a la vez más polémicas— del proyecto es su carácter permanente. A diferencia de experiencias previas en otras comunidades autónomas, donde la presencia policial es esporádica o preventiva, la Generalitat plantea que estos agentes estén presentes durante la jornada lectiva de forma continuada, incluso con espacios propios dentro de los centros. Este enfoque supone un cambio de paradigma: la seguridad deja de ser un recurso externo al que se recurre en situaciones excepcionales y pasa a formar parte estructural del ecosistema educativo.

Desde el punto de vista institucional, el Govern defiende la medida como una respuesta pragmática a situaciones que, en algunos casos, desbordan las capacidades del profesorado y de los recursos educativos existentes. Se argumenta que la presencia policial puede tener un efecto disuasorio frente a conductas violentas y facilitar la intervención temprana en conflictos antes de que escalen. Asimismo, se insiste en que los agentes actuarán bajo criterios de proximidad y colaboración, no como una fuerza represiva, y siempre en coordinación con los equipos directivos.

Sin embargo, la oposición al proyecto ha sido amplia y transversal. Profesores, sindicatos, asociaciones de familias y estudiantes han manifestado su rechazo, señalando que la medida puede generar un clima de desconfianza y estigmatización dentro de los centros. Una de las críticas más reiteradas es que la presencia policial introduce una lógica securitaria en un espacio que debería regirse por principios pedagógicos, relacionales y comunitarios. En lugar de abordar las causas estructurales de los conflictos —como la desigualdad social, la falta de recursos o la sobrecarga del profesorado—, se estaría optando por una solución que prioriza el control sobre la educación.

Especialmente significativa es la crítica relativa a la reducción de otros perfiles profesionales clave. Diversas voces han denunciado que, paralelamente al impulso de este plan, se ha producido un descenso en el número de educadores sociales e integradores en los centros, figuras consideradas fundamentales para la prevención y gestión de conflictos desde una perspectiva educativa. Esta sustitución simbólica —y en algunos casos real— de recursos educativos por recursos policiales ha sido interpretada como un cambio de prioridades en la política pública.

El debate también ha alcanzado el ámbito político. Partidos como ERC, Comuns y CUP han solicitado explicaciones al Govern en el Parlament, criticando la falta de consenso y de debate previo con la comunidad educativa. Estas formaciones advierten del riesgo de estigmatizar a determinados centros —generalmente ubicados en contextos socioeconómicos vulnerables— y de consolidar una imagen de estos espacios como focos de conflicto que requieren vigilancia policial permanente.

Más allá del contexto catalán, el proyecto se inscribe en una discusión más amplia sobre el papel de la policía en los entornos educativos. Experiencias internacionales, como la británica o la estadounidense, han mostrado resultados ambivalentes. Mientras que en algunos casos se ha logrado reducir determinados incidentes, también se han documentado efectos negativos como el aumento de sanciones disciplinarias, la criminalización de conductas juveniles o la discriminación de alumnado vulnerable. Estos precedentes alimentan el escepticismo de muchos expertos en educación, que advierten de las consecuencias a largo plazo de introducir lógicas policiales en la escuela.

En el plano pedagógico, la iniciativa plantea interrogantes de fondo sobre el modelo educativo. La escuela, tradicionalmente concebida como un espacio de socialización, aprendizaje y construcción de ciudadanía, se ve interpelada por la introducción de actores externos cuya función principal es la seguridad. Por el momento, el proyecto se encuentra en fase piloto, lo que implica que su continuidad dependerá de los resultados obtenidos y de la evaluación que realicen tanto la administración como los distintos actores implicados. La Generalitat ha dejado abierta la posibilidad de ampliar el modelo a más centros si se demuestra su eficacia, lo que añade aún más relevancia al debate actual.

Fuente: https://exitoeducativo.net/actualidad-directiva/convivencia-en-los-centros-escolares/la-policia-toma-la-escuela-catalana

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El aprendizaje en línea, cada vez más popular en la UE

El aprendizaje en línea, cada vez más popular en la UE

La formación online se ha consolidado en los últimos años como una de las principales vías de acceso al conocimiento, transformando profundamente la manera en que las personas aprenden y se desarrollan profesionalmente.

