América del Sur/Venezuela/05 Noviembre 2016/Prensa Latina
El ministro venezolano para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, destacó que las políticas formativas del Estado buscan la emancipación y liberación el pueblo mediante su superación intelectual.
‘El capitalismo utiliza la educación y la tecnología para oprimir, alienar y adormecer a las personas, mientras que en el socialismo es una obligación ponerla al servicio de los pueblos para liberar’, expresó.
La educación y la tecnología nos puede servir para dominar o independizar, en Venezuela utilizamos la ciencia y la tecnología para la emancipación’, resaltó desde el Teatro Teresa Carreño en la inauguración del primer Salón del Libro Digital, una de las actividades de la XII Feria Internacional del Libro (Filven).
En el acto, indicó que el gobierno bolivariano está discutiendo estrategias tecnológicas para los estudiantes universitarios con la finalidad de aminorar costos en material bibliográfico.
‘Esperamos que mañana nuestros estudiantes puedan contar con lectoras o tabletas que tengan la información incorporada y así democratizar aún más la educación’ comentó.
Por su parte, el ministro para la Cultura, Freddy Ñañez, convidó al público a disfrutar Filven así como a aprovechar la oportunidad que representa el Salón del Libro digital para descargar las publicaciones disponibles.
Comentó que ‘este es un pabellón en el que podemos venir a descargar contenidos pero sobre todo a conocer hasta donde podemos integrarnos en el mundo de la palabra desde el punto de vista de las distintas formas de consumo cultural’.
La sala de lectura digital cuenta con la plataforma tecnológica de las empresas de telecomunicaciones chinas Huawei y Zte así como cinco puntos de red inalámbrica para la descarga de más de videos, películas y unas 500 publicaciones del Ministerio de la Cultura e instituciones del estado.
La nueva ola de derecha en América latina no tardó en decir a qué vino. Los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina y de Michel Temer en Brasil se dedican, única y exclusivamente, a aplicar el mismo tipo de duro ajuste fiscal que ya había sido aplicado en esos y otros países del continente, con las desastrosas consequencias económicas y sociales que se conocen.
Para ello, tuvieron que reimponer el viejo diagnóstico, según el cual, los problemas de los países son resultado de gastos excesivos del Estado. Un diagnóstico totalmente desmentido por la forma en que en esos mismos países los gobiernos han reaccionado a los duros efectos de la crisis internacional iniciada en 2008. Se podría haber hecho lo que se hace ahora, cortando hondamente los presupuestos de los recursos para políticas sociales. Pero las economías latinoamericanas habrían ingresado en recesiones profundas y prolongadas, de las cuales no habrían salido, como ocurre con las economías europeas.
Sin embargo, los gobiernos de Argentina y de Brasil, con orientaciones distintas de las actuales, no se dejaron llevar por la crisis y reaccionaron en contra de la recesion, con medidas anticíclicas. Con ello pudieron sacar rápidamente a las economías de la recesion, volver a crecer, superar el desempleo y retomar la dinámica de expansión económica con distribución de renta, que permitió el momento más virtuoso de la historia de esos y de otros países del continente en este siglo.
Pero la derecha volvió a los gobiernos de esos países, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubieran fracasado y arrojado a los países a las peores crisis recesivas en mucho tiempo, con altos niveles de desempleo y profundas crisis sociales. Como si no se hubieran dado gobiernos que recuperaron esas economías, superaron su crisis social y desarrollaron los programas de inclusión social más amplios de su historia.
La derecha retoma el mismo diagnóstico que había llevado a los ajustes, a las recesiones, a las crisis sociales. Necesita, para ello, borrar o descalificar todos los avances logrados a lo largo de este siglo. Como si Argentina y Brasil no estuvieran mucho mejor, de todos los puntos de vista, gracias a las políticas con las que han enfrentado a la crisis.
Tratan de pasar la idea de que la crisis actual es generada por el modelo que mejor funcionó. Dicen que se habría gastado demasiado. Que los gastos en políticas sociales serían la causa del desequilíbrio de las cuentas públicas. No las altísimas tasas de interés, no el pago de las deudas interna y externa, no la evasión de impuestos, no los paraísos fiscales, no los subsidios a los grandes empresarios, no la especulación financiera.
