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Aceleremos el progreso educativo

Por: Felipe Calderón

Enfrentamos retos formidables. La población mundial aumentará en más de 2 mil millones de personas hacia 2050 y debemos ser capaces de garantizar mejores condiciones de vida para más personas, particularmente en los países en vías de desarrollo. Es urgente proporcionar educación adecuada para que las nuevas generaciones puedan integrarse a mercados en vertiginosa transformación. Además, la automatización y los cambios tecnológicos pueden dificultar aún más el encontrar trabajo para aquellos trabajadores poco calificados.

Sin embargo, a nivel global, los recursos destinados a la educación son insuficientes: hay países en América Latina y África que están invirtiendo menos del 3% de su PIB en educación pública, cuando el promedio en países de altos ingresos ronda el 5%. Incluso cuando hay voluntad para invertir en educación, dichas inversiones han sido, en muchos casos, mal dirigidas e ineficientes. Esto se debe a que las políticas educativas han fallado en identificar claramente cuáles son los resultados deseados y dar los pasos adecuadas para llegar a ellos. Por ejemplo, frecuentemente se ha priorizado la expansión de la cobertura educativa a costa del aprendizaje mismo.

Particularmente, en América Latina, de los 111 millones de niños y adolescentes en edad escolar, 14 millones no asistían a la escuela, de acuerdo con datos de 2014. Adicionalmente, hay niños y jóvenes que, aunque asisten a la escuela, no aprenden a leer adecuadamente o a hacer operaciones matemáticas básicas, limitando severamente sus oportunidades.

No obstante, hay que reconocer el esfuerzo que estamos haciendo y los avances reales que América Latina ha logrado en décadas recientes. De acuerdo con la UNESCO, en 2014, en nuestra región invertimos en promedio 5% del PIB regional en educación, un aumento de 25% respecto a lo que se invertía en el 2000. Este porcentaje nos coloca, como región, a la par de varios países industrializados.Además, hoy en día, 8 de cada 10 niños en América Latina y el Caribe tienen acceso a la educación infantil y la mayoría de los niños están matriculados en la escuela primaria.

En varios países de la región, hay políticas públicas que pueden servir como ejemplo para otros países del mundo en desarrollo. En Brasil – uno de los países con logros importantes en materia de educación en América Latina – hay evidencia de que las niñas de escasos recursos que participaron en programas comunitarios de educación preescolar tienen el doble de probabilidad de alcanzar el quinto grado de educación primaria y tres veces más probabilidades de alcanzar el octavo grado en relación a sus pares que no asistieron a dichos programas. En México, las inversiones en educación superior de bajo costo han creado oportunidades educativas para jóvenes, aumentando la permanencia escolar; en paralelo, han favorecido una mayor disponibilidad de ingenieros y técnicos, impulsando la competitividad de industrias como la automotriz. Asimismo, con el programa social Oportunidades, logramos cerrar las brechas de género en educación primaria, secundaria y media superior. Más recientemente, hay que destacar el encomiable esfuerzo de distintas fuerzas políticas en México para mejorar la calidad de la educación.

Si queremos garantizar el derecho a la educación para todos nuestros niños, este es el momento de poner el pie en el acelerador; América Latina podría ser quien señale el camino en la dirección correcta. Nuestros países – junto a la comunidad internacional – se han comprometido a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sustentables (ODS) “Educación Inclusiva y de Calidad para Todos”, promovido por la ONU, para el 2030. Si los países latinoamericanos se unen al esfuerzo común para alcanzar una educación inclusiva y de calidad para todos, estaríamos contribuyendo directamente al progreso en todos los otros Objetivos de Desarrollo Sustentable, tanto en nuestra región como a nivel global.

Un informe reciente de la Comisión Internacional para el Financiamiento de Oportunidades Educativas Globales, de la cual tengo el honor de ser Comisionado, nos muestra que tenemos una gran oportunidad frente a nosotros: si todos los países logran acelerar las tasas de progreso educativo –en términos de cobertura y aprendizaje de habilidades básicas, a través de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria– hacia los niveles alcanzados por el 25% de países que están avanzando más rápidamente , lograremos que todos los niños de países en desarrollo tengan acceso a educación de calidad para el 2030.

