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Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), Banco Mundial y la depredación de los pueblos indígenas

FILAC, Banco Mundial y la depredación de los pueblos indígenas

Ollantay Itzamná 

Fuentes: Rebelión

Para nadie es desconocido que el ente financiero internacional denominado Banco Mundial (BM), en su apuesta por expandir el hegemónico sistema económico neoliberal, financió y financia infinidad de proyectos extractivos que ocasionan violentos conflictos a pueblos indígenas. Incluso, varios de dichos proyectos (privados, públicos o mixtos) fueron y son letales para defensores/as de derechos de los pueblos indígenas.

La defensora indígena lenca, Berta Cáceres, en Honduras, fue asesinada, en 2016, por organizar resistencia comunitaria pacífica al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por BM.

Un mes después de aquel fatídico crimen, el entonces Presidente del BM, Jim Yong Kim, en un acto público, Nueva York, calificó dicho crimen como “un incidente” inevitable en sus proyectos.[1]

Como consecuencia de ese cúmulo de acciones u omisiones atentatorios contra los derechos de los pueblos indígenas en los proyectos financiados por el BM, el rechazo hacia este ente financiero en los territorios indígenas y sectores sociales comienza a crecer. Y, para intentar legitimarse en el mundo indígena este organismo financiero recurre a FILAC.

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) es un organismo internacional de derecho público creado por los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, en 1992. Su objetivo es apoyar el autodesarrollo de los pueblos y comunidades indígenas en la región. Funciona con representación paritaria de pueblos indígenas y gobiernos.[2]

A FILAC conocí en Guatemala, en 2019, cuando organizaba la realización de reuniones con algunos indígenas mayas para justificar un proyecto de la FAO en dicho país, bajo la retórica de “consentimiento previo, libre e informado”.

Al inicio de la pandemia, FILAC me envió una convocatoria buscando candidatos indígenas para “financiarle” una cuenta en la plataforma comunicacional de zoom.us u otras. Más, no conozco de esta entidad que, ahora, busca constituirse en el vehículo de las representaciones y voluntades de los pueblos indígenas ante los grupos financieros y estados.

Según publicaciones oficiales de FILAC, esta entidad “mixta” busca constituirse en el único organismo internacional especializado en la promoción del desarrollo indígena en la región. Y, con financiamiento de grupos bancarios anti pueblos indígenas como BM, BID, y otros recluta a algunos auto nominados líderes o dirigentes indígenas para que agentes de dichos grupos financieros los adoctrinen y los envíen hacia los pueblos indígenas como doctrineros neoliberales.

Únicamente para referir como ejemplo, por motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 2020, FILAC convoca a indígenas a un “Diálogo Regional” virtual donde el conferencista principal es nada menos que el Vicepresidente del Banco Mundial (Humberto López), junto a representantes del BID.[3] Otro suceso llamativo es el reclutamiento que hace de algunos profesionales y dirigentes indígenas para que catedráticos españoles los capaciten en cómo defender derechos indígenas nada menos que en la Universidad Rey Carlos III.

Estas y otras constataciones nos indican que los predadores de derechos y de pueblos como BM, ahora, están utilizando a organismos “pro indígenas” para continuar adoctrinando y desactivando las legítimas acciones de resistencia en los territorios frente a la violenta invasión neoliberal sin consentimiento.

Los pueblos indígenas, desde nuestros territorios y ventanas digitales de opinión, debemos tener la claridad que entidades públicas creadas por los gobiernos como vitrinas de “representaciones” indígenas, sin consulta/consentimiento previo de los pueblos, son ilegítimos e ilegales (según contenidos del Convenio n. 169º de la OIT). Mucho más cuando dichas entidades reclutan a supuestos dirigentes o representantes indígenas para adoctrinarlos en la condición de colonialidad aprovechándose del estado de necesidad de estas personas.

Notas:

[1] Véase https://www.youtube.com/watch?v=tJWZ102R4LA (en el minuto 1:01)

[2] Véase, https://www.filac.org/wp/que-es-el-filac/

[3] Véase, https://es.scribd.com/document/471706956/FILAC-Di-a-Internacional-de-PPII-2020

Ollantay Itzamná. Defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos

Blog del autor: https://ollantayitzamna.com/

@JubenalQ

Fuente de la Información: https://rebelion.org/filac-banco-mundial-y-la-depredacion-de-los-pueblos-indigenas/

 

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Guinea Ecuatorial: La Universidad Afroamericana de África Central abre Convocatoria para 32 Vacantes Docentes

La Universidad Afroamericana de África Central abre Convocatoria para 32 Vacantes Docentes

La Universidad Afroamericana del África Central (AAUCA) anuncia la apertura del proceso de búsqueda a escala mundial de 32 profesionales para reforzar su planta docente, una oportunidad para que jóvenes profesionales formen parte de una institución educativa que busca convertirse en un referente de la educación superior tanto de Guinea Ecuatorial como internacionalmente. Esto es posible especialmente gracias al apoyo del gobierno nacional como de la visión estratégica que impulsa a la Organización.

La AAUCA es una institución pública de enseñanza superior de Guinea Ecuatorial establecida recientemente en el corazón de África (Oyala) que brinda acceso a estudiantes de enseñanza superior de diversos orígenes y necesidades educativas. La visión de la AAUCA es convertirse en una universidad de categoría mundial, impulsada por la investigación y la innovación, que fomente el desarrollo intelectual y el éxito de su población estudiantil mediante una experiencia educativa rigurosa, positiva, altamente internacionalizada y transformadora.

Los interesados en conocer el detalle la oferta académica pueden acceder a las descripciones de cada una de las treinta y dos vacantes (32) ingresando a los archivos descargables adjudicados a cada uno de los veintinueve (29) perfiles académicos ofrecidos a continuación:

Los interesados en aplicar a cualquiera de los cargos anteriores deben enviar su currículum vitae y su carta motivada por correo electrónico a info-iesalc@unesco.org indicando en el asunto del correo electrónico el título de la vacante, por ejemplo “Asistente de Laboratorio de Computación”, colocando entre comillas el cargo al que esté aplicando.

El currículum vitae presentado debe llevar una foto reciente (45mm x 35mm con no menos de 150 píxeles de calidad). Solamente se considerarán las solicitudes completas (currículum vitae + carta motivada + foto). Sólo los candidatos preseleccionados serán contactados para una entrevista. El proceso de postulaciones cerrará a las 23:00 GMT del 16 de agosto de 2020.