En realidad, la derecha vuelve para destruir lo que fue construido a lo largo de este siglo en los países donde logra, por una u otra vía, volver al gobierno. Su agenda es estrictamente negativa: privatización de propiedades públicas, menos recursos para politicas sociales, menos derechos para los trabajadores, más recesión, más desempleo. Más Estados Unidos en el continente y menos integración regional.
No pueden decir que son lo nuevo, porque rescatan a los viejos economistas neoliberales. Ni que van a retomar el crecimiento económico, porque ahondan la recesión. Ni que van a controlar las cuentas públicas, porque aumentan la inflación y el déficit público. No tienen nada para prometer, porque lo que hacen no tiene nada de popular, ni de democrático. Sólo pueden sobrevivir, blindados por los medios.
¿Cómo deben reaccionar las fuerzas populares frente a esa ofensiva conservadora?
Antes de todo, buscando el más amplio proceso de toma de conciencia, de movilización y de organización de los sectores populares, víctimas de las políticas de esos gobiernos. Sin eso, no será posible revertir la situación. En segundo lugar, buscar la más amplia unidad de las fuerzas opositoras, tomando como línea divisoria entre los dos campos al modelo neoliberal. Unir a todas las fuerzas antineoliberales. En tercer lugar, hacer un balance del pasado reciente, pero valorando todo lo conquistado como paso previo a la crítica de los errores. En el cuarto, finalmente, reconquistar la hegemonía de los valores que han llevado a los gobiernos progresistas a ser eligidos por la mayoría. Reelaborar los temas de la justicia social, de la democracia política, de la soberanía nacional, entre tantos otros, en los términos actuales, después de los avances de la derecha.
Como cada vez que se da una victoria política de la izquierda o de la derecha ésta es antecedida por una victoria en el plano de las ideas, hay que reimponer como objetivos fundamentales del país el desarrollo económico con distribución de renta, después de desarticular las falsedades con las que la derecha vuelve a los países de América latina.
Centro América/Cuba/05 Noviembre 2016/Prensa Latina
La rectora de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) de Cuba, Miriam Nicado, aplaude los convenios de colaboración firmados hasta hoy con instituciones de altos estudios y empresariales del mundo.
En estos momentos tenemos 92 acuerdos de cooperación, y de estos 16 corresponden a este año, y de ellos nueve con universidades de alto prestigio del mundo, como la de Macedonia (Grecia) y la del Sur de Rusia, dijo la directiva en declaraciones a Prensa Latina.
Al decir de la funcionaria, hemos priorizado los convenios con establecimientos de enseñanza superior con los cuales no solo podamos intercambiar, sino también aprender de sus modelos de estudio y formación.
A propósito de los encuentros de carácter internacional de la isla, Nicado señaló que son propicios para estrechar relaciones de colaboración con otras naciones.
De esa manera, en la última edición de la Convención de Informática, firmamos cartas intención y convenios con más de seis empresas, destacó.
Asimismo, en la 34 Feria Internacional de La Habana (Fihav 2016), la mayor bolsa comercial de Cuba y el Caribe, que hoy cierra sus puertas, estrechamos relaciones con entidades de Italia, México y Rusia.
Ante una interrogante sobre los proyectos de la UCI, respondió que su colectivo se ha trazado trabajar mucho, consolidar los servicios que brinda, así como la preparación del profesional que forma.
Si logramos egresar un ingeniero integral -desde el punto de vista técnico e ideológico- este puede insertarse mejor en la sociedad, reflexionó.
Al decir de Nicado, en estos tiempos que el país necesita profesionales comprometidos con nuestro proyecto sociopolítico es muy importante consolidar esta formación.
Yo siempre digo: si el egresado esté bien preparado, nuestros productos y servicios serán de mayor calidad, apuntó.
A propósito de ello, elogió los más de 20 productos líderes de la UCI dentro de la cartera, relacionados con los sectores de salud, educación, gestión de la planificación de entidades y la industria.
En tal sentido, prevemos -además- en esta etapa, situar dentro de ese portafolio otros productos líderes que nos permitan insertarnos en el mercado internacional.
