Naciones Unidas/ 04 Febrero 2017/Fuente: Prensa Latina
El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Ecosoc) emitió hoy una declaración presidencial en la que reconoce el papel de los jóvenes en la erradicación de la pobreza y el impulso al desarrollo y la prosperidad.
Según el órgano especializado de la ONU, el Sexto Foro Juvenil del Ecosoc, celebrado aquí el 30 y el 31 de enero, reiteró el compromiso del sector en las luchas contra la desigualdad y otras amenazas actuales, como el nacionalismo y el aislamiento.
Fuimos testigos del optimismo y de la fuerte creencia en la acción colectiva de la juventud y los Estados miembros de Naciones Unidas a favor de la paz y del desarrollo inclusivo, refleja el texto.
En ese sentido, el foro demostró el carácter universal e integral de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el respaldo de los jóvenes a la misma, precisa.
La Agenda 2030 fue adoptada en septiembre de 2015 bajo la consigna de no dejar a nadie atrás, y con 17 objetivos que incluyen la erradicación de la pobreza extrema y del hambre y el avance en el empoderamiento de la mujer, el acceso a la salud, la educación y el agua y la armonía con la naturaleza.
De acuerdo con el Ecosoc, en el encuentro de dos días participaron 129 gobiernos, 37 de ellos representados a nivel ministerial.
Escuchamos las voces de jóvenes de los más diversos orígenes y religiones y conocimos los esfuerzos nacionales para empoderarlos, atender sus prioridades y enrolarlos en la implementación de la Agenda 2030, destaca el Consejo en su declaración presidencial.
Durante el Sexto Foro Juvenil, los participantes abordaron preocupaciones como la inseguridad alimentaria, el hambre, la insalubridad, la discriminación de la mujer, el desempleo y el daño ambiental.
América del Sur/Colombia/4 Febrero 2017/Fuente: Prensa Latina
Colombia construirá hasta el año 2018 unas 200 bibliotecas públicas, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto armado o por la pobreza, incluidas zonas verdales donde ocurrirá la deposición de las armas de las FARC-EP.
El Ministerio de Cultura informó este viernes que una de estas bibliotecas ya está lista en la vereda Santa Helena, en el oriental departamento del Meta, a unos 200 kilómetros de esta capital.
En esa demarcación el ejército colombiano, con la colaboración de la propia guerrilla y de otros países, realizó antes labores de desminado humanitario.
Este tipo bibliotecas rurales están conformadas por contenedores metálicos que los adecuan para convertirlos en salas de lectura, ludoteca, área informática y de investigación, entre otros usos propios de esas instituciones.
La inversión para la construcción y dotación de esos centros de lectura, el ministerio del ramo calcula que puede alcanzar un precio del equivalente a unos 125 mil dólares por módulo. Los locales contarán con una estructura impermeable, con aislamiento termo-acústico, iluminación interna, conectividad de equipos y servicios sanitarios, a la vez permite el mejor uso del espacio con divisiones internas de materiales ligeros.
Añade la dependencia gubernamental que la iniciativa de este modelo de bibliotecas tuvo en cuenta que muchos municipios de difícil acceso no cuentan con lugares disponibles para la construcción de esos centros culturales.
Una nota de prensa de esa cartera comenta que otra biblioteca similar comenzó a construirse ya en Pueblo Nuevo, en el municipio de Briceño, occidental departamento Antioquia, donde se quiere beneficiar a los habitantes de veredas cercanas como Orejón y La Calera.
Esos locales contarán con los suministros del Programa Nacional de Lectura y Escritura ‘Leer es mi cuento’ que tiene como meta aumentar el índice de lectura del país, pasando de 1.9 a 3.2 libros leídos por habitante al año.
Se indicó que estos espacios tendrán una adecuada conexión a internet, junto a una constante labor de capacitación y formación de los bibliotecarios.
