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La educación madrileña hacia la huelga indefinida para el curso 26/27: las asambleas deben marcar el camino

CCOO, UGT y Confapa anunciaron ayer la convocatoria de un paro indefinido en la enseñanza pública madrileña a partir de septiembre, mientras la asamblea de Menos Lectivas adoptaba por amplia mayoría la misma decisión junto a CGT. Madrid, la comunidad más rica del Estado y la que menos invierte en educación, se suma así al ciclo de luchas que están protagonizando Catalunya y País Valencià.

CCOO, UGT y la confederación de familias Confapa anunciaron este miércoles que convocarán una huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria a partir del primer día del próximo curso escolar. Horas después, la asamblea de Menos Lectivas adoptaba por amplia mayoría la misma resolución, junto al sindicato CGT.

El movimiento educativo madrileño da así un salto que llevaba meses gestándose. La Comunidad de Madrid, una de las regiones más ricas del Estado español, aparece sistemáticamente entre los últimos lugares en inversión en educación: destina aproximadamente el 2,2% de su PIB al sector, casi dos puntos menos que la media nacional, y está entre las peores en retribución docente. Esa combinación de riqueza obscena, contracara de la privatización y degradación sistemática de los servicios públicos, explica la acumulación de rabia en las plantillas: ratios inasumibles, sueldos que no alcanzan para vivir, centros en ruinas, una burocracia sofocante y una administración que alimenta la concertada y la privada mientras liquida la escuela pública.

Una primavera de huelgas educativas

La convocatoria no surge de la nada. Este último trimestre ha sido una verdadera primavera de movilizaciones en la educación de buena parte del Estado. La decisión se ve marcada por la impresionante huelga sostenida que vienen llevando a cabo todos los sectores educativos de Catalunya, por la huelga educativa indefinida de la Comunitat Valenciana, las jornadas de huelga en Aragón, y de las educadoras del 0-3 de Madrid, que llevan dos meses de huelga indefinida.

En ese marco, Menos Lectivas venía debatiendo la necesidad de plantear una huelga indefinida al inicio del próximo curso. Y este mismo miércoles en asamblea general se decidió por amplia mayoría de quienes participaban de avanzar en ese camino.

Las reivindicaciones son las mismas que resuenan en todo el estado: subida salarial, reducción de horas lectivas, bajada de ratios, fin de las externalizaciones, inversión en infraestructuras y fin de la burocracia que devora el tiempo de enseñanza. Demandas concretas, urgentes y que, en el caso de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva años ignorando con la complicidad del gobierno central.

La burocracia sindical llega tarde y con sus propias cuentas

Hay que decirlo con claridad: CCOO y UGT han anunciado esta huelga indefinida sin consultar a la red de asambleas que compone el movimiento educativo madrileño y sin coordinar con Menos Lectivas ni con la plataforma de PLEI que hoy está en lucha. La convocatoria llega además a pocos meses de las elecciones sindicales de diciembre, lo que plantea una pregunta legítima: ¿responde esta iniciativa al pulso real de las plantillas o es una maniobra para recuperar terreno ante una base que les viene superando por la izquierda?

La experiencia reciente -y especialmente la muy reciente de Catalunya, donde las burocracias de CCOO y UGT firmaron un acuerdo vergonzoso a espaldas de los docentes para desactivar la huelga antes de que se convirtiera en algo más- obliga a desconfiar de las cúpulas sindicales burocráticas. Pero al mismo tiempo, obliga a exigirles que la huelga sea efectiva, de todos los sectores educativos y convocada en frente único por todos los sindicatos y plataformas.

Lo que hace falta ahora: un plan construido desde abajo

La unidad no se decreta desde los despachos: se construye en las asambleas de centro, con las plantillas discutiendo el plan de lucha, los pliegos de condiciones y los mecanismos de seguimiento.

Para que la huelga indefinida de septiembre sea una huelga de verdad, hace falta ampliarla más allá del profesorado de Primaria y Secundaria: las educadoras del 0-3 que ya llevan semanas en pie, el personal de administración y servicios, los integradores sociales y las trabajadoras y los trabajadores de atención educativa, el personal universitario. Una huelga unitaria y amplia que convoque a las familias, las y los estudiantes y la comunidad a sumarse a la lucha. Que sea organizada desde abajo, a través de asambleas y coordinadoras, para hacer una huelga activa con manifestaciones, cortes, encierros y todas las medidas necesarias para poner contra las cuerdas a Ayuso y que no se venda por un acuerdo de mínimos antes de que empiece. Las condiciones están dadas. ¡Hay que seguir el ejemplo de Catalunya y País Valencià!

https://www.izquierdadiario.es/La-educacion-madrilena-hacia-la-huelga-indefinida-para-el-curso-26-27-las-asambleas-deben-marcar-el

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Lecciones de la huelga indefinida histórica del profesorado valenciano

Por: Vicent Mauri | Moisés Vizcaino

El profesorado de la educación pública no universitaria del País Valencià ha optado para suspender temporalmente la huelga indefinida comenzada el 11 de mayo a partir de este viernes, 12 de junio. Es una “interrupción estratégica” que permite no hacer huelga, pero continuar con acciones de protesta y retomar el paro en cualquier momento sin previo aviso, han indicado los sindicatos STEPV, CCOOPV y UGTPV. La suspensión puede ser tan solo el adelanto de un nuevo curso todavía más conflictivo al que podrían sumarse más sectores sociales. Vicent Maurí y Moisés Vizcaino hacen balance.

Una lección de dignidad

Vicent Maurí

Original en català ací

«La huelga indefinida del profesorado valenciano ha dejado una huella profunda. Más allá de su interrupción, nadie podrá borrar el que se ha construido durante estas semanas.»

La huelga indefinida del profesorado valenciano ya forma parte de la historia de las grandes movilizaciones sociales de nuestro país. Veintitrés días ininterrumpidos de lucha, de asambleas, de manifestaciones, de concentraciones y de debates colectivos han dejado una impronta que va mucho más allá del resultado de una consulta o de la evolución de una negociación. Han representado una auténtica lección de dignidad, compromiso y unidad.

Hay que empezar dando las gracias. Gracias al profesorado valenciano, que ha sostenido con valentía una huelga indefinida en circunstancias difíciles, asumiendo costes personales y económicos para defender un bien común. Gracias a sus asambleas, espacios de democracia real donde cada voz ha contado y donde se han tomado las decisiones más importantes. Gracias a los sindicatos que han sabido construir una plataforma unitaria y poner los intereses de la educación pública por encima de cualquier otra consideración.

Pero también hay que dar las gracias a la comunidad educativa y a la sociedad valenciana. Las familias, los movimientos sociales, las entidades cívicas, las asociaciones de barrio y tantas personas anónimas han hecho suya esta lucha. La respuesta social ha sido inmensa. Del sur al norte del País Valencià; del interior a la costa; en las grandes ciudades y en los pueblos pequeños; en los barrios obreros y en las zonas rurales. En todo el territorio se han multiplicado las muestras de apoyo y solidaridad. También han llegado mensajes de apoyo desde otros territorios del Estado y desde el ámbito internacional, conscientes que la defensa de la educación pública es una causa que transciende fronteras.

La acampada educativa se ha convertido en uno de los símbolos más potentes de este conflicto. Un espacio de resistencia, de debate y de construcción colectiva que recuerda otras grandes experiencias de defensa de los servicios públicos. Resulta inevitable pensar en la mítica Carpa Blanca argentina, aquella escuela itinerante que se convirtió en un referente internacional de la lucha por la educación pública en los noventa del siglo pasado. Hoy, salvando todas las distancias, el profesorado valenciano ha demostrado que la perseverancia y la convicción continúan siendo herramientas imprescindibles para transformar la realidad.

Esta huelga no ha sido una reivindicación corporativa. El profesorado ha levantado la voz para denunciar una situación insostenible que afecta directamente la calidad del servicio público educativo. La recuperación del poder adquisitivo perdido es una reivindicación legítima, pero las reivindicaciones van mucho más allá: reducción de ratios, incremento de plantillas, disminución de la carga burocrática, mejora de las infraestructuras educativas y defensa efectiva de la lengua. En definitiva, la defensa de una educación pública digna, equitativa y de calidad.

