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Los increíbles beneficios de leer en voz alta para los niños

La neuropsicología y autora de ‘Dame la mano’, María Luisa Ferreros, explica todo lo que aporta que padres e hijos lean en voz alta

Leer en voz alta es uno de los mejores planes que puedes llevar a cabo con tus hijos. «Esta actividad ayuda a los menores a mejorar la memoria, la concentración, la observación, la escucha, estimula la imaginación, el pensamiento crítico, aumenta el vocabulario… y ayuda en la creación de vínculos familiares, entre otras muchas cosas», apunta la neuropsicóloga infantil especializada en neuropsicología María Luisa Ferreros, en el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, puesto en marcha por la Asociación sin Ánimo de lucro LitWorld.

Para Ferreros, también autora del libro Dame la mano, si padres e hijos leen en voz alta logran unos beneficiosos mayores de lo que pueda parecer a primera vista. «Una de las cosas que te aporta esta práctica es la toma de conciencia de lo que estás leyendo.

Cuando un niño lee en voz alta, está estimulando a la vez el canal auditivo, lo que convierte a esta práctica en una estimulación multisensorial. La entonación, la pronunciación, el tono… permite a los menores darle un significado a ese texto escrito, ayudándoles también a entender redacciones más complejos», explica.

La concentración, la observación o la escucha, prosigue, «se ponen en marcha cuando el menor tiene que estar siguiendo lo que está leyendo el otro para saber cuando le toca a uno u a otro. Eso es poner en común y es lo que permite generar vínculos con las personas con las que estás compartiendo ese momento de lectura. Es verdad que puede ser entre padre e hijo, pero puede ser también entre compañeros de clase… ». Su recomendación en este sentido es que «uno lea por ejemplo una página de Harry Potter, el otro otra… Eso hace que se convierta en una actividad compartida que permite descubrir juntos y genera lazos afectivos».

Qué mejor ejemplo, insiste, «que un padre que lee con su hijo y le muestra cuando se para en la coma, cómo entonar, cuando hay que hacer una exclamación… Pero siempre teniendo en cuenta que sea un momento agradable y lúdico, donde el niño sienta que su madre o su padre le están haciendo caso y por un rato olvidan el teléfono. Todo esto es muy bueno para fomentar el hábito de la lectura, el amor por los libros y los buenos recuerdos».

Fuente de la información e imagen: https://www.abc.es

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España: MeToo en las universidades españolas

MeToo en las universidades españolas

Núria MarrónNúria NavarroGemma Tramullas

Imágenes de 24 de las más de 25 profesoras que denuncian en este reportaje haber sido víctimas de acoso y violencias machistas en la universidad.

Más de 25 profesoras e investigadoras de las universidades públicas españolas rompen por primera vez su silencio para denunciar el acoso y la violencia machista que han sufrido en una institución que presume de buscar la excelencia pero aún conserva parte del ADN «feudal»

«Si sigues miedosa, prometo darte un buen azote». «El sexo es una forma excelsa de comunicación». «Mi vida es un orgasmo, ¡chica!». «Besos mojados». «Besitos ahí». Cada uno de estos mensajes, y un buen puñado más, fueron enviados con absoluta impunidad por un reputado catedrático de la Universitat de Barcelona a 12 alumnas y dos alumnos. Todos ellos constan en unas diligencias que la fiscalía archivó en 2013 porque la denuncia por acoso sexual, tras abrasarse convenientemente en los despachos de la universidad, ya había prescrito cuando llegó a sus manos. El caso, por tanto, no tuvo recorrido judicial, pero sí ha contribuido a descorrer la tapa de una fosa séptica oscura y largamente silenciada: el acoso sexual y machista que sufren profesoras e investigadoras universitarias y que provoca tanto sufrimiento como asfixia y expulsión de talento.

Una de las denunciantes fue la socióloga Ana Vidu, cuyo caso aún es extraordinario en la medida en que rompió el muro universitario. Sin embargo, el desenlace es demasiado conocido por demasiadas mujeres. Vidu pasó a ser «la conflictiva», la apestada, la loca, adjetivos que aún hoy repercuten en su vida profesional. «Es peor cuando denuncias que cuando sufres el acoso», dice hoy, desde la Universidad de Berkeley. De hecho, con su carrera reventada en Barcelona, probó en la Universidad de Deusto, donde la decana de Derecho, tras una larga entrevista, admitió que estaba «impresionada» por la «cantidad de calumnias sobre ella que le habían llegado». ¿Y el catedrático? Pues fue apartado de la docencia, pero no de la institución.

El 90% de las docentes e investigadoras no denuncian los casos de acoso

Vidu hoy forma parte de este primer gran MeToo de la universidad española. Como ella, las más de 25 académicas que aparecen en este reportaje ponen rostros e historias a lo que vienen diciendo las pocas investigaciones realizadas sobre este asunto: que la misma vida académica que habla de excelencia y pensamiento crítico también está asentada en una trama de violencias machistas que se alimentan en la jerarquía de la institución, en su gran competitividad y en la llamada violencia aisladora o de segundo orden: la que sufren las personas que apoyan a las afectadas.

No es tanto que la universidad esté cuajada de acosadores, como que tradicionalmente su ecosistema ha brindado impunidad a los que hay. ‘Omertá’, la ley del silencio, sigue siendo una de las palabras más escuchadas en este gran mosaico del acoso universitario.

Prácticamente todas las universidades cuentan con denuncias internas. Que sus nombres no aparezcan en este reportaje no significa que hayan erradicado este tipo de violencias. La confusión, sin embargo, se abre paso al intentar cartografiar el fenómeno.

Primero, porque la línea entre acoso laboral ‘a secas’ y de género a veces es fina –aunque hay datos clarificadores: de diciembre de 2019 a a marzo 2021, 31 mujeres por 11 hombres interpusieron quejas ante la Oficina de Acoso de la Universidad de Granada-. Y luego está el hecho de que la ausencia de una normativa única en cuanto a criterios de recopilación de los datos impide discernir en muchos centros cuántas denuncias o quejas proceden del profesorado, del alumnado o del personal de administración y servicios (PAS). Por supuesto, el grueso pertenece al colectivo de estudiantes, el más numeroso. Pero es en el sector del personal docente e investigador donde las personas se juegan más y el miedo a represalias es más inmovilizador.

«El 90% de las docentes e investigadoras no denuncian los casos de acoso», mantiene Patricia Melgar, miembro del Community of Research on Excellence for All (CREA), espacio de investigación que ha trabajado este asunto. Su subdirectora, la catedrática Rosa Valls, ya apuntó en un estudio pionero de 2008 que hasta un 65% de universitarios habían padecido o conocían alguna situación de violencia de género en los ámbitos de alumnado, docencia / investigación o el PAS.

CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD

En su día, este informe logró que a) la ley considerase las universidades como espacios de violencia de género y b) contribuyó a la creación de lasunidades de igualdad. «Las universidades nunca habían tenido ganas de abrir este tema, pero se les obligó desde más arriba», afirma. A partir de ahí, los datos del estudio no se han actualizado, a pesar de que lo han solicitado hasta tres veces a la Agencia Estatal de Investigación.

Los abusos van desde tocamientos a mayordomeo, negación de recursos, ‘apaños’ en los tribunales, difamación, luz de gas y agresiones físicas

Mientras las cifras siguen en el limbo, los relatos de las académicas entrevistadas, algunas de ellas con procesos judiciales abiertos contra la propia universidad, componen en cambio una silenciada sintonía común. Unas, como Ana Viduhan sufrido acoso sexual (las investigaciones apuntan a que alrededor de 1% de catedráticos son acosadores que reiteran). Y otras, como la doctora en Historia Carme Ruestes, afirman haber vivido, en su caso en la UAB, como «siervas en régimen de vasallaje»: «El catedrático no me quiso apoyar en el concurso de profesora titular, pero me propuso que me quedara investigando para él; durante muchos años trabajé mucho y bajo presión».