José Luis Fernández

Impulsada por los avances tecnológicos y la expansión de internet, esta modalidad educativa ha superado las barreras tradicionales de tiempo y espacio, permitiendo que millones de usuarios accedan a contenidos formativos desde cualquier lugar del mundo. En un contexto marcado por la digitalización, aprender en línea ya no es una alternativa, sino una pieza clave del ecosistema educativo.

Una de las grandes fortalezas de la formación online reside en su flexibilidad. Los estudiantes pueden adaptar el aprendizaje a sus propios ritmos, compatibilizándolo con responsabilidades laborales, personales o familiares.

Esta capacidad de personalización ha democratizado el acceso a la educación, facilitando que perfiles muy diversos —desde jóvenes en formación hasta profesionales en activo— puedan adquirir nuevas competencias sin necesidad de interrumpir su actividad diaria. Además, la amplia oferta de cursos y programas permite una especialización cada vez más ajustada a las demandas del mercado.

Otro aspecto relevante es la constante evolución de las herramientas y metodologías digitales. Plataformas interactivas, clases en directo, contenidos multimedia o sistemas de evaluación automatizados han mejorado significativamente la experiencia de aprendizaje.

Lejos de limitarse a replicar el modelo presencial, la formación online ha desarrollado sus propias dinámicas, centradas en la autonomía del alumno y en la adquisición práctica de conocimientos. Este enfoque favorece el aprendizaje continuo, una competencia cada vez más valorada en entornos profesionales cambiantes.

Sin embargo, la expansión de la formación online también plantea desafíos importantes. La calidad de los contenidos, la acreditación de los programas o la brecha digital son algunos de los aspectos que requieren atención. No todos los usuarios disponen de los mismos recursos tecnológicos ni de las habilidades necesarias para desenvolverse en entornos virtuales, lo que puede generar desigualdades.

Aun así, con una adecuada regulación y el desarrollo de políticas inclusivas, la educación online se perfila como una herramienta fundamental para afrontar los retos del presente y del futuro.

En cualquier caso, el sector crece. Especialmente, en España, país que ocupa la sexta posición en el ranking de países de la Unión Europea donde es mayor el índice de formación en este ámbito.

En 2025, el 34,8 % de los usuarios de internet de la UE declaró haber realizado un curso en línea o utilizado materiales de aprendizaje en línea, según datos de Eurostat. Esta cifra supone un aumento de 1,4 puntos porcentuales con respecto a 2024 (33,4 %) y un salto sustancial en comparación con 2019, cuando menos de una cuarta parte de los usuarios de internet (21,4 %) había utilizado estos recursos educativos.

Los Países Bajos registraron el mayor porcentaje de usuarios de internet que participaban en el aprendizaje en línea o utilizaban materiales de aprendizaje en línea (60,2 %), seguidos de Irlanda (59,7 %), Finlandia (50,7 %) y Suecia (50,6 %). Por el contrario, la educación en línea fue menos frecuente en Rumanía (11,8 %), Bulgaria (18,4 %) y Chipre (21,0 %).

Entre los métodos específicos de aprendizaje en línea, el 17,3 % de los usuarios de internet realizaron un curso en línea en 2025, con la mayor prevalencia en Irlanda (29,6 %), Finlandia (29,3 %) y los Países Bajos (28,5 %). Asimismo, el 30,5 % de los usuarios de internet utilizaron materiales de aprendizaje en línea, con la mayor proporción en los Países Bajos (55,1 %), Irlanda (50,4 %) y Hungría (46,4 %).

Fuente de la Información: https://exitoeducativo.net/actualidad-directiva/el-aprendizaje-en-linea-cada-vez-mas-popular-en-la-ue

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España: Estudiantes paran el 15 de abril contra Abanca y su universidad: «La pública se hunde mientras crece la privada»

La organización Erguer. Estudantes da Galiza convoca una huelga en todos los niveles educativos para denunciar lo que considera un desmantelamiento sistemático de la escuela y la universidad públicas en Galicia, en un contexto de expansión de la oferta privada.

El próximo miércoles 15 de abril, los centros educativos de toda Galicia se enfrentarán a una jornada de huelga estudiantil convocada por Erguer. Estudantes da Galiza. La movilización abarca todos los niveles de enseñanza y prevé concentraciones en las siete ciudades gallegas: Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol, Lugo y Ourense. El motivo central es la denuncia de lo que la organización define como una privatización planificada y acelerada del sistema educativo gallego, que respondería a intereses económicos y políticos en detrimento de las clases populares.

