China ha emitido una directriz para reforzar la ética profesional de los maestros, anunció hoy lunes el Ministerio de Educación.
El documento incluye 15 medidas en cinco aspectos y pone la ética profesional como el criterio más importante para la evaluación de los docentes, indicó Ren Youqun, funcionario del ministerio en una conferencia de prensa.
Añadió que la nueva directriz forma parte de los esfuerzos de China por elevar la ética y las virtudes de los maestros, así como para alentar el respeto público por los educadores y el apoyo de la sociedad a la educación.
La directriz también señala que se implementarán programas sociales y un enfoque holístico para prevenir violaciones de la ética profesional de los maestros, dijo Ren.
Los infractores de la ética profesional se enfrentarán a severos castigos y las violaciones graves conllevarán una prohibición de por vida para la enseñanza, precisó Ren.
Ren agregó que la directriz cita a la ética profesional como el criterio primordial respecto a la autentificación de la calificación, reclutamiento y clasificaciones profesionales de los maestros.
También por primera vez, el documento presenta los requisitos sobre respeto público para los educadores y el apoyo público para la educación, y propone medidas para elevar el estatus social y garantizar los derechos e intereses de los educadores, dijo Ren.
La directriz fue emitida conjuntamente por siete departamentos administrativos, entre ellos el Ministerio de Educación, el Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social.
Exposiciones con invitados que acompañen a los estudiantes y los escuchen cantar o leer textos propios; compartir al grupo sus partes favoritas de las lecciones para desarrollar la expresión oral, y recuperar tradiciones culturales y de familia en las lenguas originarias, son algunas de las estrategias que sugiere la Guía para docentes de educación indígena para afianzar el aprendizaje en lenguas maternas. Este 2020, la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) continuarán la colaboración que permitió, en el 2016, el desarrollo de este instrumento pedagógico que, entre otras cosas, habilita el derecho de los niños indígenas a emplear su propia lengua.
Para ampliar y mejorar el alcance de la Guía para docentes de educación indígena de la UNESCO y el SNTE, se contempla documentar el impacto de las buenas prácticas sugeridas que los docentes de educación indígena han implementado, con el fin de sistematizar la experiencia y medir el impacto que el material pedagógico ha tenido en el fortalecimiento de habilidades lingüísticas, en el desarrollo de la identidad personal, la identidad comunitaria y el reconocimiento del territorio propio. El trabajo que se emprenderá en el 2020 evaluará también el impacto de la Guía en temas como educación para el desarrollo sostenible, el grado de adopción que ha tenido en Escuelas Normales, incluso el impacto que ha tenido en la elaboración de tesis académicas.
El anuncio de esta nueva fase de colaboración entre la UNESCO y el SNTE se dio durante el Diálogo de experiencias docentes de la enseñanza de las lenguas indígenas que se llevó a cabo el 7 de diciembre como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). En el acto celebrado en el Salón de Profesionales de la Expo Guadalajara participaron la profesora Andrea Martínez Álvarez, de la Sección 17 de Valle de Toluca, hablante Jnatrjo (Mazahua); el profesor Damián Silla Palma, de la Sección 15 de Hidalgo, de lengua Hñähñu (Otomí); Lucina García Cisneros, de la Secretaría de Investigación y Desarrollo Cultural Indígena de la SNTE; y Rosa Wolpert, Oficial de Educación de UNESCO en México.
Los ponentes compartieron con el auditorio las estrategias implementadas a partir de la Guía SNTE-UNESCO para fortalecer el derecho a una educación de calidad (en relación con los derechos lingüísticos), a la libre determinación de los pueblos indígenas, al acceso a la información y al conocimiento, así como a la revitalización de las culturas e identidades de los pueblos indígenas.
Durante el conversatorio celebrado en la FIL Guadalajara se expusieron algunos casos de éxito como los de Sonora e Hidalgo, donde en algunas escuelas ya se practica la expresión oral y escrita en yoreme y hñähñú (otomí) de manera diferenciada de las clases de español y en otros contenidos académicos, así como otras acciones como el desarrollo de prácticas tradicionales junto con la participación de integrantes de la comunidad. Ejemplos como éstos buscará documentar la Oficina en México de la UNESCO en el año 2020.