En este recuento de trapos sucios -en el que los atropellos van desde tocamientos hasta negación de recursos e información, mayordomeo, maniobras de expulsión, ‘apaños’ en los tribunales, campañas de difamación, robo de material, luz de gas y hasta amenazas y agresiones físicas-, también hay profesoras que denuncian hostigamientos vinculados al origen («determinadas conductas no se habrían producido si yo no fuera mujer y latinoamericana –explica una profesora de la Universidad de Granada-, la combinación de ser mujer e inmigrante es explosiva, soy la intrusa en esta institución feudal») y a la orientación sexual.

Una profesora de la UB que denunció a su catedrático por acoso y luz de gas afirma que -tras haber aceptado una mediación- no solo no se ha reparado el daño infligido sino que se ha reforzado una «especie de permiso colectivo» para menospreciarla que, según ella, no es ajeno a su orientación sexual. «A pesar de que la sociedad se crea muy avanzada, cuando no tienes una orientación sexual heteronormativa se te margina, te conviertes en la nota discordante», afirma.

Uno de los principales factores paralizantes a la hora de denunciar e incluso de apoyar a víctimas es precisamente esa alianza que sellan el miedo y la jerarquía. «Sobre todo no pongas mi nombre», «esto no lo escribas por favor», «tengo mucho miedo de las represalias», «asegúrate que no se me identifique», son comentarios que jalonan las conversaciones con algunas afectadas (la mayoría de las que aparecen en este reportaje ya no trabajan en los centros donde sufrieron el acoso).

No hay un perfil claro del acosador, más allá de que poseen «poder, protección y conexiones», y que se mueven «por redes de favores y contrafavores»

En cuanto a los acosadores, no hay un perfil claro, más allá de que poseen «poder, protección y conexiones en, por ejemplo, tribunales de plazas», afirma la socióloga Ana Vidu. «Se mueven muy bien por las tinieblas, por las redes de favores y contrafavores», añade la bióloga Eva Bussalleu. Embarazada y con depresión tras haber sufrido negación de recursos e información -extremos reconocidos por la propia Universitat de Girona-, perdió ante el compañero al que internamente acusó de hostigamiento la plaza que debía estabilizar en un concurso, y que deberá repetirse porque la justicia sentenció que el tribunal no era paritario.

Las referencias medievales que salpican este reportaje no son metafóricas. Las universidades fueron una creación del siglo XII. Eran instituciones estrictamente masculinas, donde el nivel de misoginia era incluso superior al del clero. En el siglo XXI, la dependencia de la protección de un catedrático para avanzar en la carrera equivale al vasallaje respecto al señor feudal de la Edad Media.

Desde la puesta en marcha de los protocolos en las universidades, el acoso se ha atenuado

UNIVERSIDAD: ADN FEUDAL

Este ADN feudal determina las relaciones entre las personas y favorece la desigualdad de género, raza y clase, hasta el punto de que Rosa Valls afirma que «en general, es más humana una empresa que la misma universidad». Según un informe de las Academias Nacionales de EEUU de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NAS) publicado en 2018, más del 50% de profesoras han sufrido acoso por razón de género. El libro ‘Acoso. #MeToo en la ciencia española’, de Ángela Bernardo, recoge datos y estudios a nivel estatal e internacional que chocan con la imagen idealizada de la academia. Según recoge Bernardo, la revista ‘Personnel Psychology’ afirmaba en 2003 que, en EEUU, el Ejército y la academia, por su naturaleza extremadamente jerárquica, son los sectores donde habría más acoso machista.

A pesar de que en los últimos años se han introducido mecanismos meritocráticos, los profesores titulares y sobre todo los catedráticos aún son clave en cuanto ocurre en sus feudos, desde la composición de los tribunales que dirimen las plazas hasta la asignación de recursos, la adjudicación de las asignaturas y los horarios, o las publicaciones que se realizan. Según un informe de 2019 de la Xarxa Vives (que agrupa 22 universidades de territorios de habla catalana), de cada 10 catedráticos solo dos son mujeres. Hasta hace poco, este abismo se atribuía más a circunstancias como la maternidad que a la naturaleza misógina de la institución académica.

«Es un marco muy jerarquizado y competitivo y parece que tengas que hacer un mar de favores para mantener tu plaza. ¿Quién va a denunciar a su director de tesis? Estamos en una fábrica de conocimiento y no deberíamos rendir pleitesía a un catedrático, pero se hace y mucho. Es derecho feudal», afirma la directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, Rosa Cerarols.

«Es un marco muy jerarquizado y parece que tengas que hacer muchos favores para mantener tu plaza ¿Quién va a denunciar a su director de tesis?», dicen en la Unitat d’Igualtat de la UPF

Precisamente las unidades de Igualdad, puestas en marcha en los últimos años, tienen un balance ambivalente. Por un lado, afirma la catedrática Rosa Valls, han supuesto «un impacto político superimportante» y un cortafuegos con el que empezar a trabajar. De hecho, se considera que desde la puesta en marcha de los protocolos, el acoso se ha atenuado. Sobre todo el sexual: antes de 2004, lo habían sufrido el 22% de asociadas, interinas, becarias, por el 4% actual. Aun así, advierte la catedrática, comisiones y unidades de Igualdad también corren el riesgo de convertirse en «floreros».

¿Sus principales hándicaps? Están dirigidas por el equipo rectoral, por lo que si la institución opta por autoprotegerse se vuelven contra las afectadas; los procesos de mediación que impulsan revictimizan a las denunciantes; los protocolos a menudo son disuasorios, y algunas malas experiencias ahuyentan a víctimas que sopesan dar el paso. «Cuando fui a la unidad, me dijeron que era muy valiente y que en adelante ya no estaría sola, pero me arrepiento totalmente de haber puesto la denuncia y confiado en sus palabras», asegura una profesora de la UB que, tras denunciar a su catedrático en 2019 por acoso y calumnias sostenidas a lo largo de 10 años (dentro y fuera de la universidad) no solo pasó por una traumática e inútil mediación, sino que el proceso acentuó su aislamiento en un área en la que es la única mujer.

«Mis compañeros me giraban la cara, me marginaban, no se me tenía en cuenta para nada -prosigue-. Yo creo que muchos tienen privilegios que temen perder. La universidad es una institución medieval y no quieren dejar de ser caballeros de la mesa redonda. Cualquier persona que creen que los desafía se convierte en alguien a quien se le puede ridiculizar, cuestionar su valía y matar en vida, y es lo que a mí me están haciendo desde el primer día. En el mejor de los casos, han mirado hacia otro lado y me han dejado sola, como a una paria».

El cerco que relata esta profesora no es ninguna excepción. De hecho, en el modus operandi del acoso universitario es significativo el cordón sanitario alrededor de la víctima, en el que el claustro ‘compra’ la versión del acosador, por supervivencia, desidia o interés.Explica Vidu que profesores que habían elogiado su talento empezaron a cuestionarla en público. A J.R., la dirección de la escuela universitaria en la que trabajaba no quiso oír su vivencia y al final abrió una investigación interna a puerta cerrada llevada a cabo por una empresa externa que hacía informes en el marco de la prevención de riesgos laborales. En ninguno de los casos hubo voluntad de esclarecimiento ni acompañamiento alguno.

«Recibí amenazas de muerte e intentaron echarme de la universidad», explica Ramón Flecha, catedrático de la UB que apoyó a una alumna acosada

«Uno de los primeros casos que saltó a la prensa fue el de M.A.F., profesora interina de la facultad de Económicas de la UB, que tras los informes de Fiscalía y magistratura, perdió el juicio contra el catedrático M.A., a quien denunció en 2004 por presiones para que accediera a favores sexuales, porque los miembros de su departamento testificaron a favor del catedrático», explica Ramón Flecha, el primer catedrático español que se puso del lado de las víctimas, ‘honor’ que lo convirtió en «traidor» y le reportó una sustancial bajada de ingresos.

