Redacción: Editorial/El País
Los gremios de la educación le exigen al Frente Amplio y a Tabare Vázquez que cumplan con sus promesas preelectorales, algo que a estas alturas es claro que no ocurrirá.
Redacción: Editorial/El País
Los gremios de la educación le exigen al Frente Amplio y a Tabare Vázquez que cumplan con sus promesas preelectorales, algo que a estas alturas es claro que no ocurrirá.
Autor: Simón Granja Matías/El Tiempo
Después de Uruguay y México, es el país que tiene mayor proporción en este ítem, según el BID.
Uruguay, México y Colombia son los países que tienen la mayor proporción de niños pobres que asisten a educación preescolar (88 por ciento, 78 por ciento y 74 por ciento, respectivamente), según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Centro de información para la mejora de los aprendizajes (Cima) con el que se busca responder a la pregunta: ¿Se han cerrado las brechas educativas en América Latina?
En el análisis, Colombia destaca en varios puntos además del anterior. Uno particularmente interesante es que junto con Chile y Perú son los países que muestran una mayor disminución de la proporción de ‘ninis’ con 21 por ciento, 19 por ciento y 17 por ciento, respectivamente. Es decir, Colombia es el país de la región que más ha reducido el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de ahí el término ‘nini’.
La proporción de estos es más alta entre los jóvenes de hogares más vulnerables en todos los países. Aunque Colombia es el que más ha logrado reducir esta población, Bolivia y Perú tienen la menor proporción de jóvenes en esta condición.
¿Por qué preocupan los ‘ninis’ en América Latina? Porque uno de cada cinco jóvenes del continente, que representan más de 20 millones de personas entre 15 y 24 años de edad, vive esta situación, según otro informe del Banco Mundial. Además, los ninis contribuyen a la transmisión intergeneracional de la desigualdad y en algunos contextos está vinculado a la delincuencia y a la violencia.
Otro punto en el que destaca, pero en un sentido negativo, es en la brecha entre el acceso a la educación entre las zonas urbanas y las rurales. Según el documento del BID, Colombia, Perú y Bolivia son los países que tuvieron la mayor brecha educativa urbano-rural. La diferencia en la proporción de la población mayor a 25 años con más de 13 años de educación entre zona urbana y rural es de alrededor 25 puntos porcentuales (p. p).
Además, dice el informe, esta brecha urbano-rural se sigue acentuando. Ejemplo de ello es Brasil, que pasó de tener una diferencia en este indicador de 2 p. p. en el 2006 a 6 p. p. en el 2015.
Y, ¿América Latina?
La expansión del acceso educativo en la región ha estado marcada por una mayor inclusión: la población pobre y en zonas rurales tiene mayor asistencia hoy en todos los niveles. Sin embargo, en preescolar y secundaria la brecha educativa entre ricos y pobres es aún muy grande, según recoge el informe del BID.
Para el 2015, fecha hasta la que el informe recogió información y que, aunque parece lejana, en educación resulta una fecha adecuada para hacer análisis de progreso, cerca del 95 por ciento de los niños de América Latina asistía a educación primaria, tanto los más ricos como los más pobres. Sin embargo, dice el texto, en los niveles de preescolar y secundaria, la asistencia varía ampliamente entre ambos sectores.
En promedio, la asistencia a educación preescolar alcanzó el 75 por ciento para la población más pobre y el 82 por ciento para la más rica.
Además, en los últimos 10 años se puede observar que las brechas se han cerrado. En promedio, la brecha entre ricos y pobres en asistencia a educación preescolar y primaria disminuyó de 14 a 3 puntos porcentuales entre 2006 y 2015.
Así mismo, en secundaria la brecha tuvo una reducción de 12 puntos porcentuales, a pesar de que se mantiene alta, explica el informe. En el 2015, 65 por ciento de los jóvenes más pobres asistieron a secundaria; esto es 13 puntos porcentuales más que en el 2006 en toda la región.
Educación rural avanza
La educación rural sin dudas es donde se evidencian la mayoría de desigualdades en los países latinoamericanos sin embargo, según el informe del BID, se están generando mejoras.
Por ejemplo, la asistencia en primaria es alta, inclusive en zonas rurales. En el 2015, la proporción de estudiantes que asistieron al nivel primario en zonas rurales y urbanas fue de 94 por ciento y 96 por ciento, respectivamente.
