El 16 de septiembre, Mahsa (Zhina [su nombre en kurdo]) Amini, una joven mujer kurda iraní de 22 años, fue salvajemente asesinada por la policía de la moral de la República Islámica de Irán. Había sufrido varios golpes en la cabeza después de haber sido detenida por llevar de forma inapropiada el hiyab. Se trata de un asesinato de Estado como muchos otros que han sido sistemática y deliberadamente cometidos por el régimen de apartheid sexual que prevalece en Irán. Desde que se produjo este crimen de Estado, han tenido lugar manifestaciones en muchas ciudades de Irán.
Esta revuelta en el conjunto del país no se dirige únicamente contra el asesinato brutal de Mahsa, sino contra la esencia misma del régimen islámico. Y la reivindicación es clara y neta: el fin de un régimen burocrático cuyas violencias múltiples ejercidas contra los cuerpos marginalizados se han hecho visibles con la muerte de Mahsa.
A pesar del terror de la represión, hoy en Irán estamos asistiendo a una revolución feminista inflamada por la rabia provocada por el asesinato de Mahsa (Zhina) Amini. Inspiradas por el movimiento kurdo, las manifestantes gritan “¡Mujeres, vida, libertad!”. Las protestas, los cuerpos bailando sin hiyab y quemando sus símbolos, han sido violentamente reprimidas por ejércitos de trolls financiados por el Estado, cortes de internet, gases lacrimógenos, detenciones masivas y asesinatos indiscriminados.
Sin embargo, la comunidad universitaria y militante a escala internacional se mantiene muy callada sobre lo que está ocurriendo en Irán ahora. La crisis iraní parece estar encerrada entre dos marcos reduccionistas y sin embargo hegemónicos en los medios de comunicación y en el ámbito académico.
Por un lado, la larga historia de opresión colonial y los avances recientes de los discursos xenófobos, racistas y sexistas en Occidente han llevado a reducir problemas complejos, como el del hiyab, a cuestiones culturales. Esto ha impedido a las voces progresistas del Norte expresar su plena solidaridad con las luchas que se desarrollan en Oriente Medio y en otros países de mayoría musulmana por miedo a alimentar las ideologías sexistas en Occidente.
Por otro lado, un punto de vista supuestamente progresista pero, en realidad, neo-orientalista ha hecho abstracción de las vidas y de las subjetividades fuera de Occidente, en particular de quienes viven en Oriente Medio o en el norte de África.
Ambos marcos han llevado a dejar de lado epistemológica y políticamente las resistencias feministas y queer en Irán. La opresión multidimensional sufrida y las luchas que se desarrollan en esas regiones siguen siendo ignoradas, salvo cuando están relacionadas con problemáticas occidentales o los actores se perciben a sí mismos a través de esa mirada neo-orientalista.
Contra, y más allá, de esas tendencias reduccionistas, nosotras y nosotros, un grupo de universitarias militantes feministas, pedimos a las comunidades feministas que nos unamos para construir juntas una solidaridad transnacional con las mujeres y los cuerpos marginalizados en Irán. Las luchas de nuestras hermanas en Irán tienen que ver, a la vez, con el desarrollo histórico de las relaciones de poder en el seno de las sociedades llamadas islámicas y con la crisis contemporánea de las relaciones de reproducción social en el capitalismo mundial.
Insistimos en impulsar un programa feminista y queer, anticapitalista y antifascista que no reduzca las luchas de nuestras aliadas en Irán a verlas de la misma forma en que se dan en los países del Norte. Por el contrario, tenemos que considerar esas luchas dentro de un contínuum y asumir la batalla reconociendo nuestros combates comunes.
Crear y mantener ese contínuum exige reconocer la interseccionalidad de las luchas que las mujeres y otros cuerpos marginalizados emprenden en países como Irán y que viven actualmente bajo una teocracia islámica. Ahora más que nunca, es crucial demostrar una amplia solidaridad transnacional con las mujeres y los cuerpos marginalizados en Irán.
