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La inteligencia artificial entra al currículum: ¿quién decide qué debe enseñar la escuela?

Por: Dario Balvidares

Antes de detenernos en la incorporación de la inteligencia artificial al currículum de la Ciudad de Buenos Aires, conviene detenernos en una cuestión que suele quedar rápidamente subsumida por los discursos sobre innovación, modernización y nuevas tecnologías: ¿quiénes son los sujetos sobre los que se despliega esta nueva política educativa?

Poblaciones vulneradas y la disputa por la enseñanza

Ya conocemos que nuestra población sufre la fragmentación social creciente desde hace muchos años. Nuestros niños, niñas y adolescentes llegan a las escuelas atravesados por profundas desigualdades sociales, económicas, territoriales y culturales. Por eso hablamos de poblaciones vulneradas y no de “poblaciones vulnerables”, porque la diferencia no es solamente terminológica, ni ingenua. Mientras “vulnerable” puede convertir la desigualdad en una característica casi propia de determinados sujetos, “vulnerado” permite señalar los procesos sociales, históricos y políticos que producen esa situación.

No hay sujetos naturalmente vulnerables. Hay derechos vulnerados, condiciones de vida desiguales y todo un sistema ideológico-político-económico como productor de desigualdades.

La pandemia hizo particularmente visible una de esas dimensiones. Durante el aislamiento, la llamada “brecha tecnológica” mostró que el acceso a dispositivos y a la conectividad no constituía un problema exclusivamente tecnológico. Allí donde faltaba una computadora, donde la conexión era deficiente o donde un teléfono debía ser compartido por varios integrantes de una familia, se manifestaba la desigualdad social previa que encontraba en la tecnología una nueva forma de expresión. La desigualdad tecnológica era  desigualdad social que, entre otras formas, se expresaba tecnológicamente.

Aquella experiencia debería funcionar como antecedente imprescindible para pensar la actual incorporación de la inteligencia artificial a la escuela. Porque universalizar el acceso a una tecnología no significa, por sí mismo, universalizar las condiciones para apropiarse de ella. Ni que todos los sujetos puedan establecer con esa tecnología la misma relación.

La pregunta no puede reducirse, entonces, a quién tiene o no tiene acceso a una herramienta; también deberíamos preguntarnos quién cuenta con otros mediadores del conocimiento, quién puede contrastar una respuesta producida por una máquina, quién dispone de acompañamiento, de libros, de experiencias culturales y de adultos capaces de intervenir críticamente —este último término también lo pondremos bajo análisis— frente a aquello que la tecnología produce. La igualdad de acceso a una herramienta puede convivir con profundas desigualdades en las condiciones de apropiación del conocimiento.

Pero hay otra cuestión que consideramos todavía anterior.

En los últimos años se ha naturalizado una expresión que parece técnicamente neutra: “tecnologías del aprendizaje” —la que hemos puesto bajo la lupa desde distintas perspectivas en otros artículos— . Detrás de esa formulación hay una disputa pedagógica que no deberíamos perder de vista y conviene retomar, porque cada ves es mas creciente que nos hablen, desde distintas voces autorizadas (o no) de aprendizaje y cada vez menos de enseñanza. También lo hemos planteado: ¿qué ocurre con el/la docente cuando el centro de la escena se desplaza desde quien enseña hacia las tecnologías destinadas a facilitar el aprendizaje?

Es importante recordar que no existe aprendizaje escolar al margen de una relación pedagógica; y la relación pedagógica es humana en el circuito enseñanza / aprendizaje; docente / estudiante. La enseñanza no es un dispositivo técnico que pueda reducirse a la administración de aprendizajes.

Por eso, ante la llegada de la inteligencia artificial al currículum, la pregunta no debería ser únicamente qué puede aprender un estudiante con IA. Hay una pregunta anterior y políticamente más incómoda: ¿qué debe enseñar la escuela cuando incorpora la inteligencia artificial y quién decide qué debe enseñar?

La modificación de la pregunta no es menor. Porque si aceptamos sin discusión la expresión “tecnologías del aprendizaje”, corremos el riesgo de naturalizar que las tecnologías definan progresivamente los modos de acceder al conocimiento, las formas de organizarlo y hasta aquello que resulta necesario aprender. Y cuando una categoría se naturaliza, también puede desaparecer de nuestra mirada aquello que debería ser objeto de discusión —que fatalmente es lo que está pasando en tanto la docencia es el convidado de piedra de la reforma economicista/tecnológica de la educación—.

Por eso, antes de ¡celebrar la innovación!, necesitamos recuperar la pregunta por la enseñanza; no para negar la tecnología, sino para disputar su sentido pedagógico, político y social, porque per se no lo tiene.

Breve digresión

Detengámonos brevemente en las condiciones sociales de la población a la que está dirigida esta política educativa.

Según los datos del IDECBA, en el segundo trimestre de 2025 el 32,5 % de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años se encontraba por debajo de la línea de pobreza, frente al 21,1 % correspondiente al conjunto de la población de la Ciudad. La pobreza tiene, entonces, una incidencia considerablemente mayor entre quienes constituyen la población escolar.

Pero la pobreza no se reduce a los ingresos. La medición de pobreza multidimensional del IDECBA para 2025 alcanza al 20,7 % de la población porteña, incorporando distintas dimensiones de privación que permiten observar las condiciones materiales y sociales de vida más allá de la escasez de ingresos.

Estos datos importan porque estamos hablando de la misma población sobre la que se pretende universalizar una nueva relación con la inteligencia artificial.

Y conviene no olvidar aquello que la pandemia dejó expuesto: las desigualdades en el acceso a dispositivos y conectividad no eran simplemente tecnológicas, sino expresiones de desigualdades sociales preexistentes.

Por eso, antes de hablar de una supuesta universalización de la IA, también debemos preguntarnos por las condiciones sociales desde las cuales los distintos sectores de la población escolar podrán apropiarse de ella.

El currículum aumentado

La incorporación de la inteligencia artificial al currículum mediante la Resolución 1166/MEDGC/26 constituye una nueva instancia de institucionalización de esta tecnología dentro del sistema educativo porteño. El Ministerio de Educación aprobó el “Anexo Curricular: Inteligencia Artificial y Protección Digital” para los niveles Primario y Secundario, como complemento de los diseños curriculares vigentes.

La propia resolución afirma que la inteligencia artificial atraviesa “de manera transversal todas las dimensiones de la vida social” y que resulta “indispensable analizar su alcance, potencialidades y riesgos, desde una perspectiva pedagógica crítica y situada”. También sostiene que garantizar su alfabetización de manera obligatoria constituye “un imperativo de equidad educativa”, porque permitiría que todos los estudiantes accedan a una formación “crítica, situada y responsable”.

No sería razonable cuestionar, en principio, que la escuela deba abordar críticamente una tecnología que ya atraviesa buena parte de la vida social. Lo que sí nos interesa cuestionar es qué concepción de enseñanza, de conocimiento y de sujeto escolar se construye cuando la inteligencia artificial pasa a formar parte del currículum obligatorio.

Y aquí aparece una diferencia que el propio documento establece y que merece ser observada.