Los datos de la consulta realizada al profesorado refuerzan todavía más la legitimidad de este movimiento. Han participado 30.238 docentes, una cifra extraordinaria que evidencia el grado de implicación y conciencia colectiva del profesorado valenciano. El resultado ha sido claro y contundente: 26.217 docentes, el 87% de las personas participantes, han rechazado la propuesta de acuerdo global presentada el 9 de junio, considerándola insuficiente para dar respuesta a las reivindicaciones planteadas desde el inicio del conflicto.

Entre las personas que han votado en contra del acuerdo, se ha abierto un nuevo procedimiento de decisión para determinar los pasos siguientes. También aquí el profesorado ha dado un ejemplo de responsabilidad democrática. De las 26.217 personas consultadas, 17.633 (67%) han optado para interrumpir o desconvocar la huelga, mientras que 8.584 (33%) se han mostrado partidarias de mantenerla. Es importante entender el significado de este resultado: no expresa una renuncia a las reivindicaciones, sino la voluntad mayoritaria de explorar otras vías de acción y de negociación después de haber protagonizado una de las movilizaciones educativas más importantes de las últimas décadas.

El profesorado valenciano ha demostrado que es posible conjugar firmeza en las reivindicaciones con responsabilidad colectiva. Un docente, un voto. Asambleas abiertas, debate permanente y decisiones adoptadas democráticamente. Esta es, también, una de las grandes victorias de este proceso.

Por eso, el profesorado se ha convertido en un ejemplo para el conjunto de la clase trabajadora y para el país. En un momento en que a menudo se pretende imponer la resignación y el individualismo, miles de docentes han demostrado que la movilización sostenida, la participación democrática y la unidad continúan siendo instrumentos útiles para defender derechos y conquistar mejoras.

También es necesario señalar las responsabilidades políticas. La Consellería de Educación, encabezada por la consellera Ortí, y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, han desaprovechado la oportunidad de resolver el conflicto desde el primer momento mediante una negociación real. Demasiado a menudo han optado por la dilación, la descalificación o la presentación de propuestas insuficientes, en lugar de escuchar las legítimas demandas de un colectivo que sostiene uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad.

Todavía están a tiempo de rectificar. Tienen en sus manos la posibilidad de poner fin al conflicto con una negociación sincera que den respuesta a las reivindicaciones del profesorado. Se trata de asumir una responsabilidad institucional ineludible: garantizar unas condiciones laborales dignas para quienes educan y aseguran una educación pública de calidad para todo el alumnado.

La huelga indefinida del profesorado valenciano ha dejado una huella profunda. Más allá de su interrupción, nadie podrá borrar lo que se ha construido durante estas semanas: una red de solidaridad y de apoyo mutuo que ha recorrido el país, una comunidad educativa movilizada y una sociedad valenciana que ha apoyado a sus docentes.

El profesorado ha hablado con claridad en las aulas, en las calles y en las consultas. El mensaje ha estado inequívoco: sus reivindicaciones son justas y necesarias. Ahora corresponde a la Consellería de Educación y al presidente Pérez Llorca escuchar este clamor y abrir, de una vez por todas, una negociación real que doy respuesta a unas demandas que constituyen una exigencia colectiva para garantizar una educación pública valenciana, digna, inclusiva y de calidad.

Porque la educación no se negocia a la baja. La dignidad del profesorado y el derecho del alumnado a una educación pública de calidad no pueden quedar subordinados a excusas presupuestarias ni a intereses ideológicos y partidistas.

La huelga indefinida del profesorado valenciano es, sobre todo, una lección de dignidad y de compromiso. Y las lecciones más importantes son aquellas que dejan huella y abren caminos. Este país necesita más ejemplos como este: personas dispuestas a organizarse, a perseverar y a luchar por el bien común. El profesorado valenciano lo ha hecho. Y merece el reconocimiento, el respeto y el apoyo de toda la sociedad.

Fuente: Diari La Veu del País Valencià

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Lecciones de una huelga valenciana indefinida histórica

Moisès Vizcaino

La suspensión de la huelga indefinida de los docentes puede ser tan solo el adelanto de un nuevo curso todavía más conflictivo al que podrían sumarse más sectores sociales

Original en català ací

Después de un mes de huelga indefinida, ayer 10 de junio, los docentes aprobaban en una consulta suspender la huelga a partir del día 12 al mismo tiempo que rechazaban la última propuesta de acuerdo de la Consellería de Educación en manos del PP con apoyo de Vox. Este resultado deja en empate la partida.

La impresionante movilización de la enseñanza pública, con una huelga valenciana indefinida histórica, tanto por seguimiento como por duración y un apoyo del conjunto de la comunidad educativa y de buena parte de la sociedad sin precedentes, en defensa de una educación pública de calidad y en valenciano, no ha conseguido doblar el enrocamiento de un Consell que se había puesto como objetivo derrotar y humillar los docentes.

Sus tácticas dilatorias de la negociación y el enrocamiento de sus posiciones, encabezadas por la consellera Ortí responsable política directa de la mano del president Llorca, han acabado funcionando y se ha desconvocado la huelga de los docentes sin conseguir sus objetivos. Dentro del PP puede haber la tentación de ver la situación como una victoria, con la complicidad y el acuerdo parcial pactado por los sindicatos ANPE y CSIF. “Hemos chafado a los sindicatos como hizo Margaret Thatcher con los mineros y hemos abierto el camino en una nueva era de hegemonía conservadora”, deben de pensar.

Este, sin embargo, es un análisis muy peligroso y que les puede salir muy caro. La negativa de los docentes a aceptar las migas que les ofrecía la Conselleria es un detalle importante que demuestra que los docentes no han sido vencidos. Lo más probable es que el próximo curso vuelvan de nuevo las protestas. Podemos entender que difícilmente tendrán la forma de una nueva huelga indefinida, pero el malestar generado por la situación de la mayoría de los centros que afecta directamente a los alumnos y familias y a todo el personal público docente y no docente, sumado al que ha provocado la actitud prepotente y autoritaria del Consell y todas las reivindicaciones exigidas, no se diluirán por arte de magia. Ni tampoco las asambleas de los docentes, motor fundamental de la movilización, de la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià y de Docents en Vaga.

Además, este malestar no es exclusivo de la educación. La situación en sanidad es similar, así como en otros servicios públicos y, si nos alejamos del sector público, la sensación de que la cuestión de la vivienda es “insostenible” cada vez es más masiva y transversal.

De hecho, a pesar de algunos esfuerzos de hacer confluir este conjunto de reivindicaciones con la huelga de la educación, resulta obvio que ha faltado un último esfuerzo en esta dirección y los sindicatos no han tenido la capacidad de convertir la huelga docente en un paro generalizado, como mínimo, al sector público valenciano, y, lógicamente, comprendemos esta situación. Con este panorama, lo más probable es que el próximo curso -año electoral- venga caliente. Si sindicatos y movimientos sociales son capaces de hacer confluir las diferentes luchas en un gran movimiento popular, al PP se le puede hacer muy larga la legislatura.

Porque el desastre de la Dana nos ha dejado ya una serie de lecciones de gran valor y una forma colectiva de movilizarse, como han hecho desde las principales asociaciones de las víctimas  Associació Víctimes de la DANA 29 Octubre 2024Associació Víctimes Mortals DANA 29-O y Associació de damnificats per la dana de l’Horta Sud, y desde el Acord Social Valencià. La primera es que la capacidad de mentir, hacerse el sordo y mantenerse impertérrito ante la protesta ciudadana de este Consell es inmensa. Pero, también, que si el pueblo valenciano tiene la resiliencia y dignidad suficientes como para hacer caer a Carlos Mazón, también la tiene para hacer caer a la consellera de Educación y el Consell del PP-Vox entero.

Fuente: Diari La Veu del País Valencià

+ Info:

Sebastià Carratalà. El professorat vota suspendre temporalment la vaga a partir de divendres

Roser Roig. L’STEPV exigeix avançar i assegura que continuarà la mobilització

Joan Canela. Alcen l’acampada docent de la plaça de la Mare de Déu

Joan Canela. Un informe indica la viabilitat econòmica de les millores en l’educació

David Garrido. Educació pública, de qualitat i —no ho oblidem— “en valencià”

Vicent Flor. El PP, noquejat per la mobilització

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Otro fútbol y otro mundo son posibles… e imprescindibles

Haciendo un breve recuento, el primer campeonato tuvo lugar en Uruguay en 1930, en medio de la Gran Depresión ocasionada por la burbuja financiera en los Estados Unidos. Cuatro años después, la Copa se jugó en la Italia de Benito Mussolini. El fascismo descubrió que once jugadores podían serle de gran utilidad, sobre todo con el triunfo que obtuvo la escuadra nacional.