La convocatoria no surge de la nada. Erguer lleva desde el inicio de este curso impulsando una campaña bajo el lema Prívannos dun futuro, con la que ha recorrido institutos, centros de FP y campus universitarios. En noviembre, Lucas Pardo, portavoz nacional de la organización, alertaba de que la ofensiva privatizadora del Gobierno de la Xunta se había vuelto especialmente agresiva en los últimos tiempos y afectaba de manera diferencial a los estudiantes de las clases populares y a colectivos más vulnerables, como los que tienen necesidades específicas de aprendizaje.

La Consellería de Educación, dirigida por Román Rodríguez, no se ha pronunciado específicamente sobre la huelga del 15 de abril. El conselleiro sí presentó la semana pasada ante el Parlamento gallego los presupuestos para el próximo ejercicio, que ascienden a 3.090 millones de euros —apenas un 1,5% más que en 2025— e incluyen la convocatoria de unas 1.500 plazas docentes. Fuentes del departamento señalaron que el incremento en la partida de personal ha superado los 160 millones desde el acuerdo firmado con los sindicatos CCOO, ANPE y UGT. Sin embargo, las tres centrales han llevado a los tribunales ese mismo pacto por supuestos incumplimientos.

CONTRA LA PRIVADA

La cuestión universitaria es quizás la que más tensión ha acumulado en los últimos meses. Galicia cuenta con tres universidades públicas —USC, UDC y UVigo— que según sus propias rectoras no alcanzan el 1% de inversión sobre el PIB que exige la Ley de Universidades. A ese contexto de infrafinanciación se suma la expansión de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), promovida por ABANCA y autorizada por la Xunta en 2022 como primera institución universitaria privada de la comunidad. En diciembre de 2024, el Gobierno gallego le dio luz verde para ofrecer el grado en Derecho —una titulación ya presente en las tres universidades públicas—, una decisión que fue criticada por el BNG, por sindicatos como CIG y CSIF, y por los propios claustros públicos, al entender que podría vulnerar la normativa que prohíbe duplicidades en la oferta académica.

A eso se añade la pretensión de CESUGA de inaugurar el curso 2026-27 con la denominada Universidad Emilia Pardo Bazán en A Coruña, que sería la segunda universidad privada de Galicia. El proyecto, respaldado por empresarios como Ignacio Rivera (Hijos de Rivera) y Constantino Fernández (Altia), recibió un informe desfavorable del Ministerio de Ciencia hace más de un año. La Xunta, a quien corresponde decidir, no ha tomado postura. El rector de la UDC, Ricardo Cao, rechazó la autorización de centros privados que cuentan con informes negativos, mientras que el BNG ha pedido formalmente al Gobierno gallego que bloquee el proyecto.

El propio sindicato CIG-Ensino ha señalado que la plantilla docente en la enseñanza no universitaria lleva cuatro años congelada en 30.424 profesores, con un 33% de las plazas desiertas en las últimas oposiciones. La organización denuncia que Galicia tiene el peor horario lectivo en secundaria, FP y régimen especial de toda España.

EL CASO DE LA FP

En la Formación Profesional, Erguer apunta al reciente Decreto Gallego de FP como la muestra más evidente del modelo privatizador. El texto, aprobado sin consenso con el profesorado según los convocantes, introduce la figura de los docentes asociados procedentes de empresas y potencia los ciclos acelerados orientados a la demanda del mercado laboral. El sindicato CIG-Ensino ha denunciado que la apuesta de la Xunta por la FP Dual ha disparado a 500 horas las prácticas externas, lo que equivale a casi un mes menos de clase sin revisión de contenidos. Mientras tanto, centros como el CIFP Manuel Antonio de Vigo —uno de los mayores del país— arrastran un déficit estructural que les impide acometer obras básicas.

En la enseñanza media, la situación no es muy distinta. Las ratios en las aulas siguen siendo las mismas que antes de 2009, sin que se haya producido un incremento real en las contrataciones de profesorado. Erguer subraya que en el último año han cerrado siete centros públicos, mientras la red concertada y privada no deja de crecer.

Más allá de las aulas, la organización denuncia que la crisis de vivienda dificulta el acceso a los estudios superiores. El cierre del Colegio Mayor San Clemente en la USC ha supuesto una pérdida de plazas residenciales públicas en Santiago mientras los alquileres siguen subiendo. La situación es similar en Vigo y A Coruña. A eso se une un transporte interurbano —con Monbús como operador hegemónico en carretera— que los estudiantes consideran deficiente y excluyente para quienes viven en el rural.