Dentro de ese plan a dos años, está prevista una inversión particular de dos millones de dólares para crear Bibliotecas Públicas móviles, las cuales se instalarán en 20 zonas de tránsito de la insurgencia, donde se implementa actualmente el proceso de paz alcanzado con las FARC-EP.
Estamos convencidos de que la cultura y la educación son herramientas transformadoras de la sociedad, que permitirán construir la Colombia en paz que todos queremos, enfatiza el comunicado ministerial.
Centro América/Nicaragua/4 Febrero 2017/Fuente: Prensa Latina
El gobierno de Nicaragua defiende hoy la iniciativa de crear espacios televisivos para fortalecer la enseñanza y elevar el aprendizaje de los alumnos en todo el país.
Por tal motivo, el Consejo Nacional de Educación está trabajando, en coordinación con el Canal 6 de la televisión nacional, en la creación de programas para alcanzar una educación a la altura de las exigencias actuales como el uso de las nuevas tecnologías.
‘Hemos articulado esfuerzos con Canal 6 y con todas las capacidades de las instituciones para trabajar de forma vinculada al uso de la televisión educativa’, informó el ministro asesor para asuntos de la educación, Salvador Vanegas.
En ese sentido, precisó que la idea es trabajar con todas las posibilidades que brinda el formato audiovisual para generar programas interactivos y establecer talleres con los propios estudiantes, a partir de sus vivencias y aprendizajes.
Por su parte, el director general de Canal 6, Aarón Peralta, apuntó que esa televisora trabaja en proyectos dirigidos a garantizar que los niños y jóvenes del país adquieran un amplio bagaje cultural y académico.
‘Hemos procurado desarrollar contenidos educativos a la altura de los nuevos tiempos y este año nuestras prioridades serán fortalecer la educación primaria y secundaria, integrándonos más en el tema de las plataformas tecnológicas’, señaló.
Agregó que en pos de la formación vocacional se intentará promover el emprendimiento y el desarrollo de pequeños negocios de tal manera que los estudiantes aprendan a salir adelante, además de trabajar en programas de ciencia junto con las universidades, sin faltar la promoción del deporte.
Este año el ministerio de Educación contempla que al menos 1,7 millones de alumnos ingresen a los centros de enseñanza en el nuevo curso escolar.
Los estudiantes de los colegios públicos regresarán a las aulas el 6 de febrero, según el calendario aprobado por la autoridades del sector educacional.
América del Sur/Paraguay/4 Febrero 2017/Fuente: Prensa Latina
El inicio del curso en las escuelas públicas paraguayas sigue hoy comprometido, pues persiste el desacuerdo en cuanto al reajuste salarial a los docentes y estos mantienen su postura del paro de labores.
Infructuosa fue la más reciente reunión este jueves para negociar el asunto entre representantes de los gremios de los profesores y el titular del Ministerio de Educación y Cultura, Enrique Riera.
Como vocero de los maestros, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, dijo que no aceptaron la propuesta ofrecida por Riera pues lo pedido por ellos es firmar un acuerdo como aprobación de lo ya otorgado al sector.
Piris se refirió así al alza de sueldos contemplada en el Presupuesto General de la Nación 2017 dispuesto por el Senado pero después vetado por el presidente Horacio Cartes.
La acción ejecutiva hizo que quedara vigente el mismo plan de gastos de 2016, lo cual descarta aquel incremento salarial incluido por los legisladores.
Es necesaria voluntad política para resolver el conflicto, comentó el dirigente gremial, es decir, no ir a la huelga e iniciar el periodo lectivo el próximo día 23 como está programado para el curso hasta el 30 de noviembre.
El ministro, quien solicitó tiempo para consultar con el mandatario el mejoramiento de la oferta, reiteró la posición de esa cartera y la de Hacienda de elevar los sueldos en 7,7 por ciento desde marzo.
Sin embargo, esa propuesta es para los maestros con una categoría acorde a quienes cobran menos del salario mínimo vigente en el área privada.