En 1938, Francia hospedó el torneo con la sombra de la guerra que se desataría poco tiempo después. Doce años después, la Copa saldría de su escondite en una caja de zapatos, debajo de la cama del Vicepresidente de la FIFA para viajar al Brasil, quien perdió la final con el equipo uruguayo en un memorable partido definitorio en el Maracaná.

Suiza, que se había mantenido neutral durante la Guerra, debía simbolizar el regreso de la paz en el Mundial de 1954. Sin embargo, el mundo había entrado en una nueva guerra entre el bloque socialista y el bloque capitalista capitaneado por los Estados Unidos. Alemania, que regresaba al torneo después de haber estado prohibida su participación, venció a los favoritos húngaros en la final.

La Unión Soviética consiguió participar por primera vez en la sexta edición que se jugó en Suecia en 1958. La lucha por la liberación del colonialismo entraba a las canchas. Por vez primera tuvieron un cupo para participar seleccionados de Asia y África.

En 1962, dos años después del terrible terremoto de Valdivia, la Copa se jugó en Chile. Uno de los cuatro estadios utilizados era propiedad de la minera estadounidense Braden Copper Company – nacionalizada nueve años después por el gobierno de Salvador Allende. Brasil se llevó el trofeo de la mano de Garrincha y Pelé, pero la alegría desatada no duró mucho. El país, presidido por el progresista João Goulart, se vería ensombrecido por el golpe militar de 1964, dictadura que recién vería su fin veintiún años después.

En el 66´ la corona volvería a Europa y la ganó el local Inglaterra, mientras que en México 1970, en plena ebullición de la ola de rebeldía juvenil y a dos años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, Brasil consagraría su tercer triunfo. Los alemanes ganarían su segundo trofeo también como locales en 1974 superando, una vez más, al favorito equipo magiar. Pocos meses antes había ocurrido el embargo petrolífero de los países árabes, como represalia al apoyo que prestaron varios países occidentales a Israel en la guerra de Yom Kippur.

Mientras tanto, sangrientas dictaduras se ensañaban con los impulsos revolucionarios en América Latina. El mundial de 1978 intentaría tapar en Argentina la terrible violación a los Derechos Humanos de los sucesivos gobiernos militares que dejaría treinta mil víctimas.

Los mundiales jamás han estado separados de la política, del dinero o del poder.

España, poco después del fin de la dictadura franquista, organizó la Copa en 1982, en la que por primera vez participaron equipos de todos los continentes, un preludio de la globalización en ciernes.

En México 86, la “mano de Dios” y los pies de Maradona llevaron a Argentina a lograr su segundo galardón, derrotando en fase de cuartos de final a la escuadra inglesa, con las heridas aun frescas de la guerra en las colonizadas Islas Malvinas. Los sudamericanos no pudieron revalidar su título en el siguiente Mundial en Italia (1990), cayendo ante el conjunto alemán, cuyo pueblo celebraba la reciente reunificación nacional.

Regida por la preeminencia del neoliberalismo, en 1994 el Mundial de fútbol se disputó en los Estados Unidos, un país sin tradición en este deporte. En 1998, el evento tendría lugar en Francia con el triunfo de la escuadra gala en el Estadio de Saint-Denis, un suburbio de París con una gran población inmigrante. Tiempo después, la ultraderechista Marine Le Pen calificaría a este barrio de la periferia capitalina como un área «fuera de control», una «zona sin ley» en manos de «escoria».

En el evento inaugural del siglo XXI, la Copa se disputó en Corea del Sur y Japón, siendo atravesada esta edición por la rampante corrupción de altos directivos de la FIFA. El lema del torneo siguiente, disputado en Alemania en 2006, (“El mundo entre amigos») no pudo plasmarse en el juego, rompiéndose el récord del mayor número de tarjetas amarillas y rojas. Fuera de la cancha, millones de personas sensibles habían llenado las calles en contra de la invasión estadounidense a Irak. Esta furiosa avanzada por recursos petrolíferos y control geopolítico había intentado legitimarse como “guerra contra el terrorismo islámico”, estigmatizando a las poblaciones musulmanas, sin distinción alguna, como fanáticos peligrosos.

El enorme Nelson Mandela celebrararía la elección de Sudáfrica como sede del primer Mundial en suelo africano en 2010 a pesar de la enorme erogación financiera que suponía la construcción de nuevos estadios, mientras el país seguía cargando las enormes desigualdades heredadas del apartheid. También en Brasil, cuatro años después, el alto coste de las millonarias obras motivaron extendidas protestas por parte de la población brasileña, antes y durante el torneo. El clamor popular, más allá de la habitual euforia futbolera que caracteriza al país insistió – con toda la razón –  en que hubiera sido mucho más importante que el dinero de los estadios se hubiera invertido en hospitales y escuelas.

La vigésima edición fue en Rusia 2018, cuya elección como sede fue cuestionada por presuntas denuncias de corrupción. El entonces primer ministro Vladimir Putin dijo que consideraba las investigaciones como un intento de los Estados Unidos de expulsar a Joseph Blatter del cargo de presidente de la FIFA como castigo por su apoyo a Rusia como anfitrión del certamen. La elección del Reino de Qatar para el certamen 2022 tuvo idénticas sospechas, sumadas a los cuestionamientos por la violación de derechos humanos. En esa edición, en un final no apto para dolencias cardíacas, Argentina obtuvo su tercer trofeo.

La inminente Copa Mundial de Fútbol 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, no logrará ocultar el intento de limpieza étnica de la población palestina, los bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, el secuestro del presidente venezolano, las redadas antiinmigrantes y las agresivas medidas y la descarada injerencia del gobierno reaccionario de Donald Trump. Será un Mundial con una guerra abierta entre Rusia y Ucrania, conflictos armados en Sudán y República Democrática del Congo, catástrofes climáticas y la continuidad del expolio de los recursos naturales para beneficiar a unos pocos conglomerados financieros. Ningún gol podrá aliviar las violaciones a los derechos humanos, la violencia contra las mujeres, los intentos de recolonización, la discriminación racista o el incremento de las afecciones de salud mental.

Asistiremos a una sofisticada ingeniería tecnológica, que fuera de la competencia deportiva ya está siendo usada para vigilar a las poblaciones y asesinar selectivamente. Los juegos tendrán lugar en un escenario geopolítico que, más allá de sus resultados deportivos estará signado por un nuevo (des)equilibrio internacional que ya no estará asentado sobre la hegemonía del eje occidental.

Sucede que el fútbol y el deporte en general, absorbido por intereses mezquinos, convierte la alegría en mercancía y el juego en negocio. Los mundiales y megaproyectos deportivos no favorecen a las comunidades, ponen las ganancias por encima de la vida y venden la ilusión efímera de que la felicidad puede vestirse con la casaca de un equipo nacional.

Frente al futbol espectáculo, frente al fútbol que oculta la desigualdad y la discriminación, es preciso reivindicar el futbol de los barrios, de las comunidades y de los pueblos. El fútbol que siempre nace y se nutre del corazón de los desheredados, de los excluidos y despojados.

Otro fútbol es posible e imprescindible, el que sirve al encuentro y a la paz, no a la división, a la manipulación o al enfrentamiento. Ese fútbol que hoy crece desde la convicción de todas y todos aquellos que queremos un mundo justo, con igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo para todo ser humano sobre la Tierra, por el solo hecho de haber nacido. Un mundo humanista.

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Trump acelera el desmantelamiento del Departamento de Educación quitándole funciones clave

Por ANNIE MA

La administración del presidente Donald Trump aceleró el martes el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, al delegar gran parte de su trabajo destinado a proteger a los estudiantes en riesgo del país, en una medida que recorta la gran mayoría de sus funciones para que otras agencias se encarguen de ellas.

El Departamento de Justicia se encargará de la aplicación de los derechos civiles en la educación, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos supervisará la educación especial, anunciaron funcionarios gubernamentales.

Las dos agencias afectadas —la Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación y la Oficina de Derechos Civiles— defienden los derechos de los niños con discapacidades y de quienes sufren discriminación por raza, sexo o religión. Los defensores temen que el cambio pueda significar fallas en la comunicación para familias y funcionarios escolares que necesitan ayuda.