La educación en lengua materna de las niñas y los niños indígenas
El artículo 30 de la Convención de los Derechos del Niño establece el derecho de los niños indígenas a emplear su propia lengua, por lo que es fundamental que reciban educación en su idioma; en tanto que el artículo 28 del Convenio 169 de la OIT dispone que se enseñe a los niños indígenas a leer y a escribir en su lengua, además del derecho de aprender las lenguas oficiales del país.
Los programas de estudios bilingües e interculturales son un criterio importante para la educación de los niños indígenas, ante lo cual los docentes en escuelas con matrícula indígena deben recibir los apoyos y la formación suficientes que les permita enseñar la lengua materna a sus estudiantes, tomando en cuenta que:
la enseñanza de lengua indígena en las escuelas tradicionalmente se ha basado en la traducción de palabras y conceptos del español;
los materiales disponibles no corresponden con la lengua o variante de la comunidad;
las familias consideran que la lengua indígena se transmite en casa y su uso se restringe a la vida privada comunitaria; y
el español se valora para las actividades económicas, por lo que se llega a restringir el uso de la lengua materna a los hijos para evitar la discriminación por su origen étnico.
Entrevista/04 Enero 2020/Autora: Alejandra Aguado/El país
La arquitecta y activista feminista Ana Falú reivindica la necesidad de repensar las ciudades desde una perspectiva de género para que sean más seguras y habitables para la población femenina
Miedo a transitar calles oscuras, al acoso callejero, a tocamientos indeseados en el transporte público, a ser violadas. Estos son algunos de los temores que experimentan las mujeres de muchas ciudades del mundo. Las que viven en barrios informales sin electricidad, agua o saneamiento lo tienen peor. Para ellas es más difícil también encontrar empleos formales dignamente remunerados o alcanzar cotas de poder en las instancias locales. La red global Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) estima que solo el 20% de los concejales y el 5% de los alcaldes del mundo son mujeres.
Por todo esto, Ana Falú (San Miguel de Tucumán, Argentina, 1947) lleva décadas reivindicando el enfoque de igualdad de género en la planificación urbana, la legislación y el desarrollo para lograr la inclusión y la integración plena de las mujeres y las niñas en la vida económica, social, política y cultural de las urbes. «Las mujeres sabemos que nuestras experiencias cotidianas en las ciudades son distintas de las de los hombres», reflexiona en una conversación tras su participación en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, organizada por CGLU en Durban, Sudáfrica, el pasado noviembre.
Falú se define como «activista social y por los derechos humanos desde siempre». Aunque reconoce que tiene «muchos sombreros». Esta arquitecta de formación es profesora en la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora científica, forma parte del grupo asesor de mujeres de ONU Hábitat y apoya activamente en la Red de Mujer y Hábitat de América Latina.
«Las mujeres queremos ser diferentes, pero no desiguales. Tenemos que hacer que se conozcan las diferencias porque se ocultan de alguna manera. No se visibilizan porque la planificación urbana —la mirada sobre la ciudad, los territorios, el barrio— está pensada bajo un concepto de neutralidad. Se planifica para familias, aunque en América Latina entre un 30 y 40% de hogares están a cargo de únicamente una mujer», argumenta.
Entre esas particularidades invisibles de la vida urbana de las mujeres, Falú recuerda que la pobreza es predominantemente femenina. Las que viven en condiciones de precariedad, además, son mayoría en el mercado laboral informal, muchas son cabeza del hogar, tienen más del doble de hijos que las ricas y viven en la periferia de ciudades fragmentadas, segregadas y complejas.
«Por otro lado, hay que destacar entre lo que se oculta el trabajo invisibilizado de las mujeres: el de cuidados», analiza. Algo que recientemente el movimiento del 8 de marzo ha expuesto en Argentina, América Latina y el mundo, según Falú. Hace falta, agrega, que tal reconocimiento se traduzca en políticas públicas y una planificación urbana adecuada.
«Las ciudades compactas como las europeas, en las que se puede caminar y con un transporte excelente, sin duda son más amigables para las mujeres que las latinoamericanas», considera. «Pensemos en ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo o México, en donde los traslados les toman entre dos y cuatro horas al día a las más pobres que residen en la periferia. Y en condiciones pésimas, en un transporte que no es seguro, que las expone al acoso sexual», continua.