Fuente: http://www.eltiempo.com/vida/educacion/colombia-entre-los-paises-de-america-latina-con-mas-ninos-pobres-estudiando-235270
Resumen: El Instituto de Educación Pública, un nuevo grupo de expertos que promueve la educación pública en Columbia Británica, plantea dudas sobre el programa de educación internacional, considerándolo como una forma de privatización de la educación. Puede encontrar más información sobre la organización en instituteforpubliceducation.org.
The Institute for Public Education, a new think tank promoting public education in B.C., said catering to foreign students is a form of privatization of B.C.’s public education system where the benefits aren’t shared equally and business priorities trump educational experiences.
In a paper produced for a BC Teachers’ Federation conference in June, the institute criticized long-entrenched fundraising efforts, including international education, which has quintupled in B.C. since 2001, as an “insidious form of privatization” that have become a normal part of funding schools.
“Of course, there are educational reasons for encouraging international students to attend B.C. schools, but such an approach would emphasize equity, the opportunity for a rich international experience for both foreign and Canadian students; would distribute students across school districts; and would be open to all foreign students not simply the wealthy,” states the “Many Faces of Privatization” paper.
According to the paper, SD43 is second only to West Vancouver in the proportion of its budget — 11% — that relies on $15,000 fees foreign students pay, and the institute’s executive director said the district could do more to make the educational experience more fruitful.
“There is an argument that could be made incorporating international students in B.C. schools on an education basis, what happens now is entirely a revenue generation strategy.”
For example, she questions whether SD43 continues to need the $37 million revenue from foreign fees to add more resources to local schools when a new Classroom Enhancement Fund set up by the province to fulfill collective agreement requirements following a Supreme Court decision is adding staff to school budgets.
SD43 expects to receive $23.3 million for additional teachers and support staff under the Memorandum of Agreement reached with the teachers’ union.
Mathison suggested the primary reason for international education should be to enhance the educational experience for all students.
And while SD43 does emphasize that international education makes students better prepared for a globally connected world, financial benefits are also important.
In a recent presentation, SD43 pointed out that the program generates $37 million for schools, enabling it to hire more teachers, create more blocks of a popular course, pump $60 million into the local economy and helps disadvantaged students pay for grad.
“By going global, SD43’s International Education Program is generating numerous opportunities for everyone to learn and benefit,” SD43s presentation states.
If education benefits were the priority over financial resources, Mathison says the program would look much different than it does now.
“The international students who are coming are not from central Africa, probably relatively few from middle east, incoming students are not adding a lot of diversity.,” she said, noting the program attracts mostly those who can afford to pay for fees and housing.
“I think there is an argument to be made, when you bring students from other cultures into schools it does create opportunities for new experiences even for domestic students. The challenge is whether the students who are coming in are different enough, if they provide a unique experience by being in the school context to justify that,” Mathison said.
International education could open up to include a broader range of students, some who can’t afford the fees on their own, Mathison said, if education was prioritized over financial benefits.
The institute is also concerned about inequality, Mathison said, because not all school districts are equally positioned to solicit and cater to potential international students.
According to the most recent figures, at more than 2,000 students, SD43 has the largest public school international education program in the province.
Fuente: http://www.tricitynews.com/news/international-education-a-form-of-privatization-group-says-1.23348991
Oceania/Australia/universityworldnews.com
Reseña: La legislación federal para rastrear la influencia de los gobiernos extranjeros en Australia afectaría el trabajo de miles de académicos que colaboran con investigadores fuera del país, dice Universities Australia. La organización ha pedido a los parlamentarios federales que respalden las enmiendas del gobierno a su propuesto Plan de Transparencia de Influencia Extranjera. Sostiene que la legislación impondría una nueva burocracia y restricciones significativas a los esfuerzos de Australia para trabajar con socios internacionales «en tecnologías de vanguardia». El proyecto de ley también enfureció a las autoridades chinas que lo consideran un ataque contra los vínculos cada vez más estrechos de China con empresas australianas y otras organizaciones, incluidas universidades. Más de 170,000 estudiantes de China están estudiando en Australia y representan un asombroso 45% de las matrículas de estudiantes internacionales, con mucho la mayor proporción de extranjeros de un solo país. Pero la preocupación ha estado creciendo entre los principales políticos, y muchos en el público en general, sobre la influencia que China está tratando de ejercer sobre las políticas australianas. El gobierno afirma que la legislación no está dirigida a ningún país en particular, aunque China es claramente el objetivo principal. Y también lo está Rusia, siguiendo la experiencia de los Estados Unidos con esa otra nación comunista durante sus últimas elecciones presidenciales. Duncan Lewis, jefe de la Organización de Inteligencia de Seguridad de Australia, se refirió