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Entrevista: ¿Hacia dónde va el movimiento estudiantil?. Argentina

Por: Huela del Sur

Entrevista a tres organizaciones universitarias

Desde la Reforma en 1918, los estudiantes han sido un factor de cambio y transformación de la Universidad en nuestro país. Al calor de los distintos ciclos políticos, el movimiento estudiantil protagonizó momentos de alzas de lucha e impugnación sistémica, que tiene como hito el Cordobazo en 1969.

Hoy las Universidades atraviesan una crisis que es resultado de un cambio estructural de la sociedad neoliberal y el capitalismo flexible de plataformas, pero en una coyuntura particular de ataque directo a la educación pública superior implementado por el gobierno nacional de Javier Milei y La Libertad Avanza.

Para conocer qué análisis tiene de esta situación el movimiento estudiantil argentino, desde Huella del Sur entrevistamos a tres organizaciones que componen un marco amplio de la vida universitaria: La Mella, que se inscribe dentro del campo nacional y popular cercano al peronismo; la Juventud del PTS, dentro de la izquierda trotskista; y estudiantes de Agite!, de la Facultad de Arquitectura de la UNLP, agrupados en el sector de la izquierda independiente.

En tan solo cuatro preguntas comunes buscamos dar cuenta de una mirada de largo plazo que aborde aspectos sociales, políticos e institucionales. Las respuestas, de conjunto, brindan una radiografía en la que se identifican caracterizaciones y posicionamientos en muchos aspectos diferenciados, pero que representan el estado actual de uno de los factores de cambio más relevantes de la Universidad.

HdS: ¿Para qué se forman hoy lxs estudiantes en las universidades argentinas? ¿Qué rol juega actualmente la Universidad en el modelo de país vigente*?

La Mella: Es uno de los debates que desde el movimiento estudiantil nos venimos dando algunas organizaciones, pero no está para nada saldado. De hecho, no es un debate reciente sino que tiene un trasfondo profundo de hace muchos años, desde el momento en que se pensaron las Universidades y a través de los distintos momentos de modificaciones de planes de estudio, todo el proceso de la LES en los 90. Es un discusión vigente si la Universidad tiene que formar profesionales para el mercado, desde una mirada individualista, y la perspectiva ‒y uno de los ideales por los que nosotros militamos‒ que es la construcción de un proyecto político universitario que esté vinculado con las demandas y las problemáticas que tiene el país y que piense las profesiones también vinculadas a cuál es el aporte en términos productivos que se le puede dar para un proyecto político nacional y popular en nuestro país.

Hoy en día podemos preguntarnos si las carreras están orientadas en ese sentido. Creo que hay algunas universidades (sobre todo en el proceso de creación de nuevas Universidades durante el gobierno de Cristina Kirchner) que retoman la importancia de la Universidad vinculada al territorio. Las Universidades de ese proceso de creación en el 2010, sobre todo en el conurbano bonaerense, tienen un arraigo mucho más profundo en las problemáticas del territorio, del municipio en el que se encuentran, de los estudiantes que forman parte y de los docentes que trabajan allí, muchas de esas carreras tienen materias obligatorias que trabajan la relación entre la historia argentina y los procesos productivos y políticos de nuestro país. Me parece que eso apunta a que uno como estudiante tenga como parte de su formación la conciencia social que implica que uno tiene un privilegio por acceder a la educación superior y que en función de ese privilegio es importante que después todo lo que aprendimos podamos ponerlo al servicio de las necesidades y las demandas de nuestro pueblo. Ahora, hay otras Universidades que lejos están de eso y si nos ponemos a ver los planes de estudio o las políticas que se llevan adelante, creo que falta mucho. Y más en esta etapa en la cual cada vez crece más el estudiante que busca una carrera que no le ocupe tanto tiempo o que no tarde tantos años en recibirse, pensando más en el desarrollo profesional individual, muy atravesado por una época en la que cada vez tenemos que trabajar más y lo que se busca es conseguir algo fácil que me garantice plata. Sobre todo en esta época, esa es una de las demandas por las que tenemos que seguir luchado, de romper con el individualismo desde las carreras y desde la formación, y volver a abonar a la producción de conocimiento colectivo y a pensar esta conciencia social de la importancia del aporte de nuestras carreras a la producción de un modelo de país que sea sustentable, que sea justo e inclusivo para todos.

Agite! Arquitectura: Las Universidades Nacionales y Públicas están hace décadas atravesadas directamente por los intereses privados y los mercados, forman profesionales acriticxs, sin responsabilidad política y bajo lógicas que expulsan a los sectores de bajos recursos.

El modelo de país actual pregona el achicamiento estatal y el desfinanciamiento de los sectores públicos. En este contexto, las universidades están bajo constante ataque, con desfinanciamiento presupuestario, bajísimos salarios docentes y un reducido plan de becas para lxs estudiantes.

Creemos que las universidades deben estar ligadas al modelo de país que queremos construir: soberano, justo, sin oprimidos ni opresores. Por eso, su rol dentro de este marco es el de luchar y defender, pero al mismo tiempo transformarse para reencontrar el sentido real de la Educación Pública.

Juventud PTS: Muchos estudiantes llegamos a la universidad haciendo grandes esfuerzos con el sueño de recibirnos, siendo muchos primera generación de universitarios en sus familias. En general uno entra con mucha ilusión, pensando en qué va a poder aportar con lo que estudia. Obvio también la esperanza de que tener un título te asegure un buen laburo. El problema es que es muy difícil, porque los jóvenes tenemos trabajos en negro, sobra mucho mes al final del sueldo, casi no hay becas, entonces es complicado recibirte. Y además recibirte en medio de la crisis económica tampoco te asegura conseguir trabajo de lo que estudiaste. Hace años que el mercado de trabajo en Argentina no busca gente calificada, sino que crece la precarización. Entonces hay una contradicción, que si se recibe mucha gente tampoco les sirve, porque es mano de obra que el sistema, como está planteado, no puede absorber.

Esto también pasa porque el rol que juega la universidad en el modelo de país que tenemos está, por un lado, al servicio de las empresas; por ejemplo del agro o la mega minería, cosas que benefician a un sector muy chico de la población. Por eso el gobierno de Milei también insistía tanto con la privatización y los vouchers, que sería una universidad totalmente al servicio del mercado, donde se estudiaría “lo que sirve”, que significa lo que le da ganancias a los ricos. Ahí la educación como derecho no existe.

Y por otro lado, un sector de la universidad apuesta a un desarrollo productivo muy ligado al Estado. El tema que tiene esto es que está muy limitado, porque con la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional la política económica de nuestro país no se define acá, se define en Washington. Y la educación, pero también la salud, etc, son blanco de ajuste.