Las demandas de Erguer incluyen una Ley Gallega de Educación elaborada con la comunidad educativa, la paralización de la expansión universitaria privada, la recuperación de los horarios lectivos previos a 2011, la bajada de ratios, la ampliación de residencias públicas y la supresión de tasas universitarias.

 

https://www.galiciapress.es/articulo/movimientos/2026-03-24/5820209-estudiantes-paran-15-abril-contra-abanca-universidad-publica-hunde-mientras-crece-privada

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España: Uno de cada dos docentes sufre agresiones en el aula y el 72% no se siente respetado

Una encuesta a más de 7.500 profesores revela falta de apoyo institucional, sobrecarga laboral y una creciente pérdida de autoridad en la escuela pública.

Más de la mitad de los docentes de la escuela pública en España asegura haber sufrido agresiones en el aula y un 72,2% afirma que no se siente respetado por el alumnado. Así lo refleja una encuesta presentada este lunes por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en la que han participado más de 7.500 profesores de todo el país.

El estudio, incluido en el informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’, pone de relieve el malestar creciente del profesorado, que denuncia una pérdida de autoridad, falta de respaldo institucional y un deterioro progresivo de sus condiciones laborales.

La encuesta se ha realizado en centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, enseñanzas de régimen especial —como conservatorios o escuelas de idiomas— y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas, con el objetivo de recoger la realidad diaria en las aulas.

Falta de respeto y sensación de abandono

Uno de los datos más significativos del informe es la percepción generalizada de desprotección. El 90% de los docentes afirma no contar con el apoyo suficiente por parte de la Administración, mientras que siete de cada diez denuncian una falta de reconocimiento social y profesional.

El sindicato advierte de que esta situación genera una “evidente sensación de abandono” en el ejercicio de la profesión, que se ve agravada por la ausencia de protocolos claros y eficaces para gestionar conflictos o problemas de convivencia en los centros educativos.

En este sentido, el 97,8% del profesorado considera necesario reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día en el aula.

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Sobrecarga y pérdida de atractivo de la profesión

El informe también pone el foco en la sobrecarga laboral. Prácticamente la totalidad de los docentes encuestados reconoce sufrir un exceso de trabajo, mientras que nueve de cada diez consideran que su salario no se corresponde con el nivel de responsabilidad y exigencia que implica la docencia.

Según CSIF, esta combinación de factores está provocando que la profesión pierda atractivo, especialmente entre las nuevas generaciones.

Principales reivindicaciones

Entre las principales demandas del profesorado destacan la reducción de ratios en las aulas, el refuerzo de la autoridad docente, la mejora del poder adquisitivo, la disminución de la burocracia y la reducción del horario lectivo.

El sindicato subraya que el actual escenario “no puede normalizarse”, ya que el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de reconocimiento social afectan directamente a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad del sistema educativo.

Por ello, reclama a las administraciones que sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas y que impulsen medidas que contribuyan a prestigiar su labor.

“Garantizar el presente y el futuro de la educación pública pasa por dignificar la profesión docente”, concluye el informe.

https://lavozdeibiza.com/sociedad/uno-de-cada-dos-docentes-sufre-agresiones-en-el-aula-y-el-72-no-se-siente-respetado/

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España: Peticiones docentes «no infranqueables» alargan la negociación salarial con Educación

La Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente han concluido este martes sin acuerdo su reunión sobre la subida salarial de los profesores por peticiones de los sindicatos, que para el titular de ese departamento, Sergio Silva, «no son infranqueables», por lo que volverán a sentarse a negociar, previsiblemente este jueves.

A la salida de la reunión, ambas partes han trasladado «prudencia» sobre la posibilidad de que el acuerdo se pueda cerrar en dos días, una vez que los sindicatos de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO, UGT y TÚ) incluyan sus peticiones, algunas con impacto presupuestario, en la propuesta de acuerdo que la Consejería les ha trasladado hoy.