Para el Nivel Primario, la resolución señala que el nuevo anexo “profundiza los contenidos de inteligencia artificial del área de Educación Digital, Programación y Robótica” y que lo hace con “un enfoque centrado en la alfabetización crítica”, mediante una progresión pedagógica diferenciada entre el Primer y el Segundo Ciclo.

Para el Nivel Secundario, en cambio, habla de “un enfoque orientado al aprendizaje con inteligencia artificial”, organizado en cuatro niveles que abarcan el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado.

En un caso, la inteligencia artificial aparece fundamentalmente como objeto sobre el cual se construye la alfabetización crítica. En el otro, como mediadora del aprendizaje.

Una cosa es enseñar acerca de una tecnología y otra es incorporarla como mediadora de los procesos mediante los cuales los estudiantes producen, buscan, organizan o validan conocimientos.

El lenguaje curricular vuelve a cobrar aquí una importancia particular. ¿Por qué “aprendizaje con inteligencia artificial” y no, por ejemplo, enseñanza con inteligencia artificial? En la segunda propuesta queda claro que la IA forma parte del conjunto de herramientas didácticas de las que pueden disponer maestrxs y profesorxs; ¿y en el primero?

Las categorías mediante las cuales la política educativa oficial nombra sus prácticas también delimitan aquello que puede ser pensado y aquello que tiende a quedar fuera de la discusión.

Ya hemos planteado esta controversia, pero siempre es bueno recordarla, porque si la IA es presentada como otras de las tecnologías para el aprendizaje, ¿qué lugar ocupa quien enseña; qué lugares ocupan la pedagogía, la didáctica; quién selecciona los contenidos que serán mediados por la IA y quién establece los criterios para determinar qué constituye un uso pedagógicamente válido?

Tener una mirada crítica sobre el sistema de relaciones que establece el poder político con el poder corporativo (empresarial EdTech)  implica también desde un enfoque decolonial (en el contexto de la colonialidad tecnológica) poner bajo sospecha una relación que propicie en un plano de “igualdad” educación y tecnología. Puesto que desde nuestra perspectiva solo la educación hace posible la tecnología y no a la inversa.

Claro que la tecnología puede formar parte de las herramientas con las que trabaja un docente. El problema aparece cuando deja de ser una herramienta seleccionada dentro de una relación pedagógica y comienza a presentarse como mediadora naturalizada de los procesos de aprendizaje.

El Plan Estratégico “Buenos Aires Aprende” 2024-2027 sitúa la transformación digital como un eje estratégico y propone “impulsar nuevas maneras de enseñar y aprender”, junto con la incorporación de nuevas funciones y potencialidades de la tecnología.

Aquí aparece algo que las reformas educativas vienen construyendo desde hace décadas y que no son solamente nuevas herramientas, sino nuevas formas de organizar la relación entre conocimiento, enseñanza y sujeto.

La tecnología no llega, entonces, a un territorio pedagógicamente vacío, sino a una escuela sobre la cual ya se viene operando una transformación de sus categorías, de sus prácticas y de sus sujetos. El desplazamiento de la enseñanza hacia el aprendizaje, de los saberes hacia las competencias y del docente hacia funciones cada vez más próximas a la facilitación, todo esto forma parte de un proceso más amplio que excede al curriculum.

Y en ese proceso se produce algo que podríamos llamar un reseteo de carácter ontológico de los cuerpos docentes. No solamente se modifican las tareas que deben realizar, sino las características que se espera que encarnen. El docente debe ser flexible, adaptable, innovador, facilitador, capaz de incorporar permanentemente nuevas herramientas y de adecuarse a transformaciones definidas fuera de la propia relación pedagógica y de manera acrítica.

La cuestión, entonces, no es solamente qué hace la IA en el aula. También debemos preguntarnos qué tipo de docente y qué tipo de estudiante produce el dispositivo pedagógico-instrumental en el que esa IA se incorpora.

Otro breve paréntesis: ¿ Qué significa “crítica” ?

Hay una palabra que aparece en la propuesta curricular de la Ciudad y que, precisamente por su aparente claridad, merece ser interrogada: “crítica”. Para el Nivel Primario, el Ministerio propone un enfoque centrado en la “alfabetización crítica”. En los fundamentos de la resolución habla, además, de una perspectiva “pedagógica crítica y situada”.

Pero ¿qué significa aquí “crítica”? Desde hace décadas, los documentos de las reformas educativas recurren al “pensamiento crítico”, a la formación crítica y, más recientemente, a las alfabetizaciones críticas como expresiones que parecen otorgar por sí mismas legitimidad pedagógica a las propuestas. Sin embargo, el uso reiterado de la palabra no implica necesariamente la existencia de una concepción crítica de la educación.

Crítica de qué, respecto de qué y para transformar qué, serían las preguntas que necesariamente deberían acompañar el término.

No es lo mismo hablar de pensamiento crítico como capacidad para evaluar información, reconocer errores, contrastar fuentes o resolver problemas, que inscribir la educación en la pedagogía crítica, entendida como la perspectiva que interroga las relaciones de poder, las condiciones históricas y sociales en las que se produce el conocimiento y las formas mediante las cuales la escuela participa en su reproducción o transformación.

La diferencia resulta sustancial. Porque si “crítica” se convierte simplemente en una competencia más —como tantas otras que aparecen en los discursos contemporáneos de la reforma— puede terminar funcionando como un significante disponible para cualquier propuesta: todos pueden declararse a favor del “pensamiento crítico” sin necesidad de explicar qué relaciones de poder pretende poner en cuestión ese pensamiento.

Algo semejante ocurrió durante décadas con la palabra “calidad”; y digo “palabra” y no concepto (como lo venía haciendo, aun con sentido crítico) porque la palabra calidad fue convertida, por una suerte de consenso universal, en un significante vacío, pudo ser utilizada por organismos internacionales como OCDE y el Banco Mundial, gobiernos, fundaciones y empresas para designar proyectos educativos muy diferentes entre sí, sin que necesariamente se explicitara qué se entendía por calidad, quién la definía y según qué criterios se la evaluaba. Con “crítica” ocurre algo similar, la palabra parece decirlo todo precisamente porque puede terminar diciendo muy poco, o incluso ser meramente ornamental y no decir nada.

Y aquí aparece una paradoja particularmente significativa: mientras el documento oficial incorpora la expresión “alfabetización crítica”, debemos preguntarnos, justamente por lo que decíamos en el párrafo anterior, si esa alfabetización incluye también la capacidad de interrogar las condiciones sociales, económicas y políticas de producción de la propia inteligencia artificial; las empresas que la desarrollan; los datos con los que se entrena; los intereses que orientan su expansión; y las relaciones de poder que atraviesan su incorporación a la escuela. Porque si esas preguntas quedan fuera, de qué crítica estamos hablando.

Con esto no estamos negando la necesidad de formar estudiantes capaces de analizar, evaluar y cuestionar información. Por el contrario, la idea de la ampliación del universo crítico consiste en incluir aquellas dimensiones que los discursos de la innovación tienden a presentar como dado, neutral o inevitable y por lo tanto lo invisibilizan. Visibilizarlas es tarea de la pedagogía crítica.

¿ Qué propone el nuevo currículum ?