La Universidad Afroamericana de África Central es apoyada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe en su búsqueda global para estos nombramientos. Para mayores detalles escribir a info-iesalc@unesco.org

Fuente de la Información: https://www.iesalc.unesco.org/2020/08/08/la-universidad-afroamericana-de-africa-central-abre-convocatoria-para-32-vacantes-docentes/

 

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Educación: Holanda, el país que teme perder su idioma porque las universidades no lo usan

Educación: Holanda, el país que teme perder su idioma porque las universidades no lo usan

Estamos en Holanda, en una universidad: los estudiantes se sacan las chaquetas y las bufandas mientras el profesor abre una presentación en Power Point sobre «emprendimientos innovadores» y se prepara para dar su charla, que será en inglés.

El idioma es elección del centro académico, apunta Frank van Rijnsoever de la Universidad de Utrecht.

El uso del inglés en las educación superior holandesa es tan extenso que un grupo de profesores predijo que habrá un «lingüicidio» inminente y exigió que el gobierno de La Haya imponga una moratoria que prohíba a las universidades crear nuevos cursos en inglés hasta que se realice un análisis de impacto oficial.

El 60% de los programas de maestría ofrecidos en la Universidad de Utrecht son en inglés. En el nivel educativo más alto prácticamente no se imparten cursos en holandés.

Estudiantes en la Universidad de Utrecht

«A mí no me importa. La mayoría de los textos están en inglés«, dice el profesor Van Rijnsoever.

«Así que para mí, como docente, no es un gran problema porque también investigamos en inglés. Pero para los estudiantes, ves que tienen que cruzar una cierta barrera para expresarse adecuadamente».

Países Bajos tiene uno de los niveles más altos del mundo de dominio del inglés como segunda lengua, superado solo por Suecia, según el último Índice EF de Dominio del Inglés.

«Es algo que aprendí a lo largo de los años, principalmente mientras hacía mi doctorado en inglés académico», explica el profesor.

Para Oskar van Megen, quien se graduó con un título en desarrollo sustentable, realizar una maestría en inglés con orientación internacional tenía sentido ya que el tema era más amplio que en los Países Bajos.

Sin embargo, reconoce que tuvo su costo: «Me puso un poco en desventaja porque me tomó mucho tiempo entender y concentrarme en lo que decían los profesores, y entender los artículos y escribir mis propios artículos».

Oskar van Megen

Sin embargo, aunque siente que está calificado para tener una carrera internacional, desde entonces ha luchado por encontrar trabajo en su país.

‘Úsalo o piérdelo’

Utrecht no es la única. Algunas universidades del país han borrado completamente el idioma holandés de su currículo. En Eindhoven, incluso los sándwich en las cafeterías dicen «cheese» al queso en lugar de la palabra holandesa «kaas».

Y no todos están contentos con la creciente anglicanización de las universidades.

«El holandés es nuestra identidad», se queja Annette de Groot, profesora de lingüística en la Universidad de Ámsterdam.

«¿Qué sucede con la identidad de un pueblo en un país en el que el idioma nativo ya no es el principal de la educación superior?».

«Los holandeses no son tan buenos con el inglés como ellos creen. No deberías utilizar un lenguaje más débil en la educación«, advierte la experta.

Annette de Groot

«Si usas el inglés en la educación superior, el holandés eventualmente empeorará. Es ‘úsalo o piérdelo’. El holandés se deteriorará y la vitalidad del idioma desaparecerá. Se llama bilingüismo desequilibrado. Agregas un poco de inglés y pierdes un poco de holandés«.

Mientras que el inglés puede ayudar a los estudiantes a ingresar al mercado global, otros sienten que su prevalencia los excluye de su país de origen.

Y el debate político aquí se está intensificando, a medida que más ciudadanos de Reino Unido se mudan porque sus empresas desean permanecer en la Unión Europea (UE) después del Brexit.

Es hora de que haya un debate honesto sobre el tema, dice la profesora De Groot.

«Estamos cambiando a una visión cada vez más anglosajona del mundo. Las universidades quieren diversidad, perspectivas diferentes. Lo que ocurre es exactamente lo contrario. La anglicanización significa que terminas con un mundo mucho más homogéneo».

Para ella la ironía es que las universidades holandesas simplemente están compitiendo para atraer estudiantes en un intento por sobrevivir.

Campus de la Universidad de Utrecht

El rector de la Universidad de Utrecht, Henk Kummeling, sostiene que avanzar hacia el inglés ha sido un proceso orgánico pero acepta que para competir internacionalmente tiene sentido utilizar un idioma mundial.

«No es que sea una publicidad para estudiantes internacionales», me asegura desde su oficina, con vista al campus repleto de bicicletas.

«La cultura holandesa permanecerá durante siglos. Cuando los holandeses hablamos entre nosotros, hablamos holandés».

Oskar está de acuerdo, diciendo que disfrutó entablando amistades con estudiantes de Reino Unido, Irlanda e Italia.

«Personalmente no tengo ningún problema en no hablar holandés o con la cultura holandesa, que tal vez esté desapareciendo un poco».

Pero él dice que tiene que haber un límite y considera que la Universidad de Groningen, en el norte del país, ha admitido a demasiados estudiantes internacionales.

«Hay tantos, que tienen que instalar carpas solo para que los estudiantes puedan tener un techo sobre sus cabezas», se queja.

El peligro para él es que las universidades están tratando de aumentar su perfil internacional al tiempo que buscan generar ingresos de estudiantes extranjeros, y hacen otras concesiones.

Fuente de la Información: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46051675

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Ecuador: la izquierda frustrada

Ecuador: la izquierda frustrada

Juan J. Paz y Miño Cepeda

En un artículo anterior (https://bit.ly/319nsQZ) traté sobre la trayectoria histórica de la izquierda partidista en Ecuador. Sobresalen: PSE, PCE, PSRE, PCMLE, MPD (hoy Unidad Popular) y otras agrupaciones menores, que asumen ser marxistas. Desde luego, a partir del derrumbe del socialismo real, la izquierda no se reduce a los partidos marxistas, ni exclusivamente a esta teoría, pues América Latina, durante el ciclo de los gobiernos progresistas, demostró que era posible el fortalecimiento de nuevas izquierdas.

Destacan, ante todo, los movimientos sociales, pues tanto el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que integra a varias centrales (CEDOCUT, CTE, CEOSL, UGTE, FETMYP, UNE, FENOGOPRE), así como el indígena, con su organización central, la CONAIE (https://conaie.org) y su brazo político Pachakutik (https://bit.ly/3frEX4a), se autodefinen como sectores de izquierda. También lo hacen distintas organizaciones de trabajadores públicos, del movimiento estudiantil, grupos feministas, ecologistas y otros minoritarios.