América del Norte/México/05 de noviembre de 2016/Fuente: Desinformemonos
“Es necesario denunciar todo lo que está pasando en México, las desapariciones, desplazamientos, asesinatos, la represión contra el pueblo en general, la fabricación de delitos, la persecución contra las y los luchadores sociales, el desplazamiento de los indígenas. Sabemos que lo que pasa en México, pasa en Honduras, en Europa, en Asia, por eso es necesario trabajar organizadamente para seguir tejido esta red de solidaridad internacional que una y visibilice las resistencias de diferentes partes del mundo”, dijo a Desinformémonos el vocero del Comité Quebec-Otawa por Ayotzinapa, quien por acuerdo organizativo prefiere omitir su nombre.
El Comité surgió luego de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Después de reunirse en Montreal, mexicanos y latinoamericanos radicados en ciudades como Quebec y Ottawa, decidieron organizarse para exigir justicia para los estudiantes. El 20 de noviembre de 2014 realizaron su primer acción pública y desde esa fecha construyeron lazos y comunicación con colectivos de otras partes del mundo para visibilizar la violencia e inseguridad que se vive en México.
“Es necesario que los gobiernos de otros países vean lo que está pasando en nuestro país. Visibilizar toda la ola de violaciones a los derechos humanos, los feminicidios, la corrupción pero también la participación de los gobiernos y del impacto que tienen las inversiones y megaproyectos extranjeros en las comunidades indígenas, principalmente en las mujeres indígenas”, asegura el vocero del Comité.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina “más de 70% de proyectos mineros en el país son de firmas canadienses. La presencia de esas empresas se debe a la flexibilización de la ley de inversión extranjera” y afectan principalmente a habitantes de comunidades indígenas causando daños ecológicos y a la salud de las y los pobladores.
“Nosotros estamos contribuyendo desde aquí generando espacios para que las víctimas de México y otras partes de Latinoamérica denuncien lo que pasa en sus países. Estamos organizando actividades en escuelas, medios de comunicación, espacios públicos. Charlas y actividades culturales a la que asiste gente de todas las edades y de diversas nacionalidades”, aseguró el vocero del Comité Quebec-Otawa por Ayotzinapa.
Actualmente el Comité acompaña la gira en Canadá de Nestora Salgado, ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, quien se reunió el pasado 26 de octubre con Diputados de la Asamblea Nacional de Quebec y se reunirá con la Ministra de Relaciones Exteriores Christine St-Pierre para exponer la criminalización y persecución por su labor en defensa de los sistemas de seguridad y justicia de su comunidad.
“Como colectivo vemos importante que las luchas de resistencia como la de la policía comunitaria de Guerrero, Cherán, la resistencia y empoderamiento de las mujeres que luchan por su autonomía, el zapatismo en Chiapas, el Congreso Nacional Indígena, la lucha campesina se conozcan con otras luchas en resistencia de otras partes del mundo como las mujeres kurdas que han construido su propio batallón femenino, la lucha de los Black lifes Matter, entre otras. Por eso juntamos a las organizaciones indígenas, organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones de migrantes para seguir tejiendo los lazos”, concluye uno de los integrantes del Comité.
Además del Comité Quebec-Otawa por Ayotzinapa otros colectivos como Mexicanos Unidos por la Regularización, la Asociación Canadiense por el Derecho a la Verdad y el Comité de Derechos Humanos por América Latina participan y se solidarizan para visibilizar la situación de los derechos humanos en México.
Disponible en la url: https://desinformemonos.org/apoyan-victimas-salgan-denunciar-al-estado-mexicano/
América del Sur/Chile/ 05 Noviembre 2016/Entorno Inteligente
CIFRAS DEL Ministerio de Educación dadas a conocer por este medio muestran que las tasas de deserción en educación superior alcanzan un 30% en primer año, aunque ésta baja a 17% una vez que se considera a aquellos alumnos que luego reingresan al sistema de educación superior en años posteriores. Estas cifras se han mantenido relativamente constantes en los últimos años. Ello es una buena noticia, considerando que el importante incremento en la matrícula de la educación superior se ha dado fundamentalmente por el ingreso de alumnos de menores niveles socioeconómicos, quienes son más propensos a desertar tal como lo muestran los datos de instituciones menos selectivas.