Cuando la Consejería tenga esas demandas, las estudiará y convocará de forma inmediata a los sindicatos para continuar con la negociación.»Quiero pensar que no va a ser ningún problema en el sentido de que no nos permita firmar el acuerdo, pero también quiero ser prudente», ha dicho Silva en un encuentro con periodistas a la salida de la reunión.  «Nosotros lo vemos como una oportunidad. Estamos dispuestos a llegar al acuerdo, pero entendemos que esa disponibilidad también hay que tenerla por la otra parte», ha manifestado a continuación a los periodistas la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba (ANPE), quien ha explicado que los sindicatos enviarán de forma inmediata sus peticiones para que se les pueda convocar a una nueva reunión este jueves.

Peticiones «no nucleares»

Silva ha explicado que, en la reunión, los sindicatos han planteado diez peticiones en dos bloques que ya se habían hablado en anteriores reuniones y «no son nucleares», pero que algunas tienen impacto presupuestario, como la de vincular la subida salarial al incremento del IPC, mientras otras son «correcciones de estilo, de redacción, de enfoque» en la redacción del texto de la propuesta trasladada por la Consejería. Por ello, el consejero ha considerado «más prudente» pedir a los sindicatos que trasladen esas peticiones por escrito «para tener la seguridad» de los que se firma. «Tengo que decir, en relación a esos 10 aspectos, que no son infranqueables. Al contrario, el Gobierno aquí tiene la voluntad, de alguna manera, de llegar al acuerdo», ha precisado.

«Queremos hacerlo rápido, pero con seguridad», ha alegado, y ha incidido en que el «principal escollo» para firmar el acuerdo en el último año y medio era la denominada ‘cláusula Silva’, ha desaparecido del texto de la propuesta de la Consejería, tras el acuerdo entre PP y PRC para aprobar los presupuestos de este año, que consignan 17 millones de euros para hacer frente al incremento salarial de los docentes.

En los siguientes ejercicios que establece la propuesta de acuerdo, ha recordado el consejero, solo será necesario que existe disponibilidad presupuestaria, como establece el acuerdo entre populares y regionalistas. «Estamos hablando de la oportunidad de firmar un acuerdo salarial que en 18 años no se ha conseguido en esta comunidad autónoma. Yo creo que los 8.500 docentes de la pública y los 2.600 la red concertada, a los que también les afecta indirectamente, estarán deseosos y expectantes de que se firme un acuerdo», ha concluido.

Demandas que no son nuevas

La presidenta de la Junta de Personal Docente ha aclarado que las demandas de los sindicatos no son nuevas, sino que ya se incluían en la propuesta de acuerdo que trasladaron a la Consejería en noviembre del año pasado. «No pedimos más, ni pedimos menos», ha argumentado. Rus Trueba ha recordado que la negociación «no parte de cero», tras más de un año de negociación, y ha confiado en que Educación acepte las peticiones de los sindicatos que «no son grandes». «No estamos tan lejos si se quiere ver así y esperemos que el Gobierno de Cantabria acceda a nuestras peticiones», ha apuntado.

Se mantiene la manifestación del sábado

Trueba ha precisado que, aunque se pueda alcanzar esta semana un acuerdo sobre la subida salarial de los docentes, la Junta de Personal mantiene la convocatoria de la manifestación para este sábado en Santander, porque va más allá, al tener como objetivo reclamar mejoras en la enseñanza pública y denunciar las decisiones «unilaterales» tomadas en esta legislatura por la Consejería. La manifestación arrancará a las 12.00 horas desde la sede de la Consejería y recorrerá las calles de la capital hasta la plaza Porticada. «No es una manifestación sólo por una adecuación salarial, es una manifestación por la mejora de las condiciones de la enseñanza pública de Cantabria», ha defendido.

Hasta que se celebre esta manifestación, la Junta de Personal ha anunciado este martes que mantendrá abierto un refrendo entre los docentes para que se pronuncien sobre los cambios en las oposiciones, los conciertos con centros privados y sobre la continuidad del Consejero, entre otros asuntos.

Peticiones docentes «no infranqueables» alargan la negociación salarial con Educación

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España: Educación revisa al alza el seguimiento de la huelga de docentes, que pasa del 41% al 55%

Por: Ivanna Vallespín
El Departamento de Educación ha revisado al alza el seguimiento de la huelga educativa del pasado 11 de febrero y del 40,94% inicial lo sitúa ahora en el 54,73%. El Departamento indica que la actualización de la cifra se ha hecho tras una serie de días sin normalidad en las aulas, debido a la suspensión de clases por el temporal o por los días de libre disposición. La cifra de participación cambia, pero apenas varía el porcentaje de centros que han comunicado las cifras: del 39,42 pasa al 39,99%.