Pero hay una izquierda social, que es más amplia que las izquierdas partidistas y que las izquierdas “movimientistas”, reducidas, frecuentemente, a simples clubes o membretes políticos. Esa izquierda social históricamente se formó con el avance del siglo XX.

Su más remoto origen está en el sector radical del liberalismo, que respaldó a Eloy Alfaro y sus políticas (1895-1912). También se identificó con las causas del naciente movimiento obrero y ha cultivado la memoria crítica contra la matanza de trabajadores el 15 de noviembre de 1922. La Revolución Mexicana (1910-1940) y sobre todo la Revolución Rusa (1917) afirmaron la conciencia social favorable a los trabajadores, campesinos, indígenas e incluso la creciente tendencia al cuestionamiento al capitalismo y al sueño por un “socialismo” todavía difuso. Capas medias, intelectuales, profesionales y una amplia gama de sectores populares se identificaron con el proceso de la Revolución Juliana (1925-1931). La militancia activa o el respaldo a los partidos Socialista y Comunista llenó las expectativas de muchos, en una época en la que tales agrupaciones hicieron verdadera acción social, cultural y política. Y, como ha sido bien reconocido y estudiado por diversos investigadores, desde los años treinta la literatura y el arte de contenido social no solo sirvieron como denuncia de las condiciones de vida y de trabajo en el país, sino que dieron expresión a aquellos sectores identificados con la izquierda. Los ensayos políticos, así como los primeros estudios sociológicos, antropológicos, indigenistas, laboristas y hasta económicos, iniciados por prestantes figuras de la intelectualidad nacional, tanto como la labor de profesionales y académicos en las universidades públicas, igualmente han servido para alimentar la conciencia social, el cuestionamiento a la dominación oligárquica, la sensibilidad humanista, que han enriquecido el espacio de la izquierda social ecuatoriana.

Sin embargo, la gran “politización” izquierdista de la sociedad ecuatoriana ocurre a partir de la década de 1960. Se combinan múltiples factores: la Revolución Cubana (1959), las luchas guerrilleras en distintos países, así como la guerra fría y el clima de represión indiscriminada que desató el “anti-comunismo”, los éxitos y avances de los países socialistas, los movimientos por la paz y contra la guerra de Vietnam, el mayo francés (1968) y su influencia mundial, la difusión del marxismo, el activismo universitario, la cultura “anti-sistema” a través de la nueva música, el arte y sobre todo el “boom” de la literatura latinoamericana, las reacciones contra el imperialismo, el recambio con nuevas generaciones de “radicales” y “rupturistas”, etc. En la década de los setenta ya existía un amplio espectro de izquierdas sociales, identificadas con tres principios decisivos: una conciencia anticapitalista; una conciencia social y humanista, variada, favorable, ante todo, a los sectores populares, que rechazaba a la “burguesía” como clase, y que se extendía desde el cristianismo de la doctrina social católica y la teología de la liberación, hasta los marxistas independientes de cualquier partido tradicional; y una conciencia democrática, que podía aceptar los valores de la “democracia burguesa” (por allí cabe entender a la centro-izquierda) tanto como al socialismo, como único régimen posible de salida al capitalismo.

Hay marxistas que no han sido capaces de entender estas dinámicas de la sociedad, de modo que se han apresurado a juzgar como “derechista” toda posición que no es marxista, ni acepta exclusivamente sus tesis anticapitalistas o su dogmatizado “socialismo”, lo cual hoy es evidentemente cuestionable, porque nadie puede definir, con absoluta firmeza, lo que será ese sistema, una vez que se produjo la implosión del socialismo totalmente estatista. Bien puede hablarse del socialismo nórdico europeo, o del canadiense; pero también del “socialismo de mercado” de China; o tomar como ejemplo las importantes reformas económicas en Cuba, que debieron impulsarse en medio del “período especial” (1990-1996) y el bloqueo norteamericano (hoy agudizado con la política Trump), que son experiencias inéditas, que ningún otro país latinoamericano ha experimentado, exceptuando hoy a Venezuela, que sin tener una economía “socialista”, también sufre un bloqueo comparable con el cubano.

Desde 1979, el amplio espectro de la izquierda social no ha encontrado representación en los partidos de la izquierda ya conocidos; también ha observado con frustración los magros resultados electorales obtenidos en todo momento por ellos y por los movimientos sociales que se aliaron para conformar frentes supuestamente representativos de toda la tendencia; y, sin duda, cuestiona a visibles líderes de esas agrupaciones, que han perpetuado, hasta el presente, sus comportamientos acomodaticios, personalistas y típicamente enmarcados en las prácticas de la “partidocracia”. Pero también es necesario comprender que las izquierdas sociales igualmente anhelaban gobiernos más cercanos a sus definiciones y tendencias, cuando apoyaron a candidatos como Jaime Roldós (1979-1981) o Rodrigo Borja (1988-1992) y hasta creyeron en Lucio Gutiérrez (2003-2005). Tuvieron participación activa en el derrocamiento de tres gobiernos: A. Bucaram (1997), J. Mahuad (2000) y L. Gutiérrez (2005). Ha existido mayor claridad y definición con el respaldo que han dado a las huelgas nacionales del FUT a inicios de la década de los ochenta; al movimiento indígena y su indudable presencia nacional a partir del levantamiento de 1990; a las luchas populares en distintos momentos de la historia contemporánea; el repudio y cuestionamiento a los gobiernos de la derecha política; el rechazo al TLC o a los acuerdos con el FMI, así como al modelo neoliberal o empresarial-oligárquico. La izquierda social respaldó la movilización popular de octubre 2019 de diversas formas y también sufrió la represión.

Sin duda, amplios sectores de las izquierdas sociales se identificaron con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y lo respaldaron, porque vieron en él una alternativa de nueva izquierda, que pasó a formar parte del progresismo latinoamericano. En poco tiempo, los dirigentes del partidismo y del movimientismo ya señalado, rompieron con este gobierno por una serie de causas, pasaron a combatirlo y han negado al “correísmo” alguna ubicación en la izquierda, pues consideran que solo se trató de un ciclo más de la “dominación burguesa” en Ecuador. Además, acusan a Correa de haber “criminalizado” la protesta social y haber “destruido” a la izquierda. Obviamente estos sectores fueron políticamente confrontados por Rafael Correa, quien los calificó como “izquierda infantil”.