Nuestra perspectiva es que la universidad tendría que estar al servicio de dar respuestas a los grandes problemas sociales, al servicio de las mayorías populares, de terminar con la desigualdad. Por las peleas que se han dado en defensa de la educación tenemos universidades de primera calidad, todos esos conocimientos habría que ponerlos en función de esto.

HdS: ¿Qué impactos tuvo la cultura neoliberal en el devenir del movimiento estudiantil en la Argentina?

Agite! Arquitectura: La cultura neoliberal impacta desde distintos aspectos al movimiento estudiantil. Por un lado, la constante crisis económica que afecta en dos escalas: hace que lxs estudiantes tengamos que trabajar y dejar parcial o totalmente la carrera para subsistir, lo que acota la participación en otros espacios no-académicos; y también nos obliga a vivir bajo la idea de que “todo el tiempo necesitamos hacer plata”, cada actividad, cada minuto de nuestras vidas los tenemos que invertir y nos tienen que rendir monetariamente.

Por otro lado, la cultura neoliberal se relaciona directamente con el individualismo y este desapego hacia lxs otrxs. No nos interesa pensarnos en colectivo, ni esforzarnos en construir espacios porque “primero estoy yo”, “primero está mi problema”. Así no nos damos cuenta que la salida siempre es colectiva.

Por último, creo que hace varios años las lógicas de la política partidaria y vertical han roto la idea de la palabra “política” como verbo, es decir, la política como herramienta de transformación de la realidad y con eso la idea de sujetx políticx que conforma cada unx de nosotrxs.

Juventud PTS: El neoliberalismo pegó fuerte en todos los aspectos de la vida y la universidad no fue la excepción. En general se destaca mucho que fue un avance de las ideas del individualismo, de la meritocracia, en ese sentido también de la pregunta por lo cultural, que es real. Pero quizás se dice menos que fue un ataque contra los derechos de los trabajadores y las mayorías para beneficiar al capital financiero internacional, un retroceso en la estructura del país. En eso se apoya ese avance más cultural, por la pérdida de la noción de lo público con las privatizaciones, el individualismo con una lógica de la ganancia compitiendo con el de al lado porque todo era muy difícil, la exclusión porque un sector importante de la población no estaba contemplada en el modelo, para los de arriba estaba “de sobra”. Y efectivamente fue una derrota, entonces ahí también se cuestiona si sirve o no la organización colectiva. Encima, esa derrota fue de la mano del PJ y con el aval de las conducciones peronistas de los sindicatos, entonces peor.

Y en la universidad, en ese marco no solo se instaló una cosa de que vas a la facultad nada más a recibirte y salvarte solo, que es la idea que ahora agarran los libertarios, sino que hubo ataques. La universidad sigue siendo pública porque la defendieron, pero se desfinanció y se puso más al servicio del mercado. Surgieron instituciones para ligar más las carreras a las empresas, los títulos se desvalorizaron. Y también se cortó con los espacios de debate y habitar las facultades, que no sean solo lugares de paso sino que los estudiantes junto a los trabajadores nos los apropiamos. Justamente para debilitar la resistencia. Hubo ejemplos importantes de algo distinto como las luchas del 95 contra la privatización o de apoyo a conflictos obreros. Pero incluso los centros de estudiantes, ya sean dirigidos por la Franja Morada o el peronismo, se volvieron más de “servicios”. Es decir, que el centro estaba para gestionar el buffet, la fotocopiadora, una especie de ayuda al sector que sí llegaba a la universidad. Ahí se adaptaron al neoliberalismo, no lo cuestionaron. Incluso muchos de los ataques de esa época después no se revirtieron.

Igual quedó una tradición importante que más que de los 90’ viene de los 70’, que fue la generación del activismo, de la solidaridad, de la unidad obrero estudiantil. Eso trataron de borrarlo pero no pudieron, y es un poco lo que tratamos de retomar hoy en día. Sobre estos temas venimos reflexionando en distintos artículos publicados en nuestra revista digital “Armas de la Crítica” que sale mensualmente por La Izquierda Diario.

La Mella: Hay algo de la cultura neoliberal, no solo en el movimiento estudiantil, sino en el sujeto que decide estudiar en la Universidad que es muy notorio, sobre todo en los últimos años hay un cambio en el perfil de los estudiantes. Por supuesto había estudiantes que podían dedicarse a estudiar, formarse, y dedicarle las horas de su semana a la carrera, siempre hubo estudiantes que trabajan. Pero lo que viene pasando en el último tiempo es que el estudiante que elige una carrera universitaria, por un lado es un estudiante que tiene más de un trabajo (y que todos los trabajos que tiene son trabajos mal pagos), es un estudiante que está completamente atravesado por muchos de los efectos de la cultura neoliberal que no son simplemente en términos económicos sino esta idea de que uno vale por producir más, entonces estás pensando todo el tiempo en que tenés que hacer más cosas, todo el tiempo estás pensando en dedicarle más tiempo a estar produciendo, a estar trabajando, y menos tiempo al deseo, menos tiempo al disfrute, menos tiempo a la elección propia de otras cosas que no pasen meramente por lo mercantil; y todos los efectos que tiene la situación económica por las medidas neoliberales que se vienen profundizando y recrudeciendo en nuestro país en términos de la salud mental, que eso es algo que vemos constantemente, que afecta a la juventud en general y donde no hay una respuesta clara sobre qué hacer. De la pandemia en adelante, la situación de la salud mental de las pibas y de los pibes realmente es un tema que hay que abordar con urgencia y no hay respuestas claras sobre qué hacer (de hecho, la respuesta es desfinanciar la salud pública) y me parece que es un eje que no se puede dejar de lado porque habitar las universidades hoy en día también está atravesado por sujetos políticos y sociales que hoy en día su situación actual es esa, la de tener más de dos trabajos para poder sobrevivir, la de no saber si vas a llegar a pagar el alquiler a fin de mes y la de estar atravesando situaciones ligadas a la salud mental por la incertidumbre y la ansiedad que te genera toda esta situación. Creo que el movimiento estudiantil tiene un rol muy importante vinculado a ser un eje central de la lucha en contra de estas medidas del gobierno de Javier Milei y también en la defensa de la educación pública como pilar fundamental de la sociedad. En el 2024, con todo el desfinanciamiento al presupuesto universitario, al salario docente y no docente, a las becas de estudiantes, el movimiento estudiantil tuvo un rol central porque el gobierno nos eligió como principal enemigo, a nosotros y a todo lo que representa la universidad pública en sí misma, a los trabajadores de la universidad y al estudiante que elige una carrera que no entra dentro de los parámetros de lo que para ellos es estratégico -entonces hay un ataque sistemático a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, como si no hubiera un aporte desde esas carreras a pensar un modelo de país-. Entonces nos eligieron como su enemigo y el movimiento estudiantil le viene dando batalla en las calles, en las aulas y pensando también política para sostener a los pibes, porque los centros de estudiantes y el movimiento estudiantil en su conjunto lo que hacen es sostener que los pibes sigan estudiando. Eso impacta de alguna manera en que los debates que se viene dando el movimiento estudiantil tenga que ver con una parte ciertamente más gremial, porque es responder a la demanda de los pibes para que sigan estudiando, pero con un sustento ideológico y político por detrás de eso sumamente profundo.