Pero hay soluciones, algunas muy debatidas y contestadas, como el transporte seguro de México, exclusivo para mujeres o con zonas habilitadas solo para ellas. Falú fue una de las encargadas de evaluar junto a un equipo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) su efectividad. «Realmente, las mujeres dicen que pueden ir tranquilas en las horas punta y volver a sus hogares cargadas de bolsas, incluso con niños, y dormir una siestita porque nadie les mete mano», relata la experta. Otra iniciativa muy extendida es la creación de aplicaciones para los teléfonos móviles en las que las vecinas marcan las zonas peligrosas, para que otras usuarias puedan evitarlas.
Más allá de este tipo de experiencias y con una mirada más amplia, Falú cree que las soluciones contra las desigualdades —de género, pero también de ingresos— en las ciudades pasan por «redistribuir más». Los gobiernos locales tienen esa responsabilidad, dice. En la práctica, significa que haya servicios de cuidado infantil y de adultos mayores distribuidos en los territorios, «privilegiando aquellos en los que hay menos ingreso per cápita», aclara. Con ello, las mujeres, sobre todo las jóvenes en edad reproductiva, podrán tener la posibilidad de buscar empleo, educarse o hacer vida política.
La clave es descentralizar, resume. «Y tener en cuenta la vida cotidiana en esos barrios, en la calidad de los servicios, de la calle, de las aceras. Así como privilegiar a las personas sobre los vehículos. Las mujeres son las que más usan el espacio público, casi siempre con otros: niños, personas con discapacidad, mayores… Ese espacio público tiene que estar pensado en clave feminista», reclama.
Ana Falú (izquierda) durante un debate en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales en Durban, Sudáfrica, este noviembre. CGLU
Para Falú, las mujeres han tenido la capacidad de resistir los temores y transitar un entorno urbano hostil. «Así hemos construido nuestra ciudadanía, no es que nos quedemos encerradas atemorizadas». Si bien, dice, hay muchas que se recluyen en lo privado por miedo a los peligros que representa la ciudad, al menos, en América Latina. «Como si el hogar fuera más seguro y es donde más violencia se ejerce contra el cuerpo de las mujeres», aclara.
Para dar respuesta a las necesidades, temores y reclamos de las mujeres no hay una receta única. Cada sociedad es distinta. Pero las ciudades hablan y escuchan, solo hay que estar atentos, opina Falú. «Cuando las muchachas ocupan las calles de Argentina pidiendo igualdad de oportunidades, la ciudad está hablando, está demandando derechos. Y las autoridades tienen que escuchar y plantear políticas», apunta.
Pero además de esas grandes manifestaciones urbanas, la experta propone generar en cada barrio «oportunidades de escucha para saber qué agenda proponen las mujeres y cuáles son sus prioridades». Es lo que hace el programa Voces de Mujeres Diversas por Ciudades Seguras, Inclusivas y Sostenibles, de la Red Mujer y Hábitat de América Latina. Esta iniciativa busca «enriquecer debates en torno a los derechos de las mujeres a la ciudad, sistematizando sus demandas para la elaboración de propuestas que permitan incidir en las políticas públicas locales», en palabras de la organización de la forma parte Falú.
«Una de esas prioridades es el cuidado infantil. Otra, la seguridad, la no violencia que les permita recorrer las calles o usar el transporte público con tranquilidad», enumera la especialista. «En Argentina asesinan a 27 mujeres al mes, es una locura el feminicidio». Un problema que no solo tiene que ver con los gobiernos locales, que tomarán medidas parciales, matiza. «Terminar con la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, nos va a llevar tiempo».
Otro de los ejes de acción para construir ciudades feministas es que más mujeres se dediquen a la política local. Para eso, afirma Falú, lo que mejor funciona son las leyes positivas como las de cuotas. En los cuerpos legislativos ha habido avances en este sentido, asevera, «pero no lo hemos conseguido en los ejecutivos y técnicos». Incluso cuando llegan al poder, las mandatarias enfrentan mayores dificultades para ejercerlo. «Cuando estamos en un lugar de responsabilidad en cualquier ámbito, la tarea se hace de excelencia. Si no, eres juzgada. Los hombres pueden ser mediocres. Cuando tengamos mujeres mediocres en lugares de toma de decisión, habremos alcanzado la igualdad», zanja.
