Por: Hugo Aboites 

Los maestros anuncian cierres de carreteras exigiendo la reanudación del diálogo y, en respuesta, el gobierno prepara la represión. Trump insulta y amenaza con cerrar la frontera de manera permanente con un muro que pagarán los mexicanos; el sector empresarial guarda respetuoso silencio y el presidente lo invita a dialogar en Los Pinos. Aun cambiando todo lo que haya que cambiar, con esa decisión el gobierno deja sin sustento político y ético la postura que adopta con los de casa, los maestros, la de no dialogar y no llegar a acuerdos. Dar un trato digno al indigno y negarlo a quienes han asumido la tarea de ser los mentores de la nación es infligir un golpe aún más profundo a la vapuleada dignidad del país. Son los maestros de escuelas públicas quienes han creado las condiciones para que millones de mexicanos, incluyendo a aquellos que en alguna apartada y polvorienta escuela del norte pudimos aprender a leer y escribir y conocer algo de este nuestro país. Una tarea difícil y siempre mal pagada, pero digna como pocas.

Afortunadamente, apenas hace dos semanas el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) abrió una ruta de diálogo al decidir la suspensión por un año de las evaluaciones a los maestros. Una decisión importante que, en primer lugar, debió contar con la anuencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Porque en un clima político muy galvanizado se sabía que establecer una moratoria, así fuera parcial, a la aplicación de la reforma, necesariamente tendría una lectura política. Y así se manejó en varios medios, como un guiño a la CNTE. En segundo lugar, con esta decisión el INEE confirma lo que en entrega anterior planteábamos ( La Jornada, 20/08/2016), que era perfectamente válido y no vulneraba el marco legal de la reforma educativa optar por no aplicar un tipo de evaluación y dar preferencia a otro, más humano. Ahora, el INEE va más lejos y considera perfectamente legal suspender completamente, así sea por un tiempo, todo tipo de evaluación. Esta capacidad de dejar sin efecto temporal o incluso indefinidamente (como ha venido ocurriendo con la evaluación descrita en los artículos 15-20 de la ley) muestra, con toda la contundencia de los hechos, que la SEP-INEE tiene un espacio enorme de flexibilidad en la aplicación de la ley y, por tanto, un horizonte amplio de negociación. En tercer lugar, es alentador observar que esta decisión suspensiva del INEE no ha generado absolutamente ninguna crítica, comentario cauteloso o rechazo.

Ni siquiera Mexicanos Primero, organización empresarial siempre pronta a señalar con dedo flamígero cualquier desviación de la ley, alguna concesión a la CNTE, o la politiquería en lo oscurito, como se denunciaba respecto de las mesas en la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar que ya en el pasado, en junio de 2014, la SEP de Chuayffet suspendió por unas semanas la aplicación de una evaluación, y entonces Mexicanos Primero, junto con el propio INEE, se fueron literalmente a la yugular al secretario acusándolo de violentar la legalidad. Todo esto significa que ahora es perfectamente posible para el gobierno encontrar una salida al conflicto que no sea la de exigir la rendición incondicional y humillante (como Trump exige al gobierno), mediante la no aplicación o suspensión de una parte de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Lo que sigue es que el gobierno federal reconozca lo que está ocurriendo: que sus propias acciones muestran que es posible respetar el marco legal y responder a la demanda de que no se vulneren los derechos de los maestros. Si con la suspensión en los hechos ha abierto una puerta a la negociación, actuando de buena fe, ahora le corresponde explorarla con la otra parte. Si no lo hace, incurrirá en la profunda contradicción ética y política que significa haber abierto una puerta y luego, sin probarla, cerrarla violentamente. Frente al país, los padres de familia, los estudiantes y los propios empresarios que claman por el fin del conflicto, deberá entonces explicar por qué no le apuesta al diálogo, por qué prefiere reprimir al otro. En otras palabras, entrar en la dinámica de desaparecer al otro, políticamente.

El presidente Rafael Correa, de Ecuador, recientemente tomó esa ruta y ahora se dirige al absurdo: ha decretado la desaparición administrativa de la Unión de Trabajadores de la Educación, el sindicato nacional de maestros de ese país. Pero ni los movimientos magisteriales como el actual ni los sindicatos que han sido fundacionales en la historia moderna de América Latina pueden ser eliminados por decreto. Su sustento histórico no es una ley o norma administrativa, han nacido de inconformidades históricas tan profundas (y todavía más válidas hoy) que no pueden dejar de hacerse sentir y reconocerse. Además, en la hora de peligro que se avecina para la soberanía, son ellos, los más despreciados y pobres, los que habrán de proporcionar un sustento de dignidad y resistencia del que en este momento ya no puede prescindirse.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/09/03/politica/019a1pol