El nuevo anexo curricular organiza una progresión que acompaña las distintas etapas de la escolaridad. En los primeros años de Primaria, los estudiantes deben aproximarse a qué es la inteligencia artificial, reconocer su presencia en situaciones de la vida cotidiana y comenzar a identificar algunos de sus riesgos, sin interactuar directamente con estas herramientas. Luego, progresivamente, se incorporan instancias de exploración y utilización.

En Secundaria, la relación se profundiza y aparecen usos de la inteligencia artificial vinculados con la producción y con distintas áreas de conocimiento. El Gobierno de la Ciudad presenta la propuesta como una formación destinada a que los estudiantes comprendan la tecnología, aprovechen sus posibilidades y reconozcan sus riesgos.

No consiste en discutir aquí, uno por uno, esos contenidos. Lo significativo es la operación curricular que se produce en tanto la inteligencia artificial deja de ser un fenómeno contemporáneo que la escuela puede estudiar y pasa a constituir un campo de saber organizado, secuenciado y obligatorio dentro de la trayectoria escolar, cuando todavía sus alcances son difusos e incluso con impactos negativos, como ya hemos visto en ¿La educación necesita de la Inteligencia Artificial o a la inversa? hace un par de años.

La propia Ciudad presenta esta obligatoriedad como una política de equidad, destinada a que el acceso a estos conocimientos no dependa del “contexto familiar o escolar” ni de la iniciativa individual.

Pero la propuesta no se limita a enseñar qué es la IA. También busca formar determinadas disposiciones para su utilización: reconocer errores o “alucinaciones”, identificar sesgos algorítmicos, advertir sobre contenidos manipulados y considerar cuestiones vinculadas con privacidad y protección digital.

Es decir, el currículum incorpora un nuevo objeto de conocimiento y construye también un modo considerado legítimo de relacionarse con ese objeto.

Y aquí reaparece el problema de la crítica, pero ahora en otro nivel.

Si la escuela debe enseñar a reconocer los sesgos, también debe enseñar cómo se producen esos sesgos, quién produce los sistemas, con qué datos, de dónde los extrae, bajo qué intereses económicos y qué relaciones de poder atraviesan su desarrollo.

Una cosa es formar usuarios capaces de detectar que una respuesta de IA puede ser incorrecta. Otra, bastante diferente, es formar sujetos capaces de interrogar las condiciones de producción de aquello que la IA ofrece como conocimiento.

En el primer caso, la crítica puede quedar reducida a una capacidad de uso seguro y eficiente de la herramienta. En el segundo, puede convertirse en una práctica de interrogación sobre el mundo que produce la herramienta. Y es aquí donde la escuela recupera su función para el desarrollo intelectual.

¿ Quién produce los contenidos que luego el Estado incorpora al currículum ?

El currículum es una decisión estatal. Pero que sea el Estado quien lo aprueba no responde necesariamente a la pregunta por quiénes producen los marcos conceptuales, pedagógicos y tecnológicos a partir de los cuales esa decisión se construye.

La pregunta apunta a algo más complejo, apunta a la circulación de saberes, modelos, tecnologías, recomendaciones y actores que intervienen en la producción de las políticas educativas.

Aquí conviene mirar la propia arquitectura institucional de la política porteña.

La Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, área responsable de “planificar, diseñar y promover” políticas y programas educativos, está a cargo de Oscar Ghillione. Y en nuestro análisis es necesario recordar que Ghillione fue el fundador de Enseña por Argentina, organización privada vinculada a la red internacional Teach For All, y que haya ocupado anteriormente responsabilidades en el área educativa durante el gobierno nacional de Mauricio Macri.

Tampoco resulta indiferente observar la relación que el propio Ministerio de Educación de la Ciudad mantiene con el ecosistema de Google for Education.

En junio de 2026, el Ministerio presentó su modelo de inteligencia artificial educativa en el Google for Education Chile Leadership Lab, un encuentro organizado por Google for Education. Allí la Gerenta Operativa de Educación Digital, Victoria Ezcurra, presentó la experiencia porteña en políticas públicas de inteligencia artificial aplicada a la educación.

No vamos a afirmar que Google haya escrito el currículum. Pero tampoco soslayar que el Ministerio que diseña y aplica la política participe en espacios regionales organizados por la propia empresa para presentar y compartir modelos de IA educativa.

Y la cuestión adquiere otra dimensión cuando recordamos que esta relación no aparece de la nada. Google for Education ya había desarrollado experiencias de fuerte presencia tecnológica en escuelas, como el denominado “Distrito Google” en Vicente López, durante la gestión municipal de Jorge Macri, como lo describimos en “La pedagogía del algoritmo: entre Google, Natura y el simulacro de la innovación” (2025).

Lo que observamos son los vasos comunicantes existentes entre las empresas tecnológicas, las redes internacionales, las organizaciones educativas, las fundaciones y los funcionarios que participan en la definición de las políticas públicas. Porque ahí se encuentra una de las cuestiones centrales de la reforma economicista de la que hablamos desde hace 30 años.

¿Quiénes producen los marcos conceptuales, pedagógicos y tecnológicos a partir de los cuales el Estado termina definiendo sus políticas curriculares?

Y una segunda pregunta resulta inevitable: ¿Qué circulación existe entre empresas EdTech, organizaciones filantrópicas, redes internacionales, ONG educativas y funcionarios responsables del planeamiento y la innovación educativa?

Como en otras áreas, es un error sostener que el Estado desaparece. El Estado, en educación, continúa aprobando las normas, definiendo los diseños curriculares y administrando el sistema educativo. La cuestión es observar qué actores intervienen en la producción de aquello que luego el Estado legitima como política pública.

La pregunta es ,además de quién firma la resolución, quién produce el saber que hace posible esa resolución.

Y aquí vuelve a aparecer una característica histórica de las reformas educativas; la capacidad de presentar como “innovación técnica” decisiones que contienen concepciones políticas y pedagógicas determinadas. Por eso, la incorporación de la inteligencia artificial al currículum no debería ser leída únicamente como  mera actualización de contenidos, sino como una nueva disputa por la definición de aquello que la escuela debe enseñar y de aquello que se espera que sean quienes enseñan y quienes aprenden.

Es importante remarcar esta cuestión porque estamos ante una nueva versión de debates que, bajo distintas formas, atraviesan la historia de la educación. En el siglo XIX se planteaba la tensión entre educación e instrucción; en el siglo XX, la disputa por la concepción burguesa de los valores que sustentaban los contenidos escolares; y, más recientemente, bajo los discursos de la modernización, se instaló aquel conocido latiguillo: “tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI”.

La frase la popularizó la pléyade de especialistas de la reforma economicista de la educación y condensaba, en apariencia, una constatación acerca del supuesto atraso de la escuela frente a la transformación tecnológica y social. Pero también producía una determinada lectura del problema; la escuela aparecía como aquello que debía adaptarse a un presente definido desde afuera, y no como una institución capaz de disputar qué presente y qué futuro quiere construir.

En la misma dirección vuelve a repiquetear otra fórmula recurrente: “los aprendizajes que los jóvenes necesitan”. Una expresión que parece responder anticipadamente a la pregunta por el sentido de la educación, pero que pocas veces explicita necesitan para qué, para quiénes y según qué concepción de mundo.