Fuente e imagen: https://elpais.com/elpais/2019/12/09/planeta_futuro/1575907484_152466.html
La Autoridad Palestina eleva la edad de matrimonio, pero sigue sin abordar la violencia de género. La ocupación israelí también acentúa la represión
El Gobierno de la Autoridad Palestina se enfrenta al reto de responder a la violencia de género en Cisjordania, tras las protestas por la muerte de la joven Israa Ghrayeb, la joven maquilladora de un pueblo cercano a Belén víctima de un crimen de honor. Cientos de mujeres se movilizaron el pasado agosto en diversas ciudades palestinas en un movimiento que alcanzó gran repercusión en las redes sociales. Tras varias semanas de marchas y concentraciones, el Ministerio de Asuntos de la Mujer anunció que presentaría una ley de protección familiar para fines de este año.
A principios de noviembre, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh, aprobó una modificación en la ley jordana de 1976, que hasta ahora regía el estatuto personal, para decretar la elevación de la edad mínima para casarse a 18 años para ambos sexos. La medida pretende poner fin al matrimonio infantil, hasta el momento permitido a chicas mayores de 15 años en Cisjordania y de 17 en Gaza. La sociedad civil ha celebrado parcialmente la medida, pero quedan aún por promover medidas para impedir el matrimonio forzoso. Pese a la reforma legal, los jueces tendrán la potestad de decidir sobre la validez del enlace si consideran que la menor está madura para el matrimonio y su padre lo aprueba.
“No es suficiente para avanzar de forma decidida en la protección de los derechos de las mujeres”, afirma Eva Anadón, jefa de misión en Palestina de Alianza por la Solidaridad. De acuerdo con esta ONG española, no se ha abordado ningún cambio profundo en la institución del matrimonio. También cuestiona que no se haya avanzado en una visión de las mujeres como personas autónomas y titulares de derechos. Anadón precisa que aún sigue siendo necesario para la mujer obtener el consentimiento del wali [tutor masculino] para casarse o para trabajar fuera de casa, y que todavía se incluyen en la ley excepciones para consentir el matrimonio infantil que dependen de la decisión de un tribunal religioso.
Los datos recogidos en el último año por la Oficina Central de Estadística palestina en Cisjordania y Gaza indican que el 29% de las mujeres casadas de entre 18 y 64 años reconocen haber sufrido algún tipo de violencia, en especial psicológica, por parte de sus maridos. Más de la mitad, así como las menores de 29 años no casadas, permanecen en silencio sobre estas agresiones.
De acuerdo con Yara Hawari, analista política del centro de estudios palestino Al Shabaka, la causa de las mujeres en Palestina no puede desligarse de la ocupación israelí porque, aunque siempre se han enfrentado a una constante marginación interna, el régimen israelí también las reprime al empoderar las estructuras patriarcales a través de la colonización y la fragmentación de las comunidades.
Hawari critica que el foco de atención se centre en la violencia machista dentro del hogar, sin considerar la ocupación de Cisjordania y el bloqueo a Gaza como factores que contribuyen a las violaciones de derechos de las mujeres. Como ejemplo, cita el interrogatorio de la adolescente palestina Ahed Tamimi, condenada por abofetear a un soldado israelí, en el que dos agentes del Shin Bet (servicio secreto interior) la acosaron verbalmente e hicieron comentarios acerca de su cuerpo.
A la espera de una legislación clara sobre violencia de género en Palestina, un nuevo frente, el de la paridad en las distintas instancias gubernamentales, marca la diferencia en el diseño de políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres.
Actualmente, la inclusión femenina en la política institucional palestina se ve limitada a un 20% de mujeres en el Consejo Legislativo Palestino y a solo una mujer, la histórica dirigente Hanan Ashrawi, entre los 15 miembros del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Solo hay también una mujer gobernadora de provincia y tres ministras en el Gabinete de la Autoridad Palestina, al frente de las carteras de Sanidad, Turismo y, precisamente, Asuntos de las Mujeres.