Con este fin, la Comisión ha presentado un plan para aumentar gradualmente las inversiones globales en educación, con la meta de pasar de un total global de $1.2 billones de dólares actuales a $3 billones de dólares por año hacia 2030. En principio, los gobiernos de países en desarrollo deberán comprometerse a aumentar el financiamiento a la educación y a emprender reformas para hacer que el gasto educativo sea más eficiente y eficaz. Dichas reformas promoverán que las políticas educativas estén enfocadas a obtener los resultados adecuados, promover la inclusión de los grupos más desaventajados e innovar para mejorar la calidad de la educación.

A cambio, la Comisión plantea un acuerdo para desencadenar apoyo de la comunidad internacional dirigido a quienes asuman el compromiso anteriormente mencionado. En términos concretos, esto se logrará a través de una propuesta transformadora: un Mecanismo Internacional de Financiamiento para la Educación, el cual nacería a partir de una alianza entre el Banco Mundial, bancos regionales de desarrollo y países donantes. Esta plataforma no solo buscaría coordinar y armonizar la acción de los bancos multilaterales, sino que también tiene el objetivo de atraer capital privado para incentivar la participación de la banca de desarrollo.

La evidencia está de nuestra parte: invertir en educación es invertir en mejores oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas. Educar a una niña es el camino más seguro para reducir la mortalidad infantil. En países en desarrollo, reducir a la mitad el subsidio a los combustibles fósiles e invertir la mitad de ese ahorro en educación redundaría en un beneficio neto de $3 mil millones de dólares para el 20% más pobre de cada país. Asimismo, la creatividad y la innovación estimulan soluciones sustentables para resolver problemas locales, como expandir el acceso a la energía y al agua potable. La educación es una de las principales herramientas para formar ciudadanos comprometidos con las instituciones de sus países y los valores democráticos que fundamentan la vida en sociedad.

Por si fuera poco, hay evidencia adicional acerca de los beneficios económicos de invertir mejor en educación. El análisis de la Comisión arroja que, en países en desarrollo, cada dólar invertido en un año adicional de escolaridad genera 10 dólares en beneficios. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación ayuda a desacelerar las presiones migratorias y a activar el crecimiento económico.

Por ello, los miembros de la Comisión pedimos al Grupo de los 20 -con Argentina, Brasil y México como miembros clave- que apoyen este plan. En este momento en el que los líderes se preparan para sus reuniones en Hamburgo, Alemania, pedimos que los países latinoamericanos lleven consigo las mejores prácticas de nuestra región, junto con el compromiso firme de mejorar nuestros propios estándares educativos de acceso, calidad y aprendizaje.

Poner en marcha el plan de la Comisión nos acercaría a lograr los Objetivos de Desarrollo Sustentable e ilustraría todo lo que puede ser alcanzado a través de la cooperación internacional, contrarrestando a las voces que, irresponsablemente, llaman al aislacionismo.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/05/27/opinion/1495900896_739206.html

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Normas Uniformes. ONU. Discapacidad

Por: Juan Kujawa Haimovici

Uno de los principales resultados del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (término utilizado para la época), fue la aprobación por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993 de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Aunque no se trata de un instrumento jurídicamente vinculante, las Normas Uniformes representan el firme compromiso moral y político de los gobiernos respecto de la adopción de medidas encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Las Normas son un instrumento para la formulación de políticas y sirven de base para la cooperación técnica y económica. De allí la importancia de las Normas ISO, Covenin (1970) y Fondonorma, (2004), en nuestro país.

Las Normas Uniformes consisten en 22 normas que resumen el mensaje del Programa de Acción Mundial e incorporan la perspectiva de derechos humanos que se ha desarrollado a lo largo del decenio. Las 22 normas relativas a las personas con discapacidad están divididas en cuatro capítulos -requisitos para la igualdad de participación, esferas previstas para la igualdad de participación, medidas de ejecución y mecanismo de supervisión- y abarcan todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad.

La finalidad de estas normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás. Por logro de la igualdad de oportunidades se entiende el proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las personas con discapacidad.

El principio de la igualdad de derechos significa que las necesidades de cada persona tienen igual importancia, que esas necesidades deben constituir la base de la planificación de las sociedades y que todos los recursos han de emplearse de manera de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación.

La finalidad de estas normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás: Igualdad de oportunidades.