El mandatario republicano hizo campaña con la promesa de cerrar el Departamento de Educación, diciendo que “devolvería la educación a los estados, donde corresponda”. Aunque solo el Congreso puede cerrar el departamento, la secretaría de Educación, Linda McMahon, multimillonaria y exdirectora ejecutiva de World Wrestling Entertainment, ha suscrito acuerdos con otras agencias federales para que se encarguen de gran parte del trabajo de su departamento.

McMahon señaló que los acuerdos asignan las responsabilidades federales a las agencias mejor posicionadas para apoyarlas.

“El gobierno de Trump ha sido claro: al tiempo que reducimos la microgestión federal cuando obstaculizamos el éxito, estamos igualmente comprometidos a reforzar la eficacia de la supervisión federal donde sea esencial”, dijo McMahon en un comunicado por escrito.

Los críticos advierten sobre el impacto en los servicios estudiantiles.

Los defensores dijeron que los cambios provocarían incertidumbre en torno a los servicios de los que dependen millones de estudiantes y familias.

“Como ocurre con demasiada frecuencia, los estudiantes tradicionalmente desatendidos, incluidos los estudiantes con discapacidades, los estudiantes negros y latinos, los estudiantes multilingües, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes en comunidades rurales, soportarán la mayor parte de la carga creada por esta imprudente decisión, a la que las comunidades de las discapacidades y los derechos civiles ya se han opuesto vehementemente”, señaló en un comunicado por escrito EdTrust, un grupo de análisis con sede en Washington, DC, que aboga por la equidad educativo.

El Departamento de Educación ya ha transferido algunos de sus programas mediante 10 acuerdos internos anteriores, pero las agencias afectadas por el anuncio del martes estaban entre las más observadas.

La Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación administra millas de millones de dólares en subvenciones y supervisa el cumplimiento de los estados con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. La Oficina de Derechos Civiles, que ha sido reducida por despidos masivos, investiga denuncias de discriminación en las escuelas y universidades del país.

El Departamento de Justicia también asumirá el trabajo de proteger la privacidad de los estudiantes y brindará a las escuelas cierta capacitación y asesoramiento.

Aunque el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia asumirán la mayoría de las tareas cotidianas de las oficinas asignadas, el Departamento de Educación seguirá realizando algunas labores, como responder a auditorías y emitir determinaciones finales en casos de derechos civiles, que por ley está explícitamente obligado a hacer.

El representante demócrata por Virginia, Bobby Scott, miembro de mayor rango del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, dijo que el anuncio del martes fue una medida política destinada a cumplir la promesa de campaña del presidente. Los cambios, dijo, probablemente ampliarán las desigualdades para los estudiantes de color y los estudiantes con discapacidades.

Los acuerdos dispersan programas educativos a agencias que no tienen la experiencia para administrarlos, dijo la senadora demócrata por Washington Patty Murray.

“En lugar de ayudar a los niños a una gran educación, esta administración gasta su tiempo, energía y recursos de los contribuyentes obsesionados con dónde se sientan los empleados e intentando ilegalmente cerrar el Departamento de Educación”, dijo la senadora en un comunicado por escrito.

Rachel Gittleman, presidenta del sindicato que representa a los empleados del departamento, dijo que las medidas generarán caos para familias, estudiantes y escuelas.

“Esto dejará a nuestros estudiantes y familias más vulnerables, que han sido excluidos de nuestro sistema educativo, sin los servicios que necesitan y sin protección cuando se enfrentan a la discriminación”, afirmó Gittleman en un comunicado por escrito.

Las familias de estudiantes con discapacidades se oponen a la decisión

El traslado de la educación especial al Departamento de Salud y Servicios Humanos alarmó especialmente a los defensores de las personas con discapacidades, quienes dicen que la supervisión de si las escuelas atienden adecuadamente a los niños con discapacidades la manejan mejor los expertos en educación, no los expertos médicos.

«La IDEA está destinada a equipar a los estudiantes mientras aprenden junto a sus compañeros, no a curarlos —el Departamento de Salud y Servicios Humanos no está preparado para supervisar y administrar el programa IDEA de manera efectiva. Los sistemas de salud y educación hablan en idiomas completamente diferentes, e incluyen variaciones en terminología, capacitación y disciplinas», dijo Jennifer Coco, directora ejecutiva interina del Center for Learner Equity.

El Departamento de Educación señaló que McMahon pasó más de seis meses en sesiones de escucha con familias, defensores y educadores para comprender mejor las preocupaciones sobre cómo el desmantelamiento del departamento podría afectar la educación especial. Muchas familias expresaron preocupaciones sobre obstáculos para los servicios adecuados para sus hijos, pero Coco dijo que los participantes en esas sesiones estaban unidos en su oposición a trasladar la supervisión de la educación especial fuera del Departamento de Educación.

“Creo que estamos de acuerdo en el problema”, dijo Coco. “Tenemos un marcado desacuerdo sobre la solución y estas transferencias de hoy no parecen una solución a ese problema”.

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La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Trump acelera el desmantelamiento del Departamento de Educación quitándole funciones clave

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Italia prohíbe la educación sexual en las escuelas

La normativa impone un veto directo en primaria y exige el consentimiento explícito de los padres para secundaria, dejando desprotegidos a los menores procedentes de los entornos más vulnerables.

En Roma, el Senado italiano aprobó el pasado 5 de junio el texto definitivo de la reforma educativa impulsada por el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, con un resultado de 78 votos a favor y 38 en contra. Esta nueva legislación, que ya había superado previamente su trámite en la Cámara de Diputados tras tensos debates parlamentarios el pasado mes de noviembre, regula de forma estricta la implementación de las horas destinadas a impartir contenidos de educación sexual en los centros educativos de todo el país, relegando el estudio de la sexualidad exclusivamente al ámbito de la biología.

Imagen de archivo de Giuseppe Valditara. Foto: zazoom.it
Imagen de archivo de Giuseppe Valditara. Foto: zazoom.it

Según informa il manifesto, la normativa establece una prohibición total de estos programas en la educación primaria. A partir de la educación secundaria, equivalente a los 12 años de edad en adelante, la realización de estos talleres estará condicionada al consentimiento previo y expreso de los progenitores. Las familias dispondrán, además, del derecho a revisar detalladamente los materiales didácticos que se vayan a utilizar y a “evaluar la idoneidad de los profesionales externos implicados en las actividades”. Esta postura coincide con las declaraciones de la primera ministra italiana, la fascista Giorgia Meloni, quien ha defendido públicamente que “la formación de los niños en materias tan delicadas debe corresponder en exclusiva al ámbito familiar”.

Por su parte, el ministro Giuseppe Valditara calificó la aprobación de la ley como “un paso histórico para el sistema educativo”, argumentando que la medida tiene como propósito fundamental “proteger a los estudiantes de la propaganda de género y evitar el adoctrinamiento ideológico en las aulas”. Esta perspectiva ha sido respaldada firmemente por las fuerzas ultraderechistas de la mayoría gubernamental, integradas por los partidos de la Lega y Fratelli d’Italia, así como por asociaciones familiares de corte ultraconservador. El Movimiento de Padres Italianos (Moige) y el colectivo Pro Vita & Famiglia, representado por su portavoz Jacopo Coghe, manifestaron su satisfacción ante el resultado de la votación en el Senado, atribuyéndose el éxito de una ley que consideran “un freno necesario”.

Estigmatización y censura

Sin embargo, la aprobación de la ley ha desatado una profunda preocupación y el rechazo inmediato de múltiples organizaciones y entidades dedicadas a la prevención de la violencia de género. La federación Arcigay criticó duramente la decisión del Ejecutivo, calificándola como “un grave retroceso autoritario que no logrará hacer desaparecer las dudas e inquietudes de los jóvenes”. Del mismo modo, la organización Una, Nessuna e Centomila subrayó la contradicción que supone obstaculizar la información afectivo-sexual en las aulas en un contexto marcado por el incremento de las infecciones de transmisión sexual y las agresiones sexuales entre la población adolescente.