El Gobierno palestino fue el primero de Oriente Próximo en adherirse a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU. Según el centro Al Shabaka, una sentencia de 2017 del Tribunal Supremo que regula la vigencia de los acuerdos internacionales dentro del sistema legal palestino, permite a los tribunales no aplicar aquellos convenios que entren en conflicto con la legislación local. Organizaciones como Human Rights Watch denuncian que el texto de la convención sigue sin haber sido oficialmente publicado en Palestina, por lo que no es vinculante.
Fuente e imagen: https://elpais.com/sociedad/2019/12/13/actualidad/1576234376_446836.html
Ecuador tiene una población de 17.372.797 millones de habitantes al día de hoy. Nuestro país cuenta con 14 lenguas indígenas, según el último censo realizado por la INEC, las nacionalidades con mayor número de habitantes son la kichwa con 724.000 personas y la shuar con 79.000, las otras nacionalidades tienen menos de 5.000 habitantes e incluso, lenguas como el zápara o el épera tienen menos de 600 habitantes practicantes de su lengua.
Ante esta evidente problemática, la desaparición de las lenguas indígenas que se está dando alrededor del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con la UNESCO, proclamaron al 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, es en este contexto se enmarca el Congreso Internacional de Educación: lenguas indígenas, territorios del saber e interculturalidad que se desarrolló el 3 y 4 de diciembre en Chuquipata, Azogues, con el fin de generar una propuesta política–educativa que responda a las necesidades de formación y enseñanza de lenguas indígenas, el rescate protección y valoración de los saberes y las lenguas, de las nacionalidades y pueblos.
Este Congreso fue organizado por la Universidad Nacional de Educación (UNAE), el Consejo Nacional para la Igualdad para Pueblos y Nacionalidades (CNIPN), la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SSEIB), el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), y la Oficina de la UNESCO en Quito y la Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, y con el apoyo de la Universidad de Cuenca, el Laboratorio de Interculturalidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El acto inaugural contó con la presencia de Freddy Álvarez, Rector de la UNAE, Angel Tipán Santillán, secretario del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades; Domingo Rómulo Antun, secretario de Educación Intercultural Bilingüe; María Brown, oficial a cargo de la Oficina de la Oficina de la UNESCO en Quito, Yuri Guandinango, representante del Laboratorio de Interculturalidad, FLACSO y Humberto Chacón, Decano de la Facultad de Fiosofía de la Universidad de Cuenca.
Durante dos días se contó con la presencia de ponentes internacionales como: Abadio Green, Universidad de Antioquia, Colombia y Thiago Bolívar, Universidad Federal de Integração Latino-Americana (UNILA), Brasil, Manuel Calle, de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA), Perú, Indira Salazar Martínez, Oficial de Comunicación e Información de la UNESCO en Quito, así como docentes locales, catedráticos, estudiantes y actores externos interesados.
Al finalizar el evento se redactó un manifiesto, el mismo tiene dos sentidos: el uno, apelar a que se apruebe el “Decenio de las lenguas y derechos de los pueblos indígenas del mundo” por parte de las Naciones Unidades y, por otro lado, el compromiso de los Estados en el diseño de políticas y presupuesto para programas y proyectos dirigidos a promover la interculturalidad, el diálogo de saberes y revitalizar las lenguas en espacios de educación formales y no formales.
Las congresistas protestan durante una comparecencia del ministro del Interior después de que la policía reprimiera una marcha feminista
Cuando el colectivo chileno Lastesis ideó la letra y la coreografía de la canción Un violador en tu camino, probablemente nunca imaginó que daría la vuelta al mundo hasta convertirse en un himno contra el patriarcado, y mucho menos que terminaría siendo cantada a la cara de un ministro de Interior en el hemiciclo del Parlamento de Turquía. Sucedió en la noche del pasado sábado, cuando varias diputadas de la oposición entonaron la canción mientras golpeaban las mesas de sus escaños, en protesta por la represión violenta contra varias mujeres que interpretaban la coreografía una semana antes en Estambul, que acabó con varias de ellas detenidas.