Piris aseguró que están dispuestos a aceptar ese monto, pero solo si el ministro firma un compromiso de solicitar otro aumento del 7,3 por ciento en el transcurso del año, con lo cual se llegaría de manera fraccionada al 15 solicitado por ellos.
Así, esperan no ser convocados a otro encuentro si la propuesta sigue siendo la misma y mantienen la intención de realizar el paro anunciado.
No obstante, ese sería por dos días, 23 y 24 de febrero, tras lo cual analizarán los siguientes pasos si para entonces no hay una respuesta favorable al reclamo, según el secretario general de la Unión Nacional de Educadores, Eladio Benítez.
A esa conclusión llegaron dirigentes de las dos agrupaciones mencionadas y de la Organización de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Directores (de escuelas), reunidos después para unificar criterios.
En el encuentro de ayer con los gremialistas, el ministro recordó cómo el alza fijada en el presupuesto, posteriormente vetado, establecía fuera desde julio, por lo cual no ve razón alguna para detener las clases y poder seguir negociando.
La cartera del sector presenta pocas posibilidades de solución desde el punto de vista financiero, al no tener contemplado en su plan de gastos lo necesario para aplicar el incremento a los docentes.
Cualquier escenario que se pueda manejar en el ámbito económico dependerá fundamentalmente del Ministerio de Hacienda.
Siguiendo instrucciones emanadas de las más altas instancias del gobierno, la policía de Filipinas ha matado y ha pagado a otros para que maten a miles de presuntos delincuentes relacionados con las drogas, en una oleada de ejecuciones extrajudiciales que podrían ser constitutivas de crímenes de lesa humanidad, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
La investigación de Amnistía Internacional, “If you are poor you are killed”: Extrajudicial Executions in the Philippines’ “War on Drugs” expone en detalle cómo la policía actúa sistemáticamente contra personas pobres e indefensas en todo el país al tiempo que coloca “pruebas”, contrata a asesinos a sueldo, roba a las personas a las que mata y falsifica informes oficiales sobre los incidentes.
“Esto no es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra los pobres. Basándose a menudo en los indicios más endebles, se mata por dinero a personas acusadas de consumir o vender drogas, en una economía del asesinato”, ha afirmado Tirana Hassan, directora del programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
“Con el gobierno del presidente Duterte, la Policía Nacional infringe las leyes que supuestamente ha de hacer respetar, al tiempo que saca provecho del asesinato de personas empobrecidas cuya situación supuestamente el gobierno debería mejorar. Las mismas calles que Duterte prometió limpiar de delincuencia están ahora llenas de cuerpos de personas que han sido victimas de homicidios ilegales cometidos por su propia policía.”
Esto no es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra los pobres.
Instigados por la retórica del presidente Rodrigo Duterte, policías, asesinos a sueldo incluidos en su nómina e individuos armados desconocidos han dado muerte a más de 1.000 personas al mes con el pretexto de una campaña nacional para erradicar las drogas. Desde que el presidente Rodrigo Duterte asumió el cargo, hace siete meses, se han cometido más de 7.000 homicidios relacionados con las drogas, de los que la policía ha matado directamente al menos a 2.500 presuntos autores de delitos relacionados con las drogas.
La investigación de Amnistía Internacional documenta en detalle 33 casos que implicaron el homicidio de 59 personas. El equipo de investigación entrevistó a 110 personas en las tres divisiones geográficas principales de Filipinas, que hablaron en detalle de ejecuciones extrajudiciales en 20 ciudades del archipiélago. La organización también examinó documentos, incluidos informes policiales.
Las ejecuciones extrajudiciales son homicidios ilegítimos y deliberados cometidos por funcionarios, por orden de un gobierno o con su complicidad o aquiescencia. Además, violan el derecho a la vida consagrado en la legislación filipina y en el derecho internacional.
Homicidio de personas desarmadas y falsificación de informes policiales
El informe documenta cómo la policía, actuando a partir de listas sin verificar de personas que presuntamente consumen o venden drogas, irrumpió en viviendas y mató a tiros a personas desarmadas, incluidas aquellas que estaban dispuestas a entregarse.