Considerándose como la “auténtica” y hasta “única” izquierda en el país, en 2013, los sectores mencionados decidieron enfrentar al “correísmo” y articularon la “Unidad Plurinacional de las izquierdas”, integrada por Pachakutik, CONAIE, ECUARUNARI, Montecristi Vive, MPD, PCMLE, Partido Participación, Socialismo Revolucionario, RED, Movimiento Participación Democracia Radical, Poder Popular, Movimiento Convocatoria por la Unidad Provincial, FUT y Frente Popular (UNE, FEUE, FESE, UGTE, CUBE, CONFEMEC, FEUNASSC, JRE, CUCOMITAE, UNAPE, UCAE, UAPE, JATARISHUN, UNAP), que propuso como candidato presidencial a Alberto Acosta (en binomio con Marcia Caicedo). Pero todo ese sector de la “izquierdosidad”, para utilizar un concepto que emplea la investigadora argentina Irma Antognazzi (me ha escrito que en su país se observa igual comportamiento político) apenas alcanzó el 3.26% de la votación, lo que significa que no votaron por ellos sino una fracción de sus partidarios, militantes o “bases”; mientras, paradójicamente, el binomio Rafael Correa/Jorge Glas, alcanzó su mayor votación histórica, pues obtuvo el 57.17% de los votos (y 100 de 137 asambleístas), derrotando a todos los 7 contendores de derecha y de izquierda, en la primera vuelta.

La experiencia histórica no fue asimilada: los partidos y movimientos más importantes de la izquierdosidad, al no comprender el espacio ni las dinámicas históricas de la izquierda social, volvieron a reproducir el mismo comportamiento en 2017, cuando se conformó el “Acuerdo Nacional por el Cambio” (MUP, ID, Pachakutik, CONAIE, PSE, RS, PCMLE, Montecristi Vive, FUT, FP, RA, UNE  y una serie de movimientos menores), que patrocinó al binomio Paco Moncayo/Monserratte Bustamante, quienes, además, eran personalidades ajenas a sus filas y militancias propias. Alianza País (AP), por su parte, propuso al binomio Lenín Moreno /Jorge Glas. Por segunda ocasión, el partidismo y movimientismo de la “auténtica” izquierda, apenas logró el 6.71% (al menos duplicando lo obtenido en 2013) de los votos. Moreno tuvo que pasar a la segunda vuelta, en la que logró un apretado 51.16% de la votación frente al exbanquero Guillermo Lasso, patrocinado por CREO, con apoyo de las derechas políticas, económicas y mediáticas, quien obtuvo el 48.84% de la votación. No se puede soslayar un hecho histórico inédito: dirigentes y militantes de la izquierdosidad convocaron y hasta realizaron una campaña activa para que se votara por el millonario banquero, al que preferían, antes que dar el respaldo a un candidato del “correísmo”.

La izquierda social nunca se esperó el giro gubernamental de Moreno ni la restitución del modelo empresarial-oligárquico en la economía. Sin embargo, dirigentes, líderes e intelectuales del partidismo y del movimientismo de la izquierdosidad se unieron a la “descorreización”, apoyaron el referendo y consulta de 7 preguntas que el gobierno realizó (febrero 2018) para legitimar su reforma institucional del país, respaldaron activamente las labores del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana nombrado para ello, y sostuvieron, de uno u otro modo, al “morenismo”, aunque hoy aparecen confrontando sus políticas.

Desde luego el “correísmo” ha sido seriamente afectado por los casos de corrupción descubiertos y por las debilidades que el proceso de la Revolución Ciudadana dejó como herencias, las cuales han sido mejor advertidas con el paso del tiempo. Aún no está claro cómo y con quiénes podrá articular una candidatura que permita captar el apoyo de las izquierdas sociales. Pero, ¿logrará el “correísmo” una fuerza cercana a la que tuvo en el pasado? Del otro lado, parece que tampoco se quiere asumir las experiencias históricas, pues nuevamente las dirigencias de las “auténticas” izquierdas se preparan para las elecciones de 2021, sobre la base de unificar fuerzas contra el “correísmo”. Se adelanta Pachakutik, con un precandidato presidencial ampliamente reconocido por ser un actor decisivo del anticorreísmo indígena (https://bit.ly/2PgFqvx). Parece que en su elección primó esa postura, a tal punto que resultan muy sintomáticas las reacciones inmediatas que tuvieron, entre otros, tres articulistas movidos por el mismo espíritu político: uno de ellos sostiene que Leonidas Iza “marcó la cancha electoral para poner distancia con el populismo autoritario y corrupto de los correístas” (https://bit.ly/2D5z93m); otro apunta todo lo contrario, porque al decidirse por Yaku Pérez “muere ahogado el sueño correista de apropiarse del movimiento indígena para usarlo como catapulta de regreso al poder” (https://bit.ly/39T42nt); y un tercero opta por una fantasmagórica apreciación: “Tanto Vargas [Jaime] como Leonidas Iza, su cerebro a distancia, pertenecen a esa fracción de la dirigencia indígena que, si dependiera de ellos, casi preferirían contar con un brazo armado que con uno político. Y los aspirantes a ser eso (el movimiento de Cotopaxi, los Mariáteguis y otros talibanes) ya tomaron su decisión: quieren a Iza”. (https://bit.ly/2DuNW7k -2/8/2020:22h).

Lo que asombra es que días más tarde, el Consejo Ampliado de la CONAIE decide “dejar sin efecto” las resoluciones de Pachakutik; exhortar a que las candidaturas se realicen “en coordinación y participación, con voz y voto, de la estructura organizativa del movimiento indígena”; y “respaldar a los compañeros Jaime Vargas y Leonidas Iza Salazar como precandidatos a la Presidencia de la República del Ecuador” (https://bit.ly/31xXxm5). Una situación comparable con la que ocurrió en 2016, es decir hace 4 años, a la cual me referí en dos textos que parecen tener plena actualidad: una nota en FaceBook, difundida el 7 de agosto de 2016, que titulé: “Movimiento indígena: ¿cuál es su representatividad política?” (https://bit.ly/3in5K3E); y un artículo que publiqué en diario El Telégrafo el 8 de agosto de 2016, con el título: “Movimientos sociales y política electoral” (https://bit.ly/30AAt7a).

En todo caso, ¿será posible que esta sea la tercera oportunidad para demostrar que ahora sí las agrupaciones y movimientos del anticorreísmo, han pasado a convertirse en la alternativa política que el amplio espectro de las izquierdas sociales anhela? Por lo pronto, tienen a su favor el hecho casi seguro de que Rafael Correa no podría ser candidato y que el “correísmo” no tendría un partido que le represente, si finalmente se imponen las arbitrariedades de los organismos electorales; pero también cuentan a su favor con el lawfare, la judicialización selectiva y la persecución a los “correístas”, en medio de un ambiente nacional en el que hegemonizan las fuerzas de la derecha económica, política y mediática.