“No se lo tomó muy bien, la verdad. Se lo tomó personalmente y como una ofensa al Estado”, admite Aysu Bankoglu, del Partido Republicano del Pueblo (CHP) y una de las diputadas de esta formación socialdemócrata —la principal de la oposición turca— que cantó la canción en el Parlamento. La comparecencia del titular de Interior, el derechista Suleyman Soylu, se había alargado y ya casi era medianoche cuando tocó el turno de preguntas de la oposición. Entonces, la diputada encargada del cuestionario, Sera Kadigil, tomó el micrófono y dijo: “Hay una coreografía que empezó en Chile y se ha extendido por todo el mundo para llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres. Gracias a usted, Turquía es el único país del mundo donde esta protesta ha sido atacada, así que tenemos un par de cosas que decirle, señor ministro”.
De esta forma, Turquía se convirtió también en el primer país del mundo donde Un violador en tu camino se canta en el Parlamento. Mientras los diputados del CHP enarbolaban retratos de mujeres asesinadas este año en Turquía (ya van 305 en 2019), ellas entonaron la canción de Lastesis. Entre las paredes de la sede de la soberanía nacional resonó la letra, traducida del original en español con pequeñas variaciones. Por ejemplo, a “la culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía” añadieron “ni lo que bebía”, pues el consumo de alcohol ha sido utilizado por algunos fiscales, jueces y políticos islamistas como justificación de casos de violación, incluido uno en el que la víctima fue una ciudadana española.
“Nuestra intención era llevar al Parlamento la voz de aquellas a las que, mediante el gas lacrimógeno y los palos, se les ha impedido cantarla en la calle, reprimiéndolas por orden del ministro de Interior”, explica a EL PAÍS la diputada Bankoglu. Desde hace tres años, prácticamente toda manifestación pública que no cuente con el visto bueno del Gobierno es duramente reprimida, incluidas las marchas por el 8 de marzo y por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre).
Pero la disolución a palos de la protesta de medio millar de mujeres que se habían reunido en el paseo marítimo de Kadiköy (Estambul) el pasado día 8 al ritmo de la canción de Lastesis ha conseguido el efecto contrario: Un violador en tu camino se ha convertido en un himno también en Turquía y se ha bailado en otras grandes ciudades, como Ankara y Esmirna, mientras las organizaciones feministas ensayan cada semana nuevas performances en diversos lugares. De hecho, este domingo, cerca de 200 mujeres se congregaron de nuevo en Estambul, muchas de ellas ataviadas con guantes de color violeta, y ejecutaron la coreografía ante un fuerte contingente policial, que, a diferencia del domingo anterior, no dispersó la manifestación.
Mujeres turcas interpretan la coreografía de ‘Un violador en tu camino’, este domingo en Estambul.YASIN AKGULAFP
Seis activistas fueron detenidas en la protesta del pasado día 8, acusadas de infringir la ley de manifestaciones y de ofensas al presidente y las instituciones del Estado por los versos “el violador eres tú. La Policía. Los jueces. El Estado. El presidente”. Ahora están en libertad con medidas cautelares y deben firmar cada semana en comisaría. “Es una vergüenza, nos han impuesto medidas que a veces ni siquiera se imponen a los acusados de violencia contra las mujeres”, se queja Fidan Ataselim, una de las arrestadas. “Pero las mujeres estamos ganando confianza en nosotros mismas. ¡Que nos detengan si quieren! No vamos a parar”.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi un 40% de las mujeres en Turquía sufren o han sufrido violencia a manos de sus parejas, frente a un 25% en Europa. En los últimos meses, varios casos han conmocionado a la opinión pública, como el de Ceren Özdemir, asesinada por un desconocido cuando regresaba a su casa. O el de Emine Bulut, cuyo asesinato a manos de su exmarido quedó grabado y las palabras de su hija —“Mamá, no te mueras, por favor”— dieron la vuelta al mundo. O el de Sule Çet, violada por un colega y luego arrojada desde el piso 20 de una torre de oficinas y cuya muerte fue, en un principio, atribuida a un suicidio.
De hecho, la presión de las organizaciones feministas ha hecho que el Gobierno instituya una comisión para investigar varias muertes sospechosas de mujeres cuyos casos habían sido cerrados en falso. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha prometido que hará todo lo que esté en su mano para poner fin a estos crímenes, pero la oposición critica que desde la llegada al poder de su partido islamista en 2002 los crímenes machistas se han multiplicado.