En 1995, Flecha presentó la primera denuncia en la UB, proponiendo al equipo rector que actuara contra las continuas situaciones de acoso sexual y adoptara procedimientos como el de Harvard, «donde si un profesor sabe de un acoso y no lo denuncia, es expulsado». Las represalias fueron «bestiales», describe. «Recibí amenazas de muerte a las tres de la mañana, intentaron echarme de la universidad, como a otras colegas que investigaron el asunto, y cuando vieron que no podían con nosotros, fueron a por nuestros hijos en las escuelas», explica. ¿Quién? «Hubo una implicación total de la estructura universitaria», no duda el investigador, ejemplo de víctima deviolencia de segundo orden-solo el 0,4% de los docentes apoyan a las víctimas y de este 0,4%, el 80% ha sufrido violencia de género aisladora-, clave sin la que no se podría entender el acoso en el entorno universitario y que, de forma pionera, fue incluida en el ordenamiento jurídico catalán en diciembre de 2020.

«Las víctimas solo se pueden transformar en ‘supervivientes’ si encuentran apoyo, y este apoyo solo se da, salvo heroicas excepciones, con legislaciones y actuaciones institucionales decididas. Sin ellas, se impone la ley del silencio, aliada de los acosadores», explica. En este sentido, Valls afirma que un concepto clave es el llamado ‘bystander intervention’ o intervención de los testigos. «En el momento en que la sociedad interviene, cuando ves algo en el metro y consideras que debes interceder, es cuando los programas funcionan porque ya no se produce la violencia aisladora».

Las víctimas solo se pueden transformar en ‘supervivientes’ si encuentran apoyo. De lo contrario gana la ley del silencio

Mientras, las secuelas psicológicas del acoso son feroces. Algunas de las mujeres entrevistadas presentan cuadros de estrés postraumático que les afecta en su día a día y que les obliga a pagarse de su bolsillo psicólogos especializados en conflictos en entornos laborales para intentar mitigar los efectos del acoso. Sus relatos hablan de problemas de concentración, temblores, insomnio, mareos, ataques de ansiedad, depresión y hasta intentos de suicidio. «Caí en una depresión muy fuerte y una vez incluso intenté tirarme por una ventana –explica una investigadora–. Ahora me parece una barbaridad, pero estaba muy ofuscada y solo quería acabar con aquel sufrimiento que se me comía».

De hecho, muchas veces, el conflicto estalla tras sufrir hostigamiento durante mucho tiempo. Al principio, muchas afectadas no entienden qué está pasando. Y luego no ven salida aparente a la telaraña . «Yo tardé 10 años en denunciar. Aguantas hasta que ya no puedes más. Nadie toma una decisión así cuando hace siete meses que te hacen la vida imposible», afirma una docente. «Yo solo di el paso de denunciar cuando vi que ya no podía perder nada más», explica Eva Bussalleu, que ha sido contratada otra vez y se presentará a un nuevo concurso después de que la justicia anulara el anterior.

La gran prueba de cargo que componen todas estas mujeres está ahí. ¿Qué hacer con ella? Los procesos judiciales solo sirven para los casos más graves, son costosos y requieren de unas pruebas que las víctimas no siempre han podido recopilar. Así que el cambio, coinciden las afectadas y los estudios, debe ser sobre todo institucional y cultural. En este sentido, desde la Unitat d’Igualtat de la UB proclaman «tolerancia cero». «Iremos a por todas –afirman- y si hay casos del pasado que se deben reabrir, lo haremos». Las afectadas, por su parte, recelan del cambio real, exigen una intervención política si las universidades no atajan el problema y reclaman justicia restaurativa para restablecer su honor.

Algunas sufren estrés postraumático y deben pagar de su bolsillo la atención psicológica

«El acoso aún es sistémico y la falta de respuesta también, yo solo espero que se tomen medidas eficaces y que toda esta injusticia y sufrimiento sirvan de algo, que las nuevas generaciones no tengan que pasar por lo mismo –afirma Eva Bussalleu–. Defenderme me ha costado demasiado tiempo, salud y dinero, cuando debería haber dedicado toda la energía a la investigación y la docencia».

Visibilizar la magnitud del problema, medirlo y entenderlo es un primer paso, legislar es imprescindible y se necesitan más campañas de información y sensibilización. Pero también capital para minimizar el acoso por razón de género en la Academia es que la sociedad deje de tolerarlo. El MeToo y las redes de apoyo mutuo son claves en la construcción de una cultura de respaldo a las víctimas.

Incluso ha nacido un nuevo género literario, derivado de la necesidad de dar a conocer situaciones de acoso sin exponerse a denuncias. La sección ‘Omertá’ de ‘Diario Feminista’ lleva más de 90 capítulos publicados: «Siempre nos la jugamos -explica una de la autoras, Mar Joanpere-. Hemos recibido demandas por el derecho al honor por denunciar el acoso, aunque nunca aparecen los nombres, excepto aquellos que la justicia ha identificado como tales». Escribir para que se entienda todo pero sin identificar a los protagonistas ha dado como resultado textos muy similares que emergen como patrones del acoso.

«El acoso es sistémico y la falta de respuesta, también», lamenta la investigadora Eva Bussalleu, con un juicio pendiente

Mar Joanpere fue víctima de acoso sexual cuando estudiaba el máster en la UB y forma parte de la Red Solidaria de Víctimas de Violencia de Género en la Universidad. Hoy es profesora de Sociología en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona: «Muchas personas acosadas como alumnos han dejado la UB. Fuimos víctimas, supervivientes y ahora activistas. Pero tenemos que seguir en la academia porque solo la cambiaremos desde dentro».

Fuente: https://www.epe.es/es/igualdad/20220123/metoo-igualdad-universidad-13139161

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/metoo-en-las-universidades-espanola/

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La Ley Maestra: una apuesta por la segregación y un atropello parlamentario

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado su proyecto de “ley Maestra”, que no es otra cosa que una apuesta descarada por seguir desmantelando la educación pública en esta comunidad.

Es una ley segregadora, que blinda y potencia la educación concertada, que unido a su resistencia a construir centros educativos públicos, hace que la libertad de elección real de las familias se oriente a la privada-concertada. También pretende incumplir la Lomloe dando conciertos a colegios contrarios a la coeducación, regalando suelo público a empresas privadas y publicando rankings de centros con los resultados de pruebas académicas. Por último, tampoco garantiza la educación inclusiva en todos los centros educativos ordinarios. Llamar “ley maestra” a esto, es el disfraz de la mentira y un insulto a nuestra profesión docente.

Su tramitación en la Asamblea de Madrid está lejos de cumplir cualquier procedimiento parlamentario mínimamente democrático. Se empezó con la acumulación de hasta nueve comparecencias en la Comisión de Educación de organizaciones y entidades en una sola sesión (16 de noviembre de 2021), sabiendo que cada comparecencia supone una hora y diez minutos sin tiempos muertos, y sin parada para comer.

La primera reunión de Ponencia realmente operativa fue el 7 de diciembre de 2021. La Ponencia es la primera instancia de debate de enmiendas y búsqueda de acuerdos sobre el proyecto de ley. Se había acordado por consenso que la Ponencia se dedicaría a la presentación, debate, aprobación o rechazo en su caso de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la ley: 8 enmiendas del PP; 72 de Más Madrid; 15 del PSOE; 44 de Vox y 30 de Unidas Podemos.

Horas antes, se nos comunicó a los portavoces de la Comisión de Educación (a través de WhatsApp) que PP y Vox había llegado a un acuerdo por el que presentaban 27 enmiendas transaccionales. En la reunión de la Ponencia se empezaron a debatir enmiendas y se resolvieron diez de ellas. Pero PP y Vox plantearon cambiar la metodología seguida para aprobar a la carrera su acuerdo externo e impedir el debate de las enmiendas del resto de grupos; proponían que los demás grupos expusieran en 5 minutos todas sus enmiendas y votarlas en bloque, adelantando que votarían en contra de todas ellas. Es evidente que no se podía romper la metodología consensuada ni cambiarla a mitad de sesión y aplicarla en esa misma reunión. Pero lo hicieron.