Desde el ámbito técnico y pedagógico, entidades como la asociación Educare alle Differenze denunciaron en declaraciones recogidas por medios de comunicación como El Salto que la nueva ley “estigmatiza la educación afectiva y generará un clima de censura y persecución sobre el profesorado”. Además, la red institucional Ready y diversos expertos en salud pública recordaron que el texto aprobado colisiona frontalmente con las recomendaciones internacionales fijadas por la OMS, la Unesco y los principios de la Convención de Estambul. Advierten también de que la falta de herramientas educativas en los entornos escolares formales dejará desprotegidos a los menores procedentes de entornos vulnerables y trasladará el aprendizaje sobre la sexualidad al ámbito descontrolado de la pornografía en internet.

https://diariosocialista.net/2026/06/17/italia-prohibe-la-educacion-sexual-en-las-escuelas/

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La izquierda ante un gran desafío: Sobre los comités de base por un gobierno de trabajadores

En el mundo entero, y no solamente en la Argentina, el capitalismo se halla inmerso en una época de crisis profunda y multifactorial. Nos hallamos en medio de una transición, pero nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde. Es probable, de hecho, que haya varios destinos posibles. Para la izquierda revolucionaria ello entraña la posibilidad que, de los actuales fuegos, resurja como el ave Fénix el horizonte del socialismo. A escala global, sin embargo, no parece ésta la opción más a la mano. Pero en los momentos de crisis las cosas se aceleran y posibilidades inverosímiles hasta poco tiempo atrás se vuelven atractivas e incuso factibles. Y siempre hay circunstancias peculiares. Que la dirigente trotskista Myriam Bregman se encuentre en Argentina entre las figuras políticas con mejor imagen y el FIT-U con una creciente intención de voto es un fenómeno que no se puede ignorar. La crisis del gobierno y la parálisis, las disputas intestinas y el giro a la derecha del peronismo parecen no tener fin. Desde hace varias semanas en el conjunto de la izquierda de nuestro país se debate cómo intervenir sobre este fenómeno político. Los autores de este texto hemos participado en estos intercambios con dos Cartas Abiertas. Aquí quisiéramos desarrollar algunos aspectos de nuestro análisis de la situación y lo que nos parece una vía de acción posible y fructífera.

En los regímenes políticos capitalistas democrático-liberales parece haberse producido, en los últimos años, un cambio significativo. Durante décadas estos regímenes sirvieron como un poderoso dique de contención para todo tipo de radicalización política, consolidando bolsones enormes de electorados estables que daban solidez al sistema y hacían poco probable tanto los cambios repentinos de las preferencias políticas o electorales cuanto las rebeliones por abajo. Los levantamientos tenían lugar característicamente en países no democráticos (ejemplo típico: la primavera árabe).Hubo excepciones (como la Argentina de 2001), pero el panorama general era que las democracias liberales constituían un puntal de estabilidad. Eso se ha ido desmoronando en la última década, en la que han proliferado levantamientos y protestas callejeras de diferente tipo que incluso han tumbado gobiernos constitucionales (como el de Nepal hace pocos meses), como así también se ha visto  virajes electorales rápidos y profundos o la aparición recurrente de outsiders como Bukele en El Salvador, Castillo en Perú o de la Spriella en Colombia. Milei es un caso extremo de esta tendencia. Sin embargo, en ningún caso, hasta ahora, se ha roto de manera inequívoca con los parámetros neoliberales consolidados durante el último medio siglo, ni mucho menos con las bases capitalistas de la economía (aún más antiguas). La fuerte inestabilidad de los gobiernos no da necesariamente lugar a una inestabilidad equivalente del sistema político en sí mismo, y hasta ahora no ha amenazado a las relaciones de propiedad. El descontento es casi universal, pero la emergencia de alternativas es la gran ausencia. Los virajes políticos de las últimas décadas no han alterado las dinámicas sociales y económicas capitalistas más profundas. Las políticas focalizadas no han podido contrarrestar la precariedad, la informalización y la miseria universales. Las compensaciones simbólicas de la política posmoderna se tornan crecientemente vacuas ante las duras realidades de la vida material en lo que hace a empleo, ingresos, vivienda, salud,educación o degradación ambiental. Las tibias estatizaciones (allí donde la hubo) no han podido frenar los vendavales de la economía global. Los derechos tantas veces proclamados –“con la democracia se come, se cura y se educa”- se vuelven cada vez más papel mojado. La falta de una alternativa al capitalismo liberal que resulte creíble y atractiva para las grandes mayorías es el gran vacío que, en buena medida, caracteriza la política actual en nuestros países.

El interrogante es: ¿cómo transitar del descontento que se palpa y la inestabilidad que se acrecienta hacia un cambio político y social verdaderamente estructural y significativo?

La inestabilidad política en nuestras sociedades se da sobre un trasfondo que no se puede ignorar ni minimizar, y que es mucho lo que debe a los cambios tecnológicos, culturales y sociales operados en las últimas décadas. Las redes sociales y los nuevos dispositivos tecnológicos permiten una difusión masiva de ideas a bajo costo, de manera descentralizada y no fácilmente controlada por los Estados y las corporaciones privadas. Esto puede ser aprovechado por la izquierda, que siempre tuvo dificultades para acceder a los grandes medios de comunicación. Pero, en contrapartida, el anegamiento de la arena pública con basura digital, noticias falsas, exceso de emoción y minimización de los argumentos y de la razón no favorece en lo más mínimo a la izquierda socialista. La ultraderecha siempre se basó en una radicalización discursiva y emocional que ocultaba un conservadurismo social destinado a mantener e incluso acrecentar el poder y la riqueza de los ricos y poderosos. La emocionalización y la virtualización de la vida social generan inestabilidad política, fenómenos virales y cambios súbitos en las preferencias electorales o simpatías momentáneas. Pero, paralelamente, tienden a socavar el alcance y la solidez de las fuerzas políticas (fenómeno reforzado por la mercantilización acelerada de los últimos años y la importancia creciente concedida a los aspectos más privados de la vida personal). El desafío para la izquierda argentina en la hora actual es aprovechar un vaivén favorable que se registra en el estado de ánimo de grandes sectores sociales para propiciar una politización más consciente, consistente y organizada, que haga posible un cambio revolucionario. Un cambio que, para ser genuino, demanda una participación tan masiva como autoconsciente.

En nuestra primer Carta Abierta propusimos que, a partir de la creciente simpatía en torno a Myriam Bregman, se conformaran “Comités de base por un gobierno de trabajadores”. La propuesta fue tomada parcialmente por el PTS, la organización que Myriam integra, en una convocatoria que acompañamos con nuestras firmas. Sin embargo, la implementación concreta de los comités parece haber sido encaminada en una dirección bastante diferente a la que proponíamos y a lo que daba a entender la convocatoria “Vos hacés falta”. El llamado a conformar los comités se ha concentrado casi exclusivamente en la construcción de “un partido de la nueva clase trabajadora”, y los comités han estado integrados en la mayoría de los casos por militantes del PTS y activistas independientes, con exclusión no sólo de los otros partidos que integran el FIT-U, sino de muchas otras organizaciones sociales y políticas que, en principio, son favorables a un “gobierno de trabajadores”. No podemos dejar de señalar que esta vía de actuación puede mantener a miles de personas alejadas de los comités, socava la unidad del FIT-U (un activo que la mayor parte de sus simpatizantes valoran positivamente), pone trabas a su posible desarrollo como un genuino movimiento de masas y cierra casi por completo las puertas a una posibilidad inédita: que la izquierda pueda influir sobre trabajadores y jóvenes peronistas disconformes con la orientación cada vez más derechista del Partido Justicialista (PJ) y la burocracia sindical, traccionando a una parte significativa de ellos hacia posiciones revolucionarias.La construcción del partido revolucionario (tarea cuya importancia no desmerecemos) puede (y debe) desarrollarse fortaleciendo y consolidando un movimiento de masas, necesariamente más amplio y plural.

No tenemos una posición rígida sobre las formas de organización política revolucionaria más conveniente en el presente. Pero a la luz de la configuración actual de la izquierda política, del movimiento sindical y del variopinto espectro de muy disímiles movimientos sociales, consideramos que los comités de base (y en esto consistía nuestra propuesta inicial) deberían ser un espacio democrático de masas capaz de concentrar a todas las fuerzas en principio favorables a la idea genérica de un “gobierno de trabajadores”, para emprender conjuntamente aquellas tareas en las que estamos de acuerdo: enfrentar al gobierno de Milei; apoyar a las luchas sociales y sindicales en curso; difundir el ideario socialista y la perspectiva revolucionaria; debatir a partir del programa del FIT-U un programa de gobierno de emergencia mucho más detallado. Paralelamente a estas tareas de lucha y propaganda conjuntas, pensamos que el espacio de los comités (o instancias paralelas relacionadas o no con los mismos, como foros, paneles, mesas redondas, talleres, etc.) podría servir para estudiar, conversar o debatir el amplio espectro de cuestiones tácticas, estratégicas organizativas e intelectuales que atañen a un cambio revolucionario.