Ahora la inteligencia artificial aparece como una nueva frontera de esa discusión. Por eso, detrás de la aparente neutralidad de la actualización curricular reaparece una disputa que no tiene nada de nueva, ¿quién define el conocimiento que la escuela debe transmitir y qué tipo de sujeto pretende formar?

La tecnología no puede convertirse en la solución sacralizada del conocimiento

La incorporación de la inteligencia artificial al currículum no puede presentarse como una respuesta técnicamente inevitable frente a los desafíos de la educación contemporánea. Mucho menos cuando se incorpora sobre una población escolar profundamente fragmentada y cuando el propio discurso oficial recurre a expresiones como “alfabetización crítica”sin explicitar qué entiende por crítica.

La inteligencia artificial puede constituir una herramienta, un objeto de conocimiento, pero no puede convertirse en el principio organizador de la enseñanza ni en la respuesta automática frente al problema del conocimiento; porque el problema de la educación no es tecnológico, es político e ideológico.

La escuela tiene una tarea mucho más compleja que es poner a disposición de las nuevas generaciones los conocimientos producidos históricamente, desarrollar su capacidad de pensar, interpretar, argumentar, crear, establecer relaciones, formular preguntas y construir pensamiento propio.

Más filosofía, más humanísticas, más ciencias sociales son la clave para desbaratar la manipulación del algoritmo colonial.

Trabajar sobre el potencial desarrollo de la inteligencia de los estudiantes, y no de reducir su formación a un instructivo ocasional para su performatividad económica, adaptable a las demandas cambiantes del mercado y a los intereses corporativos que las generan es la tarea que debemos asumir quienes estamos vinculados a la educación, desde la docencia, la investigación y desde el colectivo gremial potenciado por los sindicatos que luchan contra el proceso de desposesión educativa.

Cuando la educación se define prioritariamente por su capacidad para producir sujetos flexibles, adaptables, competentes y funcionales a escenarios productivos que otros diseñan, el conocimiento deja de ser una posibilidad de comprensión del mundo para convertirse en un recurso de adaptación al mundo tal como está dado por la elite que lo diseña.

El mismo problema atraviesa numerosas políticas educativas provinciales y también las políticas impulsadas desde el Estado nacional: la adopción tecnológica aparece con frecuencia como solución sacralizada, como si la incorporación de dispositivos, plataformas o inteligencia artificial pudiera resolver por sí misma los problemas históricos del conocimiento y de la enseñanza. La tecnología no enseña por sí misma, la inteligencia artificial tampoco piensa por nosotros.

Y cuando la escuela acepta sin discusión y de manera acrítica los términos en los que las tecnologías ingresan al campo educativo, anula las preguntas sobre qué conocimiento vale la pena enseñar, para qué sociedad, para qué sujetos y con qué concepción de presente y futuro.

No podemos naturalizar las “tecnologías del aprendizaje”, necesitamos recuperar la enseñanza; y frente a la “solución tecnológica”, las pedagogías críticas.

La inteligencia artificial pretende convertirse en mediadora cada vez más presente en los procesos educativos, entonces la pregunta no es cuánto puede hacer la máquina por la escuela, sino qué queremos que la escuela haga por la inteligencia humana de quienes la habitan.

La inteligencia artificial entra al currículum: ¿quién decide qué debe enseñar la escuela?

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CII-OVE: Autor@s pedagógic@s que hicieron historia en América Latina

Redacción Otras Voces en Educación

América Latina y el Caribe no solo han sido territorio de aplicación de modelos educativos foráneos, sino la cuna de un pensamiento pedagógico propio, situado, crítico y profundamente emancipador. Frente a las dinámicas de mercantilización y homogenización curricular, las luchas históricas de Nuestra América han germinado de la mano de maestras, maestros y teóricos que entendieron la enseñanza como una herramienta innegociable para la liberación popular y la justicia social.

Para recuperar la memoria pedagógica del continente, presentamos una síntesis de seis figuras e hitos fundamentales organizados a través de tres grandes ejes de transformación:

1. Pedagogía Crítica y Emancipación

El cuestionamiento a la «educación bancaria» y la construcción de un saber desde las bases populares encuentran en este eje sus cimientos más sólidos:

  • Paulo Freire (Brasil): Postuló la educación como práctica de la libertad, situando la alfabetización crítica y el proceso de concientización como motores para que las comunidades oprimidas se reconozcan como sujetas de su propia historia.

  • Orlando Fals Borda (Colombia): Sociólogo y educador que conceptualizó la Investigación-Acción Participativa (IAP), rompiendo la jerarquía entre investigador y comunidad para poner el conocimiento al servicio de los saberes populares y la transformación territorial.

2. Educación Pública y Reformas Estatales

En las primeras décadas del siglo XX, la construcción de los Estados nacionales exigió proyectos educativos masivos que democratizaran el acceso al conocimiento:

  • José Vasconcelos (México): Impulsor de campañas de alfabetización masiva y misiones culturales, promovió una visión «cósmica» y mestiza de la educación popular orientada a la integración social.

  • Gabriela Mistral (Chile): Poeta y maestra rural que articuló las misiones pedagógicas con la inclusión de la infancia marginalizada, defendiendo incansablemente la dignidad de la labor docente y la especificidad de las escuelas del campo.

3. Pensamiento Indigenista y Educación Popular

La respuesta frente a la escuela oligárquica surgió desde las raíces comunitarias y las demandas de los pueblos originarios:

  • José Carlos Mariátegui (Perú): Desarrolló un análisis agudo sobre el carácter de clase de la enseñanza oligárquica, proponiendo un modelo educativo íntimamente vinculado a la realidad social, agrícola y laboral indígena.

  • Escuela Ayllu de Warisata (Bolivia): Fundada por Elizardo Pérez y Avelino Siñani, esta experiencia pionera demostró la potencia de la organización comunitaria, integrando la producción, el trabajo y el aula bajo la lógica de la reciprocidad.

Un legado vivo para las luchas del presente

Revisitar a estas autoras y autores no representa un ejercicio de nostalgia académica, sino una necesidad política. En un contexto regional atravesado por debates sobre la soberanía digital, el financiamiento estatal y la autonomía curricular, las propuestas de Freire, Mistral o Mariátegui continúan marcando la ruta para refundar una escuela pública verdaderamente democrática, comunitaria y emancipadora.

Descarga la infografia aqui: autores pedagogicos

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Estos datos muestran que educación sexual integral en adolescentes y jóvenes ha traído avances en Colombia

Un informe de la Fundación Poderosas Colombia y la firma encuestadora Cifras & Conceptos evaluó los conocimientos de 656 personas entre 12 y 23 años sobre ese tema.

La educación integral en sexualidad (EIS) muestra resultados positivos en la capacidad de adolescentes y jóvenes para tomar decisiones informadas en ese sentido, según los resultados del Índice del Poder de Decidir (IPD) desarrollado por la Fundación Poderosas Colombia en alianza con la firma Cifras & Conceptos.

Estos resultados se dan a conocer en medio de los cuestionamientos recientes sobre la pertinencia de la educación sexual y el comienzo de un nuevo Gobierno en el país. Sus impulsores buscan poner sobre la mesa evidencia sobre el papel que puede desempeñar este tipo de formación en la protección de los proyectos de vida de las juventudes.

¿Cómo está el panorama de educación sexual en Colombia?