HdS: ¿Qué balances hacen de los procesos de lucha del movimiento estudiantil en los últimos años y su vínculo con los conflictos y resistencias socio-políticas?

Agite! Arquitectura: El mayor proceso a balancear de los últimos años (o década) es el de la institucionalización del movimiento estudiantil y de las propias organizaciones estudiantiles dentro de esa lógica, donde la mayoría ha perdido el signo político.

La burocratización de ese movimiento ha borrado su carácter disruptivo y jóven, pero sobre todo ya no se construye de manera horizontal. En este sentido el movimiento ya no convoca más allá de una marcha o una acción puntual, lxs estudiantes “de base” no participan en las tomas de decisiones por lo que se genera una desapropiación que se refleja en la merma del mismo.

Juventud PTS: La idea de que la juventud se había vuelto de derecha sufrió un revés importante con la lucha educativa del año pasado, en la que cientos de miles de jóvenes se sintieron interpelados por la necesidad de proteger y defender a la educación pública ante el miedo de que los anuncios del gobierno sean reales y peligre la continuidad de las universidades. Esto se hizo tan masivo y extendido que incluso tocó fibras sensibles de su propia base electoral, con la que se chocó.

Para muchos, las tomas fueron su primera experiencia política, se autoorganizaron y socializaron de otra manera con sus compañeros. Incluso muchos destacan que cambió el clima social en las universidades recuperando formas de socialización que se vieron trastocadas con la pandemia. En sus distintas etapas el conflicto “movió las aguas”, y comenzó una experiencia política que involucró tanto a sectores de vanguardia como de masas, lo cual dejó una experiencia acumulada y la incorporación de un know how de la lucha.

Las enormes marchas educativas del año pasado demostraron, contra el mito sostenido por sectores del peronismo de que “la relación de fuerzas no da”, que cuando hay convocatorias serias, preparadas y con motivos movilizantes, la gente se mueve, masivamente, con creatividad y capacidad de cambiar el ánimo social. Por eso también estuvo planteado que esa enorme fuerza social impulsase la movilización contra el conjunto del ajuste, activando y dando fuerza a otros sectores, cuestión a la que se negaron las burocracias sindicales y estudiantiles. Esto se debe a la política del radicalismo y sectores del peronismo que acompañaron de forma más o menos efusiva según el caso, al gobierno en la Ley Bases. Aunque hubo otros que se opusieron discursivamente, pero aportaron su granito de arena desmovilizando y desorganizando al movimiento estudiantil.

En términos más generales, el proceso de masificación universitaria en América Latina durante las últimas décadas, vuelve más urgente y posible la actualización del análisis del movimiento estudiantil, para pelear la perspectiva de la unidad obrera-estudiantil, que cada vez se muestra más natural por los múltiples lazos que unen a ambos sectores. Aprovechar esa potencialidad exige una intervención consciente, que inscriba las luchas educativas en la pelea más general por una universidad al servicio de ese horizonte uniendo nuestras peleas a las del resto de los sectores de trabajadores que resisten a los planes de ajuste.

En ese sentido, desde la juventud del PTS y nuestra red de agrupaciones En Clave Roja estamos impulsando en estos momentos grandes campañas de apoyo y solidaridad con los trabajadores en lucha del Hospital Garrahan, como también con trabajadores de empresas privadas que despiden y persiguen a sus laburantes, como son los casos de Georgalos y Secco.

HdS: ¿Cómo evalúan la relación de lxs estudiantes con los claustros de docentes y graduadxs, y su participación en los gobiernos de facultades y universidades?

La Mella: Creo que el movimiento estudiantil y el claustro estudiantil es el actor más dinámico de las universidades. Los avances y las políticas transformadoras que se fueron dando en los últimos años en las Universidades nacionales tienen que ver y surgen primero de una caracterización y de una demanda por parte de los estudiantes de todo lo vinculado a condiciones de cursada e infraestructura, hasta pensar, por ejemplo, políticas vinculadas a programas de abordaje a la salud mental de los estudiantes, de vinculación con guardias de salud mental o de hospitales. Todo esto surge primero de una demanda y una caracterización de estudiantes y podríamos dar muchos más ejemplos que muestran que el movimiento estudiantil es el actor más transformador y más dinámico en las Universidades nacionales, y que además lo viene haciendo desde hace muchísimos años y creo que ese legado también es el que nos pone en una responsabilidad de todo el tiempo estar pensando en cómo defender lo ya conquistado, pero también en cómo patear la pelota para adelante y pensar y rever incluso las cosas que hay que transformar y también las cosas que hay que ampliar. Y es en este sentido que la articulación con los docentes y los graduados es muy importante, lo fue el año pasado para lograr la Marcha Federal Universitaria, la marcha más grande de los últimos años, quizás comparable con lo que fue la que se hizo contra la LES en el año 95. Y en parte pudimos construir eso por una relación muy fluida entre todos los sectores que formamos parte de la Universidad pública, y logramos transmitirle eso a una sociedad que considera que las Universidades nacionales son de las mejores cosas que tiene nuestro país. Y también creo que eso tiene que verse reflejado en los gobiernos de las facultades y de las Universidades, por esto mismo de la capacidad transformadora que tiene el claustro estudiantil.

Me parece que este debate acerca de cuál es el rol del movimiento estudiantil en las gestiones de las Universidades creo que abre una puerta muy interesante que tiene que ver con poner en valor todo el aporte que realiza el claustro estudiantil para el sostenimiento y para las mejoras de las Universidades, para ser también el principal actor que muchas veces impulsa a dar ciertos debates. En el último tiempo viene pasando muchísimo. Por ejemplo el debate sobre el sistema de créditos, algo que está pasando por el costado en las Universidades, estamos siendo los estudiantes los que estamos poniendo sobre la mesa este debate, los que estamos hablando con los docentes, con los graduados, con los trabajadores no docentes, para construir y fomentar un debate más real sobre lo que está pasando por nuestras carreras. Así que bienvenida sea esa articulación y bienvenido sea pensar cada vez en mayor profundidad el aporte que el claustro estudiantil puede hacer en el modelo universitario que queremos construir.