Insistimos entonces con nuestro planteo inicial: debemos asumir con audacia la posibilidad de debatir con miles de personas para avanzar en la construcción de una alternativa gubernamental de los trabajadores y trabajadoras que haga posible una salida a la crisis opuesta a la que nos proponen Milei, el PJ y todas las variantes del sistema.

Los comités de base pueden ser la gran herramienta para esta tarea, a condición de que sirvan para desarrollar y coordinar las luchas de resistencia a las políticas oficiales y den un marco político y organizativo a la creciente bronca popular.

La apuesta es inmensa. Ningún colectivo, por pequeño que sea, y hasta ningún militante individual que quiera sumarse puede quedar afuera. Necesitamos grandeza, firmeza y unidad. De nuestra parte no tenemos dudas: si rodeada de las principales figuras públicas del FIT-U y de referentes de los distintos movimientos sociales y/o sindicales que en los últimos años han estado dando la pelea, Myriam Bregman diera una conferencia de prensa convocando a la conformación de comités de base podríamos aglutinar a decenas de miles de personas dispuestas a militar por una alternativa revolucionaria.

https://vientosur.info/la-izquierda-ante-un-gran-desafio-sobre-los-comites-de-base-por-un-gobierno-de-trabajadores/

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Qué tiene de emancipador el feminismo del siglo XXI

Por: Justa Montero

El feminismo es plural con importantes diferencias políticas e ideológicas, en ocasiones incluso antagónicas. Por lo tanto, en el texto me referiré siempre al que, con una mirada global, habla del conjunto de conflictos que genera el sistema, que considera que le competen, y que expresa su voluntad de cambiarlo todo desde unas luchas que miran hacia un horizonte emancipador para todas, todes y todos.

Qué tiene de emancipador el feminismo, qué esperanzas puede abrir en medio de una realidad plagada de monstruos de un capitalismo racista y patriarcal salvaje, que no solo reconfigura la geopolítica, sino también pone en juego nuestra propia existencia y que, como señala Wendy Brown (Brown, 2019), dibuja un mundo sin corazón.

El mundo sin corazón

El genocidio del pueblo palestino es una muestra de cómo las políticas colonialistas, militaristas y racistas que sostiene el poder global solo dejan muerte y destrucción. Es la prueba de los procesos de deshumanización que se vienen desencadenando. Está siendo el laboratorio en el que no cabrá la banalización del mal porque a ojos vista de todo el mundo se deshumaniza a las y los palestinos y se les priva de derechos destruyendo sus condiciones de vida para acabar presentándolas como prescindibles. ¿Qué tipo de humanidad se está configurando?

Forma parte de la necropolítica que cuenta en su haber los secuestros y asesinatos migrantes en Minneapolis por parte del ICE, los asesinatos que levantaron el grito del Black Lives Matter, las muertes en las vallas de Melilla, las de las 7291 personas mayores de las residencias en Madrid durante la covid, los asesinatos de las mujeres y disidencias sexuales y de género, las de las defensoras de los derechos medioambientales, víctimas de la lucha contra el extractivismo, de las que Berta Cáceres, diez años después de su asesinato, sigue siendo un símbolo.

Todo ello tiene su correlato en importantes movilizaciones, que sí tienen corazón y denuncian la impunidad generalizada a la que asistimos.

Otros factores que marcan el presente tienen que ver con la lucha por la hegemonía imperialista que, en la actual fase de crisis del capitalismo patriarcal, racista y ecocida también suponen el saqueo permanente de territorios y cuerpos (tal y como lo conceptualizan las mujeres centroamericanas). El rearme bélico, como ya sin pudor lo reivindica Trump, no es sino una guerra por los recursos naturales que acelerará y agudizará su efecto destructor sobre la naturaleza que nos sostiene.

Esta violencia generalizada requiere el reforzamiento de Estados autoritarios para tratar de imponer una salida, si existe, a semejante crisis. Es el sentido de las leyes mordaza, de las de extranjería, los CIES, las políticas de migración y asilo de la UE y de los campos de concentración de migrantes. Pero el reforzamiento del control del Estado tiene múltiples aristas, y una de ellas son las lógicas securitarias, punitivistas y carcelarias dirigidas al disciplinamiento social. Como parte del mismo, sirven para el control y moralización de la vida y de los cuerpos de las mujeres formando parte del estado de guerra permanente contra ellas del que habla Silvia Federicci.

Las lógicas securitarias son muy eficaces en la conculcación de derechos económicos, así como en la defensa de una libertad completamente disociada de la justicia social. Consiguen generar inseguridad económica, malestar social, ansiedad e incertidumbre sobre el futuro. Y esto, que es algo que el propio sistema genera, paradójicamente lo están capitalizando las extremas derechas a través de las llamadas guerras culturales. De este modo están consiguiendo, por un lado, una penetración en el tejido social y por otro, la construcción de una nueva identidad: la del hombre agraviado.

El miedo es uno de los ejes de su estrategia, les permite crear los enemigos imaginarios. Es el miedo al otro, a lo desconocido, a la persona migrante, trans, a quien se sale de la norma, a las feministas. Y, paradoja de las paradojas, es en la instrumentalización de los derechos de las mujeres como, desde sus postulados negacionistas, legitiman la invasión de países o racializan la violencia sexual. Un aspecto, este último, que forma parte de su estrategia islamófoba, con la que buscan rédito electoral mediante el proceso por el que atribuyen la violencia a la cultura musulmana y presentan la agresión de un hombre musulmán a una mujer como la amenaza del grupo. Una trampa en la que, sin embargo, no han caído colectivos feministas que en sus pueblos o ciudades han tenido que denunciar una presunta agresión sexual junto a la criminalización que desde las instituciones y partidos de derechas se realiza contra el colectivo migrante. Una vez más: “no en nuestro nombre”.

Las derechas radicales consideran que el feminismo, el movimiento LGTBIQ+ y las personas migrantes han producido una crisis de valores y son una amenaza a su patria, en lo que Sara R. Farris llama los feminacionalismos. Como señala Nuria Alabao (Alabao, 2025) las extremas derechas tienen como elemento común la defensa a ultranza de políticas antigénero, racistas, xenófobas, antiecologistas, antifeministas, siempre bajo el paraguas de su noción de identidad nacional. Es el pegamento que les une, a pesar de sus diferencias según países, en el que las mujeres y personas migrantes aparecemos como chivos expiatorios.

En muchos análisis las guerras culturales se reducen solo a una pugna de relato. Sin embargo, forman parte de una pugna, si, pero la de significar y legitimar prácticas económicas y sociales de clase, racistas y patriarcales. Son la constatación de cómo el liberalismo económico y el profundo conservadurismo son expresiones igualmente constitutivas del capitalismo actual.

La realidad está llena de ejemplos. El racismo es lo que legitima unas condiciones laborales en régimen de semiesclavitud y de extracción de fuertes beneficios en los pueblos freseros gobernados por PP y VOX en Andalucía. El racismo también determina el acceso a la vivienda, el empleo y la sanidad.

La negación de la violencia machista va de la mano de la defensa del modelo liberal de familia como espacio de reformulación del orden económico y reproductivo a través, por un lado, de la refamiliarización de la reproducción social y la negación del derecho de decisión reproductiva y, por otro lado, por la vuelta al imaginario conservador del hombre proveedor (aunque no guarde relación con la realidad).

Y sin ánimo de agotar los ejemplos, la criminalización de las personas trans las somete a una absoluta precariedad material y vital al no poder acceder ni al empleo ni a satisfacer una necesidad tan básica como es la del derecho a la identidad.

Cabe la transformación social porque cabe la esperanza colectiva

Parafraseando a Yayo Herrero (Herrero, 2025) la condición necesaria que abre posibilidades de actuación es ser conscientes de la gravedad de lo que sucede, construir esperanzas, trayectos que iluminen la posibilidad de un destino deseado, aún incierto.