Falsificando sus posteriores informes sobre los incidentes, la policía ha afirmado una y otra vez que habían disparado contra sus agentes previamente. Contradiciendo directamente las afirmaciones de la policía, testigos de los hechos relataron a Amnistía Internacional cómo la policía había realizado allanamientos a altas horas de la noche, no había intentado practicar detenciones y había abierto fuego contra personas desarmadas. En algunos casos, según los testigos, la policía colocó drogas y armas que después presentó como pruebas.
En un caso, en la ciudad de Batangas, la esposa de una víctima refirió cómo la policía mató a su esposo disparándole a quemarropa mientras ella les suplicaba clemencia. Una vez muerto su esposo, la policía la agarró, la sacó a la fuerza a la calle y la golpeó, causándole hematomas.
Con el gobierno del presidente Duterte, la Policía Nacional infringe las leyes que supuestamente ha de hacer respetar, al tiempo que saca provecho del asesinato de personas empobrecidas cuya situación supuestamente el gobierno debería mejorar.
En la ciudad de Cebú, cuando Gener Ondina vio que un numeroso contingente de agentes de policía rodeaba su vivienda, les pidió que le perdonaran la vida y les dijo que estaba dispuesto a entregarse. “La policía siguió golpeando la puerta [y] cuando entró él gritaba: ‘Me entregaré, me entregaré, señor’”, dijo un testigo a Amnistía Internacional.
La policía ordenó a Gener Ondina que se tumbara en el suelo, mientras decía a otra persona que estaba en la habitación que saliera. Los testigos oyeron después disparos. Un testigo recordó que “se lo llevaron como a un cerdo” fuera de la casa y después dejaron su cuerpo cerca de un sumidero antes de cargarlo finalmente en un vehículo.
Los familiares dijeron que, cuando se les permitió entrar de nuevo en la casa, seis horas después de la muerte de Gener, vieron salpicaduras de sangre por todas partes. Faltaban objetos de valor, entre ellos un ordenador portátil, un reloj y dinero, que, según los familiares, la policía no les había reintegrado ni había incluido en el inventario oficial de la escena del crimen.
El padre de Gener, Generoso, sirvió en la fuerza de policía durante 24 años hasta su retiro en 2009. Generoso dijo a Amnistía Internacional que se sentía “avergonzado” por el consumo de drogas de su hijo. También manifestó su apoyo a las medidas contra las drogas del gobierno. “Pero lo que hicieron fue demasiado”, dijo. “¿Por qué matar a alguien que ya se ha entregado?”
Otras personas con las que Amnistía Internacional habló describieron en términos semejantes la deshumanización de sus seres queridos, que fueron asesinados sin piedad y sus cuerpos arrastrados y abandonados.
“El trato que reciben los cadáveres muestra el escaso valor que la policía de Filipinas concede a la vida humana. Cubiertos de sangre, son arrastrados sin cuidado en presencia de sus familiares horrorizados, con la cabeza rozando el suelo antes de ser abandonados a la intemperie”, ha afirmado Tirana Hassan.
“Las personas asesinadas proceden, en proporción abrumadora, de los sectores más pobres de la sociedad, y entre ellas hay menores de edad, uno de los cuales tenía sólo 8 años.”
En los contados casos en que la policía ha actuado contra bandas extranjeras de la metanfetamina, ha demostrado que puede llevar a cabo detenciones sin recurrir a medios letales. El hecho de que se niegue a las personas pobres la misma protección y el mismo respeto ha afianzado la percepción de que se trata de una guerra contra los pobres.
Una economía del asesinato
Los homicidios policiales son impulsados por presiones desde arriba, entre ellas la orden de “neutralizar” a los presuntos delincuentes relacionados con las drogas, además de incentivos económicos que han creado una economía informal de la muerte, detalla el informe.