Aunque el país cuenta con un marco normativo relacionado con la EIS, los datos citados por las organizaciones muestran dificultades en su implementación. Según el Índice Welbin 2024, el componente de “Sexualidad e igualdad de género” registra el nivel más bajo de cumplimiento entre las áreas de bienestar evaluadas en los colegios del país, con un 41 % a nivel nacional.

A esto se suma un estudio de UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) publicado en 2024, que ubica en un nivel “bajo” la implementación efectiva de programas de educación integral en sexualidad dentro del sector educativo colombiano.

El documento también señala que cerca del 20 % de los nacimientos en Colombia corresponden todavía a niñas y adolescentes. Además, el acceso a información sobre sexualidad habría registrado una reducción: para 2025, alcanzó el 80,4 % entre las mujeres y el 71,4 % entre los hombres.

Vale recordar que el Índice del Poder de Decidir (IPD) fue diseñado por Poderosas Colombia junto con Cifras & Conceptos. La herramienta busca medir los efectos de los procesos de EIS a partir de 46 preguntas agrupadas en cuatro áreas: autonomía, autoconocimiento, igualdad de género y diversidad e inclusión.

Para su elaboración se evaluó a 656 adolescentes y jóvenes, entre los 12 y los 23 años, en ocho comunidades del país. Las mediciones se realizaron entre 2023 y 2025 e incluyeron territorios como Soacha, Kennedy, Bosa, Barú, Cali, Urabá, Pueblo Viejo y Solano.

El Índice del Poder de Decidir pasó del 51 a 70 por ciento

Uno de los principales resultados muestra un incremento en el índice general. La medición inicial registró un 51%, mientras que al finalizar los procesos formativos llegó al 70 %. De acuerdo con la interpretación presentada por las organizaciones, esto representa un aumento relativo del 38 % en la capacidad de los participantes para tomar decisiones informadas.

Los resultados también muestran diferencias según el territorio. En Solano, Caquetá, donde existen mayores brechas de acceso, el poder de decidir registró un crecimiento del 83 %.

El estudio también identificó modificaciones en algunas creencias y conocimientos después de los procesos educativos. Uno de los cambios señalados está relacionado con la menstruación. La proporción de participantes que comprendía que se trata de un proceso natural y que no debe considerarse algo sucio pasó del 37 al 74 por ciento.

También aumentó el conocimiento sobre el embarazo y su prevención. La comprensión sobre cómo ocurre un embarazo y cómo prevenirlo pasó del 72 % al 87 %, según los resultados presentados. En materia de derechos, el conocimiento de que el aborto es legal y constituye una decisión personal aumentó del 45 % al 70 % después de la formación.

Para Poderosas Colombia estos resultados cuestionan las ideas que relacionan la educación sexual con el libertinaje, por lo cual sostiene que los datos muestran, por el contrario, una relación entre estos procesos educativos y el fortalecimiento de la autonomía, el autocuidado y la prevención de violencias basadas en género.

Poderosas Colombia es una organización no gubernamental dedicada a la educación en derechos sexuales y reproductivos y equidad de género. Por su parte, Cifras & Conceptos es una firma independiente especializada en investigación y análisis de datos para apoyar la toma de decisiones.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué resultados tiene la educación integral en sexualidad en Colombia?
Los resultados del Índice del Poder de Decidir muestran un aumento de 51 % a 70 % en la capacidad de adolescentes y jóvenes para tomar decisiones informadas después de procesos de educación integral en sexualidad. El estudio fue realizado entre 2023 y 2025.
¿Qué es la educación integral en sexualidad y para qué sirve?
La educación integral en sexualidad busca brindar conocimientos y herramientas sobre autonomía, autoconocimiento, igualdad de género, diversidad e inclusión. Según el IPD, estos procesos pueden fortalecer la capacidad de adolescentes y jóvenes para tomar decisiones informadas y ejercer sus derechos.
¿Cómo se puede medir el impacto de la educación sexual en adolescentes?
El impacto puede evaluarse mediante indicadores de conocimiento, autonomía y comprensión de derechos. El Índice del Poder de Decidir utilizó 46 preguntas para medir cuatro dimensiones entre 656 adolescentes y jóvenes de ocho comunidades colombianas.
¿Qué implica para Colombia mejorar la educación integral en sexualidad?
Fortalecer la educación integral en sexualidad podría contribuir a mejorar el conocimiento sobre embarazo, prevención, derechos sexuales y reproductivos y autocuidado. Los resultados del IPD sugieren efectos positivos, aunque la implementación de estos programas continúa siendo desigual en el país.

https://www.elcolombiano.com/colombia/educacion/educacion-sexual-integral-colombia-avances-adolescentes-jovenes-indice-poder-decidir-DD40520164

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El Salvador | Defensoras de DDHH y familiares de detenidos exigen investigar muertes y desapariciones bajo régimen de excepción

La defensora de derechos humanos Ivania Cruz exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador investigar las muertes de cientos de personas privadas de libertad en centros penales e identificar a los custodios involucrados en presuntos actos de tortura.

La denuncia coincide con los reclamos del Movimiento Madres por la Libertad y la plataforma Alerta Carlos El Salvador en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), donde exigieron verdad, justicia y pruebas de vida ante la falta de respuestas estatales.

Cruz, fundadora de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y exiliada por persecución política, indicó que la cifra de fallecidos en prisiones bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, asciende al menos a 547 según la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH). La plataforma señaló que «lo que es aún más alarmante es que el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad«.

Obstáculos institucionales y causas de muerte

La abogada detalló que presentó un escrito a Medicina Legal para conocer el registro exacto, los nombres y las causas de muerte de los reclusos, pero la institución respondió que la FGR debía autorizar el acceso. La petición ingresada al Ministerio Público permanece sin respuesta oficial hasta la fecha.

Al respecto, Cruz cuestionó: «La Fiscalía, que es el ente que debe buscar el tema de la verdad judicial, o incluso la verdad administrativa, debería tener entre sus compromisos decir: bueno, y si existen muertes dentro de centros penales y estas muertes no son naturales, ¿qué es lo que está pasando?».

Un informe de SJH de finales de enero señala que la violencia física encabeza las causas de muerte con cerca del 32 % de los casos. Las incidencias se concentran en prisiones que albergan a más de 92.480 detenidos sin condena, mientras que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) no reporta decesos.

Cruz afirmó que la FGR debería indagar el actuar de los custodios dentro del sistema penitenciario y aseveró: «Si de verdad existiera una Fiscalía que debería estar haciendo su trabajo, la misma Fiscalía estaría investigando cuáles son los custodios involucrados en las muertes de tantas personas, que también son ahora los nuevos pandilleros».

Añadió que «son asesinatos; tanto lo hacían las pandillas como lo hace ahora el Estado salvadoreño por medio de centros penales, por medio de estas supuestas autoridades». El régimen de excepción acumula 54 prórrogas y al menos 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos.

Denuncias de desapariciones forzadas

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Movimiento Madres por la Libertad exigió al Estado salvadoreño garantizar el derecho a la verdad y la reparación durante una concentración frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador.

La organización denunció que las detenciones sin información sobre la ubicación exacta dentro del sistema carcelario constituyen desapariciones desde la captura.