Si se compara a nivel internacional, los datos para Chile no son muy diferentes al promedio que presentan la OCDE, reconociendo que entre los países miembros existe una alta dispersión en los resultados. Sin embargo, existe el riesgo de que medidas promovidas por la reforma a la educación superior en curso, como la gratuidad o una restricción al sistema de créditos, puedan elevar estos índices, lo que es contradictorio con el objetivo de favorecer la retención de los estudiantes. La deserción es un fenómeno multidimensional que se explica por variadas razones: económicas (falta de apoyo para cursar estudios o producto del costo que significa dejar de recibir un salario), vocacionales, deficiente preparación académica, problemas de salud, maternidad, entre otras. Dejar los estudios significa un costo económico para las familias y el Estado; además, es una posible fuente de frustración para los alumnos. Sin embargo, dadas las diferentes razones que explican la decisión de abandonar temporal o definitivamente los estudios, la respuesta a este fenómeno no puede ser única. Si el motivo fueran las dificultades económicas, las becas y créditos serían suficientes para eliminar la deserción; sin embargo, ésta se ha mantenido estable a pesar del significativo incremento en las ayudas estudiantiles. Ello es un indicio de que la gratuidad no generará mayores cambios en este indicador y, por el contrario, podría verse incrementado; en efecto, estudios para nuestro país muestran que, controlando por otras variables que inciden en la decisión de abandonar los estudios, las tasas de retención son menores entre los beneficiarios de becas -un esquema más cercano a la gratuidad- que aquellos que reciben ayudas estudiantiles en forma de créditos.
El gobierno, previendo estos incentivos perversos que puede generar la gratuidad, decidió colocar ciertas restricciones. El proyecto de ley permite que los alumnos se cambien una vez de carrera, pero no financia más allá del tiempo nominal de duración de ésta, debiendo los estudiantes pagar hasta la mitad del arancel en su primer año adicional de estudios y hasta el total del arancel a partir del segundo año por sobre la duración de la carrera. En ambos casos -además de aquellos no elegibles para la gratuidad-, la flexibilidad que entrega un sistema de créditos es fundamental, por lo que no se entiende que ciertos sectores insistan en eliminarlos.
En el caso de quienes desertan por motivos no económicos, las políticas a aplicar son más complejas e incluyen desde repensar un sistema de educación superior que obliga a decidir a corta edad y sin posibilidad de experimentar mayormente otras opciones de carreras, hasta programas de acompañamiento. La deserción demuestra la complejidad de las materias en discusión, que no deben ser simplificadas con medidas que pueden generar efectos no bien calibrados
América del Sur/Argentina/5 de Noviembre del 2016/Fuente: la nación
Alan Rodríguez lucha, desde hace tres años, para que le reconozcan este derecho; quiere ir a la universidad
en un fallo histórico para la educación inclusiva, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció el lunes, los derechos invocados por Alan Rodríguez -un joven con síndrome de Down a quien le había sido negado el título secundario-. Como consecuencia ordenó a la escuela a la que asistió y al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a que expidan y legalicen el título, respectivamente.
«Era lo que esperábamos. Estamos muy emocionados. Alan está feliz. Es algo muy positivo y un gran avance para la educación inclusiva en general. La realidad es que todavía no tiene el título. Este es el fallo en primera instancia. Si el ministerio o la escuela apelan, nosotros no podemos saberlo. Nos enteraremos si lo hacen», dice Florencia Innamorato, mamá de Alan.
Alan Rodríguez (22) fue a la misma escuela desde los 3 años y cursó toda su primaria y secundaria con un proyecto pedagógico individual. Cumplió año a año sus objetivos, pero al finalizar, le indicaron que su título no podía ser entregado porque, según la escuela y el ministerio, no había cumplido ciertos contenidos considerados mínimos por la normativa local.
Con el patrocinio jurídico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el apoyo del Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, el joven inició un amparo para que se reconociera su derecho fundamental a la educación , sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, y que en consecuencia se le entregue su título secundario oficial.
Educación inclusiva
Para tomar su decisión, el Poder Judicial aplicó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, declaró la inconstitucionalidad de la normativa local que condiciona la entrega del título al cumplimiento de objetivos estándar contemplados en la currícula, y ordenó la entrega del título oficial.