En conversación con Amnistía Internacional, un agente de policía con rango de funcionario superior de policía 1, que lleva un decenio en la fuerza policial y realiza operaciones como parte de una unidad contra las drogas ilegales en Metro Manila, describió cómo se paga a la policía por “encuentro”, término que se emplea para presentar falsamente las ejecuciones extrajudiciales como operaciones legítimas.
“Siempre se nos paga por encuentros. […] La cantidad oscila entre 8.000 pesos [161 dólares de EE. UU.] y 15.000 pesos [302 dólares]. […] Esa cantidad es por cabeza. De modo que si la operación es contra cuatro personas, son 32.000 pesos (644 dólares). […] Nos pagan en efectivo, en secreto, las jefaturas. […] No hay incentivos por detener. No nos pagan nada.”
El espeluznante incentivo para matar a las personas en vez de detenerlas fue subrayado por el funcionario superior de policía, que agregó: “Nunca se da el caso de que haya un tiroteo y no muera nadie”.
Este experimentado agente policial de primera línea dijo a Amnistía Internacional que algunos policías han establecido un arreglo con funerarias, que les recompensan por cada cadáver que les envían. Algunos testigos dijeron a Amnistía Internacional que los policías también se enriquecen robando en las viviendas de las víctimas, entre otras cosas objetos de valor sentimental.
La policía se comporta como el submundo criminal contra el que supuestamente ha de aplicar la ley, llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales disfrazada de asesinos desconocidos y “subcontratando” homicidios.
Más de 4.100 de los homicidios relacionados con las drogas que se cometieron en Filipinas en los últimos seis meses han sido obra de individuos armados desconocidos. “Viajando en tándem”, nombre que recibe localmente este fenómeno, dos personas a bordo de una motocicleta llegan, matan a tiros a sus objetivos y se alejan a gran velocidad.
Dos asesinos a sueldo dijeron a Amnistía Internacional que reciben órdenes de un agente de policía, que les paga 5.000 pesos (100 dólares de EE UU.) por cada consumidor de drogas que matan, y entre 10.000 y 15.000 pesos (200-300 dólares) por cada pequeño vendedor que matan. Antes de que Duterte asumiera el poder, dijeron los asesinos a sueldo, tenían dos “trabajos” al mes. Ahora tienen tres o cuatro a la semana.
Los objetivos proceden a menudo de listas sin verificar de personas sospechosas de consumir o vender drogas confeccionadas por autoridades gubernamentales locales. Sin importar cuánto tiempo hace que una persona pueda haber consumido drogas, ni la cantidad que haya consumido o vendido, su nombre puede ser añadido de forma irrevocable a las listas.
En otros casos, sus nombres ser añadidos arbitrariamente, por venganza o por haber incentivos para matar a un número mayor de personas a las que se considera consumidoras o vendedoras de drogas.
Posibles crímenes de lesa humanidad
Filipinas es Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En octubre de 2016, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, hizo pública una declaración en la que expresó preocupación por los homicidios e indicó que su oficina podría iniciar un examen preliminar sobre posibles crímenes en virtud del Estatuto de Roma.
Amnistía Internacional considera motivo de honda preocupación la posibilidad de que que los homicidios deliberados, generalizados y sistemáticos de presuntos delincuentes relacionados con las drogas, que parecen planificados y organizados por las autoridades, puedan constituir crímenes de lesa humanidad en virtud del derecho internacional.
“Lo que está ocurriendo en Filipinas es una crisis que debe alarmar al mundo entero. Pedimos al gobierno, del presidente Duterte hacia abajo, que ordene que se ponga fin a todas las ejecuciones extrajudiciales. También pedimos al Departamento de Justicia de Filipinas que investigue y procese a toda persona implicada en estos homicidios, sean cuales sean su rango o posición en la policía o el gobierno”, ha afirmado Tirana Hassan.
“Filipinas debe abandonar la ilegalidad y la violencia letal y reorientar sus políticas sobre drogas hacia un modelo basado en la protección de la salud y los derechos humanos.
