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América del Norte/EEUU/TheThrouth

Tiffany Banks estaba sentada en su sala de estar, con una pared de color rojo rubí decorada con fotografías familiares detrás de ella, enumerando todas las formas en que su vida se había desenredado durante el año pasado. Su hijo de 6 años había sido retirado de su cuidado por más de un mes. Se vio obligada a cerrar un negocio de cuidado infantil en el hogar, y había sido desplazada temporalmente de su trabajo de enseñanza preescolar, que había tenido durante 17 años. Su hija adolescente se negó a hablar con el niño de 6 años y lo culpó por los problemas de la familia.

Los bancos no culparon a su pequeño niño. Ella culpó a su escuela, ya los investigadores de la agencia estatal de bienestar infantil que habían enviado a su puerta.

Hasta el otoño pasado, los bancos solo tenían cosas buenas que decir sobre la escuela de sus hijos. Ella había elegido cuidadosamente la institución K-8, una escuela magnet en toda la ciudad desde su casa unifamiliar en el lado oeste de Chicago, por su rigor académico y su diverso cuerpo estudiantil. Su hija, ahora de 16 años, había prosperado allí, dijo, y su hijo mediano también lo hizo bien. Pero cuando su hijo menor ingresó a primer grado el año pasado, comenzó a portarse mal y crear problemas para los maestros. «Realmente tiene problemas de comportamiento», dijo Banks, una mujer alta y segura de sí misma que había asistido a escuelas públicas del vecindario en Chicago y que deseaba desesperadamente algo diferente para sus hijos. «Y en esta escuela tienen una baja tolerancia para ello».

La escuela quería que el niño se inscribiera en clases exclusivamente para estudiantes con discapacidades. Pero Banks se sintió diferente: a pesar de sus problemas de conducta, por los cuales finalmente fue diagnosticado con déficit de atención y trastornos del estado de ánimo, le fue bien académicamente, dijo. Banks se echó atrás, llegando a presentar quejas ante el consejo de educación de la ciudad y entrando en mediación con la escuela.

Esto se estaba desarrollando alrededor del momento en que los trabajadores del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois, o DCFS, comenzaron a investigar por presunto abuso y negligencia infantil.

Los empleados escolares en la mayoría de los estados tienen la obligación legal de reportar cualquier sospecha de abuso y negligencia, y pueden desempeñar un papel crítico para ayudar a mantener a los niños fuera de peligro. Pero en casi tres docenas de entrevistas realizadas por The Hechinger Report y HuffPost, padres, abogados, defensores y funcionarios de bienestar infantil dijeron que las escuelas a veces ejercen esta autoridad de manera inapropiada. Harto de lo que ven como padres obstinados que no están de acuerdo con los servicios de educación especial para sus hijos o niños problemáticos que dificultan el aprendizaje, las escuelas a veces utilizan la amenaza de una investigación de protección infantil para armar a los padres para que cumplan con el Los deseos de la escuela o la transferencia de sus hijos a una nueva escuela. Ese enfoque no solo es inapropiado, sino que puede ser devastador para las familias.

El primer contacto de Banks con el DCFS se produjo después de que la escuela envió a su hijo al hospital porque estaba actuando, dijo. Querían que recibiera una evaluación psiquiátrica, dijo, pero Banks se negó porque él ya tenía una cita con su médico para la semana siguiente. La segunda vez que un trabajador de casos la investigó, dijo, era porque el médico de su hijo le había recetado un nuevo medicamento y la escuela no había sido debidamente notificada. Luego vino una investigación después de que su hija mediana escribiera un artículo que le dijeron a Banks que contenía contenido preocupante. Una vez, ella le dio una palmada a su hijo menor por huir de la escuela. Después de que se lo contó a los empleados de la escuela al día siguiente, lo sacaron de su hogar durante más de un mes y lo enviaron a vivir con su cuñada mientras la agencia de bienestar infantil la investigaba por abuso, según Banks. El caso más reciente fue el más incomprensible para ella: Banks dijo que fue investigada por permitir que su hija mediana fuera a la escuela con un mal corte de pelo que él mismo se había dado. El corte de pelo, dijo Banks, le dijo a un investigador que podría equivaler a un abuso emocional.