También pretendían que se votasen sus 27 enmiendas transaccionales en bloque, sin poder opinar sobre algo que empeora más aún esta lamentable ley. Ante la falta de acuerdo, PP y Vox votaron dar por cerrada la Ponencia y sus trabajos. Los tres grupos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no participamos en la votación, por considerarla contraria al procedimiento parlamentario que rige en estos casos y porque impedía el debate de las enmiendas.

La actitud del PP y Vox es una negación del debate y de la posibilidad de presentar y defender las 117 enmiendas elaboradas por los tres grupos parlamentarios progresistas. Es un hecho que PP y Vox tienen mayoría para sacar adelante sus acuerdos, pero no tienen patente de corso para saltarse los consensos, los procedimientos ni la democracia. Si tenían tanta prisa para aprobar la ley, podrían haber utilizado el procedimiento de urgencia.

En la reunión de la Mesa y portavoces de la Comisión de Educación del 10 de diciembre se pretendió dar por válido, como si fuera el dictamen de la Ponencia de la Ley, el texto elaborado por el letrado que asistió a la reunión de Ponencia del 7 de diciembre. Hay que recordar que en dicha reunión PP y Vox cerraron la Ponencia y no se permitió presentar ni debatir todas y cada una de las enmiendas de los grupos parlamentarios progresistas.

No se puede pretender zanjar la tramitación de la ley en Ponencia y en Comisión con una metodología con la que los grupos del PP y Vox impongan que se presenten todas las enmiendas de cada grupo en bloque y en pocos minutos, y se voten también en bloque decenas de enmiendas. Votar en bloque niega toda posibilidad teórica de intentar convencer en algo al resto de grupos, de presentar enmiendas in voce y de alcanzar algún acuerdo.

La metodología aplicada es una burla total rechazable por antidemocrática. Un paripé, que no respeta un mínimo procedimiento que permita exponer, debatir y valorar con un mínimo de sosiego las enmiendas presentadas. Hay que recordar, que son propuestas realizadas gracias a un trabajo común con las organizaciones más representativas de la comunidad educativa (sindicatos del profesorado, federaciones de AMPA, Marea Verde, plataformas en defensa de la educación pública y de la educación inclusiva, etc.). Cuando estas organizaciones fueron informadas, no daban crédito a lo que sucedía.

Por poner en contexto estas actuaciones, esta actitud se repite con el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022 y el acuerdo PP y Vox del 30 de noviembre de 2021. Un acuerdo sobre 13 puntos, donde la cuantificación apenas supone un 0,4% del total de los presupuestos (menos de 100 millones de euros, 62,5 de ellos dedicados a más cheques escolares que son un robo a la educación pública. Pero lo más sorprendente es que ponen por escrito una declaración cargada de sectarismo: “Con el presente acuerdo el Gobierno se compromete a no alcanzar ningún acuerdo total o parcial con otros grupos. Del mismo modo, Vox se compromete a no apoyar ninguna de las enmiendas a la totalidad ni parciales presentadas por los otros grupos presentes en la Asamblea”.

¿Cómo se puede decir que no van a aceptar ni una sola de las 3.711 enmiendas que proponen a los presupuestos los tres grupos parlamentarios progresistas (UP 1.655; MM 1.581 y PSOE 475 enmiendas), sin analizar ni aportar soluciones coherentes a los problemas de la gente? Es la misma pauta antidemocrática, sectaria y autoritaria que se ha aplicado con la “ley maestra”.

En conclusión, la actuación de las derechas con la tramitación de la “ley maestra” pone de manifiesto que entre PP y Vox hay un acuerdo de Gobierno, aunque Vox no tenga consejerías. El objetivo del acuerdo en un sabotaje del debate democrático y un cierre en la práctica del correcto funcionamiento de la Asamblea de Madrid. Y, seguramente, algo de mayor calado estratégico: apostar por un futuro gobierno de la ultraderecha en España encabezado por Isabel Diaz Ayuso.

La democracia se basa tanto en el respeto a los contenidos como a las formas, y con esta manera tan antidemocrática de proceder se pone de manifiesto el peligro que para la democracia tiene la fusión de esta derecha trumpista y la ultraderecha. El autoritarismo demostrado indica que van a seguir atentando contra la Educación Pública de Madrid y contra los servicios públicos. Los hechos tienen consecuencias y la educación y la democracia se merecen un respeto. Solo la unidad de todas las organizaciones de la comunidad educativa con las fuerzas progresistas podrá detener esta tremenda agresión a la Educación Pública y este atropello a la Democracia y al parlamentarismo.

Fuente: https://rebelion.org/la-ley-maestra-una-apuesta-por-la-segregacion-y-un-atropello-parlamentario/

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España: Los sindicatos de enseñanza ven “insuficiente y difusa” la reforma de la profesión docente presentada por el Ministerio de Educación

CC OO, CSIF y UGT reclaman que el nuevo estatuto aborde la mejora de las condiciones laborales, la reducción de la carga lectiva y de las ratios de alumnos por aula.

El documento presentado este jueves por el Ministerio de Educación con 24 propuestas para reformar la profesión docente es considerado “insuficiente” por los sindicatos de enseñanza. Comisiones Obreras, CSIF y UGT han reclamado que el nuevo estatuto docente regule las condiciones laborales y salariales, que apenas se mencionan en el texto presentado por el Gobierno de forma simultánea a los sindicatos y a las comunidades autónomas. Educación considera que el texto es un punto de partida para ir negociando y plasmando en diversas normas cuestiones como la formación inicial y permanente de los docentes, el acceso a la profesión y el desarrollo profesional, tal y como prevé la ley educativa aprobada hace un año.

Entre las novedades que introduce el documento figuran el establecimiento de un examen especial para acceder a carreras de educación infantil y primaria, el endurecimiento de las condiciones para acceder al máster del profesorado, un cambio en el sistema de prácticas y un nuevo sistema de evaluación de los docentes al que estará asociada su promoción profesional.

“Contiene propuestas parciales y difusas en relación con la formación inicial, la formación permanente, el acceso e ingreso docente y la carrera profesional”, ha señalado CC OO, “y ninguna de ellas progresa en la línea de mejorar y homologar las condiciones del profesorado ni solucionar los problemas más importantes”. El sindicato reclama, una reducción de la carga lectiva de los docentes y de las ratios de alumnos por aula, entre otras medidas, entre las que menciona también “una mejora real de la formación inicial y no solo cribas para reducir las personas que acceden a ella”.

CSIF ha pedido al ministerio que el nuevo estatuto se centre “en reforzar las plantillas y, en definitiva, revertir los recortes de 2012, aún vigentes y que se han evidenciado a la sociedad por su efecto durante la pandemia”. UGT ve el documento “descompensado”: “si bien se extiende en cuestiones importantes como la formación inicial, la reformulación de especialidades docentes, la formación permanente (sin especificar cómo se va a hacer) y el sistema de selección, ni se mencionan aspectos que deberá contener el futuro estatuto: dignificación de la profesión, retribuciones, jornada lectiva, ratios y recuperación de derechos entre otras”. Y a STE, por su parte, le parece “un buen punto de partida” los puntos relativos a la formación inicial y permanente, “así como que se considere necesario la inclusión de asignaturas didácticas” en las carreras no educativas. Pero rechaza varias de las cuestiones planteadas, como la idea de trasladar el modelo de prácticas Dual propio de la Formación Profesional al aprendizaje de los futuros docentes.