“Queremos que las autoridades filipinas aborden esta crisis de derechos humanos por sí solas. Pero si no se toman sin dilación medidas contundentes, la comunidad internacional debe dirigirse a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que lleve a cabo una investigación preliminar sobre estos homicidios, incluida la implicación de funcionarios de las más altas instancias del gobierno.”
Mujeres y niñas corren peligro de someterse a un aborto inseguro, con riesgo de graves complicaciones para su salud e incluso de muerte, debido a las persistentes barreras para acceder a servicios legales de aborto, según la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional y el Departamento de Investigación sobre la Salud de la Mujer de la Escuela de Salud Pública y Medicina Familiar de la Universidad de Ciudad del Cabo.
A ninguna embarazada, con independencia de su condición social, debe negársele su derecho a decidir sobre su embarazo.
El documento, publicado hoy, pone de relieve que, a pesar de que Sudáfrica tiene uno de los marcos jurídicos más progresistas del mundo sobre el aborto, muchas mujeres y niñas tienen dificultades para acceder a servicios de aborto seguros, sobre todo en las comunidades más pobres y marginadas. Una barrera clave es que el gobierno no regule la práctica de la “objeción de conciencia”, mediante la cual los profesionales de la salud pueden negarse a prestar servicios de aborto.
“A ninguna embarazada, con independencia de su condición social, debe negársele su derecho a decidir sobre su embarazo. En este documento se exponen las profundas desigualdades del sistema de salud que siguen discriminando a las mujeres y niñas de entornos empobrecidos”, ha afirmado Muleya Mwananyanda, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Austral.
“El Departamento Nacional de Salud debe intervenir con urgencia para garantizar que el acceso al aborto de mujeres y niñas deje de estar supeditado a las actitudes personales de los profesionales de la salud.”
Hoy se cumplen 20 años de la aprobación de la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el país.
El Departamento Nacional de Salud debe intervenir con urgencia para garantizar que el acceso al aborto de mujeres y niñas deje de estar supeditado a las actitudes personales de los profesionales de la salud.
En un caso incluido en el informe, una estudiante de 19 años de Johannesburgo murió en 2016 por las complicaciones surgidas tras un aborto inseguro. Un representante de las Naciones Unidas señaló las deficiencias del sistema de salud, el estigma y la discriminación entre los factores que habían contribuido a causar la muerte de la mujer.
Otras muertes derivadas de abortos inseguros son más difíciles de documentar. El documento pone de relieve la necesidad de incluir datos desglosados sobre las muertes resultantes de abortos en el seguimiento que realiza el gobierno de los casos de muertes asociadas al embarazo.
Advierte además de que la aplicación de la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue siendo insuficiente y puede dar lugar a violaciones de las obligaciones contraídas por el gobierno en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Con arreglo a las normas internacionales y regionales de derechos humanos, Sudáfrica tiene la obligación de garantizar que la objeción de conciencia no afecte al acceso a los servicios y que exista un proceso de derivación operativo que garantice asistencia de calidad y a tiempo a quien solicite servicios de aborto.
También se resaltan en el documento la confusión en torno a los límites de la objeción de conciencia y a las obligaciones de los profesionales de la asistencia médica en relación con la prestación de servicios de aborto.
En virtud del derecho a la libertad de conciencia consagrado en la Constitución de Sudáfrica, se entiende que los profesionales de la salud tienen derecho a negarse a practicar un aborto en determinados casos, pero nunca en situaciones de urgencia, ni cuando la vida de la mujer o niña embarazada corre peligro.
Además, la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que quien impida u obstaculice el acceso a servicios legales de aborto comete un delito, sancionable con prisión o multa.
“La ausencia de directrices políticas claras para los proveedores de servicios crea un vacío y permite que la objeción de conciencia no se aplique uniformemente”, ha dicho Muleya Mwananyanda.