Como maestra, la propia Banks a veces había llamado a la línea directa estatal de bienestar infantil a lo largo de los años, cuando le preocupaba que sus alumnos estuvieran siendo abusados ​​o descuidados. Pero en su caso, ella cree que la escuela simplemente quería que su hijo se fuera. Banks dijo que había escuchado de un puñado de otros padres que se habían encontrado en situaciones similares, todos los cuales son afroamericanos como ella y cuyos hijos tienen discapacidades. «Todo lo que estoy buscando es una buena educación para mi hijo», dijo Banks. Ella sintió que las acusaciones contra ella habían sido retorcidas y exageradas para que se ajustaran a la narrativa de que ella era una mala madre. «Se rompió la relación que se supone que debemos tener como comunidad de padres y maestros».

Emily Bolton, una portavoz de las Escuelas Públicas de Chicago, escribió en un correo electrónico que la agencia no puede comentar sobre casos específicos, pero que los empleados asumen su responsabilidad como reporteros obligados de abuso y negligencia, y que no hay evidencia de uso indebido generalizado del DCFS Línea directa de bienestar infantil.

Pero incluso algunos ex funcionarios de bienestar infantil dicen que la práctica no es tan rara como les gustaría. «Si las escuelas no logran que los padres acepten lo que se recomienda, no todo el tiempo, pero a veces, llamarán a ACS [la Administración de Servicios para Niños, la agencia de bienestar infantil de la ciudad de Nueva York] para presionarlos», dijo Don Lash. , un ex abogado de la ACS y autor del libro, «‘When the Welfare People Come’: Raza y clase en el Sistema de Protección Infantil de los Estados Unidos».

Él y muchos otros expertos también notan que, debido a los legítimos temores de pasar por alto a los niños en riesgo y las definiciones vagas de abuso y negligencia , los trabajadores de la escuela a veces pueden mostrarse demasiado entusiastas e invocar denuncias sobre problemas relativamente menores, como anteojos rotos, ropa inapropiada o pequeños rasguños. En entrevistas, más de una docena de abogados dijeron que estas investigaciones afectan de manera desproporcionada a las familias de color de bajos ingresos, que tienden a vivir en barrios y a escuelas con mayor presencia policial y de servicios sociales y cuyos niños tienen más probabilidades de mostrar indicios de pobreza que pueden hacerlo. ser confundido con el abandono .

Tales familias también tienen menos recursos para defenderse. Cuando una familia en un barrio rico de Brooklyn supo hace aproximadamente dos años que la escuela de su hijo había iniciado una investigación de ACS contra ellos, demandaron al departamento de educación de la ciudad . Los padres de los barrios de bajos ingresos, mayormente negros y latinos, pocos de los cuales pueden pagar esa opción, dicen que tales investigaciones pueden ser una parte regular, incluso esperada, de la crianza de los hijos. Según los datos de ACS , hubo 2,391 investigaciones de abuso y negligencia el año pasado en East New York / Starrett City, un vecindario de bajos ingresos en Brooklyn, en comparación con 255 en el afluente y mucho más poblado, Upper East Side .

La investigación, según sugiere la investigación, sugiere que la raza, y el sesgo racial, también pueden influir en si las familias son derivadas e investigadas por los servicios de protección infantil. A nivel nacional, los niños negros tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los niños blancos de ingresar a un hogar de acogida , y en Nueva York e Illinois, más de cuatro veces más probable . La investigación revela disparidades raciales en cada paso , desde el número de llamadas a la línea directa de bienestar infantil hasta el número de investigaciones y los hallazgos judiciales de negligencia.

«No creo que pueda pensar en una familia blanca donde alguna vez haya visto surgir», dijo Chris Gottlieb, codirector de la Clínica de Defensa Familiar de la Universidad de Nueva York, que representa a clientes en casos de bienestar infantil, sobre este tipo de Investigaciones impulsadas por la escuela.

¿Una herramienta de intimidación?

Las acusaciones de que los funcionarios de Success Academy Charter Schools han amenazado a los padres con la participación de ACS han sido un punto focal de las quejas legales y civiles contra la red de escuelas charter, la más grande de la ciudad de Nueva York. Una demanda contra una escuela Success Academy en el vecindario Fort Greene de Brooklyn alega que la escuela destacó injustamente a los niños con discapacidades por su disciplina. En un fallo de agosto que permite que la demanda continúe, un juez dijo que las afirmaciones de que los empleados de la escuela llamaron a la policía o a los servicios de protección infantil a los niños de 4 y 5 años, ayudarían, si fuera cierto, a demostrar suficiente «mala fe o mal juicio» para sostener La discriminación reclama.