Ese cómo actuar ante las enormes urgencias del presente pensando en el futuro siempre ha tenido y sigue teniendo muy distintas vías. Desde las luchas marcadas por un nuevo internacionalismo en la defensa de los ataques del capital extractivista, a las de las luchas por la vivienda y la creación de un nuevo tipo de organizaciones, a las de un nuevo internacionalismo en la protesta contra el genocidio palestino, o muchas luchas feministas, queer y antirracistas que reverberan y se convierten en transnacionales.

No se parte de cero, pero la brutalidad de la situación y la debilidad de la izquierda política y social abre muchos interrogantes desde esos propios espacios.  Cómo articular las luchas, cómo construir un horizonte común desde la pluralidad de sujetos, cómo participar en un diálogo urgente y necesario para no quedarnos atrapadas en los límites que el sistema establece y lograr avanzar en la transformación social.

En esta conversación hay algunos aspectos que resuenan particularmente en el movimiento feminista interseccional. Uno de los temas recurrentes es el de la fragmentación de las luchas. Otro de ellos es su caracterización como movimiento identitario en la globalidad, es decir centrado en lo que se consideran reivindicaciones del ámbito cultural, en una visión desde mi punto de vista equivocada y reduccionista.

Sin duda, esto también forma parte del debate intrafeminista, siempre intenso, pero resulta muy problemático que en el debate general se prescinda de parte de la realidad, de la capacidad (o cuando menos voluntad) que viene mostrando el feminismo para articular en su acción política, y en su discurso, las condiciones materiales de existencia con las condiciones sociales (también llamadas “culturales”). Es lo que Nancy Fraser (Fraser,  2006) expresó, allá por los años 90, y que tanto juego ha dado, como la interacción entre las políticas de redistribución, es decir las políticas económicas que apelan a los procesos de explotación capitalista, y las de reconocimiento social de identidades y colectivos subalternos e invisibilizados.

Ignorar la relevancia de sectores importantes de un movimiento que, desde un enfoque intersectorial, logró ampliar su espacio político y social como nunca se había logrado antes, es cortocircuitar parte de la conversación y acción conjunta necesaria. Este feminismo, identificado también como anticapitalista, mostró la viabilidad de unir masividad y radicalidad. Así sucedió en los procesos de las huelgas feministas, y este es el enorme capital político con el que sigue actuando, aun en situaciones de menor movilización social como la actual.

El debate también reaparece con quienes solo dan legitimidad al movimiento feminista en la versión más economicista de su adscripción de clase, cerrada por otro lado a las nuevas conceptualizaciones que se hacen ante los cambios en su propia composición dadas las modificaciones en las nuevas formas de explotación y dominación capitalista. Es un problema, porque puede dificultar las alianzas precisamente desde la materialidad de las luchas concretas.

De alguna forma es una vuelta a las teorías clásicas de los años 70 sobre las que numerosas feministas marxistas, como Zillah Einsenstein o Heidi Hartman, entre muchísimas otras, iniciaron una fructífera producción teórica. Señalaron las limitaciones y debilidades de la teoría marxista clásica y su dificultad para explicar la opresión de las mujeres en su complejidad, en la medida que solo abordaba las condiciones de producción capitalistas y las relaciones de explotación que de ellas se derivaban, pero sin abordar las de reproducción social. Abrieron así un nuevo campo para la comprensión de las formas en las que el patriarcado se inscribe y resulta constitutivo al capitalismo y, por tanto, para la articulación entre clase y género como formas de poder que organizan la sociedad.

Desde entonces ha llovido mucho y ha seguido un potente desarrollo, tanto teórico como político (en este sentido la huelga de cuidados en Euskal Herria es una referencia imprescindible). De la mano de economistas feministas (Cristina Carrasco, Amaia Pérez Orozco, Sandra Ezquerra entre muchas otras) se ha ido profundizando y mostrando la complejidad del funcionamiento del sistema. Para empezar, a partir de la redefinición del concepto de trabajo (tan presente y central en las huelgas feministas), situando la relación de los procesos de producción y reproducción como parte del funcionamiento del capitalismo, entendido como sistema integrado (Pérez Orozco, 2014).

También se ha ampliado el concepto de reproducción social al señalar que los espacios donde se reproduce la fuerza de trabajo (los llamados trabajos de cuidados) no son solamente los hogares, sino también instituciones como la sanidad, la educación, etc.), y que estos, además, tienen una dimensión transnacional como resultado de la cadena global de cuidados, siendo además trabajos racializados.

A cuenta de la interseccionalidad

El concepto de interseccionalidad viene de lejos, concretamente del pensamiento feminista negro de EE UU. Aunque fue Kimberlé Krenshaw quien lo acuñó en 1989, a raíz de una crítica a procedimientos jurídicos y teorías sobre la discriminación laboral de las mujeres negras, su origen se remonta a la práctica política de un colectivo de feministas lesbianas negras: Combahee River Collective (1974-1980). En un manifiesto de 1977 señalaban el

“cruzamiento de diversas identidades que luchan por su reconocimiento y también articulan una acción emancipatoria (…). También nos resulta difícil separar la raza de la clase y estas de la opresión sexual porque en nuestras vidas la mayoría de las veces ambas se experimentan simultáneamente”.

Una línea que ha ido desarrollando en la actualidad Gloria Anzaldúa (Anzaldúa, 2016) al introducir la noción de identidades fronterizas.

Tal y como señala Carolina Meloni (Meloni, 2012), el pensamiento y activismo del feminismo negro tiene un largo recorrido. Autoras como Angela Davis y su llamado a la “interseccionalidad de luchas”, Bell Hooks y su “feminismo para todo el mundo” han profundizado en las implicaciones teóricas y políticas del racismo como constitutivo del capitalismo y de la interconexión de opresiones. Por tanto, hablan de la imposibilidad de articular un feminismo que prescinda del racismo, el heterosexismo o las diferencias de clase, puesto que es ese cruce de opresiones e identidades lo que marca la vida concreta de las mujeres y personas disidentes concretas.

Se trata de una crítica en toda regla (que también comparte el mundo queer) al feminismo clásico y hegemónico por excluyente, por encerrar a las mujeres en una identidad fija y sin fisuras, interpretando de forma lineal lo que supone que la sociedad adscriba a las mujeres a un género y hacerlo aparecer en su pensamiento y práctica como lo único determinante en sus vidas. No se contempla, en la práctica concreta, la forma en que puede interactuar en sus identidades y vidas otras desigualdades establecidas por la pertenencia de clase, raza, etnia y sexualidad, que es lo que en definitiva explica la multiplicidad de expresiones del patriarcado y que adopta el sexismo (Montero 2009).

Este planteamiento, presente en algunos feminismos clásicos e institucionales, presupone una uniformidad en las experiencias de las mujeres, resulta una visión normativizadora y esencializadora que establece como generales y comunes a todas, las vivencias de algunas.

Estas ideas totalizadoras de las mujeres tienen un efecto en el discurso y acción política puesto que excluye a todo lo que no encaja en la representación que se hace de las mujeres, no entra en las estrategias y prácticas. Es una política de un feminismo que, de esta forma, se otorga el poder de representar a todas y presentar su agenda como la auténtica agenda feminista. La transfobia, la negación de la crítica al binarismo del movimiento queer, o los derechos de las trabajadoras sexuales tienen aquí parte de su origen.

El feminismo intersectorial no es una fórmula, es una propuesta para articular las luchas y el relato feminista y, por tanto, requiere hablar de sujetos, porque el conflicto existe y requiere sujetos que protagonicen la acción colectiva de revuelta y de propuesta emancipatoria.

Todo conflicto implica cierta afirmación de identidad, una identidad colectiva que explica quiénes somos, quiénes conformamos ese sujeto, y lo hace acogiendo al mismo tiempo la identidad individual ese quién soy.

El sujeto del feminismo habla de identidades colectivas, cambiantes y diversas, que recogen las experiencias de explotación, opresión y discriminación vividas individualmente, y las politiza. Las politiza dándoles una expresión social al ponerlas en relación con las estructuras y las relaciones sociales de poder en el proceso de organización y lucha.

No realiza una lista de experiencias e identidades individuales para convertirlas en un recetario, eso es lo que conforma el individualismo propio del sujeto neoliberal. Como señala Andrea Peniche (Peniche, 2020) se trata de un enfoque que también problematiza la idea de “la identidad como experiencia y la experiencia como única legitimadora del discurso, convirtiéndola en un reduccionismo cultural sin estrategia política”.