Hacia fines del decenio de 1960, las organizaciones de personas con discapacidad que funcionaban en algunos países empezaron a formular un nuevo concepto de la discapacidad.  En él se reflejaba la estrecha relación existente entre las limitaciones que experimentaban esas personas, el diseño y la estructura de su entorno y la actitud de la población en general.

Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos a la participación en el entorno físico.  Dichas medidas pueden consistir en elaborar normas y directrices y en estudiar la posibilidad de promulgar leyes que aseguren el acceso a diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo, en lo que se refiere a las viviendas, escuelas, hospitales, los edificios, los servicios de transporte público y otros medios de transporte, las calles y otros lugares al aire libre.

Debe consultarse a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se elaboren normas y disposiciones para asegurar el acceso.  Dichas organizaciones deben asimismo participar en el plano local, desde la etapa de planificación inicial, cuando se diseñen los proyectos de obras públicas, a fin de garantizar al máximo las posibilidades de acceso.

Los ingenieros y arquitectos, así como otros profesionales vinculados a la temática, deben conocer y aplicar estas normas antes señaladas, y las universidades incluir en sus pénsum de estudios contenidos acerca de la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno físico, ya que esta es determinante para su inclusión social, educativa y laboral, entre otras.

No hay inclusión posible, sin accesibilidad prevista en el entorno social. En contrario es excluyente y discriminatorio.

Fuente: http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/normas-uniformes-onu-discapacidad_655849

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Libro: Adolescent Girls in Disaster & Conflict

Adolescent Girls in Disaster & Conflict

Interventions for Improving Access to Sexual and Reproductive Health Services

No. of pages: 88

Publication date: August 2016

Author: UNFPA

Publisher: UNFPA

Resumen: Millones de niñas y adolescentes necesitan ayuda humanitaria. Una crisis agrava su vulnerabilidad a la violencia de género, el embarazo no deseado, la infección por el VIH, la muerte materna y la discapacidad, el matrimonio forzoso y temprano, la violación, la trata y la explotación y el abuso sexual. En las emergencias, las niñas adolescentes necesitan una programación adaptada para aumentar su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, y protegerlos de la violencia de género. Desde espacios seguros hasta clínicas móviles hasta la participación de los jóvenes, el FNUAP utiliza diferentes enfoques para llegar a las adolescentes desplazadas, desarraigadas y afectadas por la crisis en un momento crítico en sus vidas jóvenes. Esta publicación presenta nuevos estudios de casos sobre el acceso de las niñas adolescentes en situaciones humanitarias a través de programas en Malawi, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Somalia.

Millions of adolescent girls are in need of humanitarian assistance. A crisis heightens their vulnerability to gender-based violence, unwanted pregnancy, HIV infection, maternal death and disability, early and forced marriage, rape, trafficking, and sexual exploitation and abuse. In emergencies, adolescent girls need tailored programming to increase their access to sexual and reproductive health services, including family planning, and to protect them from gender-based violence.

From safe spaces to mobile clinics to youth participation, UNFPA uses different approaches to reach displaced, uprooted and crisis-affected adolescent girls at a critical time in their young lives. This publication features new case studies on reaching adolescent girls in humanitarian situations from programmes in Malawi, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, the Philippines and Somalia.

Fuente: http://www.unfpa.org/publications/adolescent-girls-disaster-conflict

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Alicia Bárcena, CEPAL: Los niños, niñas y adolescentes siguen siendo la población más vulnerable a la pobreza y la desigualdad en la región

Junio de 2017/Fuente: CEPAL

En la inauguración de un seminario, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó el Sistema de Información de Estadísticas de Niñez y Adolescencia (SIENA) desarrollado por Chile para monitorear la situación de este grupo en el país.

Los niños, niñas y adolescentes siguen siendo la población más vulnerable a la pobreza y la desigualdad en la región, dijo hoy la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, quien destacó el desarrollo, por parte de Chile, del Sistema de Información de Estadísticas de Niñez y Adolescencia, SIENA, el que describió como un aporte, que puede transformarse en un ejemplo para otros países.

Alicia Bárcena y María Estela Ortiz, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia de Chile, inauguraron este viernes 9 de junio un evento en la sede de la CEPAL en Santiago, donde se presentó SIENA ante expertos locales e internacionales.