El movimiento señaló que «el régimen de excepción demuestra la ineficacia de las instituciones, la falta de independencia judicial y la ineptitud fiscal», alertando que la medida evidencia que «el Estado necesita suspender las garantías constitucionales de forma permanente para sostener la seguridad ciudadana mediante la represión».

Declararon la inocencia de sus familiares encarcelados y exigieron: «Este día exigimos saber dónde se encuentran nuestros hijos, hijas y familiares. Exigimos una prueba de vida y que se permita de inmediato la visita familiar, pues sus capturas fueron ejecutadas bajo el abuso y el autoritarismo oficial».

Eneida Abarca, fundadora de la iniciativa Alerta Carlos El Salvador, respaldó las demandas del movimiento y relató la desaparición de su hijo ocurrida el 1 de enero de 2022.

Abarca criticó la opacidad estatal al señalar: «La única institución encargada de dirigir la investigación del delito es la Fiscalía y la Policía. Ellos son los encargados de buscar y encontrar. Sin embargo, la cifra de cementerios clandestinos está en reserva, tanto la de desaparecidos como la de fosas. El Estado tiene todo bajo reserva«, y cuestionó: «¿Por qué tienen en reserva todas las fosas?, ¿por qué tienen en reserva todas las cifras de desaparecidos? ¿Qué está ocultando el Estado?«.

teleSUR

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Reinventar las ciudades en clave social

Por Sergio Ferrari

Los centros urbanos en todo el mundo son a la vez causa y víctima de la crisis climática-ecológica global. A pesar de ello, podrían convertirse en portadores de soluciones significativas.

Con estas premisas, seis organizaciones de la sociedad civil europea participaron en un proyecto internacional para conceptualizar y proyectar de forma sostenible la transición hacia ciudades resilientes ante el cambio climático. Para lo cual, afirman, es imprescindible no solo buscar soluciones técnicas sino, fundamentalmente, apostar a un cambio radical en la forma de entender la economía, el bienestar social y la participación democrática.

Tras dos años de estudio cooperativo, el Transnational Institute (TNI) y el Commons Network de Ámsterdam, Países Bajos; Oikos de Gante, Bélgica; FUHEM de Madrid, España; NaZemi de Brno, Chequia, y el Institut za političku ekologiju (IPE) de Zagreb (Croacia), acaban de publicar sus conclusiones en el Manual Ciudades más allá del crecimiento (Cities Beyond Growth, en inglés), una guía pedagógica para repensar la vida en los grandes centros urbanos desde la perspectiva del “poscrecimiento”.

Resultante de la consulta y el intercambio con 1.700 ciudadanos en 100 países, esta perspectiva presupone la participación activa de comunidades y gobiernos locales en un proceso que los convierta gradualmente en agentes de transiciones inclusivas y democráticas y hacia una economía “poscrecentista”.

Punto de partida y de llegada del estudio apoyado también por el programa educativo europeo Erasmus+, la hipótesis de trabajo de que “los modelos económicos orientados al crecimiento ya no son sostenibles desde el punto de vista ecológico, ni social, ni político”. Y como principal corolario, que cualquier economía que aspire a proporcionar condiciones de vida dignas a las generaciones presentes y futuras debe ir más allá del crecimiento como lógica organizadora del desarrollo urbano y avanzar hacia una economía de poscrecimiento basada en el bienestar, la suficiencia y la autodeterminación democrática.  (https://www.tni.org/es/publicacion/cities-beyond-growth-manual)

Los dos rostros urbanos

Es en las ciudades donde se concentran las mayores emisiones de carbono y las más graves desigualdades sociales, y es en ellas donde se genera la mayor cantidad de cruciales decisiones políticas que impactan el destino de centenares de millones de personas. Las estadísticas lo confirman: las 1.000 ciudades más grandes concentran más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) del planeta, generando aproximadamente el 70% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂), ese gas tan nocivo que atrapa calor en la atmósfera y genera cambios climáticos perjudiciales.

Según un reciente informe de ONU-Habitat, agencia de Naciones Unidas dedicada a promover el desarrollo urbano, cerca de 3.400 millones de personas carecen en la actualidad de acceso a viviendas seguras, protegidas y adecuadas, incluyendo más de 1.000 millones de personas que viven en asentamientos informales y barrios marginales en condiciones muy difíciles. Entre las cuales la inestabilidad de la tenencia de sus lotes, el hacinamiento, la exposición a riesgos medioambientales y el acceso limitado a servicios básicos (https://onu-habitat.org/index.php/reporte-mundial-de-ciudades-2026).

También es en las ciudades donde se experimenta más densa y tangiblemente las consecuencias del crecimiento: contaminación, desigualdad, segregación espacial y exceso de trabajo, así como el impacto amplificado de fenómenos climáticos extremos, como voraces olas de calor e inundaciones.

Sin embargo, las ciudades continúan siendo los espacios naturales donde se organiza la comunidad humana, donde los esfuerzos cooperativos construyen alternativas y los gobiernos locales a menudo pueden actuar con mayor eficacia y rapidez que los propios Estados nacionales. Y por esta razón, coinciden los participantes del proyecto, las ciudades representan el escenario más prometedor para un cambio transformador. Siempre y cuando –valga la salvedad— sus habitantes apuesten a un cambio radical en la manera de entender y vivir la economía, el cuidado social y la participación democrática.

Ciudades del futuro

El mayor problema con el concepto de “crecimiento”, señala el proyecto Ciudades más allá del crecimiento, es que hasta ahora el indicador de referencia considera la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) como el principal índice de éxito, aun cuando el mismo nunca se diseñó con perspectivas de progreso social para todos por igual y menos aún con la salud ambiental en mente.

A pesar de esta deficiencia intrínseca, los Estados han adoptado el PBI como concepto directriz fundamental. Lo que sí ha logrado el imperio del PIB ha sido crear una brecha cada vez mayor entre la denominada “salud de las economías” y la experiencia real de los ciudadanos de esas sociedades. Paradójicamente, muchas veces el PIB aumenta a causa de vertidos de petróleo, deforestación e inundaciones, o cuando las fábricas despiden a sus trabajadores y los accionistas embolsan los beneficios.

Los participantes del proyecto coinciden en que este modelo produce “crisis ecosociales” toda vez que posibilita “la convergencia de colapsos ecológicos, sociales y políticos que tienen su origen en el capitalismo”. Esta correlación entre “crecimiento” y deterioro de la salud de la comunidad humana salta a la vista, por ejemplo, cuando se considera que el 10% de los europeos con mayores ingresos genera más emisiones de gases de efecto invernadero que el 50% más pobre. De ninguna manera “fallos técnicos susceptibles de soluciones técnicas”, afirman enfáticamente las seis ONG que propiciaron el proyecto, sino lo que aquí está en juego son las “tendencias estructurales de una economía dependiente del crecimiento” económico como un fin en sí mismo sin tener en cuenta otras dimensiones clave en la vida, como el trabajo de cuidados no remunerados o el funcionamiento adecuado de los ecosistemas.

Alternativas posibles

La cuestión clave que resulta del proyecto es ¿cómo hacer que la economía sea un facilitador del tipo de vida que la gente quiere tener y del tipo de planeta que se quiere legar a las generaciones futuras?