Renuncia al modelo MIR

Lucas Gortázar, director de Educación de EsadeEcPol, opina, por su parte, que la propuesta “renuncia de forma expresa a un periodo específico tipo MIR [el sistema diseñado para la incorporación de los médicos a la sanidad pública], de dos o tres años y lo diluye y fragmenta en distintos momentos: al final del grado de Magisterio, durante el máster, y en las prácticas de los nuevos funcionarios, solo para la pública. Esta fragmentación de formación tutorizada y acompañada no hará sino atomizar los esfuerzos, apostar por mejoras en el margen sin transformar el sistema”. Gortázar también considera “difuso” el sistema propuesto para evaluar a los docentes. “Sugiere metodologías, como la auto-evaluación o evaluación por pares, que, aun siendo prometedoras desde el punto de vista del empoderamiento del profesorado, tienen importantes lagunas metodológicas. Otros instrumentos de evaluación están ausentes”.

El sociólogo Mariano Fernández Enguita afirma por su parte: “La buena noticia es que todo apunta en la buena dirección, pero la mala es que se trata en gran parte de pequeños movimientos, que no llevarán muy lejos”. “Los aspirantes”, prosigue Fernández Enguita, “seguirán accediendo a la condición funcionarial vía exámenes, mientras que la iniciación práctica quizá sea reforzada, pero seguirá siendo breve y no selectiva”. El catedrático de la Universidad Complutense ve escasa las referencias a la necesidad de formar para la docencia “en un sistema y un ecosistema digitales”. “No estamos ante un complemento necesario, ni ante una nueva necesidad surgida por la pandemia, sino ante un desfase histórico monumental”, añade.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2022-01-27/los-sindicatos-de-ensenanza-ven-insuficiente-y-difusa-la-reforma-de-la-profesion-docente-presentada-por-el-ministerio-de-educacion.html

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Educar para la paz: educar para la comprensión internacional y el desarme

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Por: Luis Mariano Torrego Egido- Enrique Díez

El 30 de enero es el Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENyP). Los centros educativos suelen realizar actividades relacionadas con la educación para la paz en torno a este día. Pero todos los centros saben que educar para la paz va más allá de un día simbólico y que es una tarea constante y diaria que atraviesa de forma insoslayable la vida y dinámica de los centros educativos, el ADN del currículum escolar en todas las materias y una visión profundamente humanista, de justicia y solidaridad, entre la especie humana y con el planeta, en la que se educa en la escuela.

Contrasta esta labor de los centros escolares, que se les encomienda de forma reiterada, con las soflamas belicistas que inundan estos días los medios de comunicación, las tertulias radiofónicas y televisivas o los mensajes “patrióticos” en las redes sociales. Recuperan aquel viejo sofisma romano, Si vis pacem, para bellum: “Si quieres la paz, prepara la guerra”, que solo sirve para justificar la industria bélica y el incremento del gasto militar (recordemos que el gasto militar mundial aumentó en 2020 un 2,6%, pese a la pandemia, hasta alcanzar casi los 2 billones de dólares, mientras 1.500 millones de personas viven con menos de 2 dólares diarios).

Estos días previos a la celebración del DENyP las radios y las televisiones hablan de Ucrania y la inquietud ante una guerra recorre a la opinión pública que contempla este escenario con elevadas dosis de temor y de desconcierto, así como de desconocimiento de las circunstancias y de los problemas de la población de aquel país. Es una muestra evidente de que la educación para la paz sigue siendo una propuesta no realizada, de la que se habla, pero se práctica poco.

La primera víctima de una guerra es la verdad

¿Qué sabemos de Ucrania, de su población, de su historia y su situación actual? Un breve repaso nos lo ofrece el profesor de secundaria, Julián Jiménez, en su artículo titulado “Intentando explicar de una forma didáctica la crisis en Ucrania… sin morir en el intento”, del que extraemos algunos aspectos claves.

El actual gobierno de Kiev, como analiza Julián Jiménez, surgió de lo que en occidente se denominó como “revolución naranja” del Maidán (que, más bien, fue un golpe de estado en 2014, apoyado por Estados Unidos). Es un gobierno ultranacionalista y cuenta con grupos de ultraderecha dentro de la Policía y el Ejército. Recordemos que en las protestas del Maidán usaron paramilitares que disparaban a los manifestantes, para lograr así las imágenes buscadas en la prensa occidental y conseguir su apoyo.

Ucrania no es un país homogéneo. Está dividido etnolingüísticamente entre un oeste pro-Unión Europea y pro-OTAN, y un este mayoritariamente ruso. La población rusa, que era el 25% de la población en 2014, ha sido reducida mediante limpieza étnica impulsada por el actual gobierno de Kiev, que desembocó en la brutal masacre en Odessa, donde se quemó a miembros del Partido Comunista vivos. Ocho años después, no hay un solo detenido por esta barbarie.

Los protocolos de Minsk, acordados en 2014 y 2015, con la mediación de Rusia, Francia y Alemania, reconocieron la especificidad etnolingüística de la región de la cuenca del Donbás, en su mayoría de habla rusa, y crearon un sistema de autogobierno para la región de acuerdo con la legislación ucraniana, de los distritos de Donetsk y Lugansk. Estos protocolos nunca fueron cumplidos por el gobierno de Kiev, que es presentado en occidente como un gobierno democrático, a pesar de la ilegalización de partidos de la oposición o de las matanzas contra civiles en Donetsk y Lugansk, como explica el profesor Jiménez.

Si estas circunstancias son poco sabidas, sobre las dificultades de la vida cotidiana de la gente en Ucrania conocemos aún menos: no sabemos cómo se enfrentan a la pobreza energética ante la dureza del crudo invierno (dependen en un 72% del gas natural de Rusia), al cambio climático en el corazón del mayor desastre nuclear, a la devaluación de su moneda, a la inflación y una desaceleración económica que lleva a normalizar el hecho de simultanear dos trabajos para poder vivir, …

La educación para la comprensión internacional

Es preciso analizar qué nos hemos dejado por el camino para tener una opinión pública tan fácilmente adoctrinable. Sin duda, en ello intervienen los medios de comunicación, pero también la educación que se proporciona en nuestro sistema educativo. Por ello resulta de interés volver la mirada y detenernos en el origen de la educación para la paz.

La educación para la paz se fundamenta con el movimiento de la Escuela Nueva. A su condición de movimiento transmisor y generador de la tradición humanista renovadora se une un factor sociopolítico fundamental: el estallido y las terribles consecuencias de la I Guerra Mundial.

Se trata de una propuesta recorrida por el mejor utopismo pedagógico, aquel que sirve de motor de los sueños educativos que alimentan la transformación de la realidad. Es emocionante ver la capacidad que se atribuye a la contribución del profesorado —Pere Rosselló sostenía que «la salvación política del mundo está en manos de los educadores»— y el transcendental papel de la infancia desde la perspectiva de una educación nueva: «El niño, entonces, nos promete la redención de la humanidad», como afirmara María Montessori.

Surgen en ese momento los proyectos alternativos para avanzar en la construcción de la paz desde la educación: la referencia en las escuelas a las grandes realizaciones colectivas en favor de la paz, a las personalidades pacifistas y a las ideas fundamentales acerca de la paz y la violencia; el estudio crítico y objetivo de las noticias internacionales a través de los medios de comunicación; la correspondencia interescolar e intercambios con centros de otras naciones: el «internacionalismo infantil» o «internacionalismo escolar», en palabras de Luis Álvarez Santullano, el secretario de las Misiones Pedagógicas.

Hay un empeño decidido en conocer a otros pueblos y a relacionarse con ellos para empatizar y construir relaciones fraternales. Quienes se conocen y se tratan como hermanos no pueden apoyar la guerra ni enfrentarse en ella.

La educación en los derechos humanos y la educación para el desarme

El rechazo a otra guerra y a sus consecuencias, la Segunda Guerra Mundial, vuelve a poner en el foco a la educación para la paz, pues es entonces, en noviembre de 1945, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (la UNESCO) con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. En su preámbulo, la Constitución de la UNESCO proclama: «Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y de las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz».

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se impulsan desde ahí nuevos componentes de la educación para la paz como la educación para los derechos humanos y, posteriormente, la educación para el desarme y para la desobediencia.