Nicey Givens, uno de los padres en la demanda, dijo que al menos dos veces le dijeron que el éxito podría involucrar a ACS si no recogía a su hijo de la escuela a la mitad del día. El niño, a quien se le había diagnosticado deficiencia de atención y un desorden desafiante opositor, a menudo se portaba mal, y Givens dijo que sentía que la escuela la estaba presionando para que lo retirara. Una vez, dijo, la amenaza de involucrar a ACS se produjo después de que ella había enviado al niño a la escuela con botas en lugar de sus zapatos de uniforme en un día frío y húmedo.

«Llamar a ACS es una de las herramientas de su repertorio para hacer que los padres cumplan», dijo Irene Méndez, abogada de los Abogados de Nueva York para el Interés Público, uno de los varios grupos que presentaron la demanda. Una demanda civil de 2016 presentada ante el Departamento de Educación federal incluye una alegación de que una escuela Success en Manhattan inició una investigación de ACS contra la madre de un niño de 6 años como parte de un esfuerzo para alentarla a que lo envíe a otra escuela. Otra demanda alega que una de las escuelas del Bronx de la red amenazó repetidamente con llamar a ACS para presionar a un padre para que saque a su hijo de la escuela.

Los funcionarios de Success Academy cuestionan la sugerencia de que cualquiera de las escuelas de la red haga un mal uso de las llamadas a ACS. Ann Powell, vicepresidenta ejecutiva de asuntos públicos de la red chárter, dijo que no podía comentar sobre los detalles específicos de la demanda relacionada con la escuela de Fort Greene porque está en curso, pero dijo que la red no estaba de acuerdo con la forma en que Givens describió sus interacciones con la red. colegio. El éxito también disputa las acusaciones hechas contra las escuelas de Manhattan y el Bronx. Powell señaló que como informadores obligados por ley de abuso infantil, los empleados de la escuela deben reportar cualquier sospecha de abuso y negligencia, y que «usar eso de una manera amenazadora simplemente no es creíble».

Una obligación legal

Las leyes obligatorias para los reporteros se remontan a la década de 1960, y en la mayoría de los estados, los empleados escolares se encuentran entre los profesionales (junto con los médicos, trabajadores sociales y otros) obligados a informar cualquier sospecha de abuso o negligencia. Las capacitaciones obligatorias para los reporteros lesrecuerdan a los empleados de la escuela que no es su responsabilidad decidir si se está cometiendo un abuso, sino simplemente descolgar el teléfono si tienen alguna inquietud, y la agencia de bienestar infantil se hará cargo de allí. Los reporteros obligados típicamente tienen inmunidad de enjuiciamiento por hacer llamadas innecesarias, siempre que esas llamadas se hagan de buena fe.

«Toda la presión sobre los reporteros obligados es informar, informar, informar», dijo Richard Wexler, director ejecutivo de la Coalición Nacional para la Reforma de la Protección de la Infancia, organización sin fines de lucro.

Si no informan de sus sospechas y le sucede algo terrible al niño, pueden enfrentar multas o incluso penas de cárcel y terminar en la primera página de un periódico. El bienestar infantil a menudo se describe como atrapado en un ciclo de reforma escándalo , con informes de abandono y entradas al cuidado de crianza después de muertes de niños de alto perfil. Tanto Chicago como Nueva York están lidiando con las repercusiones de escándalos recientes: el Chicago Tribune que informa sobre el abuso sexual en las escuelas está generando nuevos recursos y protocolos, mientras que en Nueva York, las llamadas a la línea directa de abuso infantil aumentaron luego de la muerte de dos niños menores de edad en ACS Seguimiento en 2016.

«Nuestro enfoque siempre está en el estudiante, el niño», dijo Powell, VP de Success Academy. «No quiere decir que el padre no importe y ese tipo de investigaciones no puedan ser torpes y perturbadoras, pero es mejor prevenir que lamentar, y hay demasiados ejemplos que se leen de algo que se pasó por alto».

Los funcionarios escolares también señalan que tienen una responsabilidad única en la vigilancia de la negligencia infantil en muchos estados. Las leyes de bienestar infantil en Nueva York y en otros 23 estados (no en Illinois) enumeran la denegación de educación como una forma de abuso o negligencia . En algunas partes de Nueva York, se requiere que los empleados de la escuela inicien acusaciones de negligencia educativa si un niño tiene una ausencia prolongada y los padres no responden a la escuela. El año pasado, el personal de la escuela en la ciudad de Nueva York hizo 16,301 informes a ACS, más que cualquier otro tipo de reportero obligatorio, según los datos de la agencia proporcionados a Hechinger / HuffPost. De ellos, alrededor del 43 por ciento involucraba una acusación de negligencia educativa.