a las amenazas extranjeras como evidencia que dio a una audiencia en el Senado el mes pasado. Lewis describió la escala actual de la actividad de inteligencia extranjera contra los intereses australianos como «sin precedentes». «Los actores extranjeros intentan de forma encubierta influir y dar forma a las opiniones de los miembros del público australiano, los medios australianos, los funcionarios del gobierno australiano y los miembros de las comunidades de la diáspora aquí en Australia», dijo en la audiencia. Entre las comunidades más grandes de Australia nacidas en el extranjero, hay personas de China. En una presentación ante el Comité Conjunto Parlamentario sobre Inteligencia y Seguridad, Universities Australia dijo que las enmiendas propuestas por el gobierno a su legislación de influencia extranjera habían «recorrido un largo camino» para resolver las preocupaciones del sector de educación superior con la propuesta original. La directora ejecutiva de Universities Australia, Catriona Jackson, dijo que las enmiendas propuestas eran una forma sensata de hacer que el plan fuera más factible. «Cada vez que un académico australiano trabaja junto con un colega en el extranjero, aportan nuevas ideas y experiencia valiosas a Australia», dijo. «Estas enmiendas significan que nuestros investigadores increíblemente talentosos pueden dedicar más tiempo a resolver los grandes problemas de Australia y menos al papeleo». En declaraciones al comité, Jackson agradeció al Fiscal General Christian Porter y al gobierno por resolver los problemas planteados por las universidades.
Federal legislation to track the influence of foreign governments in Australia would affect the work of thousands of academics collaborating with researchers outside the country, says Universities Australia.
The organisation has called on federal parliamentarians to support the government’s own amendments to its proposed Foreign Influence Transparency Scheme.
It argues that the legislation would place significant new red tape and restrictions on Australia’s efforts to work with international partners “on cutting-edge technologies”.
The bill has also infuriated Chinese authorities who see it as an attack on China’s increasingly close links with Australian business and other organisations, including universities.
More than 170,000 students from China are now studying in Australia and they comprise a startling 45% of international student enrolments, by far the largest proportion of foreigners from just one country.
But concern has been growing among senior politicians, and many in the general public, about the influence China is trying to exert on Australian policies.
The government claims the legislation is not aimed at any individual country although China is clearly the main target. And so is Russia, following the United States’ experience with that other Communist nation during its last presidential elections.
Duncan Lewis, head of the Australian Security Intelligence Organisation, referred to foreign threats in evidence he gave to a Senate hearing last month. Lewis described the current scale of foreign intelligence activity against Australian interests as “unprecedented”.
“Foreign actors covertly attempt to influence and shape the views of members of the Australian public, the Australian media, officials in the Australian government and members of the diaspora communities here in Australia,” he told the hearing.
Among the largest of the overseas-born communities in Australia are people from China.
In a submission to the Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security, Universities Australia said the amendments proposed by the government to its foreign influence legislation had “gone a long way” to resolve the higher education sector’s concerns with the original proposal.
Universities Australia Chief Executive Catriona Jackson said the proposed amendments were a sensible way to make the scheme more workable.
“Every time an Australian academic works together with an overseas colleague, they bring valuable new ideas and expertise home to Australia,” she said.
“These amendments mean that our incredibly talented researchers can spend more time solving Australia’s big problems, and less on paperwork.”
Speaking to the committee, Jackson thanked Attorney-General Christian Porter and the government for resolving the issues raised by the universities.
Compromise amendments
Porter has agreed to present compromise amendments to government legislation that sets out a register of foreign agents. The amendments would limit how many groups the bill would apply to.
The changes are designed to resolve criticisms of the legislation by universities, charities and others, as well as ensuring acceptance by the opposition Labor Party.
The bill for establishing the register is being considered by the Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security. On 14 June, the committee released a bipartisan report that accepted 60 amendments to counter the threat of foreign interference.
Porter said that having the legislation passed by the end of the month would allow for Australia’s new legal framework to be adopted promptly.
He said this was designed to address espionage, interference and foreign influence in Australia’s democratic processes and would be fully operational before the next scheduled general election.
The bill currently provides that people be required to register if undertaking certain activities on behalf of a foreign government, public enterprise, political organisation, business or individual.
The amendments would limit ‘foreign principals’ to foreign governments, foreign government-related entities, political organisations and government-related individuals.
“This ensures that only organisations or individuals ultimately working at the direction of a foreign government or political party are required to register,” Porter said.
In response to criticisms by universities and charities, Porter said the definition of ‘undertaking activity on behalf of a foreign principal’ would be amended.