Primeras firmas: Gilbert Achcar, Nadje Al-Alí, Shannon Bell, Seyla Benhabib, Judith Butler, Angela Y. Davis, Naika Foroutan, Catherine Malabou, David McNally, Sharzad Mojab, Jacques Rancière
Ante obstáculos de FGR, GIEI pide ayuda a gobierno español
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) ha obstaculizado no solo la indagatoria que lleva a cabo, sino la de su propia unidad especial creada para investigar el crimen.
Al presentar su último informe sobre el caso el jueves pasado, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelaron algunos de los “obstáculos” que ha enfrentado la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Los especialistas señalaron a la Dirección General de Laboratorios Criminalísticos de la FGR de obstaculizar la indagatoria, pues revelaron que dicha área “no diligenció favorablemente una solicitud de pericias de voz, por lo que la unidad solicitó apoyo al gobierno español.
“Los peritos españoles dieron el match voz entre la prueba indubitada y la que era objeto de la pericia, con los mismos elementos. Cabe mencionar que estos son quienes capacitaron a los mexicanos”.
También destacaron el caso de una funcionaria, de quien no revelaron su nombre, que participó en la detención del presunto integrante de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo.
“Fue quien respondió una solicitud de la Unidad en una investigación por tortura de Rodríguez Salgado. Es integrante de una de las unidades que depende de la Coordinación de Métodos de Investigación”, detalla el documento.
Criticaron que la Unidad Especial se creó en 2019, pero, pese a estar adscrita a la oficina del titular de la FGR, debió esperar hasta 2020 para que le entregaran facultades de investigación.
También señalaron que la unidad es la “responsable de concluir los procesos penales vinculados” con el crimen, pero la que judicializó la carpeta de investigación contra el ex procurador Jesús Murillo Karam fue un área distinta.
¿Pueden los ciudadanos locales por sí solos proteger la selva amazónica? Los asesinatos de Dom Phillips y Bruno Pereira expusieron los altos riesgos de tal intento
Es solo un ejemplo más de por qué los pueblos amazónicos tienen que encontrar sus propias formas de defender los principios de verdad, ley y orden: para protegerse a sí mismos y a un ecosistema que es vital para el futuro de la humanidad. ¿Es sostenible, y justo, dejarlos caer solos como mártires?
Phillips viajaba con Pereira cerca del territorio indígena Vale do Javari, un área remota cerca de la frontera con Perú, para registrar la iniciativa de ciudadanos locales que luchan pacíficamente contra la actividad criminal en la Amazonia.
Pereira, uno de los mayores expertos brasileños en grupos indígenas no contactados o recién contactados, entrenaba a los miembros de la comunidad en el uso de drones e imágenes de satélite para monitorear el territorio y registrar la caza, la tala, la pesca, la minería ilegales y el tráfico de drogas.
Según los grupos indígenas, ha habido tantas invasiones en los últimos dos años como antes de que el territorio fuera declarado legalmente como área protegida en 2001. Pereira fue amenazado de muerte por este trabajo.A pesar de los riesgos de tales esfuerzos, hay muchas comunidades pequeñas, poco capacitadas y mal equipadas en toda la región amazónica que intentan hacer frente a las crecientes amenazas, como la que estaba siendo capacitada por Pereira.
La líder indígena brasileña Juma Xipaya declaró recientemente, durante la conferencia Amazonian Leapfrogging, que “estamos defendiendo la selva con nuestros cuerpos, con nuestros hijos en brazos, bajo una violencia implacable. Los pueblos de la selva necesitamos seguridad para que podamos seguir siendo los guardianes de la selva, brindando un servicio no solo a la Amazonia sino al mundo”.
Expuestos al riesgo de confrontación con delincuentes, esos grupos enfrentan políticas públicas insuficientes o corruptas, y son frecuentemente etiquetados como “agitadores” o “agentes que actúan contra el progreso”.
Kaskirunas, en Sarayaku, en Ecuador, practicando el control de un dron. Abril 2022. Foto: Ana Cristina Suzina
Los Kaskirunas de Sarayaku, en Ecuador, por ejemplo, están aprendiendo a utilizar drones e imágenes satelitales para contribuir al manejo y protección de las 135 000 hectáreas de la tierra milenaria del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. Kaskiruna es un término kichwa que significa “protectores del bosque vivo”.