La consulta promovida por las seis ONG europeas identifica el “poscrecimiento” como la mejor respuesta-opción. Un cambio de rumbo que implica alejarse de la expansión infinita de la producción y el consumo de bienes materiales para reorientarse hacia el bienestar sostenido de las personas y el planeta. Se trata de “decidir deliberadamente qué actividades económicas deben expandirse (como cooperativas de energías renovables, sistemas alimentarios comunitarios, servicios públicos, cuidados) y cuáles deben reducirse (combustibles fósiles, especulación inmobiliaria, agricultura industrial, publicidad)”.

Por otra parte, y no menos importante, esta transición debe ser justa, a todo nivel superadora de los periodos anteriores de transformación económica, que concentraron repetidamente el costo del crecimiento en los más vulnerables. No negociable: el “poscrecimiento” se niega a repetir ese patrón histórico.

Marcos conceptuales del proyecto

Varios son los marcos conceptuales que las seis ONG involucradas en este proyecto tuvieron en cuenta. De ninguna manera conceptos enfrentados, sino representativos de perspectivas complementarias. Y debidamente armonizados, base de partida para una convicción común de que el crecimiento económico no es, necesariamente, sinónimo de progreso social. Además, que el diseño de economías en torno a un verdadero desarrollo humano y ecológico es algo tan necesario como factible.

El decrecimiento, que apunta explícitamente a reducir los sectores más perjudiciales de la economía (como el consumo de energía y de bienes materiales) e invertir más en lo que es vital para la vida humana. La economía del bienestar, que le da prioridad absoluta al bienestar humano y ecológico antes que al PBI y que siempre tiene en cuenta los limites planetarios por encima de los apetitos individuales y corporativos. La economía del donut o rosquilla, una forma espacial y visual que representa en un mapa hasta qué punto una ciudad o un país satisface simultáneamente las necesidades sociales de sus residentes -el anillo interior- y se mantiene dentro de los límites planetarios -el anillo exterior. Y la economía de estado estacionario, arraigada en la tradición de la economía ecológica, que sostiene que la economía debe estabilizar su flujo de energía y materiales dentro de los límites regenerativos y asimilativos de los ecosistemas para lograr un desarrollo cualitativo sin expansión cuantitativa. El consenso fundamental es la convicción de que el crecimiento no es sinónimo de progreso social, y de que diseñar explícitamente economías en torno al florecimiento humano y ecológico es tan necesario como factible.

La suficiencia como concepto rector

Un principio esencial en esta búsqueda de alternativas es el de “suficiencia”, en virtud del cual ya no se maximiza la producción y el consumo, sino que se procura garantizar lo suficiente. Suficiente energía para que la comunidad pueda protegerse del frío o del calor extremos; suficiente alimento para una buena nutrición; suficiente vivienda para vivir con dignidad; suficiente tiempo para cuidarnos mutuamente.

A diferencia del concepto de “eficiencia”, que comúnmente implica reducción del consumo individual al punto de austeridad o privación, el de suficiencia propone reducir el consumo a nivel del sistema en su totalidad teniendo en cuenta, y responsablemente, los límites de la energía planetaria.

Este cambio de dirección propuesto por las seis ONG, también favorece una manera alternativa y más responsable de responder a dos preguntas inevitables: cuánto es suficiente, y para quién. En el caso hipotético de la población de las ciudades europeas, por ejemplo, una economía de suficiencia energética significaría más seguridad, más tiempo disponible y para compartir. Y si alguien tiene que reducir, sin duda se trata de los estratos superiores de consumo.

Técnicamente hablando, concluyen consensualmente las organizaciones que participaron en este proyecto, una intervención en clave de poscrecimiento ralentiza, reduce y reconstituye los flujos materiales de la urbanización. En términos políticos, dicha intervención procura articular las políticas anticapitalistas o poscapitalistas necesarias para alcanzar ese objetivo. Ambas dimensiones son necesarias y complementarias.

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México llevará educación emocional a las aulas ante riesgos de violencia entre los jóvenes

El Gobierno mexicano puso en marcha este lunes una estrategia nacional de educación emocional para adolescentes, con una hora semanal dedicada al bienestar socioemocional y 16 millones de guías para estudiantes, familias y docentes, en medio de la preocupación por episodios de violencia escolar y los riesgos que enfrentan los jóvenes en los entornos digitales.

El programa ‘ABC de las emociones’ está dirigido principalmente a jóvenes de entre 14 y 18 años y tendrá presencia en escuelas de todo el país, explicó Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

“Queremos tener un enfoque preventivo, comunitario y que llegue a todo el país”, afirmó la funcionaria, quien señaló que el objetivo es fortalecer la comunicación y la convivencia tanto en las escuelas como en las familias.

La estrategia distribuirá 7,5 millones de guías para estudiantes, otros 7,5 millones para sus familias y un millón para docentes, con información para reconocer emociones, detectar cuándo es necesario pedir ayuda y abordar la relación con las tecnologías.

Los alumnos de tercero de secundaria y de todo el bachillerato dedicarán una hora semanal a la formación socioemocional y, entre octubre y diciembre, se celebrarán asambleas con madres, padres y cuidadores en escuelas del país.

México llevará educación emocional a las aulas ante riesgos de violencia entre los jóvenes

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Bukele promete el 8% del PIB para educación en medio de críticas por la militarización y redadas policiales en las escuelas

El anuncio de 3.000 millones de dólares anuales en educación busca cautivar al electorado joven entre dudas sobre su viabilidad financiera y señalamientos de represión contra los estudiantes.

Nayib Bukele se dio un baño de masas frente a unos 30.000 estudiantes de secundaria en El Salvador para anunciar su nueva política en educación. El presidente prometió que su Gobierno repartirá 50.000 becas e invertirá 3.000 millones de dólares anuales en educación, una cifra equivalente al 8% del PIB y a casi un tercio del presupuesto del país centroamericano. La magnitud del anuncio, sin embargo, contrasta con las dudas sobre su viabilidad financiera y con el momento político en que ocurre, a seis meses de las elecciones generales. “Déjenme verlos bien, porque este es el día que cambia a El Salvador. Dentro de varias décadas verán este video y dirán: ‘Ahí fue cuando El Salvador empezó a salir adelante’”, exclamó Bukele.

El acto se da en medio de una campaña impulsada por el Ejecutivo para que los estudiantes a punto de cumplir la mayoría de edad se inscriban en el padrón electoral y participen en las elecciones generales de febrero de 2027, en las que Bukele busca asegurar un tercer mandato. La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó hace un año la reforma constitucional que abrió la puerta a la reelección indefinida. En junio pasado, Nuevas Ideas, el partido de Bukele, oficializó la candidatura para un tercer período que le permitiría a Bukele sumar 14 años en el poder. La cruzada de empadronamiento, anunciada en marzo pasado por la ministra de Educación, Karla Trigueros, vence el próximo 31 de agosto. Por los críticos del mandatario, el ofrecimiento se parece más a un potente arranque de un plan electoral que a una respuesta estructural a la crisis de la enseñanza.

El sistema educativo salvadoreño atraviesa una profunda crisis. Un informe elaborado por el propio Gobierno en el marco de la búsqueda de financiamiento para las becas, muestra que en 2026, de cada 100 niños que comienzan la primaria solo 56 terminan el noveno grado. De ellos, apenas 43 finalizan el bachillerato, una cifra muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (65%). De ese total, catorce ingresan a la universidad y solo doce consiguen graduarse.