Xesus Rodríguez Jares, gran impulsor de la educación para la paz, señalaba cómo hay que alimentar la comprensión internacional en los centros escolares, con presupuestos didácticos como el de enseñar cómo han vivido y viven los otros pueblos, reconocer la aportación de cada nación al patrimonio común de la humanidad —evitando el folklorismo pedagógico—, contrarrestar la idea del enemigo, enseñar cómo un mundo dividido puede llegar a ser más solidario, inculcar el convencimiento de que las naciones han de cooperar con las organizaciones internacionales y, sobre todo, vivir en los centros escolares los principios de la democracia, la libertad y la igualdad.

No hay guerras justas

Como decía el dibujante Forges “no hay guerras justas y guerras injustas: solo hay malditas guerras”. Es lo mismo que nos recordaba Julio Anguita, a raíz de la muerte de su hijo periodista en una de estas guerras: «Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen», frase que se “viralizó” a través de pintadas y graffitis en paredes de pueblos y ciudades de toda España.

Hoy necesitamos recuperar con fuerza el viejo anhelo de la educación para la paz. El hecho de que la población asista pasiva y acríticamente al escenario que se presenta muestra un fracaso educativo. Desde nuestras escuelas no hemos sabido convertir a los seres humanos en protagonistas de la historia, tal y como planteara Freire. Y eso amenaza el corazón mismo de cualquier sociedad que se pretenda democrática.

La educación para la paz debe estar en la raíz de cualquier proceso de educación cívica y democrática, que desarrolle la autonomía de niños y niñas. Ha de ser una educación vivencial, que permita al alumnado ponerse en la piel de quien sufre la injusticia y la violencia, reflexionar sobre ello y analizar sus causas y sus consecuencias. Tiene que cambiar los horizontes de felicidad de nuestro alumnado e impulsarles a la transformación de las sociedades injustas. Todo un programa de construcción de una educación integral, crítica y emancipadora que hay que poner en marcha ya. Manos a la obra.

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MeToo en las universidades españolas

Por; Núria Marrón, Núria Navarro, Gemma Tramullas |

Más de 25 profesoras e investigadoras de las universidades públicas españolas rompen por primera vez su silencio para denunciar el acoso y la violencia machista que han sufrido en una institución que presume de buscar la excelencia pero aún conserva parte del ADN «feudal»

«Si sigues miedosa, prometo darte un buen azote». «El sexo es una forma excelsa de comunicación». «Mi vida es un orgasmo, ¡chica!». «Besos mojados». «Besitos ahí». Cada uno de estos mensajes, y un buen puñado más, fueron enviados con absoluta impunidad por un reputado catedrático de la Universitat de Barcelona a 12 alumnas y dos alumnos. Todos ellos constan en unas diligencias que la fiscalía archivó en 2013 porque la denuncia por acoso sexual, tras abrasarse convenientemente en los despachos de la universidad, ya había prescrito cuando llegó a sus manos. El caso, por tanto, no tuvo recorrido judicial, pero sí ha contribuido a descorrer la tapa de una fosa séptica oscura y largamente silenciada: el acoso sexual y machista que sufren profesoras e investigadoras universitarias y que provoca tanto sufrimiento como asfixia y expulsión de talento.

Una de las denunciantes fue la socióloga Ana Vidu, cuyo caso aún es extraordinario en la medida en que rompió el muro universitario. Sin embargo, el desenlace es demasiado conocido por demasiadas mujeres. Vidu pasó a ser «la conflictiva», la apestada, la loca, adjetivos que aún hoy repercuten en su vida profesional. «Es peor cuando denuncias que cuando sufres el acoso», dice hoy, desde la Universidad de Berkeley. De hecho, con su carrera reventada en Barcelona, probó en la Universidad de Deusto, donde la decana de Derecho, tras una larga entrevista, admitió que estaba «impresionada» por la «cantidad de calumnias sobre ella que le habían llegado». ¿Y el catedrático? Pues fue apartado de la docencia, pero no de la institución.

El 90% de las docentes e investigadoras no denuncian los casos de acoso

Vidu hoy forma parte de este primer gran MeToo de la universidad española. Como ella, las más de 25 académicas que aparecen en este reportaje ponen rostros e historias a lo que vienen diciendo las pocas investigaciones realizadas sobre este asunto: que la misma vida académica que habla de excelencia y pensamiento crítico también está asentada en una trama de violencias machistas que se alimentan en la jerarquía de la institución, en su gran competitividad y en la llamada violencia aisladora o de segundo orden: la que sufren las personas que apoyan a las afectadas.

No es tanto que la universidad esté cuajada de acosadores, como que tradicionalmente su ecosistema ha brindado impunidad a los que hay. ‘Omertá’, la ley del silencio, sigue siendo una de las palabras más escuchadas en este gran mosaico del acoso universitario.

Prácticamente todas las universidades cuentan con denuncias internas. Que sus nombres no aparezcan en este reportaje no significa que hayan erradicado este tipo de violencias. La confusión, sin embargo, se abre paso al intentar cartografiar el fenómeno.

Primero, porque la línea entre acoso laboral ‘a secas’ y de género a veces es fina –aunque hay datos clarificadores: de diciembre de 2019 a a marzo 2021, 31 mujeres por 11 hombres interpusieron quejas ante la Oficina de Acoso de la Universidad de Granada-. Y luego está el hecho de que la ausencia de una normativa única en cuanto a criterios de recopilación de los datos impide discernir en muchos centros cuántas denuncias o quejas proceden del profesorado, del alumnado o del personal de administración y servicios (PAS). Por supuesto, el grueso pertenece al colectivo de estudiantes, el más numeroso. Pero es en el sector del personal docente e investigador donde las personas se juegan más y el miedo a represalias es más inmovilizador.

«El 90% de las docentes e investigadoras no denuncian los casos de acoso», mantiene Patricia Melgar, miembro del Community of Research on Excellence for All (CREA), espacio de investigación que ha trabajado este asunto. Su subdirectora, la catedrática Rosa Valls, ya apuntó en un estudio pionero de 2008 que hasta un 65% de universitarios habían padecido o conocían alguna situación de violencia de género en los ámbitos de alumnado, docencia / investigación o el PAS.

CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD

En su día, este informe logró que a) la ley considerase las universidades como espacios de violencia de género y b) contribuyó a la creación de lasunidades de igualdad. «Las universidades nunca habían tenido ganas de abrir este tema, pero se les obligó desde más arriba», afirma. A partir de ahí, los datos del estudio no se han actualizado, a pesar de que lo han solicitado hasta tres veces a la Agencia Estatal de Investigación.

Los abusos van desde tocamientos a mayordomeo, negación de recursos, ‘apaños’ en los tribunales, difamación, luz de gas y agresiones físicas

Mientras las cifras siguen en el limbo, los relatos de las académicas entrevistadas, algunas de ellas con procesos judiciales abiertos contra la propia universidad, componen en cambio una silenciada sintonía común. Unas, como Ana Viduhan sufrido acoso sexual (las investigaciones apuntan a que alrededor de 1% de catedráticos son acosadores que reiteran). Y otras, como la doctora en Historia Carme Ruestes, afirman haber vivido, en su caso en la UAB, como «siervas en régimen de vasallaje»: «El catedrático no me quiso apoyar en el concurso de profesora titular, pero me propuso que me quedara investigando para él; durante muchos años trabajé mucho y bajo presión».

En este recuento de trapos sucios -en el que los atropellos van desde tocamientos hasta negación de recursos e información, mayordomeo, maniobras de expulsión, ‘apaños’ en los tribunales, campañas de difamación, robo de material, luz de gas y hasta amenazas y agresiones físicas-, también hay profesoras que denuncian hostigamientos vinculados al origen («determinadas conductas no se habrían producido si yo no fuera mujer y latinoamericana –explica una profesora de la Universidad de Granada-, la combinación de ser mujer e inmigrante es explosiva, soy la intrusa en esta institución feudal») y a la orientación sexual.