“Todos los niños y niñas nacen con los mismos derechos inalienables, sin embargo, no todos logran ejercerlos, ya que su goce efectivo está muy condicionado por su lugar de nacimiento, la situación socioeconómica de sus familias, su sexo, su condición étnico-racial, su situación de discapacidad y otros factores”, tema abordado en profundidad en el recién lanzado informe Panorama Social de América Latina 2016 de la CEPAL, apuntó Bárcena.

En las últimas décadas, señaló la alta representante de las Naciones Unidas, la región ha logrado avances importantes en indicadores clave para el bienestar de este grupo de la población, como mortalidad infantil, desnutrición crónica y acceso a la educación; no obstante, aún los niños, niñas y adolescentes están sobrerrepresentados en los quintiles de menores ingresos, persiste el trabajo infantil y son frecuentes víctimas de violencia, enfatizó.

María Estela Ortiz reconoció, por su parte, que uno de los desafíos fundamentales de Chile es el fortalecimiento de sus sistemas estadísticos para el diseño de políticas públicas de calidad, que promuevan un cambio cultural y consideren a los niños y niñas como sujetos de derechos. En este contexto, dijo, “SIENA tiene por objetivo visibilizar la situación de los niños, niñas y adolescentes de Chile, a través del monitoreo de indicadores que dan cuenta del ejercicio de sus derechos”.

SIENA entrega información disponible en bases de datos generadas principales por organismos estatales, entre ellos, los ministerios de Desarrollo Social y de Salud, la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Instituto Nacional de la Juventud y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, entre otros.

Durante su intervención, Ortiz planteó la necesidad de cambiar la relación del Estado con los niños y niñas, y avanzar hacia un enfoque de políticas sociales universales que garanticen los derechos de las personas durante todo el ciclo de vida.

Para Bárcena, romper el silencio estadístico en torno a la situación de la población infantil es crucial construir sistemas de protección integral, que estén en línea con los desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. “Estamos en un punto de inflexión. El momento es ahora. La urgencia es hoy”, concluyó.

Fuente: http://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-ninos-ninas-adolescentes-siguen-siendo-la-poblacion-mas-vulnerable-la

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Salud infantil puede afectarse por planes de ajuste del FMI

Junio de 2017/Fuente: Estrategia y Negocio

Los programas de austeridad del FMI en los países pobres pueden afectar la capacidad de algunas familias de garantizar la buena salud de sus hijos, concluyó un estudio científico publicado el lunes.

Realizado por seis académicos, el estudio publicado en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS) de Estados Unidos se suma a una amplia literatura que hurga en los posibles efectos perjudiciales de la ortodoxia fiscal promovida por el Fondo Monetario Internacional en los países del sur.

Compilando los datos recogidos en 67 países en la década de 2000, el estudio rechaza las hipótesis de una «relación directa» entre un deterioro de los indicadores de salud y los planes del FMI, que da préstamos a los Estados a cambio de programas de saneamiento de sus finanzas públicas.

Pero el estudio identifica, sin embargo, los «efectos contradictorios» que la acción del Fondo tendría en la salud de los niños.

«Las intervenciones del FMI buscan incrementar la estabilidad económica, lo que conlleva efectos benéficos para la población. Pero, al mismo tiempo, las medidas de ajuste impuestas por el FMI disminuyen los efectos protectores de la educación de los padres en la salud infantil», escriben los autores, que enseñan en Cambridge y Oxford, en el Reino Unido.

Claramente, los hogares donde el jefe de familia tiene al menos un nivel de educación primaria están por lo general más en condiciones de satisfacer las necesidades de sus hijos en términos de acceso al agua, nutrición o vacunación.

Sin embargo, según el estudio, esta capacidad se reduce en los países bajo la asistencia del FMI, especialmente en las zonas rurales.

De acuerdo con los investigadores, la presencia de padres escolarizados reduce el riesgo de desnutrición infantil en 38% en tiempos normales, pero sólo 21% cuando el país es rescatado por el Fondo.

La diferencia reside en particular, según los investigadores, en los recortes del gasto público exigidos por el FMI que «comprimen los salarios» y provocan la pérdida de oportunidades de empleo, y el riesgo de reducir «la utilidad (…) de una educación básica» a la capacidad de los padres de garantizar mejor la salud de sus hijos.

De acuerdo con el estudio, los planes del FMI son en cambio beneficiosos en cuanto a que reducen el riesgo de que los niños se vean privados de una vivienda digna o del acceso a servicios de saneamiento, en el medio urbano.