Sin embargo, la falta de cobertura no es el único obstáculo. En las pruebas PISA de 2022, que miden el rendimiento de estudiantes de 15 años en 147 países y territorios en matemáticas, lectura y ciencias, El Salvador se ubicó entre los 20 peores desempeñados globalmente. El 89% de los alumnos salvadoreños registró un bajo rendimiento en matemáticas, una cifra que se elevó al 98% entre los estudiantes de menores ingresos. El diagnóstico reveló además que el 70% de los alumnos reportó ansiedad ante los problemas numéricos.

Las deficiencias en la infraestructura y la cobertura en el territorio completan el cuadro: según reportes de prensa, para 2025 había 143.378 niños fuera del sistema escolar; la deserción aumentó un 3%; un 10% de las 5.000 escuelas públicas del país se ubicaba en zonas de alto riesgo y el 30% carecía de internet o electricidad. Las becas promisorias, por tanto, solo atienden una fracción del problema.

“Las becas siempre son necesarias en un país con tanta necesidad. Pero se da el caso de que, desde principios de este año, a todos los maestros de bachillerato público se les ha pedido impulsar la inscripción de los jóvenes en el padrón electoral y generar listados para que les emitan el documento más rápido y así puedan votar en febrero del próximo año. Eso da la impresión de que este anuncio, hecho justo ahora, responde más a un fin electorero”, afirma Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO).

El dirigente sindical sostiene además que el programa de modernización del Gobierno —que promete entregar una computadora con asistente de Inteligencia Artificial a cada estudiante desde primer grado— no está rindiendo los frutos proyectados por el Ejecutivo. “Algunos alumnos sí usan la tecnología para estudiar, pero en muchos casos se están volviendo adictos al uso de la computadora para jugar”, señala.

No obstante, Zelada reconoce avances en el programa ‘Dos escuelas por día’, orientado a la infraestructura. “Ahora tenemos escuelas bonitas, retocadas, con espacios mejor diseñados. Venimos de una situación donde la escuela pública parecía una granja para pollos. Lo único que nos afecta es que, por las obras de remodelación, los alumnos pasan meses en clases virtuales”, matiza.

Una promesa sin respaldo presupuestario

Respecto al compromiso de invertir 3.000 millones de dólares anuales, Zelada considera que cumplirlo requerirá un “milagro económico”. “Eso equivaldría a duplicar los 1.641 millones asignados a la cartera de Educación en 2026, sin que el Gobierno haya reportado nuevos ingresos que lo sustenten”, advierte.

El Presupuesto General de la Nación para 2026 ascendió a 10.555 millones de dólares, de los cuales un 28.4% se destina a Educación (un 4.1% del PIB). Pese a ello, la asfixia financiera ahoga a la educación superior pública. La Universidad de El Salvador (UES) ha denunciado de forma reiterada la falta de fondos para cubrir servicios básicos como agua, luz e internet. Para 2026, la institución solicitó 367 millones de dólares, pero solo le fueron asignados 116.5 millones.

“Vamos a pasar a una inversión de más de 3.000 millones de dólares al año, el triple de lo que invertían gobiernos anteriores, el equivalente a más del 8% del PIB: el país que más invierte en educación de Latinoamérica”, prometió Bukele durante el acto escolar. Costa Rica, sin embargo, tiene en sus leyes una inversión similar. El mandatario aseguró esa misma tarde que su Gobierno publicaría el desglose detallado del presupuesto. “Y esto lo va a poder medir cualquier opositor, cualquier periodista, cualquier curioso”, aseveró. Cinco días después, ninguna institución ha hecho pública la información. Este periódico solicitó el desglose a la Presidencia, al Ministerio de Educación y a la Dirección de Integración —entidad encargada de administrar los subsidios—, sin obtener respuesta.

El único ingreso adicional reportado por el Ejecutivo para este rubro es un préstamo de 100 millones de dólares aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a inicios de año para apalancar el programa de becas. No obstante, el contrato del crédito fija un plazo de pago de 23 años y contempla el financiamiento de 60.000 becas distribuidas en cinco años. “Estas 50.000 becas son para este año, pero el otro vienen más y más, hasta que todos los jóvenes salvadoreños tengan la oportunidad de estudiar”, prometió el presidente.

Una fuente interna de la Dirección de Integración, que solicitó el anonimato, aclara que las primeras 50.000 becas se comenzarán a entregar en 2027. Según la fuente, la meta se alcanzará sumando tres vías: 14.000 becarios que ya forman parte de programas estatales, 26.000 financiados con el crédito del BID y otros 10.000 gestionados por la Cancillería. El proyecto del BID, sin embargo, solo prevé 12.000 becas para su primer año de ejecución y estima que la medida elevaría la tasa de graduación universitaria apenas del 14% al 16%.

Militarización y redadas en las escuelas

Mientras promete las puertas abiertas de la universidad, el Gobierno ha trasladado a los centros escolares la política de mano dura que caracteriza su gestión: militarización y control policial. En el último año, Bukele nombró al frente del Ministerio de Educación a Karla Trigueros, una militar de carrera, eliminó los contenidos de equidad de género, impuso un régimen disciplinario de corte castrense y avaló incursiones policiales en institutos que han derivado en la detención de decenas de estudiantes.

Entre sus primeras medidas, la ministra Trigueros estableció normas de disciplina militar: cabello corto, uniforme impecable y la obligatoriedad de modales estrictos. “También se impuso un sistema de faltas: si un joven acumula 15 faltas en un año, reprueba de inmediato, independientemente de sus calificaciones”, explica Zelada.

Aunque la desarticulación de las pandillas ha reducido los niveles de violencia en el entorno escolar, el régimen de excepción vigente ha llevado la persecución penal dentro de las aulas. En los últimos cuatro años, las autoridades han capturado a más de 90 alumnos bajo acusaciones de agrupaciones ilícitas o desórdenes públicos.

En junio de 2025, la Fiscalía y la Policía realizaron redadas simultáneas en cuatro institutos de bachillerato y arrestaron a 48 estudiantes (34 adultos y 14 menores), señalados de intentar conformar una nueva estructura criminal llamada “La Raza”. Como evidencia, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, difundió en redes sociales fotografías de cuadernos escolares con dibujos alusivos a maras.

El sindicato SIMEDUCO advierte que las facultades otorgadas a policías y soldados dentro de las escuelas han derivado en excesos. “A principios de año, agentes policiales ingresaron a un centro escolar y, al ver a unos estudiantes con los cordones de los tenis desamarrados, les dijeron que esa era una estética pandillera, se los quitaron y los dejaron descalzos”, denuncia Zelada. “Ahora la Policía puede entrar a cualquier aula a revisar mochilas, teléfonos o inspeccionar el corte de cabello”, afirma el sindicalista. Y agrega: “El estudiante va a clases con temor, y el miedo termina afectando directamente la calidad del aprendizaje”.

https://elpais.com/america/2026-08-29/bukele-promete-el-8-del-pib-para-educacion-en-medio-de-criticas-por-la-militarizacion-y-redadas-policiales-en-las-escuelas.html

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