El cálculo del impacto de la huelga -que vació aulas de la pública y llenó las calles- ya generó controversia el mismo día 11: mientras los sindicatos cifraban el seguimiento en un 85%, el Departamento lo reducía casi a la mitad. Uno de los elementos chocantes de las cifras oficiales era el bajo porcentaje de centros que habían comunicado las cifras, solo el 40%, cuando en otras convocatorias se llegaba al 80%. Además, Educación mezcló cifras de pública y concertada y declinó ofrecerlas de forma segregada, algo que se había hecho en la otra gran huelga, la del calendario escolar, en contra del consejero Josep Gonzàlez Cambray en 2022.

Fuentes de Educació achacan estas grandes diferencias, en parte, al hecho de que la convocatoria –impulsada por Ustec, Aspepc, CC OO, CGT y UGT– era mayúscula, afectando a una gran diversidad de sectores. Y es que, en la huelga del pasado día 11 estaba convocado todo el sistema educativo: desde guarderías a colegios e institutos hasta escuelas de adultos y de educación especial, tanto públicas como privadas. La convocatoria afectaba a funcionarios, interinos de centros educativos de la Generalitat, municipales o dependientes de Justicia, pero iba más allá e incluía personal laboral de las oficinas del Departamento en Via Augusta y el personal de ocio educativo (desde extraescolares, vetlladores, comedores escolares y casas de colonias).

Ustec critica el método de cálculo del Departamento, porque asegura que simplemente se divide el número de huelguistas por el total de plantilla. El problema es que, en ese total, también se incluyen los docentes de baja o los que cumplen los servicios mínimos. “Ello puede inflar artificialmente el número de no huelguistas”, critica Ustec. El sindicato también deplora la “poca claridad” en los datos del Departamento, porque no discriminan entre escuelas públicas y concertadas.

Las direcciones consultadas por este diario también admiten disfunciones en la aplicación VAGA, que es la se usa para comunicar los datos de seguimiento en las huelgas. Explican que en el programa aparecen todos los docentes en plantilla, incluyendo los servicios mínimos y los que estaban de baja. “Yo tengo un docente haciendo dos medias jornadas con dos asignaturas diferentes y lo han contado como dos profesores. Todo lo que han podido sumar lo han puesto, han inflado el total”, se queja un director. Otra directora ha detectado incluso que un mismo docente aparecía varias veces repetido en la aplicación. Una dirección habla también de problemas a la hora de fijar los servicios mínimos en las escuelas de adultos. “Un centro tenía destinados 16 docentes en servicios mínimos cuando solo tiene 15 en plantilla. El problema es que la orden fijaba las dotaciones según el número de aulas, pero esto en estos centros no funciona porque tienes pocos profesores para muchas aulas”.

El Departamento admite como disfunción que se cuente en el total el personal en servicios mínimos. Asimismo, detalla que el porcentaje de comunicación de centros se realiza teniendo en cuenta todos los convocados, incluyendo los que no dependen de la Generalitat, como las guarderías municipales, además de las unidades de la sede de Via Augusta: en total, unos 7.500. Y en el porcentaje de seguimiento se tiene en cuenta todo el personal de la pública, mientras que de la concertada solo se contabiliza la plantilla de aquellas escuelas que comunican los datos, “ya que la concertada usa otro aplicativo y el Departamento no conoce la plantilla total de estos centros”, justifican desde Educación. A estos hay que añadir también todo el personal laboral del mismo Departamento, además de los administrativos y profesionales de apoyo educativo de los centros educativos.

Los cálculos sindicales

El sindicato Ustec elevó el seguimiento a un 85% en la pública. La organización defiende que el cálculo lo realiza a través de “datos obtenidos por canales propios, mediante encuestas y comunicaciones con centros y docentes de diferentes territorios”. Ustec asegura que trabaja “con una muestra amplia y territorialmente distribuida” -un tercio de los centros- y calcula el porcentaje, obviando los servicios mínimos “para evitar distorsiones”.

https://elpais.com/espana/catalunya/2026-02-19/educacion-revisa-al-alza-el-seguimiento-de-la-huelga-de-docentes-que-pasa-del-41-al-55.html

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