La jueza consideró que «el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de condiciones», y aclaró que «en igualdad de condiciones con los demás no es equivalente a idénticas condiciones de evaluación en el sentido de los mismos contenidos para unos y otros», sino que «a cada alumno/a se le exigiese el alcance de los objetivos que -desde lo institucional- se plantearon para él o ella. Para el caso de los alumnos que cuentan con un proyecto pedagógico individual, como el actor, el alcance de los objetivos allí fijados».
Alan, mientras tanto, nunca se quedó con los brazos cruzados. Está terminando un curso de formación para el empleo en la UCA. «Le encantaría poder estudiar informática o algo relacionado con lo social. Pero hasta ahora se tuvo que adaptar a lo que podía estudiar que eran sólo cursos», agrega Innamorato.
Desde la ACIJ sostienen que «la decisión judicial significa para Alan la eliminación de una enorme barrera para continuar su camino de formación y crecimiento personal, profesional y laboral con autonomía. Se espera que la escuela cumpla con la sentencia y haga entrega del título con la mayor celeridad posible, y que el ministerio lo legalice».
América del Sur/Argentina/5 noviembre 2016/Fuente: La nación
En un ejercicio sobre el trabajo parlamentario organizado por el Inadi los jóvenes trabajaron igual que lo hacen los diputados en la creación de una ley antidiscriminación
los parlamentarios de la Juventud aprobaron hoy en el Congreso Nacional la ley contra el «bullying», la violencia y la discriminación en la conformación de vínculos entre niñas, niños y adolescentes.
Se trata de un programa de capacitación organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que se propone que jóvenes estudiantes secundarios de todo el país ensayen el trabajo parlamentario, construyendo una ley hasta concluir con su aprobación.
De esta manera, participaron 74 estudiantes provenientes -en representaciones iguales- de todas las provincias del país, que abordaron distintas problemáticas: discriminación por aspecto físico, racismo, xenofobia, discapacidad, acoso escolar y ciberacoso, violencia de género, embarazo adolescente, diversidad sexual e identidad de género.
En conjunto, decidieron que iban a trabajar una ley sobre el bullying tanto en el ámbito escolar como fuera de él, ya que son problemáticas que los tocan de cerca. Y a eso se abocaron durante tres días en el Congreso aprobando hoy la versión final de la ley que previamente trabajaron en comisiones.
Un parlamentario juvenil haciendo su exposición final por la ley contra el bullying en el Congreso Nacional. Foto: LA NACION / Inadi
Si bien se trató de un simulacro, el experimento tiene un anclaje en la realidad ya que se trabaja en la elaboración de la ley, atravesando todas las etapas que atraviesa una ley cuando se presenta en el Congreso Nacional.
Tal rigor tuvieron los chicos, que dos diputadas están evaluando tomar la ley para presentarla en el Congreso a fin de que sea aprobada de verdad.
De la actividad participaron tanto jóvenes que estaban movilizados por sufrir algún tipo de discriminación como otros que se sentían afectados por el sufrimiento ajeno. Así había dos chicos con sordera, un joven que se movilizaba en silla de ruedas, jóvenes homosexuales y hasta dos chicas siamesas que se encuentran unidas lateralmente.
Con una notable necesidad de ser escuchados, pedían por una gran diversidad de cuestiones también: a una delegada de Tierra del Fuego la movilizó la discriminación sexual y la homofobia; un representante salteño mostró su preocupación por la situación de los pueblos originarios a quienes ve en el último de los escalafones sociales, y varios delegados se mostraron alarmados y con propuestas para abordar la violencia de género.
Con proyectos propios
Con una verborragia a veces inusual para un adolescente, varios chicos de entre 15 y 18 años conversaron con LA NACION sobre su experiencia y las propuestas que presentaron:
José Carlos López tiene 17 años y es sordo. Llegó al Congreso en representación de la provincia de Entre Ríos y en su ensayo abordó las distintas formas de discriminación y la violencia y en especial las problemáticas de la comunidad sorda. José le explicó a este diario, por intermedio de la intérprete de lengua de señas del Congreso, que «muchas veces se sienten excluidos del sistema escolar» y agregó que con la experiencia de compartir con todos los demás chicos pudo darse cuenta que es importante que él mismo transmita su forma de comunicarse, y les enseñe a los demás su lengua. Y agradeció enormemente la posibilidad de contar con la intérprete para poder transmitir y enriquecerse.