“El derecho de una mujer a la vida, la salud y la dignidad siempre debe anteponerse al derecho del profesional de la salud a ejercer la objeción de conciencia para no practicar un aborto. Esto no se cumple en Sudáfrica. Urge la adopción de normativa y directrices políticas claras para corregir el vacío actual.”
La ausencia de directrices políticas claras para los proveedores de servicios crea un vacío y permite que la objeción de conciencia no se aplique uniformemente.
Según la Dirección de Salud, de los 505 centros sanitarios destinados a la prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo, sólo 264 prestan actualmente esos servicios en el primer y segundo trimestre de gestación. Como consecuencia, hay que recorrer largas distancias hasta los centros y pagar un alto precio en transporte. El documento da la voz de alarma por el hecho de que no exista a disposición pública una lista de los centros que prestan servicios legales y seguros de aborto, sobre todo en vista del sinfín de proveedores de servicios de aborto ilegales que se anuncian en espacios públicos y por Internet.
Amnistía Internacional pide a las autoridades sudafricanas que emitan directrices y protocolos claros para todos los profesionales de la asistencia médica y los responsables de la gestión de los centros de salud que establezcan con claridad los límites de la objeción de conciencia y hagan respetar el deber ético de los profesionales de la salud de anteponer el derecho de las mujeres y niñas a recibir asistencia médica. Para poder ejercer el derecho a la objeción de conciencia, todo profesional médico debe proporcionar información exacta y derivar a la paciente, así como prestar servicios de urgencia si fuera necesario.
Información complementaria
La Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo se aprobó en 1996 y entró en vigor el 1 de febrero de 1997. Permite a mujeres y niñas ejercer su derecho al aborto voluntario hasta la semana 12ª de gestación y, en determinadas circunstancias, hasta la semana 20ª. Esta legislación ha merecido elogios por el avance que ha supuesto para la salud y los derechos de las mujeres.
Se calcula que las muertes y lesiones asociadas al aborto se han reducido en más del 90% desde su entrada en vigor.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Sudáfrica tiene el deber de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la información y los servicios de aborto para todas las mujeres y niñas sin discriminación.
Dice Nikos Kazantzakis que “las grandes leyes de la naturaleza son: no corras, no seas impaciente y confía en el ritmo eterno”. Pero nosotros cada vez estamos más obsesionados por la inmediatez, aunque podemos preguntarnos: “Si no sabemos adónde vamos, ¿para qué ir tan deprisa?”
satisfacción inmediata ha sido el resorte que ha mantenido vivas a las nuevas generaciones, uniendo la infancia mágica con una adolescencia prolongada. Y ahora todos andamos en un sinvivir, habitados por la impaciencia, contagiados de prisas, repletos de deseos de cumplimiento inmediato y ansiosos de novedades que se sustituyen sin cesar.
El escritor Vicente Verdú ve el origen de todo esto en los acontecimientos de mayo del 68, algunos de sus elementos aún perviven: la liberación de la mujer, la cultura del consumo y el placer inmediato. Fue el año que cambió el mundo. Muchas mechas prendieron a la vez (París, San Francisco, Praga, Vietnam) y una generación de jóvenes se rebeló contra el modelo de sociedad burguesa, a la que combatieron con la liberación sexual, el placer inmediato de las drogas o el acunamiento colectivo en el ‘rock and roll’.
El capitalismo, tan odiado, supo adaptarse para “desarrollarse como una verbena de consumo agregada a la fiesta del orgasmo, el antiautoritarismo, la aventura y el amor a la revolución.” El resultado fue la aceleración del placer consumista y del goce inmediato. Y mutaron los valores burgueses del ahorro, la utilidad y la finalidad: “Frente al ahorro represivo, el gasto; contra la calculada utilidad, la inmediatez, y frente a la finalidad, la aventura. La reunión de estos tres elementos dibuja el triángulo de la cultura de consumo.”