Por sobre esos conflictos y posiciones irreductibles entre dos bandos, que polarizan sus propias posiciones ideológicas y marginan las posibilidades de la tan proclamada “unidad”, la amplia gama de la izquierda social mantiene la esperanza de que alguna fuerza política logre representar verdaderamente sus ideales e intereses y que finalmente se instaure un gobierno que dé continuidad a los procesos que ese sector ha respaldado desde inicios del siglo XX, entre avances y retrocesos, a pesar de las frustraciones cíclicas. De lo contrario, las derechas políticas, económicas y mediáticas asegurarán la continuidad del modelo empresarial-oligárquico, que el “morenismo” supo afianzar en apenas tres años.

Autor: Juan J. Paz y Miño Cepeda

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/ecuador-la-izquierda-frustrada/

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Catalunya: «O invertimos en Salud Pública y servicios sociales o no tendremos vida»

«O invertimos en Salud Pública y servicios sociales o no tendremos vida»

La salud pública siempre ha sido la gran olvidada de las políticas públicas, a pesar que su tarea fundamental es la de prevención de enfermedades y de actuación en ámbitos que pueden determinar la salud de las personas, como por ejemplo las condiciones laborales o medioambientales. Sin embargo, con la llegada del coronavirus se ha mostrado la importancia de un ámbito que sigue contando con unas estructuras muy precarias. Para analizar la importancia de esta área transversal en el control de los actuales rebrotes y cómo la pandemia ha afectado las capas más empobrecidas, EL TEMPS entrevista Joan Benach, director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut de la Universitat Pompeu Fabra y catedrático del departamento de Ciències Polítiques i Socials del mismo centro universitario.

-Qué papel tendrían que jugar la sanidad y la salud pública ante la pandemia? Explique en qué se diferencian y que las caracteriza.

-En la gestión actual y futura de la pandemia, la sanidad pública y la salud pública son dos ámbitos esenciales, pero diferentes. La sanidad pública trata de diagnosticar y curar las enfermedades que sufre la gente, un terreno que sufre desde hace tiempo un proceso crónico de mercantilización e infrafinanciación en el conjunto del Estado español, así como es víctima de la medicalización y del hospitalocentrismo. ¿Por qué? Pues porque es un modelo donde gran parte del gasto va a los hospitales, y a comprar tecnologías y medicamentos, mientras que la atención primaria y los servicios sociales, que tienen que ser los puntos capitales del sistema sociosanitario, permanecen precarizados y con pocos recursos. La salud pública, en cambio, trata de prevenir la enfermedad, a la vez que proteger, promover y recuperar la salud de la población, con acciones de salud laboral, ambiental o comunitaria, con vigilancia epidemiológica o actuando frente a los determinantes sociales de la salud por ejemplo. Pero para hacer esta tarea gigantesca, la salud pública dispone de unos recursos exiguos (menos del 2% del presupuesto, y buena parte de él va al gasto en vacunas), y una formación y un número de especialistas muy limitado.

-En esta etapa de desconfinamiento, que estaría caracterizada por el ensayo-error, los servicios de vigilancia epidemiológica adquirían un papel todavía más fundamental. Con todo, parece no haber el personal suficiente. La jefa de epidemiología del Hospital del Valle de Hebrón, Magda Campins, apuntaba: «Necesitamos 2.000 rastreadores y solo hay 150». Cómo valora la respuesta del Gobierno catalán ante los últimos brotes?

-Es una respuesta reactiva y deficiente. Es reactiva porque, más allá de quejas políticas a menudo poco consistentes y de la retórica de usar eslóganes como «frenamos el virus» o «este virus lo paramos unido», no se planifica, sino que se improvisa permanentemente y las cosas se hacen tarde y con poca transparencia. Son ejemplos el hecho que hace poco que se ha nombrado un director de la unidad de seguimiento de la Covid-19 o la tardanza de cuatro meses en crear un comité de expertos que haga propuestas para cambiar el sistema de salud y las residencias. Se actúa sin la capacidad de prever ni de prepararse ante rebrotes, algo que era previsible que pudiera pasar. Y es también deficiente porque, cuando sí que se revisan las posibles estrategias a desarrollar, como propuso a finales de abril un informe del epidemiólogo Oriol Mitjà, no ha habido la voluntad y el liderazgo adecuados para actuar de forma rápida y efectiva posando todos los medios necesarios en las mejores políticas. ¿Por qué no se ha actuado? Seguramente porque después del confinamiento radical que permitió bajar mucho el número de contagios, muchos políticos pensaron que todo estaba ya «controlado», sin entender que el problema no había acabado, que la salud pública precisa de un gran reforzamiento y de reformas estructurales muy profundas. El hecho de tener tan pocos rastreadores para detectar, seguir y aislar posibles contagios (hay un par de centenares a lo sumo que haría falta al menos multiplicar por 10), o el hecho de disponer de unos sistemas de información epidemiológica y de vigilancia de las medidas de prevención tan limitados como los existentes, por ejemplo, en el ámbito laboral, son dos síntomas de que no se toma seriamente el papel clave de la salud pública.

– ¿Por qué no se otorga a la salud pública el papel clave que tendría que desarrollar?

– Creo que una razón de fondo tiene que ver con la visión mercantil y biomédica de la salud, donde la salud pública tiene un carácter residual. El papel de la salud pública, es decir, vigilar epidemias, reducir desigualdades, prevenir accidentes laborales o hacer cribas de cáncer, entre otras muchas cosas, es crucial, pero a menudo invisible. No en balde, aquello que no se ve, ni da ganancias económicas o políticos inmediatos no se valora ni parece prioritario. Cuando aparecen nuevos brotes, normalmente se crean más camas o bien hospitales de campaña, las cuales son acciones curativas necesarias. En cambio, no se ha hecho la imprescindible planificación preventiva. La visión mercantilista y de inmediatez de la salud es pues engañosa y peligrosa. ¿Por qué? Imaginamos por un momento que se nos dijera que la limpieza de los bosques o que tener un parque de bomberos no es algo rentable o que no hay que reforzarlos porque ahora mismo no hay ningún incendio. Pensaríamos que estamos locos al exponernos en un riesgo muy serio que podemos evitar. Pues bien, la pandemia es como uno macroincendio, y a pesar de que se pudo casi apagar mediante un confinamiento radical y masivo durante muchas semanas, en muchos lugares quedan brasas encendidas que hay que identificar y apagar. El confinamiento radical solo se convierte en una solución cuando la pandemia ya está demasiado descontrolada o bien cuando la salud pública es tan débil como la que tenemos y ya no podemos hacer nada más. Ante la existencia de una salud pública donde no se quiere invertir y parece que no haya que reforzar, la pregunta que nos podemos hacer es clara: ¿dónde está la salud pública?