La comunidad de alrededor de 1400 personas también cuenta con los Wios, el Grupo de Seguridad Interna de Sarayaku. Wio es un nombre kichwa para una hormiga muy pequeña cuya picadura duele mucho.
Es un grupo pacífico que ha sido entrenado en el monitoreo del territorio, la tierra y los ríos, y la prestación de servicios de rescate. Uno de sus principales aliados es un sistema de comunicación por radio que se inauguró cuando decomisaron armas y equipos al Ejército Nacional del Ecuador en 2002.
Ilustrando la ambigüedad de las políticas ambientales, el Ejército estaba allí para salvaguardar la instalación de una empresa petrolera internacional privada que obtuvo una autorización del propio Estado ecuatoriano para explotar fuentes dentro del territorio de Sarayaku, sin consulta previa a la populación local.
La resistencia incluyó retener a trabajadores de la petrolera en la comunidad para detener las actividades de prospección que ya comenzaban: la tala de árboles milenarios y la siembra de minas en áreas sagradas de bosque denso. Un grupo de mujeres kichwas agarró las armas con las propias manos desnudas.
“Decidimos levantarnos juntas en el acercamiento al Ejército porque sabíamos que, si fueran nuestros hombres solos frente a ellos, el uso de la fuerza podría ser diferente”, explica Gloria Berta Gualinga, quien participó en las protestas de 2002.
La comunicación por radio ayudó a apoyar la acción contra los invasores y, desde entonces, se ha convertido en una parte importante de la vida de la comunidad.
Sarayaku llevó el caso a los tribunales contra el Estado de Ecuador y ganó.
Obtuvieron el derecho a mantener los proyectos extractivos fuera de su territorio, un derecho que tienen en el papel, pero que no se cumple completamente en la práctica. La amenaza sigue ahí y Sarayaku, junto con otros movimientos indígenas, sigue siendo estigmatizado por actuar en contra de los intereses más amplios del país.
La forma en que los pueblos indígenas son retratados en los medios de comunicación contribuye a este estereotipo. Como lo destaca un informe reciente de Climate Outreach, las oportunidades limitadas para expresar sus propios puntos de vista aumentan los riesgos de que se perpetúen las actitudes coloniales (denigración, criminalización y racismo).
En otro caso de resistencia local, en 2009, un colectivo de 26 comunidades tradicionales alrededor de la Gleba Nova Olinda, en Pará, Brasil, fueran inscritas en esta lista de “obstáculos al desarrollo”. Las comunidades han bloqueado el río Arapiuns y detenido dos embarcaciones que transportaban 1500 m3 de madera sacada del bosque, reteniendo a sus tripulantes.
Los manifestantes querían llamar la atención sobre la explotación ilegal de su territorio y resaltar la importancia de establecer legalmente áreas protegidas arraigadas en comunidades indígenas y tradicionales que viven y trabajan en el territorio desde mucho tiempo, una mezcla entre tribus originarias y grupos que se establecieron como resultado de las olas migratorias internas desde las primeras décadas del siglo XX.
Al igual que los Sarayaku, rápidamente fueron tildados de delincuentes por robar los botes y bloquear el río, y muchos medios de comunicación describieron el incidente como un “secuestro violento de la tripulación”, que en cambio ésta había sido respetuosamente acogida por familias locales. La acción duró casi un mes y terminó con la quema de los barcos con toda la madera dentro.
La comunidad de Sao Pedro, en el norteño estado de Pará, Brasil, donde los manifestantes estuvieran acampados. Noviembre 2015. Foto: Ana Cristina Suzina
El legado de esa protesta es ambiguo. Si bien ha llamado la atención sobre el problema de la explotación ilegal de madera y otros recursos en la región, no ha habido una resolución concreta y las comunidades aún viven amenazadas.
El territorio sigue siendo víctima de explotación ilegal; y el Estado y los medios de comunicación han logrado crear oposiciones entre los grupos locales, al promover fuertemente la idea de que la explotación de los recursos naturales podría ofrecer empleos y prosperidad a las poblaciones locales.