Contactado por la AFP, el FMI aseguró que el estudio fracasa de «un modo muy claro» en establecer un vínculo de causalidad entre los planes de ayuda y la salud infantil.

«Nuestros análisis nos muestran que el gasto público en educación aumentó significativamente en los países de bajo ingreso que ejecutan programas apoyados por el FMI», dijo una portavoz del organismo en un correo electrónico a la AFP.

Fuente: http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1071448-330/salud-infantil-puede-afectarse-por-planes-de-ajuste-del-fmi

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La Unesco denuncia que la ayuda mundial a la educación lleva estancada desde 2010

11 Junio 2017/Fuente:El país /Autor: EFE

Resulta insuficiente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La Unesco vincula la inmigración y la crisis de refugiados en Europa con el estancamiento de la ayuda a la educación.

La ayuda a la educación en el mundo se encuentra estancada desde 2010, de acuerdo con un informe de la Unesco. Así, la ayuda resulta insuficiente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Además, el informe alerta de que con frecuencia estas acciones no se dirigen a los países más necesitados.

Las conclusiones del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) de la Unesco indican que las ayudas en educación se situaron en 12.000 millones de dólares en 2015, un 4% menos que en 2010, año en el que alcanzó su máximo histórico.

A pesar de la leve recuperación que estas cuantías han registrado desde el fuerte descenso derivado de la crisis financiera en 2012, el volumen sigue por debajo de los niveles de 2010, y resulta muy inferior a la cantidad necesaria para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

A partir del análisis de los datos publicados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, el informe de la Unesco revela que la ayuda a la educación básica (que incluye preescolar y primaria), así como a los programas de educación y alfabetización de adultos ascendió a 5.200 millones de dólares, 400 más respecto a los 4.800 de 2014, cantidad todavía un 6% inferior a la de 2010. Mientras, la ayuda a la educación secundaria alcanzó los 2.200 millones de dólares, un 19% del total, en este caso por encima del 12% que representaba en 2005. El informe vincula la inmigración y la crisis de refugiados en Europa con el estancamiento de la ayuda a la educación.

La directora general de la Unesco, Irina Bokova, ha señalado que, “para alcanzar nuestros objetivos comunes en materia de educación, necesitaríamos multiplicar la ayuda al menos por seis, y debería ir destinada a los países que más la necesitan. Sin embargo, observamos que los donantes en el ámbito de la educación están desviando su atención de los países más pobres”, ha informado la organización internacional.

Con frecuencia las ayudas no se dirigen a los países más necesitadosPor países, Estados Unidos y Reino Unido se mantienen como los dos mayores donantes de la educación básica, a pesar de que en el periodo 2014-2015 redujeron su asignación en un 11% y un 9%, respectivamente. Por el contrario, Noruega y Alemania incrementaron su asignación en un 50% y un 34% en cada caso. Con todo, la Unesco advierte de que las contribuciones no se distribuyen en función de las necesidades, ya que el África Subsahariana, donde vive la mitad de los niños sin escolarizar del mundo, recibe menos de la mitad de la ayuda a la educación básica que tenía en 2002.

Además, esta cantidad representa un 26% de la ayuda total a la educación básica, porcentaje apenas superior al 22% asignado a África Septentrional y Asia Occidental, donde sólo viven el 9% de los niños sin escolarizar. Así las cosas, el documento señala tres grandes propuestas para que los donantes vuelvan a dirigir su atención hacia la educación, y que pasan por la campaña de refinanciación de la Alianza Mundial para la Educación, la financiación adicional para los bancos de desarrollo y el fondo para “La Educación No Puede Esperar” creado en 2016.

Fuente de la noticia: http://www.20minutos.es/noticia/3060292/0/ayuda-mundial-educacion-estancada-desde-2010-unesco/

Fuente de la imagen: http://cdn.20m.es/img2/recortes/2012/01/09/44286-825-550.jpg

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CLADE: Entrevista a Marina Martins“Se debe entender que la educación de adultas/os no es una isla, sino que es producto del sistema educativo”

Por Marina Martins Gonzalez, para la CLADE

Ante la aproximación de la reunión de balance intermedio de la VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), que tendrá lugar en octubre en la República de Corea, divulgamos una serie de entrevistas a expertas/os en educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) de América Latina y el Caribe, con miras a discutir los avances y desafíos pendientes respecto a la garantía de esta modalidad educativa como un derecho humano en nuestra región.