Bankoglu sostiene que precisamente la canción chilena ha prendido con tanta fuerza en Turquía porque refleja bien la “mentalidad patriarcal” que impregna las instituciones del Estado. “El Gobierno trata a la mujer no como un individuo, sino como una parte indisoluble de la familia, y eso contribuye a la discriminación y la violencia”, afirma. Otro ejemplo son los variados motivos por los que los jueces aplican reducciones en las penas de los condenados por violencia contra las mujeres: “Por ejemplo, el acusado se pone corbata durante el proceso y el juez estima que ha tenido un buen comportamiento durante el juicio y le reduce la sentencia de cárcel”.
El problema no son tanto las leyes, dice la diputada, —precisamente la Convención de Estambul de lucha contra la violencia contra las mujeres fue firmada en 2011 bajo el auspicio del actual Gobierno turco—, sino su aplicación o falta de ella. “Hay pocas medidas de protección para las víctimas, falta concienciación en los tribunales y entre los dirigentes. Porque la mayor responsabilidad recae en los dirigentes del Estado que son los que deben hacer más por erradicar la violencia machista”, explica: “También por eso hicimos esta protesta en el Parlamento, porque los responsables del Estado son los que están en posición de acabar con esta violencia”.
Fuente e imagen: https://elpais.com/sociedad/2019/12/16/actualidad/1576485012_315946.html
Lugar de nacimiento de la filosofía, la historia y la literatura occidental, Grecia sostiene un sistema educativo destacado, pese a su crisis económica
Grecia está considerada como el lugar de nacimiento de la democracia, la filosofía en occidente, la literatura, la Historia, los Juegos Olímpicos y un gran sistema educativo que se extiende hasta la actualidad, más allá de la crisis económica iniciada en 2008.
El sitio Aula Planeta repasó las ocho claves del sistema educativo griego:
– La educación en Grecia es obligatoria desde el Preescolar, a partir de cuatro años, hasta la Secundaria inferior, que alcanza hasta los 15. A partir de allí, depende de cada estudiante.
– El sistema se divide en cinco etapas. La primera es la Preprimaria, que comprende los Centros infantiles para niños y niñas de menos de 4 años y los jardines de infancia, que recibe a chicos de entre 4 y 6 años. Desde ese momento y hasta los 12 años dura la Primaria, que habilita el paso a la Secundaria, que se imparte en los llamados gimnasios. El nivel inferior de esta etapa abarca a alumnos de entre 12 y 15 años, y el superior, alcanza hasta los 18. Luego quienes los deseen, pueden seguir estudios en Formación Profesional o en Educación Superior, repartiéndose esta última entre el sector universitario y el sector tecnológico. Para ello hay que obtener un certificado de aptitud de Secundaria Superior y aprobar un examen de alcance nacional.
– Según cifras del Informe Pisa del 2012, Grecia ocupa los puestos 31, 30 y 36 en materias de matemáticas, comprensión lectora y ciencias, respectivamente.
– Este país destina al sector educativo un 4% de su PBI, habiéndose reducido casi a la mitad respecto a lo invertido antes de la crisis.
– Un 94% de centros educativos son de gestión pública, y un 6% de escuelas corresponden al ámbito privado. En cuanto a las universidades privadas, estuvieron prohibidas hasta 1975.
– Tanto el plan de estudios como el nombramiento de personal escolar o el control de gastos y recursos de las escuelas públicas pasan por el control del Ministerio de Educación y Asuntos religiosos griego, que también ejerce una severa supervisión sobre cómo los centros privados llevan a cabo todas estas actividades.
– Pese a su buen nivel educativo, la crisis económica lleva a que la tasa de desocupación de los estudiantes griegos sea una de las más altas de los países de la OCDE.
– Los sueldos del profesorado griego en los niveles de Preprimaria y Primaria rondan los 24.000 euros anuales, una cifra prácticamente idéntica a los de los docentes que ejercen en Secundaria. Pero a consecuencia de la crisis, se incrementó el ratio de alumnos por maestro, la precarización de los contratos laborales y sus horas lectivas.
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