Agite! Arquitectura: Desde nuestra posición, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo es necesario separar el espacio de cogobierno de los autoconvocados.

Los primeros, no son representativos en relación al padrón estudiantil y no sirven como canalizadores de propuestas o reclamos, más bien son una puesta en escena de las gestiones que se alinean políticamente con la fuerza estudiantil que conduce en centro de estudiantes (la Franja Morada).

Los segundos, materializados en asambleas y movilizaciones, son los espacios que construimos y re-construimos constantemente desde abajo y de los cuales participamos distintas organizaciones estudiantiles (en nuestro caso estudiantil-graduadxs) y delegados docentes, y participan docentes y estudiantes no agrupadxs con los cuales se han coordinado distintas acciones y jornadas para visibilizar el conflicto universitario.

Juventud PTS: Partimos de la defensa de la universidad, pero cuestionamos que en esta sociedad necesariamente tiene un carácter de clase, que nos proponemos transformar. Y esto implica la necesidad de luchar por el gobierno universitario y el funcionamiento del conjunto de la universidad. Hoy las decisiones las toma la verdadera casta universitaria de rectores y decanos radicales y peronistas, que han pactado con los distintos gobiernos, que son parte del desfinanciamiento, que firman convenios con empresas privadas, que han traicionado nuestra lucha reiteradas veces estos años, y que son elegidos de formas completamente feudales, donde el mayor peso en la elección lo tienen solo los docentes titulares que son una ínfima minoría. Un primer paso para transformar la universidad es terminar con esto, peleando por la elección directa de las autoridades bajo el criterio de mayoría estudiantil, que hoy está subrepresentada, y el claustro único docente, para que sean parte los ayudantes, y también los docentes ad honorem, que se cuentan por miles. A su vez, peleamos para que las y los trabajadores no docentes también tengan representación en estos espacios con voz y voto. Esta democratización permitiría a su vez que seamos los estudiantes, docentes y no docentes quienes definamos a dónde se destinan los recursos con los que cuenta la universidad, cuestionar la orientación social de la educación, los planes de estudio de nuestras carreras, y al servicio de qué intereses están.

Por último, no queremos dejar de denunciar que el ahogo presupuestario a las universidades se siente con fuerza en la precarización de las condiciones laborales y salariales tanto de docentes y no docentes en las universidades a nivel nacional, que siguen luchando por la recomposición salarial.

Por eso, más que nunca necesitamos que se construya una nueva marcha federal educativa que unifique todos estos reclamos y se proponga enfrentar todo el plan de ajuste del gobierno de Milei y el FMI, porque con la salud, la educación y la ciencia no se negocia.

*Este artículo forma parte del Dossier: “La Universidad Pública en la encrucijada. Mercantilización, resistencias y alternativas”

 

¿Hacia dónde va el movimiento estudiantil?

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Clasificación de los países africanos en el informe sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial

Hay siete países africanos entre los diez países con clasificación mundial más baja en términos de paridad de género.

a menudo se ven relegadas a roles secundario o simbólicos, sin poder real de decisión».

 

Según el Grupo del Banco Mundial, el 16.8% de las congolesas completan estudios de secundaria, la mitad que los hombres.

 

“Debemos fortalecernos entre nosotros”, dice Byobe. “Así, fortalecemos nuestras comunidades”, pero sin intervenciones urgentes, la lista de clasificación de género del país seguirá ocultando las dificultades diarias que el país enfrenta.

 

Tendencias más significativas

Según el informe, Benín registró la mejora más significativa del continente, ganó 4.6% puntos porcentuales y escaló 21 lugares hasta llegar al puesto 113. Zambia también hizo notables progresos, subió 13 puesto hasta el 79.

 

Sin embargo, no todas las tendencias fueron positivas. Togo y Sierra Leona disminuyeron 5.3 y 3.1% puntos porcentuales, y alcanzaron los puestos 121 y 112, respectivamente. Mozambique cayó 26 puestos al 53. Por su parte, Nigeria avanzó un puesto hasta el 124, y Kenia cayó 23 lugares hasta el 98th.

 

A comparación con 2024, la brecha de género a nivel mundial se ha reducido ligeramente, de 68.4% a 68.8% en 2025. Entre las 145 economías analizadas consistentemente durante años, los modestos progresos los impulsan principalmente las mejora en fortalecimiento político (hasta 0.7% puntos porcentuales a 23.2%) y participación económica y oportunidad, que aumentó en 0.4% puntos porcentuales (de 60.3% a 60.7%).

 

A nivel mundial, Islandia (92.6%) sigue encabezando el Índice Global de Brecha de Género, tiene el primer lugar desde hace 16 años consecutivos, y sigue siendo la única economía en haber cerrado más del 90% de su brecha de género desde 2022.

 

El Índice Global de Brecha de Género 2025 destaca que ninguna economía ha alcanzado aún igualdad de género plena, y al ritmo actual, se necesitarán 123 años para alcanzarla a nivel global.

 

Clasificación de los países africanos en el informe sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial

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UNESCO IESALC lanza informe regional sobre acceso a la educación superior de población refugiada y migrante venezolana en América Latina y el Caribe

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, el informe contribuye a los esfuerzos más amplios de la UNESCO por el derecho a la educación.

 

En el marco del Día Mundial del Refugiado, el 20 de junio, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) presenta el informe regional “Movilidad, migración y el derecho a la educación superior en América Latina y el Caribe. Mapeo de rutas hacia la educación superior para personas refugiadas y migrantes venezolanas”.

 

Coordinado por UNESCO IESALC entre mayo y diciembre de 2024, este informe ofrece una visión general de las experiencias nacionales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, destacando tanto las prácticas prometedoras como las barreras estructurales que enfrentan las personas refugiadas y migrantes venezolanas para acceder, permanecer y culminar estudios de educación superior en los países de acogida, y presentando recomendaciones clave para fortalecer sistemas de educación superior más inclusivos y equitativos en la región.