– A raíz de los recientes rebrotes, la atención política y mediática se ha centrado en la actitud de los jóvenes y en las acciones centradas a la responsabilidad individual. Está de acuerdo con esta mirada?

– Hacer hincapié al hacer recomendaciones a la ciudadanía básicamente de tipo personal como se está haciendo sería parecido a decir que ante la epidemia del tabaco es la gente la que tiene que tener la responsabilidad de no fumar, cuando tienen que ser los gobiernos quienes suban los precios del tabaco, aprueben leyes restrictivas, controlen la perniciosa publicidad de la industria tabaquera, y hagan campañas intensivas de educación sanitaria y promoción de la salud, especialmente entre la gente joven. Para mejorar la salud colectiva y reducir las desigualdades generadas por la pandemia, no podamos simplemente decir que cada individuo es el responsable del problema, y que cada cual se tiene que quedar en casa, tener pocos contactos, usar la mascarilla, mantener la distancia social y lavarse a menudo las manos. Es imprescindible invertir en servicios sociosanitarios públicos, universales y de calidad, y es fundamental generar políticas efectivas y persistentes de salud pública. Los grandes medios de información habitualmente reproducen la visión hegemónica de acuerdo con el tiempo y énfasis que se pone sobre determinados temas. Por ejemplo, hablan mucho de emociones, como por ejemplo de enfermos, familiares y profesionales, y de acciones individuales, así como de investigación biomédica. Pero hablan demasiado poco de la debilidad y el papel crucial que tiene que tener la sanidad pública y la salud pública. También tratan demasiado poco las causas profundas de todo lo que rodea a la pandemia, ya sea su origen a causa de la crisis ecosocial que vivimos, o de la infrafinanciación y mercantilización de la sanidad pública y la vergonzosa precarización de sus profesionales, o de la mercantilización de las residencias y de la inacción para hacer políticas sobre curas y dependencia, o sobre los determinantes sociales y laborales de la salud, o de las desigualdades de salud existentes según la edad, el género, la migración y la clase social.

– En Lleida, sindicatos como por ejemplo la CGT y plataformas civiles han denunciado las malas condiciones laborales de los temporeros, incluso al inicio de la primera oleada del coronavirus. En el País Valencià, se produjo un rebrote en una empresa agroalimentaria que, según los representantes de CC OO, no había cumplido con las medidas de protección necesarias. ¿Se han ignorado estas cuestiones por parte de las autoridades correspondientes?

– Sí, pero es más que ignorancia. Se está empleando un modelo de acción erróneo. Se aplica un modelo de salud mercantilizado, como por ejemplo con la ineficiente externalización de tareas de rastreo encargada a Ferroser, una filial de la empresa Ferrovial, y se nos dice que la salud de la población está determinada por la investigación básica, los grandes especialistas médicos, las tecnologías muy caras y los factores de riesgo individuales. Y esto no es cierto. Tenemos mucha investigación científica de salud pública que nos muestra el papel crucial de los determinantes políticos y sociales de la salud. Un ejemplo es que trabajar con condiciones laborales y vitales precarizadas determina muy negativamente salud. Tal como ha pasado en otros países, la aparición de brotes entre trabajadores era previsible. Las decenas de miles de temporeros migrados trabajan en condiciones laborales precarizadas, con condiciones vitales de hacinamiento y una movilidad elevada, y, por lo tanto, se encuentran en un contexto que favorece mucho el riesgo de contagios. Su precarización laboral es conocida, pero ha quedado oculta. Solo cuando los medios se han hecho eco se ha visibilizado su existencia, pero, en todo caso, tampoco se habla de las causas de la situación. La inacción política ha provocado que no se realicen tests de forma masiva, así como se ha actuado pasivamente a la hora de hacer una identificación exhaustiva de posibles contagios. También en la introducción de cambios estructurales que tienen que ver con su pobreza, precariedad, hacinamiento y exclusión social.

– Estamos hablando, por lo tanto, de una mayor afección del virus en personas migradas, trabajadores y, como hemos visto durante la primera oleada de la pandemia, en profesiones altamente feminizadas. A pesar de que el virus no entiende de clases sociales, sí que observamos que las capas empobrecidas y que sufren con más intensidad la precariedad vital están más expuestas.

– La precarización de trabajos donde predominan mujeres, migrados, obreros y jóvenes como ocurre a la sanidad, el trabajo de cuidado, el comercio, o la industria alimentaria, es muy elevado. El año pasado, por ejemplo, en el Estado español el porcentaje de contratos indefinidos nuevos en muchos de estos sectores fue casi residual. La paradoja es que ahora estos trabajos son denominados «esenciales» cuando siempre han sido tratados como trabajos «poco cualificados» para justificar sueldos muy bajos y unas condiciones de trabajo pésimas. ¿Qué efectos tiene esto? La precariedad es una epidemia social tóxica que aumenta el riesgo de enfermar y morir prematuramente, tanto a los que trabajan en situaciones precarias como a sus familias. La pandemia de la Covid-19 precariza todavía mas una población ya muy precarizada.

– A raíz de esta pandemia, y como resultado también de la actual crisis ecológica, se ha evidenciado que la humanidad estará sometida en el futuro a próximas pandemias. Para dar respuesta a la actual epidemia como a las futuras, ¿como nos tendríamos que preparar?

– Es urgente fortalecer de una manera masiva y efectiva unos servicios sociosanitarios públicos y de salud pública que se encuentran en una situación demasiado débil, con unos profesionales al límite de sus fuerzas, y un modelo que no es el adecuado. No basta con aplaudir a los profesionales, dar premios, o hablar retóricamente de la importancia de la sanidad pública, ni tampoco decir de forma enfática y vacía que hay que crear una Agencia de Salud Pública. Hay que actuar ya: reforzar sustancialmente la atención primaria, los servicios sociales, y desprecarizar la salud pública con el desarrollo de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y el Centro Estatal de Salud Pública previsto a la Ley General de Salud Pública española. Hay que invertir y reformar en profundidad el sistema para que pueda planificar y prever los muchos problemas y necesidades de salud que se sumarán al impacto de la gravísima crisis económica que ya tenemos encima. Por otro lado, tenemos también la certeza que vendrán nuevas pandemias, no solo porque siempre las ha habido, sino porque todo indica que las causas de la pandemia se encuentran en el capitalismo globalizado: una excesiva urbanización, una masiva agroindustria, el crecimiento masivo del turismo y de los viajes en avión, la alteración global de ecosistemas y la destrucción de la biodiversidad asociada a la crisis ecosocial y climática que vivimos. Así pues, todo apunta a pensar que esta no será la última pandemia, sino que otras, y quizás más virulentas, tienen que venir. Tenemos que entenderlo y tendríamos que prepararnos concienzudamente.