Pero los críticos dicen que estos también son mal utilizados o caen en áreas grises de la ley. Phillip y Tina Hankins, una pareja en el sur del Bronx, han estado luchando con el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York durante más de una década sobre dónde y cómo educar a su hijo David, quien tiene una discapacidad. Según la documentación, han sido investigados al menos siete veces por ACS, incluso en ocasiones en que mantuvieron a David fuera de la clase mientras luchaban por incluirlo en lo que consideraban una institución más adecuada.

«Las escuelas tienen el derecho de llamar a cualquier cosa que crean que no es apropiada», dijo Baffour Acheampong, un trabajador de ACS que investigó varios de los casos de Hankins. «Pero al tratar con la Sra. Y el Sr. Hankins, lo que vi fue que tienen los mejores intereses de su hijo».

En la única ocasión en que ACS justificó una acusación de negligencia educativa contra los Hankins, un juez de un tribunal de familia luego anuló esa conclusión. El juez notó que los resultados de las pruebas de inteligencia de David en realidad mejoraron cuando el niño se mantuvo fuera de la escuela esperando la colocación, y que los Hankins habían estado haciendo todo lo posible por luchar por los servicios educativos. «A la luz de la batalla de un año de los apelantes para que el niño ingrese a una escuela apropiada, no está claro qué otra cosa podrían haber hecho para inscribir a David», escribió el juez, y agregó que la agencia no proporcionó un instancia creíble donde no pudieron ejercer el grado mínimo de atención requerido «.

En respuesta a las preguntas sobre este caso, la portavoz de las escuelas de la ciudad de Nueva York, Miranda Barbot, dijo que el Departamento de Educación trabaja «estrechamente con las familias para apoyarlas», y «cuando existe una causa razonable para sospechar abuso o negligencia, tenemos políticas claras en el lugar que se asegure de que se informa «.

Michael Arsham, director ejecutivo de la Oficina de Defensa de ACS, que responde a las quejas de los involucrados en el sistema de bienestar infantil, dijo que la agencia reconoce que las llamadas telefónicas directas de las escuelas no siempre tienen serias preocupaciones de seguridad, y que está trabajando más de cerca con la educación. Departamento para minimizar informes innecesarios. Hace dos años, ACS desarrolló un sistema de «respuesta escalonada» con el DOE para priorizar los asuntos urgentes y reducir el impacto en las familias de las investigaciones sobre las preocupaciones más pequeñas. «Queremos que la gente llame la atención sobre los peligros potenciales para los niños», dijo Arsham. «Pero creo que es justo para nosotros esperar que otros profesionales de servicios humanos, ya sea en educación, salud,

Parte de los desafíos que enfrentan los funcionarios escolares, según Leila Ortiz, trabajadora social en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, es que ACS está principalmente orientada a investigar familias, no a brindar apoyo. El ausentismo crónico podría de hecho ser el canario en la mina de carbón, dijo, señalando problemas más profundos dentro de una familia. «Si no llamas a eso, es posible que algo le esté pasando al estudiante», dijo. «No lo sabes, no están en el edificio».

«Pero al mismo tiempo», agregó Ortiz, «podrías estar agregando más estrés y daño a una familia que ya tiene mucho en su plato. Es muy difícil porque todo el sistema no es adecuado para atender las necesidades de las familias. Sería mucho más fácil llamar a ACS si pudiera contar con ellos como una agencia holística para las familias que están marginadas «.

Enfoque antagonista

A pesar de los esfuerzos de ACS para ser más sensibles a las familias que enfrentan las investigaciones, los padres no tienden a experimentar las investigaciones sobre el bienestar infantil como incluso remotas. Una madre de Nueva York llamada Gabriela, que usa su segundo nombre para este artículo porque su caso aún está en curso y teme represalias, sabe el tipo de caos que puede causar una llamada a ACS en una familia. A lo largo de sus décadas de carrera como defensora de los inmigrantes en East Harlem, ella ha desarrollado una comprensión aguda de las formas en que las familias pueden verse envueltas injustamente en un proceso opaco. Algunos de estos casos le han dado sentido. Muchos más parecían infundados, y las diferencias culturales en la crianza de los niños claramente desempeñaban un papel.