This would mean a person would not be deemed to be undertaking an activity merely because they were supervised by, received funding from or collaborated with ‘a foreign principal’.
Fuente: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180621094856451
América del SUR/Buenos Aires, junio de 2018.-
A partir de este año la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) cuenta con la Cátedra UNESCO “Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina”, un proyecto desarrollado por el Programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina (Programa ESIAL) del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA) de la Universidad.
América del Sur/Perú/larepublica.pe
La directora regional de Educación Junín, Maritza Galarza, confirmó que en esta región existen 38 instituciones educativas colapsadas debido a la antigüedad de la infraestructura, y que los fenómenos climatológicos debilitaron algunas edificaciones. Indicó, además, que se requieren 400 módulos de aulas prefabricadas para trasladar a estudiantes para que realicen sus actividades escolares.
Por este motivo indicó que es necesario el aporte de la inversión privada, para cubrir las dificultades del sector que no son atendidas con inmediatez, por temas de presupuesto. A ello sumó que diferentes regiones como Ayacucho, Cusco y Arequipa trabajan con modalidades de inversión para educación mediante obra por impuestos o por Asociaciones Públicas Privadas (APP), que garantizan el financiamiento que se solicite.
Al respecto, la especialista en educación primaria, María Patiño Peceros, comenta que el temor de muchos maestros es creer que las entidades privadas o asociaciones aportantes, busquen privatizar la educación al intervenir de manera económica. Algo que desmiente al considerar que más son aliados para solventar los gastos de implementación educativa.
Asimismo, indicó que dichas modalidades de inversión solo facultan la proporción de dinero para infraestructura o materiales necesarios más no se involucran en la tarea pedagógica, haciendo imposible que la educación gratuita se privatice.
La educación gratuita, recuerda la especialista, es una política de Estado, como derecho fundamental de todo ciudadano.
Por su parte, la directora regional de Educación, Maritza Galarza Núñez, invocó a los docentes a trabajar en conjunto para utilizar las oportunidades que conlleven a mejorar la calidad educativa, al contar con ambientes adecuados para los estudiantes, con el uso de estas formas de inversión que no ponen el peligro la gratuidad de la educación pública.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1266676-junin-inversion-privada-genera-privatizacion-educacion-publica
América Central/Guatemala/publinews
Los bajos resultados que han presentado los estudiantes en nivel primario como diversificado resaltan la necesidad de mejorar la capacitación y profesionalización de los maestros, ya que solo uno de cada diez graduandos tiene el nivel esperado en matemáticas y el 30% en lectura.
Verónica Spross, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), mencionó que aunque ya se cuentan con marcos normativos y continuidad por las autoridades para la preparación de los maestros, todavía falta el fortalecimiento de la formación para que se refleje en el aprendizaje de los estudiantes.
“Los docentes están empezando a utilizar nuevas metodologías para implementar el currículo nacional base pero será de comprobar en los próximos meses y años el impacto en la educación. Entre los temas que se ven desafíos son en la selección de docentes para lograr que se contraten a los mejores candidatos a cada puesto docente”, explicó Spross.
La entrevistada comentó que la calidad educativa parte de la formación y preparación de los docentes para enseñar, por lo que los profesores deben actualizarse y lograr la innovación en los estudiantes para que tengan éxito en la vida profesional.
La investigadora en temas educativos, María Isabel Bonilla, resaltó que el país es el que registra menos profesionalización docente en Latinoamérica, según una evaluación internacional, por lo que se muestra pocas competencias de los estudiantes.
Además, Bonilla indicó que el aumento salarial no impacta en la calidad educativa, sino en las finanzas públicas, por lo que se debe tomar en consideración que habría un aumento en lasclases pasivas del Estado, lo cual es lamentable que la política docente se limite a desarrollar pactos colectivos.
“En el país partimos de que no hay una carrera docente, es decir que no hay políticas para que los maestros progresen en los espacios de la educación, que le permitan capacitarse y ser evaluados, y conforme avance en la carrera pudiera avanzar en el tema salarial, ya que en la actualidad se tiene el sistema de escalafón”, puntualizó Bonilla.
El viceministro de Educación, Héctor Canto, comentó que la implementación de políticas docentes requiere de fases y parte de la inversión que se hace en educación.
Video: https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1011639385324912640/pu/img/eVqiTSUGKpc9ISgT?format=jpg&name=small
Fuente: https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/06/26/profesionalizacion-docentes-principal-desafio-del-ministerio-educacion.html