En esta quinta entrega, entrevistamos a María del Carmen Lorenzatti, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y especialista en educación de personas jóvenes y adultas. En la ocasión, comenta entre otros retos para la realización de la EPJA como un derecho humano en el país: considerar que esta modalidad educativa es parte del sistema educativo, garantizando a la vez una formación específica para las y los docentes que actúan con personas jóvenes y adultas. “Es imprescindible pensar que la educación de adultas/os forma parte del sistema educativo, pero se diferencia del sistema, pues aborda la especificidad del sujeto adulto, que tiene un recorrido de vida, lo que le permitió construir conocimientos de manera diferente a la escolar”.

Lea la entrevista completa a continuación.

¿Cuáles son los avances y retrocesos registrados en materia de marcos legales, políticos e institucionales de la EPJA en su país, desde la CONFINTEA VI en Belém do Pará, Brasil?

En el post-CONFINTEA en Argentina, se ha producido un proceso interesante de avances en términos de regulaciones políticas. En la década de 90, sin embargo, la educación de adultas/os tenía un espacio muy residual, por ejemplo, en la Ley Federal de Educación la educación de personas jóvenes y adultas era considerada un régimen especial. Eso sumado a los recortes presupuestarios trajo como consecuencia la reducción, el cierre y la ausencia de programas específicos para la modalidad.

En cambio, a partir del 2006, con la Ley de Educación Nacional, comienza uno de los períodos más ricos en términos de políticas, definiciones y regulaciones en Argentina, en relación con la educación de adultas/os. Pasa a ser considerada como modalidad educativa, recuperando el sentido del término, lo que implica pensar en políticas de formación docente específicas, en currículos específicos, en sujetos con notas distintivas, con características, historias de vida y trayectoria socioeducativa particulares.

En este período, destaco como decisiones políticas fuertes la creación de la Dirección Nacional de Educación de Adultos y la constitución de la Mesa Federal de Educación de Jóvenes y Adultos, que es un órgano de consulta, donde se discuten las políticas. En esa mesa federal, que se compone por los directores de adultos de todas las provincias, se genera un espacio de discusión de las políticas específicas para la modalidad. Ese espacio generó una normativa, la Resolución 118/2010, con dos anexos, donde se definen las características de la modalidad y se trabaja sobre las cuestiones curriculares. Entonces, en términos regulatorios, yo diría que hubo un avance muy importante en Argentina en los últimos años, porque a esta regulación, sigue otra normativa en 2015 que garantiza la movilidad de los estudiantes adultos. Es decir, históricamente, un estudiante que vive en el norte de Argentina y viaja al centro o al sur del país, cuando llegaba a las escuelas de adultos para terminar su escolaridad, encontraba que no había nada regulado.

Y, por último, mencionaría la aprobación por parte del Ministerio de un trayecto formativo para docentes de EPJA, que se conoce aquí como “post-título”. Se trata del trayecto de una cantidad determinada de horas compuesto por 15 módulos, en que se aborda la historia de la educación de jóvenes y adultas/os en Argentina, el sujeto y el contexto comunitario, las cuestiones curriculares generales y específicas y la sistematización de la práctica docente. Esa formación está pensada como posterior a la carrera, una oferta para las y los docentes que están trabajando en EPJA.

Otra decisión importante fue el Plan Fines, el Plan de Finalización de los Estudios, que se implementa como respuesta a la obligatoriedad escolar, que sostiene la Ley de Educación Nacional, promulgada en el 2006. En esa ley, la escolaridad obligatoria llega hasta la finalización de los estudios secundarios. Desde la dirección de adultos, una primera reacción fue abrir puertas y canales para generar espacios donde los sujetos jóvenes y adultos que no terminaron la escolaridad en el momento de la edad correspondiente, puedan hacerlo en adultos.

Todo eso se refiere a la estructura normativa en Argentina hasta el 2015. En 2016, con el cambio de gobierno, cambiaron las estructuras y no se organizan las acciones por niveles o por modalidades. Hay un retroceso muy grande.

¿En su país, existen políticas y proyectos específicos que contribuyan al derecho a la EPJA que sean pertinente para grupos de población vulnerados?