Los parlamentarios juveniles en la sesión plenaria de comisiones por la ley contra el bullying en el Congreso Nacional. Foto: LA NACION / Inadi
Muchos parlamentarios destacaron la importancia de poder conocer las realidades que se viven en otras provincias. Lucas Paredes, puntano de 17 años, dijo que lo impactó enterarse que un compañero de Jujuy camina entre cuatro y cinco horas para llegar al colegio. «Y yo me quejo cuando mis papás me llevan y llego 15 minutos tarde a la escuela», comentó este chico que presentó un ensayo sobre la Ley 26743 de Identidad de género, a la que le cuestionó cierta falta de humanidad.
Sofía Gutiérrez, delegada de 15 años por Tierra del Fuego, presentó un ensayo sobre «cómo los homofóbicos se justifican con la religión o lo moralmente correcto, cuando en realidad es algo que la sociedad crea.» Y agregó sus fundamentos: «Tienen los mismos derechos que nosotros para hacer lo que les gusta y estar con quien aman».
Ezequiel Insaurralde, por la provincia del Chaco, comentó que los estereotipos y prejuicios surgen en la casa pero también a través de los medios de comunicación: «Muchas veces de forma subliminal van desvalorizando y creando estereotipos de personas. Por ejemplo, cuando se trata de una persona que es inmigrante, que generalmente en una novela o una película ocupan el rol de personal doméstico y reciben agresiones. De esta forma, generan la idea de que los inmigrantes sólo tienen que ser esclavas de los caprichos de personas nacidas en un territorio específico, como la Argentina», explicó este parlamentario de 17 años.
Agustín Cantero, representante de Formosa, presentó un ensayo sobre violencia de género. «Me parece una cuestión muy importante y que hay que hablarla para que se tomen medidas y terminemos ya con eso», dijo. Y comentó que encontró similitudes escuchando a otros parlamentarios del norte donde dice que la mujer es vista sólo como alguien que debe quedarse en casa y cuidar a los hijos.
Además, en relación a la ley de bullying, este legislador de 18 años dijo que en caso de que se apruebe en el Congreso estaría dispuesto a llevar adelante las acciones que se deriven de esta ley en su localidad (Clorinda): «Me gustaría llevar estas propuestas a las escuelas, que son los lugares donde podemos tener un contacto más directo con la juventud y comenzar desde los niveles bajos hasta los más altos y hacerlo a través de charlas de concientización, propuestas e incluso llevando experiencias de gente que ha vivido ese tipo de discriminaciones como para ir tomando conciencia de este gran problema».
El parlamentario salteño ofrece una artesanía como presente al director del Inadi Javier Bujan. Foto: Inadi
Uno de los delegados salteños, Sebastián Ceballos, abordó en su ensayo el tema del racismo, orientado principalmente a los pueblos originarios: «Porque sabemos que el que más discrimina es el de arriba, y abajo están los pueblos originarios. Y aparte porque he notado que ellos viven de una manera muy especial: tienen esa cultura ancestral de vivir en comunidad. Uno cuando vive en comunidad aprende a respetarse». Otra cosa que destacó este delegado proveniente de la localidad de Aguaray en el norte de Salta es que «hay muchos que tienen el talento de líderes pero no se les quiere dar voz porque provienen de los pueblos originarios. A mí particularmente me costó bastante, especialmente porque soy de una zona rural, por eso he tenido que buscar la forma de salir y lo hice gracias a la escuela, a OAJNU, al Congreso y a otros cursos que he tomado».
¿Cómo funciona el programa?
El Parlamento Federal Juvenil es una iniciativa que viene desarrollándose desde hace tres años y surgió como una política pública para acompañar la implementación de la ley del voto a partir de los dieciséis (16) años (26.774), y con el fin de generar espacios de debate y reflexión, en miras a que las/os jóvenes puedan incorporar las temáticas que les preocupan en la agenda de la política argentina.
En una primera instancia, los jóvenes interesados en participar deben presentar un ensayo sobre las temáticas de acción del Inadi: racismo, xenofobia, migrantes, procesos socio-económicos, diversidad sexual. Este año fueron cerca de 1800 los ensayos recibidos.