 

La investigación destaca avances significativos en los marcos normativos y en la implementación de prácticas prometedoras orientadas a la inclusión, tales como la adopción de procedimientos más flexibles para la revalidación de títulos y credenciales académicas, así como la provisión de apoyos económicos, psicosociales y académicos destinados a facilitar la inclusión y la permanencia estudiantil. No obstante, el informe también señala que, en la práctica, persisten barreras estructurales que dificultan el ejercicio efectivo del derecho a la educación superior por parte de las personas en situación de desplazamiento. Entre estas se incluyen la limitada disponibilidad de mecanismos de apoyo financiero, las experiencias de discriminación y la exigencia de documentación que, en contextos de desplazamiento forzado, resulta frecuentemente inaccesible.

 

 

Garantizar el acceso a la educación superior para las personas en situación de movilidad humana, incluidas las personas refugiadas y desplazadas forzadas, es esencial para fortalecer su resiliencia y fomentar sociedades más equitativas y cohesionadas (…) Este informe subraya que garantizar el ejercicio de este derecho no solo representa un imperativo jurídico, sino también una apuesta estratégica por el desarrollo sostenible y por la construcción de un futuro compartido e inclusivo para la región.

 

Francesca Ceserani, Coordinadora del Proyecto en UNESCO IESALC

Este informe se enmarca en los esfuerzos de la UNESCO por promover el derecho a la educación para todas las personas, sin dejar a nadie atrás, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030. Representa, además, un primer esfuerzo sistemático por parte de IESALC para visibilizar y abordar los desafíos que enfrentan las personas en situación de movilidad humana en el ejercicio de su derecho a la educación superior —un derecho del cual actualmente solo accede el 7 por ciento de la población refugiada a nivel mundial.

 

El documento fue elaborado con el apoyo de las oficinas de la UNESCO en los países participantes, con contribuciones financieras y técnicas de la Sede de la UNESCO en París, y se benefició de los aportes técnicos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como de la colaboración de actores clave del sector educativo a nivel nacional y regional.

 

https://www.iesalc.unesco.org/es/articles/unesco-iesalc-lanza-informe-regional-sobre-acceso-la-educacion-superior-de-poblacion-refugiada-y

 

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La censura educativa: cuando la extrema derecha decide qué aprender y qué callar

En tiempos de retrocesos y repliegues, es imprescindible que el profesorado, formadores, familias y movimientos sociales no permanezcan en silencio. La defensa del currículo como construcción colectiva, situada, ética y comprometida no es una consigna vacía: es una responsabilidad política. Porque, como bien sabemos quienes trabajamos en educación, cada omisión es también una forma de violencia, y cada contenido eliminado deja un vacío que alguien se encargará de llenar.

 

Últimamente estamos asistiendo en diversos países europeos y americanos a un fenómeno profundamente alarmante: el avance de discursos y políticas educativas impulsadas por la derecha y la extrema derecha que pretenden silenciar, censurar o directamente eliminar del currículo escolar cualquier contenido que cuestione el orden establecido, visibilice las desigualdades o promueva una mirada crítica y emancipadora de la realidad. Bajo la coartada de “neutralidad ideológica” o de “protección de la infancia”, se orquesta una ofensiva contra lo que consideran ideología de género, memoria histórica, derechos LGTBI, o crítica al patriarcado, etc. Pero no se trata de neutralidad: se trata de imponer un pensamiento único, de blindar los privilegios y de clausurar la escuela como espacio de formación crítica.

 

Desde la asociación Por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla, hace tiempo que advertimos sobre esta peligrosa deriva, que no es un caso aislado ni fruto de un exceso puntual, sino el síntoma de una estrategia cultural reaccionaria que se abre paso desde las instituciones y que busca moldear subjetividades obedientes, conservadoras y despolitizadas. Lo estamos viendo en Argentina, con la negación de los crímenes de la dictadura y el desmantelamiento de políticas de memoria y derechos humanos; en Italia, donde se blanquea el pasado fascista y se restringen contenidos sobre diversidad; en Francia, donde se criminaliza a quienes denuncian el racismo estructural y se reprime la crítica social.

 

Pero también asistimos a formas aún más agresivas de control ideológico en Hungría, donde el gobierno de Orbán ha reformulado el currículo para borrar la perspectiva de género y limitar el estudio de ciertos autores y temas considerados “impropios” para la juventud; o en los Estados Unidos, donde en varios estados se han prohibido contenidos sobre racismo, esclavitud o derechos LGTBI, y se impulsa una cruzada contra lo que llaman “teoría crítica de la raza”, financiada, en gran medida, por los recurrentes defensores de la privatización escolar.

 

Casos similares se multiplican en Brasil, Polonia, Turquía o Rusia, donde la educación se instrumentaliza como herramienta de adoctrinamiento y nacionalismo excluyente. En Irán, el sistema educativo se utiliza para imponer un modelo moral y religioso rígido, castigando duramente a quienes se desvían de las normas impuestas, especialmente a mujeres, jóvenes y minorías. Y en Israel, se eliminan contenidos que reconocen la historia y los derechos del pueblo palestino, así como se fortalece un currículo xenófobo y racista que deshumaniza a la población palestina, justificando el genocidio y alimentando una visión supremacista que imposibilita una educación orientada a la convivencia y la justicia en equidad con la población palestina.

 

En varias comunidades autónomas donde han accedido al poder juntamente con el Partido Popular, han condicionado gobiernos, han impulsado acciones concretas: en Murcia, exigieron la retirada de libros de texto con contenido “nocivo”; en Castilla y León, han intentado frenar programas de igualdad; en Aragón, han sido denunciados por censurar talleres de educación afectiva; y en Jaén, representantes del partido han lanzado discursos abiertamente xenófobos, cuestionando la escolarización de menores migrantes y promoviendo una visión etnocéntrica del sistema educativo. A ello se suma su insistencia en recentralizar las competencias educativas, planteando la necesidad de un currículo único nacional que refleje una concepción “española” de la historia, la lengua y los valores cívicos, en detrimento de la diversidad cultural y lingüística de las distintas comunidades autónomas.

 

 

 

 

 

 

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La censura educativa: cuando la extrema derecha decide qué aprender y qué callar

agosto 13, 2025

 

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Por: Com. Permanente. “Por otra política educativa. Foro de Sevilla”. 13/09/2025

En tiempos de retrocesos y repliegues, es imprescindible que el profesorado, formadores, familias y movimientos sociales no permanezcan en silencio. La defensa del currículo como construcción colectiva, situada, ética y comprometida no es una consigna vacía: es una responsabilidad política. Porque, como bien sabemos quienes trabajamos en educación, cada omisión es también una forma de violencia, y cada contenido eliminado deja un vacío que alguien se encargará de llenar.