Pero nunca esperó tener que usar esta experiencia de ACS con su propia familia.

En enero pasado, cuando Gabriela recibió un golpe en la puerta de su casa del Bronx por parte de un asistente social de ACS, se sorprendió al enterarse de que fue objeto de una investigación de abuso infantil. Aún más sorprendente fue la fuente de la queja: la escuela de su hijo de 10 años.

Días antes, la hija de Gabriela había acudido a su maestra con un secreto: que su padre, en medio del dolor por la muerte de su madre, había empezado a beber regularmente. Gabriela dijo que había tratado de evitarle este comportamiento a su hija y pensó que no había notado las nuevas arrugas en la vida familiar.

Lo que pasó después fue un torbellino. La niña, histéricamente llorando y asustada, fue llevada a una habitación con varios adultos e interrogada sobre su vida en el hogar. Bajo presión, y queriendo dar la respuesta correcta, dijo que su madre, Gabriela, la había golpeado, un cargo que Gabriela niega.

Gabriela reconoce que la escuela estaba tratando de ayudar, y de alguna manera estaba cumpliendo con un deber profesional, pero dice que trajeron una «pesadilla a mi casa».

Una inmigrante mexicana que llegó a Estados Unidos cuando era una adolescente, Gabriela ha estado profundamente involucrada en la educación de su hija en cada paso. A lo largo de los años, Gabriela se ha tomado el tiempo para conocer a los maestros y al director de la escuela de su hija, al tiempo que aboga por las familias inmigrantes de la escuela que necesitan servicios adicionales. ¿Cómo podrían los líderes de la escuela, a quienes Gabriela conocía tan bien, verla como algo menos que un padre devoto?

“¿Por qué no usaron al trabajador social afuera? ¿Por qué no me llamaron con inquietudes? ¿Por qué fueron directamente a matar y llamaron a ACS? «, Preguntó Gabriela.

Ella se pregunta si, en el delicado acto de equilibrio de ser un padre involucrado pero tratando de no sobrepasar su rol, ella aterrizó en el lado equivocado de la ecuación. O si, en su papel de defensora de las familias inmigrantes, ella presionó demasiado.

También se pregunta si este proceso se hubiera desarrollado de manera diferente si hubiera tenido un asistente social de ACS diferente. (Los cargos en su contra se mantuvieron y actualmente se encuentra en medio del proceso de apelación). Esta trabajadora social le ha preguntado en tres ocasiones diferentes sobre su estado migratorio, aparentemente incapaz de creer que Gabriela es una ciudadana estadounidense, cuenta Gabriela.

«Cuando pasas por esto, no es solo una pesadilla para ti, es una pesadilla para tu hijo, porque el nivel de estrés que genera para nuestra familia es horrible», dijo Gabriela, entre lágrimas, un martes por la tarde en agosto.

Un representante de la escuela dijo que todos los empleados reciben capacitación sobre el abuso infantil y cumplen con las leyes estatales con respecto a los informes.

Incluso para los padres que tienen sus registros limpios, las consecuencias perniciosas de las investigaciones pueden ser permanentes. En 2015, el DCFS investigó a Sandra, una madre de tres hijos en Chicago, después de que su hijo más joven fue a la escuela con lo que ella describe como un rasguño menor que sufrió de los asaltos con sus hermanos.

Después de que un trabajador del DCFS llegó a su puerta, toda su vida fue puesta bajo sospecha. ¿Las flores que fueron un regalo del día de San Valentín de su esposo, por ejemplo? El investigador preguntó si eran pruebas de que su marido intentaba reparar el daño de una pelea matrimonial.

En última instancia, la acusación de abuso contra Sandra fue anulada. Pero tres años y $ 15,000 en honorarios legales más tarde, ella dijo que todavía es renuente a reunirse con los empleados de la escuela o hablar con ellos. Recientemente, la subdirectora de la escuela de su hijo menor llamó a Sandra y a su esposo a una reunión para hablar sobre el comportamiento del niño, ya que se estaba sintiendo frustrado en la clase y actuando. Cuando el administrador le sugirió que adoptara un enfoque disciplinario más fuerte, Sandra hizo un fuerte esfuerzo: «No voy a gritarle ni a tocarlo porque ustedes ya me lo han dicho una vez».