Una parlamentaria juvenil haciendo su exposición final por la ley contra el bullying en el Congreso Nacional. Foto: LA NACION / Inadi
A través de jurados, que incluyen a los ministerios de educación de las provincias y a los delegados del Inadi, se seleccionan tres ensayos por provincia.
Sus autores participan en la ciudad de Buenos Aires para realizar un trabajo en el que se elige un tema entre todos -que este año fue la convivencia, los estereotipos, el bullying y ciberbullying- y allí comienza el entrenamiento en la actividad parlamentaria con el objetivo de elaborar una ley: trabajan en comisiones, incluso con los mismos asesores de los diputados; se hacen dictámenes de comisión que se publican; se elabora un primer borrador al que se le hacen modificaciones en el plenario de comisiones, hasta finalmente llegar al momento de votar y aprobar la ley. Algo que sucedió hoy.
Si bien el trabajo demanda tres días, los chicos reciben capacitaciones previas y un trabajo de meses que comienza en sus provincias. En este caso, comenzaron a trabajar en mayo.
Además, el programa va generando nuevos líderes y crearon el cargo de embajadores de buena voluntad para aquellos alumnos que quieren seguir colaborando año tras año con la difusión y organización del programa. Tal es el caso de Agustín Sohn, de Río Negro, quien participó el año pasado del programa y este año estuvo difundiendo la iniciativa en las escuelas de varias provincias patagónicas y sirviendo de puente a aquellos chicos que participaban por primera vez.
Exposiciones en el parlamento
En el cierre de la sesión plenaria de hoy algunos se escucharon discursos elocuentes y comprometidos. Aquí algunos de los extractos:
«La cuestión no pasa por la no discriminación sino por la aceptación». Parlamentaria por la provincia de Buenos Aires.
«Detrás de cada ensayo hay una historia, un sufrimiento. Pero lo importante es que estos jóvenes no se callan» (Paula Balaszczuk, parlamentaria de la provincia de Córdoba).
«Esta sociedad que estigmatiza a los jóvenes diciendo que no tienen compromiso, que pertenecen al mundo de la imagen. En estos días se demostró lo contrario». (María Azul González, delegada de la provincia de Corrientes).
«Pido por la ley 6920 (ley provincial del Derecho de los pueblos indígenas) que reconoce a los pueblos Huarpes y sus tierras ancestrales» (Fernanda Jofré, parlamentaria de Mendoza).
Los parlamentarios juveniles hicieron gala de su frescura en la visita al teatro Colón. Foto: LA NACION / Inadi
«Se dice que si vemos bullying y no hacemos nada, somos cómplices. Pero si no nos dejan hablar nos obligan a ser cómplices» (Oriana Merlo, representante de Neuquén).
«Tengo una discapacidad y estoy cansado de que nos traten como ‘pobrecitos’ y que piensen que no podemos hacer nada cuando podemos hacer de todo. Les pido que antes de ayudar a alguien le pregunten si necesita ayuda y piensen si quieren ayudar por lástima o por empatía» (Iván Carrizo, delegado de Tierra del Fuego).
¿De qué se trata la ley?
La ley se trata de un plan general para abordar la problemática del bullying tanto dentro como fuera de la escuela.
«A nivel nacional tenemos un ley que sólo habla de los contenidos educativos en el contexto de la educación formal, de la escuela. Y esta nueva ley es una ley de ampliación de derechos porque tiene la perspectiva de que el problema de la convivencia no es sólo escolar, sino que la violencia también se manifiesta en el club, en el barrio, en la casa», explicó a este diario el Dr. Javier Bujan, interventor a cargo del Inadi.
Así, en cuanto a las acciones concretas, la ley propone abordajes preventivos, educativos, convivenciales. «Los chicos establecieron campañas, estrategias de abordaje comunicacional, dispusieron una autoridad de aplicación, hicieron una ley terminada», explicó Bujan.
¿Se puede aprobar realmente esta la ley?
La ley quedará ahora a disposición de los diputados. Bujan se mostró optimista sobre el destino que pueda llegar a tener: «Ya hay dos diputadas que nos dijeron que van a levantar la ley. Entonces, va a llegar a la cámara y hay muchas posibilidades de que se termine aprobando, porque es una ley de ampliación de derechos».
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