 

Últimamente estamos asistiendo en diversos países europeos y americanos a un fenómeno profundamente alarmante: el avance de discursos y políticas educativas impulsadas por la derecha y la extrema derecha que pretenden silenciar, censurar o directamente eliminar del currículo escolar cualquier contenido que cuestione el orden establecido, visibilice las desigualdades o promueva una mirada crítica y emancipadora de la realidad. Bajo la coartada de “neutralidad ideológica” o de “protección de la infancia”, se orquesta una ofensiva contra lo que consideran ideología de género, memoria histórica, derechos LGTBI, o crítica al patriarcado, etc. Pero no se trata de neutralidad: se trata de imponer un pensamiento único, de blindar los privilegios y de clausurar la escuela como espacio de formación crítica.

 

Desde la asociación Por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla, hace tiempo que advertimos sobre esta peligrosa deriva, que no es un caso aislado ni fruto de un exceso puntual, sino el síntoma de una estrategia cultural reaccionaria que se abre paso desde las instituciones y que busca moldear subjetividades obedientes, conservadoras y despolitizadas. Lo estamos viendo en Argentina, con la negación de los crímenes de la dictadura y el desmantelamiento de políticas de memoria y derechos humanos; en Italia, donde se blanquea el pasado fascista y se restringen contenidos sobre diversidad; en Francia, donde se criminaliza a quienes denuncian el racismo estructural y se reprime la crítica social.

 

Pero también asistimos a formas aún más agresivas de control ideológico en Hungría, donde el gobierno de Orbán ha reformulado el currículo para borrar la perspectiva de género y limitar el estudio de ciertos autores y temas considerados “impropios” para la juventud; o en los Estados Unidos, donde en varios estados se han prohibido contenidos sobre racismo, esclavitud o derechos LGTBI, y se impulsa una cruzada contra lo que llaman “teoría crítica de la raza”, financiada, en gran medida, por los recurrentes defensores de la privatización escolar.

 

Casos similares se multiplican en Brasil, Polonia, Turquía o Rusia, donde la educación se instrumentaliza como herramienta de adoctrinamiento y nacionalismo excluyente. En Irán, el sistema educativo se utiliza para imponer un modelo moral y religioso rígido, castigando duramente a quienes se desvían de las normas impuestas, especialmente a mujeres, jóvenes y minorías. Y en Israel, se eliminan contenidos que reconocen la historia y los derechos del pueblo palestino, así como se fortalece un currículo xenófobo y racista que deshumaniza a la población palestina, justificando el genocidio y alimentando una visión supremacista que imposibilita una educación orientada a la convivencia y la justicia en equidad con la población palestina.

 

En varias comunidades autónomas donde han accedido al poder juntamente con el Partido Popular, han condicionado gobiernos, han impulsado acciones concretas: en Murcia, exigieron la retirada de libros de texto con contenido “nocivo”; en Castilla y León, han intentado frenar programas de igualdad; en Aragón, han sido denunciados por censurar talleres de educación afectiva; y en Jaén, representantes del partido han lanzado discursos abiertamente xenófobos, cuestionando la escolarización de menores migrantes y promoviendo una visión etnocéntrica del sistema educativo. A ello se suma su insistencia en recentralizar las competencias educativas, planteando la necesidad de un currículo único nacional que refleje una concepción “española” de la historia, la lengua y los valores cívicos, en detrimento de la diversidad cultural y lingüística de las distintas comunidades autónomas.

 

Y si nos referimos al Estado español, Vox ha convertido la educación en uno de sus principales frentes de la batalla cultural que han emprendido contra los derechos humanos. Desde su irrupción en las instituciones, ha promovido una agenda que denuncia lo que califica como “adoctrinamiento ideológico” en las aulas, centrándose especialmente en los contenidos relacionados con igualdad de género, diversidad sexual, memoria histórica, derechos y educación afectivo-sexual. Bajo el argumento de “proteger la inocencia de los menores”, insiste en eliminar cualquier contenido que, a su juicio, no se ajuste a una visión conservadora y tradicional de la sociedad. Una de sus propuestas más mediáticas ha sido el llamado desde hace tiempo pin parental, una medida que pretende otorgar a las familias la potestad de vetar la asistencia de sus hijos e hijas a determinadas actividades complementarias, especialmente aquellas que tratan temas de diversidad, género o afectividad.

 

En sus intervenciones parlamentarias y discursos públicos, Vox (y el Partido Popular) acusa a los docentes y al sistema educativo de ser cómplices de una supuesta “ingeniería social” impulsada por la izquierda, y exige la retirada de materiales escolares que considera ideológicos, como libros sobre feminismo, educación sexual o derechos humanos. También ha cuestionado la enseñanza de determinados enfoques históricos, rechazando las políticas de memoria histórica y democrática e igualando el relato del franquismo al de otras etapas de la historia española. Rechazan, por ejemplo, que se hable de violencia estructural de género o de racismo sistémico, y han denunciado que materias como Filosofía, Historia o incluso Matemáticas estén “contaminadas” por una supuesta perspectiva ideológica impuesta por la LOMLOE.

 

En la Comunidad de Madrid, las políticas educativas con una voluntad de recentralización ideológica, purga de contenidos críticos y debilitamiento de los marcos normativos que garantizan la igualdad, la diversidad y los derechos humanos en la escuela. Han construido un relato donde la “libertad educativa” no es sinónimo de pluralismo o pensamiento crítico, sino de blindaje frente a lo que consideran intromisiones ideológicas en la educación: el feminismo, la memoria democrática, la diversidad sexual o la crítica al sistema capitalista. Bajo un discurso de libertad individual, se esconde una clara estrategia de control cultural, desmantelamiento de políticas de equidad y blanqueamiento de la historia y las estructuras de poder. Un ejemplo revelador es la reciente modificación del temario de Historia para la PAU, donde desaparecen referencias al feminismo o a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se recuperan conceptos como “Reconquista” con una clara intención de reforzar una narrativa nacionalista y tradicionalista.

 

Más allá del currículo, el gobierno madrileño ha liderado una contrarreforma legal que ha vaciado de contenido las leyes autonómicas de igualdad y de derechos LGBTIQ+. Se han eliminado protocolos de protección, se ha suprimido la inversión en programas de prevención y ha debilitado el apoyo institucional a colectivos históricamente discriminados. La Comunidad de Madrid es hoy la única autonomía sin una ley de igualdad activa y, de hecho, ni siquiera ha logrado poner en marcha el programa que se presentó contra la discriminación por género. Esta desprotección institucional no es accidental: forma parte de una política educativa que rehúye la diversidad, castiga lo diferente y pretende imponer una escuela basada en valores conservadores y jerárquicos.