Una profesora de la UB que denunció a su catedrático por acoso y luz de gas afirma que -tras haber aceptado una mediación- no solo no se ha reparado el daño infligido sino que se ha reforzado una «especie de permiso colectivo» para menospreciarla que, según ella, no es ajeno a su orientación sexual. «A pesar de que la sociedad se crea muy avanzada, cuando no tienes una orientación sexual heteronormativa se te margina, te conviertes en la nota discordante», afirma.

Uno de los principales factores paralizantes a la hora de denunciar e incluso de apoyar a víctimas es precisamente esa alianza que sellan el miedo y la jerarquía. «Sobre todo no pongas mi nombre», «esto no lo escribas por favor», «tengo mucho miedo de las represalias», «asegúrate que no se me identifique», son comentarios que jalonan las conversaciones con algunas afectadas (la mayoría de las que aparecen en este reportaje ya no trabajan en los centros donde sufrieron el acoso).

No hay un perfil claro del acosador, más allá de que poseen «poder, protección y conexiones», y que se mueven «por redes de favores y contrafavores»

En cuanto a los acosadores, no hay un perfil claro, más allá de que poseen «poder, protección y conexiones en, por ejemplo, tribunales de plazas», afirma la socióloga Ana Vidu. «Se mueven muy bien por las tinieblas, por las redes de favores y contrafavores», añade la bióloga Eva Bussalleu. Embarazada y con depresión tras haber sufrido negación de recursos e información -extremos reconocidos por la propia Universitat de Girona-, perdió ante el compañero al que internamente acusó de hostigamiento la plaza que debía estabilizar en un concurso, y que deberá repetirse porque la justicia sentenció que el tribunal no era paritario.

Las referencias medievales que salpican este reportaje no son metafóricas. Las universidades fueron una creación del siglo XII. Eran instituciones estrictamente masculinas, donde el nivel de misoginia era incluso superior al del clero. En el siglo XXI, la dependencia de la protección de un catedrático para avanzar en la carrera equivale al vasallaje respecto al señor feudal de la Edad Media.

Desde la puesta en marcha de los protocolos en las universidades, el acoso se ha atenuado

UNIVERSIDAD: ADN FEUDAL

Este ADN feudal determina las relaciones entre las personas y favorece la desigualdad de género, raza y clase, hasta el punto de que Rosa Valls afirma que «en general, es más humana una empresa que la misma universidad». Según un informe de las Academias Nacionales de EEUU de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NAS) publicado en 2018, más del 50% de profesoras han sufrido acoso por razón de género. El libro ‘Acoso. #MeToo en la ciencia española’, de Ángela Bernardo, recoge datos y estudios a nivel estatal e internacional que chocan con la imagen idealizada de la academia. Según recoge Bernardo, la revista ‘Personnel Psychology’ afirmaba en 2003 que, en EEUU, el Ejército y la academia, por su naturaleza extremadamente jerárquica, son los sectores donde habría más acoso machista.

A pesar de que en los últimos años se han introducido mecanismos meritocráticos, los profesores titulares y sobre todo los catedráticos aún son clave en cuanto ocurre en sus feudos, desde la composición de los tribunales que dirimen las plazas hasta la asignación de recursos, la adjudicación de las asignaturas y los horarios, o las publicaciones que se realizan. Según un informe de 2019 de la Xarxa Vives (que agrupa 22 universidades de territorios de habla catalana), de cada 10 catedráticos solo dos son mujeres. Hasta hace poco, este abismo se atribuía más a circunstancias como la maternidad que a la naturaleza misógina de la institución académica.

«Es un marco muy jerarquizado y competitivo y parece que tengas que hacer un mar de favores para mantener tu plaza. ¿Quién va a denunciar a su director de tesis? Estamos en una fábrica de conocimiento y no deberíamos rendir pleitesía a un catedrático, pero se hace y mucho. Es derecho feudal», afirma la directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, Rosa Cerarols.

«Es un marco muy jerarquizado y parece que tengas que hacer muchos favores para mantener tu plaza ¿Quién va a denunciar a su director de tesis?», dicen en la Unitat d’Igualtat de la UPF

Precisamente las unidades de Igualdad, puestas en marcha en los últimos años, tienen un balance ambivalente. Por un lado, afirma la catedrática Rosa Valls, han supuesto «un impacto político superimportante» y un cortafuegos con el que empezar a trabajar. De hecho, se considera que desde la puesta en marcha de los protocolos, el acoso se ha atenuado. Sobre todo el sexual: antes de 2004, lo habían sufrido el 22% de asociadas, interinas, becarias, por el 4% actual. Aun así, advierte la catedrática, comisiones y unidades de Igualdad también corren el riesgo de convertirse en «floreros».

¿Sus principales hándicaps? Están dirigidas por el equipo rectoral, por lo que si la institución opta por autoprotegerse se vuelven contra las afectadas; los procesos de mediación que impulsan revictimizan a las denunciantes; los protocolos a menudo son disuasorios, y algunas malas experiencias ahuyentan a víctimas que sopesan dar el paso. «Cuando fui a la unidad, me dijeron que era muy valiente y que en adelante ya no estaría sola, pero me arrepiento totalmente de haber puesto la denuncia y confiado en sus palabras», asegura una profesora de la UB que, tras denunciar a su catedrático en 2019 por acoso y calumnias sostenidas a lo largo de 10 años (dentro y fuera de la universidad) no solo pasó por una traumática e inútil mediación, sino que el proceso acentuó su aislamiento en un área en la que es la única mujer.

«Mis compañeros me giraban la cara, me marginaban, no se me tenía en cuenta para nada -prosigue-. Yo creo que muchos tienen privilegios que temen perder. La universidad es una institución medieval y no quieren dejar de ser caballeros de la mesa redonda. Cualquier persona que creen que los desafía se convierte en alguien a quien se le puede ridiculizar, cuestionar su valía y matar en vida, y es lo que a mí me están haciendo desde el primer día. En el mejor de los casos, han mirado hacia otro lado y me han dejado sola, como a una paria».

El cerco que relata esta profesora no es ninguna excepción. De hecho, en el modus operandi del acoso universitario es significativo el cordón sanitario alrededor de la víctima, en el que el claustro ‘compra’ la versión del acosador, por supervivencia, desidia o interés.Explica Vidu que profesores que habían elogiado su talento empezaron a cuestionarla en público. A J.R., la dirección de la escuela universitaria en la que trabajaba no quiso oír su vivencia y al final abrió una investigación interna a puerta cerrada llevada a cabo por una empresa externa que hacía informes en el marco de la prevención de riesgos laborales. En ninguno de los casos hubo voluntad de esclarecimiento ni acompañamiento alguno.

«Recibí amenazas de muerte e intentaron echarme de la universidad», explica Ramón Flecha, catedrático de la UB que apoyó a una alumna acosada

«Uno de los primeros casos que saltó a la prensa fue el de M.A.F., profesora interina de la facultad de Económicas de la UB, que tras los informes de Fiscalía y magistratura, perdió el juicio contra el catedrático M.A., a quien denunció en 2004 por presiones para que accediera a favores sexuales, porque los miembros de su departamento testificaron a favor del catedrático», explica Ramón Flecha, el primer catedrático español que se puso del lado de las víctimas, ‘honor’ que lo convirtió en «traidor» y le reportó una sustancial bajada de ingresos.

En 1995, Flecha presentó la primera denuncia en la UB, proponiendo al equipo rector que actuara contra las continuas situaciones de acoso sexual y adoptara procedimientos como el de Harvard, «donde si un profesor sabe de un acoso y no lo denuncia, es expulsado». Las represalias fueron «bestiales», describe. «Recibí amenazas de muerte a las tres de la mañana, intentaron echarme de la universidad, como a otras colegas que investigaron el asunto, y cuando vieron que no podían con nosotros, fueron a por nuestros hijos en las escuelas», explica. ¿Quién? «Hubo una implicación total de la estructura universitaria», no duda el investigador, ejemplo de víctima deviolencia de segundo orden-solo el 0,4% de los docentes apoyan a las víctimas y de este 0,4%, el 80% ha sufrido violencia de género aisladora-, clave sin la que no se podría entender el acoso en el entorno universitario y que, de forma pionera, fue incluida en el ordenamiento jurídico catalán en diciembre de 2020.