Sí. La educación en contextos de encierro, por ejemplo, que por la ley se considera separada del campo de educación de personas jóvenes y adultas, tuvo un desarrollo nacional y provincial bastante fuerte. Se creó también un postítulo de formación docente y se desarrollaron líneas de apoyo a la educación en estos contextos.

En lo que corresponde a la educación intercultural bilingüe también hubo avances, pero creo que más focalizado en niños y niñas.

Hubo, asimismo, un fuerte apoyo desde la EPJA a los movimientos campesinos, que incluso participaban en el Plan Nacional de Alfabetización, que se implementa a partir de 2004. Éste, como todos los planes de alfabetización en Argentina, se desarrolla a partir de un convenio con organizaciones, escuelas e instituciones. Entonces, inicialmente hubo una apertura muy fuerte para atender la población del campo, pero después no se le ha dado seguimiento y no se ha garantizado formación específica.

¿Existen espacios de participación y consulta para la sociedad civil y los diferentes actores de la comunidad educativa, en especial educandos y educadores de la EPJA, sobre las políticas educativas de su país o localidad?

Decididamente no. Lo que hubo fue una cuestión muy estructural, que tuvo que ver con definiciones claras a nivel central, como la construcción de la Mesa Federal que ya mencioné.

En su país, los recursos del Estado y presupuestos asignados para garantizar la realización de la EPJA como derecho humano fundamental, ¿Son suficientes? ¿Se han incrementado? ¿La distribución de los recursos, contribuye a promover procesos de aprendizajes significativos?

Diría que hubo un incremento de recursos con relación a la década anterior. Eso se observa claramente a nivel nacional por los programas que te estoy contando. A nivel provincial también hubo un aumento del presupuesto, pero este todavía es insuficiente.

Diría que faltan recursos para el adecuado acompañamiento a las y los docentes, así como para la toma de decisiones y para la conformación de equipos técnicos. De hecho, la dirección de adultos en esta provincia tiene equipos técnicos de primaria, de secundaria, de esta modalidad a distancia, sin embargo sigue faltando presupuesto para los inspectores, para los supervisores, para hacer acompañamiento, para hacer formación docente. La formación siendo algo relegado en el marco de las políticas de financiamiento globales.

¿Qué recomendación específica haría a las autoridades de su país y a autoridades internacionales, para que se impulse el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe?

Lo primero es entender que la educación de adultos no es una isla, que es producto del sistema educativo. Según García Huidobro, “la educación de adultos es un invento del sistema educativo porque la noche se recupera lo que se expulsa durante el día”. Es necesario articular acciones con todos los sectores sociales. Eso significa incorporar la educación en las fábricas, en los hospitales y en los distintos espacios sociales, en el sentido de reconocer la alfabetización y el acceso a conocimiento como práctica social. También es necesario trabajar fuertemente en formación docente específica para EPJA. Cuando hablamos de la especificidad de la educación de adultos, estamos hablando de reconocer a ese sujeto adulto que viene con una trayectoria de vida, que ya construyó conocimientos y posiciones frente a su propia vida.

Es imprescindible pensar que la educación de adultas/os forma parte del sistema educativo, pero se diferencia del sistema, pues aborda la especificidad del sujeto adulto, que tiene un recorrido de vida, siendo que en esa trayectoria ya ha construido conocimientos. Maria Saleme decía que el conocimiento en el mundo adulto es parte de su dinámica vital. Por eso es complejo y difícil enseñar en el campo de la educación de adultos.

Hay que trabajar con las universidades en el sentido de poder discutir juntos los resultados de las investigaciones. No estoy hablando de un académico que venga y diga “la educación de jóvenes y adultos tiene que ser así o así”, estoy hablando de una mesa donde nosotros, que estamos en el campo investigando, podamos decir “mira, estamos viendo eso, ¿cómo lo hacemos?, ¿cómo trabajamos con esos jóvenes?”. Por otro lado, la universidad históricamente se separó del sistema educativo. Las investigaciones van hacia un lado y las decisiones políticas hacia otro lado. El sectarismo de las instituciones es difícil, y yo me hago cargo de lo que nos toca como universitarios. Hay mucho por hacer.

Fuente de la entrevista: https://vocesepja.campanaderechoeducacion.org/se-debe-entender-que-la-educacion-de-adultasos-no-es-una-isla-sino-que-es-producto-del-sistema-educativo

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