 

Todas estas propuestas educativas se basan en la exclusión de las diferencias, el blindaje de una moral conservadora y la recuperación de un modelo autoritario y monocultural. Frente a una escuela pública que lucha por ser inclusiva, crítica y democrática, se defiende una escuela homogénea, jerárquica y controlada, que sirva de plataforma para un proyecto ideológico y educativo retrógrado y conservador de ‘educación del carácter’, basado en ‘aculturar a los estudiantes’ a las normas convencionales de ‘buen’ comportamiento, acorde con las preocupaciones neoconservadoras por la estabilidad social.

 

Lo que está en juego, más allá de los contenidos concretos, es el modelo de sociedad que se quiere construir desde las aulas. Hay una hostilidad simbólica hacia la educación transformadora no es solo retórica: tiene efectos concretos sobre la vida escolar, los proyectos de centro y el bienestar de los estudiantes más vulnerables. Es una educación para el silencio, para el miedo y para la obediencia. Y en ese sentido, forma parte del mismo mapa de censura y regresión democrática que se despliega en otros territorios, tanto dentro como fuera de España. La resistencia educativa debe nombrar esta deriva sin eufemismos: no se trata solo de una batalla de contenidos, sino de una disputa profunda por eliminar la escuela pública y su compromiso por avanzar en la configuración de una sociedad más justa e igualitaria.

 

Desde nuestra perspectiva crítica, y de años reflexionando sobre la educación, nos preocupa especialmente el impacto de estas políticas en la práctica educativa cotidiana. La censura curricular no es un debate técnico sobre contenidos escolares: es una disputa por el sentido de la educación. Y si aceptamos que enseñar es una forma de intervenir en la realidad, de ampliar la mirada y de construir una ciudadanía más consciente y justa, entonces debemos rechazar toda forma de autoritarismo pedagógico que niegue la pluralidad y la complejidad de nuestro mundo.

 

La escuela pública ha de ser un espacio de libertad, donde se aprenda a pensar, a cuestionar, a empatizar y a actuar. Y eso implica hablar de feminismo, de diversidad, de justicia social, de historia con memoria, de afectos, de ecología política. Implica también incomodar, porque educar no es adiestrar ni domesticar, sino abrir preguntas, generar conflictos productivos, cultivar el pensamiento crítico. Por eso, lo que está en juego con la censura curricular no es solo el currículo, sino el proyecto de sociedad que queremos construir.

 

Educar no es repetir lo establecido, sino cuestionarlo; no es silenciar los conflictos, sino nombrarlos con valentía; no es domesticar conciencias, sino despertar miradas críticas…

 

En tiempos de retrocesos y repliegues, es imprescindible que el profesorado, formadores, familias y movimientos sociales no permanezcan en silencio. La defensa del currículo como construcción colectiva, situada, ética y comprometida no es una consigna vacía: es una responsabilidad política. Porque, como bien sabemos quienes trabajamos en educación, cada omisión es también una forma de violencia, y cada contenido eliminado deja un vacío que alguien –casi siempre desde el poder– se encargará de llenar.

 

La tarea educativa no puede ni debe plegarse ante el miedo, ni mucho menos renunciar a su proceso educativo profundamente transformador. Porque educar no es repetir lo establecido, sino cuestionarlo; no es silenciar los conflictos, sino nombrarlos con valentía; no es domesticar conciencias, sino despertar miradas críticas. Ante la censura organizada, necesitamos más educación crítica, más pensamiento incómodo, más pedagogía que interpele y desestabilice las verdades impuestas.

 

 

Ante las ideas de odio que se difunden desde púlpitos políticos y mediáticos, la respuesta no puede ser la tibieza ni la neutralidad, sino de una pedagogía del cuidado radical, comprometida con la dignidad de todas las personas y con la defensa activa de los derechos humanos.

 

Y ante el silencio impuesto, cada vez más extendido y feroz, ese que pretende borrar memorias, identidades y luchas que se han realizado durante muchos esfuerzos y años, la respuesta no puede ser el repliegue, el acomodo o el silencio. Hay que levantar más voces y más relatos. Voces antirracistas, feministas, disidentes, indígenas, campesinas, migrantes, progresistas. Voces que incomoden, que interpelen, que rompan el guión único que algunos quieren escribir para todos. Voces que nos enseñen a vivir juntas sin jerarquías, sin exclusiones, sin privilegios. Porque callar ahora es ceder terreno. Y la educación no puede ser cómplice del olvido ni del miedo.

 

Porque el futuro de nuestras democracias no solo se juega en los parlamentos o en las urnas. Se juega, y quizá sobre todo, en nuestras escuelas, institutos y universidades y en cada aula donde se decide si reproducimos el mundo tal como es y cómo lo quieren vender, o si nos atrevemos a imaginarlo y construirlo de otra manera. Y esa decisión, pedagógica y política a la vez, es urgente. La educación, si no es emancipadora y transformadora de la realidad hacia la justicia social y el bien común, no es nada. Y si no la defendemos colectivamente, la perderemos sin darnos cuenta.

 

La censura educativa: cuando la extrema derecha decide qué aprender y qué callar

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Líderes en paro juvenil, en abandono escolar y en temporalidad: la juventud española tiene poco que celebrar

España sigue duplicando el paro juvenil de la UE, y entre las mujeres ha crecido en el último año. Además, la temporalidad involuntaria de los jóvenes españoles casi triplica la europea, con más del 40% frente al 14%.

Emanciparse con 30 años, destinar el 90% del sueldo a la vivienda (principalmente en alquiler compartido) y engrosar el paro juvenil más alto de Europa. Son algunos de los datos que golpean insistentemente a los jóvenes y ponen un muro en su presente y su futuro laboral y de desarrollo como personas. El 12 de agosto, se conmemora el Día Internacional de la Juventud y, la Unión Sindical Obrera (USO), han publicado su informe anual sobre su situación. En España, son más de 8 millones de personas. Pero, «a pesar de ser un país envejecido, en el que deberíamos cuidar especialmente a nuestra juventud, el sistema social y laboral la maltrata constantemente», señala el sindicato.

«Hemos decidido elegir como lema este año Jóvenes sin filtros porque estamos acostumbrados a hablar de ellos frivolizando sobre su uso de redes sociales, sobre cómo aparentan o se despreocupan. Y, sin embargo, la realidad es que a muchos aspectos de su vida deben ponerle filtros para hacerla más amable. Porque, como sociedad, no les ponemos más que trabas”, reflexiona Lourdes Pedrazuela, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Formación de USO.