– Ahora bien, ¿es optimista? A pesar de que durante las primeras semanas se apuntaba a un cambio de paradigma en las actuales lógicas económicas, parece que pasados unos meses hemos devuelto a las mismas dinámicas. En general, parece que no estamos aprendiendo de la sacudida de la Covid-19.

– Desgraciadamente, me parece que no estamos aprendiendo demasiado. La pandemia ha mostrado nuestra fragilidad como individuos y como sociedad. Hemos visto que sin el trabajo esencial de mucha gente trabajadora, siempre despreciado, no podemos vivir, y que la sanidad pública y el trabajo de cuidados es fundamental, pero las inercias económicas, políticas y culturales del mundo en que vivimos hacen que cambiar no sea nada sencillo. Hay que cambiar y hay que cambiar radicalmente. O bien hacemos frente radicalmente a la crisis ecosocial y climática que vivimos, o cambiamos nuestras vidas cotidianas con menos consumo, una vida más solidaria, la producción de bienes de consumo esenciales y próximos, y la creación de una economía homeostática, que gaste mucha menos energía y adapte el metabolismo ecosocial a los límites biofísicos de la Tierra, o no tendremos futuro. O cambiamos para transformar el mundo o nos situaremos al lado del abismo. O invertimos en salud pública, en sanidad pública, y en servicios sociales o no tendremos salud ni vida. En tiempos de «condición póstuma», ha escrito la filósofa Marina Garcés, hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos, a cada uno de nosotros y al entorno que nos rodea.

Fuente de la Información: https://vientosur.info/o-invertimos-en-salud-publica-y-servicios-sociales-o-no-tendremos-vida/

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Presentan un nuevo ranking de universidades basado en el impacto social

Presentan un nuevo ranking de universidades basado en el impacto social

Las universidades están creando un impacto positivo dentro de sus comunidades, sin embargo, a comparación del número de publicaciones científicas o la calidad educativa, el impacto social no se está midiendo. Advancing University Engagement: University engagement and global league tables, el nuevo informe desarrollado por el King’s College London, la Universidad de Chicago y la Universidad de Melbourne, discute la visibilidad que se le brinda al valor social de la educación superior en las métricas de rankings globales. Los vicepresidentes y actores principales de estas universidades, en conjunto con la consultora de gestión Nous Group, han desarrollado un nuevo marco de referencia para clasificar las instituciones, según su nivel de compromiso social, que podría incluirse en estas clasificaciones globales.

Si las universidades pudieran desarrollar algunas medidas objetivas para esta participación, tal vez podrían encontrar formas de integrar estas medidas en las diversas metodologías que se utilizan para definir el “rendimiento” o la “calidad” de una universidad, se argumenta en el reporte.

Además, se presume que la implementación de esta clasificación, alentaría a las universidades a destinar mayores fondos y esfuerzos para beneficiar a las necesidades sociales, ya que existirían reportes que potencialicen la visibilidad de esta área en el sector educativo. Advancing University Engagement, pretende brindar evidencia para eliminar el escepticismo creciente hacia la educación superior que ha incrementado entre precios elevados e inequidades en el aprendizaje. “Las universidades son a menudo las instituciones de anclaje en sus comunidades y, como tales, tienen la capacidad de tener un tremendo impacto positivo”, señaló Derek R.B. Douglas, Vicepresidente de Participación Cívica y Asuntos Externos de la Universidad de Chicago. Reconocer el valor social que las universidades brindan a su comunidad “demostraría el retorno de la inversión de fondos públicos en términos accesibles”. Además agregó que el marco de este informe “proporcionaría una forma concreta de medir ese impacto y alentaría a las universidades a no solo invertir más en la participación en un momento en que las necesidades sociales son más apremiantes, sino que también lo convertirían en el centro de su identidad como institución”.

En el tercer estudio piloto de este reporte, participaron más de 15 universidades del Reino Unido, Estados Unidos, Australia, América Latina, Asia y Canadá y recibieron retroalimentación del sector global de educación superior. A partir de aquí, se desarrollaron una serie de indicadores de compromiso cívico clave en el informe.

Ocho indicadores de compromiso cívico en las universidades

  1. Responsabilidad universitaria con el compromiso social: compromiso de participación social en el liderazgo superior y en la estrategia universitaria

  2. Opinión comunitaria de la universidad: Visión de la universidad de los socios universitarios (comunidad, sin fines de lucro, negocios y gobierno).

  3. Acceso estudiantil: La proporción de estudiantes preuniversitarios que participan en un programa de “preparación universitaria” o “acceso”. Esto demuestra que la institución apoya a grupos subrepresentados y se compromete a preparar a estas personas para la educación superior.

  4. Voluntariado: La proporción de estudiantes y personal que participan en programas de voluntariado / servicio dirigidos por la universidad. Esto demuestra que la institución facilita que sus miembros retribuyan a la comunidad.

  5. Alcance de investigación fuera de revistas académicas: La proporción de menciones no académicas (citas en literatura gris, medios de comunicación, documentos de política y otros lugares fuera de las revistas tradicionales) con el total de los resultados totales producidos por la universidad que se siguen.

  6. Aprendizaje comprometido con la comunidad dentro del currículo: La proporción del plan de estudios dedicado a la participación / aprendizaje de servicio y la proporción de estudiantes que participan en estos cursos. Las unidades o asignaturas dedicadas a la participación se definen como: los estudiantes reciben un crédito por el curso y tiene un elemento práctico de participación comunitaria. Esto excluye actividades vinculadas a la acreditación profesional.

  7. Compras socialmente responsables: La proporción del presupuesto negociable de la universidad que se gasta en adquisiciones vinculadas al beneficio social.

  8. Huella de carbono: Total de toneladas métricas de emisiones de carbono producidas por una universidad cada año. Incluidas las emisiones directas producidas por las operaciones de la universidad.

Los rankings universitarios suelen crear un precepto de la calidad educativa que las universidades participantes brindan, y estas clasificaciones, al moverse entre grandes sitios publicitarios, tienden a influenciar las decisiones tomadas por las instituciones. Advancing University Engagement, menciona que desea hacer uso de esta misma influencia para reconocer mejor la participación social.