La tensión actual en la región hace casi imposible el trabajo de los comunicadores locales, ya que los periodistas comunitarios se han convertido en blancos cada vez que critican los proyectos extractivos o visibilizan la actividad ilegal de los emprendimientos.
El superintendente de la Policía Federal de Brasil afirmó que Phillips “estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada”, tratando de explicar el asesinato del periodista británico como una desafortunada coincidencia. Lo que no se puede explicar tan a la ligera es por qué tantas comunidades en la Amazonia, en Brasil y en otros países, tienen que encontrar sus propias formas de protegerse a sí mismas y a un tesoro natural vital.
Algunos analistas han dicho que, si no fuera por el asesinato de un periodista británico, el asesinato de Pereira hubiera pasado completamente desapercibido. Familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil piden justicia para Phillips y Pereira. Para que haya justicia, debe haber un reconocimiento fundamental de la validez y relevancia de la histórica lucha local para proteger la Amazonía, y un profundo y urgente cambio cultural y político para apoyarla.
La esposa de Phillips declaró que su conocimiento sobre la Amazonía lo llevó a comprender que el pescador, el minero en la punta de la línea son igualmente víctimas, frecuentemente brutalmente explotadas por su desesperación por alimentar a sus propias familias. Los líderes de los movimientos de base en la Amazonía recuerdan constantemente que hay personas conviviendo con los bosques, los ríos y los animales.
Muchos están listos y tomando medidas para proteger todos estos tesoros y harán más si las autoridades nacionales y la comunidad internacional asocian las políticas de protección del territorio con el apoyo a la población local, para que no sea vulnerable a los empresarios depredadores y los políticos demagogos.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, critica los ataques aéreos contra Let Yet Kone, que la junta militar afirma estaban dirigidos a rebeldes escondidos en la zona.
Al menos 11 escolares han muerto tras un ataque aéreo contra una aldea en Myanmar, según la agencia de Naciones Unidas para la infancia, en lo que podría ser el ataque más mortífero contra menores desde que la junta militar tomó el poder el año pasado.
El Secretario General de la ONU, António Guterres condenó el ataque el martes, según su oficina, que afirmó que el número de víctimas mortales se había elevado a al menos 13 personas fallecidas, incluyendo a los 11 niños cuya escuela fue atacada.
El país del sudeste asiático está sumido en el caos desde que los militares tomaron el poder en un golpe de estado en febrero de 2021, con cerca de 2.300 civiles asesinados en la represión de la disidencia, según un grupo local de monitoreo. La junta afirma que el ataque mortal del viernes tenía como objetivo a rebeldes escondidos en la zona.
La región de Sagaing, en el noroeste del país, ha experimentado algunos de los combates más intensos, y los enfrentamientos entre combatientes antigolpistas y los militares han provocado la destrucción de pueblos enteros.
La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, condenó la violencia del viernes en el municipio de Depeyin, en Sagaing.
«El 16 de septiembre, al menos 11 menores murieron en un ataque aéreo y por fuego indiscriminado en zonas civiles», informó UNICEF en un comunicado emitido el lunes.
Añadió que las escuelas deben ser seguras y nunca deben ser un objetivo.
«Al menos 15 menores de la misma escuela siguen desaparecidos», dijo UNICEF, pidiendo su inmediata y segura liberación.
Guterres, que el martes recibía a los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, «condena enérgicamente los ataques de las fuerzas del ejército de Myanmar contra una escuela en Let Yet Kone» y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, informó en un comunicado su portavoz Stéphane Dujarric.
Este tipo de ataques a escuelas, que contravienen el derecho internacional humanitario, constituyen «graves violaciones contra la infancia en tiempos de conflicto armado que el Consejo de Seguridad condena de forma enérgica», declaró la portavoz de Guterres, quien pidió que los autores rindieran cuentas.
Un video obtenido de un grupo comunitario local muestra un aula con sangre en el suelo, daños en el techo y una madre llorando sobre el cadáver de su hijo.