Conciencia creciente

Según Gottlieb, de la Universidad de Nueva York, es necesario comprender mejor el daño causado por las investigaciones innecesarias y las tasas más altas a las que los padres de color se ven atrapados en ellas. «Quieres ayudar a los padres a tomar mejores decisiones para sus hijos», dijo, «y comenzar diciendo, ‘eres abusivo’, no es la manera de hacerlo».

Un paso adelante, dicen los críticos del bienestar infantil, podría ser modificar el entrenamiento obligatorio de los reporteros, usándolo en parte para educar a las personas sobre el sesgo racial implícito, por ejemplo. La capacitación que se ha ofrecido durante mucho tiempo a los empleados de las escuelas de Illinois es un curso en línea único que toma de 60 a 90 minutos para completar y no incluye ninguna mención de raza. Las Escuelas Públicas de Chicago dicen que a partir de este año, ha comenzado a ofrecer una capacitación anual en persona.

Mientras tanto, los experimentos para reducir las desigualdades raciales y socioeconómicas en el sistema de bienestar infantil han demostrado cierto éxito. El Condado de Nassau de Nueva York pudo reducirsignificativamente la cantidad de niños negros que fueron puestos en hogares de acogida después de poner énfasis en la diversidad de la fuerza laboral entre los empleados de servicios humanos y retener la información demográfica de los niños en las reuniones del personal. Un segundo condado de Nueva York, Onandaga, comenzó a eliminar a menos niños negros de sus padres después de invertir en programas extraescolares y otros programas basados ​​en la escuela.

En la ciudad de Nueva York, ACS está implementando un nuevo enfoque para responder a las llamadas de bajo riesgo que se centra en evaluar qué servicios necesitan las familias frágiles, dijo Arsham de ACS.

Neil Skene, un portavoz del DCFS de Illinois, escribió en un correo electrónico que, si bien una investigación de bienestar infantil es una «experiencia dolorosa para cualquiera», la agencia considera que tiene una «obligación particular de responder a las inquietudes y el conocimiento profesional de los reporteros obligados». «. Skene agregó:» Estamos empezando a trabajar con las comunidades locales para identificar las disparidades culturales y raciales y cómo podemos responder mejor «.

Fuera de opciones

El cambio no puede ocurrir lo suficientemente pronto para las familias envueltas en investigaciones conducidas por la escuela. Para ellos, la transferencia de escuelas puede sentirse como la única salida.

En 2015, después del hostigamiento, Givens dice que soportó en Success Academy, envió a su hijo a una escuela primaria diferente. «Del primer al cuarto grado, no hay problemas, no hay incidentes, no hay suspensiones, no hay peleas, no hay nada», dijo.

La hija de Gabriela también cambió de escuela, después de sentirse incómoda y desconfiada de los adultos que llamaron a ACS a sus padres. «Ella pasó de preguntarme: ‘Por favor, no me lleve a la escuela, ¿puedo quedarme con usted?’ «Gabriela dijo de su hija:» levantarse por la mañana, preparándose, emocionada de participar «.

Los bancos consideraron retirar a sus dos hijos de su escuela magnet después de que comenzaran las investigaciones de protección infantil. Familiares, colegas, incluso el pediatra de sus hijos, todos advirtieron que las llamadas de la línea directa no se detendrían hasta que sus hijos abandonaran la escuela. Debido a que trabajaba con niños, las investigaciones eran particularmente preocupantes para ella , dijo, aunque en última instancia ninguno de los casos en su contra había sido comprobado.

Pero al mismo tiempo, ella estaba renuente. La escuela magnet ofreció cuatro idiomas extranjeros, equipos de matemáticas y noches de cine, cosas que a ella le preocupaba que sus hijos no pudieran obtener en la escuela de su vecindario. «Siento que están ganando», dijo. «Entiendo que su comportamiento es malo», dijo sobre su hijo menor, «pero él merece estar en una escuela donde pueda recibir una buena educación».

Además, en el momento en que se enfrentó a la implacable naturaleza de las investigaciones, la fecha límite de diciembre para postular a escuelas especializadas ya había pasado. Miró en las escuelas privadas antes de decidir que eran demasiado caras.

Este otoño, sintiéndose sin opciones, envió a sus hijos a la escuela magnet. En el segundo día del semestre, ella envió un mensaje de texto: «Rezo para que sea mejor este año».

Esta historia sobre escuelas y servicios de protección infantil fue producida por The Hechinger Report , una organización de noticias independiente sin fines de lucro centrada en la desigualdad y la innovación en la educación. Inscríbete para recibir el boletín de Hechinger .