El director de la Fundación UPP explica: “Las clasificaciones son problemáticas por una variedad de razones, pero si bien queremos desear que se eliminen, la realidad es que están aquí para quedarse. Por lo tanto, sería mucho mejor si las clasificaciones existentes y nuevas incluyeran el valor que las universidades aportan a la sociedad para que brinden una imagen más completa de nuestro sector. El informe proporciona una contribución importante a este debate e incluye una gama sensata de indicadores”. La crisis actual tan sólo acentúa la necesidad de medir y dar a conocer el valor social que la educación superior brinda. Este informe es el inicio prometedor a una cultura más cívica y socialmente responsable dentro de los rankings globales. Los autores mencionan que dentro de los siguientes pasos para dar seguimiento a esta publicación, se encuentra la búsqueda de colaboraciones y socios que ayuden a llevar al siguiente nivel el compromiso social dentro de las universidades.

Observatorio de Innovación Educativa

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/08/presentan-un-nuevo-ranking-de-universidades-basado-en-el-impacto-social/

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Venezuela: Imperialistas ingleses asaltan Guayana | Luis Britto García

Imperialistas ingleses asaltan Guayana

Luis Britto García

Estrategia de  rapiña

La rapiña de los imperios sobre el Esequibo sigue un método clásico, aplicado en Haití y La Española por filibusteros franceses y más tarde en el despojo de más de la mitad del territorio de México por Estados Unidos: 1) Establecimiento  ilegal de enclaves 2) Infiltración sistemática de forajidos, marginales o colonos en el territorio ilegítimamente ocupado 3) Fuerza bruta militar y presión diplomática para dar visos de  legitimidad al despojo territorial.

Avanzada hacia el Orinoco

La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales construye un fuerte en Kykover entre 1616 y 1621, e intenta expandirse por Berbice, Demerara y el río Esequibo, pero no pasa de las costas, pues por su escasa demografía  los Países Bajos en la misma Europa deben importar trabajadores para mantener sus productivas industrias y el Tratado de Munster fija en 1648 el río Esequibo como frontera occidental de la colonia holandesa (Goslinga 1983, 51-111).

Tal debilidad  es aprovechada por traficantes ingleses, que se infiltran en la misma zona al oeste del río Esequibo, poblándola con esclavos africanos. Les interesan plantaciones de café y caña de azúcar, los anima la secular codicia por la estratégica dominación de las bocas del Orinoco y el acceso a las legendarias riquezas de la Guayana venezolana. Interés tan perdurable, que ya en  1796 los ingleses controlan parte de los accesos al territorio Esequibo, y en 1797  se apoderan de Trinidad y Tobago, islas que dominan estratégicamente las bocas del Padre de las Aguas.

Los ingleses suplantan a los holandeses

Toda usurpación  busca consagración diplomática. Con la caída de Bonaparte en 1814, en el subsiguiente tratado Anglo Holandés, Holanda renuncia a los territorios ocupados por sus colonias de Demerara, Berbice y Esequibo al Este del río Esequibo, a favor de Inglaterra, autora principal de la derrota del Gran Corso. La extensión que Holanda cede a Inglaterra no pasa de  20.000 millas cuadradas: todas al Este del río Esequibo. El Congreso de Viena ratifica en 1815 esta asignación. Potencias europeas pretenden  legitimar  ambiciones sobre territorios situados a  distancias inconmensurables, sin consultar a sus habitantes.

Soberanía territorial de Venezuela en Guayana

A partir de nuestra Independencia, cuatro procesos históricos operan en la controversia sobre Guayana. El primero, la defensa de la integridad territorial de Venezuela. El segundo, la política de las potencias imperiales de apoderarse de los restos de la dominación española. El tercero, el empleo de instancias internacionales para legitimar despojos territoriales. El cuarto,  el uso de la Guayana como prenda o mercancía para consolidar relaciones entre potencias foráneas.

Refirámonos a la defensa limítrofe.  Al declarar su Independencia,  Venezuela reitera su soberanía sobre el territorio de Guayana, ya ocupado durante tres centurias por la dominación española que instituyó la Capitanía General de Venezuela. En la Constitución de 1811 aparecen como integrantes del territorio del cuerpo político las provincias que formaban dicha Capitanía. La Carta Magna de 1819 reitera que el territorio de la República es el mismo que el de la antigua Capitanía General, en los siguientes términos: “El territorio de la República de Venezuela se divide en diez Provincias, que son: Barcelona, Barinas, Caracas, Coro, Cumana, Guayana, Maracaibo, Margarita, Mérida, y Trujillo”. El territorio al occidente del Esequibo es reconocido como frontera de la dominación española desde el Tratado de Munster en  1648.  La Constitución de 1821, que rige la llamada Gran Colombia, en su artículo 5 dispone: “El territorio de la República de Colombia será el comprendido de los límites de la antigua capitanía general de Venezuela, el virreinato y capitanía general del Nuevo Reino de Granada”. Las restantes Constituciones reiteran la continuidad de los límites de la antigua Capitanía General de Venezuela.

Sobre la tradicional integridad territorial, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en Acuerdo de 15 de julio de 2015 dictaminó “que nunca podía,pudo o puede entenderse que era o es susceptible de ocupación legítima el área de tierras situadasal oeste del Río Esequibo, así como tampoco el mar que hace su frente,porque España jamás cedió título para ello y Venezuela nunca reconoció las ocupaciones que, por vías de hecho, el gobierno de la corona británica realizó y, por el contrario, protestó de manera enérgica y constante ante las autoridades británicas y en los foros internacionales (…). (Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, 2015 http://www.tsj.gob.ve)

Bajo jurisdicción y obediencia de nuestras leyes

Mientras, prosigue la arremetida de los imperios. Ya en 1821, la nueva República se ve obligada a protestar las continuas invasiones de colonos ingleses a territorio venezolano. Por instrucciones del Libertador, el Ministro venezolano en Londres, doctor José Rafael Revenga,  presenta  denuncia ante la corona británica: «Los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran porción de tierra que según los últimos tratados entre España y Holanda nos pertenece del lado del río Esequibo. Es absolutamente indispensable  que dichos colonos o se pongan bajo jurisdicción y obediencia de nuestras leyes, o se retiren a sus antiguas posesiones»(Weiss, 1896, 6). Las reclamaciones  son innumerables: la falta de respuesta, constante.

En 1824 José Manuel Hurtado, quien sustituye a Revenga, como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Gran Colombia dirige una Memoria al gobierno del Reino Unido solicitando el reconocimiento de la Independencia, en la cual puntualiza una vez más que limitamos con el Esequibo: “Este bello y rico país se extiende por el mar del norte, desde el río Esequibo o confines de la provincia de Guayana hasta el río de las Culebras, que la separa de Guatemala” (Rojas, 1965, 6). El gobierno inglés no objeta ni refuta dicha demarcación, porque no tiene cómo hacerlo. La usurpación es su único argumento.

Autor: Luis Brito García

Fuente de la Información: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/imperialistas-ingleses-asaltan-guayana/

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