La junta militar dijo que había enviado tropas en helicópteros a Let Yet Kone tras recibir un aviso de que combatientes de un grupo rebelde de las minorías étnicas, el Ejército para la Independencia Kachin (KIA, por sus siglas en inglés), y una milicia antigolpista local estaban transportando armamento en la zona.
El ejército acusó a la resistencia rebelde de utilizar a civiles como escudos humanos, y dijo que había incautado minas y explosivos en la aldea.
«Los miembros de seguridad dieron el tratamiento médico necesario y se encargaron de enviar a los pacientes a un hospital cercano», dijo el ejército en un comunicado.
El portavoz de la junta, Zaw Min Tun, acusó el martes al KIA de llevar a la población local a un monasterio y disparar desde allí a las tropas.
Una persona de la aldea contactada por la Agencia France Press rechazó las insinuaciones de los militares de que había combatientes en la zona.
«Acaban de atacar la escuela. Dicen que alguien les atacó y que luego se defendieron, pero eso no es cierto», dijo, hablando bajo condición de anonimato por su propia seguridad.
También comentó que los militares se habían llevado algunos de los cuerpos y detenido a varias personas, entre ellas menores y profesores.
El director regional de Save the Children en Asia, Hassan Noor, señaló que nunca se debe atacar escuelas durante conflictos.
«¿Cuántos incidentes más como éste tienen que producirse para que se tomen medidas?» pregunta Noor, instando al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) a tomar medidas con rapidez.
Hasta el momento, los esfuerzos diplomáticos de la ASEAN han sido infructuosos para resolver la crisis de Myanmar. Los líderes de la agrupación regional se reunirán en Phnom Penh en noviembre.
La educación de niños se complica en sectores populares de Guayaquil a causa del crimen.
Extorsiones, asesinatos y robos constantes están haciendo que las escuelas ya nos sean sitios seguros.
Es como si la educación pública dejara de ser gratuita, porque bandas de extorsionadores exigen a los padres de familia una cuota de 5 dólares semanales por hijos para garantizar seguridad.
Los padres han optado por permanecer en las afueras de las instituciones cuidando a sus niños, mientras reciben clases en el interior. Los padres denuncian que esto es solo el reflejo del abandono por parte del Gobierno central.
En Ciudad Victoria ya se han advertido a maestros y padres que si no cumplen con la cuota se colocarán explosivos y atentados. Muchos han decidido dejar a sus hijos en casa y no mandarlos por el riesgo que representa esta amenaza.
Así el crimen en Guayaquil ya complica la educación de los niños en sectores populares.
En América Latina algunos de los países con menos felicidad de la región, de acuerdo con el «World Happiness Report» («Informe sobre la felicidad mundial»), son: Paraguay, Perú y Ecuador. Mientras que entre los cinco con indicadores de habitantes con mayor felicidad se encuentran: Costa Rica , Uruguay, Panamá, Brasil y Guatemala, en estudio que abarca hasta mayo del año que corre.
Y por quinto año consecutivo, Finlandia encabeza las clasificaciones en el Informe Mundial de la Felicidad auspiciado por la ONU.
Es en este contexto que expertos nacionales e internacionales en temas de bienestar, emociones positivas y la búsqueda de la felicidad , formarán parte de las conferencias que se realizaran como parte del Wellbeing 360°, a llevarse a cabo del 17 al 20 de octubre, de manera híbrida, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey.
Se trata de un relevqnte seminario donde los expertos de 50 países ofrecerán contenidos que versarán sobre la búsqueda de la felicidad, que es un asunto volutivo más allá de la suerte o la casualidad.
En rueda de prensa, Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias del Bienestar Integral del TEC MILENIO, convocante del encuentro, explicó que uno de los sectores más afectados por la pandemia fue el de los estudiantes.
Fueron afectados, explicó, por el confinamiento, por haberse roto el la Inter actuación entre alumnos y la interrupción de las dinámicas escolares.