El informe analiza la precariedad estructural de la juventud, que se acrecienta en las mujeres. Una de cada cinco personas jóvenes que quiere trabajar está en paro. Pero es que el desempleo, entre las mujeres jóvenes, creció casi un 14% el año pasado. Los hombres sufren un alto porcentaje de abandono escolar y continúan menos hacia estudios superiores (el 15,8% de ellos no se forma tras la secundaria, frente al 10% de las mujeres). Son ellas quienes completan en su mayoría estudios superiores (50,9%, frente al 38,7%), pero ya en su primera etapa de vida laboral sufren la brecha salarial: cobran un 13,2% menos.

Ser joven y, además, ser mujer o pertenecer a un colectivo vulnerable, como tener discapacidad o ser inmigrante, es un desafío constante. España sigue liderando el paro juvenil en la UE, pero también otras estadísticas que lastran el futuro de la juventud, como el abandono escolar, que aquí sigue en el 13%, frente al 9,3% de media comunitaria. O la temporalidad involuntaria, que casi triplicamos: de nuestro 40,4% al 14,4% continental.

Los estudios: ni contigo ni sin ti

No obstante, Pedrazuela matiza que “no tener estudios es casi definitivo para no encontrar empleo. Sin embargo, tenerlos tampoco te lo asegura. Hemos hecho creer a nuestros jóvenes que formarse era una garantía de éxito y, sin embargo, el paro entre personas con nivel de estudios alto ha crecido en el último año en más de dos puntos, hasta el 31,3%. Uno de cada tres jóvenes con estudios superiores no tiene trabajo a pesar de ello”.

USO pide que se refuerce el Ministerio de Juventud e Infancia para que pueda elaborar políticas integrales del futuro de nuestros jóvenes. Pero, además, “sin acometer las reformas integrales que afectan a toda la población, como una reforma laboral profunda o hacer accesible la vivienda, los jóvenes no tendrán oportunidades. El contrato de fijo discontinuo, una forma encubierta de jornada parcial bajo la palabra ‘fijo’, se ha cebado especialmente con los jóvenes. Y qué decir la vivienda, ni en propiedad ni en alquiler, solo sueñan con heredarla”.

Entre las medidas para mejorar las perspectivas de la juventud, la dirigente de USO también destaca las que tienen que ver con “estrategias para evitar el abandono escolar. Y, en el caso de quienes terminen una educación superior, que cuenten finalmente con el prometido Estatuto de las Personas Becarias que garantice la protección integral de los derechos de estos titulados que terminan por trabajar gratis”.

 

Fuente: https://www.magisnet.com/2025/08/lideres-de-paro-juvenil-en-abandono-escolar-y-en-temporalidad-la-juventud-espanola-tiene-poco-que-celebrar/

 

 

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Venezuela: Excarcelan a la activista Martha Lía Grajales

Martha Lía Grajales, activista colombo-venezolana de derechos humanos y directora de la ONG SurGentes, fue excarcelada este 13 de agosto de 2025 en Caracas tras seis días de detención. Su arresto estuvo relacionado con acusaciones de “incitación al odio”, “conspiración con gobierno extranjero” y “asociación para delinquir”.

 

 

La liberación, confirmada por su esposo Antonio González, se da en forma de una medida sustitutiva que no interrumpe el proceso judicial en su contra. Grajales había sido detenida el 8 de agosto durante una manifestación frente a las Naciones Unidas, donde se exigía la liberación de detenidos tras las protestas poselectorales de julio.

 

 

González informó que la excarcelación ocurrió aproximadamente anoche cerca de las 9:00 pm y calificó el proceso judicial como “arbitrario”. La Fiscalía chavista ha indicado que Grajales enfrenta cargos con penas que podrían llegar hasta 30 años de prisión, basándose en su supuesta implicación en acciones contra “las instituciones venezolanas y la paz de la República”.

 

Excarcelan a la activista Martha Lía Grajales

 

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Docentes en Panamá sostienen huelga y denuncian afectaciones legales y salariales

Con duración de dos meses, la huelga en Panamá reúne más de 300 mil estudiantes sin clases y 30 mil docentes sin salario. El gremio docente exige la derogación de la Ley 462 y denuncia retenciones ilegales de pagos.

La huelga docente en Panamá cumple dos meses coincidiendo con el inicio del segundo semestre escolar. Más de 300 mil estudiantes han visto interrumpidas sus clases y alrededor de 30 mil maestros no han recibido salarios desde que comenzó el paro nacional. El gremio magisterial mantiene como punto central la derogación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, que, según sus dirigentes, reduce el monto de jubilaciones bajo el Programa de Retiro Anticipado.

 

 

 

El gobierno ha hecho todo lo posible para tratar de pulverizarnos, pero nosotros nos mantenemos firmes”, afirmó Diógenes Sánchez, coordinador general de la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación y dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof). El líder magisterial sostuvo que la retención de salarios es “totalmente ilegal” y denunció que se ha declarado a los docentes en licencia sin sueldo sin seguir las normas especiales del sector. “Hay profesores que están con miedo, con temor, porque ya vamos para dos meses que no cobramos un solo centavo. Tienen préstamos hipotecarios, préstamos de autos, compromisos. Algunos ya han sido procesados por falta de pago de pensión alimenticia”, agregó.

 

El Ministerio de Educación (Meduca) ha reiterado que no habrá despidos, aunque anunció que cuenta con una base de datos de docentes evaluados y listos para ocupar plazas. “Todos ellos están legalmente en sus puestos y hacemos un llamado de conciencia y responsabilidad de regresar a las clases porque iniciamos el segundo trimestre”, dijo la viceministra Académica, Agnes De León Chacón de Cotes. La entidad implementó un plan para recuperar aprendizajes sin modificar el calendario escolar.

 

En medio de la presión por retomar clases, Asoprof firmó un acuerdo con el Meduca que establece principios sobre condiciones laborales y asuntos administrativos. “Estamos apoyando a los docentes procesados por ejercer el derecho a huelga”, señaló Fernando Ábrego, secretario general del gremio, quien subrayó que la firma no significa ceder en las demandas centrales ni renunciar a reclamar el pago de los salarios retenidos.

 

43% de las escuelas están en condiciones precarias

Padres y madres de familia han advertido que el conflicto es un síntoma de problemas estructurales. Ariel Hughes, de la Asociación Nacional de Padres de Familia, sostuvo que el 43% de las escuelas están en condiciones precarias y que la malla curricular requiere actualización. Insistió en que las familias deben asumir un rol activo para garantizar la educación de sus hijos mientras se resuelven las diferencias entre gobierno y docentes.

Docentes en Panamá sostienen huelga y denuncian afectaciones legales y salariales

 

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