Casi medio siglo después la melodía del nuevo capitalismo de consumo no cesa de alzar su volumen y su difusión. Queremos todo en este momento para nosotros, llevamos mal tener que esperar en cualquier campo, de modo que buscamos acelerar el ritmo de los acontecimientos de todo lo que nos rodea. No sabemos esperar y nos puede la impaciencia. La sociedad del derroche nos ha acostumbrado al consumo compulsivo. Todo lo queremos instantáneo, al momento. Y consumimos tiempo y recursos en una carrera alocada contra el ritmo natural de las cosas. Sobrecargamos nuestra agenda diaria de compromisos y actividades y no nos queda tiempo para respirar.
Durante siglos vivimos al ritmo lento marcado por la revolución de la agricultura, que fue la primera gran revolución humana. Miles de años más tarde, con la revolución industrial se empezó a gestar la cultura de la impaciencia, que ha llegado a su grado máximo en el siglo XXI con la tercera gran revolución humana: la revolución de la inteligencia.
El placer instantáneo hundía sus raíces en la naturaleza humana. El genio de la lámpara de Aladino concedía solo tres deseos, pero lo asombroso es que el genio apareciera inmediatamente cuando Aladino frotaba la lámpara. Así nos ha pasado siempre: deseamos y soñamos con que la solución nos llegue de forma inmediata. La magia estaba para ello.
Hoy, todo es instantáneo y cada vez menos cosas nos parecen mágicas, de tan acostumbrados como estamos a que parezca que todo funciona como por arte de magia. El mando a distancia alargó nuestros brazos hasta lograr los deseos soñados. Y el clic de una tecla nos unió a ese océano en el que lo que deseamos se nos hace presente.
Triunfa lo urgente por ser sinónimo de fácil más que de rápido: nos ahorra esfuerzo más que tiempo. El problema es que confundimos el placer con la gratificación instantánea, pero ésta es adictiva. Cuanto más rápido conseguimos algo, más impacientes somos la siguiente vez y más ansiedad nos provoca.
No era así en el tiempo en que copiar un manuscrito llevaba décadas o construir una catedral duraba siglos. La paciencia y la lentitud se consideraban virtudes capitales. Todo lo que exige espera requiere paciencia y planificación. Y la satisfacción que nos produce algo está ligada todavía al tiempo y a la dedicación que nos ha costado conseguirlo. “Corremos sin cesar porque no sabemos adónde vamos ni qué queremos hacer con nuestra vida. Como detenernos a pensar nos da miedo, seguimos a la carrera”, resume el escritor Francesc Miralles.
La prisa y la impaciencia vierten pequeñas dosis de veneno sobre nuestra mente y nuestro corazón, de modo que ser impacientes constituye un factor de riesgo para nuestra salud tanto física como mental: aumenta la hipertensión y genera frustración, angustia, estrés acumulado, trastornos psicosomáticos y deterioro de las relaciones personales y laborales. Además, contribuye a que se pospongan las tareas, incita a la bebida y a la violencia, a menudo conduce a malas decisiones, es causa de problemas económicos y rompe amistades. ¡Una mala vida!
Entonces, ¿por qué somos impacientes? La impaciencia surge de nuestro interior cuando vivimos de forma inconsciente y suele ser un indicador de que no estamos a gusto con nosotros mismos. Es un síntoma de que no sabemos leer nuestras circunstancias y un signo de una creencia limitadora: que nuestra felicidad no se encuentra en este preciso momento, sino en otro que está a punto de llegar.
Pero la prisa no sirve para acelerar el ritmo de lo que nos sucede. Ante ella, solo podemos “vivir despiertos”: darnos cuenta de que no podemos cambiar lo que nos pasa, pero sí podemos modificar nuestra actitud y hacer sólo lo que depende de nosotros sin quejarnos de lo que depende de otros. Así llegaremos a comprender que todos los procesos que forman parte de nuestra existencia tienen su propio ritmo y que lo que necesitamos para ser felices ya se encuentra en este preciso instante y en este preciso lugar.
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