“Está comprobado que un estudiante que enfrenta problemas emocionales tiene o desarrollará con dificultad su capacidad de aprendizaje; lo hemos comprobado después de la pandemia, niños que tenían miedo de juntarse con los chicos por temor a contagiarse o jóvenes que se volvieron poco sociales, de ahí la importancia de este tipo de encuentros que buscan dotar de una herramienta basada en los conocimientos de especialistas y reportes mundiales sobre el bienestar y la felicidad”.
Por lo anterior consideró que los estudiantes son un público que debe sumarse al Wellbeing 360°.
Al explicar la importancia del Wellbeing 360° Rosalinda Ballesteros, dijo que los conferencistas representan una serie de conocimientos académicos que podrán llegar de manera gratuita a decenas de miles de personas interesadas.
“Este tipo de herramientas que ofrecen los expertos, sirven para cultivar indicadores de bienestar de cómo convivir mejor, crear redes de apoyo, experimentar más emociones positivas, liderazgo positivo y la relación con los demás”, agregó la académica.
Rosalinda Ballesteros, explicó que esto no se imparte desde la primaria y secundaria, e incluso en los libros de texto se tendrían que desarrollar contenidos y estrategias para aprender generar bienestar.
Entre cincuenta ponentes se puede mencionar la participación de: Kelly McGonigal, psicóloga de la salud y profesora de la Universidad de Stanford, conocida por su trabajo en el campo de la «ayuda científica”.
Robert E. Quinn, profesor emérito de la Margaret Elliot Tracy Collegiate de la Universidad de Michigan y la Escuela de Negocios Ross. Sus investigaciones y escritos se centran en el propósito, el liderazgo, la cultura y el cambio.
Karen Reivich, directora de los programas de capacitación en el Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania.
Timothy Sharp, líder internacional en el campo de la Psicología Positiva, (también conocido como el Dr. Happy.
El Wellbeing 360° se llevará a cabo mediante conferencias magistrales con expertos en la Ciencia del Bienestar; los ejes temáticos son educación, familia, comunidades y bienestar personal. El evento se podrá seguir en línea previo registro.
Estudiantes y profesores argentinos marcharán hoy en esta capital para demandar mejoras en el sector y denunciar el hostigamiento, la persecución y la negativa a dialogar por parte de autoridades locales.
Según anunciaron, miembros de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación Docente Ademys y jóvenes de varias escuelas participarán a partir de las 16:00, hora local, en una movilización hacia las proximidades de la sede de la jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras, al menos cinco colegios permanecen tomados por sus estudiantes para condenar la presión policial y exigir mejoras en la alimentación, la infraestructura y las prácticas laborales.
En un principio, los jóvenes criticaron las políticas del Ejecutivo capitalino, liderado por Horacio Rodríguez Larreta; la mala calidad de las comidas y del programa Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores, como parte del cual, en lugar de recibir orientación, son obligados a fregar platos y servir comida.
Sin embargo, durante las últimas horas indicaron que el Ministerio de Educación porteño y la administración de Buenos Aires se niegan a dialogar y enviaron policías a amedrentarlos y a amenazar a sus padres con procesamientos judiciales y multas.
Ante tal situación, la UTE informó que realizará una huelga de 24 horas y una movilización.
Además de apoyar a los estudiantes, los integrantes de esa organización demandarán la reapertura de paritarias, comisiones especiales integradas por representantes de los trabajadores y empresarios, constituidas para analizar temas como los salarios y las condiciones laborales.
También abogan por el respeto a los derechos conquistados a lo largo de la historia, la regularización de la obra social docente, la construcción de escuelas para niños pequeños y con capacidades diferentes, y la eliminación de actividades obligatorias en días no laborables.
De acuerdo con la UTE, las acciones de protesta se extenderán a lo largo de este mes.
Por su parte, Ademys exigió la renuncia de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y el cese de la persecución a estudiantes y a la comunidad educativa.
Recientemente, entidades defensoras de los derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo expresaron su respaldo a los profesores y alumnos que participan en las protestas.
Apoyamos todos los reclamos justos que están haciendo. No aflojen, no bajen los brazos, recuerden lo que dijimos y hacemos hace 45 años: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Van a contar siempre con nuestro apoyo. Los lápices van a seguir escribiendo, afirmó Taty Almeyda, de esa agrupación.
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