La interseccionalidad es una noción de enorme potencial político porque permite entender cómo opera nuestra realidad y subjetividad, la pertenencia a las jerarquías sociales y a las relaciones de poder que establece la clase, el género, la raza, algo que se siempre se da en condiciones sociales e históricas concretas.

El entramado de las luchas que los feminismos han desplegado en este ciclo hablan de un sujeto múltiple que ha permitido amplificar los objetivos de la lucha. Lo constituimos todas las que el sistema excluye y criminaliza, las que sufren las nuevas formas de explotación, cualquier tipo de violencias sexistas o institucional, las trabajadoras del sexo, mujeres racializadas, migrantes, las mujeres lesbianas, cis, trans, quienes se reconocen y nombran queer, precarias, trabajadoras de cuidados, las que lo hacen en el ámbito productivo, jóvenes y pensionistas, las que luchan por la vivienda y contra la pobreza energética, las que llevan hiyab, las jornaleras…, todas las que protagonizan los conflictos sociales y se levantan contra las injusticias que el sistema genera.

Como decía, no se trata de un listado de identidades sino de sujetos colectivos que protagonizan la conversación sobre la estrategia feminista desde la voluntad de no jerarquizar las opresiones, ni las luchas ni las reivindicaciones, sino de trabajar por espacios de convergencia real, no retórica, entre colectivos diversos y heterogéneos. Un reto permanente, no exento de tensiones y dificultades, pero algo profundamente transformador.

Un ejemplo de todo ello lo representan las jornaleras de Huelva. Pastora Filigrana, de la cooperativa de abogadas de Sevilla, explica cómo la comarca fresera de Huelva es un laboratorio donde se puede ver cómo funciona este sistema que entrecruza la violencia del capitalismo, el patriarcado, el racismo y la explotación de la tierra y los recursos naturales. “Todas las vertientes del sistema neoliberal en una sola comarca”.

Por su parte Ana Pinto, de la Asociación de jornaleras de Huelva en lucha, muestra cómo la pelea contra las condiciones de explotación en el campo, la explotación de la fuerza de trabajo de los cuerpos migrados y racializados de miles de mujeres, contra las condiciones de vida, de violencia sexual a las trabajadoras y la pelea por la defensa de la tierra forman parte de una misma lucha. Y apela a que “el feminismo se sume a nuestras luchas feministas, antirracistas y ecologistas, que deberían ser las luchas de todas, de un feminismo que no se puede dejar a ninguna fuera y ponga la vida digna de todas las mujeres en el centro”.

¿Cómo denominar a este feminismo? ¿Popular, de base, de clase, anticapitalista, anticapitalista y antiracista, interseccional, queer? No todo tiene la misma significación, y se podría debatir al respecto, pero creo que todos apuntan en una misma dirección. Desde mi punto de vista, pese a lo que tiene de palabro, la interseccionalidad abre mejores posibilidades para expresar y comprender la complejidad y la potencia política de las luchas que se vienen articulando en esta época.

A partir de este enfoque se participa (con distinto éxito) en alianzas por la defensa de los servicios públicos, por la regularización de las personas migrantes, por los derechos de quienes tienen empleo, por el derecho a una vivienda, el fortalecimiento del tejido comunitario, las luchas contra las violencias patriarcales, por los derechos sexuales y reproductivos, por los derechos de las personas trans. Resulta un sólido enfoque generado por y desde las propias luchas. Algunas reverberan con fuerza.

Valga como ejemplo la marcha realizada el 31 de enero 2026, organizada por un colectivo de mujeres (la Asociación Tabadol del Sector 6 de La Cañada Real) y otros colectivos, por el derecho al territorio, a la vivienda y a la vida. En la Cañada viven miles de personas y sufren desde hace cinco años el corte del suministro eléctrico, el derribo y desalojo de sus casas. Houda Akrikez leyó el manifiesto de la marcha del que recojo unos extractos.

“Marchamos con otras luchas que saben que lo que ocurre aquí les atraviesa directamente (Movimiento por la vivienda, colectivos antirracistas, ecologistas, vecinales, lgtbi). Marchan con nosotras las feministas, porque saben que los derribos también son violencia. Porque cuando se destruye un hogar, quienes más sostienen el impacto son las mujeres. Las que cuidan, las que sostienen la vida cotidiana, las que reorganizan la supervivencia cuando el Estado se retira. Las feministas marchan porque saben que sin vivienda no hay autonomía, que sin territorio no hay redes, que sin estabilidad no hay libertad. Porque no hay feminismo posible si se acepta que mujeres pobres, migrantes, gitanas, sean expulsadas de sus casas en nombre del progreso. Defender que la Cañada se queda es defender un feminismo popular, antirracista, de barrio, que pone la vida en el centro”.

Una marcha que apoyó la comisión 8M de movimiento feminista de Madrid y colectivas de mirada interseccional.

Esto es lo que explica la potencialidad del feminismo (Gago, 2019) y las condiciones en las que puede enfrentar a este mundo sin corazón.

El objetivo del neoliberalismo apunta al corazón mismo de la propuesta feminista, supone un ataque feroz a lo social, como señala Wendy Brown, es un ataque a ese espacio donde transcurre la vida en común, se establecen los vínculos sociales, se recobra la identidad, la participación, se visualizan las exclusiones y las desigualdades, se establecen las demandas, se articula la protesta.

Es la defensa de un individualismo que nos convertiría en sujetos económicos prestas para el mercado negando las interdependencias y los vínculos entre nosotras y nosotros y el planeta.

Es un ataque justo a lo que da sentido a la organización colectiva, los proyectos colectivos, la creación de lazos comunitarios y la aspiración a una universalidad real y efectiva de derechos. Explica el feroz ataque al feminismo en su versión emancipadora y la consiguiente respuesta.

El feminismo como un movimiento contrahegemónico busca desafiar el capitalismo, desmontar el patriarcado y la colonialidad y acabar con las relaciones de poder que marcan. Transformar las ideas y valores dominante, las estructuras y condiciones sociales que sustentan la explotación y las distintas opresiones. Abrir a otras formas de relacionarnos, de vivir, de hacer de los cuerpos y sexualidades espacios de rebeldía y de disfrute, de pensar que la propuesta queer hará de nuestras identidades, sean cuales fueren, espacios de libertad.

Es un proceso de construcción en común que es también una apuesta por la organización que construya colectividad política feminista y anticapitalista, cuyo fin último sea la transformación radical de todo para todas, todes y todos.

Romper el relato del único mundo posible es trazar ese nuevo sentido común en las conversaciones y luchas múltiples.

Parafraseando a Eleni Varikas (Varikas, 2000) “la manera como se perciben los problemas y las soluciones que se proponen están forzosamente marcados por nuestra posición en las relaciones sociales, por nuestras pertenencias (…). La visión sobre el conjunto de problemas que plantea la vida en común pasa por el reconocimiento de que la multiplicidad en la contribución a la definición de la vida en común no es un peligro sino una fuente inexplorada de posibilidades sociales incumplidas”.

Referencias:

Alabao, Nuria (2025) Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales. Pamplona: Katakrak.

Anzaldúa, Gloria (2016) Borderlands/la frontera. Madrid: Capitán Swing.

Brown, Wendy (2019) Estados del agravio. Poder y libertad en la modernidad tardía. Madrid: Lengua de Trapo.

Fraser, Nancy (2006) ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico. Madrid: Morata.

Gago, Verónica (2019) La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo. Madrid: Traficantes de sueños.

Herrero, Yayo (2025) Metamorfosis. Una revolución antropológica. Barcelona: Arcadia.

Meloni, Carolina (2012) Las fronteras del feminismo. Teorías nómadas, mestizas y postmodernas. Madrid: Fundamentos.

Montero, Justa (2009) Sexo, clase, raza y sexualidad: desafíos para un feminismo incluyente. https://feministas.org/sexo-clase-raza-y-sexualidad/

Peniche, Andrea; Sena Martins, Bruno; Roldao, Cristina y Louçã, Francisco (2020) Nao posso ser quem somos?  Identidades e estratégia política da esquerda. Lisboa: Bertrand.

Pérez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Madrid: Traficantes de sueños.

Varikas, Erika “¿Una ciudadanía “como mujer”? Paridad versus igualdad”.

Justa Montero, activista feminista, miembro del Consejo Asesor de viento sur.

Fuente: https://vientosur.info/que-tiene-de-emancipador-el-feminismo-del-siglo-xxi/

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