«Las víctimas solo se pueden transformar en ‘supervivientes’ si encuentran apoyo, y este apoyo solo se da, salvo heroicas excepciones, con legislaciones y actuaciones institucionales decididas. Sin ellas, se impone la ley del silencio, aliada de los acosadores», explica. En este sentido, Valls afirma que un concepto clave es el llamado ‘bystander intervention’ o intervención de los testigos. «En el momento en que la sociedad interviene, cuando ves algo en el metro y consideras que debes interceder, es cuando los programas funcionan porque ya no se produce la violencia aisladora».

Las víctimas solo se pueden transformar en ‘supervivientes’ si encuentran apoyo. De lo contrario gana la ley del silencio

Mientras, las secuelas psicológicas del acoso son feroces. Algunas de las mujeres entrevistadas presentan cuadros de estrés postraumático que les afecta en su día a día y que les obliga a pagarse de su bolsillo psicólogos especializados en conflictos en entornos laborales para intentar mitigar los efectos del acoso. Sus relatos hablan de problemas de concentración, temblores, insomnio, mareos, ataques de ansiedad, depresión y hasta intentos de suicidio. «Caí en una depresión muy fuerte y una vez incluso intenté tirarme por una ventana –explica una investigadora–. Ahora me parece una barbaridad, pero estaba muy ofuscada y solo quería acabar con aquel sufrimiento que se me comía».

De hecho, muchas veces, el conflicto estalla tras sufrir hostigamiento durante mucho tiempo. Al principio, muchas afectadas no entienden qué está pasando. Y luego no ven salida aparente a la telaraña . «Yo tardé 10 años en denunciar. Aguantas hasta que ya no puedes más. Nadie toma una decisión así cuando hace siete meses que te hacen la vida imposible», afirma una docente. «Yo solo di el paso de denunciar cuando vi que ya no podía perder nada más», explica Eva Bussalleu, que ha sido contratada otra vez y se presentará a un nuevo concurso después de que la justicia anulara el anterior.

La gran prueba de cargo que componen todas estas mujeres está ahí. ¿Qué hacer con ella? Los procesos judiciales solo sirven para los casos más graves, son costosos y requieren de unas pruebas que las víctimas no siempre han podido recopilar. Así que el cambio, coinciden las afectadas y los estudios, debe ser sobre todo institucional y cultural. En este sentido, desde la Unitat d’Igualtat de la UB proclaman «tolerancia cero». «Iremos a por todas –afirman- y si hay casos del pasado que se deben reabrir, lo haremos». Las afectadas, por su parte, recelan del cambio real, exigen una intervención política si las universidades no atajan el problema y reclaman justicia restaurativa para restablecer su honor.

Algunas sufren estrés postraumático y deben pagar de su bolsillo la atención psicológica

«El acoso aún es sistémico y la falta de respuesta también, yo solo espero que se tomen medidas eficaces y que toda esta injusticia y sufrimiento sirvan de algo, que las nuevas generaciones no tengan que pasar por lo mismo –afirma Eva Bussalleu–. Defenderme me ha costado demasiado tiempo, salud y dinero, cuando debería haber dedicado toda la energía a la investigación y la docencia».

Visibilizar la magnitud del problema, medirlo y entenderlo es un primer paso, legislar es imprescindible y se necesitan más campañas de información y sensibilización. Pero también capital para minimizar el acoso por razón de género en la Academia es que la sociedad deje de tolerarlo. El MeToo y las redes de apoyo mutuo son claves en la construcción de una cultura de respaldo a las víctimas.

Incluso ha nacido un nuevo género literario, derivado de la necesidad de dar a conocer situaciones de acoso sin exponerse a denuncias. La sección ‘Omertá’ de ‘Diario Feminista’ lleva más de 90 capítulos publicados: «Siempre nos la jugamos -explica una de la autoras, Mar Joanpere-. Hemos recibido demandas por el derecho al honor por denunciar el acoso, aunque nunca aparecen los nombres, excepto aquellos que la justicia ha identificado como tales». Escribir para que se entienda todo pero sin identificar a los protagonistas ha dado como resultado textos muy similares que emergen como patrones del acoso.

«El acoso es sistémico y la falta de respuesta, también», lamenta la investigadora Eva Bussalleu, con un juicio pendiente

Mar Joanpere fue víctima de acoso sexual cuando estudiaba el máster en la UB y forma parte de la Red Solidaria de Víctimas de Violencia de Género en la Universidad. Hoy es profesora de Sociología en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona: «Muchas personas acosadas como alumnos han dejado la UB. Fuimos víctimas, supervivientes y ahora activistas. Pero tenemos que seguir en la academia porque solo la cambiaremos desde dentro».

Fuente: https://www.epe.es/es/igualdad/20220123/metoo-igualdad-universidad-13139161

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Decenas de protestas en Francia llevan los salarios a la campaña electoral

Varios de los grandes sindicatos franceses organizaron hoy decenas de manifestaciones en ciudades de todo el país para reclamar subidas salariales, un tema que pretenden que sea central en las elecciones presidenciales y legislativas que se celebran esta primavera.

La Confederación General del Trabajo (CGT), segunda central de Francia y principal convocante de esta jornada de protestas junto a FO, FSU, Solidarios y varias asociaciones juveniles, la justificó por la «explosión de desigualdades».

«Muchos asalariados se dan cuenta de que sus empresas tienen beneficios y han recibido ayudas públicas cuando para ellos cada vez es más difícil salir adelante», señaló en un comunicado Nathalie Verdeil, responsable confederal de la CGT.

El sindicato indicó que se habían previsto más de 170 marchas por toda Francia, la más importante de las cuales se desarrolló en París, entre la Plaza de la República y la de la Nación, en la que estuvieron algunos de los candidatos de izquierdas a las presidenciales.

Se dejaron ver junto a los sindicalistas el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, el ecologista Yannick Jadot o el comunista Fabien Roussel, que en declaraciones al canal BFMTV dijo que los trabajadores están «hartos» de que una parte de los salarios se acaben pagando en forma de subsidios sociales con dinero público.

«Lo que queremos es que los paguen las empresas», subrayó Roussel, que también reclamó «salarios contantes y sonantes que permitan llenar la nevera».

Con la deriva inflacionista que se vive en los últimos meses a causa de la escalada de precios de la energía (la inflación interanual se situó en el 2,8 % en diciembre), el poder adquisitivo se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político en el país.

Una cuestión que tiene visos de ser central en la campaña de las presidenciales de abril, lo que podría plantear problemas para el actual jefe del Estado, Emmanuel Macron, que aunque no ha formalizado todavía su candidatura nadie duda de que buscará su reelección.

Todos los otros candidatos incluyen en sus programas la subida salarial con diferentes dispositivos que van desde la rebaja de las cotizaciones sociales a la imposición de negociaciones sobre las remuneraciones en las empresas o a nivel sectorial, pasando por un incremento del salario mínimo (SMIC) decidido por el Gobierno.

En la actualidad, el SMIC es de 1.603,12 euros brutos al mes (1.269 euros netos) y la CGT reclama un ascenso hasta los 2.000 euros, con el argumento de que apenas ha aumentado en los últimos diez años.

A las manifestaciones de hoy se sumaron profesores que, por tercer jueves consecutivo, hicieron huelga para denunciar la gestión por parte del Gobierno de la covid en los centros escolares, en particular por la falta de medios humanos y materiales y los continuos cambios de protocolo sanitario.

Según la Federación Sindical Unitaria (FSU), un 20 % de los enseñantes secundaron este paro, mientras que el Ministerio de Educación los cifró en el 8,5 %.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/francia-salarios_decenas-de-protestas-en-francia-llevan-los-salarios-a-la-campa%C3%B1a-electoral/47299080

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